El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria, en manos de Sonia Díaz de Corcuera, del PNV, ha interpuesto ante la Policía Local una denuncia por varias pintadas efectuadas sobre el monumento de la plaza de la Virgen Blanca con alusiones a las reivindicaciones de la huelga general del pasado martes. “Soldata duinak”, se puede leer en letras rojas en la más grande, que en euskera significa 'Salarios dignos'. Las manifestaciones de la semana pasada tenían como principal exigencia el establecimiento de un salario mínimo propio vasco más alto.

Esa pintada se encuentra justo encima de la leyenda que reza “21 de junio de 1813”, fecha en la que se libró en la capital alavesa la batalla en la que un conglomerado de tropas españolas, británicas y portuguesas —dirigidas por Arthur Wellesley, quien más adelante sería nombrado duque de Wellington— derrotó a las fuerzas napoleónicas de José Bonaparte.

Interpuesta ya la denuncia, el Departamento de Cultura ha contactado con una empresa de limpieza especializada. Todavía no se ha concretado un presupuesto y el Departamento, que habrá de sufragar el arreglo de los desperfectos, queda también a la espera de conocer la disponibilidad de la empresa y de que se solvente la investigación. Se ha pedido la identificación de los autores.

La 'número dos' del Ayuntamiento, Beatriz Artolazabal, ya se pronunció la semana pasada sobre los efectos de la huelga, que habían dejado una Vitoria “totalmente sucia”. La primera teniente de alcaldesa y también concejala de Espacio Público, sostuvo que, si bien la reivindicación era “legítima”, convenía “analizar en qué situación” había quedado la ciudad. “Una cosa es que el piquete vaya a cerrar la tienda dentro de su labor de información, lo puedo respetar. Lo que me parece vandalismo puro y duro es entrar en una tienda, tirar ropa o echar pintura”, añadió.

La obra escultórica, erigida según los planos esbozados por Gabriel Borrás e inaugurada en 1917, recuerda la victoria aliada de 1913, con leyendas que rezan “A la batalla de Vitoria” y “A la independencia de España”. Aunque ha recibido algunos lavados de cara a lo largo del tiempo, requiere de una rehabilitación integral cuyo importe, según se estimó el año pasado, no bajará de los 360.000 euros. En palabras de Díaz de Corcuera, el Ayuntamiento “ha identificado el problema, sabe qué patología tiene el enfermo y a cuánto asciende el coste y ahora toca intervenir”. Pese a ello, y transcurrido más de un año desde aquellas declaraciones, no hay aún fecha fijada en el calendario para el comienzo de las obras.

El monumento se encuentra en la lista roja de Hispania Nostra. “En la actualidad presenta un alto estado de deterioro con múltiples fisuras y desprendimientos. De manera que todo lo que sobresale del relieve como gorros, sables, bayonetas, plumas, espuelas estandartes o símbolos está roto, doblado o desaparecido. En el 2001 se acometió la última intervención importante”, subraya esta asociación dedicada a la defensa y promoción del patrimonio cultural.

Tras la huelga general el pasado 17 de marzo que se acompañó de multitudinarias manifestaciones en las capitales vascas, la negociación para conseguir un salario mínimo propio en Euskadi, por encima del vigente en el Estado, vuelve a la casilla de salida. En concreto, al emplazamiento a la patronal a que siente a negociar la cantidad mínima que los trabajadores deben cobrar en Euskadi. Los sindicatos ELA y LAB han citado a Confebask a una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) el martes día 24 para abordar la negociación. En el caso de Navarra la cita con la patronal está convocada un día después, el día 25.

La reunión de este martes será la cuarta ocasión en la que se intenta llegar a un acuerdo con los empresarios sobre este tema, después del primer encuentro que se celebró en febrero de 2025 y al que los empresarios acudieron solo para decir que no tienen intención de abordar este tema, al menos tal y como lo plantean los sindicatos. A partir de ahí no ha habido más que desencuentros con los empresarios. Por un lado, los empresarios se aferran a que se trata de una competencia que es del Estado y, por lo tanto, no les corresponde a ellos fijarla. Y por otro, consideran que establecer un salario mínimo común para todas las empresas de Euskadi, más elevado que el de otras comunidades, pondría en “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”.

Ante la negativa de la patronal a sentarse a negociar, ELA y LAB llevaron el tema a los tribunales, pero el TSJPV desestimó la demanda por ser una cuestión de competencia estatal. Sin embargo, los sindicatos se han aferrado precisamente a la argumentación contenida en esta sentencia para volver a citar a los empresarios. Las centrales señalan que la Justicia estableció que los sindicatos “pueden negociar con Confebask un salario mínimo para las relaciones laborales, pero sin afectar a las prestaciones sociales” y, por ello, ahora proponen “una nueva negociación dentro de ese marco”. En su petición de reunión señalan expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi y no a las prestaciones sociales.

ELA y LAB consideran que la sentencia supone que no pueden reclamar a la patronal la negociación de un salario mínimo legal que supere el marco de las relaciones laborales, ya que las negociaciones “no pueden afectar, por ejemplo, a la regulación de la Seguridad Social, a la inembargabilidad legal de los salarios o la determinación de las indemnizaciones del Fogasa” algo que, según aseguran, nunca han exigido en su reclamación de negociación a la patronal, razón por la que recurrirán la sentencia.

CCOO y UGT, que no convocaron ni secundaron la huelga , consideran que este nuevo emplazamiento entra de la fórmula de salario mínimo de convenio que estos sindicatos sí defienden, por lo que han emplazado a la patronal a negociar. Los sindicatos convocantes del paro consideran que “el éxito de la huelga general y las movilizaciones masivas” demuestran que “la sociedad vasca no va a ceder en la reivindicación de un SMI propio de 1.500 euros” y han considerado que “el clamor social debe obligar a gobiernos y patronales a avanzar de modo inmediato en su implantación”. Creen que la huelga ha sido “una demostración de fuerza de la clase trabajadora vasca”. “Estamos más fuertes que ayer, y tanto los partidos políticos como las patronales se han dado cuenta”. “No pararemos hasta conseguir el objetivo”, advierten. Y consideran por ello que la patronal debe escuchar el mensaje que le ha lanzado la huelga y sentarse a negociar.

De forma paralela, se mantiene abierta la vía iniciada de pedir a los partidos en el Congreso de los Diputados que presenten iniciativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que las comunidades autónomas tengan capacidad para legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. Esta iniciativa ha llevado a reunirse con los partidos en el Congreso a los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia. “Ningún partido con los que nos hemos reunido -todos con representación a excepción de PP y Vox- nos han dicho que no”, han asegurado.

La mayoría sindical vasca, capitaneada por ELA y LAB, ha hecho una demostración de fuerza este martes al conseguir sacar a miles de personas a la calle en una jornada de huelga general para presionar a la patronal, y también a los Gobiernos vasco y navarro, con el objetivo conseguir un salario mínimo propio, diferenciado y más elevado que en el Estado, y por encima de los 1.500 euros. Las movilizaciones del mediodía han llenado las calles de Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona, y también ha habido convocatorias en otras localidades más pequeñas. Mientras, el seguimiento ha sido desigual en los diferentes sectores. ELA ha cifrado en 105.000 las personas en la calle. Ha sido una jornada con algunos incidentes, como los ocurridos a primera hora en Vitoria, con quemas de neumáticos y contenedores, o a mediodía en Bilbao, donde se ha producido un detenido en la Gran Vía.

“Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de este martes por la mañana en Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, pero no CCOO y UGT.

Las manifestaciones se han celebrado también en Vitoria, Donostia, Pamplona, Eibar y Tudela. Con ellas, los sindicatos convocantes han querido mostrar en la calle su fuerza en un paro que han calificado de rotundo éxito, aunque ha tenido un seguimiento desigual según los sectores, con mayor repercusión en educación y empresas industriales, con amplio seguimiento en algunas de las grandes, sobre todo en Gipuzkoa. En Osakidetza, donde la huelga vasca ha coincidido con jornada de paro de los médicos, la incidencia ha sido menor que la de este lunes, con solamente la convocatoria profesional. Los transportes, aunque con retrasos, han circulado en general por encima del 30% de servicios mínimos. En el comercio ha habido cierres al paso de los piquetes u obligados por ellos, sobre todo en el centro de Bilbao.

Partidos como EH Bildu o Podemos han instado a la población a sumarse a la huelga. El fin de la huelga es doble: por un lado, presionar a la patronal para que se fije un salario mínimo en Euskadi de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora en todo el Estado. Por otro, presionar a las fuerzas políticas para que exijan las competencias para fijar el SMI, hoy por hoy legislación básica, y, por lo tanto, competencia exclusiva del Estado. De hecho, gran parte de las intervenciones de los líderes sindicales se han destinado a cargar contra los Gobiernos de Imanol Pradales, sobre todo, y de María Chivite.

“Los Gobiernos de Chivite y de Pradales tienen que rectificar. Es injustificable que tengan una posición contraria al salario mínimo interprofesional. Es una decisión que va en contra del propio autogobierno y lo único que hace es favorecer la continuidad de la precariedad”, ha señalado Lakuntza. De igual forma, Arroyo se ha dirigido directamente a Pradales: “Se presentó como una especie de cambio respecto a Iñigo Urkullu, pero parece que está haciendo un recambio, un cambio 'fake'. Estamos viendo como una tras otra está dando negativas a reivindicaciones populares”. Y ha citado las negativas a la ILP de las pensiones o del SMI. “Pues bien, señor Pradales, si sigue en esas, va a ir viendo como su Gobierno tiene un declive, porque aquí no valen medias tintas. O se está con las inquilinas o se está con los fondos buitres, o se está con las mujeres que luchan contra la precariedad salarial o con una patronal que se aprovecha del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres. O con Tubos Reunidos y con la gente que defiende sus puestos de trabajo o con la oligarquía de Josu Jon Imaz o de José Antonio Jainaga”, ha señalado.

Estas críticas directas han servido al PNV para otorgar a la huelga una “clara motivación política”. A través de un comunicado, los de Aitor Esteban han acusado a los sindicatos de buscar únicamente “generar ruido y mostrar una sensación de un descontento social que no se acerca a la realidad”. Además, ha advertido el PNV de que en ningún caso el derecho a la huelga “ampara actos vandálicos y violentos”, en relación sobre todo a los incidentes que se han producido en Bilbao al paso de piquetes en los que se han producido ataques a varios comercios con rotura de escaparates y en algunos piquetes en empresas a primera hora de la mañana.

“Como partido defensor de los derechos fundamentales de las personas, [el PNV] respeta el derecho a la huelga de la ciudadanía, un derecho que incluye respetar también a quien no quiera ejercitarlo y que, en ningún caso, ampara actos vandálicos y violentos”, opinan. Y recalcan que las comunidades “carecen de competencias” para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional: “Es el Gobierno español, y en concreto el Ministerio de Trabajo, quien tiene la potestad para establecer y subir anualmente el SMI”.

También el Gobierno vasco, que ha celebrado su Consejo de Gobierno con total normalidad, ha criticado los incidentes, y han abogado por defender el SMI propio a través del diálogo social. Como ocurre en todas las huelgas, el entusiasmo de los sindicatos sobre el seguimiento del paro se ha minimizado por parte de la Administración, en el caso del sector público, o de las diferentes patronales.

A falta de datos más concretos al cierre de la jornada, a mediodía, los sindicatos cifraban la huelga en Educación en más del 80% en las 'haurreskolak', más del 80% en las ikastolas, más del 60% entre el profesorado del sector público y más del 65% entre el personal de servicios. Educación, por su parte, ha cifrado el seguimiento en los colegios publicos en un 49%. En la Administración general el dato es del 16,82%, en Prisiones únicamente diez personas han hecho huelga, en Euskotren ronda el 19% y en Osakidetza un 12%, según las fuentes oficiales consultadas.

En el caso de los transportes, Metro Bilbao ha informado de que su servicio se ha desarrollado al 60% de un día normal, aunque los servicios mínimos fijaban la frecuencia de trenes en un 30%. También Bilbobus o Lurraldebus han circulado muy por encima de los servicios público. Tuvisa, en Vitoria, tenía solamente al 13% de huelga a primera hora.

En cuanto al seguimiento en la industria, el balance de los sindicatos es de una incidencia máxima en el sector industrial, sobre todo en Gipuzkoa, con muchas fábricas que han tenido que parar la producción, como KSB Itur; Inda Taldea; Elmubas; Korta; Ampo; Mendiaraz; Corrugados; Natra; Garay; Elay; Tesa; Yurrita; Arcelor Bergara; Ikankonitrek; CIE Legazpi; GKN; Indar; Hine; CAF de Irun y Beasain; Niessen; Lau lagun; Ubis; Mendiola; Ahlstrom; ITV zerbitzuak; Biele Azpeitia, Guerra Hnos Beasain; ABC Eibar; JMA; o Indaux. También la huelga ha tenido impacto en Irizar, Orona, Fagor Electronica, o Ulma Embedded.

El seguimiento de la huelga también está siendo muy amplio en importantes empresas de Bizkaia, como Cementos Lemona, Kide, Cikautxo, Nemak, Kauxot, Kutenik, Losal, Bruss, Pronutec, Teknia, Sermanfer, Winoa, Ingeteam, Alstom, Gestamp, Arisawa y Salica. En Álava lo mismo, con paro en Cie Goian, AEG, Cie Nova Recyd, Cie Gameco, SAS Autosystemtechnik, Fibertecnic, Dominion, Tauxme, Wec, Arcelor y Laminaciones Arregui, según informan los sindicatos. Además, han destacado el impacto en las empresas de Aiaraldea, por ejemplo en empresas como Maderas de Llodio, Tubos Reunidos -que está en huelga indefinida- , Tubacex, Inausa, Amurrio Ferrocarril o Envases Metalúrgicos. Otras grandes empresas, alavesas como Mercedes o Michelin han trabajado con normalidad. En Navarra, los sindicatos han destacado el paro en empresas como Funvera, Savera, Torraspapel, Lakuntza Calor, Barranquesa, Omnia, Magotteaux, Arcelor Lesaka, Portland, Aceros Moldeados, GhGuema, Mecaisa o Guerra Hnos y en otras compañías como Kybse, Icer Rail o Ingeteam, entre otras.

