El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha admitido la posibilidad que una cláusula sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) pueda ser anulada por falta de transparencia y pueda considerarse abusiva, si bien ha impuesto una serie de condiciones para que se aprecien tales condiciones.

Se ha pronunciado a instancias del Juzgado de Primera Instancia nº8 de San Sebastián que, en su análisis de una hipoteca contratada entre un cliente y Kutxabank en 2006, decidió elevar 22 cuestiones prejudiciales para esclarecer la posible falta de transparencia y abusividad de este índice.

En concreto, el consumidor suscribió el 11 de septiembre de 2006 un contrato de préstamo hipotecario por 35 años con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián (posteriormente Kutxabank) con un pago de intereses variable, calculados periódicamente tomando como referencia el IRPH de las cajas de ahorros (IRPH Cajas).

Este índice está constituido por la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las operaciones de préstamos con garantía hipotecaria otorgados por las cajas de ahorro a plazo igual o superior a tres años para la adquisición de vivienda libre, sin transformación alguna.

En este caso, el consumidor presentó una demanda en marzo de 2022 contra la entidad, ya que la cláusula de IRPH no menciona la parte final de la definición del IRPH Cajas, que figura en la propia definición oficial que hace el Banco de España en 1994 --cuando comenzó a aplicarse el índice-- y que precisa que estos tipos de interés medios ponderados eran las tasas anuales equivalentes (TAE) remitidas al Banco de España por las cajas de ahorro respecto de las operaciones concernidas.

En su sentencia de hoy, el TJUE declara que una cláusula IRPH puede cumplir el requisito de transparencia exigido por el derecho comunitario siempre y cuando la información se publique en el diario oficial del Estado miembro de que se trate, “sin que, en consecuencia, el prestamista esté obligado a informar al consumidor acerca de la definición de ese índice y de su evolución anterior”.

Sin embargo, precisa que esta información tiene que estar “suficientemente accesible para un consumidor medio gracias a las indicaciones dadas en tal sentido por el profesional”.

De esta forma, el TJUE reconoce que, “en ausencia de esas indicaciones”, incumbe al banco el ofrecer directamente una definición completa del índice y cualquier otra información pertinente, “en particular por lo que se refiere a una eventual advertencia hecha por la autoridad que haya establecido dicho índice acerca de sus particularidades y de las consecuencias de este que puedan considerarse importantes para el consumidor con el fin de evaluar correctamente las consecuencias económicas” del contrato.

Además, resalta que incumbe al banco el ofrecer al consumidor toda la información que, en virtud de la normativa nacional aplicable en el momento de la celebración del contrato, esté obligado a proporcionar.

El TJUE también especifica que la publicación de la información solo puede dispensar a una entidad de proporcionar a un potencial cliente determinadas informaciones acerca de la cláusula que prevé la adaptación periódica del tipo de interés del IRPH, “siempre y cuando, habida cuenta de la información públicamente disponible y accesible y de la información facilitada, en su caso, por el profesional, un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, estuviera en condiciones de comprender el funcionamiento concreto” del método de cálculo del IRPH.

Sin embargo, añade, que la información necesaria para que los clientes comprendan el impacto de un préstamo puede provenir de elementos no facilitados “directamente” por la entidad, siempre y cuando estén públicamente disponibles y pueda accederse a ellos, en su caso, a través de ciertas indicaciones dadas por el profesional.

“Este debe dar indicaciones suficientemente precisas y exactas a los potenciales prestatarios para que estos puedan adquirir conocimiento de esa información sin llevar a cabo una actividad que, por pertenecer al ámbito de la investigación jurídica, no puede exigírsele razonablemente a un consumidor medio”, agrega al respecto.

En el caso concreto de la hipoteca con Kutxabank, el TJUE observa que no parece que contenga una referencia al Boletín Oficial del Estado (BOE) ni a la circular del Banco de España, lo que “puede comprometer la accesibilidad de la correspondiente información” para un consumidor medio.

También menciona la “incompleta definición” de IRPH y la advertencia hecha por el Banco de España sobre el cálculo del IPRH y la necesidad de aplicar un diferencial negativo. Así, el TJUE señala que la advertencia del Banco de España “constituye un indicio pertinente de la utilidad que esa información tiene para el consumidor”.

Abusividad

En cuanto al carácter eventualmente abusivo del IRPH, el TJUE lo liga a que se haya aplicado o no el diferencial negativo en el tipo efectivo de la hipoteca y a la declaración de falta de transparencia que se haya hecho de la cláusula.

En concreto, especifica que la apreciación del carácter abusivo debe hacerse en función de las “circunstancias propias del caso”, tomando en consideración, en particular, el incumplimiento del requisito de transparencia y comparando el método de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por la cláusula de IRPH y el tipo efectivo de esos intereses resultante con los métodos de cálculo generalmente aplicados y, entre otros, con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato de préstamo en cuestión a un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los de dicho contrato.

Y especifica que, por sus características, se debe tomar en consideración no solo los valores del índice de referencia, sino también el diferencial aplicado contractualmente a ese índice, con el fin de comparar el tipo de interés efectivo resultante con los tipos de interés habituales del mercado.

“Sin perjuicio de otros aspectos del método de cálculo del tipo de interés contractual o del índice de referencia que puedan resultar pertinentes, la eventual existencia de un desequilibrio en detrimento del consumidor derivado de una cláusula de ese tipo depende esencialmente, en definitiva, no del propio índice de referencia, sino del tipo de interés que resulta efectivamente de esta cláusula habida cuenta del diferencial positivo aplicado al valor de ese índice con arreglo a dicha cláusula”, señala concretamente el TJUE.

Por último, el TJUE da dos indicaciones en caso de que finalmente la cláusula sea declarada abusiva: por un lado, permite a los jueces nacionales el sustituir la cláusula por una disposición supletoria nacional, siempre y cuando tenga un alcance “equivalente”. Sin embargo, no permite que el juez añada un elemento que permita remediar el desequilibrio que generaba la cláusula.

Además, en caso de que un contrato no pueda subsistir sin la cláusula abusiva, el TJUE señala que el derecho comunitario “se opone a que se aplique una disposición del derecho nacional en virtud de la cual el profesional tiene derecho a obtener la recuperación de la totalidad prestada, incrementada con intereses calculados a partir de la fecha en que se puso a disposición del consumidor esta cantidad”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado hoy una nueva sentencia sobre el tipo de interés variable basado en índices de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH) en España en la que concluye que los consumidores deben recibir información “suficiente” sobre los métodos de cálculo de estos índices y llama a tener en consideración este aspecto para declarar su abusividad o no.

Ha respondido así a una cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma de Mallorca (Baleares), después de que dos consumidores pidiesen la nulidad de una cláusula establecida en un préstamo hipotecario suscrito con el predecesor legal de Banco Santander.

En dicha cláusula, se fijaba anualmente un nuevo tipo de interés con relación a un tipo de referencia (el IRPH de las entidades de crédito, incrementado en 0,20 puntos porcentuales) o a un tipo de referencia sustitutivo (el IRPH de los bancos, incrementado en 0,50 puntos porcentuales). Esta cláusula indica, además, que ambos tipos se describen en una circular del Banco de España a entidades de crédito fechada en 1990.

Los consumidores solicitan la nulidad por considerarla abusiva. En primer lugar, sostienen que aplicar el Euríbor supondría un tipo de interés revisado “menor” frente al IRPH, ya que este último índice se calcula sobre la base de tipos que tienen en cuenta las comisiones.

Además, alegan que debería haberse previsto en la cláusula la aplicación de un diferencial negativo, tal y como se sostiene en la circular del Banco de España de 1994.

Por su parte, Banco Santander defiende que la cláusula fue “negociada individualmente” y que es “de fuente legal”, puesto que los IRPH constituyen índices oficiales y públicos y, por lo tanto, son accesibles a los consumidores.

Ante esta situación, en su sentencia de hoy, el TJUE recuerda que son los jueces españoles a los que les incumbe calificar cada cláusula contractual en función de las circunstancias de cada caso, aunque ha proporcionado al juzgado de primera instancia “ciertas indicaciones” a tener en cuenta.

En concreto, considera que para apreciar la transparencia y el carácter eventualmente abusivo de la cláusula “es pertinente” la circular de 1994, donde se señala la necesidad de aplicar al índice de referencia, dado su modo de cálculo, un diferencial negativo a fin de igualar el tipo de interés con el tipo de interés del mercado. Sin embargo, también considera “pertinente” determinar si esa información es suficientemente accesible para un consumidor medio.

Sobre la exigencia de transparencia, el tribunal europeo destaca que, por un lado, el índice de referencia en cuestión fue establecido por la circular de 1990, que fue publicada oficialmente, y por el otro, en la cláusula reclamada se indica que este índice se describe en un anexo de dicha circular y que esta emana del Banco de España.

“Incumbe al juzgado español verificar que la información así proporcionada era suficiente para permitir que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, tuviera efectivamente conocimiento de los métodos de cálculo del índice de referencia”, indica la sentencia.

También deja en manos de los tribunales españoles el determinar qué importancia tenía la información que figura en el preámbulo de la circular de 1994 para que el consumidor pudiera evaluar correctamente las consecuencias económicas del contrato.

“Esa información --que no se comunicó a los consumidores-- parece ser de utilidad para estos, si atendemos al hecho de que el Banco de España estimó oportuno llamar la atención de las entidades de crédito sobre el tipo de los IRPH en relación con el tipo de interés del mercado y sobre la necesidad de aplicar un diferencial negativo para igualarlos con dicho tipo de interés”, prosigue el TJUE.

Subraya asimismo que, pese a que esa información se publicó en el Boletín Oficial del Estado, figura en el preámbulo de la circular de 1994, y no en la circular de 1990, a la que se remitía la cláusula reclamada. Así pues, también serán los jueces españoles los que tendrá que comprobar si la obtención de esa información suponía llevar a cabo una actividad que, por pertenecer ya al ámbito de la investigación jurídica, no podía exigírsele “razonablemente” a un consumidor medio.

Por último, señala que Banco Santander tendrá que probar que la cláusula se negoció individualmente. De no ser así, el juez español tendrá que evaluar, en primer lugar, el posible incumplimiento de las “exigencias de la buena fe” y, en segundo lugar, la existencia de un posible “desequilibrio importante” en detrimento del consumidor, analizando los elementos del contrato y teniendo en cuenta la jurisprudencia del propio TJUE.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre las hipotecas con IRPH después de los últimos pronunciamientos de los tribunales europeos y ha sido para darle la razón al banco. En una resolución hecha pública este viernes, la sala de lo civil ha dado la razón a Kutxabank frente a un cliente que contrató una hipoteca con los intereses calculados en base a este índice variable y explica que la entidad no incurrió ni en un desequilibrio ni en mala fe al hacerlo. El IRPH, entre otras cosas, es un índice regulado por las administraciones públicas y el banco no tiene obligación de ofrecer comparaciones con otros índices como el Euribor.

El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) es un indicador que apareció en el panorama bancario español a mediados de la década de los noventa y cambió en 2013. Un indicador para calcular los intereses de una hipoteca elaborado desde el Banco de España, que protagonizó miles de millones de euros en las carteras de los grandes bancos españoles y que, según el regulador bancario, surgía de hacer la media simple entre “los tipos de interés medios ponderados de las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a tres años para la adquisición de vivienda libre iniciadas o renovadas por los bancos y cajas de ahorro”.

Un índice variable que, en un momento dado, empezó a encarecer las hipotecas de los españoles, que empezaron a acudir a los tribunales. La última decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó el pasado mes de noviembre: el IRPH podía utilizarse y los jueces podían analizar si la cláusula había sido introducida por el banco de forma poco transparente. Pero esa falta de transparencia, por ejemplo, no viene dada sólo porque el banco no presente a sus clientes un folleto con información detallada sobre cómo funciona y cómo puede evolucionar.

El Tribunal Supremo acaba de retomar la resolución de casos sobre este tipo de hipotecas y en el primero que ha sentenciado ha dado la razón a la Kutxa. Los jueces han estudiado el caso de un hombre que en 2012 suscribió una de estas hipotecas con Kutxabank y que reclamó ante los tribunales apenas dos años mas tarde. Tanto un juzgado de Vitoria como la Audiencia Provincial de Álava le dieron la razón y declararon la nulidad de la cláusula que anudaba los intereses al IRPH, dijo, por “falta de transparencia y tener carácter abusivo”.

Ahora es la sala de lo civil del Supremo la que da la razón al banco y avala el contrato. Los jueces ponen encima de la mesa las últimas resoluciones de los tribunales europeos y sus criterios para declarar el posible carácter abusivo de este tipo de cláusulas: que generen desequilibrio y que la entidad actuase con mala fe. En ese sentido, la sentencia recuerda que el IRPH no puede considerarse poco transparente por sí mismo: está publicado en el BOE, lo que según el Supremo “permite al consumidor medio comprender que el referido índice se calcula según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda, incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por tales entidades”.

Que el banco no ofrezca, por ejemplo, una comparación entre el IRPH y otro tipo de indicador tampoco desemboca en una nulidad de la cláusula. “Además, el Gobierno central y varios Gobiernos autonómicos han venido considerando, a través de normas reglamentarias, que el índice IRPH era el más adecuado para utilizarlo como índice de referencia en el ámbito de la financiación de viviendas de protección oficial, por lo que resulta ilógico considerar como actuación contraria a la buena fe la incorporación de ese mismo índice a préstamos concertados fuera de ese ámbito de financiación oficial”, razonan.

Nueva sentencia europea sobre el IRPH, utilizado en numerosas hipotecas como tipo de interés previo a 2013. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado su uso por parte del banco aunque no se presentara al cliente acompañado de un folleto de información detallada sobre su funcionamiento y su evolución, en línea con lo que ya había sentenciado hace un año el Tribunal Supremo en España, complicando el futuro de los miles de recursos presentados contra el IRPH.

