El presidente de Open Arms, Óscar Camps, ha cargado de nuevo contra el discurso de Vox y sus críticas sobre un posible “efecto llamada”. “La realidad es clara: el Open Arms no atrae, rescata. No crea la crisis, la hace visible”, ha dicho Camps.

Según el dirigente de la ONG, “el verdadero 'efecto llamada' es la miseria, la guerra, la falta de vías legales y seguras”. “Mientras eso exista, habrá personas jugándose la vida”, ha añadido en una publicación en su cuenta de X.

Asimismo, ha asegurado que la terminología utilizada por la extrema derecha —y a la que también se refirió el presidente de Vox, Santiago Abascal, como “invasión islamista”— es “tan absurda como cruel”. Máxime, mientras “cientos de mercantes, cruceros, ferris y pesqueros navegan cada día”.

“Vox no combate la inmigración: explota el miedo para ganar votos. Nosotros no hacemos política con muertos, los sacamos del agua”, concluido Camps. En una entrevista concedida a elDiario.es, el fundador de la organización de rescate de personas migrantes calificó las palabras de Abascal como “ataque a la democracia y a la solidaridad”: “Que el líder político de la tercera fuerza de España haga un llamamiento a hundir un barco que salva vidas da alas a que otros utilicen la violencia contra voluntarios, contra la tripulación, contra nuestras oficinas… ”.

“Ya nos ha ocurrido en otras ocasiones y seguramente ahora también ocurrirá seguramente. Estamos pensando en denunciar por la vía penal estas declaraciones porque generan odio y violencia”, agregó Camps.

Este viernes, más de 200 personas y un total de 26 colectivos, entre los que se encuentran los sindicatos UGT y CCOO y los partidos Sumar y Podemos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de Canarias para pedir que la Fiscalía investigue a Abascal por un presunto delito de odio por sus declaraciones sobre el Open Arms.

El promotor de la denuncia, Vicente Quintana, describió las declaraciones de Abascal como una “barbaridad fascista” y aseguró que suponen “una incitación al odio y a la violencia”. Quintana rechaza que el buque de salvamento de la ONG sea “un barco negrero”, como lo describió el líder de la ultraderecha, ya que “se dedica a rescatar a seres humanos que se están jugando la vida”.

El buque Open Arms acaba de zarpar del puerto de Santa Cruz de Tenerife cuando Óscar Camps responde la llamada de elDiario.es. El presidente de la ONG no viaja a bordo, pero sigue con detalle las novedades trasladadas por la tripulación. “Está saliendo ahora mismo”, confirma Camps en la mañana de este miércoles. “Ha costado. Queríamos hacerlo anoche, pero la Marina Mercante no nos ha dado luz verde hasta hoy. Somos un barco sensible y nos miran con lupa”, añade el líder de una organización colocada una vez más en el foco del discurso del odio de la extrema derecha en España.

Es ya costumbre que la extrema derecha, española y europea, acuse de “traficantes de personas” a las ONG con barcos de rescate de migrantes, pero la semana pasada Santiago Abascal dio un paso más. El líder de Vox pidió el hundimiento del antiguo remolcador que ha salvado más de 70.000 vidas en el mar. “Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa”, tuiteó Abascal. Lo hizo después de que el Open Arms atracase en Tenerife, donde firmó un convenio de colaboración con el Gobierno canario para “sensibilizar y visibilizar” la situación humanitaria de la ruta canaria.

Sin embargo, el barco no siempre estará atracado. Camps deja claro que, durante los dos meses que planean permanecer en el Archipiélago, el Open Ams “pasará la mayoría del tiempo en el mar”. Aunque la misión no tiene el objetivo de rescatar, dado que Salvamento Marítimo ya realiza ese trabajo, el presidente de la ONG defiende que la tripulación prefiere estar navegando -dentro de las limitaciones impuestas por la Marina Mercante- para estar preparada por si fuese necesaria “su ayuda” ante posibles alertas de embarcaciones en riesgo en el mar.

Esta es la razón por la que el buque ha zarpado este miércoles hacia el sur de El Hierro, donde permanecerá durante alrededor de ocho días. Su presencia en las islas coincidirá con el inicio de la época en la que suele haber un mayor flujo migratorio hacia Canarias, dado que las condiciones meteorológicas suelen ser más idóneas para realizar la travesía desde las costas africanas. No saben si serán necesarios pero, en caso de serlo, quieren estar preparados.

Este miércoles ha zarpado el Open Arms desde el puerto de Tenerife rumbo hacia las aguas del sur de El Hierro. ¿Cuál es el objetivo de esta misión?

Aprovechando que tenemos un convenio con el Gobierno canario para sensibilizar, hacer programas de puertas abiertas y actividades escolares, vamos a estar también estos días en el mar, en el Atlántico, para ampliar un poco la mirada que tenemos sobre los flujos migratorios. Estamos muy acostumbrados al Mediterráneo central y la ruta canaria también es muy importante. Es la más larga, la más mortífera. 

En esta ruta, Salvamento Marítimo hace su trabajo, por lo que no tenemos el objetivo de rescatar sino de sensibilizar y visibilizar lo que ocurre en esta ruta, para que nadie diga que no sabe lo que está pasando. Pero a nosotros no nos sirve estar en el puerto. Nosotros somos útiles en el mar. Mientras no estamos haciendo algo concreto en puerto, como alguna actividad de sensibilización, nuestro lugar será el mar para estar más cerca de cualquier necesidad que pueda haber. Por eso, en estos próximos meses en Canarias, pretendemos navegar el máximo tiempo posible entre las islas, para que, en caso de aviso, se nos puedan activar. Queremos estar a disposición. 

¿A dónde se dirige el Open Arms?

Se dirige hacia el sur de El Hierro. Volverá a Tenerife en unos ocho días para realizar una actividad y, después, zarpará hacia Gran Canaria.

Santiago Abascal ha colocado el Open Arms en el foco de su discurso de odio. Ha dicho que debe ser confiscado y hundido. ¿Cómo valora estas declaraciones?

Lo que ha dicho Abascal no es una opinión política, es un ataque a la democracia y a la solidaridad. Que el líder político de la tercera fuerza de España haga un llamamiento a hundir un barco que salva vidas da alas a que otros utilicen la violencia contra voluntarios, contra la tripulación, contra nuestras oficinas… Ya nos ha ocurrido en otras ocasiones y seguramente ahora también ocurrirá seguramente. Estamos pensando en denunciar por la vía penal estas declaraciones porque generan odio y violencia.

Como dice, los ataques de la extrema derecha contra Open Arms y otras ONG de salvamento de migrantes han sido constantes en los últimos años. ¿Podría poner algún ejemplo en el que ese señalamiento acabase en violencia? 

El barco ha sido atacado en alguna ocasión, tanto en Barcelona como en Lampedusa. En las oficinas también ha habido algún acto. Llevamos diez años haciendo este trabajo y, al principio, recibimos premios y medallas en diferentes países de la Unión Europea- Hemos pasado de ser reconocidos a ser víctimas de una campaña de criminalización exagerada. De recibir una mención del Parlamento Europeo a ser acusados de colaboradores de las mafias y del tráfico ilegal de personas, cuando la realidad es que todas nuestras intervenciones están coordinadas por la Guardia Costera italiana y hay unas normas. En estos diez años, primero nos han aplaudido, luego han intentado encerrarnos, ahora nos quieren hundidos. 

¿Cuál ha sido el peor momento? ¿Cuándo esa violencia ha llegado más lejos?

Cuando, hace unos años, un grupo conocido de extrema derecha fletó un barco y nos persiguió en el Mediterráneo durante muchos días. Intentaban hundir nuestras barcas, nos amenazaban por comunicaciones de radio. Estuvimos así durante un tiempo, hasta que ese grupo abandonó el barco en el puerto de Barcelona. Su tripulación era asiática, no tenían contratos y el capitán fue denunciado. Así actúa la extrema derecha.  

Se han cumplido diez años de la muerte de Aylan, el momento en que empezó la labor de Open Arms en Grecia. Cuando se publicó la foto del pequeño cuerpo, parecía que iba a suponer un cambio en las políticas migratorias europeas. No ha sido así. Desde su experiencia de salvar vidas en el mar, ¿hemos ido hacia atrás en esta década? 

Sí. La imagen de Aylan se convirtió en un símbolo por lo que fue. En un cuerpo tan pequeño se condensaron cifras y cifras de víctimas durante su travesía en el mar. La mayoría, anónimas. Pero la foto de Aylan, un niño, que parecía que dormía con su camiseta y sus zapatillas. Yo vi a mi hijo ahí. Esa apariencia de descanso fue lo que atravesó el corazón de todo el mundo.

Desde entonces, han muerto 3.500 niños en el Mediterráneo, un niño al día, según Unicef. La muerte de Aylan debería haber sido un “nunca más” pero sigue siendo un “cada día”. Europa sigue sin hacer nada y encima seguimos con la criminalización de la extrema derecha contra quienes tratan de salvar vidas. Estamos perdiendo la humanidad. Mientras vivimos el brutal genocidio en Gaza, el Mediterráneo se está convirtiendo en un genocidio estructural.  

El Open Arms ha recibido ataques especialmente duros de la extrema derecha, pero también gobiernos de otros colores - no solo de derechas- han intentado tomar medidas para frenar su labor, como el actual Gobierno de España cuando, apelando a razones administrativas, bloqueó el buque en puerto. ¿Cree que esta misión en Canarias puede ser incómoda también para el Ejecutivo central?

Nuestra presencia es incómoda en todas partes porque no deja indiferente a nadie. Nadie quiere tener problemas. Si estamos allí es porque están pasando cosas, en el mar y en tierra firme. La propia población tiene problemas de convivencia. Tenemos que poner el foco allí donde hay 3.000 menores atrapados en Canarias, de los que nadie quiere hacerse cargo. 

