El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado por conmutada la pena de cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental y prevaricación impuesta a la expresidenta de Junts y del Parlament, Laura Borràs, tras ser indultada por el Gobierno a propuesta de los propios jueces.

Así consta en un auto, emitido por el TSJC, en el que se cierra el trámite del indulto iniciado por los mismos jueces al condenar a Borràs hace tres años por haber fraccionado contratos públicos para beneficiar a un amigo.

Los magistrados plantearon al Gobierno la concesión de la medida de gracia al considerar que la pena impuesta a Borràs, la mínima permitida por la ley, era “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por su conducta delictiva.

A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs no era necesaria “para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la exlíder de Junts.

El Consejo de Ministros siguió la petición de los jueces y, el pasado mes de julio, conmutó la pena de prisión de Borràs pero mantuvo el resto de la condena, lo que impedirá a la expresidenta del Parlament volver a la primera línea política o a un cargo público en la próxima década.

Como reacción a su indulto parcial, Borràs destacó que, así, se disipa la posibilidad de entrar en prisión, aunque advirtió de que “la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine” que el proceso judicial seguido en su causa ha sido, en su opinión, “una gran injusticia”.

El TSJC, en su auto, señala que queda un último trámite por cumplir sobre las condiciones para la suspensión de una pena de dos años de prisión, por lo que pide la valoración de la Fiscalía y de su defensa para que la exlíder de Junts participe en “programas formativos en contenidos relacionados con los fines que deben guiar las actuaciones de las Administraciones Públicas”.

Resolución relevante en el frente judicial de la amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha mantenido sus “reservas” sobre que el delito de malversación en el procés se pueda amnistiar y ha rechazado aplicar, por ahora, la ley de olvido penal a los excargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Así lo defiende la Sala Civil y Penal del TSJC en un auto en el que rechaza la petición de la defensa de Jové de retirar la cuestión prejudicial que los magistrados también habían elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que está pendiente de resolución.

El TSJ catalán se mantiene así, junto al Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, como un tribunal renuente, cuando no contrario, a aplicar la amnistía, pese a la rotundidad de la sentencia del TJUE.

En julio, el tribunal de Luxemburgo avaló amnistiar a los exaltos cargos catalanes porque los fondos públicos destinados al procés no afectaron a los intereses financieros de la Unión. Lo hizo a partir de una cuestión prejudicial enviada por el Tribunal de Cuentas.

Con la respuesta clara y favorable a la amnistía del TJUE, la defensa de Jové pidió al TSJC retirar su cuestión prejudicial, toda vez que la duda del alto tribunal catalán sobre la malversación ya había quedado resuelta con la contestación al Tribunal de Cuentas y se trataba de casos análogos.

El tribunal del TSJC formado por su expresidente, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Fernando Lacaba, ha rechazado la petición del dirigente independentista.

Según el tribunal, aunque la sentencia del TJUE de julio “ofreció respuesta” a algunas de sus dudas, no las contestó en su totalidad, ya que se trataba de una resolución sobre la responsabilidad contable investigada por el Tribunal de Cuentas y no por el delito de malversación del Código Penal.

Pese a versar sobre los mismos gastos del procés, la sentencia del TJUE “no alcanza a responder a todas las reservas” del TSJC sobre la aplicación de la amnistía, indican los jueces catalanes, por lo que procede mantener sus cuestiones prejudiciales.

La principal duda que, a juicio del TSJC, se mantiene, es el delito de malversación “como una modalidad de corrupción”, un tipo penal que el Supremo directamente se ha negado a amnistiar en el caso de Carles Puigdemont, cuyo caso está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional este otoño.

Los dos tribunales que sí estaban plenamente vinculados por las sentencias del TJUE sobre la amnistía, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, tampoco han aplicado la norma desde el pasado mes de julio pese a la petición de los altos cargos del procés y de los CDR acusados de terrorismo para hacerlo sin demora. Los jueces renuentes a la amnistía no han dicho la última palabra.

La Justicia es lenta (sobre todo si se tienen recursos para demorarla), pero termina llegando. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el último intento de la multinacional israelí Iberpotash para impedir su obligación de desmantelar la montaña de sal contaminante que tiene en Sallent (Barcelona) fruto de su actividad minera.

A la espera de que la empresa cumpla con la sentencia y retire los 45 millones de toneladas de sal contaminante que acumula en la montaña de El Cogulló, convertida en uno de los principales peligros ecológicos de Catalunya, se empieza a poner punto y final a un litigio que dura dos décadas.

En una providencia, adelantada por La Vanguardia y que ha confirmado elDiario.es, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC inadmite el último recurso de Iberpotash, y vuelve a dar la razón a la asociación de vecinos del barrio de la Rampinya de Sallent, representados por el abogado Climent Fernández.

La contaminación provocada por la actividad minera de Iberpotash, que afecta en especial la salinización de las aguas del Llobregat, lleva décadas siendo denunciada por vecinos, ecologistas y Fiscalía de Medio Ambiente, sin que las autoridades políticas hayan querido abrir un conflicto con la empresa por el relevante peso económico que tiene en la comarca.

Tras años de inacción del consistorio y de la empresa, los vecinos lograron en 2014 la sentencia que acordaba un expediente de protección de la zona y obligaba a Iberpotash a cesar los vertidos salinos en El Cogulló, al tiempo que le instaba a retirarlos. Los vertidos se siguieron produciendo hasta 2019.

La empresa recurrió ante todas las instancias posibles, sin éxito, y tampoco cumplió con la sentencia de forma voluntaria. Los vecinos pidieron entonces la ejecución forzosa de la resolución, y la Justicia les volvió a dar la razón. Iberpotash volvió a recurrir hasta encontrarse con el último portazo judicial de este mes de julio.

En suma, ahora llega el turno de la empresa para cumplir con “el restablecimiento de la realidad física alterada” que le imponía la primera sentencia. Todas las instancias judiciales han rechazado las alegaciones de Iberpotash, que consideraba que los usos del vertedero de sal ya estaban legalizados.

“No consta que se haya retirado ni un solo metro cúbico de residuo salino desde que cesó ese vertido”, recordó el TSJC en su sentencia de 2024.

Las consecuencias medioambientales de la minería en la comarca de El Bages han comportado procedimientos tanto por la vía contenciosa como por la penal. Una sentencia de 2016 condenó a tres exdirectivos y a la compañía a sufragar el coste de la recuperación ambiental de la zona hasta que se eliminara la elevada salinidad de las aguas.

Debido a la contaminación salina, estos acuíferos de la comarca del Bages no se pueden destinar al consumo humano o del ganado. Además de afectar a una docena de pozos y fuentes, los escombros salinos también causaron filtraciones de agua contaminada a los ríos Cardener y Llobregat.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado las sanciones impuestas a Cabify y otras tres empresas vinculadas a su red de conductores por valor de 547.520 euros. Las multas, por una infracción muy grave relacionada con la cesión ilegal de trabajadores, han quedado sin efecto porque el tribunal considera que las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Generalitat superaron el plazo máximo legal.

