A los socialistas de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, no les ha gustado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya descartado que el AVE Madrid-Jaén no tenga parada en esta localidad por razones “técnicas”, El secretario general del PSOE local, que también es diputado nacional por Ciudad Real, Gonzalo Redondo, le ha reclamado “garantías claras” sobre el futuro de ese corredor ferroviario.

De hecho, ha adelantado que el PSOE municipal, que gobierna en esta ciudad, dará los pasos necesarios para conseguir la parada: “Reafirmamos el compromiso histórico de los socialistas alcazareños con la defensa de nuestras infraestructuras ferroviarias, como siempre hemos hecho, gobierne quien gobierne”.

En este sentido, ha recordar que en el año 2001 se alcanzó un acuerdo institucional para impulsar la Línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar-Jaén, un “proyecto estratégico para la vertebración territorial y el desarrollo económico del centro y sur peninsular”. Desde entonces, ha añadido, el PSOE ha venido defendiendo proyectos fundamentales para Alcázar de San Juan como la modernización del corredor ferroviario, la mejora de frecuencias y tiempos de viaje, la plataforma logística intermodal o el refuerzo de la capacidad ferroviaria entre el centro y el sur de España.

“El ferrocarril no es una cuestión coyuntural para Alcázar, forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia y también de nuestro futuro económico y social”, ha señalado.

Del modelo ferroviario a la moción unánime

El dirigente socialista ha insistido en que la ciudad “no puede permitirse perder peso estratégico dentro de la red ferroviaria nacional” y ha defendido un modelo ferroviario moderno, “sostenible y eficiente” que garantice “mejores infraestructuras, más capacidad y mejores conexiones, pero siempre reforzando el papel de Alcázar de San Juan”.

También ha precisado que el Ayuntamiento aprobó recientemente una moción institucional, respaldada por todas las fuerzas políticas municipales, para defender el corredor Madrid-Alcázar-Jaén y rechazar cualquier actuación que pueda suponer pérdida de servicios, frecuencias o relevancia ferroviaria para la ciudad.

Por último, Gonzalo Redondo ha subrayado que los intereses de Alcázar de San Juan están “por encima de cualquier cálculo partidista” y ha asegurado que el PSOE seguirá trabajando “con firmeza, responsabilidad y lealtad institucional” para garantizar el futuro ferroviario la ciudad.

Seis consejeros del nuevo Ejecutivo extremeño y dos diputados del PP han presentado su renuncia al acta de la Asamblea de Extremadura, con lo se suman a la ya anunciada del socialista José María Vergeles.

En concreto, han renunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano; la de Industria, Energía, Ciencia y Territorio. Mercedes Morán; Educación y de Formación Profesional, Sandra Valencia, y el de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, además de Sara García Espada, consejera de Salud y Atención a la Dependencia, y Guillermo Santamaría, titular de Economía, Empleo y Trnsformación Digital.

También renuncian los diputados José Pedro Catalán Durán, pues asume el cargo de secretario general de Educación de la Consejería de Educación y Formación Profesional, y Julio Morales.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró la semana pasada que las diputadas de la Asamblea tiene “cauces más que habituales” para denunciar situaciones de acoso. Esas fueron sus palabras después de que elDiario.es preguntara por un supuesto caso de acoso sexual que una diputada de Vox habría denunciado ante Ayuso, según recoge el periodista David Fernández en su libro. Tras estas declaraciones, el PSOE de Madrid denuncia ahora que estos “cauces más que habituales” se quedan cortos: “Llevan diez años sin aplicar correctamente el protocolo”.

El protocolo antiacoso de la Asamblea de Madrid lleva diez años sin actualizarse: se publicó en 2016 y, desde entonces, no se ha modificado, a pesar de que en los últimos años han aparecido nuevas formas de acoso, especialmente aquellas enfocadas a las redes sociales o entornos digitales. Pero en caso de acoso sexual o laboral, ¿quién puede acogerse a este protocolo?

Según el propio texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y según indican desde la propia Asamblea, el protocolo aplica solo para los propios trabajadores y trabajadoras del órgano público. Es decir, tanto las diputadas como las trabajadoras de empresas externas, como el servicio de limpieza o la cafetería, quedan fuera del protocolo. Estas últimas deben ir a su propia empresa si quieren denunciar un caso de acoso.

En cuanto a las diputadas, “no tienen relación laboral con el Parlamento, por lo que los protocolos no resultarían de aplicación directa”, explican. “Una vía alternativa podría ser su resolución en el ámbito del Grupo Parlamentario y, en su caso, ante la Mesa de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado o la Mesa de la Asamblea, si se está ante un supuesto de los recogidos” en el Reglamento.

Sin embargo, el PSOE de Madrid asegura que las diputadas de la Asamblea están “desprotegidas” porque, en caso de acoso sexual o laboral, se ven obligadas a recurrir a vías por las que es probable que su caso acabe viendo la luz, lo que podría llevar a que no quieran denunciar.

“Estas son las consecuencias de tener a una presidenta negacionista de la violencia de género, el desamparo total a las mujeres”, lamentan desde el PSOE madrileño. “Tenemos un protocolo contra el acoso sexual en la Asamblea controlada por el PP, que no se actualiza aunque la ley les obligue a incluir el acoso en el ámbito digital”, critican. “Tomemos nota las madrileñas”.

Y en caso de que una trabajadora quiera denunciar, ¿cómo puede hacerlo?

Según se explica en el protocolo, será la Secretaría General la encargada de recibir y tramitar las denuncias. Esta “deberá disponer de una lista de personas que hayan recibido formación específica en materia de género o que, sin tenerla, esté dispuesta a recibirla”. Este listado se deberá publicar “en el plazo de 5 días hábiles” desde que se publica el protocolo de 2016, entonces esos nombres se harán públicos a través de la Intranet.

Esto es lo que se denomina como “asesores confidenciales”, una figura que puede ser habitual en estos casos y que en la Asamblea debe tramitar “directamente la denuncia de acoso sexual, acoso por razón de sexo”, por lo que serán los encargados de “gestionar y tramitar” las denuncias, así como asistir e informar a la víctima. “Su identidad y la forma en que se podrá contactar con ellas se dará a conocer a todo el personal a través de la intranet”, recoge el documento.

A raíz de la respuesta del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que aseguraba que las diputadas tenían “cauces más que habituales” para denunciar los supuestos casos de abuso, el PSOE de Madrid investigó en la intranet, a la que solo tienen acceso los trabajadores y trabajadoras del órgano regional. Preguntaron por el listado de asesores confidenciales, pero, según relatan a este diario, no encontraron ningún documento, a pesar de que así lo recoge el protocolo aprobado hace diez años.

Tal y como denuncian y como se aprecia en los metadatos del archivo, el mismo día en que preguntan por qué estas figuras no aparecen en la Intranet, es el día en el que suben el archivo con el listado de nombres.

Este periódico ha preguntado a la Asamblea de Madrid, teniendo en cuenta que los nombres de los asesores confidenciales fueron publicados ese mismo jueves, de qué otra forma podían las trabajadoras denunciar situaciones de acoso. “La denuncia por parte del personal de la Cámara de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio nunca se realiza ante los asesores confidenciales, la única vía es a través de la Secretaría General”, explican.

Además, aseguran que “la solicitud de voluntarios para desempeñar” esta figura “fue realizada mediante escrito de la Secretaría” en 2016. Y ese mismo año la “Dirección de Gestión Administrativa remitió listado de las personas que se presentaron voluntariamente”, aunque la Asamblea no se ha referido en sus respuestas a por qué el listado con los nombres de los asesores fue publicado en la intranet hace solo unos días, solo con los nombres y apellidos de los mismos.

Las citadas fuentes del PSOE madrileño critican que si una persona es víctima de este tipo de acoso, no acudirá a la Secretaría General para denunciarlo porque la “Asamblea es un ámbito muy pequeño” y se conocería lo sucedido.

A preguntas remitidas por este medio, la Asamblea de Madrid responde que los protocolos no se han actualizado desde que se publicaron porque “no se ha requerido desde la representación de personal unos nuevos protocolos, ni ha habido ninguna razón de oportunidad o legalidad”. Por ahora, según indican, “no hay casos registrados de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio en el seno de la Asamblea de Madrid”.

