Enredo procesal previo al juicio que afronta el próximo martes el humorista Jair Domínguez, por una intervención radiofónica contra la extrema derecha. La Audiencia de Barcelona ha ordenado la detención del cómico para entregarle formalmente la citación para la vista oral que se celebra el próximo martes después de que todos los intentos para lograrlo hayan sido infructuosos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Barcelona ha ordenado la localización de Domínguez por parte de las fuerzas de seguridad después de constatar que el acusado se encuentra “en ignorado paradero” y que no ha sido posible entregarle la citación para la vista.

La resolución destaca que la oficina judicial y los Mossos d'Esquadra han realizado “diversos avisos telefónicos” al propio Domínguez y a su abogado, sin obtener respuesta. Tampoco se ha localizado al humorista en el domicilio que designó durante la fase de instrucción del caso.

De llegar a producirse, la eventual detención se limitaría tan solo a que los agentes llevasen a Domínguez de su domicilio al juzgado de guardia más próximo a su municipio para entregarle la citación para la vista del próximo martes. Esto es, los jueces no ordenan que Domínguez tenga que comparecer detenido al juicio, sino tan solo entregarle la comunicación oficial del mismo tras no lograrlo por las vías habituales.

En una entrevista a RAC-1 tras decir en X que se encontraba en su casa de Banyoles (Girona), Domínguez no ha mencionado los intentos fallidos para localizarle expresados por el tribunal y ha criticado el lenguaje del auto, pues, a su juicio, “está redactado como si estuviésemos en el siglo XIX”. Además, ha querido dejar claro que comparecerá en la vista del martes: “Iré porque soy una persona ordenada”.

Más allá de la polémica generada previa al juicio, lo que se verá en la sala de vistas el próximo martes es un ejemplo de manual del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

Hasta en dos ocasiones la jueza instructora archivó el caso, al constatar que no había delito en las palabras de Domínguez. Pero la Audiencia de Barcelona revocó ambos archivos al considerar que el discurso del humorista en la radio era una llamada real a la violencia. La Fiscalía no acusa al humorista, que se sienta en el banquillo para hacer frente a la acusación de Vox, que pide dos años de cárcel para él.

El conflicto institucional entre los jueces y el Parlament a cuenta del catalán en la escuela suma un nuevo episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado ejecutar de forma provisional su sentencia que anulaba parcialmente el decreto de la Generalitat del 2024, que blindaba el idioma como lengua vehicular de la escuela catalana.

Todo ello pese a que el Tribunal Constitucional todavía tiene que decidir sobre si la normativa se ajusta a la Constitución, precisamente a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC.

La decisión del TSJC, según la conselleria de Educación, no tiene efectos prácticos en el día a día escolar. Sin embargo, es un nuevo paso que da la Justicia para revertir todos los intentos que, con amplio consenso social y parlamentario, se intentan para blindar el catalán en las aulas desde hace una década.

La sección 5ª de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC es la instancia que, a petición tanto de la Abogacía del Estado bajo gobiernos del PP como de varias entidades contrarias a la inmersión como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha desmontado todos los intentos para garantizar la inmersión lingüística que se han impulsado por parte de distintos ejecutivos catalanes de varios colores políticos.

Los jueces de esta instancia ya acusaron al Govern y al Parlament de pretender “bloquear” tanto la aplicación de la sentencia del 25% como “la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables”. Los togados mantuvieron que los otros dos poderes quieren “negar” el carácter vehicular del castellano en las aulas catalanas y convertir en “imposible” el 25% con la nueva normativa.

La sentencia del TSJC versa sobre el decreto del 2024, aprobado per PSC, Junts, ERC y Comuns. Los jueces anularon una decena de artículos de la normativa, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, de idioma habitual en la actividad docente y administrativa, u otros relativos al uso de lenguas en comunicaciones con familias o materiales didácticos, así como el uso del catalán como lengua de acogida del alumnado recién llegado del extranjero.

De esta manera, según la AEB, quedarían sin efecto los preceptos que sitúan el catalán como única lengua vehicular y que estructuran los proyectos lingüísticos de centro sobre ese principio.

Por su lado, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado el compromiso del Govern de la Generalitat con la lengua catalana y el modelo de la escuela catalana. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el president “pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos que sean necesarios para defender el catalán y el modelo de escuela catalana”.

Desde ERC han pedido “valentía” a Illa y una “respuesta de país” ante el nuevo fallo sobre el catalán, mientras que Junts ha pedido la comparecencia en el Parlament de Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau; y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila para que expliquen “qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana”.

Un exintegrante de los Testigos de Jehová ha admitido que agredió a tres adeptos del grupo religioso cuando se los encontró en un trastero de Barcelona. El acusado ha aceptado seis meses de cárcel, que no cumplirá al carecer de antecedentes si no delinque en dos años, e indemnizar con 500 euros al testigo que abofeteó.

Así se ha solventado el caso en una vista de conformidad celebrada este jueves en la Audiencia de Barcelona. A cambio de admitir los hechos, el acusado ha visto rebajada su pena (de dos años solicitados por la Fiscalía a seis meses) y se ha suspendido su ingreso en prisión al carecer de antecedentes.

El acusado ha reconocido que el 1 de octubre de 2023 se encontró con tres testigos de Jehová en un trastero de Barcelona y les reconoció porque acudían a dejar sus publicaciones y carteles con los que habitualmente están en la calle.

Cuando los tres le contestaron que eran miembros del grupo, se abalanzó sobre ellos al grito de “hijos de puta, me habéis amargado la vida”, según recoge la sentencia de conformidad.

Además de gritarles, el hombre propinó un puñetazo en la cara a uno de los testigos y “acometió” contra los otros dos sin conseguir alcanzarles, pues el primer agredido se puso en medio y recibió otro manotazo. Durante el ataque, el extestigo espetó repetidamente “hijos de puta”.

Las invectivas siguieron en la calle en una agresión que estuvo motivada por los “sentimientos de rechazo e intolerancia hacia la confesión religiosa” de los Testigos de Jehová, un grupo considerado una secta por varios expertos y algunas sentencias, aunque la organización lo niega.

“El tono buscadamente audible de todas las expresiones, la exposición pública y la progresión del ataque, del verbal al físico, les hirió en su amor propio menoscabando su dignidad”, recoge la sentencia.

El acusado ha sido condenado a seis meses de cárcel por y una multa de 540 euros por un delito de odio, además de abonar una indemnización de 500 euros al testigo que abofeteó. También deberá pagar otra multa de 30 euros por un delito leve de maltrato. Tampoco podrá acercarse ni comunicarse a los tres testigos durante dos años y medio ni ejercer profesiones relacionadas con la enseñanza durante tres años.

La Fiscalía espera que puedan recuperar sus propiedades la mayoría de víctimas de la macroestafa inmobiliaria de Barcelona, una de las mayores de España, consumada por una trama se quedó con más de un centenar de viviendas.

Lo solicitará el lunes en el juicio (que continúa para la parte civil), donde el fiscal Óscar Serrano ha avanzado también pedirá que los acusados indemnicen con el valor actual de mercado en los casos en que las víctimas no puedan recuperar el inmueble porque un tercero lo ha adquirido de buena fe. La Fiscalía se adhiere a las peticiones de las defensas y de las acusaciones particulares para que sean las aseguradoras quienes respondan de estas indemnizaciones.

En un pacto con la Fiscalía y las acusaciones, los miembros de la red se conformaron el lunes con una rebaja sustancial de las penas (inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel). Todavía queda pendiente fijar las indemnizaciones a las víctimas, muchas de las cuales acabaron desahuciadas a raíz del fraude.

