La Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ha fijado para el 15 de septiembre de 2027 el inicio de las sesiones del juicio al expresidente Ramón Luis Valcárcel por el caso La Sal (desaladora de Escombreras). En concreto, según consta en la diligencia de ordenación notificada este jueves a las partes, la Sala ha señalado 21 sesiones de juicio oral a lo largo los meses de septiembre -del 15 al 29-, octubre -del 4 al 27- y noviembre -del 2 al 9-.

Cabe recordar que esta sección de la Audiencia Provincial lleva más de dos años funcionalmente desdoblada, como si se tratara de dos órganos, gracias al refuerzo de dos magistrados de adscripción territorial asignados por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), para tratar de paliar los retrasos que arrastra en los enjuiciamientos de causas complejas.

Esta medida fue adoptada al no verse atendidas las demandas de la Sala de Gobierno del TSJMU de creación de una nueva sección penal de la Audiencia Provincial, de acuerdo al alto volumen de procedimientos pendientes de juicio. En el momento de realizar este señalamiento, que requiere más de 20 jornadas, y en el que está previsto que comparezcan unos 80 testigos, además de diferentes pruebas periciales, la agenda de esta sección está ocupada hasta junio de 2027.

“El aeropuerto Internacional de la Región de Murcia no costará ni un euro a los murcianos”, son palabras que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dijo en 2020 tras conocer que Sacyr, con la sociedad Aeromur, debía indemnizar a la Comunidad por los 182 millones de euros que perdió tras no ponerse en marcha el aeropuerto una vez construido. Sus declaraciones vuelven hoy a resonar con fuerza tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de anular la indemnización porque se pidió fuera de plazo.

La sentencia detalla que las sanciones por incumplimiento de contrato deben presentarse en un plazo de tres meses. La empresa perdió la concesión en 2013, pero la liquidación no llegó hasta 2019. A esto se añade la complicación de que la Comunidad hizo aparecer dos conceptos en el documento: la cantidad que pretendía recibir, 36,3 de millones; y el importe descontado de los 180 millones que reclamaba sin tener en cuenta la inversión realizada por la antigua concesionaria, que cifraba en 143,7 millones. Así, la Sala de lo Contencioso da la razón de forma parcial a Aeromur, que defendía que la liquidación aprobada por la Consejería murciana de Fomento e Infraestructuras había caducado, por lo que no tenía fuerza legal.

Durante la construcción del aeropuerto, el Gobierno regional, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel (PP), avaló un crédito por valor de más de 182 millones de euros a la que por entonces era la empresa concesionaria del proyecto, Aeromur. Tres años después Valcárcel pidió la suspensión de todos los procesos en trámite al considerar que Aeromur había incumplido las condiciones contractuales, ya que la empresa, con el aeropuerto acabado, pidió una ampliación de contrato para ponerlo en marcha. Lo hizo sin exigir ningún tipo de garantías ni avales bancarios a la concesionaria para reclamar la deuda de 182 millones contraída por la Comunidad. A partir de diciembre de 2012 la Comunidad tuvo que asumir la devolución del aval, que no terminará de pagar hasta dentro de dos años.

El Ejecutivo murciano no volvió a oír de esa deuda hasta febrero de 2020 cuando el Tribunal Supremo obligó a Aeromur a hacer frente al pago del aval. Tras la rescisión del contrato la Comunidad Autónoma sacó a concurso la gestión y explotación del aeropuerto durante 25 años, optando finalmente una sola empresa, Aena, que se hizo con la concesión y está operando las instalaciones desde enero de 2019.

Aeromur, liquidada desde 2019

Aún sin este revés de la justicia, la Comunidad de Murcia se habría quedado sin indemnización. En 2019 la empresa pasó por un proceso de liquidación, y no poseía ningún fondo para enfrentarse al pago.

El 14 de febrero, seguidamente de la sentencia del Supremo, se publicó un informe mercantil en el que se pone de manifiesto la incapacidad de la sociedad Aeromur para enfrentarse al pago íntegro del aval millonario. Ni siquiera podrían hacer frente a cualquier tipo de gestión administrativa: la antigua concesionaria está en liquidación desde abril de 2019 e incluso se declara insolvente.

La sección 3 de la Audiencia Provincial ha comunicado este miércoles que deja sin efecto el señalamiento de conformidad previsto para el próximo 9 de julio en la que tenía que comparecer el expresidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel (PP), juzgado por el Caso de la desaladora de Escombreras.

La Audiencia ha dejado sin efecto la vista tras recibir un escrito de alegaciones a dicho señalamiento presentado por la representación del acusado, que ha mostrado su oposición a que el exjefe del Ejecutivo murciano haga frente a la indemnización que se le ha impuesto de 74,1 millones de euros.

Fuentes judiciales han señalado que -debido al colapso en los señalamientos- la vista no se celebrará previsiblemente en lo que queda de 2024.

La fianza de 74,1 millones de euros fue confirmada por la Audiencia Provincial el pasado 30 de mayo. La magistrada que juzga el también conocido como caso La Sal II determinó el embargo de los bienes del expresidente si no la deposita de forma cautelar: sueldos, inmuebles, planes de pensiones o productos financieros.

Y aunque no se había fijado plazo fijado para su desembolso, lo que está claro es que Valcárcel ya no podrá eludirla al no caber recurso contra la decisión judicial. La cifra exigida como fianza es la misma del presunto sobrecoste que originó la construcción de la desaladora.

La Fiscalía ha pedido para Valcárcel 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. La acusación popular, a través del abogado Diego de Ramón, eleva la petición a 15 años de cárcel por los delitos de fraude y malversación y otros 15 de inabilitación, a lo que suma una multa del séxtuple del dinero defraudado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha notificado este miércoles al expresidente murciano del PP, Ramón Luis Valcárcel, que ha desestimado el recurso de apelación que presentó la defensa del exmandatario para evitar el desembolso de una fianza de 74,1 millones de euros exigidos por el Juzgado de Instrucción número 1 por el caso de la desaladora de Escombreras, para el que ha sido citado ya a declarar Valcárcel el próximo 9 de julio.

La magistrada que juzga el también conocido como caso La Sal II ha determinado el embargo de los bienes del expresidente si no la deposita de forma cautelar: sueldos, inmuebles, planes de pensiones o productos financieros. Aunque no hay un plazo fijado para el desembolso de la fianza, lo que está claro es que Valcárcel ya no podrá eludirla al no caber recurso contra la decisión judicial.