La semana que viene el grupo socialista activará una petición de comparecencia con la consejera sobre acoso sexual, donde tratarán sobre los protocolos antiacoso sexual en la Comunidad de Madrid y la Asamblea. “Si Ayuso no vela por el personal de la Asamblea, ¿qué le importamos las demás? Lo mismo que su compañera de Móstoles y aquella diputada de Vox”, añaden en declaraciones a elDiario.es.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece en el pleno del Parlamento regional para responder a preguntas de los grupos sobre el pacto europeo de migración y asilo, las medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán o la regularización extraordinaria de personas migrantes.

“¿Alguien me puede explicar del PP y Vox en Castilla-La Mancha por qué en Extremadura han pactado que en esa región tengan 65 diputados (el doble que en Castilla-La Mancha) siendo la mitad de habitantes?”. Es la pregunta que este viernes ha planteado el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, después de conocer el texto del acuerdo suscrito entre ambas formaciones en la vecina comunidad extremeña para permitir al configuración del Gobierno regional, cuatro meses después de las elecciones autonómicas.

En diciembre de 2025, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, propuso reducir el número de diputados de la Asamblea regional de los 65 actuales a 33, los mismos que tienen ahora las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo justificaba en la necesidad de reducir el “gasto en política” que, según dijo el bipartidismo de PSOE y PP “engorda” constantemente.

Sin embargo, en el pacto de Gobierno suscrito ayer mismo entre PP y Vox para facilitar el Gobierno en Extremadura, este aspecto no aparece.

Sergio Gutiérrez se ha preguntado por las razones que han llevado al PP castellanomanchego a romper el pacto suscrito con el PSOE para reformar el Estatuto de Autonomía, dando marcha atrás a la posibilidad de que el Parlamento regional pase de poder tener un máximo de 35 diputados (ahora tiene 33) a un máximo de 55, según el texto de la reforma. “¿Cómo es posible que permitan que Tellado [en alusión al secretario general del PP nacional] humille el pacto firmado entre todos en Castilla-La Mancha, con un argumento que no sostienen en las regiones vecinas?”, ha comentado en una publicación a través de las redes sociales

El secretario de Organización de los socialistas en la región cree que el presidente de PP castellanomanchego, Paco Núñez, “debería dimitir por su traición al pacto del Estatuto de Castilla-La Mancha”.

En su opinión, el pacto extremeño ha pemitido a María Guardiola volver a gobernar en Extremadura, “donde Vox pidió reducir diputados y no lo ha permitido el PP” y eso, cree, demuestra que los 'populares' en Castilla-La Mancha “son unos títeres intervenidos por Tellado”.

El PSOE anunció que esperará a la celebración de las elecciones en Andalucía para retirar la reforma -cuyo texto está ahora varado en el Congreso de los Diputados, a la espera del debate de enmiendas- o seguir adelante con su tramitación.

El PP se mantiene: “No más diputados”

Sin embargo, la postura del Partido Popular castellanomanchego parece inamovible. Este viernes, a preguntas de los medios sobre este asunto recogidas por Europa Press, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha manifestado que él quiere que haya Estatuto de Autonomía pero no “que haya más diputados”, insistiendo en su intención de dejar la horquilla de parlamentarios donde estaba.

A juicio del líder regional del PP, la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha “está viva”, por lo que ha invitado a los socialistas a decir qué es lo que quieren hacer con este texto y a tramitarlo en el Congreso de los Diputados, donde se tiene que convocar la Comisión de Constitucional para ver las enmiendas que tanto el PP como otros partidos han presentado.

“Si alguien quiere romper el pacto, que lo diga. Pero es que el pacto está vivo, el Estatuto está vivo y se está tramitando en el Congreso de los Diputados”, ha subrayado el presidente regional del PP, quien ha asegurado que “comprar el argumentario del PSOE es muy peligroso” y que, en cualquier caso, el PSOE debe “explicar por qué no quiere tramitarlo en el Congreso”.

Izquierda Unida Castilla-La Mancha y Podemos han iniciado conversaciones para “construir una alternativa conjunta” que permita desbloquear el texto de un nuevo Estatuto de Autonomía, ahora varado en el Congreso de los Diputados, después de que el PP diese un volantazo en su pacto con el PSOE y se negase a dar su visto bueno a una horquilla en el número de diputados en las Cortes regionales entre un mínimo de 25 y un máximo de 55. Los 'populares' introdujeron una enmienda para dejar el tope en 35 diputados y diputadas y eso ha provocado que la reforma entre en vía muerta, según ha reconocido hoy mismo el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

Ante el panorama, IU y Podemos Castilla-La Mancha han acordado ofrecer una alternativa al PSOE. La propuesta para desbloquear la reforma se traduce en llegar a un máximo de 65 diputados, que permita “una mejor representación democrática” así como articular una mayoría en el Congreso de los Diputados frente a PP, y también a Vox que se ha negado desde el inicio a cambiar el Estatuto de Autonomía.

Lo ha anunciado hoy el coordinador de IU Castilla-La Mancha Pedro Mellado durante un acto en Ciudad Real. Ha explicado que, aunque la formación no considera que el número de diputados sea el principal problema de la comunidad autónoma, sí reconoce que la discrepancia sobre la horquilla de escaños se ha convertido en “el principal obstáculo” para avanzar en la reforma estatutaria.

En este sentido, Mellado ha señalado que Izquierda Unida ha iniciado conversaciones con Podemos para construir una alternativa conjunta que permita avanzar. “El objetivo es trasladar posteriormente esa propuesta al PSOE y articular una mayoría parlamentaria en el Congreso que deje atrás la oposición de Partido Popular y Vox”, ha comentado.

“Preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE retire la reforma

Desde IU han mostrado su “preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE valore retirar la reforma del Estatuto, tras las palabras de hoy del presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, una opción que, según Mellado, “no supone mantener la situación actual, sino dar un paso atrás” respecto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía, colectivos sociales, sindicatos y la universidad pública.

Como alternativa, en forma de enmienda al texto legislativo, Izquierda Unida plantea una horquilla que permita alcanzar hasta 65 diputados y diputadas en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta cifra, según ha defendido Mellado, situaría a la comunidad en parámetros comparables a otras autonomías con población similar, como Euskadi o Canarias, que cuentan con 75 y 70 representantes, respectivamente.

Para la organización, esta ampliación “no solo responde a criterios de proporcionalidad, sino que permitiría mejorar la representación democrática de una comunidad de más de dos millones de habitantes, evitando escenarios de infrarrepresentación como el actual”.

La propuesta, señala IU, busca acercar posturas entre las distintas fuerzas progresistas y facilitar una mayoría similar a la que sostiene al Gobierno de España, con el fin de sacar adelante la reforma antes de que finalice el año.

Finalmente, Mellado ha subrayado que el nuevo Estatuto debe incorporar avances sociales clave, incluyendo medidas en materia de vivienda y derechos de las mujeres, además de garantizar un sistema de representación “más justa, más plural y más acorde a la realidad de Castilla-La Mancha”.

Almenys 20 diputats i diputades del parlament autonòmic declaren tres habitatges o més en propietat. Si s’inclouen locals comercials, immobles rústics o altres actius, la xifra seria encara més gran, segons l’anàlisi de les seues declaracions de béns registrades en el portal de transparència de les Corts. Aquest volum representa aproximadament el 20% de la cambra autonòmica; és a dir, un de cada cinc parlamentaris. La magnitud d’aquestes xifres resulta significativa no sols pel volum, sinó també per la distribució desigual, en un context en què l’habitatge s’ha convertit en un dels principals eixos del debat polític i social.

Dins d’aquest grup de 20 diputats amb més patrimoni immobiliari, dotze pertanyen al Partit Popular, cosa que suposa un 60% del total dels parlamentaris multipropietaris. Per darrere se situen Compromís i Vox, amb tres casos cadascun (15%), mentre que el PSPV té dos diputats en aquest rang (10%). Encara que aquestes dades han de contextualitzar-se en funció del pes de cada grup en la cambra, reflecteixen més presència de perfils amb multipropietat en determinades formacions.

Entre els casos més destacats hi ha perfils que acumulen llargues llistes d’immobles, a vegades repartits entre diferents províncies i amb valors cadastrals elevats. El diputat del Partit Popular Manuel Pérez Fenoll declara el nombre més gran d’immobles: posseeix el 50% de set habitatges a Alacant —un dels quals amb un valor cadastral de 393.110,02 euros—, a més de nou béns més sota diferents formes de titularitat. Li segueix Javier Gutiérrez Martín, també del PP, amb nou immobles declarats, entre els quals sis habitatges a Alacant, un dels quals en propietat plena (100% de titularitat). En aquesta mateixa línia se situa Laura Soler Azorín, diputada del PSPV, el cas de la qual també és destacat: declara cinc habitatges a Alacant, tots en ple domini; és a dir, amb titularitat completa.