El Gobierno puede estar incómodo porque denunciamos lo que vemos. Ahora mismo no sabemos lo que vamos a decir o hacer, pero si aquello que vemos y denunciamos incomoda, será sano para la democracia.

¿Por qué han decidido ir ahora a Canarias?

Porque hasta ahora estábamos en el Mediterráneo Central. Pero, con Meloni, en el Mediterráneo corremos el riesgo de perder el barco y eso sería un éxito para la extrema derecha. Hemos dejado el Astral [el otro barco de la organización] en el Mediterráneo y el Open Arms estará una temporada en Canarias para documentar este otro flujo. 

Hace un tiempo lanzaron una campaña en la que decían: “A ti también te salvaría”, con imágenes de Abascal, Trump. Von Der Leyen, etc. ¿Salvaría a Abascal después de que haya pedido el hundimiento del Open Arms?

Claro, porque te obliga la Convención de Ginebra. Hasta las guerras tienen normas. Esas normas dicen que, si hundes un barco enemigo o un submarino, tienes que rescatar a los supervivientes y darles un trato digno. Salvaríamos a cualquiera. Un médico no deja de operar una apendicitis porque el paciente haya cometido un delito. Le salvaría. Es una obligación. 

En el Mediterráneo central siempre dicen que las ONG de rescate cubren los huecos del Estado. Sin embargo, en España no se han lanzado misiones de rescate de este tipo, dado que existe Salvamento Marítimo. ¿Por qué es diferente el papel que hace Salvamento Marítimo en España con respecto a la Guardia Costera en las aguas de los alrededores de Italia?

Salvamento Marítimo no se parece en nada a la Guardia Costera italiana. Salvamento es un organismo civil, y la guardia costera italiana son militares. La misión de Salvamento es salvar la vida en el mar. La de la Guardia Costera es vigilar. Busca disuadir pero, en caso de encontrar una barca en riesgo o recibir un aviso, también debe rescatar, porque así lo establece la normativa.

Salvamos Marítimo tiene la misión de rescatar a todo el mundo, y lo hace, con más o con menos fortuna, pero lo hace. No dejan las aguas internacionales descubiertas, como lo hace la Guardia Costera. Salvamento Marítimo hace poco remolcó una patera a 240 millas y eso es impensable en el Mediterráneo central. Por eso decimos que nosotros no intentamos sustituir a Salvamento ni hacer su trabajo. Pero si coincide y nos piden apoyo, vamos a colaborar.

Si el buque de Open Arms se hubiese hundido, como piden algunos, ¿habría personas que ahora mismo habrían muerto? ¿Recuerda alguna de ellas?

Sí. Una de ellas es Josefa, una mujer camerunesa a la que los guardacostas libios abandonaron en el mar. Rescataron a algunos de esa barca y dejaron a tres personas allí, incluida esta mujer. Les pincharon la patera. Vimos algo por casualidad, decidimos ir y encontramos con vida a Josefa. Si no llegamos a ir, habría muerto. Ahora Josefa vive en Suiza, es profesora en una escuela y tuvo una segunda oportunidad.

Feijóo tiene una misión esta nueva temporada política: devolver España a los españoles porque ahora mismo España está en manos, qué sé yo, de los macedonios. ¿Siente usted, querido lector, apatía, malestar, desidia o cierta inapetencia vital? No es síndrome posvacacional, no es la llegada de septiembre con sus días más cortos y sus noches más largas, seguramente sea la deslocalización identitaria a la que está sometida España. Tranquilo, los síntomas terminarán menguando hasta desaparecer con la llegada de Feijóo al poder.

El presidente del PP instó ayer al Gobierno a enviar a los cuerpos policiales a la frontera para “asegurar la seguridad de los españoles”. No se refiere a los aeropuertos para controlar la llegada de inversión extranjera no residente en viviendas residenciales —una inversión que se ha triplicado en España hasta llegar a las casi 100.000 operaciones en 2024, según los datos trimestrales de los Registradores y recopilados por Idealista—, no, Feijóo se refiere al mar para controlar la llegada de inmigrantes en situación de extrema vulnerabilidad.

Ha decidido Feijóo comenzar la nueva temporada política poniéndose el traje de Abascal. No solo no ha enmendado las palabras del líder de Vox en las que pedía confiscar y hundir el barco de la ONG Open Arms, sino que ha decidido abogar por la militarización de las fronteras abrazando la creencia popular de que la mejor manera de derrotar al enemigo es disfrazándote de él.

Pedir hundir un barco con inmigrantes a bordo en situación de auxilio o hablar de invasores y negreros era algo impensable hace años, pero hoy están legitimadas declaraciones políticas inaceptables que encubren el racismo y la xenofobia bajo el pretexto del control fronterizo y la protección de la identidad propia.

“Queremos que nuestras calles sigan siendo y pareciendo calles de España”, aseguraba Abascal el pasado mes de agosto. La política de clase ha dado paso a la política de identidad. Gran parte de la derecha y de la ultraderecha cree en medidas ampliamente contrarias a la clase trabajadora —como el descenso del salario mínimo, el desmantelamiento de los sindicatos o el abaratamiento del despido—, pero la preocupación identitaria e incluso racial está ganando la batalla dialéctica en esas clases trabajadoras.

Vienen a recuperar España para los españoles, los constitucionalistas que desdeñan las competencias autonómicas estipuladas en la Constitución, los que recortan y privatizan los servicios públicos, los que alientan discursos xenófobos, o los que critican la confrontación política mientras confrontan, ya no solo políticamente, sino a toda la sociedad. Hace unos días el ex viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Llamas (que cobró un sueldo cercano a los 100.000 euros anuales), compartía en sus redes sociales una entrevista al canciller alemán Friedrich Merz donde aseguraba que el estado de bienestar no es sostenible. Llamas añadía que nunca lo ha sido ni lo será, al igual que la justicia social. Ya los hay que dicen en público lo que algunos piensan en privado. Todo ha adquirido ya plena velocidad de crucero. Pero lo importante es que estamos a salvo. España, que ahora mismo no nos pertenece, está a salvo.

Empieza un curso político que tiene pinta de acabar resumido como en el famoso verso de Ricardo III, pero al revés. Aquel desgraciado monarca esperaba que el descontento del invierno se convirtiese en glorioso verano gracias al sol de York. A nosotros solo nos queda prepararnos para que el verano del fuego se convierta en el invierno de nuestro descontento en un drama escrito por Miguel Tellado en lugar de William Shakespeare; por si no fuera ya suficiente desgracia.

La decisión del Partido Popular de llevar su descuidada gestión de los incendios en Galicia y Castilla y León al Senado, para seguir hablando del tema en lugar de evitarlo y tratar de cargarlo al debe de Pedro Sánchez, acredita hasta qué punto los populares están convencidos de que todo les beneficia y todo les sirve para acelerar el final de la legislatura. Acabar con esto cuanto antes se ha convertido en el único objetivo y la única estrategia.

La red para levantarse España de la alegre muchachada de Cristóbal Montoro, la Kitchen o la Gürtel acabarán siendo instrumentos al servicio del Sanchismo y si no, al tiempo; del novio de Isabel Díaz Ayuso ya ni hablamos, que no queremos ni usted ni yo acabar imputados ante algún tribunal.

Si lo de deportar a millones, lo de la Conferencia Episcopal a sueldo del Sanchismo y tomada por pederastas, o lo del hundir el Open Arms en el Mediterráneo les pareció fuerte, prepárense porque solo han sido ejercicios de calentamiento. Torre Pacheco solo fue un ensayo. Ahora van a venir con todo desde el extremo, animados por una derecha de orden que, como le da miedo tanto desorden, se apunta al caos por si acaso. En Difuntos las patrullas de vigilantes e influencers lucharán en las calles por nuestro derecho a llevar flores a los cementerios donde solo estén enterrados españoles, en Navidad por nuestro derecho a tener un belén en la plaza del pueblo con un niño Jesús blanco y hetero.

Todo vale y todo valdrá aún más para socializar el descontento. Primero prueban a asustarte y si eso no funciona prueban a cabrearte. Si no te da miedo el extranjero, que al menos te crispen las salvajadas que suelta Santiago Abascal, o alguno de sus clones de marca blanca en Vox o en el PP. El ruido como arma de destrucción masiva de convivencia. Todos los que no son como tú constituyen una amenaza y un peligro ante el cual tienes derecho a defenderte por cualquier medio necesario.

Caer en semejante espiral sería el peor error que podríamos cometer los partidarios del glorioso verano al sol de York o de Xove en A Mariña de Lugo. El fuego se combate con fuego, pero el descontento no se combate con más descontento. No lo olviden y tengan cuidado y paciencia ahí afuera.

“Defender España es defender la vida”, esas han sido las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que en los últimos días Santiago Abascal arremetiera contra el navío Open Arms llegado el pasado miércoles a la costa de Tenerife. El líder de Vox pidió “hundir” el navío que rescata a migrantes en el mar y se refirió a él como “ese barco de negreros”.

Tras el revuelo político, Sánchez ha decidido opinar sobre el tema con un mensaje compartido en su cuenta de X. “Nuestro apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar”, ha añadido:

El líder de Vox ha respondido esta noche al presidente del Gobierno asegurando que “es normal” que tenga “intereses en las mafias del tráfico de seres humanos”, tras calificar a Sánchez de “jefe de la mafia socialista”. En un mensaje en la misma red social se ha reafirmado en la proclama que llama a hundir los barcos de la ONG, a los que acusa de una supuesta “invasión islamista”, y ha señalado que meter en la cárcel al jefe del Ejecutivo “es lo único más urgente”.