El pacto permitió a los acusados rebajar sus penas, y a las víctimas acelerar la devolución de sus casas o el cobro de indemnizaciones, toda vez que, de haberse celebrado todo el juicio, la vista se hubiera alargado varios meses, y luego la sentencia se podría recurrir.

El caso se destapó en 2015, aunque en los últimos años familiares de víctimas, asociaciones, abogados y Fiscalía han advertido sobre los abusos económicos a las personas mayores, y del papel de profesionales como abogados y notarios en ellos. Hay un consenso en que faltan recursos para los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y algunos estamentos judiciales.

Las víctimas no podrán recuperar sus inmuebles ni cobrar las indemnizaciones hasta que haya una sentencia firme, momento en que el tribunal la enviará al Registro de la Propiedad para que anule las escrituras públicas fraudulentas.

La sentencia de conformidad alcanzada este lunes en lo relativo a la parte penal permitirá acelerar el proceso, aunque las indemnizaciones serán más rápidas que la recuperación de los inmuebles porque habrá que dar mandato al Registro de la Propiedad.

Los dos principales investigados del caso (en total había 14 procesados) son un abogado y un notario que aceptaron penas de hasta 4 años y 7 meses de prisión. El abogado Francisco Comitre aceptó una condena de 4 años y 7 meses de prisión, la pena más elevada, por delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El notario Enrique Peña aceptó 3 años y 2 meses de prisión (1 año y 9 meses por estafa agravada y 1 año y 5 meses por blanqueo, lo que previsiblemente haga que evite el ingreso en la cárcel), así como la inhabilitación definitiva para ejercer su profesión.

En su caso no formaba parte del grupo criminal, puesto que lo que se le atribuye con responsabilidad criminal no es un lucro, sino “un incumplimiento ciertamente intenso” de sus deberes notariales, que propiciaron que el grupo criminal pudiese cometer las estafas, según la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que el incumplimiento de Peña fue tan intenso que trascendió la imprudencia porque sabía que estaba ignorando su obligación de revisar las operaciones que autorizaba para evitar la comisión de delitos y que, además, lo hizo de forma masiva.

La familia de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el pasado 24 de julio tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo, todavía no ha podido enterrar su cuerpo más de seis meses después. La razón: la paralización de la causa judicial que investiga su muerte.

Así lo pone de manifiesto la documentación que ha podido consultar elDiario.es. Los escritos que el abogado de la familia, Eduardo Cáliz, registra ante el juzgado de instrucción 4 de Granollers (Barcelona) desde el pasado octubre no se han proveído, según ha denunciado el letrado en reiteradas ocasiones. Tampoco había recibido respuesta en la tarde de este martes.

“La paralización del procedimiento judicial, sin ningún motivo ni justificación, incrementa el dolor y el malestar de la familia”, denuncia Cáliz, que se pregunta si el trato recibido a los familiares del fallecido por parte del sistema judicial sería el mismo “si la víctima hubiera sido una persona no racializada”.

Ante la falta de respuesta del juzgado, la familia ha interpuesto un escrito de queja ante el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) para denunciar la inacción judicial. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde noviembre un nuevo juez está al frente del juzgado.

“Tal y como se están desarrollando tanto la investigación judicial como la policial, no se puede afirmar que el esclarecimiento de esta muerte constituya una prioridad real para las autoridades”, apostilla el abogado.

La defensa ha solicitado al CGPJ “un impulso procesal ante la paralización injustificada del procedimiento”. Antes ya lo había hecho ante el juzgado de instrucción 4 de Granollers, sin recibir respuesta.

Tras realizar la reconstrucción del tiroteo en la comisaría y practicar declaraciones de testigos en octubre, la causa ha entrado en una parálisis. La defensa ha denunciado que hasta cuatro peticiones realizadas desde el 14 de octubre no han sido ni siquiera tramitadas.

La primera solicitud era una ampliación de la autopsia del joven fallecido el 24 de abril para determinar de forma definitiva la causa de la muerte y si la lesión que tenía Mohamadou en la cara al morir era compatible con un golpe de porra recibido por uno de los agentes en comisaría.

El 20 de octubre, la familia pidió otras diligencias de investigación y que el Ayuntamiento de Montornès del Vallès compareciera como responsable civil en la causa. Ante la falta de respuesta, el 2 de diciembre el abogado, nuevamente, requirió nuevos datos de la autopsia.

Al no recibir respuesta, el letrado de la familia ha registrado un nuevo escrito este lunes en el que solicita, de nuevo, al juzgado un “impulso procesal” a la causa “teniendo en cuenta la gravedad de la misma y que los padres no pueden enterrar a su hijo fallecido”.

A la espera de una respuesta judicial, el tiroteo en un recinto cerrado como una comisaría a una persona con un trastorno volvió a reabrir el debate sobre la reacción policial ante personas con problemas graves de salud mental. La familia del fallecido, además, ve racismo en la actuación policial y se pregunta si los agentes hubieran disparado en caso de ser un joven blanco.

La versión policial de lo sucedido fue monolítica: Mohamadou entró cuchillo en mano, accedió, tras un golpe, a la parte privada de la comisaría y blandió el metal ante el agente que estaba en la recepción. Menos de medio minuto después, entraron otros dos agentes que estaban en el coche patrulla. Uno de ellos ya entró con la pistola desenfundada.

Las cámaras de seguridad de la comisaría avalan la primera parte de la versión policial. Se observa que Mohamadou entra en el recinto con un cuchillo de unos 20 centímetros y, a los treinta segundos, a los dos agentes que patrullaban tras aparcar el coche frente a la comisaría.

Sin embargo, no hay vídeo del momento clave porque la cámara no funcionaba desde hacía meses. En un estrecho pasillo, según relataron los agentes, Mohamadou se giró e intentó atacar con el cuchillo a una de las policías que acaba de entrar e intentaba reducirlo con el bastón policial. La respuesta de su compañero fue disparar. Mohamadou falleció y el tercer agente resultó herido de bala, aunque se ha podido recuperar. Todo ocurrió en menos de un minuto.

Los Mossos d'Esquadra concluyeron en pocas semanas que la actuación policial “se produjo en el marco del cumplimiento del deber y en el ejercicio legítimo de su oficio, protegiendo la vida de un individuo y actuando en legítima defensa”.

Los disparos, remarcó la policía catalana, fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”. La familia todavía no ha podido enterrar el cuerpo casi siete meses después.

La mayor estafa inmobiliaria de España se ha cerrado este lunes, por la vía penal, con un pacto. El notario Enrique Peña, el abogado Francisco Comitre y el intermediario David Navarro han admitido que estafaron a más de 100 víctimas, muchas de ellas ancianos, y han visto rebajadas sus penas. Solo Comitre tiene el riesgo de pisar la cárcel al haber sido condenado por delito de estafa a dos años y un mes de prisión.

En un pacto con la Fiscalía y las acusaciones, los miembros de la red se han conformado este lunes con una rebaja sustancial de las penas (inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel). Todavía queda pendiente fijar las indemnizaciones a las víctimas, muchas de las cuales acabaron desahuciadas a raíz del fraude.

El pacto permite a los acusados rebajar sus penas, y a las víctimas acelerar la devolución de sus casas o el cobro de indemnizaciones, toda vez que, de haberse celebrado todo el juicio, la vista se hubiera alargado varios meses, y luego la sentencia se podría recurrir.