A continuació, està el diputat Alejo Font de Mora (PP), que declara una desena d’immobles, entre els quals quatre habitatges en ple domini i altres amb participacions del 50% i del 25%, a més d’altres béns amb diferents nivells de titularitat. Jesús Antonio Lecha Tena (PP) posseeix tres habitatges i un altre immoble, tots al 100%. La diputada del PP Dolores Peña Villaescusa declara tres habitatges a Alacant, també en propietat plena. María Gómez García (PP) declara almenys cinc habitatges amb diferents nivells de titularitat: un en ple domini i la resta repartits en participacions pròximes a un terç o en règim de nua propietat, cosa que implica que no disposa del seu ús. S’hi sumen locals i finques rústiques compartides. Per part seua, Magdalena María González la Red (PP) declara uns quants habitatges repartits en diferents províncies —com Alacant, Biscaia o Burgos—, combinant propietats en titularitat completa amb altres de compartides al 75% o al 25%.

Entre els perfils amb més volum de patrimoni també destaca Wenceslao Alós Valls, diputat del Partit Popular, que declara nou immobles a la província de Castelló. Entre aquests figuren tres habitatges —dos en propietat plena i u de compartit al 20%—, a més de dos locals al 100%, una propietat rústica també en titularitat completa i tres immobles urbans addicionals igualment en ple domini. Elena María Bastidas Bono (PP) declara almenys tres habitatges —dos a València i un a Alacant— juntament amb altres immobles, predominant les propietats en ple domini, encara que també figuren participacions compartides en un habitatge i un altre actiu. Luis Martínez Fuentes (PP) declara tres habitatges a la província de Castelló, tots en copropietat —amb participacions del 50%, 25% i 10%—, a més de dos locals igualment compartits.

En Vox, la diputada Julia María Llopis Noheda declara uns quants habitatges a la província d’Alacant, la major part en règim de copropietat al 50%, juntament amb altres immobles urbans i un local del qual posseeix la nua propietat. Ana María Bellver Alcántara (Vox) declara uns quants habitatges en règim de nua propietat —amb participacions del 50%, del 16,66% o fins i tot inferiors— repartits entre València i Terol.

Un dels casos més cridaners és el de María de los Ángeles Criado González, diputada de Vox. En la seua declaració del 2023 constaven set habitatges a la Comunitat Valenciana, sis dels quals en propietat plena i una participació minoritària, a més de participacions en empreses familiars. No obstant això, en la declaració més recent ja no figura cap habitatge a nom seu, sinó únicament una donació en metàl·lic. Aquest canvi significatiu, sense més detall explicatiu, posa el focus en les variacions entre declaracions i en la dificultat de seguir l’evolució real del patrimoni dels càrrecs públics.

En Compromís, Joan Josep Baldoví Roda declara quatre habitatges a la província de València, totes en règim de copropietat —tres al 50% i un amb una participació pròxima al 41%—, a més d’un local compartit. Paula Virginia Espinosa Giménez presenta un perfil basat en la nua propietat, amb tres habitatges repartits entre València i Albacete i participacions del 50%, a què se sumen altres immobles, com ara propietats rústiques. María José Amigó Laguarda declara dos habitatges a la província de València, un dels quals en propietat plena i un altre amb participacions minoritàries —al voltant del 16%—, a més de dos immobles urbans més en copropietat. Per part seua, María Luisa Navarro Forcada, diputada del PSPV, declara tres habitatges a la província d’Alacant, tots en règim de copropietat al 50%, juntament amb dos immobles urbans més en les mateixes condicions.

Al menos 20 diputados y diputadas del parlamento autonómico declaran tres o más viviendas en propiedad. Si se incluyen locales comerciales, inmuebles rústicos u otros activos, la cifra sería aún mayor, según el análisis de sus declaraciones de bienes registradas en el portal de transparencia de las Corts. Este volumen representa aproximadamente el 20% de la cámara autonómica; es decir, uno de cada cinco parlamentarios. La magnitud de estas cifras resulta significativa no solo por su volumen, sino también por su distribución desigual, en un contexto en el que la vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes del debate político y social.

Dentro de este grupo de 20 diputados con mayor patrimonio inmobiliario, doce pertenecen al Partido Popular, lo que supone un 60% del total de parlamentarios multipropietarios. Por detrás se sitúan Compromís y Vox, con tres casos cada uno (15%), mientras que el PSPV cuenta con dos diputados en este rango (10%). Aunque estos datos deben contextualizarse en función del peso de cada grupo en la Cámara, reflejan una mayor presencia de perfiles con multipropiedad en determinadas formaciones.

Entre los casos más destacados hay perfiles que acumulan largas listas de inmuebles, en ocasiones repartidos entre distintas provincias y con valores catastrales elevados. El diputado del Partido Popular Manuel Pérez Fenoll declara el mayor número de inmuebles: posee el 50% de siete viviendas en Alicante —una de ellas con un valor catastral de 393.110,02 euros—, además de otros nueve bienes bajo distintas formas de titularidad. Le sigue Javier Gutiérrez Martín, también del PP, con nueve inmuebles declarados, entre ellos seis viviendas en Alicante, una de ellas en propiedad plena (100% de titularidad). En esta misma línea se sitúa Laura Soler Azorín, diputada del PSPV, cuyo caso también es destacado: declara cinco viviendas en Alicante, todas en pleno dominio; es decir, con titularidad completa.

A continuación se encuentra el diputado Alejo Font de Mora (PP), que declara una decena de inmuebles, entre ellos cuatro viviendas en pleno dominio y otras con participaciones del 50% y del 25%, además de otros bienes con distintos niveles de titularidad. Jesús Antonio Lecha Tena (PP) posee tres viviendas y otro inmueble, todos al 100%. La diputada del PP Dolores Peña Villaescusa declara tres viviendas en Alicante, también en propiedad plena. María Gómez García (PP) declara al menos cinco viviendas con distintos niveles de titularidad: una en pleno dominio y el resto repartidas en participaciones cercanas a un tercio o en régimen de nuda propiedad, lo que implica que no dispone de su uso. A estas se suman locales y fincas rústicas compartidas. Por su parte, Magdalena María González La Red (PP) declara varias viviendas repartidas en diferentes provincias —como Alicante, Vizcaya o Burgos—, combinando propiedades en titularidad completa con otras compartidas al 75% o al 25%.

Entre los perfiles con mayor volumen de patrimonio también destaca Wenceslao Alós Valls, diputado del Partido Popular, que declara nueve inmuebles en la provincia de Castellón. Entre ellos figuran tres viviendas —dos en propiedad plena y una compartida al 20%—, además de dos locales al 100%, una propiedad rústica también en titularidad completa y tres inmuebles urbanos adicionales igualmente en pleno dominio. Elena María Bastidas Bono (PP) declara al menos tres viviendas —dos en Valencia y una en Alicante— junto a otros inmuebles, con predominio de las propiedades en pleno dominio, aunque también aparecen participaciones compartidas en una vivienda y otro activo. Luis Martínez Fuentes (PP) declara tres viviendas en la provincia de Castellón, todas en copropiedad —con participaciones del 50%, 25% y 10%—, además de dos locales igualmente compartidos.

En Vox, la diputada Julia María Llopis Noheda declara varias viviendas en la provincia de Alicante, en su mayoría en régimen de copropiedad al 50%, junto a otros inmuebles urbanos y un local del que posee la nuda propiedad. Ana María Bellver Alcántara (Vox) declara varias viviendas en régimen de nuda propiedad —con participaciones del 50%, del 16,66% o incluso inferiores— repartidas entre Valencia y Teruel.

Uno de los casos más llamativos es el de María de los Ángeles Criado González, diputada de Vox. En su declaración de 2023 constaban siete viviendas en la Comunitat Valenciana, seis de ellas en propiedad plena y una participación minoritaria, además de participaciones en empresas familiares. Sin embargo, en la declaración más reciente ya no figura ninguna vivienda a su nombre, sino únicamente una donación en metálico. Este cambio significativo, sin mayor detalle explicativo, pone el foco en las variaciones entre declaraciones y en la dificultad de seguir la evolución real del patrimonio de los cargos públicos.