También la ONG Open Arms salió a responder a Abascal. “Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla”, aseguraron, y explicaron que sus barcos han salvado la vida a más de 70.000 personas. “Decir que hay que hundir un barco que salva vidas es fascismo puro”. “Es un insulto a la verdad y una indecencia”, criticaron desde la organización.

El mensaje del presidente del Gobierno de este sábado no es el único. También se ha sumado a las críticas el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también a través de un mensaje en X: “Que líderes y lideresas de la extrema derecha (con diferentes banderas pero con las mismas ideas) pidan la persecución o directamente el bombardeo de barcos humanitarios de denuncia y rescate, no es porque esté de moda ser un fascista. Es porque está de moda ser un desgraciado sin alma ni moral. Que es lo mismo”.

“Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo”. De esta forma ha contestado Open Arms al ultraderechista Santiago Abascal, que el jueves pidió “hundir” y “confiscar” el navío llegado un día antes a la costa de Tenerife, en pleno proceso de relocalización de menores migrantes llegado a Canarias.

La ONG, que hace tareas de ayuda humanitaria en el Mediterráneo, ha tenido que explicar al presidente de Vox en qué consiste su labor, ante el aparente desconocimiento de Abascal. En un comunicado compartido a través de redes sociales, titulado “Determinación insumergible”, han defendido que sus barcos han salvado la vida de más de 70.000 personas. “Acusarnos de 'negreros' es un insulto a la verdad y una indecencia”, añaden.

“Cuando la ultraderecha pierde credibilidad recurre siempre a una desesperada estrategia: hacer ruido”, declara su publicación de Instagram ante la última “ocurrencia” del ultraderechista. “Somos una ONG de socorristas que ayuda a personas en situaciones de sesperadas. Nuestros barcos son fuertes, pero nuestro espíritu es insumergible”, prosigue.

Open Arms se ha enorgullecido de que “ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla”, en referencia a Vox y sus discursos de odio, sobre los que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, alertó el jueves, puesto que “acaban justificando la violencia física”.

“Aunque todos nuestros barcos se hundan, jamás lo hará nuestra determinación”, concluye el 'post' de la organización, en cuyo pie de foto se lee: “Aquí estamos y aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio”.

El director de Open Arms, Òscar Camps, contestó a las palabras de Abascal inmediatamente. “Decir que hay que hundir un barco que salva vidas es fascismo puro”, escribió el fundador de la ONG en su perfil personal.

Las palabras de Abascal fueron replicadas por el Gobierno. Junto a Bolaños, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lamentó la “poca humanidad” del líder del partido de extrema derecha. También Clavijo, que comparte Gobierno con el PP, tachó de “auténtico fascista” a Abascal. “Esto es un sinsentido, genera crispación, malestar y le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a Abascal le moleste también la democracia, cosa que ya algunos dudamos”, subrayó.

Quien no quiso opinar sobre las palabras de Abascal fue el PP. Preguntado expresamente, Miguel Tellado dijo que su labor no era “comentar” lo que dijera Vox, pero el PP ha dependido y depende directamente del apoyo de la ultraderecha para gobernar en buena parte de las comunidades que controla.

En pleno proceso de relocalización de menores migrantes llegados a Canarias, el ultraderechista Santiago Abascal ha pedido este jueves “hundir” y “confiscar” el navío de Open Arms llegado el pasado miércoles a la costa de Tenerife. En su mensaje de este jueves publicado en la red social X, el líder de Vox ha calificado de “barco de negreros” al buque de la ONG que hace tareas de ayuda humanitaria en el Mediterráneo.

En otro de los muchos intentos de la formación por introducir su retórica racista en el debate sobre la migración, Abascal habla de la “invasión de Europa”. “Que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa”, ha señalado.

Poco después le contestaba el director de la ONG con estas palabras: “Decir que hay que hundir un barco que salva vidas es fascismo puro”.

Las palabras de Abascal han provocado la reacción de varios miembros del Ejecutivo central, además del propio presidente canario, Fernando Clavijo, que ha tachado al líder de Vox de “auténtico fascista” y le ha exigido medir sus palabras. “Esto es un sinsentido, genera crispación, malestar y le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a Abascal le moleste también la democracia, cosa que ya algunos dudamos”, ha puntualizado el jefe del Ejecutivo canario.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha condenado la “violencia verbal” de Abascal y los discursos de odio y ha dicho que ambos son “tóxicos” para la convivencia porque “acaban justificando la violencia física”. Bolaños ha advertido además que esta violencia verbal que hoy está dirigida “contra migrantes”, mañana puede afectar a “quien piense distinto”. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha referido al asunto también en sus redes sociales y ha declarado que “hay que tener poca humanidad para llamar ”negreros“ a quienes salvan personas”.

Abascal ha respondido después al ministro Bolaños llamándole “guiñol de Pedro Mafias” y alegando la existencia de una supuesta “invasión islamista” que estaría patrocinada por el Gobierno. A su vez, ha insistido en vincular a la ONG Open Arms con el tráfico de personas, llamándoles directamente traficantes, y ha amenazado con encerrar “a todos”.

El buque ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ocho años después de que el entonces –y actual– presidente de Canarias, Fernando Clavijo, negociara con la ONG la creación de una base y el despliegue de una embarcación en las islas.

La nave permanecerá hasta el próximo 2 de septiembre en el puerto, según ha informado la Autoridad Portuaria, y se trata de un antiguo remolcador de Salvamento Marítimo. Además, su llegada coincide con una época del año en la que se prevé un aumento en la llegada de cayucos y en la que se negocia un acuerdo con el Ejecutivo canario.

Los jueces del Tribunal de Palermo han absuelto este viernes a Matteo Salvini en el 'caso Open Arms' en el que el ministro de Transportes y vicepresidente del Gobierno de Italia estaba imputado por un delito de secuestro de personas y omisión de actos oficiales, por haber impedido durante 19 días el desembarco de las 147 personas rescatadas en el Mediterráneo por el barco de la ONG Open Arms. La Fiscalía pedía una condena de seis años de cárcel.

La fiscal adjunta Marzia Sabella, en el comienzo de la vista, había recordado que los rescatados por Open Arms “no tenían derecho a desembarcar en Italia porque fueran enfermos, sino porque eran hombres libres”. En el aula búnker de la cárcel Pagliarelli de Palermo, en Sicilia, la escuchaba, sentando en el banquillo, el mismo Salvini, acompañado por su abogada y también senadora de la Liga, Giulia Bongiorno, famosa por haber defendido a Giulio Andreotti en el juicio que le veía imputado por asociación mafiosa y del que salió finalmente indemne. En la sala también estaba el fundador de Open Arms, Oscar Camps, que ha encabezado la acusación contra Salvini, a la que se han sumado varias organizaciones y dos ayuntamientos, el de Palermo y el de Barcelona.

Los jueces, que han estado reunidos más de ocho horas para la deliberación, han acogido finalmente la tesis de la defensa, que pedía la absolución plena.

“He cumplido mis promesas, luchando contra la inmigración masiva y reduciendo las salidas, los desembarcos y las muertes en el mar. Sea cual sea la sentencia, para mí hoy es un buen día porque estoy orgulloso de haber defendido a mi país. Lo haría todo de nuevo”, había dicho Salvini antes de entrar en el aula búnker. A la salida, a última hora de la tarde, tras conocer el fallo, ya triunfante, ha rematado: “Estoy feliz. Defender la patria no es un delito sino un derecho. Seguiré adelante con más determinación que antes”. 

“La tristeza es sobre todo por las personas que, como dijimos desde el primer minuto, fueron privadas de su libertad. Esperamos las motivaciones de los jueces para evaluar si apelamos la sentencia, como también esperamos que lo haga la Fiscalía”, ha declarado el fundador de Open Arms, Camps.

Meloni celebra el fallo

El vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la Liga, que había asegurado que no dimitiría en ningún caso, llevaba ya días preparando el terreno para que los dos escenarios –el de una condena o el de una absolución– encajaran en su retórica anti-inmigración. De ser condenado sería la víctima de los “jueces politizados”, de ser absuelto el héroe culpable solo “de haber defendido Italia”, como ponía la camiseta que mostraron los líderes de los partidos ultras, con Victor Orbán a la cabeza, en la reunión del grupo de los Patriotas el jueves en Bruselas. Un día antes había recibido “la solidaridad de todo el Gobierno”, en una declaración de la primera ministra Giorgia Meloni, durante una intervención en el Senado, que recibió el aplauso de todos los miembros de la mayoría.

Y esta tarde uno de los primeros mensajes ha sido precisamente el de la primera ministra. “Defender las fronteras italianas nunca puede ser un delito. La absolución de Matteo Salvini es una gran noticia. Sigamos juntos, con tenacidad y determinación, luchando contra la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos y defendiendo la soberanía nacional. ¡Viva!”, ha escrito Meloni en un mensaje en X. El fallo, aunque se refiera a un caso concreto, llega después de una serie de decisiones judiciales que han supuesto un varapalo para uno de los proyectos estrella del Gobierno: la construcción de centros de identificación y explusión de migrantes en Albania, un modelo hasta ahora fallido que, sin embargo, ha recibido el apoyo de varios países europeos y la bendición de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Un pulso que duró 20 días

Tres años después de su comienzo, ha llegado así a la conclusión el juicio —en la primera de las tres instancias previstas por el sistema judicial italiano— de un caso que empezó mucho antes. Exactamente el 1 de agosto de 2019, el día en el que la misión 65 del Open Arms efectuó el primero de los tres rescates que haría en el Mediterráneo central en la que seguía siendo una de las rutas migratorias más mortíferas. Eran los días en el que Salvini, entonces ministro de Interior de un Gobierno formado por la coalición de la Liga y del Movimiento 5 Estrellas, se jactaba de su política de “puertos cerrados”, llenando las redes sociales con proclamas “anti-invasión”.