La Comunidad Autónoma, actor civil en la causa, también reclama una indemnización de 74.194.332 euros para las arcas públicas regionales. Tanto la Comunidad como la Fiscalía han aclarado que el expresidente podría exigir a los demás procesados en otra pieza separada que aporten -según su responsabilidad- una parte de esa fianza.

Según la defensa del expresidente, la fianza exigida era irracional, desproporcionada y arbitraria, y además argumentaba que ya se había reclamado en el Juzgado número 5 de Murcia, “duplicando un supuesto perjuicio millonario de forma ficticia y arbitraria”. Para la Audiencia, sin embargo, “la responsabilidad solidaria impone precisamente que cada deudor responda del total de la obligación establecida, dejando a salvo el derecho de repetición el que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno”. La cifra exigida como fianza es la misma del presunto sobrecoste que originó la construcción de la desaladora.

La Fiscalía ha pedido para Valcárcel 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. La acusación popular, a través del abogado Diego de Ramón, eleva la petición a 15 años de cárcel por los delitos de fraude y malversación y otros 15 de inabilitación, a lo que suma una multa del séxtuple del dinero defraudado.

El expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), se sentará en el banquillo el próximo 9 de julio a las 9.30 horas. Es la fecha que ha fijado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para el inicio del juicio por el caso de la desaladora de Escombreras, en el que se procesará al que fue presidente del Ejecutivo murciano durante casi dos décadas (1995-2014). Valcárcel será el segundo presidente autonómico del PP en enfrentarse a un proceso judicial después de su sucesor, Pedro Antonio Sánchez (PAS), juzgado por el Caso Auditorio.

La Fiscalía ha pedido para Valcárcel 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. La acusación popular, a través del abogado Diego de Ramón, eleva la petición a 15 años de cárcel por los delitos de fraude y malversación y otros 15 de inabilitación, a lo que suma una multa del séxtuple del dinero defraudado.

La Audiencia ha acordado el señalamiento de una vista para dar a las partes la opción de alcanzar un acuerdo de conformidad, lo que rebajaría la pena del expresidente, pero tendría que reconocer los delitos que se le imputan. Si Valcárcel se niega a admitir los cargos para llegar a un pacto, la Audiencia tendrá que determinar una fecha para iniciar un proceso que podría tardar en arrancar varios años.

 El caso centra sus investigaciones en torno a un presunto fraude de 600 millones relativo a la construcción de la desaladora de Escombreras dentro de un entramado societario que buscaba dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.

Hace más de 12 años, el abogado murciano Diego de Ramón, ferviente admirador de San Francisco de Asís, comenzó su particular cruzada contra la supuesta corrupción del Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel (Murcia, 1954), presentando una querella ante la Fiscalía por presuntas irregularidades cometidas en la construcción de una desaladora en Escombreras. Este pasado miércoles estuvo a punto de cruzarse con el expresidente en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Murcia, cuando Valcárcel acudió a recoger la documentación de apertura de juicio. 

A comienzos de 2021, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia decretaba el sobreseimiento provisional de las diligencias previas del denominado caso Desaladora II, en el que figuraba como investigado el propio Valcárcel, ordenando el archivo de estas actuaciones por no apreciar “indicios suficientes” para acusarlo de coautor, cooperador necesario o cómplice de unos hechos. Días después, la Fiscalía recurría este archivo ante la Audiencia Provincial. El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, argumentaba en su escrito que Valcárcel no podía escudarse en el desconocimiento de los pormenores porque muchas de las decisiones para crear esta infraestructura, adoptadas por el Ente Público del Agua, pasaron por su Consejo de Gobierno.

La de Valcárcel era una pieza separada de otra que instruía el juzgado número 5 contra varios exaltos cargos de su Ejecutivo, entre ellos, el que fuera consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. El fiscal Lozano describía una operación “concatenada y sincronizada de espaldas a todo servicio jurídico y de intervención de la Comunidad Autónoma” y cifraba la pérdida patrimonial para la Administración regional en más de 74 millones de euros.

Tras el recurso ante la Audiencia Provincial, y como en un sorprendente cambio de guion, la misma jueza que pretendió archivar la pieza separada de Valcárcel argumentaba que ahora sí existían datos objetivos que pudieran avalar que el investigado conocía y sabía lo que iba sucediendo con la desaladora de Escombreras “y de sus incidencias más graves”. Remató la instrucción de las diligencias y abrió la fase de preparación de juicio oral. El 30 de marzo se supo que se celebrará la vista, en la que la Fiscalía pedirá 11 años y medio de prisión para Valcárcel, al acusarlo de prevaricación, fraude y malversación. Se le ha impuesto una fianza de 74,1 millones, es decir, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta. De no abonarla, se procederá al embargo de sus bienes.

El murciano Juan Pablo Lozano es una especie de Eliot Ness de la Justicia en la Región. Junto al Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera, y el antecesor de este, Manuel López Bernal, podrían protagonizar una versión doméstica de Los Intocables, aquel peliculón de Brian De Palma, como incorruptibles luchadores contra todo lo que huela a podrido. A los once de Ness los bautizó así la prensa cuando Al Capone pretendió sobornarlos con escaso éxito. 

En el verano de 2016 el domicilio del fiscal Anticorrupción sufrió un asalto. Los ladrones se llevaron uno de sus ordenadores con diversa documentación en la memoria. El día de Reyes de 2017 los cacos volvieron a visitar la casa del fiscal, pero esta vez Lozano no echó nada en falta a pesar de que lo dejaron todo revuelto. Es evidente que, en esta ocasión, no hallaron lo que buscaban.

En el periodismo actual, la velocidad en la transmisión de las informaciones deja poco espacio a la contextualización, tan necesaria para comprender cuanto nos ocurre alrededor. En 2013, el diario La Verdad denunció que la desaladora de Escombreras multiplicaría por cuatro su coste hasta llegar a los 600 millones de euros. El presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, reclamó esa cantidad en los tribunales. Blanco y en botella. El papel del abogado De Ramón, del fiscal Lozano y de algunos periodistas, ha contribuido, en todo este tiempo, a poner luz en donde muchos tan solo quieren que haya tinieblas, quedando patente que la Justicia puede ser lenta, sí, pero también inexorable.

Ramón Luis Valcárcel, el expresidente de la Región de Murcia, ha acudido al para recoger la notificación del auto de apertura de juicio oral tras ser acusado de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación en el caso de la desaladora de Escombreras.