En Compromís, Joan Josep Baldoví Roda declara cuatro viviendas en la provincia de Valencia, todas ellas en régimen de copropiedad —tres al 50% y una con una participación cercana al 41%—, además de un local compartido. Paula Virginia Espinosa Giménez presenta un perfil basado en la nuda propiedad, con tres viviendas repartidas entre Valencia y Albacete y participaciones del 50%, a las que se suman otros inmuebles, como propiedades rústicas. María José Amigó Laguarda declara dos viviendas en la provincia de Valencia, una de ellas en propiedad plena y otra con participaciones minoritarias —en torno al 16%—, además de otros dos inmuebles urbanos en copropiedad. Por su parte, María Luisa Navarro Forcada, diputada del PSPV, declara tres viviendas en la provincia de Alicante, todas ellas en régimen de copropiedad al 50%, junto a otros dos inmuebles urbanos en las mismas condiciones.

Una vez más... a vueltas con la representación. Ni quesos, ni cordero, ni miel de la Alcarria. De seguir así, lo típico en nuestra región va a ser el juego de trileros que, con la premisa de reducir, supuestamente gastos (pero entran aquí también cargos, burocracia, o la propia dimensión de la administración), a través de la supresión de la representación democrática.

Esta situación viene de corrientes neo liberales, principalmente estadounidenses, que ahondan en la capacidad individual del ciudadano y presentan a la administración o el gobierno como una némesis, un enemigo a enfrentar como ciudadanos. En España, comenzó a tener una gran aceptación tras el estallido de la Gran Recesión de 2008.

Precisamente esa crisis provocada por dejar hacer a la banca con escasa supervisión de los Estados, dio lugar a que a la crítica de la administración, dejando a los principales culpables, prácticamente yéndose de rositas. Así, corrieron los primeros memes basados en mentiras como que en España había el doble de políticos que en Alemania para la mitad de población.

Al llegar por primera vez el Partido Popular a la Junta de Comunidades, el gobierno Cospedal cogió esta bandera. Aunque incumplió promesas como el cierre de la televisión autonómica, tomó otras decisiones, que vendió de forma bastante populista ante la sociedad. Entre ellos, la venta de los Audis que formaban el parque móvil del gobierno regional, insistiendo mucho en el modelo A8 en el que viajaba Barreda; diferenciando el despilfarro de este, con su 'buen españolismo' al comprar nuevos coches que, no costaron mucho menos, pero; eran Citroën fabricados en Vigo. Huelga decir, que además eran nuevos y no tenían que poner sus posaderas donde antes las ponían los 'sociatas'.

La otra gran medida fue 'eliminar' (y esas comillas son de las que hablando se marcan con los dedos) el sueldo de las diputadas y diputados en las Cortes. Desde 2013 se dejaron de pagar salarios, pero, como es lógico, no se quedaron sin cobrar. Se subieron las asignaciones para los grupos parlamentarios y los costes de las dietas por asistencia, como por a ejemplo a los plenos.

Lo del salario, solo fue el primer paso. Si este cambio de cómo se perciben las remuneraciones, no parece suficientemente tramposo, se tomó otra medida al respecto, no menos grave. Para las elecciones de 2015 se diseñaron las Cortes de Castilla-La Mancha más pequeñas en 30 años de autonomía. Recorte de las diputadas y diputados de 49 a 33 escaños. De un plumazo, un supuesto ahorro de 16 sueldos. ¿Sueldos? Si no cobraban... El que suscribe solo va a señalar la ironía, ya que no tiene las explicaciones.

La decisión era estratégica y política. No es que el gobierno de Cospedal tuviese un gran apoyo social, pero por la derecha el PP no tenía contrincantes (lo de Vox es más reciente de lo que nos pensamos). Mientras que, a la izquierda, Podemos si podía rascar votos al PSOE. Lo que aquel gobierno hizo, fue intentar que esta situación le fuese favorable.

Castilla-La Mancha fue uno de los territorios en los que Podemos tuvo un menor impacto, aunque como en toda España, lo tuvo. La forma de limitar la posibilidad de su entrada, fue esta reducción de las Cortes. Cuanto más pequeño el órgano de representación, más votos son necesarios para entrar. Si los votos de 100.000 electores se reparten entre 100 escaños, 1.000 votantes tienen un diputado. Si son 200 escaños, la representación es de 1 por cada 500 votantes. Obviando otros factores, como la fórmula matemática empleada para decidir el reparto o las circunscripciones, que ahondan en esta situación; se puede ver claro cómo la reducción parlamentaria limita la representación de opciones políticas. Y, como ya es sabido, al PP no salió bien.

Maravillas del bipartidismo: con la vuelta del PSOE... esto no es importante. Page es un candidato potente y el miniparlamento le conviene. Consigue mayorías absolutas con poca dificultad.

Pero llega una necesidad: reformar un Estatuto de Autonomía que supere el de la Transición. Las comunidades autónomas han llegado a ser algo mucho mayor de aquello para lo que fueron pensadas, por lo que es normal que se redefinan sus moldes legales. Y como es lógico, en lo que está llamado a ser el fundamento de la autonomía se han de definir todas sus características; también las Cortes. Así, en el texto, aprobado por esas mismas Cortes que nos representan, ahora en debate para ser validado por el Congreso de los Diputados, se entra en este tema en su Titulo II Las instituciones de Castilla-La Mancha, Capítulo I, Las Cortes.

La circunscripción electoral es la provincia. Las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 25 escaños y un máximo de 55 escaños. Cada provincia estará representada, en todo caso, por un mínimo de 3 escaños (Artículo 24.3 del texto).

¡Ridículo! En este proceso electoral (carísimo, dicho sea de paso) en el que ha embarcado el PP a muchas y muchos españoles, se están dejando ver los sistemas de las diferentes comunidades autónomas. Con algo más del millón de habitantes, se ha visto una Asamblea de Extremadura que otorgaba 65 asientos y en las Cortes de Aragón 67. La resta es sencilla: 10 y 12 escaños más para representar a la mitad de población. Las siguientes elecciones, en Castilla y León, con una población más similar a la castellanomanchega, serán para elegir a 81 procuradores.

Saquen sus propias conclusiones. Aprobado por el PP de Paco Nuñez en Toledo, al llegar al último trámite en el Congreso de los Diputados, para su partido el problema es este triste órgano representativo. Las Cortes de Castilla-La Mancha tienen el tamaño del Parlamento de La Rioja. Pero, mientras que la población riojana es de algo más de 300.000 habitantes, la castellanomanchega es de más de 2 millones. Con menos de 100.000 habitantes, Soria elige 5 procuradores para las Cortes de Castilla y León. Son los mismos que Cuenca, en nuestra región, pero teniendo esta provincia el doble de habitantes que la de la meseta norte.

En la práctica, esto limita, por ejemplo, que movimientos anti despoblación como Teruel Existe, Por Ávila o Soria YA, puedan desarrollarse en Guadalajara, donde la mayor parte de sus extensión sigue desapareciendo, agonizando lentamente.

La representatividad de un escaño en la región está cerca de los 64.000 habitantes, mientras que en las otras comunidades autónomas citadas anteriormente, en La Rioja, la representación es de 1 por cada menos de 10.000, en Extremadura, 16.000; Aragón 20.000 y en Castilla y León no llega a 30.000. La más alta, de estas, es la mitad de la representatividad de sus habitantes en los órganos correspondientes, que en Castilla-La Mancha. Y esto no solo pasa en España. En conjunto, la media de representatividad de los parlamentos autonómicos es de unos 34.000 habitantes por representante. Mientras que si se hace la misma aproximación con los lander alemanes, la media estaría en unos 40.000. En ambos, las y los castellanomanchegos quedamos claramente infrarrepresentados.

¿Da igual? ¿Ahorra costes? No podemos pretender que nos represente y gestionen lo público dos personas que estén ultra preparadas, que manejen todo tipo de temas, que tomen las mejores decisiones y que cobren el SMI, e incluso, si no cobran mejor.

Tampoco, un sistema democrático que se basa en la representación, se debe permitir que se establezcan límites en pro de mayorías: la idea de la democracia no es que las mayorías hagan lo que quieran, si no que entre todos, cada uno con el peso que tenga, tomemos las decisiones que menos perjuicios ocasionen a todos.

Por tanto, es clave señalar que, quienes defiendan esta reducción, defienden reducir la democracia. Pero sobre todo, me gustaría saber, cómo no defienden esta misma idea en otras comunidades autónomas.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular y diputada nacional por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha justificado el paso atrás del PP en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha al considerar que el debate sobre la horquilla de diputados “no preocupa en la calle, sino a los políticos”, defendiendo así las enmiendas presentadas por su partido en el Congreso de los Diputados.

Durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, Carmen Fúnez ha tenido que defender el viraje de su partido después de que el Partido Popular haya rectificado su postura inicial, en la que pactó con el PSOE establecer la horquilla de diputados a elegir en las Cortes de Castilla-La Mancha entre 25 y 55, y haya optado ahora por mantener los límites vigentes, entre 25 y 35.

Para la dirigente 'popular', el aumento de la horquilla de diputados “es una cosa que nos preocupa a los políticos” - aunque al PP sí le preocupó antes de sellar el pacto y se negó a que el tope de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha pasasen de los 55, frente a la propuesta del PSOE que aspiraba a los 59 o de otros partidos que, como Podemos llegaron a hablar de 100.

Según Carmen Fúnez “en la calle” no se habla de “si vamos a tener más o menos diputados”, defendiendo que el foco del Estatuto debe situarse en otros aspectos. Paradójicamente fue una de las líneas rojas del PP hace unos meses para llegar a un acuerdo.

La posición del PP “evoluciona”, pese al pacto con el PSOE

Preguntada por la “contradicción interna” que se ha evidenciado en el PP, después de que su presidente en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y todo el grupo parlamentario apoyara en mayo de 2025 en las Cortes regionales la reforma del Estatuto y ahora el partido haya defendido lo contrario en el Congreso, Fúnez ha asegurado que la posición del PP ha ido “evolucionando” conforme ha analizado qué es lo que “realmente preocupa a los ciudadanos de esta región”.

Según ha explicado, la propuesta de ampliar la horquilla de diputados “no se acogió con demasiado optimismo”, al considerar que “en la calle no existe esa necesidad”, insistiendo en que “la gente está cansada de los asuntos que les atañen a los políticos”.

En este sentido, ha recordado que en el mes de noviembre, durante la tramitación del Estatuto en el Congreso de los Diputados, el PP apoyó la toma en consideración del texto con el objetivo de “debatirlo y analizarlo”, un proceso que, a su juicio, ha permitido revisar la posición inicial del partido.

“Ahora la realidad social nos dice que los ciudadanos no están tan preocupados por la ley electoral como por otras cuestiones”, ha afirmado Fúnez, defendiendo que el foco del Estatuto debe situarse en aspectos alejados del debate electoral y centrados en las prioridades sociales.

En este sentido, Fúnez ha señalado que el PP comparte el planteamiento expresado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la toma en consideración de la reforma estatutaria en el Congreso, cuando defendió que el objetivo principal del nuevo texto es “elevar al máximo rango legal la protección y garantía del estado del bienestar” construido en la región durante los últimos años.

“Eso es lo que nos ha movido”, ha afirmado, asegurando que su partido ha querido “sacar el foco de la ley electoral”.

“No se tienen por qué dar por rotos los acuerdos”

La diputada nacional ha argumentado que, a pesar de la presentación de enmiendas, “no se tienen que dar por rotos los consensos y los acuerdos”.

“Lo que nosotros hicimos fue votar a favor del debate en el Congreso de los Diputados. La toma en consideración es poder debatir, poder hablar del tema”, ha declarado Fúnez.

“Se abre una nueva fase en donde en el Congreso podremos debatir, podremos trabajar y debemos seguir haciendo”, ha afirmado la diputada nacional, señalando que es necesario “seguir trabajando” para “buscar puntos de encuentro”.

Por otro lado, Fúnez ha rechazado las críticas vertidas por el PSOE tras la presentación de la enmienda, que ha achacado a que “no esperaban” este movimiento y a una reacción “bastante falta de reflexión”.

En este punto, ha considerado que afirmar que mantener el número actual de diputados supone “un ataque a la dignidad” de Castilla-La Mancha es una afirmación desproporcionada.

Frente a ello, ha reiterado que el Partido Popular defiende un Estatuto que “blinde el estado del bienestar” y responda a lo que, a su juicio, demandan los ciudadanos, “cansados de los asuntos que solo interesan a los políticos”.

Ana María Cantarero ha ratificado su juramento como diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha durante el pleno de este jueves, tras la renuncia de la diputada y alcaldesa de Horcajo de Santiago (Cuenca), María Roldán, por enfermedad. De este modo, Cantarero accede al pleno en el ejercicio de su condición de diputada tras ratificar su juramento ante la Cámara autonómica.

Ha sido el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, quien ha dado cuenta de esta ratificación en virtud del artículo 7.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Cantarero es alcaldesa de El Pedernoso y vicesecretaria de Participación del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Tras María Roldán, fue la siguiente parlamentaria que componía la lista 'popular' en la provincia de Cuenca en las pasadas elecciones de 2023.

Fue el pasado 12 de enero cuando el presidente regional del partido, Paco Núñez, comunicó la renuncia de Roldán, que se retiraba de su cargo como diputada para centrarse en su tratamiento contra el cáncer y en su labor como alcaldesa de Horcajo de Santiago.

Dice un refrán : “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar” y, esta expresión trasladada al terreno político, es la advertencia que acaba de realizar el Movimiento Sumar Asturies a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) para que “tome nota” del resultado electoral en Extremadura, se ponga las pilas y “pise el acelerador” de las políticas sociales para devolver la ilusión a la ciudadanía para mantener un gobierno progresista en el Principado, frenando así “la involución de un posible gobierno del PP con Vox”.

El coordinador de Movimiento Sumar Asturies y portavoz del grupo parlamentario de Convocatoria por Asturies en la Junta General del Principado, Xabel Vegas, reconoce que el batacazo que se han llevado los socialistas extremeños es una situación que debería hacer reflexionar a los socialistas asturianos porque es un síntoma de lo que podría pasar en Asturias.

Preocupación por el avance de Vox

Xabel Vegas ha expuesto su posicionamiento y el de su grupo a través de un comunicado de prensa donde reconoce que el resultado electoral en Extremadura es un dato “profundamente preocupante y una seria advertencia para Asturies”.

El diputado mantiene que el avance de Vox, convertido en fuerza decisiva para sostener el gobierno del Partido Popular (PP), demuestra que la desmovilización del electorado progresista solo beneficia a la extrema derecha, que “ya disputa abiertamente la hegemonía del bloque conservador”.

“Gobernar no es ocupar cargos”, advierte

Para Xabel Vegas, “estas elecciones deben ser un revulsivo para que el PSOE entienda que gobernar no consiste en ocupar cargos, sino en avanzar con determinación en políticas sociales que mejoren de forma tangible la vida de la gente”.

Por ello, pide a la FSA-PSOE y al presidente Adrián Barbón que “tomen nota de lo ocurrido en Extremadura y concentren todos sus esfuerzos en recuperar la ilusión de la mayoría progresista mediante políticas más audaces, centradas en las necesidades de la clase trabajadora”.

La falta de ilusión del electorado

“El presidente Barbón es un gran comunicador, de eso no cabe duda, pero la comunicación sin materialidad se convierte en mero espectáculo. La política útil -dice el coordinador- no se basa en el relato, sino en avances reales que la ciudadanía perciba en su día a día”.

Xabel Vegas enfoca a la falta de ilusión del electorado y la necesidad de motivarlo como uno de los principales problemas a los que se enfrentan.

“El verdadero adversario del progresismo no es el PP ni Vox, sino la desafección, la falta de expectativas y la abstención”, tal y como reflejan los datos de participación en Extremadura.

Un cambio de ritmo

“En Asturies aún estamos a tiempo de evitar ese escenario, pero es urgente que la FSA asuma que hace falta un cambio de ritmo y pisar el acelerador de las políticas sociales para frenar la involución que supondría un gobierno del PP con Vox”, ha sugerido.

En este escenario que ha dibujado, Xabel Vegas echa la mirada hacia su grupo parlamentario: “Convocatoria por Asturies es y seguirá siendo el espacio de confluencia de la izquierda transformadora asturiana”.

El motor de las políticas progresistas

“Hemos demostrado que es posible dejar atrás diferencias para construir un proyecto plural con vocación de gobierno, orientado a reforzar los servicios públicos, ampliar derechos y fortalecer una identidad asturiana digna”, detalla.

“Durante esta legislatura, Convocatoria por Asturies está siendo el motor de las políticas progresistas del gobierno de unidad”, ha recordado a los socialistas para que lo tengan en cuenta y “tomen nota”.