El caso se destapó en 2015, aunque en los últimos años familiares de víctimas, asociaciones, abogados y Fiscalía han advertido sobre los abusos económicos a las personas mayores, y del papel de profesionales como abogados y notarios en ellos. Hay un consenso en que faltan recursos para los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y algunos estamentos judiciales.

En conjunto, los catorce integrantes de la trama de macroestafas inmobiliarias liderada por Peña y Comitre han aceptado penas de hasta cuatro años y siete meses de cárcel, tras admitir que entre 2009 y 2015 engañaron a más de un centenar de propietarios para apropiarse de sus viviendas.

La mayor condena es para el principal acusado, el abogado Comitre, quien ha aceptado penas que suman cuatro años y siete meses de cárcel y multa de 7.200 euros por delitos de estafa, blanqueo y organización criminal y será el único de los acusados que deberá ingresar en prisión ya que una de ellas supera los dos años.

Otro de los principales procesados, el notario Peña, se ha conformado con tres años y dos meses de cárcel, aunque podría beneficiarse de una suspensión de ingreso en prisión, además de la prohibición definitiva para ejercer de notario.

Entre los investigados por esta macroestafa inmobiliaria, que engañaba a propietarios con productos financieros como hipotecas inversas, figuraba también Artur Segarra, declarado en rebeldía y que cumple cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado en 2016 a David Bernat, vecino de L'Albi (Lleida).

Acusaciones y defensas del caso han pactado asimismo declarar la nulidad de todas las escrituras firmadas en base a compraventas fraudulentas, lo que abre la puerta a que las víctimas puedan recuperar sus inmuebles, aunque muchas de las propiedades ya han sido adquiridas por terceras personas.

La sala ha acordado que el juicio continúe únicamente para establecer las responsabilidades civiles que corresponden a las víctimas y quién debe hacerse cargo de las indemnizaciones, en un proceso en el que además de la aseguradoras forman parte múltiples sociedades pantalla que los acusados utilizaban para perpetrar los estafas y ocultar los ingresos.

La red, destapada en 2015 por los Mossos d'Esquadra, se dedicaba presuntamente a estafar a personas mayores, sin conocimientos económicos, para quedarse con sus propiedades inmobiliarias, sin abonarles contraprestación económica alguna o, en ciertos casos, pagándoles un importe muy inferior al valor del mercado.

Se trataba de productos financieros de efectos similares al préstamo personal con garantía inmobiliaria, a la hipoteca inversa o al contrato de renta vitalicia con reserva de usufructo vitalicio. De esa forma, contactaron con numerosas personas a las que garantizaron que obtendrían dinero mediante los productos financieros ofertados o a través de préstamos, para que así pudieran hacer frente a sus deudas.

Para elevar esas compraventas fraudulentas a escritura pública, la trama contaba con la colaboración de dos notarios, uno de ellos Peña, además de dos oficiales de notaría de Barcelona y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).

Asimismo, los acusados utilizaron “toda una serie de sociedades instrumentales” para ocultar la identidad de las personas que compraban los inmuebles y dificultar que los estafados pudieran recuperar su propiedad en caso de llegar a descubrir el fraude que habían padecido.

Rebaja sustancial de las condenas a los mossos d'esquadra que agredieron a un joven durante el toque de queda en la pandemia, lo detuvieron de forma ilegal y falsearon un atestado para encubrirse. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reducido de siete a cuatro años de cárcel las penas más altas para dos de los agentes y ha absuelto a un tercero, que había sido condenado a tres años de prisión.

En su sentencia, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC mantiene los hechos probados de la Audiencia de Barcelona sobre una de las actuaciones policiales recientes más desproporcionadas, pero aminora ostensiblemente su reproche penal.

La Audiencia de Barcelona condenó a dos de los agentes a siete años de cárcel (tres por un delito de detención ilegal, otros tres por falsedad documental por el atestado falso y uno por un delito contra la integridad moral); a un tercero, a tres años de cárcel por falsedad documental; y a un cuarto, a un año de cárcel por un delito contra la integridad moral.

Con su rebaja generalizada de penas, el TSJC impone cuatro años de cárcel a los dos agentes condenados a penas más graves; absuelve al tercero y mantiene la pena de un año de cárcel al cuarto. La razón estriba en que donde la Audiencia de Barcelona vio un delito de detención en su modalidad más grave, merecedor de tres años de cárcel, el TSJC lo califica tan solo como leve y lo pasa a castigar con una multa.

Según el TSJC, pese a ser detenido ilegalmente, el joven “fue conducido de forma inmediata a dependencias policiales”, lo que implica que la pena pase de tres años de cárcel a la mínima, una multa de 540 euros. La Sala considera está cantidad “proporcional a la vista de que nos encontramos ante agentes de los Mossos d'Esquadra”.

Por el contrario, la Audiencia de Barcelona había descartado la “brevedad” de la detención para imponer los tres años de cárcel, ya que el joven estuvo toda la noche en comisaría de forma ilegal hasta que fue conducido a la autoridad judicial al mediodía siguiente.

El TSJC, pese a dar la razón a las defensas en cuanto al delito de detención ilegal, mantiene la indemnización de 14.466 euros a la víctima por las lesiones y daños morales que le ocasionaron. También el resto de pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que consideró “innecesaria, excesiva y desproporcionada”, la actuación policial.

Al igual que la sentencia de la Audiencia de Barcelona, afea a los agentes que recurrieran a la fuerza para reducir al joven. “La violencia con la que fue tratado, cuando no era necesaria, lesionó su derecho a la integridad moral”, remarcan los togados, que concluyen que la víctima “fue objeto de abuso policial”.

“Nos encontramos pues ante unos hechos de extrema gravedad en que un ciudadano inocente es falsamente inculpado y tiene suerte de que una vecina graba lo ocurrido”, asevera la sentencia, que descarta anular las imágenes grabadas en vídeo de la agresión por una vecina, tal y como pretendían las defensas. “Si se nos permite, son unas imágenes que hablan por sí solas”, apostilla la Sala.

La víctima no había cometido ningún delito cuando fue detenido, sino que, al contrario, había sido víctima de un bofetón y había sido tirado al suelo por parte del cabo que lideraba el operativo policial en el barrio del Raval de Barcelona durante el toque de queda impuesto por la COVID-19 en 2020. La sentencia del TSJC es recurrible ante el Supremo.

La abogada del centro Irídia, Laura Medina, que ejerce la acusación popular, ha celebrado que el TSJC “mantenga que, para justificar la detención, se consignó un relato no ajustado a la verdad en la minuta policial, así como la afectación a la integridad física y moral del denunciante”, si bien ha lamentado que se haya rebajado la pena por el delito de detención ilegal.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la absolución del hombre que amenazó con “hacer heterosexual a hostias”, entre otras vejaciones homófobas, a un joven durante la celebración del Orgullo LGTBI en Barcelona en 2019. Los magistrados rechazan el recurso de la Fiscalía, que ya ha anunciado que quiere recurrir al Tribunal Supremo para intentar lograr la condena del acusado.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC confirma el razonamiento de la Audiencia de Barcelona que llevó a la absolución de los acusados (el hombre que profirió los insultos y el vigilante de seguridad del restaurante donde se produjeron, por no impedirlos) y descarta que fuera “arbitrario”, tal y como mantenía el Ministerio Público.