La resolución, avanzada por El Periódico, deja sin efecto seis actos de sanción. Fuentes del Departament de Empresa y Trabajo han confirmado la recepción de la resolución y aseguran que están analizándola para evaluar los pasos a seguir. El argumento de las compañías es que la administración catalana tardó 17 días más de lo permitido por la ley en remitirles las actas infractoras y el del expediente sancionador.

Los hechos inspeccionados se remontan a 2020, cuando la Inspección de Trabajo empezó a investigar cómo funcionaba el sistema de conductores de Caibify y descubrieron que había una red de empresas que posibilitaban el servicio, pero dependientes todas de mismo algoritmo. Los clientes venían de Cabify, pero las flotas de conductores operaban bajo otras firmas.

La autoridad laboral les acusó de cesión ilegal de trabajadores, lo que calificó como una falta muy grave. Ahora bien, según dicta la ley, estas actuaciones comprobatorias no pueden alargarse más de nueve meses.

El Gobierno ha concedido el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament y exlíder de Junts y que se encontraba condenada a 4 y años y medio de cárcel por fraccionar contratos cuando se estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Ejecutivo ha librado a la independentista de esa pena y la ha conmutado por una de dos años, lo que impedirá que Borràs deba entrar a la cárcel.

El indulto parcial sigue el criterio del propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien, al imponer a Borràs la pena, ya reclamó una atenuación como la que finalmente ha acordado el Consejo de Ministros, al considerar que la entrada en la cárcel resultaba “desproporcionada y excesiva”. El indulto concedido conmuta el tiempo de prisión pero mantiene el resto de la condena, que supone multa e inhabilitación de 13 años.

Laura Borràs fue presidenta del Parlament tras concurrir como cabeza de lista a las elecciones del Parlament en 2021. En julio de 2022 fue apartada del cargo y también del escaño por el propio Parlament, tras haber sido procesada por los delitos de prevaricación y falsedad documental, en un caso en el que quedó demostrado que, como presidenta de la ILC, había fragmentado contratos de la institución para otorgarlos fraudulentamente a un amigo suyo.

TSJC condenó a Borràs en marzo de 2023 por los dos delitos citados, pero suspendió la aplicación de la pena de prisión a la espera de que el Ejecutivo se pronunciara sobre la petición de indulto parcial hecha por el propio tribunal. Los magistrados utilizaban la vía del artículo 4.3 del Código Penal, que permite plantear al Gobierno la concesión de la medida de gracia cuando la pena sea “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por la conducta delictiva.

A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs “no es necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la líder de Junts.

Tanto la propia Borràs como su formación siempre han mantenido que esta condena por corrupción debe leerse en clave de guerra judicial contra el independentismo. “El Gobierno español ha decidido hoy que no iré a prisión pero, también, que mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo”, ha escrito Borràs en su Twitter. A su modo de ver, la petición de indulto parcial del TSJC es un “reconocimiento” de la injusticia de la pena que impuso, por lo que ha asegurado que la decisión de librarla de esta pena no supone “un punto final”, sino que continuará luchando por su “honorabilidad en instancias europeas”.

En esa misma línea ha reaccionado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que este martes ha asegurado: Este indulto no blanqueará la grave injusticia perpetrada por los justicieros de 'la toga nostra' en su sentencia. Y no repara por nada el daño ya hecho a la muy honorable presidenta Laura Borràs y su familia, cuyos perjuicios persistirán con la inhabilitación. Todo nuestro apoyo a ella“.

El Tribunal Supremo ha acordado declarar amnistiados los actos por los que fueron condenados un total de ocho acusados de delitos de desobediencia o de desórdenes públicos en el marco del procés independentista en Cataluña. Es la primera vez que el Alto Tribunal aplica la norma después de que el Tribunal Constitucional en junio de 2025 la avalara por seis votos a favor de lamayoría progresista por cuatro en contra de la minoría conservadora.

Entre estos ocho, se encuentran los miembros de la Mesa del Parlament que en 2019 presidía el exconseller de ERC Roger Torrent y que fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se les acusó de desobedecer al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación.

Esa sentencia, que fundamentó la absolución en que ambas resoluciones aprobadas por la Mesa y votadas por el Parlament en 2019 eran “meras proclamas políticas” y que no pretendían “materializar” la autodeterminación, fue recurrida en casación ante el Alto Tribunal. Ahora, la Sala de lo Penal indica que los hechos por los que fueron juzgados encajan en los supuestos incluidos en la ley de Amnistía. Por tanto declara amnistiados los actos protagonizados por los entonces diputados Josep Costa i Rosellló, Eusebi Campdepadrós i Pucurull , Adriana Delgado y Roger Torrent. Así, “se declara extinguida su eventual responsabilidad penal como consecuencia de los mismos”.

En total, el Supremo acuerda aplicar la amnistía a un total de ocho personas, todas acusadas de desobediencia y desórdenes públicos. Entre los afectados está Maties Secarrant, quien fuera alcalde de Sabadell, que fue condenado a una pena de multa y a la inhabilitación para cargo público por cuatro meses por auspiciar el uso de locales municipales para que la ciudadanía pudiera votar en el referéndum de independencia “con la firme voluntad de transgredir lo ordenado por el Tribunal Constitucional”.

Además de este alcalde, constan varias personas que fueron procesadas y condenadas por desórdenes públicos por participar en los altercados que se produjeron en diferentes localidades después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés. La Sala entiende que aunque los hechos se produjeron tiempo después del proceso de autodeterminación catalán si encuentran encaje en la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para la normalización de la convivencia.

“Actuaron en el contexto de un acto de protesta contra la sentencia núm. 459/2019 de 18 de octubre de 2019, dictada por esta Sala, en que se enjuiciaron, entre otros, hechos cometidos con ocasión de la consulta celebrada en Cataluña de 1 de octubre de 2017. Además, los hechos por los que se condenó, en la presente causa, tuvieron lugar la noche del 18 al 19 de octubre de 2019 y los hechos atribuidos a los condenados fueron calificados de desórdenes públicos”, explica una de las resoluciones.

Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal aplica esta ley que borra delitos pasados y extingue la responsabilidad penal. Antes, en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y del exvicepresident Oriol Junqueras llegó a estudiar su aplicación pero concluyó que no era aplicable para los delitos de malversación. En los casos de este viernes, que comprenden delitos de desobediencia y desórdenes públicos, el Supremo entendía que si entraban dentro de la amnistía pero antes de aplicarla planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. Cuestión que ya se resolvió por parte del Constitucional en junio de 2025.

Estos autos llegan después de que el pasado 16 de junio se conociera el aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, fue el encargado de l en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha cargado contra la “condena social anticipada” que, a su juicio, le han provocado el “cuidado goteo en la filtración de las líneas de la investigación policial” de los Mossos d'Esquadra y el “tsunami informativo” provocado por su “detención innecesaria”.

Tras más de un año de una investigación policial secreta, culminada con su fotografía esposado (que no se hubiera producido si la jueza, en vez de permitir a los Mossos la detención, lo hubiera citado como investigado), Andic ha empezado a desplegar su estrategia de defensa tras haber estudiado los 1.400 folios del sumario.

El recurso de apelación, directo a la Audiencia de Barcelona, se centra en desmontar la tesis de los Mossos de que Jonathan provocó la caída de su padre, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse de unos 100 metros de altura en una excursión en Collbató (Barcelona) a solas con su hijo.