“La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor de ver cómo de las tres personas que encumbraron a Sánchez, una declaró ayer en el Supremo, otra lo hará hoy y otra está en la cárcel”. Así ha despejado este jueves el líder del PP las preguntas sobre el planteamiento del juez Leopoldo Puente, quien ayer reclamó, en el auto en el que confirmó la libertad de José Luis Ábalos, una reforma legal para poder quitar el acta de diputado a quienes están investigados judicialmente.

Ni Feijóo ni el PP han querido apoyar el planteamiento de Puente, aunque tampoco contradecirlo expresanemente. El líder del PP ha optado por evitar responder y centrarse en atacar al Gobierno, al presidente y al PSOE. Eso sí, ha usado la palabra “estupor”, la misma que usó el magistrado Puente.

En opinión de Feijóo, el desfile de excolaboradores de Sánchez por el Tribunal Supremo, “contrasta con lo que dijo ayer el presidente de que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa”.

“Causa un absoluto estupor”, ha insistido, replicando las palabras de Puente. “Seguir viendo cómo el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del Gobierno en las votaciones es el tercer estupor que le causa a los españoles”.

“Vivimos con un presidente rodeado absolutamente de corrupción”, ha planteado Feijóo, quien se ha dirigido a los socios de Sánchez: “Y seguimos sorprendidos porque no haya nadie que en el Congreso retire la confianza de una vez al Gobierno donde se han producido más corrupción que nunca que en los casi 50 años de democracia”.

Hoy quiero mandar un fuerte abrazo a las pobres taquígrafas del Congreso. Son funcionarias que se merecen un plus de penosidad por su trabajo: se ven obligadas a prestar la máxima atención al espectáculo lamentable que últimamente se vive en cada pleno del Congreso de los Diputados. Aquí puedes leer el acta taquigráfica de la sesión de este miércoles. Lo primero que te sorprenderá son los gritos de algunos parlamentarios, que interrumpen a quien está en el uso de la palabra –no se suelen escuchar por la tele, pero las taquígrafas sí los recogen–. Entre ellos, verás que hay dos diputados del PP que destacan sobre los demás y que se toman esas sesiones como si estuvieran en los toros: Rafael Hernando y Miguel Tellado. Siempre a gritos.

Pero las sesiones del Congreso no son lamentables solo por las formas. También por el fondo: por ese uso constante de la mentira en el que la derecha se ha instalado como forma de hacer política. Una crispación a la que siempre recurre cuando no gobierna, y que se ha disparado desde las elecciones de 2023, las que el PP perdió contra su propio pronóstico.

Es obvio que el Gobierno tiene serios problemas, en gran parte merecidos: por lo que hizo un ministro tan importante como fue José Luis Ábalos, por las sospechas sobre Santos Cerdán. Lo que ya sabemos y lo que pronto descubriremos perfila un caso de corrupción de los de toda la vida: tan cutre como indecente. Hay material más que de sobra para hacer oposición. No hace falta mentir ni exagerar, como hace el PP en cada pleno, en su desquiciada competición con Vox. 

Miguel Tellado (PP): “La presidenta de ADIF, la señora Pardo de Vera, procesada por chanchullos en adjudicaciones. El director general de Carreteras, en el banquillo por contratos ilegales también”.

Falso. Tanto la expresidenta de ADIF como el exdirector general de Carreteras están imputados, pero ninguno de los dos ha sido procesado. Se les investiga, sí, pero aún no han sido enviados a juicio. Por eso tampoco están “en el banquillo”.

Miguel Tellado: “Zapatero está bajo sospecha por contratos de hidrocarburos y sus mediaciones internacionales inmorales e ilegales”.

Falso. La Audiencia Nacional investiga un fraude masivo con los hidrocarburos en el que hay decenas de imputados, pero ninguno de ellos es José Luis Rodríguez Zapatero. Quien sí está imputado –acusado de defraudar más de 180 millones de euros– es Víctor de Aldama, un presunto corrupto que difunde todo tipo de acusaciones contra Zapatero y al que el PP concede toda la credibilidad que niega al expresidente del Gobierno. 

Miguel Tellado: “Ángel Víctor Torres y la señora Armengol, bajo la sombra de la sospecha por amañar adjudicaciones en los Gobiernos autonómicos que presidían”.

Falso. De momento, ni Torres ni Armengol están siendo investigados judicialmente por nada. Y amañar adjudicaciones durante la pandemia es, además, un imposible metafísico: se eliminaron todas las reglas de contratación en ese periodo. No había que amañar nada para adjudicar de forma legal a quien quisieras sin concurso alguno. Incluso a un amigo de tu pueblo que paga una comisión a tu hermano, como hizo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Miguel Tellado: “La Guardia Civil registrando su sede de Ferraz”

Falso. Lo único que ordenó el juez Puente a la Guardia Civil durante la investigación sobre Santos Cerdán fue clonar su correo electrónico. No hubo ningún registro en Ferraz.

Miguel Tellado: “Créame, señor Bolaños, lo suyo no es un Gobierno, es una organización criminal”.

No existe un solo auto judicial que haya acusado al Gobierno de este delito. Aunque sí han calificado como “organización criminal” a Koldo y Ábalos. 

Miguel Tellado, a Félix Bolaños: “El fiscal general del Estado, procesado por cometer delitos contra un rival político, delitos instigados desde la Presidencia del Gobierno, posiblemente por usted”.

Falso. No hay evidencia alguna de que el fiscal general del Estado actuara “instigado por la Presidencia del Gobierno”. El juez Ángel Hurtado deslizó esa afirmación en uno de sus autos, pero fue después corregido por el propio Supremo, que le ordenó retirar esa acusación sin pruebas. 

Juan Bravo (PP) a María Jesús Montero sobre el escándalo de las mamografías en Andalucía: “Fue usted la que eliminó la obligación de informar a las pacientes.” 

Falso. El protocolo aprobado por Montero cuando fue consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía –hace ya catorce años– no elimina la obligación de informar a las pacientes sobre su diagnóstico. Al contrario: establece que deben ser notificadas en un plazo máximo de 30 días. Ningún protocolo –ni el de Montero ni el que está hoy en vigor– ampara la gravísima negligencia de la sanidad andaluza que hoy gestiona el PP: retrasos de hasta dos años en los diagnósticos de cáncer de miles de mujeres.

Esther Muñoz: “Hay testimonios de empresarios que dicen que llevaban bolsas con dinero de amaños a Ferraz”.

Es un plural muy generoso, porque se trata de un único testimonio: una sola persona. Y es cuestionable tanto su veracidad como el calificativo de empresaria. 

La historia de las bolsas con dinero parte de la declaración de Carmen Pano, madre de la exnovia de Víctor de Aldama y una de las imputadas en la trama de los hidrocarburos. Está acusada de lucrarse con el fraude millonario y figuraba como administradora en varias de las sociedades de Aldama. La Justicia sospecha que era una de las presuntas testaferros de esta trama.

Pano es también la persona a cuyo nombre estaba el chalet en Cádiz que usó José Luis Ábalos. Hay abundantes indicios de su participación en los negocios irregulares de Aldama y su socio, Claudio Rivas.

Su testimonio –según el cual entregó 90.000 euros en efectivo en Ferraz por orden de Aldama– llegó primero de forma anónima a algunos medios y sirvió de base para una querella del PP contra el PSOE ante la Audiencia Nacional. La querella fue rechazada de plano por su falta de solidez y “las contradicciones de los denunciantes”.

El propio Víctor de Aldama –hoy distanciado de ella– también niega esa acusación.

Miguel Tellado: “Dinero negro que entraba en Ferraz en bolsas de basura por parte de empresarios y salía en sobres en manos de Koldo, Ábalos y Cerdán, y sabe Dios de quién más”.

Falso. No hay ninguna evidencia de que exista una caja B en el PSOE ni de que se haya usado dinero negro para pagar sobres. El informe reciente de la UCO sobre los ingresos de Ábalos, que el PP utiliza para forzar un paralelismo con la Gürtel, dice exactamente lo contrario: que los pagos que el PSOE realizó a Ábalos “coinciden con lo declarado ante la Agencia Tributaria” y “con los datos de sus cuentas bancarias”. La UCO solo ha encontrado descuadres mínimos en una contabilidad de varios años.

El famoso sobre con un pago en efectivo para Ábalos que también aparece en ese informe no es un sobresueldo, sino una liquidación de gastos: tickets que Ábalos pagó y que el partido le reembolsó. Es, además, anterior a la entrada en vigor de la ley contra el fraude fiscal de 2021, que limita los pagos en efectivo a mil euros. Y el PSOE no es la única organización que mantiene una caja en metálico: ocurre lo mismo en muchos ministerios y hasta en el Senado. 