En el comercio el seguimiento ha sido desigual, y muchas tiendas han cerrado al paso de las columnas de manifestantes. En Bilbao, en Pull & Bear han accedido tirando la ropa de la tienda y golpeando los escaparates.

Las manifestaciones volverán a tener lugar esta tarde. Los sindicatos, que han convocado a una reunión a las patronales la próxima semana para negociar el SMI propio y advierten a los empresarios de que el seguimiento de este martes les ha dado fuerza para seguir: “No pararemos hasta conseguirlo”.

Euskadi afronta este martes una huelga general para reivindicar un salario mínimo propio, diferenciado y superior al vigente en el Estado, para equipararlo con un nivel de vida, y, por tanto, unos precios, más elevados que en otras comunidades autónomas. Los sindicatos convocantes -que llaman a parar en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra- han fijado este salario en un mínimo de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora en todo el Estado.

ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde anunciaron esta convocatoria ya en el mes de diciembre y con ella quieren paralizar el país ante “el saqueo de la patronal”, dicen, que se niega a la negociación para subir este salario. Pero la huelga dirige también sus reivindicaciones contra los políticos que no reclaman al Estado competencias para que Euskadi legisle sobre la materia. La huelga va del huevo, pero también del fuero. Es decir, del dinero que debe estar en el bolsillo de los trabajadores, pero también de competencias para que Euskadi pueda legislar sobre ello.

En estos meses se han sumado al paro sindicatos como ESK, que ha presentado la convocatoria por su cuenta, y CNT y EHKS -el movimiento comunista vinculado a GKS- que han decidido en asamblea compartida unirse al paro, lo mismo que Ikasle Sindikatua o el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. También partidos como EH Bildu han instado a la población a sumarse a la huelga para “garantizar salarios dignos frente a la carestía de la vida”, y además, reivindicar “capacidades” para “decidir en Euskal Herria los asuntos que atañen a los trabajadores”. Podemos también se suma a la reivindicación “para atajar la gravísima pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores vascos”.

Es decir, la convocatoria de huelga tiene un importante apoyo, y cuenta en Euskadi con la mayoría sindical que otorgan los sindicatos nacionalistas, ya que UGT y CCOO no secundan el paro. El hecho de que la huelga no sea unitaria entre los sindicatos llevará a un seguimiento desigual en algunos sectores. El impacto en Navarra se prevñe mucho menor, ya que ELA y LAB no tienen mayoría en la comunidad foral.

UGT y CCOO han decidido no sumarse al paro porque creen que la vía para conseguir un SMI propio en Euskadi, acorde con el coste de la vida, algo que comparten todas las centrales, debe ser la negociación colectiva. Por eso, ambos sindicatos han participado en los llamamientos a la patronal para abordar una negociación, pero no en las iniciativas para modificar la legislación ni tampoco en la convocatoria de huelga. Por las mismas razones -que el SMI propio debe fijarse mediante la negociación colectiva- tampoco apoyan el paro desde Sumar, que lidera la cartera de Trabajo en España.

Los convocantes quieren conseguir con la huelga general lo que no han logrado ni por la vía de la negociación, ni por la judicial, ni tampoco por la presión política. La patronal vasca, Confebask, se niega a sentarse a negociar para establecer este salario mínimo, porque consideran que un SMI propio supondría un “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”. Por un lado, por las diferencias de costes salariales con otras comunidades autónomas, pero también porque supondría elevar el mínimo salarial en todos los convenios y el resto de los salarios se negociarían al alza.

Tres veces se ha negado Confebask a secundar la convocatoria de las centrales, que decidieron denunciar ante los tribunales esta negativa a la negociación. Pero del TSJPV llegó un nuevo varapalo. El tribunal reconoce que la patronal no tiene por qué sentarse a negociar algo para lo que no tiene competencias, ya que la legislación laboral que fija este salario, es básica, y por tanto exclusivamente estatal. Y ahí entra la negociación política, de momento, también fracasada. El Parlamento Vasco dio portazo a tramitar la ILP que presentaron los sindicatos avalada por 138.495 firmas con los votos de PNV, PSE-EE, PP y Vox. Solo EH Bildu Y Sumar apoyaron tramitar la ILP, en la que lo que se planteaba era precisamente que desde la Cámara Vasca se instara a las Cortes Generales a que habiliten a las comunidades autónomas a establecer sus propias políticas en esta materia.

Decaída la posibilidad del Parlamento Vasco los sindicatos, junto a centrales nacionalistas de otras comunidades autónomas, han explorado la vía de reuniones con los partidos con presencia en el Congreso para que apoyen su reclamación de modificación del Estatuto de los Trabajadores para que las comunidades autónomas puedan legislar sobre la materia. Pero, al margen de las reuniones, hoy por hoy, es una posibilidad que está muy lejana.

Las centrales han considerado que ante la cerrazón a las diferentes vías que han intentado, no se les ha dejado otro camino que la huelga general, aunque la convocaron con tres meses de antelación. Será la primera huelga general que se plantea durante el Gobierno de Imanol Pradales, y también la primera que tiene lugar desde enero de 2020, justo antes de la pandemia de la COVID-19. Después han tenido lugar paros en sectores concretos, como los funcionarios, o la Educación, pero no generalizada.

La previsión con la que cuentan las centrales convocantes es que el paro sea “multitudinario y exitoso”, después de contar con las adhesiones de 1.750 comités de empresa y comités de personal; además, se han adherido más de 100 agentes sociales, jóvenes, estudiantes, agentes ecologistas, antirracistas, feministas, pensionistas.

Entre las empresas que ya han hecho público el resultado de sus asambleas de adhesión a la huelga están algunas importantes por su tamaño como CAF, en Beasain y en Irún, Biele (Azpeitia), Indar (Beasain), Arcelor-Bergara, Fagor Electrónica (Arrasate-Modragón), Irizar (Ormaiztegi), ABB (Eibar), JMA (Arrasate) y Aralar Papelera (Amezketa). O centros escolares como Salbatore Mitxelena Ikastola (Zarautz), Arizmendi Ikastola (Arrasate), Laskorain Ikastola (Tolosa) y GKN-Legazpi. También Ayuntamientos como el de Oñati, Hernani o Tolosa. Aunque se prevé que “en las próximas horas” se produzcan más adhesiones, a medida que se vayan celebrando las asambleas. También se han convocado concentraciones en centros de Osakidetza. Otros como el comité de empresa de Bilbobus, han desmentido que apoyaran el paro, como se dijo en un primer momento por parte de los convocantes.

“Las posibilidades de conseguir un SMI propio siguen abiertas”, señalan desde ELA y LAB, por lo que subrayan la “importancia de sumarse a la huelga”. Consideran que la respuesta a su ronda con los partidos políticos en Madrid ha sido “satisfactoria”, en lo que se refiere sobre todo a la “voluntad mostrada por algunos partidos soberanistas para de llevar al Congreso una Proposición de Ley para su debate, con el fin de modificar el Estatuto de los Trabajadores”, como han pedido las centrales.

Además, el nuevo contexto de guerra en Irán se añade a las reivindicaciones sobre el salario mínimo. “También será una huelga contra la guerra y a favor de la justicia social. El encarecimiento de la vida se está agudizando a raíz de los ataques imperialistas de Estados Unidos e Israel contra Oriente Próximo, y son precisamente las medidas para combatir ese encarecimiento las que se reivindicarán con la huelga general: repartir la riqueza, mejorar salarios y decidir aquí el SMI”, señalan las centrales, que llevan desde el simbólico cincuenta aniversario del 3 de marzo de 1976 en Vitoria calentando motores. Este jueves se concentraron ante el Parlamento Vasco y la Ertzaintza tuvo que emplear tenazas para liberar a un sindicalista de LAB que se había encadenado en el cercado del Parlamentopara llamar a la huelga general .

El paro arrancará con diversos piquetes a partir de las 5.00 horas de la mañana. A las 11.00 habrá diversas columnas de manifestantes en Bilbao, Donostia, Vitoria, Eibar, Pamplona y Tudela. Por la tarde nuevas manifestaciones a las 18.00 horas en Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona. El Gobierno vasco, de su lado, operará con normalidad y ya ha anunciado que en el Consejo aprobará su plan de choque por el impacto económico de la guerra en Irán.

Transporte al 30% y centros de salud como un sábado

El Gobierno vasco ha publicado ya la orden por la que se decretan los servicios mínimos en aquellas actividades consideradas esenciales en línea con lo decretado en paros anteriores. En el sector sanitario los centros hospitalarios trabajarán, con el personal habitual de un festivo -pudiéndose dar altas médicas- los servicios de urgencia, cocina, reparto de comida, la limpieza estrictamente necesaria para el funcionamiento de estos servicios y la atención debida a personas enfermas hospitalizadas. Se mantendrán, también, los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados y los indemorables.

En atención primaria, habrá personal como un sábado, mientras que en los PAC y servicios de emergencia trabajará el cien por cien del personal. Los servicios de 'call center' estarán al 50% del personal que habitualmente presta estos servicios. Las empresas del sector del transporte sanitario mantendrán los servicios de urgencias, el transporte programado para los tratamientos de hemodiálisis, oncológicos y para el hospital de día, el transporte urgente interhospitalario que se produzca, siempre que sea acreditado mediante certificado médico o se precise del uso de camilla, las altas hospitalarias que precisen de la utilización de camilla. Todos estos servicios se atenderán con el con el cien por cien del personal.

En el sector educativo se garantiza una persona del equipo directivo y una persona de la plantilla de subalternos por turno para la mañana y otra para el turno de tarde, además de una profesora por cada etapa educativa (Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachiller y Formación Profesional). En las etapas de Educación Infantil, tanto del ciclo 1, como del ciclo 2 y en la etapa de Educación Primaria, a partir de 100 alumnos matriculados en cada etapa, se añadirán un profesor en cada etapa correspondiente. Y a partir de 200 alumnos, se añadirá otro y así sucesivamente. En la Universidad, una persona de la plantilla de conserjes por cada turno para garantizar el acceso y, a efectos de realización de los exámenes planificados en el calendario académico que tengan rango de evaluación final, un profesor responsable de la realización del examen.

Los transportes, autobuses, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial, mantendrán un número de servicios equivalentes al 30% de los ordinarios programados en las franjas horarias coincidentes con la convocatoria de huelga. Dicho porcentaje ha de ser distribuido de forma tal que se prioricen aquellas líneas que carezcan de servicios de transporte alternativo o que tengan por destino centros sanitarios. Asimismo, habrán de cubrirse especialmente los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo. Los servicios que, en su caso, tengan su inicio con anterioridad a las horas de comienzo de la huelga deberán seguir realizándose hasta concluir su trayecto habitual. Igualmente, han de mantenerse los servicios de mando, coordinación, control y seguridad en los medios de transporte con una persona por cada puesto de estos servicios y en cada turno.

Se garantizará el funcionamiento del 20% de las gasolineras. La determinación se efectuará por la patronal del sector en cada territorio, oídas las respectivas organizaciones sindicales con representación en el sector. Las empresas y organismos encargados de la producción y suministro de energía eléctrica, producción y distribución de gas y depuración y suministro de agua, garantizarán la prestación del servicio manteniendo el personal correspondiente a un día festivo. En las empresas de telecomunicaciones, para la realización de labores de mantenimiento se mantendrá el personal de un festivo de este grupo de personal.

En los servicios de emergencias y seguridad vial de las administraciones públicas y los servicios de 112 la atención se mantendrá en su totalidad. El resto de estos servicios (atención de emergencias y meteorología, bomberos, emisoras y comunicaciones de emergencias, mantenimiento de carreteras, incluido el servicio de vialidad invernal y emergencias en pantanos, ríos y montes, Protección Civil, Centro de Gestión del Tráfico de Euskadi...) se mantendrán con el personal equivalente al de un día festivo de esta época del año. En el área de comunicaciones e informática del Departamento de Seguridad, el servicio se mantendrá con un técnico de operación y monitorización por turno.

Las residencias de mayores o con dependencia se mantendrá el 50% del personal que realiza la atención directa, salvo en el horario habitual de la comida, y de 08.00 a 10.30 de la mañana, y de 20.00 a 22.00 horas en que este porcentaje se incrementará en un 10%. Exclusivamente, en aquellas residencias donde el perfil de las personas usuarias tenga, en más de un 70%, niveles de dependencia reconocida de grado II o III, el personal gerocultor o asimilado será del 70%. En el turno de noche, se prestará servicio por el 100% del personal de atención directa y las tareas a desarrollar serán única y exclusivamente las configuradas como de “atención directa”.

El personal sanitario será del 50%, lo mismo que el de cocina, que se ocupará exclusivamente las referidas a la preparación de los alimentos. El personal de limpieza se mantendrá en un 20% limitándose a áreas que supongan un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de las personas. Los centros de día, mantendrán también el personal al 50%.

Los sindicatos nacionalistas vascos son más exigentes que los partidos con los que comparten la ideología soberanista. Mientras PNV y EH Bildu aprovechan la debilidad del actual Gobierno de coalición para poner precio a su apoyo parlamentario, ELA, LAB y otros sindicatos afines, fuerzan el actual proceso de transferencias laborales reclamando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), precisamente cuando se acaba de acordar la cesión de las pensiones no contributivas, el subsidio del desempleo y puede que en breve el régimen económico de la Seguridad Social. Sabiendo que el SMI es una competencia exclusiva del Gobierno central, tras fracasar intentando lograrlo por el cauce de la negociación colectiva, recurren al procedimiento extremo de la huelga general.

ELA, LAB y el resto de sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo en Euskadi y Navarra, pretenden conseguir un SMI propio, patrio, actuando como grupo de presión. Su proceder constituye un reto con trasfondo competencial económico, político y jurídico. Es un intento que plantea serias dudas, en cuanto al método elegido para lograrlo y respecto a la posibilidad real de aplicarlo. Aunque, en la confrontación con el Gobierno central, tanto el éxito como el fracaso sirven para reforzar el sentimiento de afrenta y agravio que legitima el victimismo identitario. 