Este índice cumple así un nuevo hito judicial impulsado por consumidores que consideran que el uso de este índice durante años en hipotecas en España fue abusivo y ocasionó miles de euros de sobrecoste en el pago de intereses. El Tribunal Supremo ya sentenció en 2020 en favor de este índice, asegurando que no era abusivo aunque sí que se había utilizado de manera poco transparente.

La justicia comunitaria había recibido distintas peticiones de aclaraciones después de que en una sentencia previa del TJUE había dejado este asunto en manos de los tribunales nacionales. A esta nueva cuestión prejudicial presentada, el TJUE avala la utilización de este tipo de interés incluso aunque no se hubiese comercializado con un folleto que detallara cómo funcionaba o el impacto que tenía sobre el coste. “[Las directivas] permiten al profesional no incluir en tal contrato la definición completa del índice de referencia que sirve para calcular un tipo de interés variable o no entregar al consumidor, antes de la celebración de ese contrato, un folleto informativo que recoja la evolución anterior de ese índice”, asegura el TJUE en sus sentencia, a la que ha tenido acceso este medio.

El tribunal europeo lo justifica en que la información sobre la evolución de este índice, ya en desuso, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si bien, añade un matiz, ya que considera que esta publicación sería suficiente siempre que “un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, estuviera en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del índice de referencia”. Sin embargo, deja esta valoración en manos de los tribunales nacionales.

Es decir, el TJUE no declara si el uso de este IRPH fue o no nulo, puesto que considera que es el tribunal nacional el que tiene toda la información pertinente para comprobar si su comercialización lo fue. Sí que responde a las preguntas del juez español que el hecho de que no llevara acompañado un folleto informativo sobre este índice no se traduce en directamente en que esta cláusula pueda ser eliminada por abusiva. “La mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo”, asegura el TJUE.

Para que un juez español pueda considerar que la cláusula que fija el IRPH como abusiva, la justicia europea le pide que determine si las circunstancias, en “cada caso concreto”, llevan a concluir que se comercializaron “contrariamente a las exigencias de buena fe”. En este sentido ya dictaminó el Tribunal Supremo hace un año, al reconocer que no hubo transparencia en la comercialización de estos productos, pero no por ello fueron abusivos. Un voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo sí consideraba que hubo una falta de “buena fe” en la comercialización de hipotecas vinculadas al IRPH.

Para comprender qué es el IRPH y por qué ha sido tan polémico hay que viajar hasta los años previos al boom inmobiliario. Se estableció en España el uso del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, que es lo que significan esas siglas, que era, a grandes rasgos, una media de los tipos de interés que se aplicaban a los créditos hipotecarios. Con ello, se pretendió da una salida más estable a un euribor que no dejaba de subir. Sin embargo, tras la crisis, el índice de referencia europeo comenzó a caer y los préstamos con IRPH acabaron siendo sensiblemente más caros que los referenciados al euribor, lo que provocaba una pérdida para el cliente. Esto, acompañado de la complejidad de su cálculo y comprensión, provocaron una avalancha de reclamaciones ante los tribunales.

La sentencia no cerrará presumiblemente la puerta a los recursos judiciales contra este índice, pero sí obliga a un mayor análisis a los tribunales nacionales, al no considerar suficiente la falta de transparencia. De hecho, el propio TJUE sienta las bases para el caso en el que el juzgado nacional considerase nula por abusiva esa cláusula. De ser así, el tribunal tendría que ofrecer al consumidor la alternativa entre sustituir ese índice por el de referencia contemplado en la ley —es decir, no obligaría a que fuera el euribor— o bien dar por finalizado el contrato, con la situación complicada que esto podría dejarle al tener que afrontar una deuda sin estar respaldada ya por ese contrato hipotecario.

El Supremo ha concluido este miércoles, tras analizar varios recursos de clientes, que las hipotecas ligadas al tipo de interés conocido como IRPH se comercializaron sin la suficiente transparencia, aunque descarta que se produjera abusividad. Así lo ha hecho saber en una nota de prensa previa a que se conozca el contenido de la sentencia, que será redactada durante los próximos días.

En concreto, el alto tribunal ha señalado que aprecia una falta de transparencia por “no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores”. Este dictamen llega después de que la justicia europea dictaminara que los jueces españoles debían analizar en cada caso si se comercializaron estas hipotecas con la debida transparencia y de manera que fuese comprensible por el cliente.

Sin embargo, pese a concluir que no se comercializó con transparencia, el Tribunal Supremo entiende que, en los cuatro caos estudiados no hubo abusividad. El fallo cuenta, eso sí, con el voto particular de uno de los magistrados.

Falta por conocer el contenido de la sentencia, que vaya más allá del escueto comunicado del Supremo y donde se conocerá la justificación que hacen los magistrados para llegar a esta conclusión. En una primera valoración, la plataforma reclamador.es, especializada en este tipo de demandas de sus clientes, apunta que “a falta de leer la sentencia, el Tribunal Supremo da una vez más la espalda a los consumidores”. “Con lo que resalta la nota de prensa emitida por el Alto Tribunal, podemos decir que nos produce una absoluta decepción y estupor la decisión del Tribunal Supremo, que deja desprotegidos a los afectados por IRPH en España”, asegura Almudena Velázquez, codirectora legal de esta compañía.

Por su parte, Patricia Suárez, de Asufin, ha reconocido tras conocerse la noticia que es un “jarro de agua fría” para los consumidores y ha señalado que al no apreciarse abusividad, los clientes de estas hipotecas analizadas por el Supremo seguirán teniendo sus contratos referenciados al IRPH. “Es una sentencia salomónica, no da su brazo a torcer”, ha apuntado. Sin embargo, mantiene que el caso no ha acabado porque quedan miles de demandas en los juzgados y algunas de ellas han sido remitidas al TJUE.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que la falta de transparencia, sea cual sea, impide al consumidor tomar una decisión fundamentada, por lo que no comprende los motivos que llevan al Alto Tribunal a determinar que la cláusula es válida.

En este sentido, OCU explica que muchos bancos no informaron a sus clientes de manera comprensible de que el IRPH es un índice que se calcula teniendo en cuenta los datos que la propia entidad proporciona, sin explicar con cuadros comparativos históricos la evolución de este índice y del Euribor a fin de que el cliente pudiera ver que el primero siempre ha estado por encima del segundo.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción considera la interpretación “absolutamente bochornosa”. A la espera de conocerse el texto íntegro de la sentencia, que se redactará en los próximos días, la organización cree también que el Supremo “se pliega una vez más a los intereses de la banca” con una interpretación “forzada” de la legislación.

“Parece que el Supremo ha vuelto a las andadas plegándose a los intereses de la banca”, ha señalado el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que ha tildado de “escandaloso” lo ocurrido con las resoluciones de los cuatro recursos analizados.

De su lado, Adicae critica que el Tribunal Supremo “se haga trampas” de nuevo a sí mismo y retuerza sus interpretaciones para contradecir al TJUE y a la doctrina más especializada sobre el control de transparencia para darle la razón a la banca entrando en una espiral de resoluciones a favor del sector.

Fuentes del sector financiero consultadas por elDiario.es celebran que el Supremo haya dictaminado que no es un índice abusivo, en línea con sentencias anteriores del alto tribunal. Alberto Aza, portavoz de la CECA —patronal que engloba a CaixaBank o Bankia— ha señalado tras conocer el comunicado del Supremo que “reafirma la validez del IRPH al declararlo no abusivo, en línea con la jurisprudencia vigente del TJUE y del propio Tribunal Supremo. El IRPH es un índice oficial elaborado por Banco de España y publicado en el Boletín Oficial del Estado”. Por su parte, el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, ha señalado en declaraciones a Europa Press que, con la información disponible, “el Tribunal Supremo ha zanjado el asunto no declarando abusiva la cláusula del IRPH, confirmando el criterio anterior del propio tribunal y del TJUE sobre la validez de la utilización del índice y que no es abusivo”.

No es la primera vez que el Supremo avala el uso del IRPH en un contrato hipotecario. En 2017 sentenció que la referenciación de una hipoteca a este tipo de interés, no suponía una falta de transparencia o abusividad por parte de la entidad. Sin embargo, aquella sentencia no terminó con la vía legal para miles de consumidores que llevaron sus casos a distintos juzgados españoles, algunos recibiendo la razón por parte de los jueces. Ante las dudas de algunos de ellos, se elevó el caso al TJUE, quien ya apuntó en marzo sus conclusiones.

Los bancos españoles se jugaban, de nuevo, una factura millonaria en los tribunales por la comercialización de hipotecas con cláusulas que no cumplían con las exigencias de transparencia de Europa, como ya ocurrió con las cláusulas suelo. El TJUE publicó una sentencia en el pasado mes de marzo en la que devolvía el caso a los tribunales españoles, sin entrar en el fondo de este tipo de interés criticado por las asociaciones de consumidores. Concluía la justicia europea los jueces deberían analizar caso por caso si estos índices son “comprensibles en un plano formal y gramatical”, y si permiten que un consumidor “medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” esté en condiciones de comprender el funcionamiento de este índice.

Este caso no llega de nuevas a un sector que ya tiene contabilizados en sus balances los contratos hipotecarios vinculados al IRPH. Según fueron explicando durante el año pasado a los reguladores del mercado en diferentes comunicaciones, los principales bancos españoles cuentan con algo más de 16.000 millones de euros en este tipo de créditos inmobiliarios. Algunos de estos grupos financieros han ido reduciendo en el último ejercicio su exposición a estos créditos.

Caixabank, la entidad más expuesta

CaixaBank es la empresa más expuesta, al haber reconocido 6.000 millones de euros en hipotecas ligadas a este tipo de interés. Le siguen Banco Santander, con 4.300 millones, BBVA, con 2.800 millones, y Bankia, con 1.600 millones. Sabadell, según un informe de RBS, contaría con 800 millones en este tipo de préstamos y Bankinter no tendría exposición a esta sentencia, al no haber comercializado estos créditos. Respecto a las entidades medianas, Kutxabank cuenta con 727 millones, Liberbank con 209 millones (de los que 99,5 millones están en hipotecas de los propios empleados), Unicaja tiene 155 millones e Ibercaja, 50 millones.

El IRPH era un tipo de interés que se aplicaba en hipotecas hasta 2013. A grandes rasgos, consistía en una media de los tipos de interés del mercado publicada por el Banco de España. Se trataba de una alternativa al euribor, fijado por el Banco Central Europeo, frente al cual se presentaba como más estable, con menos volatilidad, en un momento en el que el índice europeo no dejaba de crecer.

En la práctica, tal y como denuncian las asociaciones de consumidores, acabó suponiendo un índice más caro para el consumidor que si se hubiera aplicado el euribor. Según cálculos de Adicae o Asufin, un cliente con una hipoteca ligada al IRPH pagó, de media, más de 20.000 euros desde 2004. Para que sirva de referencia: según los datos actuales del Banco de España, el IRPH se encuentra en un 1,7%, frente al euribor, que está en el -0,418%.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha disipado las dudas de los juzgados canarios sobre el índice IRPH, la polémica alternativa al Euríbor que ha encarecido en cantidades que oscilan entre los 200 y los 300 euros las cuotas mensuales que pagan por los préstamos hipotecarios más de un millón de familias en España, unas 50.200 en las Islas.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha detenido por segunda vez procedimientos para los que había fijado fecha para votación y fallo. Este órgano ya había aplazado cualquier decisión sobre la materia hasta que el TJUE resolviera la cuestión de prejudicialidad planteada por un juez de Barcelona en un litigio entre un consumidor y Bankia. Tres meses después de que la Corte de Luxemburgo emitiera su veredicto, la Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas ha vuelto a posponer la tramitación de estos pleitos, esta vez a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. Su homólogo en Santa Cruz de Tenerife mantiene, de momento, las suspensiones decretadas antes de conocer la decisión del tribunal europeo, emitida el pasado 3 de marzo.

La respuesta de los tribunales españoles tras el fallo del TJUE ha sido muy desigual. En las sentencias que ha contabilizado después de este hito la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), las audiencias de Valencia, Toledo, Tarragona, Málaga y Álava han anulado el índice IRPH, posicionándose de este modo a favor de los consumidores, aunque con efectos dispares que, en algunos casos, tampoco han convencido a abogados y asociaciones de usuarios.

Los órganos provinciales de Madrid, Cáceres, Huelva, Sevilla, Granada y Alicante, por el contrario, se han alineado con las tesis de la banca y han mantenido la cláusula que fija este índice en los contratos hipotecarios. En Barcelona se ha dado la circunstancia de que las resoluciones varían en función de la sección en la que haya recaído el recurso. En la 4 y la 17 han fallado a favor de los consumidores. En la 15, a favor de la entidad financiera.

El IRPH fue comercializado como una alternativa al Euríbor, el tipo de interés utilizado en prácticamente en el 90% de las hipotecas concedidas en España en los últimos años. Se calcula a partir de los intereses aplicados por todas las entidades financieras, independientemente de su volumen de negocio, en los créditos de este tipo concedidos a más de tres años, incluyendo las comisiones. Los valores de este índice se han mantenido siempre muy por encima del Euríbor, encareciendo las hipotecas de los consumidores. Según expertos en la materia, el sobrecoste medio por la utilización del IRPH puede situarse en torno a los 20.000 euros por préstamo.

En la sentencia conocida apenas once días antes de la declaración del estado de alarma en España por la propagación de la COVID-19, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el uso del IRPH para fijar los precios de las hipotecas es abusivo si la entidad financiera no ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, es decir, si al comercializarlo no ha proporcionado una información clara y comprensible al consumidor. No basta con que la redacción de la cláusula sea correcta. La banca debió asegurarse de que el cliente entendía el modo de cálculo del IRPH y su alcance económico, qué repercusiones podría tener ligar el préstamo a este indicador, aclara la sentencia de la Corte de Luxemburgo.