Los hechos se remontan al 2019. El joven estaba en el establecimiento que McDonalds tiene en la plaza Universitat, muy cerca de donde el Pride Barcelona celebraba del Orgullo LGTBI, cuando fue increpado por otro cliente. “Te voy a hacer heterosexual a hostias”, le llegó a amenazar el agresor. El vídeo de la agresión se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“A mí que seas marica me da igual”, dijo el acusado, a lo que siguieron varias expresiones homófobas que la Justicia considera censurables en el plano moral, pero no delictivas: “Tápate que das vergüenza ajena y hay niños”; “luego nos escandalizamos a las mujeres que son violadas y matadas por vestir provocativas y tú eres un ejemplo que te puede pasar”; “mejor que lleves un guardaespaldas, porque ahora cuando salgas, te voy a dar tal hostia que la mariconería se te va a quitar (sic)”; “vamos fuera del local que voy a hacerte hetero a hostias, hoy es el día de las hostias, ¿quieres ver cómo te las suelto?”.

Según argumenta el TSJC, la Fiscalía “no ha justificado debidamente la falta de racionalidad” de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que fundamentó la absolución en que el acusado había amenazado e insultado a la víctima por su forma de vestir y no por su orientación sexual. Además, el tribunal recordó que la Fiscalía no había acusado por delito leve de amenazas, por lo que no podía condenar al acusado por este tipo penal.

De esa conclusión discrepaba con contundencia el Ministerio Público, que la consideró “absolutamente arbitraria”, ya que la forma de vestir de la víctima era una forma de expresar su orientación sexual. La distinción entre ambas que hizo la sentencia, ahondó el recurso de la fiscal, resultaba “ajena a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica”. La forma de vestir de la víctima era, precisamente, el reflejo del “móvil discriminatorio” y del delito de odio, según la fiscal. 

Para el TSJC, sin embargo, la discrepancia fiscal con la sentencia inicial no es motivo para corregirla, ya que la Audiencia de Barcelona sí razonó su absolución, al valorar que el acusado dijo en varias ocasiones que le “daba igual” la condición sexual del denunciante y que solo le reprendía “su forma de ir vestido”.

Lo que pretende la Fiscalía, concluye la sección del TSJC que revisa las sentencias, es que los magistrados “reevalúen” las pruebas del juicio, algo que “no resulta posible” en los recursos de apelación, que se deben centrar en si los razonamientos de la Audiencia fueron irracionales o si olvidaron alguna de las pruebas, algo que no se da en este caso.

El Ministerio Público pidió en el juicio 18 meses de cárcel por un delito de odio en concurso con otro contra la integridad moral para el hombre acusado de amenazar al joven así como nueve meses de prisión para el vigilante del McDonalds por no impedirla. Salvo giro de guion en el Supremo, el caso se quedará en la absolución.

Sentencia pionera. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso de una maestra y ha sentenciado por primera vez que los efectos adversos de un lote defectuoso de vacunas contra la Covid-19 de Astrazeneca deben considerarse accidente de trabajo.

En su sentencia, los magistrados estiman el recurso de la profesora, defendida por el Col·lectiu Ronda, y enmiendan el fallo inicial de un juzgado de lo Social, que había rechazado la demanda de la trabajadora.

Por el contrario, los magistrados de la Sala de lo Social del TSJC concluyen que la trombosis y otros efectos secundarios adversos que tuvo la maestra sí se produjeron “con ocasión del trabajo”, ya que de no haber pertenecido al grupo de docentes (que se vacunó primero al formar parte de los grupos esenciales fijados por la administración) se hubiera inmunizado más tarde, con un lote no defectuoso.

En febrero de 2021, la Generalitat retiró un lote de 2.000 dosis de Astrazeneca todavía no administradas por “precaución” tras aparecer algunos casos de trombosis. En el conjunto de España, se facilitaron 228.000 dosis del lote inmovilizado, según ha explicado Ronda en un comunicado.

Dos meses después, la Agencia Europea del Medicamento concluyó que, aunque “muy raramente”, uno de los efectos adversos secundarios de la pandemia, en especial entre mujeres menores de 60 años, eran las trombosis.

Ese mismo grupo de edad y enfermedad sufrió la profesora, que se vacunó con el lote que después retiró la Generalitat. Los efectos adversos y la trombosis le fue diagnosticada menos de diez después de vacunarse.

La Seguridad Social rechazó concederle la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, pero ahora el TSJC sí obliga a estimarla. Pilar Casas, abogada de Ronda que ha representado a la profesora de Tarragona, ha celebrado el fallo pionero.

“En España, antes de la inmovilización de estas dosis por parte de las autoridades sanitarias, la vacuna defectuosa se aplicó a un gran número de trabajadores y trabajadoras que en ese momento inicial de la pandemia desarrollaban funciones esenciales que implicaban un elevado riesgo de exposición al virus”, ha aseverado la abogada.

Casas ha lamentado que a la “inmensa mayoría” de las afectadas por los lotes defectuosos “no se le está reconociendo el origen profesional de las afectaciones, especialmente en casos de incapacidad permanente”. La abogada ha confiado que el Supremo confirme el criterio marcado por el TSJC.

Para la abogada, “es de justicia reconocer los derechos que les corresponden a todas estas profesionales que han visto afectada su salud, en algunos casos de forma permanente, como consecuencia de unas vacunas que era urgente fabricar y distribuir entre las personas que desarrollaban tareas absolutamente necesarias por la sociedad”.

El juez de Barcelona ha procesado por tercera vez a T.L., el electricista acusado de liderar una red de pederastia en el Raval, por abusar sexualmente de dos menores, grabarlas en vídeo e inducir a la prostitución de uno de ellos, al que ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. También irá a juicio otro acusado, pero la causa se ha archivado para otros nueve hombres imputados.

En su resolución, el juez concluye respecto a estos nueve hombres que no han sido identificados por la primera víctima en las ruedas de reconocimiento que se practicaron, si bien existen conversaciones entre ellos y el líder de la red de pederastia en las que hablan “claramente” de mantener relaciones. A diferencia de otras violaciones a la misma menor, de solo 13 años de edad, no se grabaron en vídeo. La falta de identificación de los autores hace que se tenga que archivar el caso contra ellos.

Se trata del tercer caso por el que el líder de la red de pederastia ha sido procesado: en el primero, por el que la Fiscalía le pide 107 años de cárcel, está acusado de violar a una menor tutelada por la Generalitat; en el segundo, de agresiones sexuales a otros cuatro menores de 16 años.

En este tercer caso las víctimas son la misma joven extutelada y otro joven, que cuando fue violado contaba con 14 años de edad, esto es, sin contar con la edad de consentimiento sexual. Durante junio y julio de 2021, expone el juez en su resolución, T.L. contactó a través de Instagram con el menor, al que indicó que “le esperaba” junto al otro procesado.

El líder de la trama ofrecía marihuana al menor para ganar su confianza, y luego pasó a agredirle sexualmente, incluso a cambio de dinero. El menor habría sido víctima de violaciones en nueve ocasiones, mientras que la joven extutelada lo habría sido en cinco, detalla el auto de procesamiento.

Los hechos pueden suponer delitos de abusos sexuales a menores de 16 años, elaboración de pornografía infantil e inducción a la prostitución de menores de edad. Los dos procesados permanecen en prisión preventiva.

Por si al caso de la herencia perdida del gran mecenas catalán le faltaba algo, este miércoles han entrado en escena las dos sobrinas de Pere Mir. Las familiares del empresario han acusado a los tres albaceas imputados de ocultarles durante tres años su parte de la herencia, un pago vitalicio mensual de 14.000 euros.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 12 de Barcelona han comparecido M.C. Pàmias y M.T. Pàmias, sobrinas del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmias, que murió sin descendencia. La jueza investiga si los albaceas, el doctor Tabernero y dos abogados, administraron de forma desleal y se apropiaron sin derecho de la herencia millonaria de Mir, que se tenía que destinar a la investigación científica y al vitalicio de las sobrinas.