Para ello, el escrito incluye transcripciones de varios informes policiales que obran en el sumario, así como de las declaraciones de las hermanas y el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ante los Mossos. En todas ellas, los testigos niegan la mala relación y la “obsesión por el dinero” que los Mossos y la jueza sitúan como móvil del presunto homicidio.

La defensa rebate uno a uno los siete indicios en que la jueza se basó para dictar prisión eludible bajo fianza de un millón de euros (pagada en 20 minutos por el hijo del fundador de Mango). La resolución de la jueza asumía en su totalidad las sospechas de los Mossos d'Esquadra contra el hijo, si bien no incluía ninguna prueba directa tras más de un año de investigación policial.

“El esfuerzo policial judicialmente asumido produce la impresión de enfilarse sí o sí a la afirmación de que ha existido homicidio. Sencillamente, no puede haber accidente”, asevera el escrito del abogado Cristóbal Martell, que recuerda que la imagen del investigado esposado vulnera la directiva europea sobre presunción de inocencia.

El “paseíllo” de Andic, que fue fotografiado esposado, ha desembocado en un “tsunami informativo” en torno al “auto interesadamente entregado a los medios” que ha comportado una “suerte de condena social anticipada insoportable en un Estado social y democrático de Derecho”, incide la defensa.

Las supuestas contradicciones

Hicieron hincapié la jueza y los Mossos en supuestas contradicciones entre la declaración ante los Mossos de Andic tras los hechos, su segunda comparecencia en febrero de 2025 y su declaración como investigado la semana pasada. En primer lugar, la defensa recuerda que las dos primeras declaraciones de Andic fueron prestadas como testigo, por lo apenas tienen “validez procesal de cargo”.

La magistrada destacaba como contradicción el hecho de que Andic vio a su padre hacer fotografías al inicio de la ruta y que el finado tenía el teléfono en el bolsillo. La defensa rebate que esta cuestión es relevante porque, en lo nuclear, el primógenito sí mantuvo la misma versión las dos veces que habló con la policía: esta es, que iba por delante de su padre en el momento en que cayó. Al ir delante, agrega la defensa, no pudo ver la caída, solo la oyó.

El recurso incluye transcripciones de las tres llamadas que el primogénito realizó al 112 tras el accidente. En todas ellas manifiesta que Andic se cayó por un barranco y que él iba un poco más adelantado que su padre en el momento de la caída.

La relación padre-hijo

Niega la defensa la mala relación entre el padre y el hijo y el supuesto móvil económico de la muerte de Andic apuntado por la jueza. Remarca que los mensajes en los que, según la magistrada, Andic muestra “odio” hacia su padre forman parte de la terapia con su psicoanalista, que buscó “cierta confrontación y reacción para encontrar el crecimiento”.

Además, todos los testigos del caso, tanto de Mango como de la familia, han desmentido la mala relación entre padre e hijo. Las hermanas corroboraron que su padre no tenía ninguna intención de desheredar a Jonathan, y aseguraron que los tres hijos estaban de acuerdo con el proyecto de Fundación para legar parte de su fortuna que el fundador de Mango planeaba en el momento de su muerte, y que la jueza cree que estaría detrás del presunto homicidio.

En concreto, una de las hermanas de Andic manifestó que padre e hijo habían tenido “algún rifi rafe, pero nada grave”. “El año 2015 tuvieron diferencias profesionales pero se resolvieron con cariño y respeto”, aseveró a los Mossos el consejero delegado de Mango, en referencia a la discrepancia entre padre e hijo que se solventó con la vuelta de Isak Andic tras haber dejado la firma en manos de su primogénito.

Dos visitas, no tres

Según la jueza, Andic hizo tres visitas previas a Montserrat antes de la muerte de su padre, los días 7, 8 y 10 de diciembre. La instructora las considera acreditadas a través de los sistemas de vigilancia de tráfico.

Sin embargo, la defensa mantienen que Andic solo acudió dos veces a Montserrat: el sábado 7 de diciembre, para una excursión, y el 10 de diciembre, cuando quiso volver a hacer una caminata que tuvo que abortar por el mal tiempo, lo que explica que aparcara su coche poco rato.

El móvil robado en Quito

Otro de los aspectos a los que más importancia da la jueza es el borrado del móvil que Jonathan Andic realizó “coincidiendo” con la reactivación de la investigación en marzo de 2025. Según la versión que el hijo trasladó a su secretaria, le robaron el teléfono durante un viaje “relámpago” a Ecuador, aunque para la jueza la desaparición del teléfono se produjo “en extrañas circunstancias”.

“No es una circunstancia extraña sufrir un hurto en Quito”, replica la defensa, que también desmiente que Andic borrara el contenido de su antiguo terminal. Lo hace, de nuevo, recurriendo a un informe de los Mossos del caso, que no menciona que el teléfono se borrara, sino que se limita a señalar que “no se recuperó la copia de seguridad de las conversaciones de Whatsapp”.

Además, la defensa también aporta el protocolo de seguridad de Mango, que obligaba a Jonathan y el resto de directivos a cambiar de terminal cada dos años.

Las pruebas técnicas

Rebate la defensa la afirmación de la jueza de que el camino donde se despeñó Andic “no presentaba ninguna dificultad”. Lo hace citando la minuta policial de los primeros mossos d'esquadra que acudieron al sendero tras el accidente, donde los agentes dejan escrito que se trata de “una zona peligrosa con mucha pendiente y camino estrecho”.

También replica el abogado la prueba pericial policial sobre la pisada del fallecido (que los Mossos atribuyen a una reconstrucción subrepticia realizada por su hijo). Para empezar, destaca la defensa, porque la toma de muestras en el camino se debería anular por haberse realizado en una zona sin acordonar ni aislar. “Una radical inobservancia a todo parámetro de vocación científica”, a criterio de la defensa.

El informe policial que, tras varios simulacros, rechazó la hipótesis del accidente en base a esa pisada, se rebate, según la defensa, con las propias conclusiones del instructor policial, quien en uno de los dictámenes del caso concluyó que “no se puede determinar si el resbalón ya estaba realizado con anterioridad a la caída”.

La defensa también acusa a la jueza de “ignorar” la “relevante” conclusión de la Unidad de Montaña de los Mossos que manifestó que no podía “determinar las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en los hechos”.

La caída precedente de Andic

Es más, la defensa aporta otro informe pericial que contradice la conclusión de los forenses del caso de que la ausencia de lesiones en las manos del finado y la “caída en tobogán” abrieran la puerta a que no fuera un accidente.

Además de ser posible, la defensa aporta otro dato médico del finado: sufría una lesión en ambas rodillas que “explica la reducción de tiempos de reacción en la cauda” y el hecho de que se produjera una caída “más vertical y menos controlada”. La defensa aporta además el vídeo de una cámara de seguridad que captó una caída de Andic durante un acto público unas semanas antes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC) ha abierto una causa por prevaricación al exconseller de Interior y actual diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, y al exlíder de ICV Joan Herrera, por el uso “fraudulento” de contratos menores (a dedo) que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) habría adjudicado al despacho que comparten los dos políticos.