El callejón sin salida de una demanda justa  

El detonador de la huelga es la demanda de un SMI propio de 1.500 euros, un 21% superior a los 1.184 en vigor e incluso por encima de 1.385 euros, cantidad estimada en el estudio encargado por el Gobierno vasco. Esos 1.500 euros, abonados en 14 pagas mensuales, equivalen a los 21.624 euros anuales del SMI francés. Si fuese posible lograrlo significaría, además de una notable mejora económica, avanzar hacia la unificación, al menos retributiva, de Iparralde y Hegoalde. 

El 18 de julio de 2025, 'Naiz' recogía declaraciones de ELA y LAB referentes al informe del ejecutivo vasco. Cuestionaban que un SMI de 1.385 euros beneficiase a 66.000 personas, considerando que menos de 10.000 tienen un convenio colectivo actualizado en la CAPV. Conclusión: “... la propuesta del Gobierno vasco tendría un impacto marginal en la clase trabajadora vasca”. Esa valoración, que puede ser correcta, choca con la cifra utilizada por ellos mismos para justificar la huelga. El 10 de febrero de 2026 se decía en Gasteiz Hoy: “... mejoraría de forma directa la situación de 167.000 trabajadores y trabajadoras en Hego Euskal Herria”. Las cuentas de ELA y LAB no cuadran: con 1.385 euros son menos de 10.000 beneficiarios, con 1.500 euros favorece a 167.000 asalariados. 

Las contradicciones no acaban ahí. En el artículo de 'Naiz' del 18 de julio de 2025, ELA y LAB advierten: “las personas con salarios más bajos son 188.000 trabajadoras y trabajadores a los que se aplican convenios estatales y las 48.000 sin convenio de aplicación...”. Esos datos, difundidos por los sindicatos que denuncian a Confebask y CEN por negarse a negociar un SMI, prueban la imposibilidad de mejorar, precisamente a través de un convenio, las condiciones retributivas de la gente más necesitada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la demanda sindical por ser una atribución exclusiva del Gobierno español. 

Si la sentencia del TSJPV hubiese sido favorable a los sindicatos, no habría resuelto nada, al quedar fuera del marco de negociación el conjunto de asalariados que no están acogidos a un convenio pactado en Euskadi o Navarra. El Gobierno vasco asumía la demanda de un SMI propio y al encargar el estudio para evaluar su cuantía advirtió que, sin competencias para regularlo, tocaba encauzarla a través de la negociación colectiva. El fallo del TSJPV invalida también la propuesta negociadora del ejecutivo vasco. 

Aunque sindicatos y partidos nacionalistas se aprovechen de la atonía del Gobierno, Pedro Sánchez no podría hacer una concesión de tanto calado, con el riesgo añadido de que se amplíe a la caja común de las pensiones. Tales pretensiones plantearían un dilema, además de laboral, político y jurídico. Mas la amenaza de una huelga general de ámbito territorial limitado, convocada por un sector sindical específico, no tiene el potencial necesario para remover los cimientos del Estado.   

Puestos a ser radicales, los sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo podrían impulsar movilizaciones en defensa de las trabajadoras y los trabajadores con convenios congelados, sin actualizar y decaídos. Según el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, el año 2025 acabó con el 36,2 % de los convenios paralizados, figurando entre los sectores afectados: metal, oficinas y despachos, transporte, comercio, hostelería, construcción y limpieza. 

Los datos del CRL revelan que hay unas 370.000 personas sin convenio actualizado, más otras 50.000, la mayoría mujeres, que nunca han tenido convenio. Esta problemática encaja de lleno en el ámbito sindical y pone en entredicho la capacidad negociadora y la combatividad de la mayoría sindical vasca. Pueden empezar por resolver un conflicto, bien reciente, que afecta al aparato mediático del nacionalismo vasco. El domingo 15 de febrero, eldiario.es Euskadi publica este titular: Recepcionistas y azafatas de EITB denuncian “precariedad”: “Nuestros salarios llevan congelados una década”.

Los gobiernos autónomos de Euskadi y Navarra han contribuido a justificar la convocatoria de la huelga general, rechazando el debate parlamentario del SMI, avalado y respaldado mediante iniciativas legislativas populares. Además de torpeza política, constituye una vulneración del derecho democrático a participar en la actividad institucional. Lo mismo ocurrió con la ILP sobre la equiparación de las pensiones. En ambos casos se trata de una flagrante arbitrariedad. 

Los sindicatos convocantes de la huelga general implican en su campaña a sindicatos, también nacionalistas, de otros territorios. El objetivo común es modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores: “... las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”. Sorprende que se busque apoyo para conseguir un SMI mejor, solo en Euskadi y Navarra, siendo más lógico plantear una lucha conjunta para conquistar una mejora general. Aunque, vista la correlación de fuerzas estatal, incluso con una legislación favorable, la aplicación de un SMI propio solo sería factible donde, como en la CAPV, sindicatos y partidos nacionalistas son hegemónicos. De modo que la alianza con “sindicatos de las naciones sin Estado” solo sirve para ampliar el eco mediático de una huelga con pretensiones soberanistas. 

El posicionamiento de las fuerzas políticas y sindicales respecto a la huelga general del 17M se podía adivinar incluso antes de convocarse. PNV, PSOE y PP por un lado, CCOO y UGT por otro, se oponen. EH Bildu la respalda, junto con el denominado Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. La única duda, la de la izquierda de la izquierda, se despejó en un cordial encuentro.

La oportunidad del desmarque de la izquierda acomplejada

La trayectoria histórica de la izquierda situada a la izquierda del PSOE, identificada como federalista y alternativa, se caracteriza por el seguidismo respecto al nacionalismo radical, incluso convertida en su competencia electoral. La izquierda que pretende ser transformadora, parece no enterarse de que la seña de identidad del abertzalismo ya no es el radicalismo, sino el oportunismo. Basta observar el colaboracionismo de EH Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez, o las ofertas al PNV para formar una coalición electoral conjunta. Por otra parte, ELA y LAB practican un radicalismo escénico que se difumina cuando toca defender la escuela pública vasca o rechazar privilegios, como la asistencia sanitaria privada en algunas instituciones y los planes de pensiones privados (EPSV) en la administración pública. 

Pese a la trascendencia e implicaciones de una huelga general, la dirección de Podemos Euskadi no ha dudado en apoyar dicha convocatoria de forma acrítica y condescendiente, con los mismos argumentos de quienes la promueven, sin consultar a la militancia, sin analizar la posibilidad real de implantar en Euskadi un SMI propio, sin tener en cuenta que no evitaría la precariedad salarial, sin valorar las consecuencias que tiene para la clase obrera una huelga sin unidad sindical, sin comprender siquiera que está renunciando a ser alternativa política. La postura correcta hubiese sido animar a los sindicatos impulsores de la huelga a hacer causa común con los sindicatos de ámbito estatal, planteando ante el Gobierno central una demanda conjunta de alcance solidario. Las 61.000 personas que cobran el SMI en Euskadi son el 7% de la población asalariada, mientras que a nivel estatal son el doble, 14%.  

La dirección de Podemos Euskadi ha perdido la oportunidad de proclamar públicamente que el marco de relaciones laborales autónomo y el SMI propio, requieren un desarrollo del autogobierno sin encaje en el actual modelo autonómico. La alternativa es el estado federal, que no quieren asumir, ni como etapa intermedia, los partidos y sindicatos nacionalistas empeñados en llegar a la independencia a través de un proceso soberanista que, por lo visto, consiste en reclamar ventajas al Gobierno central. La huelga general del 17M resultará tan frustrante como la de las pensiones del 30 de enero del 2020. Aquella sólo sirvió para dividir al movimiento de pensionistas. Por tanto, lo consecuente habría sido permanecer al margen de esa discutible huelga general.

Recapitulación final

Los tribunales sentencian que las asociaciones patronales no pueden negociar un SMI de ámbito autonómico. Aunque pudiesen, no es posible llegar con la negociación colectiva hasta los sectores más desfavorecidos. Ha fracasado la vía contractual de aplicación de un SMI propio, reclamada por los sindicatos nacionalistas y avalada por el ejecutivo vasco. Es improbable que una huelga general limitada logre forzar al Gobierno central a modificar esa pieza clave de la legislación laboral. En consecuencia, dicha huelga supondrá un sacrificio inútil para las trabajadoras y trabajadores que la secunden, quedando en una nueva proclama del todo por la patria. Esa operación no debería contar con el apoyo de la izquierda de la izquierda. La alternativa para conseguir un SMI propio pasa por la transformación de la España de las autonomías en estado federal plurinacional.

La huelga general convocada este jueves por los principales sindicatos de Portugal para protestar contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) ha comenzado a sentirse en las primeras horas en los transportes, especialmente en Lisboa.

Se trata de la primera huelga en Portugal en 12 años, desde los tiempos de la 'troika'. Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Ejecutivo de Montenegro que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta a derechos como el permiso de lactancia. 

El metro de la capital lleva cerrado desde la pasada medianoche y permanecerá así a lo largo de esta jornada, mientras que tampoco hay autobuses urbanos, aunque Carris, la empresa gestora del transporte público en superficie de Lisboa, ha garantizado el funcionamiento de doce líneas sin determinar los horarios. Tampoco habrá trenes de media ni larga distancia en todo país.

En el aeropuerto internacional Humberto Delgado, la aerolínea portuguesa TAP prevé operar un tercio de sus vuelos. Air Europa ha cancelado este jueves los 16 vuelos que tiene hacia o desde Portugal e Iberia reducirá sus rutas hasta en un 75%.

AnEl miércoles por la noche, el secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira, instó a participar en esta huelga “para dar una señal de rechazo” a los cambios propuestos por el Ejecutivo al Código de Trabajo y afirmó que se cumplirán los servicios mínimos.

“El Gobierno quiere acabar con el derecho a tener una vida estable, una vida digna con perspectivas de futuro”, dijo Oliveira, según la agencia Lusa.

Durante este jueves está programada una gran marcha por Lisboa a partir de las 14.30 hora local y otras paralelas en Oporto, Braga, Évora, Faro, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal y Viana do Castelo, entre otras.

Este 15 de octubre España ha vivido una jornada de huelga y lucha en solidaridad con el pueblo palestino. La Confederación General de Trabajadores (CGT), Solidaridad Obrera, Intersindical, Alternativa Sindical de Clase, Comisiones de Base y el Sindicato de Estudiantes han convocado un paro general de 24 horas, mientras que CCOO y UGT han llamado a la huelga dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde. En numerosas ciudades se han vivido movilizaciones secundadas por decenas de miles de personas que, pese al anunciado alto el fuego, exigen el fin de las relaciones diplomáticas con Israel y de la ocupación de Palestina.

Entre las principales demandas también está que se respete la orden de detención internacional contra Netanyahu, algo que no ha sucedido en las ocasiones en que el presidente hebreo ha salido de Israel. La movilización principal en Madrid ha tenido lugar a partir de las 19.00 horas, cuando unas 70.000 personas según los convocantes y 11.000 según Delegación del Gobierno han marchado por el centro de la ciudad.

Durante la manifestación no han dejado de resonar cánticos como “desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, “las tierras robadas serán recuperadas” y “no hay paz sin justicia”. Tras una pancarta que rezaba “Paremos todo por Palestina. ¡Alto al genocidio!, una vez más la capital ha mostrado su músculo más solidario para defender el respeto del derecho internacional, continuamente infringido por parte de Israel, así como la petición de no financiar la escalada bélica con recursos económicos públicos que, según los convocantes, deberían ser destinados a sufragar servicios como la educación, la sanidad y las pensiones.

Una masacre que no comenzó en 2023

El secretario general de la CGT, Miguel Fadrique, ha recalcado que la huelga, convocada con algo de urgencia tras el asalto a la flotilla hace un par de semanas, “era ahora más necesaria que nunca para forzar a que el alto al fuego sea real y que no vuelvan las bombas y los asesinatos por parte de Israel”. Este sindicalista ha recordado que la persecución contra los palestinos no comenzó el 7 de octubre de 2023. “A partir de entonces el genocidio se volvió mucho más brutal y violento, y también mediático, pero la ocupación y la persecución llevan décadas sucediendo”, ha denunciado.

El cegetista ha recalcado que las exigencias de la movilización pasan por reclamar al Gobierno liderado por Pedro Sánchez “un bloqueo de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, incluso con el alto al fuego en marcha”. “Queremos frenar las inversiones armamentísticas que en los últimos años han crecido de manera desorbitada para que ese dinero se pueda invertir en el gasto social”, ha añadido el mismo Fadrique.

Asimismo, el secretario general de la CGT ha comentado sobre la huelga que “seguramente no ha tenido un seguimiento tan masivo en el entorno laboral como el deseado”, ya que su aspiración era paralizar la producción de todo el país. Sin embargo, sí se congratula de la repercusión social que ha producido el paro: “Igual que hicimos en septiembre del año pasado, hemos conseguido que miles de personas salgan a la calle. Este es nuestro granito de arena para luchar por el fin de la ocupación de Israel en Palestina”.

Trabajadores y estudiantes contra el genocidio

Libertad Jiménez ha decidido participar en la protesta: “Estamos viendo una masacre del pueblo palestino, por eso es importante salir a las calles a visibilizar nuestro rechazo”, ha comentado cuando la manifestación enfilaba los últimos metros antes de girar en Cibeles. Esta profesional de la intervención social ha decidido secundar el paro de dos horas esta mañana y continuar la lucha por la tarde, acompañada de su hijo Teo, de 2 años. “Nació dos semanas después del inicio del genocidio y le he dado de mamar mientras se sucedían las imágenes sangrantes de niños muertos de hambre. Lo hemos vivido con mucha impotencia e indignación”, ha añadido. De todas formas, esta madrileña de 35 años defiende que es necesario que los más pequeños “vean que en el mundo se cometen atrocidades pero hay gente solidaria que se moviliza en defensa de los derechos humanos”.