Las discrepancias de los tribunales españoles no se han ceñido a la nulidad del IRPH. También a los efectos de esta declaración. La sentencia del TJUE precisa que, en caso de que el contrato de préstamo hipotecario no pueda subsistir sin esa cláusula, el índice deberá sustituirse por uno supletorio, siempre que sea beneficioso para el consumidor. Hasta la fecha, tres han sido las soluciones adoptadas por los tribunales que han suprimido el indicador. La primera, la más favorable para los usuarios, asume que los préstamos pueden sostenerse sin el IRPH y que, por lo tanto, el consumidor solo tendrá que pagar el diferencial incluido en el contrato, de manera que las cuotas se reducen de forma considerable. En este tipo de préstamos, los diferenciales suelen ser bastante más bajos que los fijados en las hipotecas vinculadas al Euríbor.

La segunda vía, la mayoritaria hasta la fecha en las resoluciones judiciales que anulan el índice por falta de transparencia en su comercialización, consiste en sustituir el IRPH por el Euríbor, un tipo de referencia que lleva desde febrero de 2016 en cotización negativa.

La tercera es la más controvertida, por ser la más perjudicial para los consumidores y la más favorable a los intereses de la banca. Es la opción por la que ha abogado, por ejemplo, la Audiencia de Tarragona. En una sentencia dictada apenas ocho días después del fallo del TJUE, este órgano provincial decidió sustituir el IRPH Cajas (el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años concedidos por las antiguas cajas de ahorro) por el denominado IRPH Conjunto de Entidades, una modalidad que nació con la Ley 14/2013, la misma que decretó la desaparición completa de los otros índices oficiales que existían hasta la fecha, entre ellos el mencionado IRPH de las extintas cajas. En la práctica, esta fórmula apenas varía las cuotas de los consumidores, puesto que el índice solo reduce el porcentaje unas décimas sobre el anterior.

Pedro Revilla, abogado tinerfeño que representa a los consumidores en pleitos sobre el IRPH, defiende, en un artículo publicado en la revista especializada Economist & Jurist, que los contratos pueden subsistir si se elimina la cláusula que contiene el índice, puesto que queda el diferencial, un margen constante que permitiría al banco seguir obteniendo un rendimiento del préstamo. Sostiene además que el IRPH Conjunto de Entidades no se previó en la ley 14/2013 como un índice para suplir al IRPH Cajas en los préstamos hipotecarios en ausencia de pacto entre usuario y banca. Según el letrado, aplicar esa modalidad como índice supletorio solo beneficia a las entidades financieras, que ven cubiertas “sus expectativas de negocio”, frustrándose así “el fin disuasorio” perseguido por la normativa europea de protección al consumidor.

Revilla no comparte la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de suspender los procedimientos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie y resuelva las discrepancias manifestadas por las audiencias provinciales. El abogado alude al artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que “los jueces y tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Para el letrado, el aplazamiento solo estaría justificado si se hubiera planteado una segunda cuestión de prejudicialidad a Europa. En este sentido, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, responsable de la primera consulta al TJUE por la abusividad de la cláusula IRPH, ya ha manifestado su voluntad de repreguntar ante las dudas suscitadas. Bankia ha pedido la recusación de este juez por una presunta “falta de imparcialidad” por haber participado en un congreso de Asufin.

Por su parte, el abogado grancanario Andrés Roda, también especializado en la defensa del consumidor ante los abusos bancarios, celebra la postura adoptada por la Audiencia de Las Palmas ante los pleitos por IRPH. Considera que el aplazamiento es la decisión “más justa y prudente” en un momento “de gran inseguridad jurídica” que “solo beneficia” a las entidades financieras. “A los bancos no les cuesta nada seguir recurriendo. En cambio, los consumidores corren el riesgo de ir agotando las instancias”, de que se dilate un proceso durante años o de acabar con una sentencia desfavorable y no poder dar marcha atrás, ya que cualquier tipo de reclamación posterior, en caso de una eventual resolución del Supremo con una interpretación favorable a los intereses de los consumidores, se toparía con la institución de “la cosa juzgada”.

Roda es partidario de presentar las demandas “cuando no existan dudas sobre la interpretación que darán los tribunales españoles a la sentencia del TJUE”, es decir, cuando el Supremo siente jurisprudencia. El abogado explica que a partir de ese momento las entidades financieras dejarán de acudir a todas las instancias judiciales, evitando así que los procesos se dilaten y que afecten aún más a las maltrechas economías domésticas, o que, en algunos casos, opten por ofrecer acuerdos que puedan resultar atractivos para algunos consumidores afectados que se podrían librar de esta manera de los inconvenientes que acarrean estos procedimientos.

La aplicación del derecho europeo en España nunca ha sido tarea fácil, sobre todo cuando se trata de hacer cumplir las directivas comunitarias a los poderes económicos. A pesar de la lluvia de sentencias europeas contra las malas prácticas, las entidades financieras españolas se resisten a perder su posición de privilegio. La reciente decisión de Bankia de pedir la recusación del magistrado Francisco González de Audicana por falta de imparcialidad es un buen reflejo de las dificultades que deben arrostrar quienes intentan tratar a todos por igual y hacer justicia.

Contextualicemos. El juez cuestionado por la banca, es el titular del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, que presentó varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) - Cajas. Un índice que ha supuesto un sobrecoste para los suscriptores de estas hipotecas de entre 18.000 y 21.000 euros con respecto a los préstamos indexados con el euríbor, que era el utilizado en el 85% de los casos. Hay cerca de un millón de afectados. No se trata de menudencias. En los años más duros de la crisis, pagar 200 o 300 euros de más cada mes suponía en determinados casos la imposibilidad de hacer frente al recibo de la hipoteca para las familias que habían perdido el empleo y, en consecuencia, un elevado riesgo de perder la vivienda. Estamos hablando de esto, del derecho a la vivienda. 

Tras más de ocho años de movilizaciones sociales y pleitos judiciales el asunto fue resuelto por el TJUE el pasado 3 de marzo. La resolución europea corrigió una sentencia anterior del Tribunal Supremo español de diciembre de 2017 que había estimado que la cláusula que fijaba los intereses con el tipo de referencia IRPH era válida. Los jueces europeos, por el contrario, establecieron que los tribunales nacionales están obligados a examinar si la inclusión del IRPH se había efectuado de una manera clara y comprensible. Y especificaron los criterios que deben tener en cuenta los jueces nacionales para comprobar si los bancos han dado la información adecuada a sus clientes antes de que firmaran las hipotecas.

Los jueces europeos tratan de garantizar que los consumidores reciban toda la información necesaria de los bancos para que puedan elegir qué tipo de contrato les conviene más. Una información que en la inmensa mayoría de los casos no facilitaron, según se desprende de las numerosas sentencias judiciales que han dictado los tribunales nacionales. Un estudio de la asociación de consumidores Asufin que analiza 166 sentencias sobre hipotecas con IRPH, dictadas entre 2015 y principios de 2020, indica que 134 resoluciones fueron favorables al consumidor y 32 en contra.

Tras conocerse la sentencia europea del pasado marzo la decisión de los tribunales españoles ha sido dispar. Los jueces españoles de primera instancia, en aplicación de la sentencia europea, anularon el IRPH por considerarlo “abusivo”, lo sustituyeron por el euríbor y condenaron a los bancos a devolver lo cobrado de más a sus clientes. Si se analizan estas sentencias se observan varios aspectos reseñables. De las 17 resoluciones judiciales dictadas, 16 han sido favorables a los consumidores y es significativo que 15 de las mismas han sido dictadas por mujeres. La muestra es muy representativa al proceder de juzgados de distintas ciudades del país (Burgos, Lleida, Jaén, Cornellà de Llobregat, Orihuela, Guadalajara, San Lúcar la Mayor, Ourense, Palma de Mallorca, Vigo, Torrevieja, Zamora, La Laguna y Barcelona. En algunas ciudades se han dictado más de una sentencia).

Es muy llamativo que en la mayoría de los casos además del IRPH, se han declarado nulas por abusivas otras disposiciones como las que fijan las cláusulas suelo, los intereses de demora, los gastos, las comisiones por descubierto, el cálculo irregular de intereses, el redondeo al alza de los intereses, el vencimiento anticipado (que permitía el desahucio con un solo impago) y las primas de seguro. Toda una radiografía de la lamentable profusión y diversidad de abusos que padecen las familias en unos contratos que son los más importantes y decisivos de su vida como son los préstamos hipotecarios.

Las malas prácticas implican a la mayoría de las entidades financieras. Así  aparecen condenadas por el empleo del IRPH y algunas otras cláusulas abusivas Santander, Caixabank, BBVA, Unión de Créditos Inmobiliario, Abanca y Bankia. 

Es también muy ilustrativo que los argumentos de estos jueces se basan sustancialmente en la jurisprudencia europea, que constituyen el núcleo de sus argumentos. Los jueces de primera instancia, en su mayoría pertenecientes a las generaciones jóvenes, representan el frente modernizador de la justicia española que aplica con más diligencia el derecho europeo del que tienen un mayor conocimiento y manejan con más destreza. Estos jueces son bien conscientes, como los magistrados de cualquier país de la Unión, que son jueces europeos y como tales aplican directamente el derecho europeo. Se trata en última instancia de un derecho mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos y financieros. 

Todas las sentencias se pueden consultar fácilmente en la página web de la asociación de consumidores Asufín, que desde hace años proporciona una documentación fundamental para todas las personas interesadas, desde consumidores a abogados, jueces, periodistas, economistas y académicos.

La cuestión de fondo es que el derecho comunitario en esta materia de los contratos de adhesión “se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas”.

Las apelaciones de la banca

Frente a este panorama de resoluciones claramente favorables a los ciudadanos se han producido una docena de sentencias de las Audiencias Provinciales, la mayoría favorables a la banca. Las Audiencias Provinciales  son los tribunales de apelación a los que recurren las partes que no están conformes con las resoluciones de primera instancia. Aquí el panorama es bien distinto. La mayoría de resoluciones son favorables a la banca al validar el IRPH. En realidad sólo la Audiencia Provincial sección cuarta (AP4) de Barcelona, la AP6 de Málaga y la AP1 de Álava han anulado el IRPH. El resto de Audiencias, AP1 de Cáceres; AP5 de Sevilla; AP8 de Alicante; AP2 de Huelva; AP3 de Granada y AP15 de Barcelona han considerado que la aplicación del IRPH es válida y por lo tanto justifican la actuación de la banca. Otras Audiencias como la AP1 de Tarragona y la AP9 de Valencia han anulado el IRPH Cajas y los sustituyen por el IRPH entidades, cuya diferencia es minúscula. 

Ha sido muy referencial la sentencia de la AP 15 de Barcelona que se ha alineado con las tesis del Tribunal Supremo sosteniendo que los razonamientos del Alto Tribunal español han sido confirmados por el TJUE. Esta sala era bien conocida por sus decisiones favorables a la banca y a diferencia de otros tribunales no suspendió los procedimientos a la espera de la sentencia del TJUE. En este caso la decisión ha sorprendido en medios jurídicos porque el ponente de la resolución ha sido el magistrado José María Fernández Seijo, un juez que alcanzó un reconocido prestigio por haber logrado una histórica sentencia del TJUE contra los desahucios, (caso Aziz) en 2013. 

El conflicto del IRPH ha puesto de relieve dos graves problemas que agravan la incertidumbre en que se encuentran los ciudadanos en un terreno tan sensible como el del derecho a la vivienda. En primer lugar se constata que continúa el injustificable trato desleal de la banca con sus clientes por la multitud de cláusulas abusivas. El cúmulo de irregularidades ha conducido a una avalancha de cientos de miles de reclamaciones realizadas tanto por vía judicial como extrajudicial por diversas cláusulas abusivas. 

Solo los juzgados especializados creados para atender esta explosión de protestas han recibido 486.078 demandas entre el 1 de junio de 2017 y finales de 2019. Durante este periodo los jueces han dictado 198.762 sentencias, el 97% de las cuales fueron condenatorias para la banca según datos del Consejo General del Poder Judicial. Quedan todavía por resolver 244.036. La mayoría de los juzgados especializados se encuentran completamente atascados y en algunos casos los juicios tardarán años.

Paralelamente los afectados por cláusulas suelo han presentado 1.213.784 reclamaciones directamente a las entidades bancarias. Los bancos han estimado 535.514 peticiones lo cual ha implicado la devolución de 2.384 millones de euros a los clientes, según el Ministerio de Economía y competitividad. Han sido desestimadas 238.077 reclamaciones, muchas de las cuales optaron entonces por la vía judicial. El disparatado número de condenas judiciales y su elevado coste ponen de manifiesto además de la desprotección de los ciudadanos que tenemos un sistema financiero muy costoso e ineficiente. 

Una división profunda

La segunda cuestión preocupante es la profunda división entre los juzgados. Los tribunales superiores, especialmente el Supremo, están más anclados en el derecho nacional y en bastantes casos no se sienten tan vinculados por el derecho europeo al que por una realidad generacional se sienten más alejados. Hay que tener en cuenta que aunque la Directiva básica sobre cláusulas abusivas es de 1993, la gran eclosión de la jurisprudencia comunitaria sobre esta materia se ha producido durante la última década. De todas formas no se puede simplificar. Bastantes Audiencias Provinciales están realizando una ejemplar aplicación del derecho europeo. También en el Tribunal Supremo, el profesor Francisco Javier Orduña, que ha sido magistrado entre 2012 y 2019 ha dictado numerosas sentencias y votos particulares, apoyado a veces por otros jueces, que han supuesto un referente de la aplicación y desarrollo del derecho europeo, reconocido por las instituciones comunitarias.