En declaraciones al diario local La Verdad a la puerta de los juzgados, Valcárcel ha reiterado que en todo momento se ha movido “por el interés general y perseguido el bien común”.

El fiscal presentó escrito de acusación por la “adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipación de compra del 39 por ciento de acciones de DESA en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la CARM”.

Solicita para el expresidente penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado. 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor civil, exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.

Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora. Es decir, “la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros”.

Según ha adelantado La Verdad el investigado ha dejado de ser presidente de honor del PP murciano, ya que se ha dado de baja como afiliado del Partido Popular.

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ordena la apertura de juicio oral contra Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.

Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación por la “adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipación de compra del 39 por ciento de acciones de DESA en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la CARM” en el que solicitaba penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado. 

Por último, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.

Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora. Es decir, “la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros”. Y aclara que, dicha cantidad es la total a exigir a todos los acusados en esta causa y en las Diligencias Previas 956/16 del Juzgado de instrucción número 5 de Murcia, conocidas como caso La Sal I, en la que están imputados un total de 17 personas físicas y como responsables civiles subsidiarias 7 mercantiles.

Esta primera investigación se centra en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina “parte pública”; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o “parte privada”. Y las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.

Perjuicio de 74 millones de euros

Tras la solicitud del Ministerio Fiscal y la acusación particular, la magistrada acuerda la apertura del juicio oral y, al mismo tiempo, resuelve sobre las medidas cautelares procedentes, que, en este caso, se refieren exclusivamente a los bienes de las personas eventualmente responsables civiles.

En este sentido, en la parte dispositiva, se requiere al acusado para que preste fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Estableciendo, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo de sus bienes en cantidad suficiente.

Si bien, respecto a la pieza de responsabilidad civil, aclara el fundamento jurídico tercero que, “dado que esta causa está ligada necesariamente con el devenir de las DP 956/2016” del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, “el acusado tendrá derecho a exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados, la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado”.

El auto, de acuerdo a la pena pedida por las acusaciones, declara la Audiencia Provincial de Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento. Contra este auto no cabe recurso.

Junto a la antigua estación de El Carmen se congregan un gran número de parroquianos con maletas. Una madre se despide de su hija con un globo metálico flotando entre las dos. De fondo, un hombre calvo fuma ansioso su cigarro: “Me he olvidado la mascarilla”, confiesa. Son las seis y media de la mañana y junto a ellos comienza a formarse una cola hacia el primer viaje comercial del AVE entre Murcia y Madrid. El control de seguridad transcurre sin incidentes por la pequeña sala de check in de la nueva estación. Un gotero de viajeros comienza a descender hacia el andén. Muchos vienen solo a pasar el día: “Vengo por motivos de trabajo, antes era imposible con el coche. Vamos a aprovechar la situación y hacer un ida y vuelta”, celebra Antonio, uno de los viajeros. En tan solo dos horas y media él y el resto de pasajeros llegará a la estación de Chamartín Clara Campoamor.

También hay sitio para el ocio. Una pareja de jubilados se apresura hacia su asiento, viajan a “coger sitio para las uvas” en la Puerta del Sol esta Nochevieja: “El tren es algo caro, pero soportable. Tenemos más de 60 años y el descuento es bueno. Ya nos han dado la tarjeta dorada”, bromean.

Pronto el tren abandona la ciudad de Murcia. Soterrado, sí. Treinta años de lucha incansable de los barrios del sur han servido para que el AVE no divida la capital de la Región en dos. El tren ha llegado por Alicante en lugar de por Albacete, lo que habría seguido el trazado tradicional del tren en la Región. En 2001 el por aquel entonces presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, acepta la llegada de la alta velocidad a través de la Comunidad Valenciana a cambio de que llegase al mismo tiempo que en Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha. No fue así. De haberse mantenido la línea histórica, la de Chinchilla, “hoy estaría desdoblada y electrificada y, además, el trayecto que se va a hacer ahora por Novelda, Elche y Orihuela es más largo, da un rodeo impensable”, lamentaba Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia, a este diario. Aunque este nuevo recorrido supone un avance, Murcia y Extremadura siguen siendo las zonas ferroviariamente más deprimidas de España.

Con una capacidad de 354 plazas, el primer tren desde Murcia hasta Madrid ha alcanzado más del 90 por ciento de su capacidad, con 343 viajeros. Está claro que los murcianos ansiaban este acceso hacia la capital, ya que 302 de estos pasajeros salieron desde su estación. Les seguirán más viajeros: a lo largo de este día de estreno se estima que solo en este recorrido subirán 2.100 personas, 1.900 con origen o destino en Murcia. Probablemente la mitad sean aficionados a los musicales, dado que la mayoría de los viajeros que partían de Murcia confesaron que se desplazaban hasta la capital para ver el musical de El Rey León: “Llegas a la capital en pocas horas, y si además es en transporte público pues mucho mejor”, abunda Cristian, uno de los fans del musical.

Unos 15 minutos después de arrancar, el convoy alcanzó la estación de Orihuela, con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. “Estaría bien que fueran sacando más viajes” apunta Jennifer, que junto a su pareja se dirige a la capital por sus vacaciones de navidad. Cuatro de las ocho frecuencias diarias de la línea tienen su punto de partida en la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor, con paradas en Orihuela y Elche. Las otras cuatro pararán también en Alicante, Villena, Albacete y Cuenca, lo que elevará el tiempo de viaje a las 3 horas y 25 minutos.

Renfe destina al servicio el modelo S-112, un tren que cuenta con 354 plazas en 12 coches, accesibles para personas con discapacidad, y que circulará a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Los asientos son abatibles y con reposapiés y cada plaza dispone de luz individual y mesa abatible. En la clase Confort se ofrece un copioso desayuno y toallitas calientes. En los vagones Estándar los pasajeros van algo más apretados, pero cuentan con amplias mesas abatibles. De todas formas, el viaje se pasa en una siesta para gran cantidad de los viajeros, que ven amanecer al llegar a la comunidad madrileña. Bajan sus equipajes, perezosos pero con el consenso general de que el viaje ha sido “bastante rápido”: “Ha sido un viaje muy corto”, han celebrado Fuensanta y María, madre e hija que visitan Madrid en el día. Han aprovechado la oferta temporal de Renfe, que deja los primeros 30.000 trayectos a 19 euros para reservar hasta el 29 de diciembre y viajar hasta diciembre de 2023.