Mientras alrededor retumbaba el cántico de “eran hospitales, no bases militares” e “Israel asesina, Ayuso le anima”, Ricardo ha recalcado que “el acuerdo del alto al fuego es una farsa que ha venido muy bien a Israel”. Este asturiano de 50 años que ya lleva media vida afincado en la capital, empleado en el sector de las telecomunicaciones, ha decidido secundar la huelga: “Estos paros son multidimensionales y tenemos que ser los trabajadores los que también nos movilicemos por causas como la de Palestina”.

Martín Salazar ha decidido manifestarse con una bandera palestina sujeta a un mástil que superaba los dos metros. “Por lo menos ha entrado algo de ayuda humanitaria y han liberado a presos, pero Israel ya ha matado incluso con el alto al fuego”, ha criticado este burgalés sus 77 años. Sobre la huelga, ha aseverado que “habría que pensarse bien cómo convocarlas, porque si no hay seguimiento masivo quizá sí sea un fracaso”.

Aarón, un joven de 20 años que estudia Historia en la universidad, ha asegurado que solo ha acudido a una clase en la que tenía un examen. “Vemos cómo predomina el beneficio y la explotación. No solo hablamos de dos años de genocidio, sino de décadas de ocupación. Lo han destruido todo en Gaza y no hay a dónde volver”, ha sostenido mientras andaba por la Gran Vía.

Ha sido en esta gran arteria comercial de la ciudad donde algunos establecimientos han sufrido pintadas por parte de manifestantes. Al lado de una de ellas estaba Juliana Rincón, colombiana que está en Madird por dos semanas. “Nadie se puede quedar quieto ante un genocidio. El alto al fuego siempre es bueno, cada vida es valiosa”, ha señalado. “Yo que vengo de Colombia sé que es mejor una paz imperfecta que cualquier guerra”, ha añadido.

Apenas unos metros más allá, Francisca Valverde y Carmen Muñoz, de 67 y 70 años respectivamente, han agregado sobre el bajo seguimiento de la huelga que “vivimos tiempos de mucha desmovilización social”. Estas jubiladas, asimismo, han opinado que “Gaza, dentro de poco tiempo, será bombardeada de nuevo porque el alto al fuego no va a servir para nada”.

La clase trabajadora en defensa de los derechos humanos

Por su parte, el secretario general de Solidaridad Obrera, José Luis Carretero, ha subrayado que “salimos de nuevo a las calles para defender el derecho a la vida y a la integridad física del pueblo palestino, y el derecho a su soberanía y autodeterminación”. A su parecer, convocatorias de este tipo sirven para “demostrar la dignidad del pueblo español y de su clase trabajadora en defensa de los derechos humanos más fundamentales”.

Este sindicalista también se ha referido al incremento del gasto público en defensa. Según ha señalado en declaraciones a elDiario.es, “que los presupuestos se desvíen a la compra de armamento en la dinámica geopolítica que nos encontramos implica el aumento de las tensiones y legitimar la carrera armamentística contra otras potencias”. Carretero ha subrayado que, “si el 80% de los impuestos salen de las rentas de los trabajadores directamente retenidos de sus nóminas, queremos que ese dinero no se destine a potenciar agresiones contra los derechos humanos o a agrandar el comercio de estados que los vulneran, como Israel”.

En tónica algo más internacional, este integrante de Solidaridad Obrera también ha reconocido “la necesidad de denunciar y dejar sin efecto el tratado de asociación entre la Unión Europea e Israel”. “Cualquier tipo de subvención directa o indirecta a Israel debe detenerse”, ha sintetizado. Del mismo modo, Carretero ha reclamado que se ponga en marcha la solución de los dos estados, un proceso de autodeterminación para la población palestina y que su desarrollo vaya a la par que “el respeto a la propia vida del conjunto de la población palestina”, en sus propios términos.

La manifestación ha concluido pasadas las 21.00 horas a la altura de la Plaza de Callao. Dado que los convocantes de la marcha no han llegado a consensuar un manifiesto común, han sido sus integrantes los que han dirigido unas palabras a los presentes mientras miles de personas seguían recorriendo la Gran Vía. Allí les han arengado para no dejar de movilizarse contra Israel vigilados desde las alturas por el helicóptero de la Policía Nacional. Mientras tanto, unos metros por detrás todavía se escuchaban cánticos como “Ayuso, payasa, Madrid está con Gaza”, “no es una guerra, es un genocidio” y “qué viva la lucha del pueblo palestino”.

España sale a las calles por Palestina

Las movilizaciones han estado presentes por más puntos del territorio español. Un total de 200 municipios han acogido protestas y piquetes durante la huelga general, con especial incidencia en el noroeste peninsular.

En Barcelona, la Guardia Urbana cifra la participación en 15.000 personas, en una marcha unitaria convocada por entidades propalestinas para poner el broche a la jornada de huelga, informan Oriol Solé Altimira, Helena Sala Gallardo y Sandra Vicente. El inicio de la manifestación ha sido en las puertas de la Estació de Sants a las 18h, desde donde ha arrancado una manifestación dirección a la Plaça Espanya, informa

Los concentrados han partido coreando consignas como “Israel no es un país, es una ocupación”. Han ido avanzando por el barrio de Sants, donde se han producido algunos disturbios y enfrentamientos con la policía. Mientras la marcha seguía su curso, un grupo de manifestantes se ha separado del grueso para lanzar objetos contra los cristales de un Burguer King, una de las empresas señaladas en la lista de la ONU de compañías que colaboran o se lucran con el genocidio y la ocupación israelí en Palestina.

En Euskadi, miles de personas han salido a las calles de las tres capitales para denunciar el genocidio, informa Maialen Ferrera. En Bilbao, la marcha ha comenzado en el Sagrado Corazón y ha recorrido la Gran Vía hasta el Ayuntamiento de Bilbao con gritos de “Boicot Israel. Palestina askatu y portando carteles con fotos de periodistas asesinados y el número 67.194 ensangrentado por las personas asesinadas por el ejército israelí.

La manifestación ha ido haciendo paradas en empresas que consideran “cómplices de Israel” como Zara o el Banco Sabadell. Al grito de “Israel hiltzaile, Zara laguntzaile”, se han concentrado frente a la sede de Zara en Gran Vía y han colocado pegatinas mientras los trabajadores de la tienda, que estaba abierta pese a la huelga y al igual que las demás de grandes firmas de la Gran Vía bilbaína, han tenido que cerrar sus puertas. Los manifestantes han utilizado humo de los colores de Palestina frente a la tienda. En el Banco Sabadel, han colocado un cartel en el cajero en el que se leía “Israel genocida”.

Centenares de personas se han concentrado frente al Paraninfo de Zaragoza para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir el fin de la ofensiva israelí en Gaza, informa Candela Canales. Entre proclamas como “Que viva la lucha del pueblo palestino”, “Israel asesina, Europa patrocina” o “La clase obrera es una y sin fronteras”, los manifestantes han denunciado la complicidad internacional con el Gobierno de Israel y reclamado una respuesta más firme de las instituciones europeas y españolas ante la violencia en la Franja.

La jornada de protestas ha tenido también eco en los centros educativos aragoneses, donde numerosos docentes han secundado los actos convocados para denunciar “el genocidio del Estado de Israel en Palestina” y reivindicar el papel de la educación pública como agente transformador.

En Palma, las concentraciones han corrido a cargo de estudiantes, que han protestado frente a la Universitat de Illes Balears (UIB) para exigir a al centro el fin de las relaciones con empresas que “sostienen el exterminio y ocupación” del pueblo palestino. Unas 200 personas, según ha señalado la campaña 'Carot, prou complicitat', han protestado en el campus de la UIB, coincidiendo con la huelga general convocada en apoyo a Palestina.

Castilla y León ha acogido movilizaciones en diferentes ciudades. Centos de personas se han congregado frente a la Catedral de León a lo largo de la mañana, convocadas por la plataforma Llión col Puebru Palestín, informa Sara Lumba. Los manifestantes han recorrido el centro de León, desde la Plaza de San Marcos hasta la Plaza de Regla, frente a la Catedral de León para protestar contra los actos de guerra de Israel en la Franja de Gaza.

Durante su recorrido se han detenido frente a un supermercado de la cadena Carrefour para pedir el boicot a sus productos debido a su alianza comercial con el gobierno de Israel. A todo ello se suma una huelga de estudiantes que se lleva a cabo durante todo el miércoles.

En Valladolid, plataformas, sindicatos de trabajadores y estudiantiles se han movilizado a lo largo una jornada que ha arrancado con UGT a las puertas del Ayuntamiento, a la que se han sumado trabajadores de CCOO. El secretario general de la UGT de Castilla y León, Óscar Lobo, ha sostenido que se trata de una “jornada de lucha, intensa”.

La capital riojana, Logroño, ha acogido las movilizaciones en la Plaza Palestina Libre, como han rebautizado las asociaciones propalestinas al Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, informa Ester Fernández. Alrededor de una gran bandera de Palestina, decenas de personas han mostrado pancartas y coreado lemas contra el genocidio.

Las asociaciones convocantes CGT, Frente de Estudiantes y Amistad por Palestina han denunciado que el plan de paz firmado “no garantiza los derechos del pueblo palestino y es una imposición”. También ha tomado la palabra el gazatí Fares Khader que ha llamado a secundar la huelga porque, como ha subrayado, “todavía no ha llegado la paz a Palestina y sigue el bloqueo de ayuda humanitaria”, aunque ha dicho tener “esperanza en reconstruir Palestina”. Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado en sus sedes y han llevado la reivindicación a los centros de trabajo, donde han convocado dos horas de paro.

En Andalucía, una multitud de alumnos de diferentes etapas educativas de Córdoba han secundado la manifestación convocada para este miércoles en el marco de la jornada de huelga general y parones con motivo de apoyo a Palestina. Los participantes han partido a las 12:00 de Las Tendillas y han recorrido calles colindantes, recordando, entre otras cuestiones, que el plan de paz es solo un alto al fuego en Gaza y no garantiza un cese de las armas permanentes.

Además, durante el recorrido se han escuchado cánticos contra la presencia de Escribano, una compañía vinculada a la tecnología armamentística israelí, en la Universidad de Córdoba. Esta tarde habrá una concentración a las 19:30 en la céntrica plaza de Las Tendillas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado, con la huelga general ya iniciada y los paros parciales convocados por varios sindicatos en toda España, los servicios mínimos que afectan a los sectores de transporte y servicio de incendios de la comunidad autónoma. Lo ha hecho con una orden y una resolución publicadas este miércoles 15 de octubre en el Diario Oficial de la comunidad autónoma y con la huelga ya empezada.

Durante los dos días anteriores se publicaron, de forma consecutiva, sendas resoluciones con los servicios mínimos previstos para los ámbitos de Bienestar Social y Sanidad.

En lo que se refiere al sector del transporte público regular de viajeros en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la Consejería de Fomento no ha oficializado hasta hoy mismo su decisión de mantener el servicio de todas las rutas de transporte escolar con origen o parada en zonas catalogadas como escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación, y zonas rurales intermedias. También explica su decisión de mantener todas las rutas de transporte escolar con destino a centros educativos de educación especial.

Según detalla la orden de Fomento, se ha optado por el criterio del mantenimiento del servicio con mayor o menor intensidad, en función del número de expediciones existente en el calendario de la concesión o autorización. “Se imponen dos servicios, uno de ida y otro de vuelta, y cuando el número de expediciones supera uno de los dos hitos planteados, que son seis o diez expediciones completas, se intensifica el servicio mínimo impuesto progresivamente”. Estos servicios mínimos suponen una ratio igual o inferior al 50% sobre lo habitual.

El 100% en el servicio de incendios forestales

También la Consejería de Desarrollo Sostenible ha esperado hasta hoy mismo para publicar los servicios mínimos durante la huelga general para el personal del Servicio de Extinción de Incendios Forestales adscrito al Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

En este caso, los servicios mínimos son del 100 % del personal directamente relacionado con todos los recursos y unidades operativas activas para extinción durante la convocatoria de la huelga.

UGT: “Me parece fatal”

Lola Alcónez, secretaria general de UGT Castilla-La Mancha ha criticado que parte de los servicios mínimos se hayan publicado el mismo día de la huelga general y paros parciales de dos horas en los centros de trabajo. “No me puede parecer otra cosa sino fatal” en el día en el que los trabajadores y trabajadoras, decía, “salen a la calle para poner de manifiesto nuestra preocupación y nuestro apoyo y defensa al pueblo palestino”.

“Esperamos que para sucesivas ocasiones tengamos una mejor respuesta por parte de la patronal en este caso, en estas circunstancias”, ha añadido.

CCOO: “Hay veces que la Administración no se lo toma con seriedad”

Por su parte, Javier Ortega, secretario general de CCOO en la comunidad ha remarcado que “hay veces que parece que la administración no se toma con mucha seriedad la dedicación de servicios mínimos”.

En este sentido aludía, en declaraciones a este medio, que ayer se hizo pública una sentencia que declaraba ilegales los servicios mínimos de una huelga en el servicio de transporte sanitario hace ya varios meses. “Es un poco lamentable que la Administración, y más en una convocatoria de estas características no se lo tome en serio porque luego las consecuencias son irreparables”.

“A lo mejor no es tan importante ni tan grave el que no haya esos servicios mínimos”, añadía, para recordar a la Administración pública su “obligación de tutelar que las personas trabajadoras en cada ámbito puedan ejercer libremente su derecho de huelga y desde luego desde CCOO hacemos un llamamiento a que lo hagan y si no pues tendremos que reclamarlo en los tribunales”.

Grecia vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley para ampliar la jornada laboral hasta 13 horas diarias.

Decenas de miles de personas han protestado este miércoles en las principales ciudades contra el proyecto de ley. Las movilizaciones en el centro de Atenas y otras ciudades, como Salónica (norte) y Patras (sur), han tenido lugar en el marco de la huelga de 24 horas convocada por los principales sindicatos del sector privado y público del país, GSEE y ADEDY, que ha inmovilizado los trenes y los barcos de pasajeros en todo el país.