Y así empezó un pulso que duró 20 días, con momentos de tensión muy altos y evacuaciones de emergencias de algunos de los 160 migrantes que llegó a haber en la cubierta del barco de la ONG española. La comunicación del ministerio de Interior con el decreto de prohibición de entrada en aguas internacionales italianas llegó ya el 2 de agosto. Un veto que Open Arms recurrió primero ante los tribunales administrativos y luego, mientras en el barco la situación se volvía cada vez más críticas, ante la Fiscalía de Agrigento por delitos de omisión de actos de oficios y otros delitos en relación con la situación.

Días antes, y cuando ya había pasado una semana después del primer rescate, el fundador de la ONG, Oscar Camps, había escrito una carta a los Gobiernos de España, Francia y Alemania, pidiendo que ayudaran a desbloquear la situación, con un pacto para el reparto de los migrantes una vez desembarcados en Italia o Malta, los dos países que habían negado la entrada. Pasó una semana más para que seis países europeos, entre ellos España, pactaran acoger a los migrantes, sin que esto sirviera para cambiar la postura de Italia.

El desembarco llegó el 20 de agosto, por decisión del fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, que, tras visitar la embarcación y ver una “situación explosiva y de máxima urgencia”, decretó su incautación y el desembarco de todas las personas a bordo. El mismo día, y tras semanas de subidas de tono de Salvini y una moción de censura presentada y luego retirada por la Liga, el entonces primer ministro Giuseppe Conte presentaba su dimisión. La autorización por parte del Senado italiano para enjuiciar a Salvini llegaría meses después, ya con una nueva mayoría en el Gobierno.

L'Aita-Mari va ser el primer que va rebre el requeriment, però l'actuació de la Generalitat ha acabat per afectar vuit vaixells més. En total, uns 450.000 euros de reclamació en taxes portuàries a nou embarcacions de salvament marítim que entre el 2021 i el 2024 van atracar als ports autonòmics de la Generalitat per a tasques d'avituallament, reparacions o descans de personal, segons han confirmat fonts del col·lectiu Aurora i de la Conselleria de Medi Ambient. Es tracta de les naus Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity i Salvament Marítim Humanitari, que han rescatat milers de persones de morir ofegades a la Mediterrània.

La Conselleria de Medi Ambient ha iniciat un procés de negociació amb les entitats humanitàries per afinar la reclamació malgrat que segons la legislació valenciana estarien exemptes. De fet, durant els anys del Botànic, estes embarcacions no van pagar les taxes portuàries mentre van estar als ports de Vinaròs, Benicarló o Borriana. El mateix president de la Generalitat, Carlos Mazón, va insistir ahir al debat de política general que estos vaixells, “quan està atracant i no està fent missions humanitàries, com tots els pescadors, paguen la llum i l'aigua”. És més, Mazón va aprofitar el debat a les Corts Valencianes per anunciar que “els pescadors i armadors deixaran de pagar totes les taxes que, cada any, havien d'abonar a la Generalitat”.

L''Aita Mari' i altres vaixells de rescat de migrants, juntament amb els seus equips jurídics, es van reunir fa diverses setmanes amb el director general de Ports, Marc García Manzana, per abordar la situació. Fonts de la Generalitat van explicar que donaran “més temps” a les entitats per al·legar i se'ls va “explicar” la manera de justificar els recursos per poder reduir el muntant total de les reclamacions, “sempre que es justifiqui que s'estaven fent tasques humanitàries” . Les mateixes fonts van defensar la legalitat de l'actuació i van criticar la gestió de l'anterior Govern del Pacte del Botànic.

Des de l''Aita Mari' van assegurar que a la reunió els van oferir fer una ampliació del recurs presentat i incorporar nous elements on expliquen les raons per les quals estarien exempts. “Esta ampliació no caldria si no hi haguera hagut cap canvi d‟interpretació de l‟article. Vam seguir sense compartir que es liquiden les taxes des del 2021 quan la pròpia administració no ens les havia reclamat. Si ara canvien de criteri, el que haurien de fer és notificar este canvi de criteri”, han afegit les mateixes fonts del vaixell de salvament marítim. També els han assegurat, segons les mateixes fonts, que la Generalitat “desconeixia les feines que veníem fent”. Una apreciació que els ha cridat poderosament l'atenció pels anys que porten atracant a ports de la Generalitat.

El Aita-Mari fue el primero que recibió el requerimiento, pero la actuación de la Generalitat ha terminado por afectar a otros ocho barcos más. En total, unos 450.000 euros de reclamación en tasas portuarias a nueve embarcaciones de salvamento marítimo que entre 2021 y 2024 atracaron en los puertos autonómicos de la Generalitat para tareas de avituallamiento, reparaciones o descanso de personal, según han confirmado fuentes del colectivo Aurora y de la Conselleria de Medio Ambiente. Se trata de las naves Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo.

La Conselleria de Medio Ambiente ha iniciado un proceso de negociación con las entidades humanitarias para afinar la reclamación pese a que según la legislación valenciana estarían exentas. De hecho, durante los años del Botànic, estas embarcaciones no pagaron las tasas portuarias mientras estuvieron en los puertos de Vinaròs, Benicarló o Burriana. El propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, insistió ayer en el debate de política general que estos barcos, “cuando está atracando y no está haciendo misiones humanitarias, como todos los pescadores, pagan la luz y el agua”. Es más, Mazón aprovechó el debate en Les Corts Valencianes para anunciar que “los pescadores y armadores van a dejar de pagar todas las tasas que, cada año, tenían que abonar a la Generalitat”.

El 'Aita Mari' y otros barcos de rescate de migrantes, junto a sus equipos jurídicos, se reunieron hace varias semanas con el director general de Puertos, Marc García Manzana, para abordar la situación. Fuentes de la Generalitat explicaron que darán “más tiempo” a las entidades para alegar y se les “explicó” la manera de justificar los recursos para poder reducir el montante total de las reclamaciones, “siempre que se justifique que se estaban realizando labores humanitarias”. Las mismas fuentes defendieron la legalidad de la actuación y criticaron la gestión del anterior Gobierno del Pacte del Botànic.

Desde el 'Aita Mari' aseguraron que en la reunión les ofrecieron hacer una ampliación del recurso presentado e incorporar nuevos elementos donde expliquen las razones por las que estarían exentos. “Esta ampliación no haría falta si no hubiera habido un cambio de interpretación del artículo. Seguimos sin compartir que se liquiden las tasas desde 2021 cuando la propia administración no nos las había reclamado. Si ahora cambian de criterio, lo que tendrían que hacer es notificar ese cambio de criterio”, han añadido las mismas fuentes del barco de salvamento marítimo. También les han asegurado, según las mismas fuentes, que la Generalitat “desconocía las labores que veníamos haciendo”. Una apreciación que les ha llamado poderosamente la atención por los años que llevan atracando en puertos de la Generalitat.

La ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2017 incluyó una modificación legal que eximía a los barcos humanitarios de pagar las tasas portuarias en los puertos públicos autonómicos no solo por labores de rescate, sino también “por necesidades de funcionamiento”, según el artículo 22 de esa norma que enmendó el artículo 4 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat, de tarifas portuarias. La Conselleria de Medio Ambiente, de la que depende la Dirección General de Puertos, resta importancia a esta normativa y defiende que la legislación solo ampara a los barcos humanitarios que recalen en puertos como los de Benicarló, Vinaròs o Borriana por labores humanitarias estrictas, por lo que estarían obligados a pagar y mantendrán el requerimiento de abono de los últimos cuatro años. De hecho, las 10 entidades sociales requeridas tendrán que pagar primero las tasas portuarias reclamadas de los años 2021 a 2024 (las anteriores han prescrito) y después ir a los tribunales.

El 'Aita Mari' y otros barcos de rescate de migrantes, junto a sus equipos jurídicos, se reunieron ayer con el director general de Puertos, Marc García Manzana, para abordar la situación. Fuentes de la Generalitat explicaron que darán “más tiempo” a las entidades para alegar y se les “explicó” la manera de justificar los recursos para poder reducir el montante total de las reclamaciones, “siempre que se justifique que se estaban realizando labores humanitarias”. Las mismas fuentes defendieron la legalidad de la actuación y criticaron la gestión del anterior Gobierno del Pacte del Botànic.

Por su parte, fuentes del 'Aita Mari' han explicado que en la reunión les han ofrecido hacer una ampliación del recurso presentado e incorporar nuevos elementos donde expliquen las razones por las que estarían exentos. “Esta ampliación no haría falta si no hubiera habido un cambio de interpretación del artículo. Seguimos sin compartir que se liquiden las tasas desde 2021 cuando la propia administración no nos las había reclamado. Si ahora cambian de criterio, lo que tendrían que hacer es notificar ese cambio de criterio”, han añadido las mismas fuentes del barco de salvamento marítimo. También les han asegurado, según las mismas fuentes, que la Generalitat “desconocía las labores que veníamos haciendo”. Una apreciación que les ha llamado poderosamente la atención por los años que llevan atracando en puertos de la Generalitat.

Pese al enroque del Gobierno valenciano actual, la modificación de la normativa de tasas de los puertos que entró en vigor el 1 de enero de 2017 podría convertirse en un punto estratégico en los recursos de las entidades humanitarias de cara a no tener que pagar unas tasas de manera retroactiva de las que estaban exentas. Más si la reclamación acaba en los tribunales. El punto dos del artículo 4 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat, de tarifas portuarias reza desde su modificación en 2016 que “quedan exentos del pago de las tarifas portuarias, el material y las embarcaciones de la Cruz Roja dedicados a las labores propias que tiene encomendadas esta institución, y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en dominio público portuario”. Tal y como han venido explicando los barcos de rescate humanitario, el uso de los puertos valencianos se dedicó a labores de mantenimiento, reparación o descanso de la tripulación, siempre dentro de las campañas de rescate de personas en el Mediterráneo.