Según fuentes jurídicas, las hermanas han relatado a la jueza que no se enteraron de que Mir les había legado un vitalicio hasta 2020, esto es, tres años después de su muerte. La noticia de su pensión millonaria (14.000 euros al mes para cada uno durante todo lo que les quedara de vida) no la recibieron de los tres albaceas, sino de la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

El fisco catalán, en el año 2020, abrió un expediente a las sobrinas por no pagar el impuesto de Sucesiones y Donaciones correspondiente a su herencia de Mir. Los investigadores sospechan que los albaceas sí comunicaron a la ATC el vitalicio, pero no lo abonaron a las sobrinas. Tras probar que no habían cobrado cantidad alguna, la ATC archivó el expediente a las sobrinas.

Luego empezó una negociación entre su asesor y el abogado imputado y principal albacea de Mir, el nonagenario Juan S. A finales de 2022, según han relatado las sobrinas, el abogado les pagó 360.000 euros a cada una, y un año después, 84.000 euros a las dos. Nada más hasta la fecha, según su acusación, que ejerce el penalista Fermín Morales.

Los cálculos son reveladores: a razón de 14.000 euros al mes para cada sobrina, las dos mujeres, que rondan los 70 años de edad, deberían haber cobrado entre 2018 y 2025 un total de 2,3 millones de euros. Pero solo tienen, según su versión, 804.000 euros.

La investigación ha puesto de manifiesto que la sociedad que, en teoría, serviría para vehicular el vitalicio a las hermanas, estaba dotada con 9,5 millones de euros. Pero ese dinero, según los Mossos, no fue destinado a la última voluntad de Mir, sino a remuneraciones y autopréstamos del abogado Juan S. como administrador de la sociedad.

Sobre los préstamos, autoconcedidos en 2020, 2023 y 2024 y que suman más de 2 millones de euros, el letrado manifestó en su declaración que ya ha empezado a devolverlos y que se realizaron por “necesidades económicas” y para cumplir con las últimas voluntades de Mir de ayudar a personas que lo habían ayudado en vida.

Por otro lado, los investigadores también sospechan que los albaceas no entregaron a las sobrinas las joyas familiares más valiosas que les legó Mir. Según las fuentes consultadas, sobre este extremo las testigos han declarado a la jueza que los albaceas les entregaron una parte de las joyas que estaban en una caja fuerte de un domicilio de Barcelona, pero que sospechan que no son todas las que les legaron.

El doctor Josep Tabernero, director del instituto de oncología del Hospital Vall d'Hebron, se ha desvinculado ante la jueza de la creación de las sociedades en las que el empresario Pere Mir depositó su fortuna en Panamá, y ha añadido que se quedó con la casa en Baqueira del gran mecenas catalán cumpliendo con las “últimas voluntades” del fallecido, del que fue albacea, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Tabernero ha comparecido este jueves ante la jueza que lo investiga, junto a los abogados Juan S. y Juan Francisco C., por administración deslead y apropiación indebida de la herencia del gran mecenas catalán. Según fuentes jurídicas, Tabernero ha asegurado que Mir expresó verbalmente su voluntad de que se quedara con la casa de Baqueira antes de morir, y que el dinero que percibió corresponde a los impuestos que tuvo que pagar por hacer efectiva esta donación.

El oncólogo, que fue el médico personal de Mir y ejerció como patrón de la fundación Pere Mir de 2015 a 2022, ha explicado que su labor se reducía al “asesoramiento científico” sobre las investigaciones que se financiaban desde la entidad, sin participar de su administración económica.

Sin embargo, ha admitido que participó en una reunión en Londres en la que Jorge S., el albacea principal del testamento de Pere Mir, le otorgó poderes para que, en caso de que él muriera, hubiera “un círculo de confianza” que pudiera gestionar estas sociedades.

Según el médico, Mir había manifestado verbalmente en reiteradas ocasiones que la finca de Baqueira, que formaba parte del patrimonio de las sociedades panameñas, sería para él, y que si se la quedó fue solo para dar cumplimiento a “la última voluntad” del empresario. La jueza, en cambio, cree que, igual que todo el patrimonio, debía venderse y dedicarse a la investigación científica, tal y como había manifestado en su testamento el empresario.

La defensa de Tabernero ha aportado una declaración notarial en la que el responsable de mantenimiento de la finca señala que Mir le explicó que el oncólogo y su esposa visitarían el inmueble para verlo, dado que serían quienes se lo quedarían cuando él muriera en “agradecimiento”.

En declaraciones a la prensa tras las declaraciones, el abogado de Tabernero, Pau Molins, ha dicho que el oncólogo “no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en la supuesta o pretendida descapitalización de las fundaciones”.

“En un momento determinado, en vida del señor Mir Puig, que no tenía hijos, él y su esposa, Núria Pamias, le prometieron que a su muerte le regalaría el apartamento que tenía en Baqueira”, ha agregado el letrado.

Este jueves también ha declarado el tercer albacea, el abogado Juan Francisco C. Ha dicho que la denuncia inicial de la antigua mano derecha de Mir “es por resentimiento”, ya que esperaba ser el gestor del patrimonio cuando el mecenas muriera. Ha incidido en que cuando él empezó a gestionar el patrimonio del mecenas, las sociedades panameñas ya estaban creadas.

El investigado ha insistido en la principal tesis defensiva, esta es, que Mir Puig dejó un “patrimonio separado” del que legó para la investigación científica. La magistrada, sin embargo, replica que no hay documento en el que sustentar el alegato defensivo y cifra en 6,2 millones de euros el perjuicio ocasionado por las presuntas operaciones irregulares-

El próximo lunes comparecerán ante la magistrada el exsecretario de Cellex y una vocal, así como un testigo clave, Ángel Surroca, exdirectivo de una empresa de Mir y quien denunció el caso en el 2023, alegando que el patrimonio no había llegado íntegramente a las fundaciones.

El abogado Jorge S., albacea del gran mecenas catalán Pere Mir, ha negado ante la magistrada que frenara el reparto y quisiera apropiarse de su herencia, y ha añadido que devolverá los préstamos que se autoconcedió con fondos de las fundaciones panameñas que tenía que liquidar y en las que el empresario había ocultado en vida su fortuna.

Los albaceas de Mir, los abogados Jorge S. y Juan Francisco C. y el oncólogo Josep Tabernero, están investigados por su supuesta apropiación del legado del empresario químico. El letrado Jorge S., hombre de confianza en los últimos años de vida de Mir, ha prestado declaración como imputado este miércoles durante casi dos horas. Los otros dos albaceas comparecerán este jueves.

Según han informado fuentes jurídicas, Jorge S. ha respondido solo a preguntas de su defensa y ha dado explicaciones sobre cada una de las operaciones con las que le incriminan los investigadores.

Los Mossos d’Esquadra han indagado en las actividades económicas del letrado en los últimos ocho años y han descubierto que mantuvo (e incluso llegó a incrementar) las remuneraciones que percibía como gestor de distintas sociedades de Mir hasta cinco años después su muerte, y que fue condenado por fraude fiscal por su condición de gestor de una de estas empresas.