Unas 10.000 personas, según la Policía, y 20.000 según ADEDY, se han manifestado en el centro de Atenas y llegaron hasta el Parlamento de Grecia en la céntrica plaza de Syntagma. “Derecho al trabajo con dignidad-No a la explotación y la inseguridad” y “No os atrevéis a tocar la jornada de ocho horas” eran algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que levantaron los manifestantes frente al Parlamento.

Desde la mañana la Policía ha cortado el tráfico en las principales vías del centro de Atenas, mientras que el metro ha funcionado en la capital solo durante algunas horas para facilitar precisamente el traslado de personas a las manifestaciones en el centro.

Funcionan con normalidad los vuelos, después de que un tribunal declarara este martes ilegal el paro convocado por los controladores aéreos.

“Los empleados griegos, que ya trabajan más horas anuales que todos sus colegas de la Unión Europea, que reportan niveles abrumadores de agotamiento y estrés, se enfrentan ahora a una distopía. ¡Ya basta! No podemos soportarlo más”, señala en su convocatoria a la huelga GSEE, el principal sindicato del sector privado del país. “Decimos 'no' a la jornada laboral de 13 horas. El agotamiento no es desarrollo”, recalca el sindicato.

“Nos manifestamos hoy junto con la ciudadanía de toda Grecia contra la edad media laboral del Gobierno”, ha señalado durante la protesta de Atenas el líder del partido izquierdista Syriza, Sokratis Famelos. “Los trabajadores no tienen futuro con jornadas laborales de 13 horas, con el aumento de los accidentes laborales, con salarios bajos y sin contratos colectivos”.

Volver a la “época medieval”

El proyecto de ley, que se espera sea sometido a votación a finales de octubre, permite que un empleador solicite a los trabajadores trabajar hasta 13 horas diarias, por la que recibirán una bonificación del 40% por hora extra trabajada.

El Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis destaca que, pese a la ampliación, se mantiene el límite máximo de 48 horas semanales y de 150 horas extra anuales. En ese sentido, la ministra de Trabajo griega, Niki Kerameos, ha señalado que las 13 horas diarias podrían aplicarse legalmente 37 días al año. El Ejecutivo califica el proyecto de ley como una “modernización” y “adaptación a las necesidades laborales y empresariales actuales”.

Por su parte, los sindicatos y la oposición de izquierdas han acusado al Gobierno de retroceder al país a una “época medieval” en cuanto a los derechos laborales.

El Gobierno de Mitsotakis ha transformado el mercado laboral griego en unos de los más flexibles de Europa. Desde julio de 2024 los trabajadores de la industria, el comercio minorista, la agricultura y algunos servicios están obligados a trabajar seis días a la semana si su empleador lo exige. El sueldo de ese sexto día recibe una bonificación del 40%.

Los trabajadores en Grecia trabajan mucho más que en cualquier otro país europeo, con más de 1.886 horas al año, según la agencia de estadísticas europea, Eurostat, si bien tienen una menor productividad y el segundo menor poder adquistivo en la UE, solo por delante de Bulgaria. 

Ni amb pressupostos ni amb els aplaudiments del Partit Popular i Vox. La setena manifestació per exigir la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua “negligent gestió” de la DANA del 29 d'octubre, en les inundacions en les quals van morir 228 persones, ha començat uns minuts després de les 19.15 hores d'aquest dijous al centre de la ciutat.

La protesta l'encapçala una pancarta amb el lema 'Mazón dimissió' i la imatge del president cap per avall portada per familiars de les víctimes i damnificats, i es poden cartells amb frases com “som aquí per vosaltres” i “justícia” per als seus familiars.

Aquesta manifestació se celebra el mateix dia que es compleixen set mesos de la catàstrofe -en les sis ocasions anteriors s'han fet en dies festius, en la data més propera al dia 29- i coincideix amb una jornada de vaga general convocada per quatre sindicats per reclamar “reparació i justícia per a totes les víctimes de la DANA”.

Toñi García, va perdre el seu marit i la seua única filla, Miguel i Sara Carpio:“Com a persona i víctima que ha perdut el seu marit i la seua única filla, que em parlen ara de Pressupostos encara em resulta més indignant i més de tindre poca vergonya. Sembla que són el seu flotador, la seua salvació, però no és gens la nostra. Continuem demanant la seua dimissió i ací estarem una vegada més i tot el que calga perquè dimitisca. És indignant que ens parle de diners a les persones que hem perdut éssers humans. Fins on arriba l'empatia? Fins on aquest home està deshumanitzat? No té dignitat, no té vergonya parlant-nos de diners a les persones que hem perdut els nostres éssers més estimats”.

Desenes d'entitats cíviques, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes de la DANA i els comitès locals d'emergència i reconstrucció, són les convocants d'aquesta nova protesta contra Mazón, la primera de les quals es va fer onze dies després de les inundacions i des de llavors s'han repetit cada final de mes.

A l'abril estava previst celebrar-la el dia 28 -festiu a València-, però va ser prohibida a causa de l'apagada per motius de seguretat, si bé l'endemà part d'aquests col·lectius i les associacions de víctimes es van concentrar davant d'una de les seus del congrés del PP Europeu que se celebrava en aquesta ciutat per reclamar la marxa de Mazón.

Des d'aleshores, les tres principals associacions de víctimes de la DANA han estat rebudes a Brussel·les per les presidentes de la Comissió Europea i del Parlament Europeu i la setmana passada es van reunir a València amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i després, l'endemà Mazón les va telefonar per oferir-los una reunió.

La manifestació d'aquest dijous és el cim a una jornada de vaga que ha arrencat a les dues de la matinada amb talls a Mercavalencia, el principal proveïdor de mercats municipals. També hi ha hagut piquets a l'EMT i una marxa al carrer Colon que ha congregat més de 2.500 persones.

A la manifestació, encapçalada per les víctimes com ja és habitual, els convocants han tornat a exigir la dimissió en bloc del Govern valencià. Rosa Álvarez, portaveu d'una de les associacions de víctimes, ha lamentat: “Estem en temps de descompte i Mazón no ha dimitit”. “Els nostres familiars van morir perquè ell no va avisar, no es va anticipar al que tots sabíem”, ha assenyalat.

Rosa Álvarez, ha acusat Mazón d'estar “d'ocupa” a la presidència i que deixe un lloc que, segons ell, “hauria d'haver deixat el 30 d'octubre”. “Els nostres familiars van morir perquè ell no va avisar, perquè ell no va previndre, perquè ell no es va anticipar a allò que tots sabien que venia. Exigim que deixe aquest lloc i que l'ocupe una altra persona, encara que siga del seu mateix partit”, ha reclamat.

Per la seua banda, des de l'Associació de Víctimes de DANA 29 octubre, Mariló Gradolí, ha retret que set mesos després no saben “què va fer” Mazón el 29O i l'ha acusat de “seguir mentint”. “Hi ha gent que ens aixequem i no hi ha dia bo després de set mesos, perquè no tenim pau i perquè no ens ha arribat encara la justícia”, ha lamentat.

Ni con presupuestos ni con los aplausos del Partido Popular y Vox. La séptima manifestación para exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su “negligente gestión” de la DANA del 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 228 personas, ha reunido a más de 15.000 personas este jueves en el centro de la ciudad de València, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Otras 2.000 personas han salido también con el mismo lema por las calles de Castelló de la Plana.

La protesta la encabeza una pancarta con el lema 'Mazón dimisión' y la imagen del president boca abajo llevada por familiares de las víctimas y damnificados, y se pueden leer carteles con frases como “estamos aquí por vosotros” y peticiones de “justicia” para sus familiares. Una hora después de haber arrancado la marcha, todavía había personas paradas en la plaza del Ayuntamiento sin poder salir a realizar el recorrido.

Esta manifestación se celebra el mismo día en que se cumplen siete meses de la catástrofe -en las seis ocasiones anteriores se han hecho en días festivos, en la fecha más cercana al día 29- y coincide con una jornada de huelga general convocada por cuatro sindicatos para reclamar “reparación y justicia para todas las víctimas de la DANA”.

Toñi García, perdió a su marido y a su única hija Miguel y Sara Carpio: “Como persona y víctima que ha perdido a su marido y a su única hija, que me hablen ahora de Presupuestos aún me resulta más indignante y más de tener poca vergüenza. Parece que son su flotador, su salvación, pero no es para nada la nuestra. Seguimos pidiendo su dimisión y aquí estaremos una vez más y todo lo que haga falta para que dimita. Es indignante que nos hable de dinero a las personas que hemos perdido seres humanos. ¿Hasta dónde llega la empatía? ¿Hasta dónde este hombre está deshumanizado? No tiene dignidad, no tiene vergüenza hablándonos de dinero a las personas que hemos perdido a nuestros seres más queridos”.

Decenas de entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la DANA y los comités locales de emergencia y reconstrucción, son las convocantes de esta nueva protesta contra Mazón, la primera de las cuales se hizo once días después de las inundaciones y desde entonces se han repetido cada final de mes.

En abril estaba previsto celebrarla el día 28 -festivo en València-, pero fue prohibida debido al apagón por motivos de seguridad, si bien al día siguiente parte de estos colectivos y las asociaciones de víctimas se concentraron frente a una de las sedes del congreso del PP Europeo que se celebraba en esta ciudad para reclamar la marcha de Mazón.

Desde entonces, las tres principales asociaciones de víctimas de la DANA han sido recibidas en Bruselas por las presidentas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo y la semana pasada se reunieron en València con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo que al día siguiente Mazón las llamó para ofrecerles una reunión.

La manifestación de este jueves es el culmen a una jornada de huelga que ha arrancado a las dos de la madrugada con cortes en Mercavalencia, el principal proveedor de mercados municipales. También ha habido piquetes en la EMT y una marcha en la Calle Colón que ha congregado a más de 2.500 personas.

En la manifestación, encabezada por las víctimas como ya es habitual, los convocantes, han vuelto a exigir la dimisión en bloque del gobierno valenciano. Rosa Álvarez, portavoz de una de las asociaciones de víctimas, ha lamentado: “Estamos en tiempo de descuento y Mazón no ha dimitido”. “Nuestros familiares murieron porque él no avisó, no se anticipó a lo que todos sabíamos”, ha señalado.

Rosa Álvarez ha acusado a Mazón de estar “de ocupa” en la presidencia y que deje un puesto que, a su juicio, “tendría que haber dejado el 30 de octubre”. “Nuestros familiares murieron porque él no avisó, porque él no previno, porque él no se anticipó a lo que todos sabían que venía. Exigimos que deje ese sitio y que lo ocupe otra persona, aunque sea de su mismo partido”, ha reclamado.

Por su parte, desde la Associació de Víctimes de DANA 29 octubre, Mariló Gradolí, ha reprochado que siete meses después no saben “qué hizo” Mazón el 29O y le ha acusado de “seguir mintiendo”. “Hay gente que nos levantamos y no hay día bueno después de siete meses, porque no tenemos paz y porque no nos ha llegado todavía la justicia”, ha lamentado.

La huelga convocada este jueves, 29 de mayo, por cuatro sindicatos para exigir responsabilidades al presidente de la Generalitat Valenciana por su gestión de la DANA ha arrancado con piquetes informativos de madrugada en Mercavalencia. Desde las dos de la madrugada los representantes de de los sindicatos convocantes -Intersindical, CGT, CNT y COS- han reunido más de un centenar de personas que se han congregado esta madrugada frente a las puertas del principal mercado de suministros de la capital valenciana y ha mantenido cortado el acceso durante tres horas.

Los piquetes han provocado retenciones en las autovías V-30 y V-31 en una acción que se ha desarrollado sin incidentes. Posteriormente el grupo se ha dividido en dos y se ha desplazado hasta las cocheras de la EMT, donde han montado piquetes informativos a partir de las 6:00 horas. También se han realizado piquetes en la zona de las universidades de València, que han provocado tres kilómetros de retenciones al bloquear la rotonda de la V-21, según el Centro de Gestión de Tráfico.

Las acciones se han desarrollado durante toda la jornada en diferentes poblaciones afectadas por la riada y desembocarán en la celebración esta tarde de una nueva manifestación contra el presidente de la Generalitat y todo su equipo de gobierno. Este jueves se cumplen los siete meses de la riada del 29 de octubre.

Durante toda la semana los sindicatos convocantes han realizado protestas. El martes, decenas de personas ocuparon la sede de la patronal valenciana, la CEV, en protesta por los trabajadores víctimas de la DANA. El miércoles, representantes de los sindicatos convocantes de la huelga se concentraron a las puertas de las Corts Valencianas durante el pleno en el que se debatían los presupuestos que se aprobaron con los votos a favor del PP y de Vox. Durante la concentración a la que acudieron decenas de personas los manifestantes lanzaron gritos como “Consell dimisión, Mazón a prisión” o “Partido Popular, partido criminal”.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha afirmado que, mediante empujones y golpes, la policía ha encapsulado a cuarenta manifestantes, echando al suelo a varios periodistas. El sindicato afirma que se ha rodeado a las manifestantes a un arcén de la carretera, identificándolas una a una.

Cierre de la calle de Colón

A las 12 del mediodía los piquetes informativos han arrancado una marcha desde la Estació del Nord: “El objetivo es ir cerrando comercios a lo largo de la mañana”, han apuntado los convocantes, que han recorrido toda la Calle Colón y la Calle La Paz hasta regresar al punto de origen dos horas después. La marcha ha convocado a unas 2.500 personas, según ha apuntado la Delegación del Gobierno, y se ha saldado sin incidentes. Los piquetes informativos han tratado de entrar a los comercios céntricos y han conseguido cerrar momentáneamente algunas tiendas de la Calle Colón, en medio de una fuerte presencia policial, que se ha situado en las puertas de algunos locales para bloquear el paso.

Durante la marcha por la céntrica vía se han entonado gritos de “el president, a Picassent” y “dónde están Comisiones y UGT”, en referencia a los dos sindicatos que han rechazado sumarse a la huelga. La protesta recuerda a las víctimas de la DANA en accidentes laborales y lleva por lema “contra la patronal y el Consell de Mazón: per la vida, el treball digne, els serveis públics i l'habitatge”.