Ante las dudas que suscita esta profunda división de los tribunales respecto a la interpretación de la resolución del TJUE sobre el IRPH, el magistrado Francisco González de Audicana decidió el pasado 11 de mayo volver a preguntar a los jueces de Luxemburgo para que esclarecieran el significado de su sentencia. El juez consideró que la conclusión de la sentencia del TJUE del 3 de marzo “no es suficiente para resolver el asunto que fue causa de las cuestiones remitidas y, en concreto, se siguen suscitando dudas en cuanto a la interpretación del alcance del control de transparencia y de las consecuencias en su caso aplicables de resultar insuficiente la información facilitada al consumidor”. Lo que en esencia pregunta el juez es qué debe hacerse si se declara nulo el IRPH.

Así estaban las cosas cuando el pasado 4 de junio Bankia presentó un incidente de recusación del juez por falta de imparcialidad por “tener interés directo o indirecto en el pleito”.  El escrito de acusación del banco se basa en buena parte en la intervención de González de Audicana en el Congreso del 10º Aniversario de Asufin en enero de 2019 y en una conferencia organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona bajo el título “La sentencia del TJUE sobre el IRPH”, el pasado 5 de marzo.

La presidenta de Asufín, Patricia Suárez, ha expresado su malestar con Bankia, “entidad de propiedad pública, por utilizar uno de sus Congresos como motivo de recusación a un magistrado”. Suárez asegura que el Congreso tenía el propósito de “enriquecer el conocimiento jurídico además de reflexionar y encontrar soluciones de futuro”. Recuerda Suárez que en el mismo “participó el magistrado Audicana, junto con una variada y nutrida representación del mundo de la judicatura, los organismos reguladores CNMV, CNMC y Banco de España, registradores de la propiedad, académicos, expertos y periodistas especializados. Contó además con abogados del sector bancario (Banco Santander, Abanca y BBVA) como de defensa de los consumidores”. La presidenta de esta asociación de consumidores subraya que “las instituciones financieras están siempre invitadas a los encuentros que organiza Asufin, incluida, como no puede ser de otra forma, Bankia”.

Es difícil entender cuál es el verdadero propósito del banco al acusar de imparcialidad al magistrado por sus manifestaciones públicas. La verdad es que el contenido de las exposiciones del juez es del mismo tenor que el que aparece en el conjunto de sus resoluciones judiciales. Del texto de las mismas se desprende un profundo conocimiento del derecho europeo y sus esfuerzos para que su carácter más protector beneficie a todos los ciudadanos. Si se profundiza en el fondo del asunto se comprueba que la decisión del juez de preguntar al TJUE es la posición más honesta si tiene dudas sobre el caso que tiene que resolver. ¿A quién le preocupa la respuesta del Tribunal de Justicia Europeo?

Es evidente que el debate jurídico no es causa de recusación. La figura está pensada para situaciones muy distintas como, por ejemplo, los supuestos en que el juez asesora a una de las partes. La participación de jueces, abogados, registradores, notarios, representantes de los bancos, consumidores y los supervisores en los debates es fundamental para el avance de la ciencia jurídica en los países democráticos. En los estados totalitarios no existen este tipo de debates. Prohibir estos debates sería tan absurdo como impedir que los jueces y magistrados publicaran artículos y libros sobre asuntos que han estudiado y conocen. Que un magistrado exponga sus ideas sobre la relevancia de la transparencia en los contratos y la manera de controlarla es algo muy beneficioso tanto para los ciudadanos como para el conjunto de la economía y las propias entidades financieras.

Los congresos, los encuentros organizados por asociaciones de consumidores, colegios de abogados y universidades son la vía más efectiva de conocer las distintas propuestas que pueden contribuir a unificar criterios y en última instancia resolver un conflicto que afecta a millones de personas e inunda los juzgados de demandas con disparatado coste económico. 

Europa manda

La incorporación del derecho europeo a España resulta muy lenta entre otras cosas por las carencias de nuestras leyes consecuencia de la falta de presteza de los Gobiernos y el legislativo. Estos mismos días dos prestigiosas juristas, con una dilatada trayectoria de defensa de los derechos de los consumidores, Verónica Dávalos y Maite Ortiz, han publicado un manifiesto, “Europa manda”, en el que desarrollan los argumentos de fondo sobre este asunto. Para solventar este eternizante conflicto las abogadas “reclaman una solución urgente que contemple una reforma legislativa” de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, sustituyendo el IRPH por un índice legal, el euríbor, “por el que el consumidor se hubiera decantado en caso de haber sido correctamente informado”. “Todo ello sin perjuicio del derecho de todo consumidor a recuperar las cantidades detraídas por aplicación de una cláusulas abusiva”.

Mientras tanto no se producen los cambios legislativos tenemos que seguir apreciando la labor de este selecto grupo de encomiables jueces que han compensado estas deficiencias legales presentando numerosas cuestiones prejudiciales al TJUE, cuyas sentencias han obligado a modificar nuestras leyes, aunque no siempre con la diligencia debida. Hay que tener en cuenta que entre 1976 y marzo de 2020, el TJUE ha dictado 92 sentencias sobre esta materia, 27 de las cuales corresponden a España. Es decir, nuestro país ha recibido el 30% de las resoluciones, casi el triple del peso de nuestra población en la Unión.

Resulta un sarcasmo que con este conflictivo panorama, una entidad que fue rescatada con 23.465 millones de euros de dinero público y con un largo historial de condenas judiciales, tenga el atrevimiento de sugerir que un juez ha actuado “por interés directo o indirecto”. Alguna de las condenas tuvo un gran impacto. Hay que recordar que en 2016, tras una larga batalla judicial y una demanda del abogado José Antonio Ballesteros, el Tribunal Supremo condenó a Bankia a devolver el dinero a los ahorradores que habían sido atrapados con la salida a bolsa de la entidad. Unas 200.000 personas recuperaron sus ahorros.

La decisión de recusar a un juez por parte de Bankia va en la dirección contraria a que las entidades financieras recuperen su reputación, que es uno de sus principales retos y una de las mayores preocupaciones del Banco de España. El derecho es el territorio adecuado para resolver un conflicto de intereses. El debate jurídico es todo lo contrario a una actitud anti bancos. El problema no son los bancos, ni mucho menos, sino las malas prácticas que hay que eliminar con el único instrumento del derecho. Oponerse a la acción del derecho y a los jueces demuestra muy poco interés en que se haga justicia.

La esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH en las hipotecas españolas ha llegado. Un año después de la vista oral celebrada en Luxemburgo, la justicia europea devuelve la pelota al tejado de los tribunales españoles. Pero, ¿qué consecuencias tiene? Hacemos un repaso:

¿Qué es el IRPH?

El Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) era un índice que se aplicaba a las hipotecas de tipo variable, como alternativa al euribor. Se planteaba como un índice más estable, al ser la media de tipos de interés publicada por el Banco de España, frente a un euribor que no dejaba de subir. Sin embargo, el índice europeo comenzó a caer hace años y, desde entonces, ha sido notablemente más barato que el IRPH, llevando al cliente a pagar de más.

¿Es abusivo?

El TJUE no llega a esta conclusión y lo deja en manos de los tribunales españoles. Es decir, deberán ser los jueces nacionales los que ahora estudien si la forma en la que se informó a los clientes a la hora de comercializar estos préstamos referenciados al IRPH cumplió con las exigencias de transparencia y claridad. Si consideran que se incumplieron estas obligaciones, entonces sí, podrán ser consideradas abusivas.

¿Qué tienen ahora que hacer los jueces españoles?

Los jueces deberán estudiar caso a caso los procedimientos de comercialización de estas hipotecas. Si consideran que no fueron transparentes y el cliente no tenía la suficiente información, como su evolución pasada, podrá considerarlo nulo. No bastará con que fuesen comprensibles en un plano formal y gramatical sino que “deben permitir que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda entender lo que firma”. Así, tendrá que dictaminar si se explicó cómo se calcula el índice, qué evolución pasada ha tenido y qué consecuencias económicas puede tener.

¿Y qué hará el juez si lo considera abusivo?

La sentencia subraya que si se anula esta cláusula, se puede producir que el contrato decaiga, lo que puede provocar un grave impacto para el cliente. Por ello, da potestad al juez a sustituir el IRPH por un índice alternativo.

¿Ganan los clientes con esta sentencia?

Las asociaciones como Asufin que ya han comenzado a valorar la sentencia consideran que sí. La razón es que se abre una vía judicial que obliga a los jueces a estudiar todos los casos ligados al IRPH, algo que había quedado paralizado por la sentencia del Tribunal Supremo en la que se validaba el uso de este índice, y a la espera de la sentencia comunitaria. El abogado José Miguel Erauskin, que ha representado al cliente que ha llevado el caso al TJUE, también tilda la sentencia de “éxito”. Entiende que las exigencias de transparencia que impone Europa no se cumplían en la comercialización de estas hipotecas. Por ello, considera que es una vía que puede favorecer al cliente.

¿Perjudica entonces a los bancos?

Esto está por ver. Francisco Uría, socio de KPMG para el sector financiero, reconoce que va a aumentar la litigiosidad en España tras la sentencia del TJUE. Asegura que “no existe reproche general” al IRPH, por lo que se debe estudiar caso por caso. Al existir ya algunas sentencias que han beneficiado a la banca, Uria entiende que el resultado de esas demandas no tiene por qué ser necesariamente negativo para los bancos. Apunta que esto justificaría que los bancos estén subiendo con fuerza en Bolsa. “Entienden que el resultado finalmente producido es probablemente el más favorable que hubiera cabido esperar para los bancos españoles”, subraya.

Si dan la razón al cliente, ¿habrá retroactividad?

La sentencia del TJUE da a entender que sí. Una de las cuestiones prejudiciales que le había hecho llegar un juez español sobre el IRPH era si había limitación temporal al impacto de la abusividad de este índice. El propio Gobierno español había solicitado que hubiera una limitación al impacto de estas sentencias. Sin embargo, el TJUE concluye que “no procede limitar temporalmente los efectos de la presente sentencia”. Es decir, se abre la puerta a que si se sustituye el IRPH por, por ejemplo, el euribor, se pueda hacer de manera retroactiva.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este martes impulso para incrementar la litigiosidad entre la banca y sus clientes. En una sentencia bastante más tibia que el dictamen del abogado general de la UE, los magistrados europeos han devuelto la pelota a los juzgados españoles para que estos señalen si el Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios (IRPH) es abusivo y poco transparente. Hay un millón de hipotecas en España vinculadas a este índice, los litigios se van a multiplicar, según la opinión de los expertos.

Los juzgados españoles tendrán ahora que analizar caso a caso si la comercialización ligada al IRPH se hizo de manera transparente. Concluye el TJUE que estos índices no serán solo “comprensibles en un plano formal y gramatical”, sino también permitir que un consumidor “medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” esté en condiciones de comprender el funcionamiento de este índice.

La sentencia pone el foco no solo en la publicidad que debe tener este índice en el Boletín Oficial del Estado en cuanto a su proceso de cálculo, sino también cómo el banco informa a sus clientes a la hora de formalizar el contrato. Así, la entidad debería comunicar a los clientes cuál ha sido la evolución histórica de este índice. Además, incide, el cliente debe ser capaz de entender las consecuencias económicas potenciales que puedan tener estas cláusulas.

Por tanto, la sentencia deja en manos del juez español que, si considera que el IRPH se comercializó mediante cláusulas abusivas, lo sustituya por otro índice “legal aplicable” si las partes no alcanzan un acuerdo al respecto. De este modo, el juzgado deberá velar por que la supresión de esta cláusula no tenga “consecuencias especialmente perjudiciales” para el consumidor.

El tribunal comunitario da así respuesta a un juez barcelonés que había enviado una serie de cuestiones prejudiciales sobre el caso de IRPH, ante la disparidad de la doctrina en España. Una de ellas hacía referencia a la posibilidad de que pudiese haber retroactividad en las sentencias. De este modo, la sentencia apunta que si el juez español considera abusiva la sentencia, debe sustituirlo por otro tipo de interés “sin que proceda limitar temporalmente los efectos de la presente sentencia”. Así, sugiere el TJUE que la sustitución se puede hacer de manera retroactiva, produciendo un coste para los bancos.

En cualquier caso, la sentencia deja abierta la opción de que los bancos negocien con sus clientes un acuerdo entre las partes. Esta es la vía que han practicado las entidades financieras durante los últimos años, previendo que una sentencia contraria podría afectar a sus intereses. Esta alternativa era rechazada por las asociaciones de consumidores y los despachos de abogados, que insistían en la opción judicial.

Tras el anuncio de la sentencia, los bancos empezaron a subir en Bolsa entre un 2% y un 6%, ya que el mercado entiende que al enfrentarse caso a caso con los clientes su capacidad de negociación es más alta y las cantidades que tendrán que desembolsar son mucho menores. La subida más acentuada fue la de Caixabank, que ascendía un 6,6% seguida de Bankia, con un incremento del 3,99% a las 10 de la mañana.

En un comunicado conjunto de las patronales bancarias, la AEB y la CECA, han defendido que la sentencia considera “plenamente válido” el uso del IRPH. Las entidades financieras entienden que la sentencia confirma que han cumplido con la transparencia que exige el TJUE.

CaixaBank es la empresa más expuesta, al haber reconocido 6.000 millones de euros en hipotecas ligadas a este tipo de interés. Le siguen Banco Santander, con 4.300 millones, BBVA, con 2.800 millones, y Bankia, con 1.600 millones. Sabadell, según un informe de RBS, contaría con 800 millones en este tipo de préstamos y Bankinter no tendría exposición a esta sentencia, al no haber comercializado estos créditos. Respecto a las entidades medianas, Kutxabank cuenta con 727 millones, Liberbank con 209 millones (de los que 99,5 millones están en hipotecas de los propios empleados), Unicaja tiene 200 millones e Ibercaja, 50 millones.