En vez de cumplir su labor como albacea y liquidar el patrimonio de las sociedades y entregar el dinero a la investigación científica, los Mossos indican que Jorge S. “siguió cobrando importantes nóminas” de las sociedades de Mir que administraba. El letrado ha replicado que no cobró como albacea y que las remuneraciones eran las que le correspondían como gestor de las empresas.

Sobre los préstamos, autoconcedidos en 2020, 2023 y 2024 y que suman más de 2 millones de euros, el letrado ha manifestado, según las mismas fuentes, que ya ha empezado a devolverlos y que se realizaron por “necesidades económicas” y para cumplir con las últimas voluntades de Mir de ayudar a personas que lo habían ayudado en vida.

En la cuestión de fondo que marcará el devenir del caso, Jorge S. ha seguido manteniendo ante la jueza que no todo el patrimonio de Mir debía ir a sus fundaciones catalanas dedicadas a la investigación científica. Se trata de la tesis de la defensa de que había un “patrimonio separado”.

La magistrada desechó con rotundidad la tesis defensiva en la resolución por la que volvió a apartar a Jorge S. y a los otros dos albaceas de la gestión de las fundaciones de Mir. El alegato del “patrimonio separado”, rebatió la magistrada, no se contempla en el testamento de Mir. Las últimas voluntades del mecenas indicaron que las fundaciones españolas eran las “destinatarias finales” de los fondos de las fundaciones panameñas donde Mir tenía su patrimonio. 

Es más, la jueza recordó que incluso el informe pericial aportado por la defensa mantenía que todo el patrimonio gestionado desde Panamá se debía transferir a las fundaciones catalanas Cellex y Mir-Puig, por lo que los indicios contra Jorge S. y el resto de albaceas no solo se mantenían, sino que estaban “reforzados” con el avance de la investigación. La defensa, además de un informe sobre la trazabilidad de los fondos, ha aportado otro dictamen sobre derecho panameño.

Con la declaración de Jorge S., el caso la fase de instrucción del caso encara su recta final: este jueves declararán los otros dos albaceas investigados, mientras que la semana que viene será el turno de las sobrinas de Mir, que ejercen la acusación particular contra Tabernero y los dos abogados.

Para asombro de algunas partes, además, han comparecido en el procedimiento como actores civiles las fundaciones panameñas, que, según fuentes jurídicas, se han alineado con la defensa de los albaceas. Una nueva sorpresa proveniente de Panamá en el caso de la herencia de Mir.

La jueza que investiga si los albaceas del gran mecenas catalán, Pere Mir, dispusieron en su propio beneficio su herencia en vez de donarla a la ciencia, ha acordado, de nuevo, que sean apartados de la gestión de las fundaciones que gestionaban su legado, que será administrado de forma cautelar por la Generalitat.

Además, la magistrada les ha prohibido disponer de seis inmuebles en Barcelona y Baqueira Beret (Lleida) y ha ordenado el decomiso cautelar de las joyas de su viuda que estaban en una caja fuerte de un banco, a la espera de que se analice si los albaceas también escondieron esos bienes del monto de la herencia.

El pasado mes de octubre, la Audiencia de Barcelona consideró que la jueza de instrucción vulneró el derecho de defensa de los investigados al no darles tiempo de prepararse la vista judicial en la que se acordó, en abril, la administración judicial de las fundaciones Cellex y Mir-Puig.

El pasado mes de diciembre se celebró una nueva vista, y el resultado ha sido el mismo: la magistrada ha apartado a los albaceas imputados (Jorge S., expresidente de la fundación Cellex, el abogado Juan Francisco C., y el oncólogo y exmédico del filántropo Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia), de la gestión de las fundaciones y ha ordenado que sea el Protectorat de Fundacions de Catalunya, dependiente de la Generalitat, el que se encargue de ellas.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Myriam Linage concluye que “se mantienen en todos sus extremos” los indicios contra los investigados que forzaron que les apartara de las fundaciones en abril.

Es más, la jueza considera esos indicios “reforzados” porque pasados ocho meses, y ya con una defensa que ha podido estudiar el sumario, no se han ofrecido “contrargumentos justificativos” que rebatan la tesis del desfalco de la herencia de Pere Mir por parte de los albaceas.

Mir, residente en Suiza desde hacía décadas, murió sin descendencia en 2017 y manifestó que todo su patrimonio debía ir al mecenazgo y a la asistencia social en Catalunya. Antes de su muerte, las aportaciones a la fundación Cellex se hacían a través de donaciones provenientes de una de sus empresas con sede en Luxemburgo.

Un extenso informe de los Mossos en la causa que investiga a los albaceas de Mir por su supuesta apropiación del legado del empresario químico ha desvelado que dinero de la venta de Derivados Forestales, la empresa en la que Mir fraguó su fortuna, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar).

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía. La magistrada rebate esta tesis defensiva e incide en que hasta el informe pericial aportado a la causa por las defensas concluye que las fundaciones Cellex y Mir-Puig eran las “destinatarias finales” del patrimonio. En suma, que no había división entre la herencia que debía ir a la ciencia y la que podían disponer los albaceas.

“Un Poder del Estado no puede optar por la huelga”. Así argumenta el magistrado Ricardo Yáñez, titular del juzgado de lo penal 28 de Barcelona, la multa que ha impuesto al abogado Eduardo Cáliz una multa de 400 euros por no acudir a un juicio al participar en la huelga por Palestina del pasado 15 de octubre.

El juez ha considerado que la no asistencia del abogado al juicio (de la que había avisado previamente, pero el magistrado rechazó suspender la vista) supone una falta en las obligaciones profesionales del letrado, por lo que la sanciona con la cuantía habitual que se impone a los abogados que no acuden a las vistas sin justificar.

El letrado, sin embargo, sí había advertido por escrito de su intención de participar en la huelga del 15 de octubre, pero el magistrado rechazó su solicitud.

En el escrito por el que impone la multa, el juez pondera el derecho a huelga con los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, prohibición de dilaciones indebidas y de defensa, y concluye que deben primar estos tres últimos frente al primero.

Es más, en su resolución el magistrado recuerda que en su juzgado “nunca se ha paralizado el devenir de los juicios” por huelgas de funcionarios o de los letrados de la administración de Justicia (LAJ).

“Un Poder del Estado, como lo encarna el juez en el ejercicio de la jurisdicción, al igual que el representante legislativo o ejecutivo, no puede optar por la huelga, y nunca se ha optado por tal motivo”, asevera el magistrado.

Según ha informado Alerta Solidària, el colectivo antirrepresivo con el que colabora el abogado, Cáliz ha recibido el apoyo de numerosos compañeros de profesión, que han dirigido una queja en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. El colegio ha comunicado que estudiará el caso y se pronunciará “rápidamente”, agrega Alerta.

Por su parte, Cáliz también ha interpuesto un recurso contra la sanción ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El juez de Barcelona que investigaba al exdirector del Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) Oriol Puig, hermano del exconseller de Convergència Felip Puig, ha archivado el caso al concluir que no existen suficientes indicios para proseguir con la causa penal en la que estaba acusado de promover un cártel de empresas de radares.

En su auto, el juez Santiago García atiende en su totalidad los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, y da carpetazo a la causa al valorar que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito”. En su comparecencia como investigado, Puig negó haber promovido un cártel y enmarcó el envío de un correo a una empresa ante un concurso en una práctica habitual del Meteocat.

La denuncia de la Fiscalía derivaba de un informe de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) que alertaba de irregularidades en las adjudicaciones de radares y estaciones meteorológicas entre los años 2011 y 2019, etapa en la que Puig dirigió el organismo. También estaban investigados los directivos de dos empresas.