El que no se pasa en una siesta es el recorrido de más paradas de toda la línea, que sale por Atocha y para en Cuenca, Albacete, Villena y Alicante, que ha empezado a las dos y veinticinco de la tarde. A la altura de la capital de provincia manchega, una hora y veinte después de iniciar el viaje, numerosos viajeros han protestado entre ellos por la longitud del recorrido, de 3 horas y 25 minutos: “A Murcia llego desde Albacete en una hora, vamos a tardar más que en el coche”, ha asegurado José, mientras otro pasajero, Ramón, ha añadido que es capaz de llegar a Madrid en tres horas “corriendo con el coche”.

Este viaje de vuelta a Murcia, además, ha sufrido un retraso de 17 minutos y ha llegado a la estación del Carmen a las 17.50h. Desde megafonía han anunciado que se trataba de “una avería de infraestructura” a la salida de Alicante. Al producirse un retraso de más de 15 minutos se aplica el compromiso de puntualidad devolviendo el 50 por ciento del importe que los pasajeros pueden reclamar una vez transcurridas 24 horas. Manuel, uno de los pasajeros, no dudará en hacerlo: “Viajo mucho en tren para ir a Orihuela, es la primera vez que me pasa. Imagino que es por ser el primer día con la línea nueva. No me supone ningún problema, pero pienso reclamar”.

La inminente llegada del AVE a Murcia y que unirá esta región con Madrid a través de Alicante no parece contentar a parte de la sociedad murciana, que critica que este recorrido será más largo y más caro que si se hubiera mantenido la línea histórica que conectaba desde Cartagena hasta Madrid vía Chinchilla. Y que, además, ha sumido a la comunidad en un apagón ferroviario durante los 3 años y medio que duren las obras hasta Almería y dejará sin trenes internos a localidades como Alcantarilla, Águilas o Lorca.

A la Región de Murcia siempre le ha costado posicionarse en el mapa del ferrocarril. Ya lo expuso Jara Carrillo en 1925 en las páginas de El Liberal en un artículo titulado 'Las reformas de los ferrocarriles, Murcia la eterna Cenicienta'. “No han cambiado mucho las cosas desde entonces, las líneas siguen sin electrificar ni desdoblar, hemos perdido kilómetros de vía, la conexión con Andalucía y la línea histórica Cartagena-Madrid vía Albacete”, se queja en declaraciones a elDiario.es Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia.

Murcia y Extremadura son las zonas ferroviariamente más deprimidas de España. De hecho, la red ferroviaria murciana representa menos del 2% de la nacional. En la mayoría de comunidades se ha electrificado con mejor o peor servicio, pero trenes de gasoil en sus comunicaciones con Madrid solo hay aquí. “Tampoco sirvió de escarmiento el accidente entre Hellín y Calasparra hace más de 20 años, en el que hubo muertos” y sigue habiendo una vía única para los dos sentidos, sin electrificar.

Unas vías de hace 160 años

“Tenemos unas vías que inauguró Isabel II hace 160 años”, dice Contreras para quien el primer tren de España de larga distancia tendría que haber sido el de Murcia–Cartagena porque tiene pocos accidentes geográficos y el salto de la meseta al mar era suave. “El Reino de Murcia era la salida al mar de Castilla, igual que por el Cantábrico era Santander”. Pero el marqués de Salamanca, que era potentado de Isabel II y amigo íntimo de la reina, tenía territorios en Alicante y cuando se planteó una línea de larga distancia pesaron sus intereses y se hizo una línea Madrid–Alicante que se inauguró en 1858.

A los cuatro años se hizo una derivación desde Chinchilla para cubrir la línea Murcia-Madrid que venía siendo demandada por la población de Murcia desde que en 1856 el ingeniero José Almazán presentase el primer proyecto de construcción de la línea. Este era clave para algunos potentados locales como el Marqués de Corvera, ministro de Fomento. El Marqués había comprado el balneario de Archena y estaba muy interesado en una línea por Albacete, que parase en el recién comprado balneario y a la vez diera salida al puerto de Cartagena. Al final, la mediación del Marqués de Corvera hizo que en 1860 el estado ofreciera a subasta la línea Murcia–Madrid por Albacete, según el proyecto de Almazán, y que sería inaugurada por Isabel II en 1862.

El lunes son el presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, junto con el rey Felipe VI quienes inauguran esta nueva línea que comenzará su servicio comercial al día siguiente.

Un viaje “no muy económico”

Según Contreras, el viaje en AVE no será “muy económico” porque Renfe cobra los kilómetros que recorres “y que son 125 más que antes (525); y no es, desde luego, el AVE que le interesaba a Murcia”. Una de las conexiones entre Madrid y Murcia tarda 2 horas y 45 minutos para cuatro trenes –dos por sentido– hasta Chamartín con paradas intermedias en Orihuela y Elche, mientras que hay otros cuatros servicios hasta Atocha con paradas en Orihuela, Elche, Alicante, Villena, Albacete y Cuenca. El tiempo de viaje para este recorrido es de 3 horas y 25 minutos.

La “mayor metedura de pata” fue el 8 de enero de 2001, cuando el expresidente murciano “Ramón Luis Valcárcel se dejó engañar por tres miembros de su partido y un político del PSOE y firmó la peor faena para la Región de Murcia; Valcárcel fue el invitado y el engañado”, se lamenta Contreras respecto a la cita que mantuvieron ese día en el Palacio de San Esteban de la capital murciana el exministro del PP, Francisco Álvarez–Cascos, y los presidentes autonómicos Alberto Ruiz-Gallardón y Eduardo Zaplana –del PP–, y José Bono –del PSOE– para decidir su trazado. “Valcárcel aceptó que el AVE viniera por Alicante con la condición de que llegase al mismo tiempo a las cuatro comunidades, pero no fue así”. Si se hubiera mantenido la línea histórica, “hoy estaría desdoblada y electrificada y, además, el trayecto que se va a hacer ahora por Novelda, Elche y Orihuela es más largo, da un rodeo impensable”.

El tren también es “su frecuencia”

El profesor de instituto y doctor en Historia por el Instituto Europeo de Florencia, Domingo Centenero, explica que cuando se opta por el tren “es también por su frecuencia y seguirá habiendo más servicios (hasta 22 diarios) en Albacete; el que pueda se irá en coche y lo dejará allí aparcado, porque si vas por ejemplo por trabajo puedes regresar antes a casa que si sales desde Murcia”.