El abogado general de la UE concluyó en septiembre que este índice debía someterse a un control judicial por ser “poco transparente y complejo”. En su dictamen, apuntaba que se debía de aplicar una serie de requisitos de transparencia y de información al cliente para que este índice no fuera potencialmente abusivo. Es decir, pedía a los jueces que investiguen si en el momento de firmar el contrato se aportaron datos como la evolución de este índice o el método de cálculo, de manera transparente y comprensiva.

La agencia de calificación Moody´s ha señalado que “La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el uso del IRPH es negativa para la banca española. Si bien no es el escenario más negativo posible, la sentencia expone a los bancos a mayores riesgos legales por falta de transparencia en la comercialización de hipotecas ligadas al IRPH”.

La plataforma IRPH Stop Gipuzkoa, una de las más movilizadas contra este índice, ha compartido las valoraciones de José María Erauskin, uno de los abogados que representaban al cliente cuyo caso ha llegado al TJUE. Erauskin señala que está “francamente contento” tras haber estado presente en la lectura de la sentencia. “Ha sido un rotundo éxito”, señala, justificando su optimismo en que las exigencias comunitarias de transparencia no se cumplieron en la comercialización del IRPH en España.

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) asegura que esta sentencia “vuelve a dar la razón a los consumidores españoles” y corrige al Tribunal Supremo “que había cerrado la puerta a más de un millón de familias afectadas por el IRPH.” La asociación apunta que se desbloquea a miles de reclamaciones sobre este índice que habían quedado paralizadas a la espera de una sentencia en Europa.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha acogido con optimismo el fallo y ha recomendado a todos los afectados que valoren la posibilidad de iniciar una reclamación ante las entidades. Ante la previsible avalancha de demandas judiciales, OCU ha pedido al Gobierno que tome medidas urgentes para evitar el colapso de los juzgados. “La evidente falta de medios y la pasividad del Gobierno están causando un grave perjuicio a los consumidores que reclaman justicia ante una nueva actuación abusiva de los bancos”, ha señalado la organización.

En este sentido, cree conveniente la creación de un mecanismo extrajudicial equilibrado que permita la resolución rápida de las reclamaciones y que se penalicen los recursos judiciales de la banca, que pierde el 96% de las demandas. “Solo sirven para atascar los juzgados y desincentivar la justa reclamación por parte del usuario”, ha criticado OCU.

“Una vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha enmendado la plana al Tribunal Supremo español, protegiendo así a cientos de miles de afectados por el IRPH que habían visto quebradas sus esperanzas con la sentencia dictada por nuestro Alto Tribunal en 2017. Gracias a Europa, se abre la puerta a las reclamaciones de los afectados para recuperar el dinero pagado de más desde el inicio en que dicho índice les fue aplicado, lo que en reclamador.es, ciframos en 20.000 euros de media. En este punto sería deseable que no se arbitraran soluciones que, con la mejor intención de facilitar a los consumidores la devolución de su dinero (o la aplicación de esas cantidades pagadas de más a la amortización del préstamo pendiente), resulten al final un beneficio para los bancos, como sucedió con el Real Decreto sobre cláusulas suelo”, explica Almudena Velázquez, codirectora legal de reclamador.es.

Las hipotecas de miles de familias vuelven a tener una cita clave en la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina este martes sobre la transparencia del Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios (IRPH), que tienen en torno a un millón de hipotecas en España. El abogado general, cuya posición no es vinculante pero sí suele seguirse, ya avanzó en septiembre que este índice era “poco transparente y complejo”.

Los bancos españoles se juegan, de nuevo, una factura millonaria en los tribunales por la comercialización de hipotecas con cláusulas que no cumplían con las exigencias de transparencia de Europa, como ya ocurrió con las cláusulas suelo. Lo que dictamine el TJUE será la doctrina que se utilice en los tribunales españoles para los miles de clientes afectados. Las asociaciones de consumidores y los despachos de abogados ya se preparan para volver a llevar demandas por cantidades que habrían sido indebidamente cobradas.

Este caso no llega de nuevas a un sector que ya tiene contabilizados en sus balances los contratos hipotecarios vinculados al IRPH. Según fueron explicando durante el año pasado a los reguladores del mercado en diferentes comunicaciones, los principales bancos españoles cuentan con algo más de 16.000 millones de euros en este tipo de créditos inmobiliarios. Algunos de estos grupos financieros han ido reduciendo en el último ejercicio su exposición a estos créditos.

Caixabank, la entidad más expuesta

CaixaBank es la empresa más expuesta, al haber reconocido 6.000 millones de euros en hipotecas ligadas a este tipo de interés. Le siguen Banco Santander, con 4.300 millones, BBVA, con 2.800 millones, y Bankia, con 1.600 millones. Sabadell, según un informe de RBS, contaría con 800 millones en este tipo de préstamos y Bankinter no tendría exposición a esta sentencia, al no haber comercializado estos créditos. Respecto a las entidades medianas, Kutxabank cuenta con 727 millones, Liberbank con 209 millones (de los que 99,5 millones están en hipotecas de los propios empleados), Unicaja tiene 200 millones e Ibercaja, 50 millones.

El IRPH era un tipo de interés que se aplicaba en hipotecas hasta 2013. A grandes rasgos, consistía en una media de los tipos de interés del mercado publicada por el Banco de España. Se trataba de una alternativa al euribor, fijado por el Banco Central Europeo, frente al cual se presentaba como más estable, con menos volatilidad, en un momento en el que el índice europeo no dejaba de crecer.

En la práctica, tal y como denuncian las asociaciones de consumidores, acabó suponiendo un índice más caro para el consumidor que si se hubiera aplicado el euribor. Según cálculos de Adicae o Asufin, un cliente con una hipoteca ligada al IRPH pagó, de media, más de 20.000 euros desde 2004. Para que sirva de referencia: según los datos actuales del Banco de España, el IRPH se encuentra en un 1,82%, frente al euribor, que está en el -0,253%.

El abogado general de la UE concluyó en septiembre que este índice debía someterse a un control judicial por ser “poco transparente y complejo”. En su dictamen, apuntaba que se debía de aplicar una serie de requisitos de transparencia y de información al cliente para que este índice no fuera potencialmente abusivo. Es decir, pide a los jueces que investiguen si en el momento de firmar el contrato se aportaron datos como la evolución de este índice o el método de cálculo, de manera transparente y comprensiva.

Queda por ver si este es el criterio que sigue el TJUE, cuya sentencia se produce un año después de la vista oral sobre el caso, que se celebró el 25 de febrero del año pasado. El impacto para el sector y, por tanto, la capacidad de los clientes de recuperar cantidades cobradas en estos años dependerá de los criterios respecto a la retroactividad de la sentencia, algo en lo que no entró el abogado general.

De estas conclusiones de la justicia europea debe surgir el criterio general para todos estos casos. Los tribunales han tenido posiciones dispares. Según una recopilación hecha por Adicae, de 45 audiencias provinciales que han tratado casos de IRPH, en nueve de ellas la doctrina se inclina por dar la razón al cliente como índice poco transparente, entre ellas Madrid, Bizkaia, Álava, Asturias o Baleares. En el resto, dictaminan en contra.

Impacto en la banca: de 3.000 a 44.000 millones

Si el TJUE sigue la posición marcada por el abogado general, abrirá una nueva vía judicial para que los clientes reclamen a los bancos cantidades indebidamente cobradas, así como una salida para las miles de demandas que ya están en los juzgados. Se suma a la lista de otras cláusulas como las suelo, las de vencimiento anticipado o los intereses de demora, puestas en duda por la justicia.

Queda por ver cuál podría ser el impacto económico para las entidades: los cálculos van desde los 3.000 millones de Morgan Stanley a los 44.000 millones de Goldman Sachs. Lo que sí está claro es que un dictamen contrario a sus intereses llegaría en un momento complicado para su negocio, con baja rentabilidad, y de transformación de su modelo.

El año pasado terminó con una caída del 19% en los beneficios de los seis principales bancos españoles. Algunas entidades, como Bankia, avanzaron recientemente que una sentencia contra el IRPH podría afectar a los objetivos de dividendos del grupo.

“La fórmula matemática para calcular el IRPH es compleja y poco transparente para un consumidor medio”. Es la principal frase en el dictamen del abogado general de la UE sobre este índice alternativo al euribor cuya utilización por los bancos ha sido llevada ante la justicia. No es una sentencia, pero sí abre la puerta a una nueva vía judicial de clientes contra sus bancos al decir que son los jueces quienes deben determinar si la venta de esa hipoteca y la inclusión de esa cláusula se hizo de forma transparente.

Sin embargo, en el sector se respira cierto alivio. A falta de conocer el contenido futuro de la sentencia, el abogado no ha entrado a valorar la abusividad o la posible nulidad de este índice, utilizado en cerca de un millón de contratos. A esto se han agarrado las patronales, AEB y la CECA, en un comunicado conjunto, en el que suavizan el posible impacto de la eventual sentencia. Fuentes del sector consultadas por este medio así lo confirman, aunque mantienen la “prudencia” respecto a los posibles efectos futuros. Consideran que el “varapalo” que parecía en un principio no es tal.

Así ocurrió en Bolsa. Si en un primer momento el valor de las cinco principales entidades del país cayó tras conocerse el dictamen del abogado general de la UE, el paso de las horas permitió a los bancos cerrar su cotización en positivo. Felipe López, analista de SelfBank apunta que este cambio se ha producido ya que el documento es “algo ambiguo” y deja el asunto abierto a que los juzgados decidan “caso a caso”. Además, apunta, no queda claro si se puede producir retroactividad o qué hipotecas podrán reclamar.

Pero el quebradero de cabeza sigue ahí. Lo han avanzado las asociaciones de consumidores y abogados expertos, que públicamente han celebrado el dictamen conocido este martes como un reconocimiento a las reclamaciones de los usuarios. La vía judicial parece que se va a intensificar en lo que al IRPH se refiere. De hecho, una de las recomendaciones que mandan organizaciones como Adicae es que los clientes no negocien con sus bancos hasta que no haya una sentencia que, esperan, les dé la razón.

Pese a la esperanza que tienen los bancos en que el impacto de la sentencia no sea tan duro, lo cierto es que el IRPH ya aparece en la larga lista de dudas sobre las prácticas en la comercialización de hipotecas: cláusulas suelo, multidivisa, intereses de demora, vencimiento anticipado… Todas sentenciadas o judicializadas. Serán de nuevo los tribunales los que deban dictaminar si se hizo de manera correcta o no la comercialización de este tipo de interés, que con el tiempo ha resultado ser más caro que su alternativa europea.

Los bancos afrontan los próximos meses en los que se conocerá la sentencia definitiva con importantes preocupaciones respecto al negocio. Los tipos de interés siguen a la baja, en niveles negativos, y la rentabilidad de sus negocios principales como las hipotecas están lejos de las de otros tiempos. Incluso se ha abierto el debate sobre el cobro de depósitos, de momento a las grandes empresas. Los bancos españoles vieron su beneficio recortado en un 11% en el primer semestre, últimos resultados conocidos. Y no parece que en un futuro cercano esto vaya a cambiar. En cualquier caso, las entidades mirarán con atención la política de la nueva directora del BCE, Christine Lagarde, cuando Mario Draghi le ceda el testigo.

De abrirse una vía que obligase a devoluciones millonarias a clientes en materia de IRPH, como ocurrió con las cláusulas suelo, de nuevo sería un varapalo para los resultados de este sector, ya mermados en los últimos meses, por la necesidad de provisionar fondos para asumir las nuevas cargas.

No es la escasa rentabilidad la única que amenaza al negocio bancario. La transformación digital ha traído consigo el incremento de nuevos competidores en algunas de las actividades tradicionales de la banca, como las fintech, los neobancos, o las grandes tecnológicas. Una nueva competencia que deben afrontar con grandes inversiones con unas cuentas mermadas.

Pero sobre todo, el IRPH ha abierto un nuevo cuestionamiento público y mediático de la reputación de la banca española, uno de los grandes problemas que arrastra el sector desde la época de la crisis. Así se lo ha advertido el Banco de España, que ha avisado de los “elevados costes” para el negocio que pueden tener la alta litigiosidad y las “prácticas inapropiadas” de algunos procesos. Urgió en su informe de 2018, presentado esta primavera, a mejorar su imagen respecto a los clientes para evitar perder terreno ante los nuevos competidores. Las dudas en torno a este nuevo caso, el del IRPH, no ayudan al sector.

La industria ha hecho frente, solo en el último año, a la sentencia por el impuesto AJD, el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, cuyas conclusiones se están leyendo ahora, o el caso Villarejo y la vinculación del BBVA y de Francisco González, uno de los principales banqueros españoles del último cuarto de siglo. Aunque algunos de estos problemas reputacionales vienen por prácticas del pasado, especialmente durante la burbuja, otras se han mantenido hasta fechas recientes.

Multa en Portugal

Esta misma semana se ha conocido una multa histórica de 225 millones de euros a 14 bancos en Portugal entre los que se encuentran los españoles BBVA, Santander, Popular o BPI, hoy propiedad de CaixaBank. Se les acusa de haber creado un “cartel de la banca”. Algunas de estas entidades ya fueron multadas en España en 2018 con 91 millones por concertar prácticas de venta en algunos productos derivados.

Con todo ello, aunque la banca respira con cierto alivio por las conclusiones del abogado de la UE, lo cierto es que no es un balón que haya despejado por completo y supone una nueva preocupación en un contexto nada halagüeño para el negocio.