Según ha informado el TSJC, la Sala Civil y Penal del alto tribunal catalán, competente para los aforados catalanes, ha aceptado la causa que le ha derivado el juzgado de El Vendrell (Tarragona) que inició las pesquisas. El mismo juzgado ya derivó al Tribunal Supremo el caso para el exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, actual diputado de los Comuns en el Congreso.

La Fiscalía se mostró favorable a abrir una causa contra los políticos. En su auto, adelantado por El País, los magistrados exponen que una de las conductas investigadas consistiría “de forma provisional, presunta y meramente indiciaria” en un “concierto” entre los investigados para “aprovechar” la figura del contrato menor y prorrogar varios contratos adjudicacos al despacho de Elena y Herrera.

En vez de una licitación pública basada en la transparencia y los distintos candidatos, los investigados se concertaron “en su propio interés y violentando los principios y las reglas” de la contratació pública, apunta el auto.

Según el TSJC, Elena y Herrera, como administradores de la mercantil Sinergia E.D.M., se prestaron presuntamente a que el alcalde de Altafulla investigado les adjudicara “sin publicidad ni licitación alguna” y sin los informes preceptivos las prórrogas de un contrato de asesoramiento, “calificándolo de menor”.

Sanción revocada. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso del abogado Eduardo Cáliz y ha dejado sin efecto la multa de 400 euros que le impuso un juez de Barcelona por no acudir a un juicio al secundar la huelga por Palestina del pasado mes de octubre.

En un acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sala de gobierno del TSJC no solo revoca la multa que impuso el juez Ricardo Yáñez al letrado, sino que también corrige los argumentos esgrimidos por el magistrado para imponer la sanción.

El juez había llegado a mantener que “un Poder del Estado no puede optar por la huelga”, pero los magistrados del TSJC le recuerdan que se trata de un derecho fundamental y que el paro por Palestina del 15 de octubre de 2025 estaba debidamente convocado. “La huelga era lícita y seguirla o no una opción del letrado trabajador”, zanja la sala de gobierno del alto tribunal catalán.

Los jueces no son ajenos a que, como en otros sectores, el ejercicio del derecho a huelga en la Justicia provoca “necesariamente la suspensión de aquellas actividades” en las que tienen que intervenir cualquier profesional que se sume a una huelga, como ocurrió con el juicio que no se celebró, en el que Cáliz ejercía de abogado defensor.

Pese a que la huelga de un abogado pueda importunar el funcionamiento habitual de un juzgado, el TSJC remarca que el derecho de huelga es un derecho fundamental, por lo que “debe ser causa justificada de la inasistencia a un juicio oral”.

Las razones de la huelga, insiste el TSJC, “no importan si son de tipo político, nacional o internacional, por reclamaciones salariales, o por mejoras en las condiciones de trabajo”. “Lo realmente importante es que esa huelga general no había sido desautorizada, pues fue recibida con total normalidad por parte de la administración pública, que, cuando menos, en el ámbito de la administración de justicia, dictó unas normas para que los funcionarios cumplieran servicios mínimos”, apostillan los magistrados.

Tampoco “importan” a la sala de gobierno del TSJC las otras razones esgrimidas por el juez Yáñez para multar al abogado Cáliz, como que el magistrado celebrase juicios orales durante las huelgas de los letrados de la administración de justicia de años pasados o de otros funcionarios, o que el juicio al que no asistió el letrado fuera consecuencia de otro anterior que se había suspendido por un retraso superior a media hora.

Enredo procesal previo al juicio que afronta el próximo martes el humorista Jair Domínguez, por una intervención radiofónica contra la extrema derecha. La Audiencia de Barcelona ha ordenado la detención del cómico para entregarle formalmente la citación para la vista oral que se celebra el próximo martes después de que todos los intentos para lograrlo hayan sido infructuosos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Barcelona ha ordenado la localización de Domínguez por parte de las fuerzas de seguridad después de constatar que el acusado se encuentra “en ignorado paradero” y que no ha sido posible entregarle la citación para la vista.

La resolución destaca que la oficina judicial y los Mossos d'Esquadra han realizado “diversos avisos telefónicos” al propio Domínguez y a su abogado, sin obtener respuesta. Tampoco se ha localizado al humorista en el domicilio que designó durante la fase de instrucción del caso.

De llegar a producirse, la eventual detención se limitaría tan solo a que los agentes llevasen a Domínguez de su domicilio al juzgado de guardia más próximo a su municipio para entregarle la citación para la vista del próximo martes. Esto es, los jueces no ordenan que Domínguez tenga que comparecer detenido al juicio, sino tan solo entregarle la comunicación oficial del mismo tras no lograrlo por las vías habituales.

En una entrevista a RAC-1 tras decir en X que se encontraba en su casa de Banyoles (Girona), Domínguez no ha mencionado los intentos fallidos para localizarle expresados por el tribunal y ha criticado el lenguaje del auto, pues, a su juicio, “está redactado como si estuviésemos en el siglo XIX”. Además, ha querido dejar claro que comparecerá en la vista del martes: “Iré porque soy una persona ordenada”.

Más allá de la polémica generada previa al juicio, lo que se verá en la sala de vistas el próximo martes es un ejemplo de manual del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

Hasta en dos ocasiones la jueza instructora archivó el caso, al constatar que no había delito en las palabras de Domínguez. Pero la Audiencia de Barcelona revocó ambos archivos al considerar que el discurso del humorista en la radio era una llamada real a la violencia. La Fiscalía no acusa al humorista, que se sienta en el banquillo para hacer frente a la acusación de Vox, que pide dos años de cárcel para él.

El conflicto institucional entre los jueces y el Parlament a cuenta del catalán en la escuela suma un nuevo episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado ejecutar de forma provisional su sentencia que anulaba parcialmente el decreto de la Generalitat del 2024, que blindaba el idioma como lengua vehicular de la escuela catalana.

Todo ello pese a que el Tribunal Constitucional todavía tiene que decidir sobre si la normativa se ajusta a la Constitución, precisamente a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC.

La decisión del TSJC, según la conselleria de Educación, no tiene efectos prácticos en el día a día escolar. Sin embargo, es un nuevo paso que da la Justicia para revertir todos los intentos que, con amplio consenso social y parlamentario, se intentan para blindar el catalán en las aulas desde hace una década.

La sección 5ª de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC es la instancia que, a petición tanto de la Abogacía del Estado bajo gobiernos del PP como de varias entidades contrarias a la inmersión como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha desmontado todos los intentos para garantizar la inmersión lingüística que se han impulsado por parte de distintos ejecutivos catalanes de varios colores políticos.

Los jueces de esta instancia ya acusaron al Govern y al Parlament de pretender “bloquear” tanto la aplicación de la sentencia del 25% como “la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables”. Los togados mantuvieron que los otros dos poderes quieren “negar” el carácter vehicular del castellano en las aulas catalanas y convertir en “imposible” el 25% con la nueva normativa.

La sentencia del TSJC versa sobre el decreto del 2024, aprobado per PSC, Junts, ERC y Comuns. Los jueces anularon una decena de artículos de la normativa, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, de idioma habitual en la actividad docente y administrativa, u otros relativos al uso de lenguas en comunicaciones con familias o materiales didácticos, así como el uso del catalán como lengua de acogida del alumnado recién llegado del extranjero.