Según Centenero, la decisión de que el tren viniera por Alicante supuso reorientar todo el tráfico y fue “una ruptura” con la tradición histórica y un problema para la conectividad y competitividad del puerto de la Región, Cartagena.  Además, “el problema de Alicante es el trazado: el tren tiene que atravesar tubos del trasvase con muchas pendientes, gasta más carburante y es más caro. La consecuencia es que es más rentable la vía del siglo XIX porque tiene menos pendiente”, apunta.

El portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento pone sobre la mesa que cuando el socialista Diego Conesa era delegado del Gobierno en la Región puso un Alvia que salía desde Murcia y hacía el viaje en poco más de tres horas, parando en Cartagena-Cieza-Hellín-Albacete, “que es más o menos lo que va a tardar el AVE por Alicante”.

Contreras recuerda que a la Región también “le pasan factura las fechorías del PSOE”, como fue la interrupción de la línea con Granada, “que se va a recuperar” y que canceló el ministro socialista Enrique Barón en 1984. El ministerio de Transportes y Movilidad ha seguido dando pasos este año para el restablecimiento de esta línea férrea a través de Guadix.

En el PP regional las críticas arrecian en otro sentido y se centran exclusivamente en el servicio del AVE hasta Murcia que cuenta con más paradas y que se alarga hasta las 3 horas y 25 minutos.

Los reproches comenzaron con el consejero murciano de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, que hace dos semanas señaló que no se trata de “un problema de itinerario”, sino “de la cantidad de sitios donde han decidido que pare”; seguido del senador popular Francisco Bernabé, que comparó el trayecto de este tren con parada en Alicante con “ir en burro”; para acabar con el presidente murciano, Fernando López Miras, quien llegó a exigir el pasado viernes que el tren no pare “en Orihuela o en Elche”.

Un AVE soterrado

El propio senador Bernabé fue el delegado del Gobierno en la Región que durante 2017 y 2018 optó por la mano dura a través de la imposición prolífica de multas y una fuerte presencia policial en el paso a nivel de Santiago El Mayor para desactivar la resistencia de los vecinos del sur del municipio contra la llegada del AVE en superficie a la ciudad que defendía el Partido Popular. La Policía Nacional llegó a portar subfusiles en los alrededores de las vías y se apalearon manifestantes.

El soterramiento del tren de alta velocidad en su entrada a Murcia llegó a congregar más de 50.000 personas el 30 de septiembre de 2017 en una de las manifestaciones más importantes vividas en la capital murciana en los últimos años y en la que un centenar de músicos interpretaron 'The Wall' de Pink Floyd, tema que se convertiría en el himno de la lucha contra el soterramiento.

Pero las casi tres décadas de lucha y los 618 días seguidos que se estuvieron manifestando la plataforma Pro Soterramiento y los vecinos consiguieron en julio de 2018, siendo el socialista Diego Conesa delegado del Gobierno en la Región, que el tren de alta velocidad llegara finalmente soterrado a la capital murciana y no partiera la ciudad en un eje norte-sur.

La construcción del túnel por dónde transcurren las vías ha despejado un tramo de siete kilómetros que conformará una arteria peatonal que abrirá la capital murciana hacia el sur.

El próximo 27 de febrero arranca 'Novo Carthago', el juicio por presunta corrupción urbanística en una zona protegida frente al Mar Menor. El expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, el exconsejero Francisco Marqués y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro figuran entre las 36 personas citadas a declarar como testigos en el proceso por la Sección Tercera de la Audiencia provincial. Se espera que el proceso se prolongue hasta finales de abril, un mes antes del inicio de las elecciones autonómicas.

Entre los ocho imputados en la causa se encuentran los exconsejeros del Gobierno regional del PP Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana. Se investiga si en el proyecto urbanístico Novo Carthago hubo presuntos delitos de corrupción política relacionados con la recalificación de terrenos situados en la zona conocida como Lo Poyo, que estaba calificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena (PGOU) como de Especial Protección Mar Menor (NUPM). El proyecto consistía en la construcción de construcción de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo e iba a cargo de la promotora urbanística Hansa Urbana.

La exconsejera de Hacienda del Gobierno de Murcia Inmaculada García y el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá han sido llamados a declarar como testigos en la pieza separada sobre la desalinizadora de Escombreras abierta contra el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel.

García, según se recoge en la providencia judicial a la que ha tenido acceso Efe, deberá declarar el 17 de septiembre, el mismo día en que lo hará, también como testigo, la exdirectora general de Presupuestos Isabel Martínez Conesa. Para el 24 del mismo mes ha sido convocado el exgerente del Ente Público del Agua (EPA) Amalio Garrido, mientras que Cerdá ha sido citado para el día 29.

La resolución judicial señala que tanto Cerdá como Garrido podrán acudir con sus abogados, al figurar como investigados en la causa principal que contra la desalinizadora se tramita en otro juzgado de instrucción de Murcia. Estas citaciones tienen como objetivo principal contrastar lo declarado el pasado junio por el exinterventor general de la Comunidad Autónoma Eduardo Garro, cuando declaró como testigo en esta pieza separada.

Garro apuntó que la que fuera consejera de Hacienda se oponía a que la administración regional prestara la 'comfort letter', con la que se pretendía garantizar la devolución a un banco del préstamo concedido a la empresa constructora de la planta. Por otra parte, el juzgado ha librado un oficio a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) para que este organismo informe sobre la existencia o no de convenios o acuerdos de permuta de agua con el EPA, Hydronostrum o la empresa Desalinizadora de Escombreras, S.A.

Finalmente, ha dado diez días de plazo a la Comunidad Autónoma para que le envíe determinadora documentación referida a la obra, entre ella, la que precise el coste de la misma, distinguiendo el relativo a la obra civil y el financiero.

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) se ha opuesto a que se utilice el detector de mentiras durante la declaración del expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo Ramón Luis Valcárcel como investigado en el caso de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena, Murcia).

El ministerio público, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, ha pedido al juzgado de instrucción que dirige la investigación abierta por este presunto caso de corrupción que no atienda la solicitud hecha en ese sentido por un letrado que ejercer la acusación particular.

Y añade que el detector de mentiras no constituye un medio de prueba aceptado por los tribunales españoles, por lo que no procede estimar la solicitud.

En su escrito de solicitud de práctica de pruebas, el abogado Diego de Ramón pidió que previamente a la declaración de Valcárcel, fijada para el 16 de marzo, la gerencia de Justicia se dirigiera un centro de investigación de la Universidad de Granada que ha estudiado el funcionamiento del detector de mentiras con la técnica de la termografía.