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se basó en un informe de la Autoridad Catalana de la Competència (ACCO) que en 2019 sancionó a Puig y a las empresas ADASA y MCV por constituir un cártel que se habría repartido las adjudicaciones de las estaciones meteorológicas. Después, la OAC envió los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción tras apreciar indicios de delito.

En una exhaustiva investigación, la ACC concluyó que Puig “jugó un papel de impulsor y facilitador” del cártel entre las dos empresas. Según la ACC, Puig participó de forma “directa” en el establecimiento de las prácticas anticompetitivas desde el año 2011 hasta 2018, cuando fue relevado al frente del Servicio Meteorológico de Catalunya. Los tribunales anularon la sanción administrativa impuesta a Puig por cuestiones formales, sin cuestionar el fondo de las pesquisas.

Tras analizar decenas de correos electrónicos entre los implicados y todos los concursos, Competència concluyó que Puig “promovió la colaboración” entre las dos empresas. La primera firma, según la ACC, recibió “indicaciones” de Puig para que “compartiera” el negocio de las estaciones, al tiempo que el entonces director “suministraba información privilegiada” de las licitaciones del servicio meteorológico catalán a los directivos investigados antes de que fueran publicadas oficialmente. Insuficiente, sin embargo, para proseguir con la vía penal.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rebajado de tres años a seis meses de cárcel la pena a un manifestante condenado por atentado contra los agentes de la autoridad durante una protesta por el rapero Pablo Hasel al apreciar “un defecto” en la sentencia inicial, que consideró una botella de cristal un elemento peligroso para agravar la pena sin describirlo de forma suficientemente adecuada.

Así lo ha sentenciado la Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC, que ha estimado el recurso de la defensa del manifestante, ejercida por el letrado Xavier Monge, y ha rebajado al mínimo la pena para el condenado, frente a los tres años de cárcel que implicaban, de ser confirmados, su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2021 después de una concentración en el centro de Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de Hasel en la plaza Tetuán de Barcelona, que terminó en disturbios contra los Mossos d'Esquadra.

Según la sentencia inicial de la Audiencia de Barcelona (de la que no se modifican los hechos probados), el acusado lanzó varias botellas y al menos una “estalló en el suelo junto a los agentes”.

Sin embargo, los magistrados del TSJC consideran que durante el juicio no está suficiente bien descrito en los hechos probados que lo que estallara fuera una botella. Tampoco se aportó “pieza de convicción alguna”, agregan los magistrados, que sustentara la afirmación de que la botella estalló.

El “defecto” en la sentencia inicial, agrega el TSJC, se encuentra en “la insuficiencia en la descripción fáctica” de la sentencia, que no puede sustentar la agravación de la pena hasta los tres años de cárcel por considerar la botella un instrumento peligroso.

La Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC se ha mostrado tradicionalmente exigente con las condenas a manifestantes y ha rebajado las penas que algunas secciones de la Audiencia de Barcelona imponían por los delitos habituales contra activistas (atentado contra los agentes y desórdenes) basándose únicamente en el testimonio policial.

En este caso, los magistrados rebajan la pena por el “defecto” de la Audiencia de Barcelona a la hora de considerar la botella como elemento peligroso, y dejan la pena en el mínimo legal de seis meses por atentado a los agentes de la autoridad.

El resto de extremos de la sentencia sí se han confirmado. La Audiencia dio “plena credibilidad” a las declaraciones de los agentes de los Mossos d'Esquadra, y consideraba que declararon “de forma coherente, firme y coincidente”.

Remarcó la Audiencia que para que una declaración resulte “fiable y suficiente para fundar en ella una condena penal no es necesario que el testigo sea capaz de recordar con precisión todas las circunstancias”. “En realidad, una excesiva precisión resulta sospechosa, pues ni la percepción ni la memoria humana son exactas y completas”, añadió.

La sentencia consideraba “normal” que los testigos recordaran “lo esencial y no circunstancias accesorias”. Los jueces declararon probado que el otro acusado arrojó piedras, pero concluía que los agentes “no fueron suficientemente precisos” sobre el objetivo de estas piedras, por lo que llevó a la absolución, confirmada también por el TSJC.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un tuitero a dos años de cárcel por un delito de odio por publicar mensajes que llamaban al aislamiento social y el hostigamiento de la familia de Canet de Mar (Barcelona) que logró que la justicia impusiera un 25% de clases en castellano en su escuela.

En su sentencia, la Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona absuelve a otros dos tuiteros que estaban acusados de acosar a la familia de Canet, al entender que, pese a que publicaron comentarios “injuriosos y despectivos”, no constituían llamamientos directos o indirectos al odio, la violencia o la discriminación.

La Fiscalía acusaba al condenado de un delito contra la integridad moral, pero la sala considera que sus comentarios constituyen un delito de odio, dado que actuó “movido por una animadversión ideológica hacia la lengua castellana y hacia lo que ésta simboliza como elemento identitario de la nación española”.

Tradicionalmente, el delito de odio protege a minorías discriminadas por motivos religiosos, de género u orientación sexual. Los tribunales españoles habían aplicado un principio de cautela y rechazado aplicarlo en causas derivadas del conflicto nacional que fue el proceso soberanista, ya fuera contra independentistas o partidarios de la unidad de España. La sentencia publicada este jueves se convierte en la excepción.

“Con las publicaciones anteriormente transcritas, el acusado perseguía, o, al menos, se podía representar, el dolor, temor y angustia que para la familia mencionada implicaba el llamamiento al aislamiento social, así como al hostigamiento, que se efectuaba con el fin de denigrar y discriminar a sus componentes”, reza la sentencia.

En concreto, son seis mensajes en Twitter los que la sentencia fundamenta la condena. “Queremos saber el nombre y la dirección donde vive la familia. Tienen que vivir un infierno mediático”, indica el primero de los mensajes, escritos en dos días de diferencia.

“Por favor, queremos saber el nombre y la dirección donde vive la familia”, insistía el condenado en el segundo mensaje, para, minutos después, llamar a “hacer la vida imposible” a la familia. “La próxima que lo haga [pedir más horas de castellano], tendrá que marcharse del pueblo”, apostilló.

La insistencia en saber la identidad de la familia aparecía en el cuarto y el quinto mensaje del condenado: “Ya va siendo hora de saber quién es la familia que ha hecho la denuncia. Nombres y apellidos. No les puede salir gratis. ”Averiguad y publicitad el nombre y domicilio de la familia para que vivan un infierno y sirva de ejemplo. Todo lo que no sea esto, postureo“, remachó.

El caso de la familia de Canet, que llegó a formar parte del debate político nacional con declaraciones hiperbólicas del entonces líder del PP, Pablo Casado, ha tenido consecuencias penales únicamente para un tuitero. La Fiscalía ya descartó que el Govern o el centro discriminaran a la familia, y de hecho destacaron que en todo momento acataron la sentencia que les obligaba a implantar el 25% de castellano.

Las acciones judiciales emprendidas por los padres de la alumna, añade la sentencia, “generaron un movimiento de repuesta hostil con multitud de publicaciones en la red social Twitter” -ahora X-, donde numerosos usuarios “difundieron mensajes dirigidos a la población castellanohablante residente en Cataluña” y, muy especialmente, a la familia de Canet, informa EFE.

Para el tribunal, “en ese contexto de humillación, hostigamiento y fomento del aislamiento de la menor”, el condenado, J.M.P., publicó una serie de comentarios en los que “trataba de apuntar a la familia afectada con nombre y apellidos para que fuera señalada, a la vez que hacía llamamientos a que sufriera un infierno mediático, a hacerle la vida imposible, a que se les persiguiera de noche y día y sirviera de advertencia a otras familias”.