María José Salvador, la que fuera consellera de Territorio con el Gobierno de Ximo Puig y actual portavoz adjunta del PSPV en las Corts Valencianes, fue la política que impulsó la modificación legislativa que amparó a los barcos de rescate humanitario durante los años del Pacte del Botànic y por la que nunca se cobraron las tasas portuarias a estos barcos. “Cuando llegamos al Gobierno vimos una petición que Médicos sin Fronteras le hizo al PP en 2014 en la que reclamaban esa exención de tasas para barcos humanitarios con motivos de paradas técnicas. El Gobierno de Fabra no les atendió, pero a nosotros nos pareció justo facilitar estas demandas y las incluimos en la ley”, ha explicado Salvador a elDiario.es. Salvador también se reunió ayer con los representantes del 'Aita Mari' y aseguró que la Conselleria de Medio Ambiente “está incumpliendo la ley”. Para Salvador, la Administración “no puede ser arbitraria y aplicar la ley a su antojo porque podría estar prevaricando”.

Además de los 60.000 euros al 'Aita Mari', la Agencia Tributaria Valenciana reclama también decenas de miles de euros a los barcos y sus entidades Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo. Una derivada de estas reclamaciones podría ser que los barcos humanitario buscaran otras zonas y países para las paradas técnicas, lo que supondría también un golpe para la economía local de municipios como Benicarló o Vinaròs.

Empezaron con el Aita Mari, pero el Gobierno valenciano ha iniciado una catarata de reclamaciones de tasas portuarias a otros nueve barcos de rescate humanitario que atracaban en los puertos públicos autonómicos de Vinaròs, Burriana o Benicarló. La Agencia Tributaria Valenciana reclama ahora decenas de miles de euros a los barcos y sus entidades Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo.

El próximo lunes 9 de septiembre, el director general de Puertos de la Generalitat valenciana, Marc García, se reunirá con el Aita Mari para abordar la situación, aunque el proceso tributario continúa su curso y la entidades deben abonar lo reclamado por la administración y después recurrir. “Aquí se aplica la normativa en vigor. Existe una exención cuando los barcos que atracan en nuestros puertos hacen rescate humanitario. Si estos barcos justifican que estaban haciendo tareas de salvamento y todo lo necesario para hacerlo, no se les cobra. Pero si los barcos han estado parados tres meses no estarían en el supuesto legal”, explican a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente.

Fuentes del Aita Mari explican a elDiario.es que la situación es muy complicada, porque al haberse iniciado el requerimiento fiscal la entidad tiene que abonar sí o sí los más de 60.000 euros y luego esperar a la resolución del recurso. “La Generalitat puede argumentar que no hubo un desarrollo del reglamento del anterior Consell, pero no puede implicare que haya que pagar de manera retroactiva cuatro años”.

El Consell del Botànic, formado por PSPV y Compromís, liberó a los barcos de ayuda humanitaria de pagar las tasas portuarias cuando atracaban en puertos públicos de la Generalitat Valenciana para trabajos de avituallamiento, reparaciones o descanso de personal. Pero la exención de estas obligaciones no quedó suficientemente amarrada administrativamente y el nuevo Consell de PP y Vox, ahora sin la extrema derecha, inició los trámites para reclamar estas tasas a partir de 2021 “aplicando la normativa”. En el caso del Aita Mari, un montante de más de 60.000 euros.

L’Aurora, un coletivo de 16 entidades sociales que hoy se ha concentrado ante la Generalitat para protestar por los sucedido, ha denunciado la “inseguridad jurídica” que esta actuación ha generado y alerta de que los barcos humanitarios dejarán de llegar a la Comunitat Valenciana porque “ya no es tierra de acogida”.  

Desde la Conselleria de Medio Ambiente defienden su gestión. “El Gobierno del Botánico decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades. Lo hizo con una una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes, lo que generaba un problema de seguridad jurídica al cuerpo funcionarial”, han argumentado. Según las mismas fuentes, “lo que se ha hecho ahora es regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma ley. En ningún caso se ha modificado la normativa con el decreto de simplificación administrativa en este sentido, que simplemente se limitó a actualizar las tasas de luz y agua a abonar”.

Por otra parte, desde la Conselleria de Medio Ambiente replican que en otros puertos de la Comunitat Valenciana que dependen del Gobierno no se aplica ningún tipo de exención ni cuando se realizan las tareas de salvamento.

Desde el comienzo de la invasión israelí en Gaza, el gobierno de Netanyahu ha arrasado con la ayuda humanitaria en la franja. La ha boicoteado, la ha bloqueado, la ha criminalizado mientras la hambruna alcanza ya a dos millones de personas. Esta semana un ataque del ejército de Israel ha matado a siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés, mientras se movían en una furgoneta perfectamente identificada.

Con el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Jesús Núñez analizamos si la muerte de estos siete cooperantes puede tener repercusiones geopolíticas. Además, a Raquel Martí, directora ejecutiva en España de la UNRWA, le hemos pedido que nos cuente lo que han vivido en los últimos meses desde su organización.

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Las organizaciones World Central Kitchen y Open Arms consiguieron entregar hace dos semanas 200 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza por mar, abriendo el corredor humanitario desde Chipre y rompiendo un bloqueo marítimo impuesto por Israel desde 2007. Ahora preparan en el puerto chipriota de Lárnaca una segunda misión. Si las condiciones del tiempo lo permiten y llegan las autorizaciones necesarias, el barco con una carga de hasta 400 toneladas de alimentos no perecederos zarpará desde la isla en los próximos días rumbo a la costa de la Franja.

Desde Lárnaca, el fundador de Open Arms, Oscar Camps (Barcelona, 1963) explica a elDiario.es que este segundo viaje también está lleno de incógnitas, pero están decididos a seguir: “En cualquier momento Israel puede cancelar la misión”. A quienes dicen que la ayuda enviada por mar es solo una gota en el océano de las necesidades de la población de Gaza, mientras Israel mantiene bloqueada la llegada de provisiones por tierra, Camps contesta: “Nosotros solamente aportamos nuestro granito de arena. Siempre hemos pensado que la única solución es la paz, el alto el fuego y que se abran todas las vías posibles para la entrada de la ayuda porque hay 2,3 millones de personas que necesitan de todo”.

¿Cómo fue el proceso de autorización para la primera misión y cómo está siendo ahora?

Ha sido y es un proceso largo. Primero hay que hablar con el Gobierno de Chipre y luego con Israel y con el COGAT [la agencia militar israelí que gestiona las cuestiones civiles de Gaza y Cisjordania], que tiene que autorizar las maniobras que se van a ejecutar. Tienes que exponerles lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con qué medios. Tienen que inspeccionar la carga y el barco. Y una vez que salimos estamos a merced de la meteorología. E Israel puede cancelar el viaje en cualquier momento. En el último minuto te puede decir que abortas la misión y que te vuelves. No es tan fácil como la gente se imagina. Hay muchas dificultades y todos son problemas. E intentan por todos los medios que no vayamos, no nos lo ponen fácil.

¿Cómo y cuándo se fraguó la idea de una misión marítima para entregar ayuda?

La primera vez que hicimos una misión marítima con World Central Kitchen [WCK, la ONG fundada por el chef español José Andrés] fue en Ucrania y abrimos un corredor humanitario marítimo por el Mar Negro y el Danubio, hasta llegar a Ucrania. Ese corredor no existía porque el Mar Negro estaba cerrado. Pero al final conseguimos hacer cuatro misiones.

La misión a Gaza surgió después de que el pasado 20 de diciembre, el ministro de Exteriores israelí anunciara en la isla de Chipre, aquí en Lárnaca, la apertura de un corredor marítimo humanitario que salía de la isla y de este puerto y que podía llegar a Gaza. Pero por lo visto nadie se hizo eco de este anuncio y nadie utilizó este corredor, entre otras cosas porque era un anuncio un poco fraudulento. Porque si abres un corredor humanitario desde el puerto de Lárnaca, tienes que decir en qué puerto finaliza. Y si en Gaza no hay ningún puerto ¿cómo abres un corredor humanitario marítimo si no hay puerto?

Entonces yo recibí una llamada de José Andrés a finales de diciembre que me decía que tenía 60 cocinas dentro de Gaza, funcionando con un equipo que había dado 15,20 millones de comidas, pero que no le estaba llegando alimentos, que tenía camiones bloqueados en el sur, que si podíamos hacer algo… Y hablamos de esta vía. El barco había estado retenido en Italia en su tercera detención [administrativa por parte de las autoridades italianas] e íbamos a pararlo para hacer mantenimiento. Pero salió esta oportunidad y vinimos a Lárnaca a presionar a las autoridades, porque queríamos utilizar ese corredor que se había anunciado y estábamos listos para usarlo. Tuvimos que hablar con el Gobierno de Chipre, con el Gobierno de Israel… Eso fue José Andrés, que tiene más bagaje diplomático que nosotros. Tuvimos que diseñar un plan para desembarcar, construir un pequeño espigón en Gaza. Lo construyó el equipo de World Central Kitchen. Nos aprobaron el plan después de discutirlo muchísimas semanas. Y yo creo que siempre pensando en que no iba a poder ejecutarse nunca.

¿Y con qué apoyos habéis contado, también en términos de recursos? ¿Cuáles han sido las dificultades?