El ministerio fiscal se ha opuesto también a una segunda petición del letrado, que reclamó que se llamara a declarar como testigo a Florentino Pérez, presidente de la empresa ACS, la constructora de la desalinizadora, al no considerarla necesaria por ahora.

En cuanto a la petición de esta acusación particular de que se ampliara la denuncia de la fiscalía a la Comunidad Autónoma de Murcia, el ministerio público también considera que no procede.

El que fuera presidente regional de Murcia fue citado a declarar en este caso por una providencia dictada por el juzgado de instrucción el pasado 3 de febrero, que lo investiga por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones.

Sostiene la fiscalía en su denuncia que la construcción de la planta, cuya primera piedra fue colocada en 2006, ideada desde la iniciativa privada, fue asumida después por el gobierno regional con grave quebranto de los fondos públicos, presuntamente.

Según el contrato asumido por la administración regional, ésta se comprometía a pagar 600 millones de euros durante 25 años a la constructora aunque el volumen de agua consumido no llegase a las cifras inicialmente previstas.

Esta causa, que afecta solo a Valcárcel, es independiente de la que se tramita en otro juzgado por la misma obra, en la que aparecen como investigadas varias personas, entre ellas el que fue consejero de Agricultura y Agua del gobierno murciano Antonio Cerdá.

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha declarado el carácter complejo de la instrucción de la investigación sobre el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones en el caso de 'la Desaladora de Escombreras'.

De este modo, la investigación a Valcárcel en relación a este caso, conocido como 'La Sal', se amplía a un plazo de 18 meses.

En su escrito, la juez señaló que “no podrá concluirse la instrucción en el plazo ordinario de seis meses desde la fecha del auto de incoación por implicar el examen de abundante documentación, la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas y públicas y tener por objeto numerosos hechos punibles”.

En una providencia anterior la magistrada rechazó la petición de la acusación popular de la declaración del denunciado por delitos contra el medio ambiente y asociación ilícita -distintos a los denunciados por el Ministerio Fiscal-, indicando que esta tiene “naturaleza adhesiva a la denuncia del Ministerio Fiscal y por los delitos allí designados”.

Nuevas diligencias

Las investigaciones se encuentran dentro del polémico caso 'La Sal' que fue archivado en junio del presente año basándose la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Partido Popular que reduce a seis meses el plazo para la investigación judicial. Pese a que se le diera carpetazo a la causa, la Fiscalía Superior sostuvo que nada impide que se pueda perseguir en unas nuevas diligencias a personas que hayan sido objeto de una investigación formal en esa causa, según informa el citado medio.

Ramón Luis Valcárcel, miembro del Partido Popular, dimitió como presidente de la Región de Murcia en abril de 2014 para presentarse a las elecciones europeas con el Partido Popular. Durante su periodo como eurodiputado su condición de fuero especial solo permitía que el político fuera encausado por el Tribunal Supremo. Al perder su escaño en el europarlamento en julio de 2019, cualquier Juzgado puede citarlo a declarar en calidad de investigado.

De esta forma, desde la Fiscalía le solicitarán explicaciones a Valcárcel sobre por qué impulsó la creación en 2005 del Ente Público del Agua (EPA), que más tarde adquirió la desaladora de Escombreras, acción por la que la Administración regional aceptó abonar 600 millones de euros por la producción de agua en el plazo de 25 años, con una cláusula llamada denominada 'take or pay' que garantizaba los pagos aunque no se produjera agua.

La Audiencia Provincial ha declarado al Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia competente para investigar la denuncia de la Fiscalía contra el expresidente de la Región Ramón Luis Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras, a pesar de que es el Juzgado número 5 el responsable de investigar esta causa, llamada 'La Sal'.

La Sala 2 de la Audiencia, aún admitiendo la existencia de “conexión material con la causa La Sal o Desaladora” seguida en el juzgado de instrucción número 5, ha declarado la competencia de la investigación al juzgado número 1 “con arreglo a las normas de reparto” de los casos judiciales, según manifestaron los jueces.

Los magistrados han considerado que “no cabe en este caso acumular delitos conexos” ya que supone “excesiva complejidad o dilación para el proceso”, señalaron fuentes judiciales.

La Audiencia Provincial, a pesar de reconocer “el relato fáctico contenido tanto en el escrito de denuncia formulada por el Ministerio Fiscal como de los autos de incoación”, ha optado por la regla general de que cada delito dará lugar a una única causa.

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha señalado que “la desaladora de Escombreras es el mejor ejemplo de la mala gestión de los diferentes gobiernos del Partido Popular y del mal uso del dinero público”.

“Dijimos en su momento que esta desaladora acabaría costándonos más de 600 millones de euros y el Gobierno regional nos acusó de mentir. Los hechos nos dan la razón. En este momento llevamos pagados más de 200 millones y estamos produciendo agua por encima de los 3 euros el metro cúbico mientras que en las desaladoras del Plan Agua cuesta a 0,60 euros/m3”, añadió Martínez Baños.

Ana Isabel Navarro Prieta, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, ha incoado diligencias penales contra Ramón Luis Valcárcel, quien fuera presidente de la Comunidad de Murcia durante 19 años (desde 1995 hasta 2014), según ha adelantado La Verdad. La investigación abierta investiga su posible implicación por hasta cuatro delitos relacionados con la presunta malversación de 600 millones de euros por la construcción y adquisición, por parte del Gobierno regional, de una desaladora en Escombreras (Cartagena).

Navarro Prieto considera que existen las suficientes apariencias de la comisión de posibles delitos como para abrir diligencias previas contra el expresidente popular. La magistrada ha planteado, además, una cuestión de competencia objetiva frente al juzgado de instrucción número 5 de Murcia y ha remitido testimonio de la causa a la Audiencia Provincial, que será quien medie en este asunto y establezca a qué juzgado debe corresponder finalmente esa investigación.

Las investigaciones se encuentran dentro del polémico caso 'La Sal' que fue archivado en junio del presente año basándose la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Partido Popular que reduce a seis meses el plazo para la investigación judicial. Pese a que se le diera carpetazo a la causa, la Fiscalía Superior sostiene que nada impide que se pueda perseguir en unas nuevas diligencias a personas que hayan sido objeto de una investigación formal en esa causa.