Además de esa condena de dos años de prisión, la Audiencia de Barcelona le impone el pago de una multa de 1.980 euros y una indemnización de 7.500 euros a la familia por los daños morales causados con sus comentarios en X, así como la pena de inhabilitación especial para el ámbito docente, deportivo, cultural o de tiempo libre por tiempo superior a tres años de la duración de la privación de libertad.

Según la sala, los comentarios de este tuitero ahora condenado no pueden enmarcarse dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de opinión en el seno de un debate público, puesto que sus mensajes contienen “continuas llamadas y peticiones para localizar y publicar nombre y domicilio de la familia que esta ejerciendo legítimamente un derecho reconocido en los tribunales”.

La sentencia aduce en este sentido que esos mensajes tenían “claramente” una “aptitud intimidatoria y de incitación al hostigamiento, con la clara intención de imponer un resultado, como es hacer que la familia se marche, abandone el pueblo por el hecho de ser castellanoparlante y sentirse españoles”.

Por ello, el tribunal recalca que los tuits de este hombre, por “su contundencia y claridad, carecen de acomodo en el ejercicio de la libertad de expresión” y, por tanto, sí pueden indiciariamente ser incluidos en un discurso de odio.

“Se produce una situación peculiar en este Juzgado”. En estos términos se expresa la magistrada de Mataró (Barcelona) para archivar la última de las cuatro querellas o denuncias que entidades de ultraderecha han presentado contra la revista Mongolia “por idénticos hechos”, estos son: la portada que se mofaba del belén.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza da carpetazo a la última causa que permanecía viva contra los editores de la revista, Pere Rusiñol, Darío Adanti y Fernando Luis Carballo, por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

El caso, que la jueza ya había archivado de inicio, se tuvo que reabrir por orden de la Audiencia de Barcelona, que estimó un recurso de la entidad ultra HazteOir y obligó a los editores a tener que declarar como imputados.

El archivo estaba cantado, toda vez que, tal y como concluye la magistrada, la portada (de diciembre de 2022) no supone el delito contra los sentimientos religiosos que atribuía HazteOir a los editores de la revista. La mofa del belén, resuelve la jueza, no hacía “escarnio” ni tenía un “ánimo deliberado” de ofender, y además está amparada por la libertad de expresión.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Cabe remarcar la enumeración de causas contra Mongolia que la jueza de Mataró enumera en su auto de archivo y que para los editores de la revista suponía un caso de “acoso jurídico” porque, aunque los casos se hayan archivado, la revista ha tenido que destinar fondos a abogados y procuradores.

La magistrada destaca que antes de la querella de HazteOir, ya había recibido querellas por la misma portada de la Comunión Tradicionalista Carlista y los ultracatólicos Abogados Cristianos, ambas archivadas. “Como colofón”, ahonda la magistrada, el colectivo de extrema derecha Manos Limpias denunció, por la misma sátira del belén, a Mongolia ante un juzgado de Barcelona, caso que también quedó archivado.

La última de las causas que quedaban en investigación era la que nació por la querella de HazteOir. El caso tuvo que seguir abierto ante la “insólita tesitura”, expone la magistrada, de “tener que seguir adelante” con la querella de HazteOir porque así lo ordenó la Audiencia de Barcelona al estimar el recurso de los ultras en contra del archivo inicial del caso.

Completadas las declaraciones como investigados de los editores de la revista, la jueza archiva el caso y recalca que es idéntico a los otros dos que ya había sobreseído. “Nos encontramos evidentemente ante una clara cosa juzgada”, zanja la magistrada Dolores Gómez, en referencia al principio legal que impide que un asunto que ya ha sido investigado por un juez pueda ser de nuevo objeto de debate en un juzgado.

La causa iniciada por HazteOir, razona la jueza, “no puede continuar cuando existen hasta tres resoluciones [las relativas a las querellas de las otras tres entidades ultras] acordando el sobreseimiento libre en relación a los mismos hechos y contra la misma editorial”.

La entidad ultra ya ha presentado otro recurso ante la Audiencia de Barcelona para que el caso permanezca abierto. A juicio de HazteOir, es necesario que la causa se reabra para poder tomar declaración como denunciante a su presidente, Ignacio Arsuaga, y a uno de los tres editores de la revista que no pudo comparecer por un problema técnico con el sistema de videoconferencias del juzgado.

“El cierre de la causa requiere una motivación reforzada que valore contexto, intencionalidad y difusión efectiva”, dice la entidad ultra en su recurso, pese a que la magistrada ya ha realizado todas estas ponderaciones en distintas resoluciones del caso.

Por su lado, el abogado de Mongolia, José Luis Mazón, ha pedido a la instancia superior que ratifique el archivo del caso, ya que las declaraciones propuestas por HazteOir no tienen “carácter esencial” ni “alteran los hechos ya constatados ni la calificación jurídica de irrelevancia penal”. “La libertad de expresión de una publicación satírica o de una revista de orientación anticlerical forma parte del ejercicio legítimo de un derecho fundamental protegido por la Constitución Española”, concluye su escrito.

Los albaceas del dueño de Mango, Isak Andic, fallecido en diciembre de 2024 en un accidente en la montaña, han defendido públicamente la “inocencia” y la “única condición de víctima” de su hijo Jonathan después de que los Mossos d'Esquadra investiguen al primogénito como sospechoso de homicidio. 

En un artículo, publicado este martes en La Razón, el director de expansión y franquicias de Mango, Dani López; el consejero delegado de la firma de moda, Toni Ruiz; y el presidente del grupo Planeta, José Creuheras (los tres albaceas de Andic), han respondido a la investigación policial abierta y que tutela bajo secreto de sumario un juzgado de Martorell (Barcelona).

Los empresarios han arremetido contra las noticias aparecidas en la última semana porque suponen, a su juicio, una “peligrosa vulneración de garantías fundamentales”. “El derecho a la presunción de inocencia, pilar de nuestro Estado de Derecho, ha sido con frecuencia obviado”, han expresado López, Ruiz y Crehueras, que han considerado “especialmente grave que se señale públicamente a una persona”, en referencia a Jonathan Andic, sin estar formalmente imputado por el juzgado. 

“Se contribuye a crear una condena paralela que causa un daño irreparable a la dignidad de una persona, mucho antes de que la justicia se haya pronunciado”, han apostillado los albaceas, que han querido remarcar “la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima”.

Los empresarios aseguran “entender y respetar” el “interés informativo” del caso, pero “siempre que se ejerza desde la veracidad y el respeto a los derechos fundamentales”.

Por el contrario, han criticado “la difusión de rumores y especulaciones” sobre Jonathan Andic, que, han insistido, “dibuja un retrato que se aleja de la realidad” al cuestionar desde la “capacidad profesional” del primogénito hasta la “relación más íntima” con su padre. “Isak y Jonathan se querían. Se querían mucho. Y Jonathan admiraba y admira a Isak”, agrega el artículo.

“Confiamos en la rigurosidad de la justicia, de los cuerpos de seguridad del estado y de los medios”, concluyen los albaceas, que también han querido manifestar que la voluntad de Andic, reflejada en su testamento, “se ha cumplido de forma escrupulosa”. “Sus herederos han actuado siempre desde la unidad que su padre les inculcó, mostrando una gran generosidad con las personas a las que su padre amaba”, han añadido.