Esta fue una iniciativa de World Central Kitchen, a la que nosotros nos sumamos para aportar nuestra experiencia en el mar. Luego, a través de WCK se pidió soporte tanto a Chipre como a Jordania. José Andrés pidió ayuda a Jordania, a Emiratos Árabes Unidos para tener un poquito más de influencia diplomática. Y así se fue fraguando esa primera misión.

Aparte del factor meteorológico, hubo muchas dificultades para el equipo en Gaza que tenía que construir ese espigón, porque Israel no lo estaba poniendo fácil. Había bloqueos de camiones, detenían algunos de los colaboradores… Y eso se retrasó muchísimo. Además, en ningún momento podríamos desembarcar y pisar tierra.

Usted estaba en una de las lanchas auxiliares que escoltaron la plataforma desde el barco a la costa. ¿Qué habéis podido ver desde allí? ¿Seguía habiendo bombardeos mientras se descargaba la ayuda?

El barco estaba aproximadamente a unos 450 metros de la costa, muy cerca. Y las lanchas operaron a cinco, diez metros de la orilla. El escenario era atroz. Había tanques, mucho movimiento alrededor e incluso algún cuerpo en la playa. No solamente veíamos la destrucción, sino que notábamos cómo retumbaba todo.

Sobrecogía estar allí, intentando desembarcar la ayuda, y que de golpe retumbara el cuerpo por la onda expansiva. Y oír el ruido de las explosiones y la cortina de humo negro. Es espantoso. Estás allí y piensas: ¿cuántas muertes está habiendo?

Íbamos con chalecos antibalas y cascos militares, por seguridad, porque nadie va a garantizar la seguridad. Ni siquiera Israel.

En algunas fotos que llegaban desde Gaza el día del desembarco de la ayuda se veía a gente mirando hacia el barco, esperando su llegada. También algunos niños. ¿Qué noticias os han llegado desde las cocinas de World Central Kitchen que han recibido la carga de alimentos?

El cargamento tardó uno o dos días en llegar a su destino, al norte de la Franja. Se confeccionaron aproximadamente entre 550.000 y 700.000 comidas. Así es que ya cumplimos con un objetivo importante que era hacer llegar algo de comida. No importa la cantidad, sino lo que tú puedas hacer con lo que tú tienes. Haces lo que puedes. Nosotros no venimos a aportar ninguna solución. Solamente aportamos nuestro granito de arena. Siempre hemos pensado que la única solución es la paz, el alto el fuego y que se abran todas las vías posibles para la entrada de la ayuda porque hay 2,3 millones de personas que necesitan de todo.

Muchos han alabado vuestra iniciativa, pero también han subrayado que 200 toneladas son una gota en el océano y que la situación catastrófica que vive Gaza necesita la llegada de ayuda por vía terrestre, la más importante y que Israel mantiene bloqueada. ¿Piensa que invertir recursos en buscar vías alternativas pueda desviar la atención de la necesidad urgente de reabrir la entrada de camiones vía tierra?

Si un remolcador del año 74 es capaz de desviar la atención de todos los gobiernos del planeta, de la realidad que está ocurriendo en Gaza, ¡qué responsabilidad y qué privilegio!. No, no creo que sea así. No se nos puede exigir a nosotros la responsabilidad de los Estados y de las propias Naciones Unidas. Somos una pequeña organización con 300 voluntarios y un presupuesto muy pequeño, y hemos hecho lo que hemos podido con lo que tenemos para ayudar. Esperan que nosotros aportemos la solución cuando Naciones Unidas no ha conseguido nada, cuando nadie ni ningún Estado ha conseguido nada hasta ahora. Yo creo que quien critica con el estómago lleno desde el sofá de su casa no es importante. Deberíamos preguntarle a los gazatíes que no comen desde hace mucho tiempo qué opinan de esas pocas toneladas que entraron y que pudieron alimentar a su familia. Habría que preguntarles a ellos, no a los intelectuales de sofá que están en casa.

Justo en esos mismos días en los que vosotros realizabais la misión, Estados Unidos anunció que salía un primer buque hacia el Mediterráneo para preparar la infraestructura que tendrá que permitir la entrada de ayuda vía marítima y que, según algunas informaciones, estaría listo en 60 días. ¿Cómo recibisteis ese anuncio? ¿Qué efecto os hizo mientras vosotros estabais ya llegando a Gaza?

Nosotros hemos hecho lo que hemos podido con nuestros recursos. Nos sorprendió sobremanera cuando estábamos a punto de salir, que apareciera por aquí en Lárnaca  [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] Von der Leyen, sin bajarse del coche y para dar un paseo por el puerto sin ni siquiera saludarnos, mientras anunciaba que éramos la experiencia piloto del corredor marítimo humanitario de la Unión Europea. Aquí todo el mundo se ha apuntado a este corredor, pero sin apoyarnos en absolutamente nada, sin ni siquiera venir a saludar.

El anuncio de Biden en su discurso sobre el Estado de la Nación de que se iba a hacer un puerto también creo que es un poco oportunista, de cara a su campaña electoral. Aquí no sabemos nada ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea. Bueno, sí de la Unión Europea, sí. Porque Chipre forma parte de la Unión Europea y el Gobierno de Chipre sí que nos ha apoyado. Pero nada más. No hemos tenido contactos con nadie aparte del embajador de Emiratos que vino a saludarnos y del ministro de Exteriores de Chipre

Sobrecogía estar allí, intentando desembarcar la ayuda, y que de golpe retumbara el cuerpo por la onda expansiva. Y oír el ruido de las explosiones

¿Con las autoridades españolas habéis tenido algún contacto en estas semanas?

No, no hablamos nunca con las autoridades españolas. No hemos tenido nunca ocasión de hablar con las autoridades españolas.

Es una iniciativa que, imagino, también quiere tener un valor simbólico, de querer demostrar que se puede romper el bloqueo…

Sí, ya lo hicimos en Ucrania en su momento y allí también incluso Naciones Unidas nos decía que no era seguro, que cruzar el Mar Negro no era lo adecuado, que no se podía hacer. Y sí se pudo, asumiendo riesgos y asumiendo responsabilidades, que es nuestra obligación como organización humanitaria. Ahora decidimos que había un corredor que se había abierto, que había un anuncio político. Y nos acogimos a ese corredor y empezamos a presionar para que este corredor se pusiera en marcha. Solucionamos la última milla, que era el gran problema, al no tener puerto de llegada. Presentamos un proyecto, lo aprobaron y nos dejaron probarlo. Hemos demostrado que funciona. Se ha abierto el corredor y lo puede aprovechar cualquier otra organización o cualquier Estado que quiera hacerlo.

¿Os han contactado otras organizaciones para sumarse?

Sí, nos han contactado varias grandes organizaciones para sumarse. Están trabajando en ello.

El anuncio de Biden en su discurso sobre el Estado de la Nación de que se iba a hacer un puerto también creo que es un poco oportunista, de cara a su campaña electoral

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tardado más de cinco meses en aprobar una resolución de alto el fuego con la abstención de Estados Unidos, que envía ayuda por el aire mientras sigue mandando armas a Israel. ¿Cree que puede cambiar algo a partir de ahora?

Creo que es un acuerdo necesario que nos marca la necesidad urgente de ampliar el flujo de ayuda humanitaria, de reforzar la protección a los civiles en toda la Franja de Gaza y además reiterar la exigencia de que se levanten todas las barreras a la prestación de ayuda humanitaria, que pueda llegar ayuda a gran escala. Pero es importante el llamamiento de que el alto el fuego vaya más allá del periodo del Ramadán, y que se convierta en permanente. Lamentablemente es una responsabilidad de los Estados. Naciones Unidas poco más puede hacer. Pero es un primer paso. Como nuestro primer paso es abrir ese corredor que parecía que no existía. Veremos cómo reacciona Netanyahu, que de momento ya ha anulado el viaje de la delegación israelí a Washington. No sabemos qué va a pasar, e igual no tenemos autorización ahora para poder hacer este segundo envío. Pero hay que estar aquí, hay que seguir. Se nos conoce por nuestra perseverancia.

Durante vuestro primer viaje hacia Gaza buscando la ruta del Open Arms en las aplicaciones que monitorean el tráfico marítimo en el mapa aparecía un desvío a Líbano. ¿Qué ocurrió?

La ruta fue manipulada. No sabemos por quién. Nos quedamos sin AIS [el Sistema de identificación automática, que transmite la posición de un barco]. Tuvimos que navegar con la carta náutica porque no teníamos electrónica. No sabemos por qué motivo estábamos en un blackout. No sabemos qué pasó pero jamás hemos estado en Líbano. No pasamos nunca por ahí ni pasamos cerca siquiera. Era rumbo directo al canal de entrada a Gaza.

Teniendo en cuenta los riesgos que hay hasta el último minuto de que paren la misión, ¿sigue mereciendo la pena? ¿Merece la pena invertir tantos recursos en una misión que se puede abortar hasta el último minuto?

Claro, sí. Hay que intentarlo todo. Ya nos ocurrió en el 2019 en Italia, con Salvini. Estuvimos allí esperando para poder entrar en Lampedusa más tiempo de lo que hemos esperado para entrar en Gaza. Ahora, ¿vamos a dejar morir a la gente teniendo la comida a bordo? No. Si está en nuestras manos, lo vamos a intentar hasta el final.

La misión Safeena –barco, en árabe– lanzada por Word Central Kitchen (WCK), la organización del chef español José Andrés, y por la ONG Open Arms para abrir un corredor marítimo a Gaza ya ha empezado esta tarde el desembarco de la ayuda humanitaria a Gaza, según ha confirmado WCK. La carga –200 toneladas de alimentos no perecederos, como harina, arroz, legumbres y atún–se está descargando a través de un embarcadero construido en la costa de Gaza.