Ramón Luis Valcárcel, miembro del Partido Popular, dejó la presidencia de la Región de Murcia en abril de 2014 para presentarse a las elecciones europeas con el PP. Durante su periodo como eurodiputado su condición de fuero especial solo permitía que el político fuera encausado por el Tribunal Supremo. Al perder su escaño en el europarlamento en julio de 2019, cualquier Juzgado puede citarlo a declarar en calidad de investigado.

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado en Púnica

La justicia tiene en el punto de mira a otro exjefe del Ejecutivo murciano y sustituto de Valcárcel. Pedro Antonio Sánchez volvió a ser imputado en el caso Púnica a través de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que anuló el auto del archivo como respuesta a los recursos presentados por la acusación popular de de los Abogados Demócratas por Europa (Adade) y por la Fiscalía Anticorrupción.

El auto, del que es ponente la jueza Carmen-Paloma González Pastor, justifica la decisión en la existencia de “incoherencias” en el auto redactado por el magistrado Manuel García Castellón, que fue quien archivó la causa contra Pedro Antonio Sánchez. El juez omitió de forma “incomprensible” los hechos investigados, que apuntan al expresidente murciano como presunto autor de la comisión de un delito de fraude.

Al expresidente de Murcia se le acusaba de un presunto delito de fraude por acordar una campaña de lavado de imagen con el informático de Púnica usando fondos públicos. Su objetivo era mejorar su imagen para ser elegido candidato a la presidencia de la Región dentro de su partido.

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha presentado una denuncia contra Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Comunidad durante 20 años, por hasta cuatro delitos relacionados con la presunta malversación de 600 millones de euros por la construcción y adquisición, por parte del Gobierno regional, de una desaladora en Escombreras (Cartagena), según publica La Verdad.

Las investigaciones se encuentran dentro del polémico caso 'La Sal' que fue archivado en junio del presente año basándose la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Partido Popular que reduce a seis meses el plazo para la investigación judicial. Pese a que se le diera carpetazo a la causa, la Fiscalía Superior sostiene que nada impide que se pueda perseguir en unas nuevas diligencias a personas que hayan sido objeto de una investigación formal en esa causa, según informa el citado medio.

Ramón Luis Valcárcel, miembro del Partido Popular, dimitió como presidente de la Región de Murcia en abril de 2014 para presentarse a las elecciones europeas con el Partido Popular. Durante su periodo como eurodiputado su condición de fuero especial solo permitía que el político fuera encausado por el Tribunal Supremo. Al perder su escaño en el europarlamento en julio de 2019, cualquier Juzgado puede citarlo a declarar en calidad de investigado.

De esta forma, desde la Fiscalía le solicitarán explicaciones a Valcárcel sobre por qué impulsó la creación en 2005 del Ente Público del Agua (EPA), que más tarde adquirió la desaladora de Escombreras, acción por la que la Administración regional aceptó abonar 600 millones de euros por la producción de agua en el plazo de 25 años, con una cláusula llamada denominada 'take or pay' que garantizaba los pagos aunque no se produjera agua.

Ramón Luis Valcárcel, Vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PP y expresidente de la Comunidad de Murcia ha pedido a la Comisión Europea “mayor implicación”en la lucha contra la sequía.

Durante un intercambio de puntos de vista celebrado en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, Valcárcel ha afirmado que “dentro de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el tema de la sequía debe tratarse con mayor profundidad”, explicando que “la sequía es la antesala de la desertificación -riesgo que nos concierne a todos y que, por tanto, las medidas contra éste deben gozar de mayor apoyo a nivel comunitario”.

El eurodiputado popular se refirió a “la posibilidad que existe, dentro del marco delimitado por la PAC, de conceder ayudas estatales de hasta el 80% de los daños causados por la sequía, así como de derogar ciertos requisitos específicos de ecologización relativos a la diversificación de cultivos y de superficies de interés ecológico”.

Sin embargo, indicó “es paradójico que hablemos tanto de sostenibilidad y medio ambiente pero no demos la misma importancia al grave fenómeno de la desertificación, que afecta al sur de Europa de una manera muy especial”, razón por la cual argumentó que “las consecuencias de la desertificación no deben encasillarse en el nivel subsidiario”.

A lo largo de esta legislatura, Valcárcel ha realizado varias intervenciones en la Eurocámara a favor de promover las políticas que impulsen el buen uso del agua. En septiembre de 2017, por ejemplo, presentó a la Región de Murcia como ejemplo en innovación agraria, destacando la apuesta de esta comunidad autónoma por la agricultura de precisión, principalmente en el ahorro del agua y en el uso de sistemas para la salinización del riego.

"En esa lista de súper-súper-inocentes apartados por la magistrada del proceso figura, aparte de los familiares de Valcárcel, algún otro nombre significativo"

"Merece la pena volver a reparar en el `equipo habitual´ de funcionarios que, a las órdenes también sobre todo de Cerdá, fabricaron informes, papeles e indicaciones, apartaron a compañeros díscolos..."

Oigo y veo a Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, comentar la detención de Zaplana, don Eduardo, diciendo algo así como que el político cartagenero-benidormí ha sido siempre una especie de anguila de la Albufera que siempre alcanza a escabullirse. Por analogía, o quizá porque también hubo novedades al respecto prácticamente el mismo día, me viene a la cabeza lo de Novo Carthago. Y el procesamiento de los ex consejeros Joaquín Bascuñana, Antonio Cerdá y Francisco Marqués, plana mayor que fueron de uno de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel.

La analogía me lleva a pensar que, si en Valencia Zaplana es equiparable a ese anfibio escurridizo, aquí quien lo sería es el ex presidente Valcárcel, que también se escapa de todas, como en Novo Carthago, cual anguila del Mar Menor, la culebra de secarral o, incluso –– quién sabe––, aquella lagartija de rabo colorao de esas a las que él mismo hizo referencia en alguna ocasión.

Este turbio asunto de nuestra sufrida laguna salada le ha más que rozado y sale de momento indemne junto con una de sus hijas, su yerno correspondiente, su cuñado y tío del famoso consejerito cultural y algunos otros adláteres más. Resulta especialmente interesante revisar la lista de los que se han escapado del banquillo. Casi más indicativa que la de los que tendrán que sentarse en él, cuyos nombres estaban más o menos cantados.

