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El juez de la ‘Operación Aplauso’ imputa al exalcalde de Gandia, el popular Arturo Torró

El juzgado número 1 de Gandía cita al exprimer edil y al exconcejal Javier Reig por un presunto delito de prevaricación en la compra de un complejo de ocio

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El exalcalde de Gandia, Arturo Torró

El exalcalde de Gandia, Arturo Torró

El calvario judicial al que se enfrenta el exalcalde de Gandía, Arturo Torró, no cesa. Según fuentes del caso, el juzgado número 1 de Gandía ha citado como imputado –ahora investigado, con la nueva jerga judicial- al exdirigente local del PP por la denominada ‘Operación Aplauso’, una de las maniobras con más sombras que ejecutó durante su mandato.

La imputación se produce por un presunto delito de prevaricación en la compra que efectuó a través de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandía (IPG) de un complejo de ocio por 6,7 millones de euros. El exconcejal popular, hombre fuerte de Torró y ahora asesor del grupo municipal, Javier Reig, también ha sido citado por el juez como imputado al participar en la adquisición del recinto. Si no hay contratiempos motivados por el periodo vacacional en el que estamos, ambos declararán este martes ante el juez.

La jugada por la que la justicia ha vuelto a citar a Torró siempre ha estado bajo sospecha. Arranca cuando Vipei SA no paga una deuda con el Ayuntamiento de Gandia por valor de 1,3 millones de euros correspondiente al IBI. Para evitar el impago, el exalcalde se inventa una solución: anuncia la compra de parte del complejo Gandia Palace –propiedad de Vipei SA- por 6,7 millones de euros.

La maniobra debía financiarse alquilando a otra empresa las antiguas salas CineBox y otras dependencias del recinto adquirido –entre ellas una bolera- y restando de la compra la cantidad que le debía al Ayuntamiento Vipei. Con ello, el coste final se reduciría a 5,4 millones de euros y la deuda se saldaba. Todos ganaban. El convenio se firma a través de IPG, la Imelsa de Gandia. Torró, como presidente de la mercantil, y Reig, como vicepresidente, son quienes firman la operación.

Una adquisición que la Fiscalía considera ahora que no se realizó acorde a la legalidad y que ha motivado la citación del juez. De hecho, desde la entonces oposición se calificó de “trato de favor a un empresario amigo” y de “derroche innecesario” la compra. Tanto, que el exconcejal socialista Vicent Mascarell presentó una denuncia que ha originado todo el procedimiento. Y que complica aún más el futuro judicial del exalcalde popular tras ser citado también como imputado por las adjudicaciones relacionados con la trama 'Púnica'. 

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