La embarcación de Open Arms zarpó el lunes pasado desde el puerto de Lárnaca en Chipre, donde había llegado tres semanas antes para tratar de abrir una vía marítima para aliviar la crisis en el enclave palestino.

Se trata de la primera misión de este tipo desde que empezó la ofensiva israelí en la Franja, tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, y ha sido posible gracias a la colaboración del Gobierno de Chipre, que ha coordinado los esfuerzos diplomáticos para abrir un corredor marítimo.

El espigón a través del que se está realizando el desembarco de la carga —que en Chipre fue sometida a controles por parte de la COGAT, la agencia militar que gestiona las cuestiones civiles de Gaza y Cisjordania— fue construido por los equipos de WCK con escombros. La operación, planeada durante meses, ha sido muy compleja porque una de las condiciones impuestas por las autoridades israelíes para realizar la entrega de ayuda ha sido que la tripulación del barco de Open Arms no mantenga ningún contacto con la población local.

Corredor humanitario marítimo entre Chipre y Gaza

Chipre

Larnaca

Siria

Líbano

400 km.

Aún no se sabe en qué punto de la costa de Gaza EEUU construirá el muelle

Jordania

Gaza

Israel

N

100 km

Corredor humanitario marítimo

entre Chipre y Gaza

Chipre

Larnaca

Líbano

400 km.

aún no se sabe en qué punto de la costa de Gaza EEUU construirá el muelle

Jordania

Gaza

Israel

N

100 km

Desde esta ONG confirman a elDiario.es que se está preparando en Chipre un segundo envío de 300 toneladas de ayuda humanitaria. En el puerto de Lárnaca, WCK está cargando un barco con palés de productos enlatados y a granel, incluyendo judías, zanahorias, atún enlatado, garbanzos, maíz enlatado, arroz, harina, aceite y sal. También se ha cargado una gran grúa que, explican desde la organización, servirá para futuras entregas marítimas a Gaza. No hay aún fecha de salida para este segundo barco.

El objetivo de la iniciativa de Open Armas y WCK es que más organizaciones se sumen al corredor humanitario y demostrar que se puede empezar la entrega de ayuda vía mar incluso antes de que acabe la construcción del muelle flotante que Estados Unidos quiere construir y debería estar listo en 60 días, según un general de brigada del Ejército estadounidense, citado este martes por la agencia de noticias AFP. Se trata de un tipo de construcciones que han sido empleadas anteriormente por los militares estadounidenses en Kuwait, Somalia, Haití y Centroamérica para misiones de asistencia en desastres naturales. Una vez que el muelle esté operando a plena capacidad, el Ejército de EE UU calcula que podrá proveer de dos millones de raciones de comida al día o dos millones de botellas de agua.

La cantidad de ayuda que se entregará con este primer envío es mínima con respecto a las necesidades de la población gazatí y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) alertó este jueves en un comunicado que, ante la situación de extrema escasez de alimentos, “aunque cualquier incremento de la ayuda a Gaza es vital, la entrada por tierra es la que permite una respuesta a gran escala”. “Actores humanitarios han declarado que las entregas por mar y aire son mucho más costosas e ineficientes que enviar camiones por tierra”, subrayó la agencia.

El barco de la ONG española Open Arms cargado con 200 toneladas de ayuda humanitaria ha zarpado este martes a las 7 de la mañana hora local (las 8 en España) desde el puerto de Larnaca en Chipre, con rumbo a la costa de Gaza. Es la primera misión de este tipo desde que empezó la ofensiva israelí en la Franja, con el objetivo de abrir un corredor marítimo para aliviar la crisis humanitaria en el enclave palestino.

Desde Open Arms explican que se trata de una iniciativa independiente de la ONG junto a World Central Kitchen, la organización fundada por el chef español José Andrés. La operación se gestó con la colaboración del Gobierno de Chipre —que coordina los esfuerzos diplomáticos para abrir un corredor marítimo— y, tras tres semanas de espera, recibió el pasado viernes luz verde por parte de las autoridades israelíes.

La carga que transporta el barco —alimentos como harina, arroz y atún— fue sometida a controles por parte de la COGAT, la agencia militar israelí que gestiona las cuestiones civiles de Gaza y Cisjordania. La ayuda será recibida en la Franja por equipos de World Central Kitchen. “Nuestra idea es que sea la primera de una serie de misiones a Gaza, demonstrar que se puede hacer y que se sumen más organizaciones”, comentan desde Open Arms.

En un primer momento, estaba previsto que el barco zarpara ya el pasado sábado, pero el inicio de la misión tuvo que aplazarse por las condiciones de mala mar, las dificultades de comunicación con la Franja y problemas relativos a la descarga y la distribución de la ayuda en el destino.

La operación de las dos ONG —bautizada como Safeena, barco en árabe— comenzó a planearse hace meses. El barco de Open Armas salió a mediados de febrero rumbo a Chipre después del fin del enésimo bloqueo administrativo impuesto por las autoridades italianas tras la última misión de rescate en el Mediterráneo Central.

“Al mismo tiempo que Open Arms se mueve, la construcción del embarcadero está en marcha... ¡Podemos fracasar, pero el mayor fracaso sería no intentarlo!”, ha escrito este martes José Andrés en la red social X.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado que el primer barco haya puesto rumbo a Gaza, donde ha dicho que la situación es “más dramática que nunca” y que se ha alcanzado un “momento crítico”. De hecho, la alemana ha mencionado por primera vez la posibilidad un alto el fuego, informa Irene Castro.

“Sin un alto el fuego sostenible, el contagio de la guerra de Gaza podría extenderse por toda la región. Es el momento de redoblar nuestros esfuerzos, junto con los estados miembros. Para que todos los rehenes puedan volver a casa. Y la población de Gaza pueda obtener no sólo ayuda humanitaria, sino también un rayo de esperanza, hacia una solución de dos Estados”, ha señalado en un debate en la Eurocámara.

28 de octubre de 2015. Un barco de madera, con más de 300 personas a bordo, se hunde a unos tres kilómetros de la isla griega de Lesbos. 274 supervivientes. Al menos, 43 muertos. El número de desaparecidos es indeterminado. En ese barco viajaba Rezwana con sus padres, Naseer y Fátima, su hermana Negin, su hermano Hadith, de cinco años, y su hermana Mehrumah, de catorce meses. Solo Rezwana sobrevivió.

Conocemos a Rezwana, superviviente de uno de los naufragios más terribles de la crisis de refugiados en 2015. Nuestra compañera de elDiario.es Mariangela Paone ha reconstruido su historia y la ha acompañado en la búsqueda de su familia. Lo ha contado, también, en el libro ‘Rezwana’ en Libros del KO.

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El buque de Open Arms lleva años salvando a migrantes en aguas del Mediterráneo y no es la primera vez que es perseguido por ello, pero la detención administrativa de 20 días y la multa de 10.000 euros impuesta esta semana por las autoridades italianas ha evidenciado la contradicción surgida en la aplicación de la normativa con la que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni trata de frenar la labor de las ONG en el Mediterráneo central. “Primero te piden ayuda para realizar decenas de rescates porque la Guardia Costera no tiene combustible, pero después te aplican el 'Decreto Meloni' que limita los rescates a uno”, criticó el presidente de la organización, Óscar Camps.

Desde Italia, el primer oficial del buque de Open Arms, Angelo Selim, relata a elDiario.es la situación que llevó a la ONG a ser sancionada a principios de la semana. El día 12 de agosto, el barco zarpó para llevar a cabo su misión número 105. El 17 de agosto, recibió una llamada de socorro a través de la ONG Alarm Phone, que está en contacto con los migrantes que cruzan el Mediterráneo. En el lugar señalado se encontraba una lancha de goma, partida por la mitad, con 26 personas a bordo (incluidos dos niños).

“Estábamos en aguas internacionales. Informamos a las autoridades competentes y desde Roma nos indicaron Marina di Carrara (noroeste) como puerto para el desembarco”, dice Selim. Primero, la tripulación atendió a los migrantes rescatados, unas diez personas tuvieron que ducharse y cambiarse de ropa porque se habían empapado de gasolina del motor de la embarcación precaria a bordo de la que viajaban. “La gasolina mezclada con el agua salada del mar causa una reacción alérgica en la piel”, explica el primer oficial.

Aplicación del decreto contra las ONG

El Open Arms emprendió su viaje hacia Marina di Carrara a varios días de navegación de distancia, pero recibió otra llamada de socorro. “Varias veces, desde el centro de coordinación de Roma nos dijeron (vía email) que teníamos que respetar el decreto Piantedosi”, según el cual el barco no puede realizar otra misión de rescate, sino que debía dirigirse directamente al puerto asignado.

Ese decreto, elaborado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni y convertido en ley en febrero de 2023, establece que los rescatistas no pueden demorarse en el desembarco o modificar la ruta marcada por las autoridades y, de lo contrario, se enfrentan a multas que van de los 10.000 a los 50.000 euros, y un bloqueo administrativo de hasta dos meses de su embarcación.

Contraviniendo por tanto esa norma pero cumpliendo el deber de cualquier buque de socorrer un barco en riesgo, el Open Arms acudió al lugar señalado por el avión que monitora esta zona del Mediterráneo, el Sea Bird 2, y encontró una embarcación con más de 130 personas hacinadas a bordo y las rescató. “Con un total de 158 personas a bordo, nos dirigimos a Marina di Carrara”, el puerto asignado en un primer momento, cuenta Selim. Pero la tripulación del buque fue alertada de otra patera en apuros a unas 18-20 millas. “Había unas 36 personas a bordo, 7 menores y 9 mujeres, casi todos procedentes de Siria”, detalla el primer oficial. También fueron rescatados por el buque de Open Arms, que se dirigió a la isla de Lampedusa.