De esta manera, según la AEB, quedarían sin efecto los preceptos que sitúan el catalán como única lengua vehicular y que estructuran los proyectos lingüísticos de centro sobre ese principio.

Por su lado, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado el compromiso del Govern de la Generalitat con la lengua catalana y el modelo de la escuela catalana. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el president “pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos que sean necesarios para defender el catalán y el modelo de escuela catalana”.

Desde ERC han pedido “valentía” a Illa y una “respuesta de país” ante el nuevo fallo sobre el catalán, mientras que Junts ha pedido la comparecencia en el Parlament de Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau; y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila para que expliquen “qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana”.

Un exintegrante de los Testigos de Jehová ha admitido que agredió a tres adeptos del grupo religioso cuando se los encontró en un trastero de Barcelona. El acusado ha aceptado seis meses de cárcel, que no cumplirá al carecer de antecedentes si no delinque en dos años, e indemnizar con 500 euros al testigo que abofeteó.

Así se ha solventado el caso en una vista de conformidad celebrada este jueves en la Audiencia de Barcelona. A cambio de admitir los hechos, el acusado ha visto rebajada su pena (de dos años solicitados por la Fiscalía a seis meses) y se ha suspendido su ingreso en prisión al carecer de antecedentes.

El acusado ha reconocido que el 1 de octubre de 2023 se encontró con tres testigos de Jehová en un trastero de Barcelona y les reconoció porque acudían a dejar sus publicaciones y carteles con los que habitualmente están en la calle.

Cuando los tres le contestaron que eran miembros del grupo, se abalanzó sobre ellos al grito de “hijos de puta, me habéis amargado la vida”, según recoge la sentencia de conformidad.

Además de gritarles, el hombre propinó un puñetazo en la cara a uno de los testigos y “acometió” contra los otros dos sin conseguir alcanzarles, pues el primer agredido se puso en medio y recibió otro manotazo. Durante el ataque, el extestigo espetó repetidamente “hijos de puta”.

Las invectivas siguieron en la calle en una agresión que estuvo motivada por los “sentimientos de rechazo e intolerancia hacia la confesión religiosa” de los Testigos de Jehová, un grupo considerado una secta por varios expertos y algunas sentencias, aunque la organización lo niega.

“El tono buscadamente audible de todas las expresiones, la exposición pública y la progresión del ataque, del verbal al físico, les hirió en su amor propio menoscabando su dignidad”, recoge la sentencia.

El acusado ha sido condenado a seis meses de cárcel por y una multa de 540 euros por un delito de odio, además de abonar una indemnización de 500 euros al testigo que abofeteó. También deberá pagar otra multa de 30 euros por un delito leve de maltrato. Tampoco podrá acercarse ni comunicarse a los tres testigos durante dos años y medio ni ejercer profesiones relacionadas con la enseñanza durante tres años.

La Fiscalía espera que puedan recuperar sus propiedades la mayoría de víctimas de la macroestafa inmobiliaria de Barcelona, una de las mayores de España, consumada por una trama se quedó con más de un centenar de viviendas.

Lo solicitará el lunes en el juicio (que continúa para la parte civil), donde el fiscal Óscar Serrano ha avanzado también pedirá que los acusados indemnicen con el valor actual de mercado en los casos en que las víctimas no puedan recuperar el inmueble porque un tercero lo ha adquirido de buena fe. La Fiscalía se adhiere a las peticiones de las defensas y de las acusaciones particulares para que sean las aseguradoras quienes respondan de estas indemnizaciones.

En un pacto con la Fiscalía y las acusaciones, los miembros de la red se conformaron el lunes con una rebaja sustancial de las penas (inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel). Todavía queda pendiente fijar las indemnizaciones a las víctimas, muchas de las cuales acabaron desahuciadas a raíz del fraude.

El pacto permitió a los acusados rebajar sus penas, y a las víctimas acelerar la devolución de sus casas o el cobro de indemnizaciones, toda vez que, de haberse celebrado todo el juicio, la vista se hubiera alargado varios meses, y luego la sentencia se podría recurrir.

El caso se destapó en 2015, aunque en los últimos años familiares de víctimas, asociaciones, abogados y Fiscalía han advertido sobre los abusos económicos a las personas mayores, y del papel de profesionales como abogados y notarios en ellos. Hay un consenso en que faltan recursos para los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y algunos estamentos judiciales.

Las víctimas no podrán recuperar sus inmuebles ni cobrar las indemnizaciones hasta que haya una sentencia firme, momento en que el tribunal la enviará al Registro de la Propiedad para que anule las escrituras públicas fraudulentas.

La sentencia de conformidad alcanzada este lunes en lo relativo a la parte penal permitirá acelerar el proceso, aunque las indemnizaciones serán más rápidas que la recuperación de los inmuebles porque habrá que dar mandato al Registro de la Propiedad.

Los dos principales investigados del caso (en total había 14 procesados) son un abogado y un notario que aceptaron penas de hasta 4 años y 7 meses de prisión. El abogado Francisco Comitre aceptó una condena de 4 años y 7 meses de prisión, la pena más elevada, por delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El notario Enrique Peña aceptó 3 años y 2 meses de prisión (1 año y 9 meses por estafa agravada y 1 año y 5 meses por blanqueo, lo que previsiblemente haga que evite el ingreso en la cárcel), así como la inhabilitación definitiva para ejercer su profesión.

En su caso no formaba parte del grupo criminal, puesto que lo que se le atribuye con responsabilidad criminal no es un lucro, sino “un incumplimiento ciertamente intenso” de sus deberes notariales, que propiciaron que el grupo criminal pudiese cometer las estafas, según la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que el incumplimiento de Peña fue tan intenso que trascendió la imprudencia porque sabía que estaba ignorando su obligación de revisar las operaciones que autorizaba para evitar la comisión de delitos y que, además, lo hizo de forma masiva.

La familia de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el pasado 24 de julio tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo, todavía no ha podido enterrar su cuerpo más de seis meses después. La razón: la paralización de la causa judicial que investiga su muerte.

Así lo pone de manifiesto la documentación que ha podido consultar elDiario.es. Los escritos que el abogado de la familia, Eduardo Cáliz, registra ante el juzgado de instrucción 4 de Granollers (Barcelona) desde el pasado octubre no se han proveído, según ha denunciado el letrado en reiteradas ocasiones. Tampoco había recibido respuesta en la tarde de este martes.

“La paralización del procedimiento judicial, sin ningún motivo ni justificación, incrementa el dolor y el malestar de la familia”, denuncia Cáliz, que se pregunta si el trato recibido a los familiares del fallecido por parte del sistema judicial sería el mismo “si la víctima hubiera sido una persona no racializada”.

Ante la falta de respuesta del juzgado, la familia ha interpuesto un escrito de queja ante el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) para denunciar la inacción judicial. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde noviembre un nuevo juez está al frente del juzgado.

“Tal y como se están desarrollando tanto la investigación judicial como la policial, no se puede afirmar que el esclarecimiento de esta muerte constituya una prioridad real para las autoridades”, apostilla el abogado.

La defensa ha solicitado al CGPJ “un impulso procesal ante la paralización injustificada del procedimiento”. Antes ya lo había hecho ante el juzgado de instrucción 4 de Granollers, sin recibir respuesta.