Más de un millón de hipotecados en España entre principios de los noventa y 2013 estaban este martes pendientes de la opinión emitida desde Luxemburgo por el Abogado General de la UE, Maciej Szpunar, sobre el uso del índice IRPH.

Esta era una de las referencias que se daba al precio de los préstamos hipotecarios hasta 2013. Usado sobre todo por las antiguas cajas de ahorros, se calculaba como una media de los tipos de interés que se aplicaban en España. En su momento se consideraba menos volátil que el euribor. Los datos actuales muestran la gran diferencia. El euribor en agosto estaba en el -0,356% más el diferencial que aplique el banco, mientras que el IRPH se encuentra en el 1,836%, según el dato de julio recogido por Banco de España. Una diferencia abismal para los bolsillos de algunos hogares que ahora atisban una situación más esperanzadora.

Por ejemplo, Asunción Chavarri. En el año 2000 pidió una hipoteca de 171.000 euros en lo que entonces era La Caixa (hoy Caixabank) para pagar su casa en Soto del Real (Madrid) en un plazo de 30 años. La cuota mensual, que desde entonces se ha mantenido prácticamente inalterada, según explica a eldiario.es, es de unos 1.000 euros mensuales.

“Con el tiempo vimos que todo el mundo pagaba menos y nosotros no”. Hablaron con el banco en tres ocasiones para tratar de renegociar la cuota, ya que ella (que ahora tiene 62 años) quedó en paro al tener que cerrar un negocio de hostelería que tenían abierto en un pueblo de Toledo. Su marido, de 73 años, es jubilado y tiene una pensión de 1.050 euros mensuales.

Según sus cálculos, con el euríbor pagarían menos de la mitad, lo que sí les permitiría afrontar otros gastos de primera necesidad, ya que con la cuota ligada al IRPH solo tenían 50 euros mensuales disponibles. En 2017 dejaron de pagar.

“No podíamos subsistir, la hipoteca se lo comía todo. El banco solo nos ofrecía vender la casa o dársela a ellos. Decidimos, con angustia, dejar de pagar”. Caixabank les presentó una demanda y ahora están pendientes de juicio. “Había relación con gente del banco y confiamos en ellos. Menos mal que no tenemos hijos, porque pienso que quien los tenga debe llevar peor todavía estar en esta situación”, dice Asunción.

Es el caso de Luis Miguel Fernández, de 57 años y con cuatro hijos, dos de los cuales viven con él y su compañera, que se ha quedado en paro. La situación es grave, ya que hace poco este trabajador en reparaciones de ferrocarril sufrió un ictus que le impide expresarse con claridad, y ahora se encuentra de baja. Uno de los hijos que vive con él tiene una discapacidad asociada a un problema mental (por lo que cobra una pensión) y el otro no tiene trabajo.

En 2011 se hipotecó por 200.000 euros a 30 años con la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), una entidad financiera autorizada por el Banco de España. Luis Miguel paga 1.070 euros mensuales que según asegura suponen el 99% de los ingresos familiares. “Estamos muy mal. Hasta 2016 no me enteré de que tenia el IRPH, no sabía lo que era eso”, asegura. “Me enteré por un familiar que me lo dijo. Lo que sí veía es que bajaban todas las hipotecas y la mía no bajaba de ninguna forma”.

Preguntados sobre si observan con esperanza el dictámen del abogado de la UE, estos dos afectados, que están representados por Asufin, admiten que “es muy pronto para saberlo”, pero tienen claro que las hipotecas que ellos contrataron eran “abusivas”. “Esperemos que la sentencia le dé la razón”, confía Luis Miguel. El Tribunal de Justicia de la UE, cuyas resoluciones suelen coincidir con las del abogado general, se pronunciará en unos meses, en un fallo que podría cambiar la situación de estas personas.

José María Erauskin, curtido en infinitas batallas por el derecho a la vivienda y la defensa de los afectados por abusos hipotecarios, contesta al teléfono rebosante de alegría tras conocer las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE. “Con independencia de matices, se nos da la razón en todo”, afirma el letrado de Abogados Res, quien junto con Maite Ortiz participó en la vista en Luxemburgo.

¿Qué conclusiones saca del dictamen del abogado general, Maciej Szpunar?

El abogado dice que la cláusula que incluye el IRPH puede ser sometida a control de abusividad porque no es una norma imperativa de nuestro ordenamiento. Es decir, que no es una excepción a la directiva sobre cláusulas abusivas.

Además, dice que no comprende cómo España, un Estado miembro, puede hacer esa alegación ante el Tribunal, cómo puede decir que no se puede someter a control, como si la cláusula del IRPH fuera algo imperativo. Pero no lo es, no es obligada. Por lo tanto, se puede someter la cláusula a un control de abusividad.

¿Cómo diferencia entre el contenido de la cláusula y su trasparencia?

El artículo 4.2 de la directiva no opera en España porque no ha sido traspuesto. Esto es clave.

¿Por qué?

Porque ese artículo, que no opera en España, dice que las cláusulas que afectan al precio, al dinero, no se pueden someter a un control de contenido, sino de trasparencia. Por tanto, que no puedes valorar si esas cláusulas generan desequilibrios, y sólo puedes valorar si están bien recogidas y son transparentes en su escritura.

Una cláusula es abusiva si te obliga a renunciar a derechos, a hacer pagos que no te corresponden, si no hay reciprocidad, si hay una desproporción... Y la transparencia tiene que ver con si se lee fácil, si no está escondida... Una cosa es lo que es la cláusula y otra cómo está recogida.

¿Y si ese artículo no opera en España?

Si el artículo 4.2 no opera, esa excepción no la pueden invocar los jueces: no pueden invocar esta excepción porque no se ha traspuesto. Por lo tanto, cualquier cláusula se puede someter a un control de contenido. Si una cláusula es abusiva, por muy transparente que sea, no deja de ser abusiva.

Si sólo se puede hacer un control de transparencia, este detalle, no tendría trascendencia. Pero, si entramos al contenido, aunque la cláusula esté bien explicada, es nula porque el IRPH tiene falta de reciprocidad.

Si el artículo hubiera estado traspuesto a España, la cláusula sólo se somete a trasparencia. Pero como no es el caso, no basta con que sea trasparente, es que su contenido no puede generar desequilibrios. Y si hay falta de reciprocidad, es nula la cláusula. Por muy claro que me lo escriba, no se puede consentir.

Pero el abogado también entra en la exigencia de trasparencia. 

El abogado dice que al cliente hay que contarle cómo se calcula el índice, para que entienda y pueda valorar. Que es obligatorio poner la definición completa del índice, y que al cliente se le enseñe la evolución del índice para hacer la elección con todos los elementos de juicio para una decisión favorable.

Si me enseñas la evolución de los últimos 15 años no lo cogería. ¿Por qué la gente tiene IRPH? Porque se le ocultó esta información, porque no es casualidad, sino por la forma de determinarse siempre estará por encima del euribor.

¿Y qué consecuencias puede tener esto?

Es una pregunta que no responde el abogado. Qué consecuencias tiene. Ahí no ha respondido. Porque el tribunal entiende que las consecuencias son obvias. Sobre los efectos de las cláusulas abusivas, ya está escrito que, por el principio de no vinculación, me tienes que devolver todo.

Pero como no lo dice expresamente, el Supremo podría decir que se puede sustituir por otro o cualquier otra cosa. El abogado general no se ha pronunciado y hay que esperar a la decisión del TJUE, que tiene fuerza de ley.

El abogado general de la UE, Maciej Szpunar, ha publicado este martes su dictamen sobre el uso del índice IRPH, que referenciaba el precio de los préstamos hipotecarios. Cerca de un millón de hogares están pendientes de las conclusiones del letrado, que aunque no son vinculantes, a menudo coinciden con el resultado de la sentencia en el TJUE, prevista para dentro de unos meses.

De acuerdo con el criterio del abogado, que no es vinculante, el IRPH puede someterse a control judicial por ser “poco transparente y complejo”. 

En sus conclusiones presentadas este martes, el abogado general polaco, Szpunar, propone al Tribunal de Justicia que, en su futura sentencia, declare, en primer lugar, que una cláusula contractual pactada entre un consumidor y un profesional, como la controvertida, que fija un tipo de interés tomando como valor de referencia uno de los seis índices de referencia oficiales legales que pueden ser aplicados por las entidades de crédito a los préstamos hipotecarios con tipo de interés variable, no está excluida del ámbito de aplicación de la directiva europea sobre cláusulas abusivas. Es decir, que puede someterse a control judicial: el abogado general considera que la cláusula controvertida, por su carácter potencialmente abusivo, puede ser objeto de un control jurisdiccional.

Por último, el abogado general, informa el Tribunal, precisa en su dictamen los requisitos que debe reunir la información que el profesional debe facilitar al consumidor para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula contractual que fija un tipo de interés tomando como valor de referencia un índice de referencia legal como el IRPH Cajas, cuya fórmula matemática de cálculo resulta compleja y poco transparente para un consumidor medio.

Así, el abogado considera que esta información debe, por una parte, ser suficiente para que el consumidor pueda tomar una decisión prudente y con pleno conocimiento de causa en lo que se refiere al método de cálculo del tipo de interés aplicable al contrato de préstamo hipotecario y a los elementos que lo componen, especificando no sólo la definición completa del índice de referencia empleado por este método de cálculo, sino también las disposiciones de la normativa nacional pertinentes que determinan dicho índice, y por otra parte, referirse a la evolución en el pasado del índice de referencia escogido.

Al efectuar el control de la transparencia de la cláusula controvertida, el juez nacional debe comprobar, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, por una parte, si éste exponía de manera transparente el método de cálculo del tipo de interés, de manera que el consumidor estuviera en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que del mismo se derivaban para él y, por otra parte, si el citado contrato cumplía con todas las obligaciones de información previstas en la normativa nacional.

El IRPH es un índice de referencia para los préstamos hipotecarios que se utilizó en España hasta 2013. Consistía, a rasgos generales, en una media de los tipos de interés que se aplicaban en España y que publicaba el Banco de España. En un comienzo, con un euribor que no dejaba de subir, se planteó como una alternativa menos volátil y expuesta a rápidas subidas. Sin embargo, el índice de referencia comunitario empezó a caer (ahora está en negativo) y el IRPH quedó como la alternativa cara. 

Es este hecho, junto a las críticas por falta de transparencia en los contratos, lo que llevó a una lucha por parte de distintas organizaciones y consumidores que veían cómo estaban pagando más pese a que los tipos de interés no dejaban de caer. Aunque el Supremo avaló su uso en 2017 con dos votos particulares en contra, se presentó una cuestión prejudicial que es la que juzga el Tribunal de Justicia de la UE y sobre la que ha declarado este martes el abogado general. 

La vista oral se celebró el pasado 25 de febrero en Luxemburgo, y la publicación del informe del abogado general es el último paso antes de dictarse la sentencia, que se espera para finales de 2019 o principios de 2020.

Se calcula que hay en torno a un millón de hipotecas en España con este índice que llevarían años pagando de más. Según una estimación de la plataforma Asufin, un cliente con una hipoteca de 200.000 euros habría abonado de media 165 euros más al mes desde 2004 por contar con el IRPH en lugar del euribor. En la organización de consumidores Adicae se estima que son unos 20.000 euros pagados de más de media en una hipoteca.

Los datos actuales muestran la gran diferencia. El euribor en agosto estaba en el -0,356% más el diferencial que aplique el banco, mientras que el IRPH se encuentra en el 1,836%, según el dato de julio recogido por Banco de España.

Muy atentos estarán también los bancos españoles. CaixaBank es la empresa más expuesta, al haber reconocido 6.400 millones de euros en hipotecas ligadas a este tipo de interés. Le siguen Banco Santander, con 4.300 millones, BBVA, con 3.100 millones, y Bankia, con 1.600 millones. Sabadell, según un informe de RBS, contaría con 800 millones en este tipo de préstamos y Bankinter no tendría exposición a esta sentencia, al no haber comercializado estos créditos. Respecto a las entidades medianas, Kutxabank cuenta con 727 millones, Liberbank con 209 millones (de los que 99,5 millones están en hipotecas de los propios empleados), Unicaja tiene 200 millones e Ibercaja, 50 millones. En total, más de 17.000 millones de euros en hipotecas referenciadas al IRPH.

Más difícil de calcular es el impacto que tendría sobre sus cuentas una sentencia contraria a sus intereses, puesto que habría que tener en cuenta aspectos como qué retroactividad se pueda plantear.

Por ello, las cifras que los analistas han puesto sobre la mesa son horquillas amplias. Por ejemplo, Goldman Sachs calculó que tendría un impacto de entre 7.000 y 44.000 millones. Otras firmas de análisis han sido más conservadoras, fijando el posible impacto entre 3.000 y 7.000 millones, como el pronóstico de Morgan Stanley, o UBS, que lo sitúa en los 4.990 millones.

Lo que el TJUE juzga es si este tipo de cláusulas se aplicaron en los contratos con o sin la transparencia necesaria y si los clientes eran conscientes y conocedores del impacto que tenía contar con uno u otro índice de referencia. 

Los consumidores llegan ya con un respaldo institucional antes del dictamen del abogado y la sentencia. La Comisión Europea publicó un informe el año pasado en el que pedía al TJUE que dictaminase en contra del sistema por el que se aplicaba el IRPH al entender que la transparencia no era la debida. 

El abogado general, Szpunar, eEn 2018 emitió unas conclusiones en otro caso que afectaba al sector bancario y a los contratos hipotecarios en España: las cláusulas de vencimiento anticipado. Se declaró favorable a que se considerase abusivo que se pudiera desahuciar a un cliente por el impago de una única cuota. Esto acabó incluyéndose en la última ley hipotecaria, aprobada ya con el PSOE en el Gobierno.