De ser un soborno o un sobresueldo –que no parece– sería el primero de la historia que, además de billetes, incluye monedas de céntimos. 

Esther Muñoz: “Dice usted que el PP es el partido que ha sido condenado por financiación. No, lo fue a título lucrativo, que eso implica que no conociera el delito”.

Falso. El PP ha sido condenado tres veces a título lucrativo en tres piezas distintas del caso Gürtel, y otra vez más como responsable civil subsidiario, por los pagos en dinero negro procedentes de la caja B con los que reformó su sede de Génova. El Supremo sentenció como probado que el PP mantuvo una contabilidad opaca, que no pasaba por el Tribunal de Cuentas y que se alimentaba por donaciones ilegales que hacían empresas contratistas de la administración pública. 

Si el PP no fue condenado por financiación ilegal no es porque desconociera estos hechos: es porque ese delito entró en el Código Penal en 2015, y la Gürtel fue antes. 

Por supuesto que los conocían. Lo sabían perfectamente: todos los principales líderes del partido cobraron sobres con dinero negro, según la contabilidad paralela que llevó durante 19 años su extesorero, Luis Bárcenas.

Esther Muñoz: “Me gusta que haya traído usted aquí el M. Rajoy, que también lo cacarean. ¿Usted no sabe que el M. Rajoy fue descartado por el Tribunal Supremo porque fue un apunte posterior al propio entregado al tribunal?”

Falso. En los papeles de Bárcenas el nombre del expresidente del Gobierno aparece en 35 ocasiones bajo distintas fórmulas: “M Raj”, “M. Rajoy”, “Mariano R.”, “M.R.” o “Mariano”. Entre todos los apuntes suman más de 300.000 euros, cobrados entre 1997 y 2008. 

El Supremo, en ninguna de sus sentencias, ha descartado nada relacionado con la caja B del PP o con los pagos a Rajoy. Más bien al contrario: la sentencia de la Gürtel confirma que Mariano Rajoy mintió cuando negó los sobresueldos ante la Audiencia Nacional, durante una declaración como testigo en la que estaba legalmente obligado a decir la verdad. 

¿Mentir en el Parlamento? En el fondo, es un pecado venial. Mintieron ante los jueces con total impunidad. 

Algún día, cuando alguien repase esas actas que las taquígrafas del Congreso guardan con paciencia, leerá el retrato de una época en la que la mentira se confundía con la política, el relato con los hechos y el grito con la razón. 

No es la primera vez que los diputados de Vox en La Rioja emplean descalificativos para dirigirse a otros diputados y diputadas en la Cámara riojana. Esta vez ha sido Héctor Alacid quien ha llamado “tonta” a la diputada de IU, Henar Moreno. Ha sido con motivo de una moción con la que el grupo parlamentario Podemos-IU instaba al Gobierno autonómico a declarar a La Rioja como “Región Acogedora” y a mostrar públicamente su disposición a colaborar en el proceso de acogida solidaria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en coordinación con las instituciones competentes.

El portavoz del grupo de ultraderecha se ha dirigido a la diputada de IU, Henar Moreno, en estos términos: “Hay un dicho que a usted le viene muy bien, un dicho español: es mejor estar callada y parecer tonta que abrir la boca y despejar todas las dudas”.

Estaba claro que el grupo parlamentario de Vox no iba a apoyar la moción presentada por Podemos-IU, pero por si quedaba alguna duda, Alacid lo ha dejado claro: “No podemos apoyar la moción por ser pura demagogia, digan a cuántos menas se van a llevar a su casa. No digan niños porque solo vienen hombres”.

Antes de abandonar la tribuna, Alacid ha lanzado otro mensaje a la diputada de IU: “Usted representa lo peor de la política, lo que es usted, una comunista, no lo olvide. No le voy a calificar porque usted misma lo hace cada vez que sube a la tribuna, no venga con milongas porque no engaña nadie”. No sin antes espetarle, “cállese progre”.

La diputada de IU, Henar Moreno, se ha dirigido a la presidenta del Parlamento y ha solicitado el amparo “porque no se puede dar carta libre a descalificaciones e insultos hacia las personas”. Como ha dicho, “el debate político puede implicar la descalificación de las ideas, pero no de las personas”.

La diputada de Somos Asturies Covadonga Tomé ha llamado a la movilización ciudadana para que se acuda con banderas de Palestina a las dos etapas programadas en Asturias de la Vuelta Ciclista a España 2025, mañana, viernes, y el sábado, día 6, y se proyecte una imagen donde los protagonistas sean los mensajes de apoyo al pueblo que “está siendo masacrado por el genocida Estado de Israel”.

Tomé ha pedido el boicot para impedir que la Vuelta se pueda desarrollar en el Principado por la participación del primer equipo profesional israelí de la historia, Israel-Premier Tech, que está financiado por dos multimillonarios israelíes con el fin, según ha declarado uno de ellos, de “mejorar la imagen de Israel alrededor del mundo”. 

“La Vuelta es un gran escaparate para Asturies, no se puede permitir que se use a nuestra Comunidad para que se blanquee la imagen del terrorista Estado de Israel. La Vuelta, con el Israel-Premier Tech, no puede llegar a Asturies”, ha asegurado la diputada.

La financiación

Tomé reconoce que, etapa tras etapa, el descontrol crece y se tolera que se proyecte una imagen “lamentable”, especialmente tras los incidentes ocurridos ayer en Bilbao en un evento deportivo que está siendo retransmitido por televisión a 190 países y tiene un millón diario de telespectadores.

La Vuelta cuenta con financiación del Gobierno asturiano y, para la portavoz de Somos Asturies, no se puede destinar “ni un solo euro” a patrocinar eventos deportivos que “no defiendan de manera clara los derechos humanos, la igualdad o la justicia social”, sostiene.

Blanquear la imagen

Además, pide coherencia después de que el presidente del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, portara una bandera de Palestina en la salida del Descenso Internacional del Sella, por lo que también exige que su gobierno “no permita el uso del deporte para blanquear la imagen de estados genocidas”.

Tomé reclama a la empresa organizadora de La Vuelta, a los organismos nacionales e internacionales del ciclismo y al Consejo Superior de Deportes que el equipo israelí no continúe “ni una sola etapa más” en La Vuelta 2025.

Evitar la violencia

Para reforzar sus palabras se remite a La Ley Asturiana de Actividad Física y Deporte que señala, en uno de sus principios rectores, que la administración del Principado de Asturies, en colaboración con otras administraciones públicas y entidades, evitarán la violencia y la intolerancia en acontecimientos deportivos de alto nivel para participantes y público. Y recuerda que en el mismo sentido se pronuncia la Ley Española del Deporte.

“El deporte no puede usarse, bajo ninguna premisa, para difundir valores antidemocráticos y para blanquear el asesinato de cientos de miles de personas, muchos de ellos niños y niñas”, expone la diputada de Somos Asturies.

La Asamblea de Madrid ha aprobado este verano una subida salarial del 0,5%, la tercera en cuestión de 13 meses. Según ha adelantado El País, y ha podido comprobar elDiario.es, este incremento se ha tramitado con los votos a favor de PP y PSOE, y los votos en contra de Más Madrid y Vox, mediante un acuerdo adoptado en julio por la mesa de la Diputación Permanente del parlamento regional. El salario base de los diputados de la Comunidad de Madrid asciende, así, hasta los 3.883,02 euros brutos, mientras que los complementos de portavocías y comisiones también se han visto incrementados en la misma proporción.

En julio de 2024 se produjo el primer aumento de las retribuciones de los diputados madrileños, un 2%, justificado en las subidas estatales de los salarios de los funcionarios públicos, norma que explicita su voluntariedad para altos cargos de parlamentos regionales. Así, en diciembre, adoptaron un segundo acuerdo para incrementar los salarios un 6%, con los votos en contra de Más Madrid y Vox. Los miembros de la autoridad parlamentaria mantuvieron una reunión el 26 de diciembre en la que los partidarios de la subida retributiva basaron sus argumentos en su comparación con los salarios de los diputados del Congreso y de otras cámaras autonómicas, ya que en ese momento cobraban de base un 16% menos que los diputados del Congreso, un 42,28% menos teniendo en cuenta los complementos. Además, justificaron, cobraban menos que los diez parlamentos regionales con los salarios más altos.