Tras realizar la reconstrucción del tiroteo en la comisaría y practicar declaraciones de testigos en octubre, la causa ha entrado en una parálisis. La defensa ha denunciado que hasta cuatro peticiones realizadas desde el 14 de octubre no han sido ni siquiera tramitadas.

La primera solicitud era una ampliación de la autopsia del joven fallecido el 24 de abril para determinar de forma definitiva la causa de la muerte y si la lesión que tenía Mohamadou en la cara al morir era compatible con un golpe de porra recibido por uno de los agentes en comisaría.

El 20 de octubre, la familia pidió otras diligencias de investigación y que el Ayuntamiento de Montornès del Vallès compareciera como responsable civil en la causa. Ante la falta de respuesta, el 2 de diciembre el abogado, nuevamente, requirió nuevos datos de la autopsia.

Al no recibir respuesta, el letrado de la familia ha registrado un nuevo escrito este lunes en el que solicita, de nuevo, al juzgado un “impulso procesal” a la causa “teniendo en cuenta la gravedad de la misma y que los padres no pueden enterrar a su hijo fallecido”.

A la espera de una respuesta judicial, el tiroteo en un recinto cerrado como una comisaría a una persona con un trastorno volvió a reabrir el debate sobre la reacción policial ante personas con problemas graves de salud mental. La familia del fallecido, además, ve racismo en la actuación policial y se pregunta si los agentes hubieran disparado en caso de ser un joven blanco.

La versión policial de lo sucedido fue monolítica: Mohamadou entró cuchillo en mano, accedió, tras un golpe, a la parte privada de la comisaría y blandió el metal ante el agente que estaba en la recepción. Menos de medio minuto después, entraron otros dos agentes que estaban en el coche patrulla. Uno de ellos ya entró con la pistola desenfundada.

Las cámaras de seguridad de la comisaría avalan la primera parte de la versión policial. Se observa que Mohamadou entra en el recinto con un cuchillo de unos 20 centímetros y, a los treinta segundos, a los dos agentes que patrullaban tras aparcar el coche frente a la comisaría.

Sin embargo, no hay vídeo del momento clave porque la cámara no funcionaba desde hacía meses. En un estrecho pasillo, según relataron los agentes, Mohamadou se giró e intentó atacar con el cuchillo a una de las policías que acaba de entrar e intentaba reducirlo con el bastón policial. La respuesta de su compañero fue disparar. Mohamadou falleció y el tercer agente resultó herido de bala, aunque se ha podido recuperar. Todo ocurrió en menos de un minuto.

Los Mossos d'Esquadra concluyeron en pocas semanas que la actuación policial “se produjo en el marco del cumplimiento del deber y en el ejercicio legítimo de su oficio, protegiendo la vida de un individuo y actuando en legítima defensa”.

Los disparos, remarcó la policía catalana, fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”. La familia todavía no ha podido enterrar el cuerpo casi siete meses después.

La mayor estafa inmobiliaria de España se ha cerrado este lunes, por la vía penal, con un pacto. El notario Enrique Peña, el abogado Francisco Comitre y el intermediario David Navarro han admitido que estafaron a más de 100 víctimas, muchas de ellas ancianos, y han visto rebajadas sus penas. Solo Comitre tiene el riesgo de pisar la cárcel al haber sido condenado por delito de estafa a dos años y un mes de prisión.

En un pacto con la Fiscalía y las acusaciones, los miembros de la red se han conformado este lunes con una rebaja sustancial de las penas (inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel). Todavía queda pendiente fijar las indemnizaciones a las víctimas, muchas de las cuales acabaron desahuciadas a raíz del fraude.

El pacto permite a los acusados rebajar sus penas, y a las víctimas acelerar la devolución de sus casas o el cobro de indemnizaciones, toda vez que, de haberse celebrado todo el juicio, la vista se hubiera alargado varios meses, y luego la sentencia se podría recurrir.

El caso se destapó en 2015, aunque en los últimos años familiares de víctimas, asociaciones, abogados y Fiscalía han advertido sobre los abusos económicos a las personas mayores, y del papel de profesionales como abogados y notarios en ellos. Hay un consenso en que faltan recursos para los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y algunos estamentos judiciales.

En conjunto, los catorce integrantes de la trama de macroestafas inmobiliarias liderada por Peña y Comitre han aceptado penas de hasta cuatro años y siete meses de cárcel, tras admitir que entre 2009 y 2015 engañaron a más de un centenar de propietarios para apropiarse de sus viviendas.

La mayor condena es para el principal acusado, el abogado Comitre, quien ha aceptado penas que suman cuatro años y siete meses de cárcel y multa de 7.200 euros por delitos de estafa, blanqueo y organización criminal y será el único de los acusados que deberá ingresar en prisión ya que una de ellas supera los dos años.

Otro de los principales procesados, el notario Peña, se ha conformado con tres años y dos meses de cárcel, aunque podría beneficiarse de una suspensión de ingreso en prisión, además de la prohibición definitiva para ejercer de notario.

Entre los investigados por esta macroestafa inmobiliaria, que engañaba a propietarios con productos financieros como hipotecas inversas, figuraba también Artur Segarra, declarado en rebeldía y que cumple cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado en 2016 a David Bernat, vecino de L'Albi (Lleida).

Acusaciones y defensas del caso han pactado asimismo declarar la nulidad de todas las escrituras firmadas en base a compraventas fraudulentas, lo que abre la puerta a que las víctimas puedan recuperar sus inmuebles, aunque muchas de las propiedades ya han sido adquiridas por terceras personas.

La sala ha acordado que el juicio continúe únicamente para establecer las responsabilidades civiles que corresponden a las víctimas y quién debe hacerse cargo de las indemnizaciones, en un proceso en el que además de la aseguradoras forman parte múltiples sociedades pantalla que los acusados utilizaban para perpetrar los estafas y ocultar los ingresos.

La red, destapada en 2015 por los Mossos d'Esquadra, se dedicaba presuntamente a estafar a personas mayores, sin conocimientos económicos, para quedarse con sus propiedades inmobiliarias, sin abonarles contraprestación económica alguna o, en ciertos casos, pagándoles un importe muy inferior al valor del mercado.

Se trataba de productos financieros de efectos similares al préstamo personal con garantía inmobiliaria, a la hipoteca inversa o al contrato de renta vitalicia con reserva de usufructo vitalicio. De esa forma, contactaron con numerosas personas a las que garantizaron que obtendrían dinero mediante los productos financieros ofertados o a través de préstamos, para que así pudieran hacer frente a sus deudas.

Para elevar esas compraventas fraudulentas a escritura pública, la trama contaba con la colaboración de dos notarios, uno de ellos Peña, además de dos oficiales de notaría de Barcelona y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).

Asimismo, los acusados utilizaron “toda una serie de sociedades instrumentales” para ocultar la identidad de las personas que compraban los inmuebles y dificultar que los estafados pudieran recuperar su propiedad en caso de llegar a descubrir el fraude que habían padecido.

Rebaja sustancial de las condenas a los mossos d'esquadra que agredieron a un joven durante el toque de queda en la pandemia, lo detuvieron de forma ilegal y falsearon un atestado para encubrirse. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reducido de siete a cuatro años de cárcel las penas más altas para dos de los agentes y ha absuelto a un tercero, que había sido condenado a tres años de prisión.