La dirigente de Podemos María Teresa Pérez, presente en la movilización, ha apuntado: “Estamos aquí acompañando a los sindicatos. Somos un pueblo en lucha. Hace 7 meses de la DANA y todos siguen en su cargo, deben asumir la responsabilidad por 228 homicidios imprudentes. Y una reflexión sobre este modelo productivo, extractivista capitalista (...) que prioriza el beneficio de unos pocos”. Ha acudido acompañada por la secretaria general, Ione Belarra, que ha considerado que Mazón “va a caer” porque no tiene “oxígeno político” por su gestión de la dana. “Es cuestión de tiempo”, ha augurado.

“Huelga histórica”

Los representantes de los cuatro sindicatos convocantes consideran la jornada como una “huelga histórica”. El secretario general de CGT Valencia, Juan Miguel Pont, ha relatado que “ha habido piquetes en todas las partes de las zonas afectadas, en València capital y en muchos otros sitios”, especialmente en el sector de Transportes.

La portavoz de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, ha asegurado que la huelga es “el clamor unánime de toda la sociedad valenciana que reclama verdad y justicia, reparación y, sobre todo, dignidad como pueblo”. “La hacemos por las 230 víctimas que ha habido a causa de las negligencias de la dana” y “los dos trabajadores que murieron en la reconstrucción”, así como “por las 31.400 personas que han estado en ERTE y que han cobrado sólo el 70% de su salario” y “la ciudadanía valenciana que reclama unos servicios públicos fortalecidos”.

En representación de CNT, Mar Bueno ha señalado que las inundaciones del 29 de octubre “sacudieron por completo todo el territorio” y ha puesto en valor cómo “la clase trabajadora estuvo al pie del cañón el mismo día de la catástrofe y al día siguiente organizando su rabia y su solidaridad”. Las movilizaciones de este jueves, según la sindicalista, son “una demostración de esa organización, de esa solidaridad, de que estamos hartas de políticos neoliberales y negacionistas del cambio climático que constantemente vulneran el derecho de la clase trabajadora”.En términos similares, desde COS, Ángel Muñoz ha denunciado “los recortes que está haciendo el Consell” y ha asegurado que los sindicatos continuarán en la lucha“.

Los cuatro sindicatos convocantes de la huelga general que tendrá lugar este jueves 29 de mayo con motivo de los siete meses de la DANA y ante la gestión del presidente Carlos Mazón, CNT, CGT, Intersindical y COS, se han concentrado este miércoles a las puertas de las Corts Valencianas durante el pleno en el que se debaten los presupuestos que se aprobarán con los votos a favor del PP y de Vox.

Durante la concentración a la que han acudido decenas de personas los manifestantes han lanzado gritos como “Consell dimisión, Mazón a prisión” o “Partido Popular, partido criminal”.

La portavoz de Intersindical, Beatriu Cardona, ha comentado al respecto que la concentración responde a la aprobación unos presupuestos “aprobados por la derecha y la extrema derecha que significan recortes en los servicios públicos”. Por parte de CNT, Mar Bueno ha explicado que la huelga convocada para este jueves “es histórica” y que el objetivo es “poner sobre la mesa una cuestión fundamental” ya que lo que pasó el 29 de octubre “no es un hecho aislado, es la consecuencia de décadas de políticas liberales y negacionistas del cambio climático”. El portavoz de CGT, Juan Miguel Font, ha afirmado que “la sociedad valenciana ha dicho basta y que quiere ver a Mazón no solo dimitir, sino asumir las responsabilidades penales que le corresponden”. Isabel Sanchis, de la Coordinadora Obrera Sindical, ha pedido a los partidos de izquierdas que pasen “de los gestos estéticos a acciones contundentes, que dejen de enviar a las fuerzas represivas y que hagan caso a las demandas de los pueblos afectados”.

Además de la huelga general que tendrá lugar a lo largo de toda la jornada, más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de las inundaciones, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano, se movilizarán en la séptima manifestación convocada para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA que ha causado la muerte de 228 personas.

En esta ocasión, la manifestación será un tributo a las personas que perdieron la vida en su puesto de trabajo o in itínere y pretende “visibilizar la situación de riesgo” que sufrieron las personas trabajadoras, informan las entidades en un comunicado.

Con llamamientos a la “Huelga general” o entonando cánticos como “No hay otra manera; o con la patronal, o con la clase obrera”, representantes de los sindicatos convocantes del paro general previsto para el próximo jueves, 29 de mayo, (CNT, Intersindical Valenciana, CGT y COS) para protestar contra la gestión de la DANA por parte del Gobierno valenciano de Carlos Mazón, han ocupado este martes el vestíbulo de la sede de la patronal valenciana CEV en València. Los participantes en la protesta, alrededor de una veintena de personas, han abandonados las dependencias de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana después de identificarse ante la Policía Nacional

Los sindicatos convocantes de la huelga general del jueves 29 de mayo han ocupado la sede de la patronal valenciana para denunciar “el papel jugado por el empresariado el 29 de octubre al no informar a los trabajadores, impedir que abandonaran su puesto de trabajo e incluso coaccionándoles para que asistieran a pesar de las condiciones meteorológicas”, afirma Juan Miguel Font, secretario general de CGT València.

La organización anarcosindicalista afirma que “esta actitud de los empresarios ha ocasionado un peligro real y tangible contra la vida y la salud de las trabajadoras y trabajadores, que, en algunos casos, ha tenido un final fatal y, en otros muchos, ha comportado secuelas psicológicas”.

Los sindicatos convocantes también han denunciado que la patronal valenciana se ha negado a reunirse con ellos los días previos a la huelga para tratar sobre las reivindicaciones que les han llevado a convocar la jornada de huelga del próximo 29 de mayo y hacen un llamamiento a la sociedad valenciana a secundar la convocatoria “porque nos sobran los motivos”.

La huelga general del próximo jueves ha sido convocada para denunciar la “gestión nefasta del Gobierno valenciano” como principal responsable de las víctimas mortales de las inundaciones. 

Además, coincidiendo con los siete meses desde la trágica DANA que el pasado 29 de octubre asoló parte de la provincia de Valencia, provocando la muerte de 228 personas, más de 200 colectivos cívicos, entre los que se encuentran las asociaciones de víctimas, los comités locales de emergencia y reconstrucción y los sindicatos valencianos, han convocado para el próximo jueves una nueva manifestación para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la tragedia.

Los sindicatos CNT, Intersindical, CGT y COS saldrán a la calle el próximo 29 de mayo para denunciar la “gestión nefasta del gobierno valenciano”, al que señalan como responsable directo de las 227 víctimas mortales y de los estragos que, tras más de siete meses de la fatídica riada, siguen golpeando a la cotidianidad de las personas que residen en las zonas afectadas.

El pasado 25 de abril, estos cuatro sindicatos ya anunciaron la convocatoria de la huelga general y ahora, han presentado una notificación formal ante las autoridades laborales “para tener una jornada de éxito”. “Para nosotros significa un antes y un después porque queremos que ese día los trabajadores y trabajadoras escojan no ir a su puesto por muchos motivos, concretamente 31.630”, manifiesta Beatriu Cardona Prats, portavoz de la Intersindical Valenciana, en referencia a las 31.630 personas en ERTE y la cifra de muertes registradas por la DANA.

En este sentido, la portavoz de la Intersindical Valenciana ha instado al Consell de Mazón a depurar responsabilidades políticas y penales, tanto del propio gobierno como del empresariado que puso en riesgo la vida de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras: “Si ahora tuviéramos los mismos avisos meteorológicos, volverían a actuar de la misma forma”, ha advertido. Además, ha subrayado que el gobierno valenciano fue “incapaz de alertarnos, salvarnos y ahora, reconstruirnos”.

De igual forma, los representantes de los sindicatos han puesto el foco en los recortes, consumados por el PP y su socio Vox, como la Educación, la Sanidad o Emergencias, servicios públicos que sin ellos “nos debilitan ante una posible situación catastrófica”. “No estamos hablando solo de unas comarcas golpeadas, sino de una gestión criminal, negacionista del cambio climático y que pone el capital por encima de los intereses y la vida de la clase trabajadora”, ha insistido Cardona en una rueda de prensa frente a la sede de la Dirección General de Trabajo en València.

SIN UGT ni CCOO

Asimismo, Ana Mar Bueno, miembro de CNT València, ha puesto de relieve la vulneración de derechos laborales que cometieron las empresas obligando a los propios trabajadores a cumplir con su jornada “el día de la riada y los días posteriores”, aún incluso sin poder desplazarse o siendo directamente una persona afectada. “Estamos en un momento en el que el País Valencià está unido socialmente. Esto no ha sido una cuestión meramente meteorológica, sino que se engloba en un contexto de políticas neoliberales que ignoran los efectos del cambio climático”, ha destaca.

Bueno también ha querido poner énfasis en la situación habitacional de la autonomía valenciana, denunciando que, tras la gota fría del pasado 29 de octubre, el escenario se ha agravado: “Llegaron antes las inmobiliarias, que el Gobierno”.

El secretario general de CGT València, Juan Miguel Font, ha suscrito las palabras de las anteriores compañeras, y ha tildado posteriormente de “poca calidad humana y mediocridad política” al president y su equipo de gobierno. “La sociedad valenciana debe sumarse a esta huelga, independientemente de que no participen los sindicatos mayoritarios”, ha explicado Font en referencia a la ausencia de UGT y CCOO.

A preguntas de los medios sobre esta no adhesión, Cardona manifiesta que no es la primera huelga que se celebra sin las grandes centrales sindicales: “No entramos a valorar los motivos que tengan por secundarla o no querer hacerlo. Los cuatro estamos seguros de que la clase trabajadora valenciana quiere manifestar su rabia e indignación, ya no solo por la DANA, sino por como se está vulnerado el derecho a la vivienda, el territorio o por mejorar las condiciones laborales. No importa la sigla que convoque, se responderá igual”, ha aclarado la portavoz de la Intersindical Valenciana, quien posteriormente ha abierto la puerta a cualquier sindicato que quiera sumarse frente a esta “situación insostenible”.

“Mazón es el máximo culpable de la gestión y de la situación de muchos trabajadores que se encuentran en ERTE. Muchos de ellos van a perder su trabajo porque hay empresas que difícilmente podrán recuperar su actividad productiva”, ha sostenido el portavoz de CGT València.

La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A (Canal Sur) tienen a la vista otro juicio por otra posible vulneración del derecho fundamental de huelga durante el Día Internacional de la Mujer. La vista oral se iba a celebrar este pasado miércoles en la Sala de lo Social de Sevilla del TSJA, precisamente a las puertas del 8M, pero finalmente se ha aplazado.

El ente público ya ha sido condenada por hechos análogos relacionados a las convocatorias de huelga de CGT con motivo del 8 de marzo, concretamente en los años 2021 y 2022, de las que ha venido informando este periódico. Ambas se referían al mismo centro territorial de Córdoba, y el nuevo caso no es una excepción. El pasado 10 de enero, Canal Sur admitió en directo que vulneró el derecho fundamental de huelga de una empleada el Día Internacional de la Mujer.

Los nuevos hechos denunciados se refieren al año pasado, 2024. CGT había llamado a una huelga “con un contenido reivindicativo marcadamente feminista” en una convocatoria que se viene repitiendo en la misma fecha en años anteriores. Fuentes de la RTVA consultadas por este periódico no han querido pronunciarse respecto a este nuevo procedimiento judicial en curso.

Una huelga para “evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras”

Explica la demanda que en el centro de trabajo territorial de Córdoba se realiza una previsión de turnos con carácter mensual que atiende a las diferentes categorías y operarios que deberán laborar a fin de atender los servicios. Así las cosas, en el turno de tarde del 8 de marzo de 2024 estaba prevista únicamente la asistencia de un redactor, de conformidad con los servicios mínimos. Ese día, el informativo de la tarde (El mirador de Andalucía, las Noticias de Córdoba) fue realizado por otra redactora, que trabajó “en virtud de horas extraordinarias, por cuanto que su turno ordinario asignado para esa jornada fue de 8.00 a 15.00 horas”.

La realización de esas horas extraordinarias durante la jornada de huelga “fue una decisión adoptada por la dirección de la empresa”, argumenta CGT, que considera que con esa “medida patronal” y “con el ejercicio de poder organizativo encaminado a suplir a los trabajadores huelguistas e incumplir con los servicios mínimos se merma el derecho de huelga de una convocatoria que pretende precisamente evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras y la transcendencia de su ausencia en la realización de sus actividades profesionales habituales”.

Se trata, según CGT, de un supuesto de lo que se ha dado en denominar esquirolaje interno, en este caso “haciendo uso de horas extraordinarias sin causa ni motivo que habilite a ello”. El esquirolaje interno se produce cuando, en el periodo de huelga en una empresa, el empresario utiliza a trabajadores no huelguistas de la propia empresa, modificando sus condiciones de lugar, tiempo y modo de trabajo para que realicen los trabajos que se han quedado paralizados durante la huelga, con el fin de reducir los efectos de la huelga. Hay casos que ya ha visto el Tribunal Supremo, cuyos jueces declararon que los trabajadores de una empresa asentada en Navarra vieron vulnerado su derecho a huelga en una protesta de 2017 porque varios jefes de departamento se pusieron a trabajar sustituyendo a los huelguistas.

Un derecho fundamental “lesionado”

Añade la demanda que “el esquirolaje interno está declarado ilegal a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre, máxime cuando –como ocurre en el presente caso- la intención empresarial que tienen esos cambios es eliminar las consecuencias de la huelga”.

Por todo ello CGT solicita mediante “que se declare lesionado el derecho fundamental a la huelga”, reclamando una indemnización de 60.000 euros en concepto de reparación de los daños morales y materiales, pérdida de imagen, afiliación y perspectivas de afiliación del sindicato así como los costes del procedimiento judicial.