En una reunión interna, según señala El País, diputados del PP y PSOE argumentaron que estos incrementos ayudarían a “dignificar la política”. En la mesa de la Diputación Permanente, la vicepresidenta segunda, Esther Rodríguez Romero (Más Madrid), dijo no entender que la dignificación de la política deba “empezar por el incremento de las retribuciones”.

El aumento salarial de este verano se respalda en el aumento del 0,5% aprobado para todos los funcionarios públicos, según el Real Decreto Legislativo 4/2024, que contempla estas subidas en Parlamentos autonómicos, si bien recalca la voluntariedad de la medida. Habrá parlamentarios madrileños que lleguen a cobrar 5.900 euros brutos mensuales, ya que las indemnizaciones por función también ascenderán: presidente de la Asamblea (plus mensual de 2.354,72 euros), portavoces de partidos (2.023,65), vicepresidentes de la Cámara (1.835,73), secretarías y juntas de portavoces (1.615,45), portavocías de comisiones (938,73), presidencia de comisiones (750,99) y vicepresidentes o secretarios en comisiones (563,23).

A pesar de la voluntariedad de aplicar el aumento salarial a altos cargos, el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio (PP), dijo en la reunión en la que se adoptó la decisión que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado que para los altos cargos también procede el incremento retributivo del 0.5% y que la propuesta de acuerdo así como que el Acuerdo de la Asamblea sobre la retribución de los diputados alude también al Real Decreto Legislativo 4/2024, por lo que procedería también el incremento para los Diputados”. Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí que ha decidido acogerse a la voluntariedad de la norma y mantener su salario en los 103.090,32 euros anuales.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y Somos Asturies han emprendido una campaña de información y movilización social para exigir la retirada del cobro del peaje de la autopista del Huerna, después de que la Unión Europea (UE) haya declarado su ilegalidad.

Bajo el eslogan: “El peaxe del Güerna ye illegal (Y díztelo la Unión Europea)” han colocado vallas publicitarias en distintos puntos de Asturias.

En Mieres instalaron una valla en la convergencia de la A-66 con el enlace de la Autovía Minera y en Gijón han puesto otra muy próxima al enlace con la AS-I.

El primero que denunció la presunta ilegalidad de este cobro fue Daniel Ripa, en 2021. En esa fecha él era diputado en la Junta General del Principado y líder de Podemos Asturies.

Ripa trasladó su sospecha sobre la posible ilegalidad de este pago a la Comisión Europea (CE) y presentó una denuncia a título personal, ya que por aquel entonces la dirección nacional del partido optó por desligarse del caso al formar parte del Gobierno central.

Cuatro años después, con la razón del lado del exdiputado, continúa siendo de pago. Ripa ha anunciado la presentación de una solicitud de revisión de oficio y ha llamado a la ciudadanía a “sumarse con escritos individuales al Gobierno”.

Posible sanción de la UE

Asimismo, ha advertido de que, si no se elimina el peaje antes del 17 de septiembre, “España podría ser sancionada por la UE”.

Ripa ha denunciado que el Gobierno central “sigue permitiendo” el cobro de 15,6 euros por trayecto en una autopista cuya concesión fue prorrogada de forma irregular en el año 2000 sin concurso público y ha pedido a los conductores que “guarden los tiques o datos bancarios”, ya que confía en que se puede recuperar el dinero.

Tomé reclama “transparencia”

El relevo al exdiputado ha llegado ahora de la mano de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y Somos Asturies.

Con esta campaña, se reclama además que se informe con “transparencia” sobre la obra del argayo que lleva nueve meses manteniendo un carril cortado de la principal vía de comunicación de Asturias con la Meseta.

“Actualmente la ciudadanía no tiene ninguna información sobre los plazos para su culminación, ni sobre las medidas que se han tomado para que no vuelva a repetirse una situación similar en esta carretera”, ha afirmado la diputada.

Pagar con obras incluidas

Tomé ha destacado que, a pesar de las molestias ocasionadas a usuarios y usuarias de esta conexión vial con Asturias, “no se ha dejado de cobrar el peaje ni un solo día”, especialmente teniendo en cuenta que la prórroga “ya ha sido declarada ilegal por una Unión Europea y debe ser suprimido este mes de septiembre”.

La portavoz de Somos Asturies confía en que el Gobierno asturiano presione al Ejecutivo estatal para que “no inicie un proceso judicial que solo servirá para que la ciudadanía asturiana siga perdiendo dinero. Hay que terminar con la burla que es este peaje cuanto antes”, explica.

El silencio de las fuerzas políticas

Tomé culpa al resto de fuerzas políticas por permanecer calladas; un hecho que atribuye a que “todas han sido cómplices de este agravio comparativo para los y las asturianas”.

Esta campaña continuará, en los próximos meses, con nuevas acciones dirigidas a presionar a las administraciones para la supresión del peaje.

Agustín Santos Maraver fue el fichaje de Yolanda Díaz para acompañarla como número dos en la lista más importante de una campaña electoral, la número dos por Madrid. En Sumar, aquella posición no tenía solo peso simbólico sino mucho valor político. En la confección de aquellas listas hubo una auténtica guerra fratricida: que si Podemos sí o no, que si Ione Belarra o Irene Montero, que si Más Madrid o Izquierda Unida… ¿Entonces, por qué? Santos Maraver solo ha sido noticia en esta mitad de legislatura por una cosa: en el Congreso hubo una votación pidiendo la ruptura de relaciones con Israel por el genocidio en Gaza. Todo el grupo parlamentario de Sumar votó a favor de romper relaciones con Israel. Él votó en contra.

¿Quién es Agustín Santos Maraver? Tratamos de responder a esta pregunta con el periodista de elDiario.es que sigue la actualidad de Sumar, Alberto Ortiz.

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La fins ara diputada de Vox en el Parlament balear Idoia Ribas ha registrat aquest dijous un escrit en el qual confirma la seva sortida del grup d'extrema dreta per a fer el seu salt al de parlamentaris no adscrits. Amb això, els de Santiago Abascal, que van iniciar l'actual legislatura amb vuit diputats en la Cambra autonòmica, quedarà reduït a cinc diputats.

En un escrit dirigit a la Mesa de la Cambra a primera hora d'aquest dijous, consultat per eldiario.es, Ribas ha sol·licitat formalment adquirir la condició de diputada no adscrita, una decisió que va anunciar dimarts passat davant la “fustigació” al qual assegura veure's sotmesa per part dels seus companys de bancada. “Vaig dir que no m'aniria del grup tret que la fustigació continués després de la meva baixa del partit. Com així és, no em queda més remei que anar-me”, va manifestar Ribas en el seu compte de X.

“Així ho han volgut els actuals dirigents d'un partit que tira a la gent o l'obliga a anar-se”, va remarcar en el mateix missatge la parlamentària, qui acusa a Vox de “maltractar” a gran part dels seus càrrecs electes així com de “evitar governar en autonomies i renunciar a aplicar el seu programa”, tal com va assenyalar la mateixa Ribas en una entrevista concedida a eldiario.es. “Cadascú sabrà si aquesta és l'opció que vol per a Espanya. Jo no la vull, prefereixo continuar avançant en llibertat”, ha etzibat en el seu perfil en la xarxa social.

Cal recordar que Ribas va deixar Vox el mes d'abril passat, sumant-se a la llarga nòmina de càrrecs (Macarena Olona, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros, Rubén Manso...) que han optat per abandonar el partit d'extrema dreta per discrepàncies amb la direcció nacional, principalment després que, al juliol de 2024, Abascal donés per trencats els acords autonòmics de governabilitat que mantenia amb el PP fins llavors. Amb tot, la diputada continuava dins del grup parlamentari de Vox.

En una entrevista concedida a eldiario.es, Ribas va assenyalar que “Vox és una organització tòxica. I Abascal exerceix un lideratge tòxic perquè té un zel excessiu cap al seu propi lideratge. No vol que ningú més destaqui, que ningú més pugui tenir algun tipus de rellevància dins del partit”. En aquesta línia, va criticar que, “en aquests moments”, la formació “és absolutament antidemocràtica perquè al líder suprem solo se li pot triar cada quatre anys, per Internet i havent d'identificar-te quan votes per tràmits telemàtics. Tot el poder està concentrat en Abascal. A ell es deuen els assoliments, però també a ell es deuen els fracassos”, assegura, lamentant que “la desautorització és constant cap a les persones”.

Recrimina, a més, que no es pot ser autonomista dins de Vox sense ser assenyalat i que la direcció nacional del partit s'ha oblidat de Balears, la realitat insular del qual “no estan tenint en compte”.