En su sentencia, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC mantiene los hechos probados de la Audiencia de Barcelona sobre una de las actuaciones policiales recientes más desproporcionadas, pero aminora ostensiblemente su reproche penal.

La Audiencia de Barcelona condenó a dos de los agentes a siete años de cárcel (tres por un delito de detención ilegal, otros tres por falsedad documental por el atestado falso y uno por un delito contra la integridad moral); a un tercero, a tres años de cárcel por falsedad documental; y a un cuarto, a un año de cárcel por un delito contra la integridad moral.

Con su rebaja generalizada de penas, el TSJC impone cuatro años de cárcel a los dos agentes condenados a penas más graves; absuelve al tercero y mantiene la pena de un año de cárcel al cuarto. La razón estriba en que donde la Audiencia de Barcelona vio un delito de detención en su modalidad más grave, merecedor de tres años de cárcel, el TSJC lo califica tan solo como leve y lo pasa a castigar con una multa.

Según el TSJC, pese a ser detenido ilegalmente, el joven “fue conducido de forma inmediata a dependencias policiales”, lo que implica que la pena pase de tres años de cárcel a la mínima, una multa de 540 euros. La Sala considera está cantidad “proporcional a la vista de que nos encontramos ante agentes de los Mossos d'Esquadra”.

Por el contrario, la Audiencia de Barcelona había descartado la “brevedad” de la detención para imponer los tres años de cárcel, ya que el joven estuvo toda la noche en comisaría de forma ilegal hasta que fue conducido a la autoridad judicial al mediodía siguiente.

El TSJC, pese a dar la razón a las defensas en cuanto al delito de detención ilegal, mantiene la indemnización de 14.466 euros a la víctima por las lesiones y daños morales que le ocasionaron. También el resto de pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que consideró “innecesaria, excesiva y desproporcionada”, la actuación policial.

Al igual que la sentencia de la Audiencia de Barcelona, afea a los agentes que recurrieran a la fuerza para reducir al joven. “La violencia con la que fue tratado, cuando no era necesaria, lesionó su derecho a la integridad moral”, remarcan los togados, que concluyen que la víctima “fue objeto de abuso policial”.

“Nos encontramos pues ante unos hechos de extrema gravedad en que un ciudadano inocente es falsamente inculpado y tiene suerte de que una vecina graba lo ocurrido”, asevera la sentencia, que descarta anular las imágenes grabadas en vídeo de la agresión por una vecina, tal y como pretendían las defensas. “Si se nos permite, son unas imágenes que hablan por sí solas”, apostilla la Sala.

La víctima no había cometido ningún delito cuando fue detenido, sino que, al contrario, había sido víctima de un bofetón y había sido tirado al suelo por parte del cabo que lideraba el operativo policial en el barrio del Raval de Barcelona durante el toque de queda impuesto por la COVID-19 en 2020. La sentencia del TSJC es recurrible ante el Supremo.

La abogada del centro Irídia, Laura Medina, que ejerce la acusación popular, ha celebrado que el TSJC “mantenga que, para justificar la detención, se consignó un relato no ajustado a la verdad en la minuta policial, así como la afectación a la integridad física y moral del denunciante”, si bien ha lamentado que se haya rebajado la pena por el delito de detención ilegal.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la absolución del hombre que amenazó con “hacer heterosexual a hostias”, entre otras vejaciones homófobas, a un joven durante la celebración del Orgullo LGTBI en Barcelona en 2019. Los magistrados rechazan el recurso de la Fiscalía, que ya ha anunciado que quiere recurrir al Tribunal Supremo para intentar lograr la condena del acusado.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC confirma el razonamiento de la Audiencia de Barcelona que llevó a la absolución de los acusados (el hombre que profirió los insultos y el vigilante de seguridad del restaurante donde se produjeron, por no impedirlos) y descarta que fuera “arbitrario”, tal y como mantenía el Ministerio Público.

Los hechos se remontan al 2019. El joven estaba en el establecimiento que McDonalds tiene en la plaza Universitat, muy cerca de donde el Pride Barcelona celebraba del Orgullo LGTBI, cuando fue increpado por otro cliente. “Te voy a hacer heterosexual a hostias”, le llegó a amenazar el agresor. El vídeo de la agresión se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“A mí que seas marica me da igual”, dijo el acusado, a lo que siguieron varias expresiones homófobas que la Justicia considera censurables en el plano moral, pero no delictivas: “Tápate que das vergüenza ajena y hay niños”; “luego nos escandalizamos a las mujeres que son violadas y matadas por vestir provocativas y tú eres un ejemplo que te puede pasar”; “mejor que lleves un guardaespaldas, porque ahora cuando salgas, te voy a dar tal hostia que la mariconería se te va a quitar (sic)”; “vamos fuera del local que voy a hacerte hetero a hostias, hoy es el día de las hostias, ¿quieres ver cómo te las suelto?”.

Según argumenta el TSJC, la Fiscalía “no ha justificado debidamente la falta de racionalidad” de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que fundamentó la absolución en que el acusado había amenazado e insultado a la víctima por su forma de vestir y no por su orientación sexual. Además, el tribunal recordó que la Fiscalía no había acusado por delito leve de amenazas, por lo que no podía condenar al acusado por este tipo penal.

De esa conclusión discrepaba con contundencia el Ministerio Público, que la consideró “absolutamente arbitraria”, ya que la forma de vestir de la víctima era una forma de expresar su orientación sexual. La distinción entre ambas que hizo la sentencia, ahondó el recurso de la fiscal, resultaba “ajena a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica”. La forma de vestir de la víctima era, precisamente, el reflejo del “móvil discriminatorio” y del delito de odio, según la fiscal. 

Para el TSJC, sin embargo, la discrepancia fiscal con la sentencia inicial no es motivo para corregirla, ya que la Audiencia de Barcelona sí razonó su absolución, al valorar que el acusado dijo en varias ocasiones que le “daba igual” la condición sexual del denunciante y que solo le reprendía “su forma de ir vestido”.

Lo que pretende la Fiscalía, concluye la sección del TSJC que revisa las sentencias, es que los magistrados “reevalúen” las pruebas del juicio, algo que “no resulta posible” en los recursos de apelación, que se deben centrar en si los razonamientos de la Audiencia fueron irracionales o si olvidaron alguna de las pruebas, algo que no se da en este caso.

El Ministerio Público pidió en el juicio 18 meses de cárcel por un delito de odio en concurso con otro contra la integridad moral para el hombre acusado de amenazar al joven así como nueve meses de prisión para el vigilante del McDonalds por no impedirla. Salvo giro de guion en el Supremo, el caso se quedará en la absolución.

Sentencia pionera. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso de una maestra y ha sentenciado por primera vez que los efectos adversos de un lote defectuoso de vacunas contra la Covid-19 de Astrazeneca deben considerarse accidente de trabajo.

En su sentencia, los magistrados estiman el recurso de la profesora, defendida por el Col·lectiu Ronda, y enmiendan el fallo inicial de un juzgado de lo Social, que había rechazado la demanda de la trabajadora.