También pide CGT que se le indemnice en 18.000 euros, que se declare la nulidad de las decisiones y actuaciones, “ordenándose el cese inmediato de la conducta lesiva de los derechos fundamentales”, y “que se reparen los daños y perjuicios causados, procediendo a realizar una emisión televisiva en idéntica franja horaria preferente centrada exclusivamente en la sentencia que se dicte”, de forma similar a la que se vio obligada a emitir de acuerdo a una de las referidas sentencias ya emitidas y ratificadas por el Tribunal Supremo.

Los sindicatos y una parte de la sociedad civil israelí desafiaron al primer ministro, Benjamín Netanyahu, con la convocatoria de una huelga general este lunes. Los paros y protestas dieron comienzo a las 06.00 de la mañana (07.00 en España) y a las 08.00 el aeropuerto internacional de Ben Gurion suspendió sus operaciones un par de horas; los manifestantes empezaron a cortar carreteras en varios puntos del país. Pero la movilización fue suspendida antes de tiempo por el Tribunal Laboral de Israel, a petición de la Fiscalía general del Estado, que consideró que su naturaleza era política y no respondía a un “conflicto laboral colectivo”.

El presidente de la mayor unión de sindicatos del país, Arnon Bar-David, se mostró satisfecho con la huelga y señaló que había sido un “movimiento significativo”, aunque en algunas ciudades israelíes o sectores de la economía no ha tenido mucho seguimiento. La organización Histadrut representa a unos 800.000 trabajadores israelíes y el domingo convocó una jornada de huelga general en protesta por la muerte de seis rehenes en Gaza y para presionar al Gobierno para que selle un acuerdo lo antes posible con el grupo palestino Hamás, que permita la vuelta a casa del resto de secuestrados que permanecen en la Franja.

“Prometo a las familias de los rehenes que Histadrut seguirá jugando un papel central en los esfuerzos para traer a casa a nuestros hijos y hijas”, afirmó Bar-David en un comunicado.

El domingo por la noche tuvo lugar una protesta multitudinaria –la más grande desde el secuestro de unas 250 personas el pasado 7 de octubre–, en la que miles de israelíes en todo el país mostraron su dolor y rabia por el fallecimiento de los seis rehenes (cuatro hombres y dos mujeres), supuestamente matados por sus captores antes de que pudieran ser rescatados por las tropas israelíes en el interior de un túnel en el sur de Gaza. “Según nuestra evaluación inicial, fueron brutalmente asesinados por los terroristas de Hamás poco antes de que los alcanzáramos”, informó el Ejército israelí en un comunicado. Según la versión oficial, los seis habían permanecido con vida desde que fueron capturados por los milicianos palestinos en territorio israelí hace casi once meses.

Este lunes se celebró el funeral de uno de los rehenes fallecidos, el joven israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin. El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió disculpas durante la ceremonia “en nombre del Estado de Israel”. “Fallamos a la hora de protegerte durante el terrible desastre del 7 de octubre y fallamos a la hora de devolverte a casa sano y salvo”, dijo el jefe de Estado, cuyo papel es sobre todo representativo. Por ello, en declaraciones recogidas por el periódico Haaretz, Herzog instó a los que toman las decisiones a hacer “todo lo posible, con determinación y valentía, para salvar a aquellos que todavía pueden ser salvados”.

El padre de Hersh, John Polin, prometió a su hijo “traer a casa a los demás rehenes”. “No hemos perdido la esperanza aún. La vida que tuvimos contigo fue una bendición y ahora vamos a trabajar para que tu legado sea una bendición”, dijo durante la emotiva despedida, en la que participaron miles de personas, según los medios locales.

Impaciencia de familiares y EEUU

La desesperación e impaciencia de los familiares de los rehenes va en aumento con el paso de los meses, nueve desde que unos cien rehenes fueran liberados a lo largo de una semana a finales de noviembre, gracias a un acuerdo de intercambio por presos palestinos en cárceles israelíes. Cerca de un centenar siguen en manos de Hamás y otros grupos armados palestinos, pero se calcula que alrededor de un tercio estaría muerto. La urgencia de recuperar a los que quedan con vida es mayor que nunca después de la muerte de los seis jóvenes, varios de los cuales habrían quedado en libertad en la primera fase de seis semanas que prevé el acuerdo que están negociando Israel y Hamás, con base en una propuesta elaborada por Estados Unidos.

El presidente Joe Biden añadió este lunes un poco de presión y urgencia, al responsabilizar al primer ministro israelí del retraso en la conclusión del acuerdo. “Estamos cerca de un acuerdo para liberar a los secuestrados, pero no creo que Netanyahu esté haciendo lo suficiente”, afirmó Biden desde Washington. Según la agenda de la Casa Blanca, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron el lunes por la mañana con el equipo negociador de EEUU “tras el asesinato del ciudadano estadounidense Hersh Goldberg-Polin y otros cinco rehenes por parte de Hamás el sábado y discutirán los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes restantes”.

En respuesta a la afirmación de Biden, Netanyahu culpó a Hamás de la falta de progreso de las negociaciones. “Estos asesinos ejecutaron a seis de nuestros rehenes. Les dispararon en la nuca. Eso es lo que ha cambiado. Y ahora, después de esto, ¿nos piden que mostremos seriedad? ¿Nos piden que hagamos concesiones?! ¿Qué mensaje le envía esto a Hamas?”, dijo el primer ministro israelí en una comparecencia.

EEUU es uno de los tres mediadores internacionales entre Israel y Hamás, junto a Qatar y Egipto, pero es también el principal aliado político y diplomático de Tel Aviv, además de su mayor suministrador de armamento. Cada vez más voces apuntan a que, si la Administración Biden quiere influir realmente en las decisiones del Gobierno israelí, tiene que suspender el envío de armas.

Según fuentes oficiales estadounidenses citadas por el periódico The Washington Post, EEUU está hablando con Egipto y Qatar sobre los detalles de un acuerdo “lo tomas o lo dejas” que será presentado en las próximas semanas a Israel y Hamás. Si una de las dos partes rechaza la propuesta, las negociaciones podrían colapsar definitivamente, aclaró una fuente de alto nivel de la Administración, que agregó que los mediadores ya estaban planteando esta fórmula antes de que los seis rehenes fueran encontrados muertos este fin de semana. En su opinión, ese hallazgo “debería añadir más urgencia a esta fase final, en la que ya estábamos”.

Dos fuentes de alto nivel señalaron que ahora habrá que volver a negociar los rehenes que van a ser liberados en lugar de Hersh Goldberg-Polin y las dos mujeres que fueron encontradas muertas, Carmel Gat y Eden Yerushalmi, que estaban entre los primeros que saldrían de Gaza en caso de un acuerdo de alto el fuego. Los negociadores han estado elaborando las listas con los nombres de los rehenes y los presos palestinos que serían intercambiados en cada momento y no ha sido fácil lograr un consenso entre las dos partes en este sentido.

Presión en las calles

Para Uriel Abulof, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, “a este Gobierno no le importan sus ciudadanos, tampoco le importan las grandes protestas y una huelga general podría haber influido si hubiera sido continuada, pero ha terminado”. Explica a elDiario.es que ni siquiera le importan las encuestas de opinión, que muestran una caída en el apoyo al Gobierno de coalición encabezado por Netanyahu. Descarta que Netanyahu pueda recibir presión por parte se sus socios de Gobierno, entre los que hay partidos ultranacionalistas y judíos ultraortodoxos, porque todos ellos “sólo quieren permanecer en el poder”.

Por ello, el experto cree que para forzar al Ejecutivo a que acepte un acuerdo con Hamás “es necesaria mucha presión, internacional y a nivel interno. Internacionalmente, tanto EEUU como la Unión Europea pueden ayudar; nacionalmente, es necesario lo que vimos este domingo y este lunes, de forma continua”. En su opinión, EEUU sí puede poner sobre la mesa “un acuerdo muy detallado” y obligar al Gobierno israelí a aceptarlo y aplicarlo, incluso imponer al Ejecutivo que lo someta a votación en un referéndum popular, ya que la mayor parte de los israelíes apoyarían un acuerdo que conlleve la liberación de los rehenes, asegura.

Abulof señala que los israelíes están “agotados” después de más de diez meses de conflicto, precedidos por una profunda crisis política nacional con protestas en las calles cada semana en contra de la polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu. “Va a ser difícil que haya una presión pública sostenida como la que tuvimos antes del 7 de octubre –dice– pero hay razones para creer que la gente ha despertado [tras la muerte de los seis rehenes] y puede que haya más manifestaciones y más participantes”, añade.

Respecto a las movilizaciones por parte de la sociedad civil, los sindicatos y las familias de los rehenes, el profesor considera que “ahora más que nunca desde el 7 de octubre existe la posibilidad real” de que éstas continúen y vayan a más. Pero recuerda que “no es suficiente porque al Gobierno no le importan los ciudadanos ni los rehenes”. “EEUU y Europa tienen que jugar un papel mucho más destacado y para ayudar deben ponerse del lado del pueblo israelí y del palestino, no de sus gobernantes”, Netanyahu y Hamás, concluye.

Reino Unido suspende ventas de armas

El Gobierno británico anunció el lunes que suspenderá unas 30 licencias –de un total de 350– de exportación de armamento a Israel ante la existencia del riesgo de que sean utilizadas para violar la legislación humanitaria, según el ministro de Exteriores, David Lammy, quien compareció ante la Cámara de los Comunes (baja). 

Las licencias suspendidas incluirán, entre otros, componentes de aparatos militares, helicópteros y drones después de que el Gobierno británico concluyera que hay un “claro riesgo de que los objetos exportados a Israel podrían ser empleados para cometer o facilitar graves violaciones de la ley humanitaria internacional”, informa la Agencia EFE.

Lammy afirmó que “al afrontar un conflicto como este, es la obligación legal del Gobierno revisar las licencias a las exportaciones (...)” al tiempo que clarificó que la medida “no es una determinación de inocencia o culpabilidad” y “no se toma a la ligera”.  La decisión, que el Gobierno británico mantendrá “bajo revisión”, no tendrá, según dijo, “un impacto material en la seguridad de Israel”, pues cubre “solo objetos que podrían ser empleados en el actual conflicto”.

Este martes, Netanyahu ha arremetido contra Reino Unido por la decisión, que ha calificado de “vergonzosa”.

Israel, contra Sánchez

Israel ha vuelto a cargar contra el presidente español, Pedro Sánchez, en medio de las protestas contra Netanyahu. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, escribió este lunes en la red social X que la muerte de seis rehenes de Hamás en Gaza es una “advertencia” para España e Irlanda y pidió a los Gobiernos de ambos países que “reviertan” el reconocimiento del Estado palestino.

“Un Estado palestino estará controlado por Hamás, apoyado por Irán y se convertirá en una dictadura islámica radical, amenazando Israel y a las naciones moderadas en la región”, escribió el líder de la diplomacia israelí. Katz urgió tanto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como al primer ministro irlandés, Simon Harris, a que den marcha atrás en el “peligroso paso” de reconocer a Palestina que dieron en mayo pasado.

Israel se ha parado desde las 6.00 de la mañana (5.00 en España) de este lunes. La unión de sindicatos más grande de Israel, Histadrut, ha convocado una jornada de huelga general para protestar por la muerte de otros seis rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados el domingo sin vida por los soldados israelíes en Gaza. Casi cien personas permanecen secuestradas en la Franja desde el pasado 7 de octubre y los sindicatos israelíes, así como otros actores sociales, se han movilizado para apoyar a sus familias y exigir al Gobierno que alcance un acuerdo con las milicias palestinas para que puedan regresar a casa, antes de que sea demasiado tarde.

“Estamos recibiendo bolsas con cadáveres en lugar de un acuerdo. He llegado a la conclusión de que solo nuestra intervención podría movilizar a quienes necesitan ser movilizados”, dijo en un comunicado el presidente de Histadrut, Arnon Bar-David. Tras una reunión con los familiares de los secuestrados, Bar-David denunció que el Gobierno israelí no ha firmado un acuerdo “por consideraciones políticas”, mientras cada vez más voces culpan directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu de boicotear las negociaciones con el movimiento palestino Hamás.

El Tribunal Laboral ha dictaminado este lunes que la huelga general termine a las 14.30 horas locales. El tribunal ha fallado a favor de la Fiscalía al considerar que se trata de un paro político y no causado por un “conflicto laboral colectivo”.

La Fiscalía General del Estado había pedido al Tribunal Laboral de Israel que se pronunciara contra la huelga de Histadrut, asegurando que “no es una huelga por un conflicto laboral colectivo y es, por tanto, una huelga política”. La decisión se produce después de que el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, contactara el domingo al fiscal general para pedir medidas cautelares de cara a la huelga. “Se trata de una huelga política que no está bajo la autoridad de Histadrut y no tiene efecto legal”, escribió Smotrich en la red social X.

Cuerpos recuperados

Este domingo, el Ejército israelí informó de que los seis cuerpos encontrados en el interior de un túnel en el sur de Gaza eran los de seis rehenes (cuatro hombres y dos mujeres), que fueron “brutalmente asesinados por Hamás” antes de que las tropas pudieran rescatarlos, según la versión oficial. Algunos de ellos, como las dos mujeres y un hombre con doble nacionalidad israelí-estadounidense, podrían haber quedado en libertad en la primera fase que estipula el acuerdo de alto el fuego que está sobre la mesa desde finales de mayo, pero Israel y Hamás se niegan a aceptarlo.

El líder de la oposición, Yair Lapid, arremetió ayer contra el Gobierno tras conocer la noticia de la muerte de los seis rehenes: “En lugar de pactar, hacen política; en lugar de salvar vidas, entierran a secuestrados”, dijo en su cuenta de X. “En lugar de hacer todo lo posible para traerlos a casa, Netanyahu está haciendo todo lo posible para permanecer en el poder”, remachó. Lapid había pedido a los sindicatos que convocaran la huelga y ha felicitado a Histadrut por hacerlo.

