La Justicia da la razón a Vox e investiga a un cómico por pedir “un puñetazo” contra el fascismo

Jair Domínguez, en una imagen de archivo

La Audiencia de Barcelona ha reabierto, a petición de Vox y en contra del criterio de la Fiscalía, la causa que un juez de instrucción archivó contra el humorista Jair Domínguez por haber llamado a "combatir el fascismo con un puñetazo en la boca". Los magistrados consideran que las palabras de Domínguez contra el partido de extrema derecha pueden considerarse "discurso de odio" y reactivan la investigación por un delito de incitación al odio.

Las palabras bajo lupa de la Justicia son las pronunciadas por Domínguez el pasado 16 de febrero en el espacio de un minuto que tiene en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que da una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró "horrorizado" por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

"Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos", aseveró Domínguez.

Vox se querelló contra Domínguez por un delito de incitación odio, un tipo penal pensado para proteger a colectivos históricamente discriminados como homosexuales o migrantes. Pese a ello el partido se presentó en su querella como un "colectivo vulnerable". El juez archivó el caso, pero el partido recurrió a la Audiencia de Barcelona. Los magistrados han estimado el recurso de Vox y han rechazado mantener el carpetazo a la causa tal y como pedían la Fiscalía y Domínguez.

En su resolución, los magistrados de la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona consideran que las palabras de Domínguez no están amparadas por la libertad de expresión y creen que con ellas el humorista pretendió "trasladar a la audiencia" que hay que combatir el fascismo a puñetazos, lo que a su juicio "permite indiciariamente incardinar la afirmación en el llamado discurso de odio".

Pese a tratarse de un partido político con representación parlamentaria y con una escasa presencia de colectivos minoritarios, los magistrados sí creen que Vox pueda ser víctima del delito de odio al considerar que existe en las palabras de Domínguez "un estímulo atentatorio" frente a la formación de extrema derecha. Esto es, que podrían haber incitado a una agresión contra Vox, algo que en realidad no ocurrió con posterioridad a su espacio radiofónico.

Que no hubiera ningún disturbio contra Vox tras el discurso de Domínguez es "insuficiente", a criterio de los magistrados, para concluir que no existiera un "peligro" en sus palabras. Los jueces se adentran en analizar cómo podrían haber respondido los oyentes de Catalunya Ràdio a las palabras de Domínguez para valorar el mencionado "peligro". "Ante una audiencia de casi medio millón de oyentes de un programa en lengua catalana, resulta estadísticamente improbable que ninguna de ellos pudiera verse azuzado por el discurso" de Domínguez, aventuran los jueces.

"No existe una clase o rango social que pueda considerarse acreedora de los disturbios ocasionados durante la campaña electoral, y por lo tanto no puede concluirse que no fuera una audiencia potencial del programa de radio referido", agregan los jueces, pese a que las palabras de Domínguez se produjeron dos días después de las elecciones.

Los magistrados ordenan reabrir el caso y que el juez de instrucción lleve a cabo las "diligencias necesarias" para concluir la investigación, lo que previsiblemente llevará a Domínguez a tener que declarar como imputado, según fuentes jurídicas.

La querella de Vox se enmarca en la estrategia del partido de presentarse como víctima del delito de odio pese a no formar parte de ningún colectivo discriminado y de llevar a los tribunales las voces que les asocian con el nazismo. El Supremo archivó el pasado mes de septiembre la querella de la formación contra la ministra de Derechos Sociales, Ione Bellarra, a quien el partido acusaba de delito de odio por asegurar que Vox eran "nazis a cara descubierta".

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