Por el contrario, los magistrados de la Sala de lo Social del TSJC concluyen que la trombosis y otros efectos secundarios adversos que tuvo la maestra sí se produjeron “con ocasión del trabajo”, ya que de no haber pertenecido al grupo de docentes (que se vacunó primero al formar parte de los grupos esenciales fijados por la administración) se hubiera inmunizado más tarde, con un lote no defectuoso.

En febrero de 2021, la Generalitat retiró un lote de 2.000 dosis de Astrazeneca todavía no administradas por “precaución” tras aparecer algunos casos de trombosis. En el conjunto de España, se facilitaron 228.000 dosis del lote inmovilizado, según ha explicado Ronda en un comunicado.

Dos meses después, la Agencia Europea del Medicamento concluyó que, aunque “muy raramente”, uno de los efectos adversos secundarios de la pandemia, en especial entre mujeres menores de 60 años, eran las trombosis.

Ese mismo grupo de edad y enfermedad sufrió la profesora, que se vacunó con el lote que después retiró la Generalitat. Los efectos adversos y la trombosis le fue diagnosticada menos de diez después de vacunarse.

La Seguridad Social rechazó concederle la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, pero ahora el TSJC sí obliga a estimarla. Pilar Casas, abogada de Ronda que ha representado a la profesora de Tarragona, ha celebrado el fallo pionero.

“En España, antes de la inmovilización de estas dosis por parte de las autoridades sanitarias, la vacuna defectuosa se aplicó a un gran número de trabajadores y trabajadoras que en ese momento inicial de la pandemia desarrollaban funciones esenciales que implicaban un elevado riesgo de exposición al virus”, ha aseverado la abogada.

Casas ha lamentado que a la “inmensa mayoría” de las afectadas por los lotes defectuosos “no se le está reconociendo el origen profesional de las afectaciones, especialmente en casos de incapacidad permanente”. La abogada ha confiado que el Supremo confirme el criterio marcado por el TSJC.

Para la abogada, “es de justicia reconocer los derechos que les corresponden a todas estas profesionales que han visto afectada su salud, en algunos casos de forma permanente, como consecuencia de unas vacunas que era urgente fabricar y distribuir entre las personas que desarrollaban tareas absolutamente necesarias por la sociedad”.

El juez de Barcelona ha procesado por tercera vez a T.L., el electricista acusado de liderar una red de pederastia en el Raval, por abusar sexualmente de dos menores, grabarlas en vídeo e inducir a la prostitución de uno de ellos, al que ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. También irá a juicio otro acusado, pero la causa se ha archivado para otros nueve hombres imputados.

En su resolución, el juez concluye respecto a estos nueve hombres que no han sido identificados por la primera víctima en las ruedas de reconocimiento que se practicaron, si bien existen conversaciones entre ellos y el líder de la red de pederastia en las que hablan “claramente” de mantener relaciones. A diferencia de otras violaciones a la misma menor, de solo 13 años de edad, no se grabaron en vídeo. La falta de identificación de los autores hace que se tenga que archivar el caso contra ellos.

Se trata del tercer caso por el que el líder de la red de pederastia ha sido procesado: en el primero, por el que la Fiscalía le pide 107 años de cárcel, está acusado de violar a una menor tutelada por la Generalitat; en el segundo, de agresiones sexuales a otros cuatro menores de 16 años.

En este tercer caso las víctimas son la misma joven extutelada y otro joven, que cuando fue violado contaba con 14 años de edad, esto es, sin contar con la edad de consentimiento sexual. Durante junio y julio de 2021, expone el juez en su resolución, T.L. contactó a través de Instagram con el menor, al que indicó que “le esperaba” junto al otro procesado.

El líder de la trama ofrecía marihuana al menor para ganar su confianza, y luego pasó a agredirle sexualmente, incluso a cambio de dinero. El menor habría sido víctima de violaciones en nueve ocasiones, mientras que la joven extutelada lo habría sido en cinco, detalla el auto de procesamiento.

Los hechos pueden suponer delitos de abusos sexuales a menores de 16 años, elaboración de pornografía infantil e inducción a la prostitución de menores de edad. Los dos procesados permanecen en prisión preventiva.

Por si al caso de la herencia perdida del gran mecenas catalán le faltaba algo, este miércoles han entrado en escena las dos sobrinas de Pere Mir. Las familiares del empresario han acusado a los tres albaceas imputados de ocultarles durante tres años su parte de la herencia, un pago vitalicio mensual de 14.000 euros.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 12 de Barcelona han comparecido M.C. Pàmias y M.T. Pàmias, sobrinas del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmias, que murió sin descendencia. La jueza investiga si los albaceas, el doctor Tabernero y dos abogados, administraron de forma desleal y se apropiaron sin derecho de la herencia millonaria de Mir, que se tenía que destinar a la investigación científica y al vitalicio de las sobrinas.

Según fuentes jurídicas, las hermanas han relatado a la jueza que no se enteraron de que Mir les había legado un vitalicio hasta 2020, esto es, tres años después de su muerte. La noticia de su pensión millonaria (14.000 euros al mes para cada uno durante todo lo que les quedara de vida) no la recibieron de los tres albaceas, sino de la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

El fisco catalán, en el año 2020, abrió un expediente a las sobrinas por no pagar el impuesto de Sucesiones y Donaciones correspondiente a su herencia de Mir. Los investigadores sospechan que los albaceas sí comunicaron a la ATC el vitalicio, pero no lo abonaron a las sobrinas. Tras probar que no habían cobrado cantidad alguna, la ATC archivó el expediente a las sobrinas.

Luego empezó una negociación entre su asesor y el abogado imputado y principal albacea de Mir, el nonagenario Juan S. A finales de 2022, según han relatado las sobrinas, el abogado les pagó 360.000 euros a cada una, y un año después, 84.000 euros a las dos. Nada más hasta la fecha, según su acusación, que ejerce el penalista Fermín Morales.

Los cálculos son reveladores: a razón de 14.000 euros al mes para cada sobrina, las dos mujeres, que rondan los 70 años de edad, deberían haber cobrado entre 2018 y 2025 un total de 2,3 millones de euros. Pero solo tienen, según su versión, 804.000 euros.

La investigación ha puesto de manifiesto que la sociedad que, en teoría, serviría para vehicular el vitalicio a las hermanas, estaba dotada con 9,5 millones de euros. Pero ese dinero, según los Mossos, no fue destinado a la última voluntad de Mir, sino a remuneraciones y autopréstamos del abogado Juan S. como administrador de la sociedad.

Sobre los préstamos, autoconcedidos en 2020, 2023 y 2024 y que suman más de 2 millones de euros, el letrado manifestó en su declaración que ya ha empezado a devolverlos y que se realizaron por “necesidades económicas” y para cumplir con las últimas voluntades de Mir de ayudar a personas que lo habían ayudado en vida.

Por otro lado, los investigadores también sospechan que los albaceas no entregaron a las sobrinas las joyas familiares más valiosas que les legó Mir. Según las fuentes consultadas, sobre este extremo las testigos han declarado a la jueza que los albaceas les entregaron una parte de las joyas que estaban en una caja fuerte de un domicilio de Barcelona, pero que sospechan que no son todas las que les legaron.