“Las familias de los rehenes urgen a la población a tomar acción y unirse a ellos en su lucha para acabar con el abandono y traer a sus seres queridos de vuelta a casa”, rezó la convocatoria emitida ayer por el Foro de las Familias de Rehenes y Secuestrados, citada por la Agencia EFE.

Protestas y servicios parados

Desde primera hora del lunes, cientos de personas están protestando en diferentes puntos de Israel, después de una multitudinaria manifestación anoche en Tel Aviv, en la que fueron detenidos más de 30 participantes –25 de ellos siguen retenidos, según informa el periódico Haaretz–.

El aeropuerto internacional de Ben Gurion, en Tel Aviv, suspendió la salida de los vuelos durante más de dos horas este lunes. Otros servicios están parados, como algunos bancos que se han adherido a la huelga, y en los hospitales han adoptado un horario reducido. Está previsto que las universidades permanezcan cerradas, mientras que los colegios sí están abiertos, excepto en aquellos municipios que se han sumado a la huelga, en los que los centros harán horario reducido, según el diario The Jerusalem Post. La compañía eléctrica nacional también ofrecerá servicios mínimos, como si fuera fin de semana. Muchas empresas privadas tecnológicas se han sumado a la huelga, mientras que algunos comercios abrirán sólo por la tarde.

Las tres centrales sindicales de Argentina han logrado una alta adhesión este jueves a la segunda huelga general contra los recortes del Gobierno de Javier Milei. En cinco meses de gestión, el líder ultraderechista ha desfinanciado la educación pública universitaria y el desarrollo de la ciencia, ha liberado el precio en alimentos, medicamentos y servicios básicos, y ha empujado a la pobreza a millones de personas. En paralelo, la denominada Ley Bases, un compendio de 279 artículos que se propone cambiar la estructura económica hacia un régimen ultraliberal, ha comenzado a ser debatida en el Senado, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.

La postal del segundo paro general –el primero fue el 24 de enero– en Buenos Aires, replicada en el resto del país, ha sido una de calles vacías, ningún tren ni metro saliendo de las estaciones, algunos autobuses circulando con pocos pasajeros, poca actividad en comercios. La medida ha tenido un 97% de seguimiento de la administración pública, según han informado las centrales obreras, pese a que el Gobierno ha amedrentado a los trabajadores estatales con el descuento del día de trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma han emitido un documento donde dan cuenta de las causas de la huelga. “Estamos frente a un Gobierno nacional que promueve la quita de derechos laborales y sociales, que redefine el rol del Estado, cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población, generando de esta forma ciento de miles de despidos de servidores públicos”. 

Como es habitual en él, Milei ha arremetido en redes sociales contra la huelga general contra sus reformas económicas estructurales. “Yo no paro”, ha publicado en X e Instagram, acompañado de su conocido lema: “Viva la libertad carajo”.

Crece el desempleo

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, explica a elDiario.es su preocupación por la reforma laboral que está incluida en la Ley Bases. “La reforma laboral abarata el despido en momentos de pérdidas de trabajo y de recesión, se pretende legalizar el despido discriminatorio, sin causa justa, fomentando la persecución de los activismos. Aparece la figura del trabajador independiente, que es un fraude laboral encubierto”. La reforma laboral flexibiliza aspectos clave como la posibilidad de reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral, que se deducirá del salario mensual; la extensión del período de prueba de seis o 12 meses y la contratación de hasta cinco trabajadores bajo la modalidad de monotributo como “trabajadores independientes”, extinguiendo así la relación laboral.

El panorama en materia de empleo resulta alarmante, advierte Yasky. “En el caso del sector de la construcción, se perdieron 100.000 empleos entre despidos (por el decreto de suspensión) de la obra pública y los del sector privado. Son 380.000 afiliados activos, por eso es evidente que la cifra es descomunal. Por cada empleo directo se ganan dos empleos indirectos en la cadena de valor, y a la inversa, por un despido, se pierden dos empleos indirectos. En cinco meses se calculan 300.000 puestos de trabajo perdidos, entre los 100.000 de la construcción, 20.000 en el sector estatal y en las pymes (pequeñas y medianas empresas). En el transcurso de los próximos meses vamos a ir a un desempleo de dos dígitos (en el último trimestre de 2023, último registro, fue del 5,7%)”, sostuvo el líder sindical.

El proyecto fiscal dentro de la Ley Bases es regresivo al aliviar la carga impositiva a los más ricos y elevarla a los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Además, se prevé un blanqueo de capitales amplio y flexible que podría convertir a Argentina en un paraíso fiscal. 

El secretario general de la CTA de los Trabajadores describe tales aspectos negativos si finalmente se aprueba el proyecto. “Otro punto es las facilidades extraordinarias para el lavado de dinero. Los paraísos fiscales no generan empleo. Va a haber un paraíso fiscal abierto a fondos cuyo origen no tendrá registro legal, eso abre la puerta al blanqueo de dinero que proviene del tráfico de personas y de los grupos del narcotráfico. También está el capítulo impositivo: se reducen los impuestos para los más ricos, el de bienes personales, y se aumenta el impuesto a los salarios de los trabajadores (rentas)”.

El documento consensuado entre la CGT y las dos CTA describe en cifras las consecuencias del ajuste de Milei, quien llegó al poder el 10 de diciembre bajo el eslogan de combatir a “la casta”. “Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76%o en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”.

“Convertir a Argentina en una neocolonia”

La posible aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases tendría efectos irreversibles en el corto y mediano plazo. El régimen otorga un trato preferencial a los bienes importados por grandes empresas (extranjeras) beneficiarias del RIGI, pues realizarán inversiones de envergadura básicamente en actividades primarias. Podrán ingresar cualquier bien de capital, repuestos o insumos sin arancel alguno, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años. Así, se pondrá en clara desventaja a la industria nacional.

Carlos Girotti, secretario de enlace territorial de la CTA de los Trabajadores, dice a elDiario.es que el último viaje de Milei a Estados Unidos es una muestra del plan de ofrecer grandes inversiones al mundo sin una preservación de la industria nacional ni de los recursos clave como litio, cobre e hidrocarburos. “Esta ley se propone convertir a Argentina en una neocolonia controlada por un grupo plutocrático de grandes grupos económicos coaligados con empresas extranjeras. La segunda visita de Milei a Elon Musk revela el plan RIGI: a ceder soberanía facilitando el ingreso de capitales depredadores de recursos naturales, sin darle valor agregado, meramente extractivista, convirtiendo a nuestro territorio en una zona de extracción”.

Las tres centrales sindicales afirman que el presidente Milei “promueve peligrosas políticas de privatización de empresas públicas y de entrega de los recursos del patrimonio nacional”. Las 11 privatizaciones, ya votadas en la Cámara de Diputados, pueden derivar en más desocupación. El desfinanciamiento de la seguridad social, de la salud pública, de las universidades, de la educación, de la ciencia y la cultura completan el cuadro de situación crítico. 

El sistema científico y tecnológico está sufriendo un proceso de desmantelamiento. Así lo describe la viróloga Andrea Gamarnik, de la Fundación Instituto Leloir, a elDiario.es. “Hay un plan de destrucción en el ámbito del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), donde han despedido a personal administrativo vital para el funcionamiento de los institutos, han reducido y retrasado las becas de doctorado con lo cual se corta un proceso de formación de recursos humanos y no se han incorporado a los investigadores de la carrera que ya habían concursado. No es solo un recorte de presupuesto sino un plan de desmantelamiento y destrucción de una cultura científica que caracteriza a nuestro país”.

Gamarnik cree que la delegación de facultades legislativas al presidente impactará de lleno en la ciencia. “La Ley Bases tiene artículos que deja en una situación de alta vulnerabilidad a instituciones científicas, como es el articulo 3 que le da facultades al poder ejecutivo para modificar las funciones o reestructurar instituciones del sistema científico y tecnológico, y el artículo 52, que faculta al Ejecutivo a poner en situación de disponibilidad a todo empleado público, entre ellos a los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”.

La marcha de un millón de argentinos el 23 de abril en defensa de la educación pública ante la asfixia presupuestaria evidenció el malestar social contra el ajuste del Gobierno. Esta segunda huelga general lo ratifica.

En las casas antiguas de personas de clase alta había dos puertas con dos ascensores. La primera, la de los señores del hogar. La segunda, la del servicio. El ascensor que utilizaba el personal que trabajaba en el hogar no se denominaba ascensor, sino montacargas. En una casa como esas comenzó a trabajar Pili a sus 16 años, recién llegada a Bilbao de Roa, un pequeño pueblo de Burgos. Ahora, a sus casi 83 años recuerda perfectamente cómo fueron aquellos inicios como trabajadora del hogar y lo poco que ha cambiado la situación en ese sector. “Dentro de la casa yo era la chica para todo. Fui cocinera, cuidaba a los niños, lo que necesitaban yo lo hacía. Las trabajadoras del hogar somos las últimas para todo. Comemos solas y comemos las sobras de la familia”, asegura Pili a este periódico.

Una de las anécdotas que más le ha marcado a lo largo de su vida ha sido la que le contó una compañera que también se dedicaba al trabajo de interna en hogares. “A una amiga, si sobraba carne en la casa en la que trabajaba, la señora le decía que se friera un huevo, aunque sobrara carne. La señora prefería dársela al perro porque el perro era suyo, pero la chica no. Cosas de esas hemos vivido las trabajadoras del hogar y las seguimos viviendo”, lamenta.

Pili ha acudido con un grupo de amigas, muchas de ellas también trabajadoras del hogar y migrantes a la concentración frente a la Oficina de Extranjería de Bilbao con motivo de la huelga general feminista en Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Se manifiesta porque quiere que las cosas cambien de una vez. “Aunque parezca mentira, seguimos igual. Las cosas tienen que cambiar y no puede ser que sigamos permitiendo estas injusticias ni las mujeres ni los hombres”, lamenta.

Fui cocinera, cuidaba a los niños, lo que necesitaban yo lo hacía. Las trabajadoras del hogar somos las últimas para todo

“No puede ser que siga habiendo esclavas trabajando 24 horas al día internas cuidando a personas mayores. No descansan por las noches, porque muchos tienen problemas de movilidad o demencia. Muchas de las mujeres, como no tienen papeles tienen que aguantar lo dicho y no dicho. Por eso, hoy hemos hecho esta acción frente a Extranjería, porque las trabajadoras del hogar migradas no tienen ningún derecho hasta que no consiguen los papeles”, denuncia la trabajadora del hogar ya jubilada, que con una sonrisa asegura: “Seguiré en la pelea hasta que me muera”.

En esa misma concentración, previa a las manifestaciones de la tarde, cientos de trabajadoras del hogar han denunciado la situación de las personas migrantes a raíz de la Ley de Extranjería, que, según critican “dificulta poder encontrar un trabajo digno”. “No estamos todas, faltan las internas. Queremos que pongan en el centro el derecho colectivo al cuidado para todas las personas que cuidan de manera remunerada o no. La sociedad tiene que hacerse las preguntas: ¿Quién cuida a las trabajadoras del hogar y de cuidados? ¿Qué pasa si nosotras dejáramos de cuidar? ¿Quiénes tendrían que cuidar si nosotras dejáramos de hacerlo?”, se han preguntado durante la protesta tras una pancarta en la que se leía 'Extranjería cómplice de la explotación de las trabajadoras del hogar'.

¿Quién cuida a las trabajadoras del hogar y de cuidados? ¿Qué pasa si nosotras dejáramos de cuidar? ¿Quiénes tendrían que cuidar si nosotras dejáramos de hacerlo?

La situación de las trabajadoras del hogar es una de las denuncias que abarca la huelga general feminista liderada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria y convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Ehne, Etxalde y CGT. La huelga ha tenido el objetivo de revolucionar “el negocio de los cuidados” y de luchar por “un sistema de cuidados público y comunitario, por la construcción del derecho colectivo al cuidado y contra la privatización y mercantilización, en defensa de los derechos de las mujeres”.

“Hemos logrado poner sobre la mesa el debate de los cuidados y el Gobierno vasco y navarra tienen que dar una respuesta a esta huelga y no pueden hacer oídos sordos ante las reivindicaciones de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que han salido a la calle. Lo que pedimos es un sistema de cuidados diferente que ponga a las personas en el centro, un sistema de corresponsabilidad y que sea público, gratuito, universal y de calidad. Ese es el sistema que debe tener un país como Euskal Herria, que se base en la dignidad de las personas y que tenga los medios suficientes para dar ese servicio de calidad. Es una reivindicación posible”, han señalado desde el movimiento feminista.

A lo largo de la jornada han tenido lugar distintas protestas como piquetes en grandes empresas y fábricas, que se han saldado con siete personas detenidas por desórdenes públicos, dos de ellas durante una protesta en la fábrica de Mercedes, en Vitoria y cinco en Donostia tras encadenarse en la puerta de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A pesar de que ha habido manifestaciones en las cuatro capitales Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona al mediodía, las más multitudinarias han tenido lugar por la tarde, en las que miles de personas han reivindicado un sistema público de cuidados. Los sindicatos convocantes y el movimiento feminista han calificado de “éxito” la huelga general feminista y han asegurado que es un “día histórico” para la igualdad, en el que se da “un salto de gigante en la transformación que necesitan los cuidados”.

Exigimos que los cuidados sean un derecho colectivo para todas las personas y que se deje de lucrar y mercadear con las vidas

Durante la manifestación en Bilbao, que ha comenzado en Sagrado Corazón y ha finalizado frente al Ayuntamiento, pasando por la Gran Vía bilbaína, miles de personas han coreado cánticos a favor de un sistema de cuidados público y centrados en las mujeres migrantes y las trabajadoras del hogar internas sin derecho a huelga. “Nuestra propuesta ya está elaborada. Ahora la respuesta y el compromiso político de cara al futuro, a partir de mañana, es por parte de la Administración Pública, de los gobernantes y de quienes tienen mayor responsabilidad de hacer frente y parar ya el negocio de los cuidados en Euskal herria”, han señalado, para demandar, por último, que “las vidas de todas y de todos estén en el centro, que los cuidados sean un derecho colectivo para todas las personas y que se deje de lucrar y mercadear con las vidas”.