Si Szpunar apoya las tesis planteadas por la Comisión Europea y la sentencia sigue su dictamen, la banca española se vería con la enésima enmienda judicial a sus contratos hipotecarios. El IRPH podría suponer un nuevo quebradero para los bancos en los juzgados, como lo fueron las cláusulas suelo. Otras cuestiones judicializadas que ponen en duda las prácticas hipotecarias han sido las cláusulas de vencimiento anticipado, los intereses de demora, las hipotecas multidivisa o el reparto de los gastos hipotecarios.

Día importante para bancos y consumidores. El abogado general de la UE, Maciej Szpunar, ha publicado este martes su dictamen sobre el uso del índice IRPH, que referenciaba el precio de los préstamos hipotecarios en el que señala que debe someterse a control judicial por ser “poco transparente y complejo”. Cerca de un millón de hogares estaban pendientes de las conclusiones del letrado, que aunque no son vinculantes, suelen coincidir con el resultado de la sentencia en el TJUE, prevista para dentro de unos meses.

El IRPH es un índice de referencia para los préstamos hipotecarios que se utilizó en España hasta 2013. Consistía, a rasgos generales, en una media de los tipos de interés que se aplicaban en España y que publicaba el Banco de España. En un comienzo, con un euribor que no dejaba de subir, se planteó como una alternativa menos volátil y expuesta a rápidas subidas. Sin embargo, el índice de referencia comunitario empezó a caer (ahora está en negativo) y el IRPH quedó como la alternativa cara. 

Es este hecho, junto a las críticas por falta de transparencia en los contratos, lo que llevó a una lucha por parte de distintas organizaciones y consumidores que veían cómo estaban pagando más pese a que los tipos de interés no dejaban de caer. Aunque el Supremo avaló su uso en 2017, se presentó una cuestión prejudicial que es la que juzga el Tribunal de Justicia de la UE y sobre la que declarará este martes el abogado general. 

La vista oral se celebró el pasado 25 de febrero en Luxemburgo, y la publicación del informe del abogado general es el último paso antes de dictarse la sentencia, que se espera para finales de 2019 o principios de 2020.

Se estima que hay en torno a un millón de hipotecas en España con este índice que llevarían años pagando de más. Según una estimación de la plataforma Asufin, un cliente con una hipoteca de 200.000 euros habría abonado de media 165 euros más al mes desde 2004 por contar con el IRPH en lugar del euribor. En la organización de consumidores Adicae se estima que son unos 20.000 euros pagados de más de media en una hipoteca.

Los datos actuales muestran la gran diferencia. El euribor en agosto estaba en el -0,356% más el diferencial que aplique el banco, mientras que el IRPH se encuentra en el 1,836%, según el dato de julio recogido por Banco de España.

17.000 millones de euros

Muy atentos estarán también los bancos españoles. CaixaBank es la empresa más expuesta, al haber reconocido 6.400 millones de euros en hipotecas ligadas a este tipo de interés. Le siguen Banco Santander, con 4.300 millones, BBVA, con 3.100 millones, y Bankia, con 1.600 millones. Sabadell, según un informe de RBS, contaría con 800 millones en este tipo de préstamos y Bankinter no tendría exposición a esta sentencia, al no haber comercializado estos créditos. Respecto a las entidades medianas, Kutxabank cuenta con 727 millones, Liberbank con 209 millones (de los que 99,5 millones están en hipotecas de los propios empleados), Unicaja tiene 200 millones e Ibercaja, 50 millones. En total, más de 17.000 millones de euros en hipotecas referenciadas al IRPH.

Más difícil de calcular es el impacto que tendría sobre sus cuentas una sentencia contraria a sus intereses, puesto que habría que tener en cuenta aspectos como qué retroactividad se pueda plantear. Por ello, las cifras que los analistas han puesto sobre la mesa son horquillas amplias. Por ejemplo, Goldman Sachs calculó que tendría un impacto de entre 7.000 y 44.000 millones. Otras firmas de análisis han sido más conservadoras, fijando el posible impacto entre 3.000 y 7.000 millones, como el pronóstico de Morgan Stanley, o UBS, que lo sitúa en los 4.990 millones.

Lo que el TJUE juzga es si este tipo de cláusulas se aplicaron en los contratos con o sin la transparencia necesaria y si los clientes eran conscientes y conocedores del impacto que tenía contar con uno u otro índice de referencia. Desde Adicae se critica que se vendió como algo beneficioso para los consumidores y se ha demostrado que no lo fue.

Los consumidores llegan ya con un respaldo institucional antes del dictamen del abogado y la sentencia. La Comisión Europea publicó un informe el año pasado en el que pedía al TJUE que dictaminase en contra del sistema por el que se aplicaba el IRPH al entender que la transparencia no era la debida. 

El abogado que debe publicar este martes el dictamen, Szpunar, es ya conocido por el sector y las organizaciones de consumidores. En 2018 emitió unas conclusiones en otro caso que afectaba al sector bancario y a los contratos hipotecarios en España: las cláusulas de vencimiento anticipado. Se declaró favorable a que se considerase abusivo que se pudiera desahuciar a un cliente por el impago de una única cuota. Esto acabó incluyéndose en la última ley hipotecaria, aprobada ya con el PSOE en el Gobierno.

Si Szpunar apoya las tesis planteadas por la Comisión Europea y la sentencia sigue su dictamen, la banca española se vería con la enésima enmienda judicial a sus contratos hipotecarios. El IRPH podría suponer un nuevo quebradero para los bancos en los juzgados, como lo fueron las cláusulas suelo. Otras cuestiones judicializadas que ponen en duda las prácticas hipotecarias han sido las cláusulas de vencimiento anticipado, los intereses de demora, las hipotecas multidivisa o el reparto de los gastos hipotecarios.

Euríbor es una de las palabras de jerga bancaria más conocidas por cualquier usuario con hipoteca. Su pago mensual depende de la evolución de este índice europeo y rige el interés que tendrá que pagar. Pero no es el único. Menos conocido es el IRPH (Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios), pero que puede provocar un nuevo quebradero de cabeza judicial para los bancos. Y así lo han reconocido varias entidades en documentación oficial a los reguladores del mercado.

El índice consiste en una media de los tipos de interés para préstamos hipotecarios de los últimos tres años y lo publica el Banco de España. En un comienzo se planteó como un sistema más estable, al tener menos fluctuaciones que el euríbor, sobre todo cuando éste estaba en niveles altos. Sin embargo, con el paso del tiempo se le ha considerado más caro que si estuviera referido al índice comunitario. Por ejemplo, según las estadísticas que publica el Banco de España, en junio el IRPH era de 2,041% y el euríbor del -0,19%. Pero lo que se juzga en concreto es si se aplicó a los contratos de forma transparente y con la comprensión por parte del consumidor.

Aunque en 2017 tuvo el aval del Tribunal Supremo, hay una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estudiará la validez o no del uso del IRPH. El Abogado general, Maciej Szpunar, dará en septiembre sus conclusiones sobre el caso que, aunque no son vinculantes, suelen coincidir con la sentencia final del tribunal, que todavía se retrasará unos meses.

En total, en torno a un millón de préstamos dependen en los próximos meses de lo que concluya el TJUE. Y los bancos lo contemplan ya como un riesgo lo suficientemente relevante como para incluirlo en sus folletos continuados, un documento depositado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que van actualizando. Tres de las mayores entidades de España así lo han hecho: BBVA, CaixaBank –que también incluye una advertencia en sus resultados del primer semestre– y Bankia. Un cuarto, Banco Santander, informó a la SEC, el equivalente al regulador del mercado en EE UU. Sabadell no lo ha publicado en estos informes pero sí lo ha tratado con analistas.

CaixaBank es la empresa más expuesta, al haber reconocido 6.400 millones de euros en hipotecas ligadas a este tipo de interés. Le siguen Banco Santander, con 4.300 millones, BBVA, con 3.100 millones, y Bankia, con 1.600 millones. Sabadell, según un informe de RBS, contaría con 800 millones en este tipo de préstamos y Bankinter no tendría exposición a esta sentencia, al no haber comercializado estos créditos. En total, más de 16.000 millones de euros en hipotecas referenciadas al IRPH.

Una sentencia contraria a los bancos podría abrir una situación que recuerde a la vivida hace unos años con las cláusulas suelo, otra herramienta utilizada en los contratos hipotecarios con intereses variables que fijaban un límite a la baja. Además, se sumaría a otros varapalos judiciales contra la banca española. De hecho, el abogado general que lleva este caso es el mismo que ya dictaminó sobre la abusividad de algunas cláusulas de vencimiento anticipado, aquellas que incluso con un único impago llevaban a la ejecución de un desahucio.

La Comisión Europea ya solicitó el pasado año en un informe al TJUE que dictaminase que el IRPH fuera anulado por falta de transparencia. Además, este mismo organismo publicó a principios de julio su informe sobre España de seguimiento tras el rescate financiero. En él figura una llamada de atención sobre el riesgo de que los bancos españoles tengan que afrontar una sentencia adversa sobre el IRPH. “Podría afectar a la rentabilidad de algunos de estos bancos”, apunta.

Pese a este contexto, Bankia y CaixaBank defienden en sus documentos al mercado que la probabilidad de que la sentencia sea contraria es “baja”. Para concluir esto, argumentan que al existir el TAE, el indicador del precio de un préstamo, o que se trate de un índice público limitan la falta de transparencia que se le pueda achacar. Así, las entidades confían en que se siga la sentencia del Supremo que sí avaló este instrumento. 

De no hacerlo, aseguran los bancos en sus distintos documentos que es “difícil” valorar el impacto, puesto que habría que ver por qué índice se sustituye y qué retroactividad se le aplica. Una estimación que se ha utilizado al hablar de este asunto fue la realizada por Goldman Sachs, que pronosticó una amplia horquilla de entre 7.000 y 44.000 millones de euros. Otras firmas de análisis han sido más conservadoras, fijando el posible impacto entre 3.000 y 7.000 millones, como el pronóstico de Morgan Stanley, o UBS, que lo sitúa en los 4.990 millones.

Aunque en el sector se plantea que son una pequeña parte de las hipotecas que están vivas actualmente, las cifras pronostican un importante impacto para las entidades financieras. Especialmente en un contexto en el que la rentabilidad y los resultados del sector no están en su mejor momento. Así se muestra en los resultados del primer semestre, con una caída del beneficio del 11% y unos ingresos congelados. 

Una media de 20.000 euros pagados de más

El presidente de la asociación de consumidores Adicae, Manuel Pardos, estima que la cifra de afectados puede llegar a 1,4 millones y una media de 20.000 euros por cada hipoteca pagados de más. “No sabemos el dato concreto porque los bancos no lo han dado”, asegura. Pardos defiende que se “engañó” a los clientes cuando se les dijo que con el IRPH se “limitaría las subidas”. “Es lo que decían también con las cláusulas suelo”, ha subrayado.

Aunque celebra que la Comisión Europea les haya dado la razón, considera “difícil” de pronosticar el resultado de la sentencia del TJUE. Según aventura, puede ser que busque una vía en la que se estudie “caso a caso” para “evitar las acciones colectivas”. Además, apunta que en los últimos dos años desde que el caso llegó a la justicia europea, los bancos han estado negociando “individualmente” con los consumidores cambios en sus contratos, por lo que puede que el número final de afectados sea algo inferior.

En definitiva, de confirmarse una sentencia contraria a la banca y favorable a los consumidores, sería un nuevo castigo al negocio principal del sector, el hipotecario, añadiendo un punto más a la preocupación sobre la reputación de las entidades financieras. Se uniría a otros reveses como los impuestos, los gastos hipotecarios, los vencimientos anticipados, las cláusulas suelo o los intereses de demora, todos ya sentenciados o judicializados.

El secretario de Estado para la UE, Marco Aguiriano, ha protagonizado en twiter una polémica con personas afectadas por el índice hipotecario IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) que le afeaban la posición del Gobierno de España en el juicio europeo sobre el índice de referencia hipotecario IRPH. Durante el cruce de mensajes, el secretario de estado ha llegado a tildar de “especuladores” a los afectados por el IRPH. Finalmente, ha optado por borrar los tuits y disculparse. La secretaría que dirige es la responsable de la abogacía del estado para la UE, que el lunes en Luxemburgo defendió los intereses de la banca en el juicio al IRPH ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El IRPH son índices totalmente faltos de transparencia en su cálculo, que además son manipulables por las entidades bancarias. Hay más de 1,3 millones de familias afectadas en España. El IRPH creció muy por encima del euríbor, por lo que muchos afectados pagan hasta 300 euros más cada mes por su hipoteca. Un revés judicial para la banca española podría ponerle contra las cuerdas.

Aguiriano publicó cuatro tuits en la madrugada del jueves al viernes. En uno de ellos, Aguiriano se burla de las faltas de ortografía de la persona afectada, y en otro se ríe del usuario porque sólo tiene 48 seguidores. Entrando al tema del IRPH, acusa a los afectados de especular con hipotecas baratas y de protestar cuando dicha especulación les perjudica. Les acusa de creerse “muy listos” y compara su caso con el del Fórum Filatélico. “Apostasteis, no era obligatorio y perdisteis”.

Los tuits están borrados y ya no son accesibles, pero los usuarios han difundido capturas de pantalla de sus mensajes, como este que reproduce la agencia Europa Press.

En otro de ellos, respondía a las críticas por la posición del Gobierno español afirmando que él está “perdiendo 7.000 euros al mes por convicción” para defender a los españoles. “No es fácil pero se intenta, ¿quién es el miserable?”, proseguía el mensaje.

Para la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa (impulsora del juicio contra el IRPH), el secretario de estado “debe dimitir o ser destituido. Sus tuits muestran lo que realmente piensa y su única disculpa parece ser que no quería hacerlos públicos sino enviarlos por mensaje directo a los afectados que le han interpelado”.