En esa lista de súper-súper-inocentes apartados por la magistrada del proceso figura, aparte de los familiares de Valcárcel, algún otro nombre significativo. Como el del arquitecto Juan Sánchez Carrillo, hermano que es del otrora todopoderoso presidente del comité electoral ––el que aprueba las listas–– del PP, Antonio Sánchez Carrillo, que además fue teniente de alcalde de Vía Pública con el procesado ex alcalde Cámara, y se hinchó a hacer obras; y también vicepresidente de CajaMurcia por la parte política, que en algún momento osó a optar a la presidencia de la caja regional murciana rescatada y finalmente subsumida en Bankia.

¡Qué casualidad que el arquitecto y su socio José Alberto Meroño, con raíces en Los Martínez del Puerto de donde son los suegros del ex alcalde Cámara, fueran comanditarios con el cuñado de Valcárcel en uno de los negocios colaterales al macroproyecto urbanístico de Novo Carthago! Pero no hay indicios suficientes para sentarlos en el banquillo, mantiene la magistrada.

Otro nombre “interesante” descartado por la titular del número Dos de Instrucción es el del farmacéutico exconcejal de Cartagena Agustín Guillén, mano derecha que fue de la exalcaldesa Pilar Barreiro, relacionada con el caso Púnica y con el ex alcalde socialista José Antonio Alonso, y que fue también amiguísimo de Francisco Marqués en sus mejores tiempos de consejero de Valcárcel. Tampoco se han hallado indicios suficientes, al estimar de la magistrada.

Habría que recuperar la foto de presentación de la pretendida macrourbanización con toda la plana mayor política y constructora y presencia ineludible de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuyo presidente territorial a la sazón era el catedrático de Historia Francisco Javier Guillamón, quien, hombre que fue del Zaplana que entonces dominaba Valencia y, por ende, la caja principal de esa comunidad, quizá tendría mucho que decir o que contar sobre todo este asunto habida cuenta de que nunca vio nada claro que el proyecto fuera algo defendible.

Aunque no totalmente agotada la nómina de descartes, tampoco está de más echar un vistazo a la de quienes siguen inmersos hasta las cejas en el proceso judicial. Poco más hay que decir de los tres ex consejeros que serán procesados. Tanto Cerdá ––sobre todo él–– como Bascuñana y Marqués tienen una muy poluta hoja de servicios que les hace más que dignos de estar donde están.

Pero sí merece la pena volver a reparar en el `equipo habitual´ de funcionarios que, a las órdenes también sobre todo de Cerdá, fabricaron informes, papeles e indicaciones, apartaron a compañeros díscolos... lo que hiciera falta para servir a los egregios intereses ultradesarrollistas y depredadores del medio natural de la región tal y como fueron enumerados y proclamados por Valcárcel y sus corifeos.

Los propagandistas de la fe urbanizadora pepera figuran en la mencionada foto de marras, pero quienes hacían el trabajo de fontanería preciso para que las cosas salieran “legalmente” adelante fueron los funcionarios que ahora llama la magistrada a ocupar su sitio en el banquillo de los acusados: inocentes mientras no se demuestre lo contrario, pero procesados son José María Ródenas Cañada, Antonio Alvarado, María Antonieta Fernández, Manuel Alfonso Guerrero, y Luis Manuel Romera.

Algunos de ellos ya empezaron sus actuaciones al respecto tan lejos como en 1996, cuando se consiguió la recalificación de los terrenos de Lo Poyo que derivó con el tiempo en el macroproyecto urbanístico de que hablamos. Y alguno de ellos también, como Ródenas, ––hermano del actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y director general de Agua que fue con Antonio Cerdá–– acumula unas cuantas comparecencias ante la justicia en los últimos tiempos, a pesar de su acreditada inserción en esa buena sociedad murciana que nos lleva gobernando desde hace justo ahora 23 años.

Ese modo de hacer política que dijo Urralburu ––perdón por citar a la bicha junto a tanto nombre ilustre–– va a ser muy difícil de desmontar, pues más que eso es todo un entramado social asfixiante. Y es que, como recordó Baldoví y bien saben los biólogos y los naturalistas, las anguilas, las culebras, o incluso las lagartijas de rabo colorao son muy escurridizas.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, ha acordado en un auto la conclusión de las diligencias previas del caso Novo Carthago. El instructor desde 2009 del caso por presunta corrupción urbanística en zonas protegidas junto al mar Menor ha procesado a diez de los investigados, tres de ellos exconsejeros del Gobierno murciano por prevaricación, y archivar las actuaciones respecto a otros once.

En estas actuaciones se investigaban posibles irregularidades cometidas por distintos funcionarios públicos en relación al proyecto urbanístico Novo Carthago. Las actuaciones consistían en la construcción por parte de la entidad Hansa Urbana, de un campo de golf, hoteles y más de 10.000 viviendas en la zona conocida como Lo Poyo, que estaba calificada por el (PGOU) Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena como de Especial Protección Mar Menor (NUPM). Además una parte de los terrenos estaban calificados como LIC, ZEPA y ZEPIN y otra parte como No Urbanizable de Protección del Trasvase (NUPT).

La causa que investiga además en algunos casos los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales va a continuar para los exconsejeros Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana. Por otra parte, se archivan las actuaciones sobre una hija del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, Rosario Valcárcel, y su esposo, y el exconcejal de Cartagena Agustín Guillén.

El auto señala que el proyecto urbanístico fue emprendido por la empresa Hansa Urbana, cuyo consejero delegado, Rafael Galea, figura entre los procesados. Según los indicios encontrados en la instrucción, se considera que los investigados llevaron a cabo presuntamente actuaciones para modificar los planes generales de ordenación urbana de Cartagena y de los recursos naturales de la zona para que el proyecto fuese viable.

Entre los exaltos cargos del Ejecutivo murciano contra los que continuará el procedimiento abreviado se encuentran también varios exdirectores generales, entre ellos, los del Medio Natural Carlos Brugarolas y Antonio Alvarado.

Al referirse al expresidente Valcárcel, el auto indica que no se ha encontrado indicio alguno de que hubiera podido ordenar o imponer ninguna de las medidas adoptadas en un intento de que Novo Carthago pudiera salir adelante.

Por el contrario, sí considera que puede haber existido un trato de favor por la empresa Hansa hacia el exconsejero y exdelegado del Gobierno central en la región murciana Francisco Marqués en la venta de una vivienda.

Tras esta resolución, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 10 días para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o solicitar el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias, concluye la parte dispositiva del auto.

El auto no es firme y contra el cabe recurso de reforma ante el mismo órgano que lo dictó y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.