¿Tiene usted su hipoteca referenciada a los índices IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) y, por lo tanto, está pagando hasta 300 euros más cada mes por su hipoteca? Pues sepa que su calvario puede estar llegando a su final. El lunes 25 de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra una vista oral que servirá para decidir posteriormente la suerte de este índice hipotecario, que ha conducido directamente al desahucio a numerosas familias que no han podido hacer frente a sus incrementos descontrolados. O mejor dicho, muy bien controlados por las entidades financieras que lo aplicaron de manera indiscriminada a todo tipo de viviendas. La crisis sacó a la luz lo dañino que era para los hipotecados, cuando descubrieron que mientras las hipotecas referenciadas al euríbor bajaban y bajaban, las suyas no.

Esta es la historia y los principales hitos de la batalla contra el IRPH, que ha liderado en España la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa. Sus abogados José María Erauskin y Maite Ortiz consiguieron la primera victoria judicial en una demanda por abusividad de IRPH y ahora se enfrentan a la batalla final.

1-¿Qué es el IRPH?

Se trata de índices totalmente faltos de transparencia en su cálculo, que además son manipulables por las entidades bancarias. Es el segundo índice más empleado para las hipotecas tras el euríbor. El índice se calcula con los datos que las entidades remiten al Banco de España referentes al precio medio de los préstamos hipotecarios concedidos, que también incluyen comisiones y gastos para el cálculo.

2-¿Cuántos afectados hay?

Los cálculos de IRPH Stop Gipuzkoa son de que hay más de 1,3 millones de familias afectadas en España. El IRPH creció muy por encima del euríbor, por lo que muchos afectados pagan hasta 300 euros más cada mes por su hipoteca.

3-¿Cómo comienza la disputa judicial?

La plataforma IRPH Stop Gipuzkoa consiguió la primera victoria judicial en una demanda por abusividad de IRPH. La sentencia lleva fecha de 29 de abril de 2014 y fue dictada por el Juzgado de lo Mercantil Nº1 de San Sebastián. Posteriormente la plataforma consiguió más de 30 sentencias análogas, y más tarde llegaron las primeras victorias fuera de Gipuzkoa.

4-El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo revocó en diciembre de 2017 una sentencia de nulidad de IRPH avalada por la Audiencia Provincial de Álava. El Supremo validó, por lo tanto el IRPH, asegurando que no hay necesidad de transparencia en su incorporación al contrato. Pero la sentencia incluía un voto particular de dos magistrados discrepantes que entendieron que el fallo era contrario al derecho europeo. Ese voto particular abrió la puerta a Europa.

5-El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal Europeo admitió a trámite una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona y la Gran Sala tratará el tema en una vista oral fijada para el 25 de febrero. Tras las vista, llegarán las conclusiones del abogado general, y más tarde la sentencia. La respuesta será vinculante.

6-Postura de la Comisión Europea

La Comisión Europea se ha personado en el caso y ha presentado un escrito de observaciones en el que discrepa del criterio del Tribunal Supremo Español y se alinea con el voto particular.

7-Gobierno de España

Por el contrario, el Estado español se ha alineado con los intereses de la banca.

8-Impacto económico de la nulidad del IRPH

La nulidad de IRPH debería ser retroactiva, y beneficiaría a los titulares de todas las hipotecas que en algún momento han estado referenciadas al IRPH en cualquiera de sus variedades.

El impacto económico que la nulidad del IRPH tendría en las cuentas de la banca ha sido estimado por algunas entidades de inversión entre 7.000 y 44.000 millones de euros.

Lunes, 25 de febrero de 2019. La fecha está marcada en rojo en los calendarios de los afectados por el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarias (IRPH), una fórmula utilizada por los bancos, principalmente en los años previos a la crisis, como una alternativa al Euribor que ha aprisionado a más de 1,3 millones de familias en toda España, 50.200 en Canarias, con cuotas mensuales hasta 300 euros más caras que las vinculadas al tipo de referencia más común.

Ese día se celebrará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la vista oral en la que se dilucidará si este índice puede ser catalogado como abusivo en caso de que los jueces nacionales estimen que ha habido opacidad en su comercialización, como sostiene la Comisión Europea, o si se trata de un indicador oficial, supervisado por el Banco de España, transparente y, por lo tanto, válido, como defendió el Tribunal Supremo en la polémica sentencia dictada a finales de 2017 con el voto discrepante de dos magistrados de la sala.

La proximidad de esta fecha ha llevado a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a cambiar el criterio que ha mantenido hasta ahora y a suspender los procedimientos abiertos por reclamaciones sobre el IRPH, siguiendo el ejemplo, aunque con meses de diferencia, del órgano homólogo en Las Palmas, que aplazó todos los pleitos el pasado 28 de septiembre, nada más conocer el informe de la Comisión Europea favorable a la tesis de los consumidores.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife dictó el pasado viernes, 15 de febrero, una providencia que estima la pretensión del abogado Pedro Revilla y suspende la deliberación, votación y fallo de un procedimiento hasta que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona para resolver las discrepancias manifestadas en los últimos años por los jueces nacionales. Se da la circunstancia de que tan solo diez días antes esa sección había desestimado idéntica solicitud cursada en otro procedimiento sobre IRPH por el mismo letrado, que considera este cambio “una gran noticia”.

Los abogados que defienden a los consumidores entienden que, en este momento, una resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife puede ocasionar un importante perjuicio a sus clientes, máxime si el TJUE se pronuncia en similares términos que la Comisión Europea, puesto que generaría los efectos de “cosa juzgada”. Y es que, hasta la fecha, el órgano provincial se ha alineado con los argumentos de la banca, en consonancia con la mencionada sentencia del Supremo, posteriormente cuestionada por Bruselas, que avala la transparencia del índice. Una resolución desfavorable para los afectados les obligaría, en caso de querer recurrir, a acudir al Tribunal Supremo, lo que les acarrearía, además, un elevado coste económico.

En resoluciones dictadas con posterioridad al informe de la Comisión Europea, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha seguido dando por buenos los argumentos del Supremo, esto es, que la cláusula IRPH se refiere al “objeto principal del contrato” de préstamo hipotecario, que fija su carácter remuneratorio y que, por lo tanto, queda excluida de la exigencia del plus de transparencia que establece la legislación sobre protección a los consumidores, con el único requisito de que su redacción en el contrato sea clara y comprensible.

El mencionado informe de la Comisión Europea ha supuesto, en cambio, un triunfo parcial para los afectados y las asociaciones de consumidores, puesto que sostiene que la cláusula se puede eliminar de las hipotecas siempre que quede demostrado que su comercialización no ha sido transparente. Además, deja abierta la posibilidad de que esos préstamos se puedan quedar sin intereses, como reclaman abogados y asociaciones de consumidores y como ha resuelto la mayoría de los jueces que se rebelaron contra la sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2017.

Las dos audiencias provinciales de Canarias mantienen criterios dispares en los pleitos en los que se dirime el carácter abusivo de las cláusulas de las hipotecas que vinculan los créditos al denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), un indicador que, en la práctica, ha encarecido las cuotas de más de 50.000 familias en todo el Archipiélago. A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fije una posición definitiva que acabe por fin con las discrepancias manifestadas en los juzgados españoles, la Audiencia de Las Palmas decidió a mediados de septiembre suspender todos los procedimientos abiertos hasta que se conozca el fallo de la institución comunitaria, ya que, a partir de ese momento, esa doctrina será de aplicación obligatoria por parte de los jueces nacionales.

No han corrido la misma suerte, sin embargo, los demandantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuya Audiencia sigue resolviendo recursos de procedimientos sobre IRPH con una tesis que se aleja de la que defienden abogados especializados en abusos bancarios, asociaciones de consumidores y la propia Comisión Europea (CE), que el pasado 17 de septiembre emitió, en el marco de una cuestión de prejudicialidad elevada por un juez de Barcelona para resolver las divergencias planteadas, un informe que ha dado esperanza a los afectados. Este informe sostiene que la cláusula IRPH se puede eliminar de los contratos siempre que se constate que no ha habido transparencia en su comercialización.

La posición de la Comisión Europea choca frontalmente con la que ha defendido el Tribunal Supremo desde que, en diciembre de 2017, dictara la conocida sentencia que negaba el carácter abusivo y opaco de las cláusulas IRPH. Un fallo que ha servido de base a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife para resolver a favor de la banca y en contra de los intereses de los consumidores en sucesivas resoluciones durante el último año.

La última sentencia conocida sobre IRPH en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife fue dictada, precisamente, el 19 de septiembre, dos días después de que la Comisión Europea emitiera su informe y la misma fecha en la que trascendió su contenido a los medios de comunicación. Ese pronunciamiento de la Sección Cuarta incide, con argumentos idénticos, en otras resoluciones anteriores del mismo órgano para revocar el fallo de instancia, que daba la razón a los demandantes, María José y Rafael, una pareja del municipio de La Victoria de Acentejo que, tras pagar más de 80.000 euros desde que firmaran, en 2003, un crédito hipotecario de 128.000 euros con CajaCanarias (después integrada en Banca Cívica y en Caixabank), solo habían amortizado 30.000 de capital, ya que solo en intereses habían abonado durante ese periodo cerca de 50.000 euros.

Esa resolución de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, al igual que los pronunciamientos anteriores, remarca que la cláusula IRPH se refiere al “objeto principal del contrato”, puesto que establece “el carácter remuneratorio del préstamo”, y que, por ello, queda excluida del plus de transparencia exigido en la legislación sobre protección a los consumidores, con la única salvedad de que debe estar redactada de manera clara y comprensible.

El IRPH calcula la media de los intereses aplicados por las entidades financieras en las hipotecas concedidas a más de tres años, con comisiones incluidas. El Euribor, en cambio, se establece a partir de los tipos de interés a los que se prestan dinero entre sí los bancos. Una de las diferencias fundamentales entre ambos indicadores es que en el IRPH la media no es ponderada, es decir, todas las entidades tienen el mismo peso con independencia del volumen de préstamos que comercialicen, una circunstancia que, en opinión de Juan Etxeberria Murgiondo, catedrático de Estadística Aplicada en la Universidad del País Vasco, les confiere capacidad para “incidir, influir, manipular y condicionar” el resultado final.

Aunque las hipotecas referenciadas al IRPH suelen tener un diferencial más bajo, este índice ha cotizado en torno a los dos puntos por encima del Euribor, lo que se ha traducido en los últimos años en incrementos de cuotas de entre 200 y 300 euros al mes.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, siguiendo la doctrina fijada por el Supremo a finales de 2017, ahora cuestionada por la Comisión Europea, continúa defendiendo que, al tratarse de un índice oficial, supervisado por el Banco de España y publicado periódicamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se aleja de cualquier sospecha de manipulabilidad. El tribunal provincial sostiene que la mera inclusión del IRPH en los contratos no es abusiva ni implica falta de transparencia.

La sentencia revocada, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de La Orotava, mantenía que la entidad financiera no había explicado suficientemente el funcionamiento de la cláusula a unos usuarios no expertos en productos bancarios. El fallo añadía que CajaCanarias (ahora Caixabank) no les ofreció ninguna simulación de escenarios ni una comparación con el resto de índices de referencia de los préstamos hipotecarios. Esta argumentación coincide con la expuesta por los dos magistrados del Supremo que emitieron un voto discrepante al sentir mayoritario de la Sala en la resolución de diciembre de 2017, al entender que es primordial conocer si cuando el banco ofrecía este tipo de hipotecas explicaba el significado del IRPH y daba a elegir, o no, entre varios indicadores.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife sostiene, en cambio, que esas cuestiones “no son determinantes”, que el significado del IRPH aparece explicado en la cláusula “de forma razonable” y que su fórmula de cálculo, con independencia de la evolución que ha experimentado el índice, es “más sencillo” que el Euribor. “Los índices no son cuestionables salvo que haya sospecha de manipulación”, concluye el tribunal provincial.

Alegaciones y un 'copia y pega'

Frente a esta sentencia, el abogado de los afectados, Andrés Roda, presentó el 1 de octubre un escrito de corrección/aclaración en el que, además de alegar que la entidad financiera no había argumentado “de ninguna manera” la existencia de transparencia en la comercialización de la cláusula IRPH, pedía la suspensión de la tramitación del procedimiento para evitar causar “un daño irreparable a aquellas personas que no puedan acudir en (recurso de) casación ante el Supremo”. Máxime cuando, a raíz del informe de la Comisión Europea, “todo apunta a que el TJUE declare que es necesario que los profesionales expliquen al consumidor cómo se configura el tipo de referencia, su evolución hasta la firma del contrato y sus previsiones futuras”.

En el auto de contestación, emitido el 19 de noviembre, la Audiencia rechaza las pretensiones de los afectados y aduce, para ello, las mismas razones que en la sentencia dictada dos meses antes, esto es, acude de nuevo al criterio fijado por el Supremo.

Se da la circunstancia de que en la sentencia mencionada, el tribunal provincial alude al “testimonio de un empleado de la entidad”, cuando en la vista no se practicó ninguna prueba testifical. Al ser cuestionada por el abogado demandante sobre esta incongruencia, que atribuye a un corta y pega de sentencias anteriores, la Audiencia defiende que se trata de una “referencia genérica a las posibles formas de manifestarse la información que el banco ofrece al cliente”.

Al igual que ocurriera con las cláusulas suelo, el futuro judicial del IRPH está ligado a Europa. De momento, la Comisión Europea se ha pronunciado a favor de las tesis de los consumidores, pero la decisión definitiva compete al Tribunal de Justicia de la UE, previo informe del Abogado General. El Gobierno de España, por su parte, ha defendido abiertamente los intereses de la banca en esta batalla, al remitir al tribunal europeo una serie de observaciones para demostrar que hubo “buena fe” por parte de las entidades.