“Tuvimos que desembarcar en Lampedusa por un caso sospechoso de varicela y nos comunicaron que teníamos que seguir hacia Marina di Carrara, que estaba a unas 300 millas, unos tres días y medio” de navegación, según Selim, quien recuerda que en un primer momento ya habían solicitado a las autoridades italianas que les asignaran un puerto más cercano, en el sur del país o en Sicilia.

Selim dice sentirse “frustrado” porque “ya se ha normalizado el hecho de que las autoridades italianas manden (a los barcos) a distancias enormes”, obligándoles a navegar durante días, algo que viene ocurriendo en los pasados meses y que las ONG denuncian por varios motivos: no solo les hace perder tiempo precioso para rescatar a más personas en peligro, sino que aumenta el sufrimiento de los rescatados, que deben pasar más tiempo a bordo antes de llegar a tierra firme, después de viajes largos y traumáticos.

“Nos han parado anteriormente para inspeccionar el barco y nos han detenido por no cumplir el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (…) pero ahora nos paran por cumplir esa ley”, afirma indignado, señalando que en el apartado V estipula la obligación de los capitanes de los barcos de prestar asistencia a quien se encuentre en peligro en el mar, lo más rápido posible.

Detención de 20 días y multa de 10.000 euros

“Cuando llegamos a Marina di Carrara, el comandante del barco, el jefe de la misión y yo fuimos llevados a la oficina de la Capitanía del puerto y fuimos interrogados por separado, durante unas siete horas y, cerca de la medianoche (del día 22), nos comunicaron el bloqueo administrativo (del barco) durante 20 días y la multa de 10.000 euros”, relata Selim.

El primer oficial cree que las autoridades mantienen alejados los barcos de las ONG con una finalidad: “No es para que no rescatemos a los migrantes, sino porque no quieren que denunciemos la omisión de socorro y las devoluciones en caliente que tienen lugar todos los días en el Mediterráneo”.

En este momento, a nivel político, puede que al Gobierno italiano le convenga mantener los barcos detenidos para mostrar que hace algo frente a las llegadas

“Usan la ley, según les convenga en cada momento”, denuncia Selim. “En este momento, a nivel político, puede que le convenga (al Gobierno italiano) mantener los barcos detenidos para mostrar que hace algo frente a las llegadas” de migrantes, que no ha cesado en los meses de verano. “Cuando le hace falta, usa (los barcos de) las ONG como si fueran medios propios” para socorrer y rescatar a las personas en el mar.

Antes de la misión 105, a raíz de la que ha sido sancionada, Open Arms llevó a cabo varios rescates en coordinación con las autoridades italianas, las cuales pidieron al barco de la organización socorrer a los migrantes debido a que la Guardia Costera no podía.

Selim relata que, durante la misión 103, recibió permiso del centro de coordinación de Roma (MRCC) para acudir al rescate de una patera con “personas en peligro, entre ellas mujeres, una embarazada, y niños, que se encontraba a tan solo tres millas” del Open Arms, que estaba navegando hacia Salerno y, según la ley, no podía desviarse ni realizar otras operaciones. “A partir de ahí, asistimos a 25 embarcaciones cerca de Lampedusa y un total de más de 700 personas, Roma se coordinaba directamente con nosotros y nos pidió que nos quedáramos en la zona porque los medios (de la Guardia Costera) se habían quedado sin combustible” en la isla.

Selim afirma que la ONG no tiene “ningún problema en coordinarse” con las autoridades italianas y considera que ese sería un “sistema sano de cooperación”, pero admite sentir “frustración y rabia” ante el cambio de trato otorgado a Open Arms entre principios de agosto y esta semana.

Además, denuncia que no solo el buque de Open Arms ha sido detenido, sino que otros dos barcos han sido también sancionados por 20 días. “Mantener tres barcos parados, en estos momentos, con la necesidad que hay en el Mediterráneo, me parece un acto criminal”, apunta Selim. “No somos nosotros los criminales”, agrega.

Tres barcos detenidos

Esta semana las autoridades italianas han ordenado el bloqueo durante un periodo de 20 días de la nave alemana Sea-Eye 4, por llevar a cabo rescates mientras se dirigía al puerto asignado, al igual que el Open Arms. Mientras que el buque Aurora, de la ONG alemana Sea Watch, fue sancionado por atracar en Lampedusa en lugar del puerto señalado por las autoridades (el de Trapani), después de más de 24 horas en el mar, cuando se estaba acabando el combustible y el agua potable a bordo, según explicó en un comunicado.

Al Sea-Eye 4 le ha sido impuesta una multa de 3.333 euros, tal y como informó la ONG Sea Eye el pasado día 23. A Sea Watch aún no le ha sido comunicado el monto que tendrá que abonar, pero podría ser de hasta 10.000 euros, explica a elDiario.es su portavoz, Giulia Messmer.

“La detención de nuestro barco, Aurora, del Open Arms y del Sea-Eye 4 no es una coincidencia, sino el resultado claro de un juego político violento que está jugando el Gobierno italiano ultraderechista”, sostiene Messmer. “Las autoridades italianas están llevando a cabo un estrategia política deliberada para prevenir la migración, bloquear y criminalizar los rescates civiles, lo cual lleva a un creciente número de muertes cada día”, agrega.

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ya son más de 2.000 los fallecidos en el Mediterráneo central en lo que va de año, pero su portavoz regional, Flavio di Giacomo, ha señalado que podrían ser muchos más: “Los frágiles barquitos de hierro que huyen de Túnez probablemente han causado muchos naufragios de los que no se ha sabido nada”.

Selim explica que esas embarcaciones precarias, hechas de láminas de hierro cortantes, no solo se hunden fácilmente, sino que también provocan heridas a los ocupantes. “Son trampas, son ataúdes que flotan”, afirma primer oficial del Open Arms, agregando que “mueren personas todos los días” en el Mediterráneo y “probablemente morirán” en los 20 días en los que no podrá operar ni su barco ni los otros dos de las ONG alemanas.

Desde Sea Watch, Messmer lamenta que “las fronteras exteriores de la Unión Europea son escenario de crímenes contra la humanidad y los Estados europeos son los que los perpetran”.

Las autoridades italianas han decretado el bloqueo durante 20 días de la nave humanitaria Open Arms, de la ONG española homónima, por llevar a cabo varios rescates cuando navegaba hacia el puerto asignado, de Marina de Carrara (noroeste), donde este lunes desembarcaron las 195 personas que había socorrido en los últimos días en el Mediterráneo Central.

La ONG, a la que también se ha multado con 10.000 euros, lamentó una decisión que se produce después de que en el último mes el Opens Arms haya colaborado activamente en numerosos rescates con la Guardia Costera italiana.

“En el mar, las reglas parecen ya no tener ningún valor, a veces nos piden que tomemos el lugar de la Guardia Costera permitiendo siete rescates en un solo día, otras nos detienen y nos sancionan”, escribió la ONG en sus redes sociales, horas después de que la cifra oficial de muertos en el Mediterráneo Central superase los 2.000.

Después de rescatar a 26 personas, al Open Arms se le asignó el puerto de Carrara, cuando fue alertado de la existencia de dos embarcaciones en peligro, pero una vez alcanzadas las primeras coordenadas, las autoridades les dijeron que ya se habían hecho cargo del caso.

“Sin embargo, a nuestra petición de información adicional, como la hora de llegada de los servicios de socorro, no pudieron dar ninguna respuesta”, explicó la ONG en un comunicado.

El barco entonces ayudó a 132 personas: “La operación duró aproximadamente dos horas, durante las cuales no se ha presentado nadie”, lo que les “confirmó” que “se trataba de personas abandonadas a la deriva”.

“Salvar vidas es un deber moral y legal, detener barcos que puedan ayudar en un contexto de emergencia humanitaria es peligroso e inconstitucional”, explicó sobre el decreto adoptado por el Gobierno que preside la ultraderchista Giorgia Meloni para dificultar las labores de las ONG en el mar.

Más bloqueos

El pasado lunes, las autoridades italianas también decretaron el bloqueo durante 20 días de la nave humanitaria Aurora, de la ONG alemana Sea Watch, en su caso por desembarcar 72 migrantes en la isla de Lampedusa (sur) desoyendo sus indicaciones porque “no tenían otra alternativa”, según la organización.

“Los buques humanitarios se encuentran a merced de elecciones arbitrarias y totalmente inconstitucionales, por lo que a veces se les llama a hacer las veces de la Guardia Costera, otras son por el contrario, están sujetos a sanciones y bloqueos administrativos. Un decreto que impide salvar vidas no puede considerarse legítimo”, ha añadido Open Arms.

Un total de 2013 migrantes han muerto hasta el momento tratando de cruzar el Mediterráneo Central desde el inicio del año, informó este martes la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que estima que la cifra real es mucho mayor.

El Gobierno de Meloni, que llegó al poder en octubre del año pasado prometiendo en campaña entre otras cosas una gestión más dura de la inmigración, afronta su primer verano encarando este fenómeno, agravado por las buenas condiciones del mar y la crisis en Túnez.

Según los últimos datos oficiales, más de 105.000 migrantes han llegado al país desde principios de año, un incremento más de un 115% respecto al mismo periodo de 2022, impulsados por la crisis de Túnez, de donde huyen miles de subsaharianos, lo que ya llevó al país a declarar en mayo pasado al Ejecutivo el “estado de emergencia migratorio”.

El Premio Abogados de Atocha que CCOO de Castilla-La Mancha y la Fundación Instituto de Estudios Sociales del sindicato conceden anualmente recae en esta edición en la organización humanitaria Open Arms por “su lucha en defensa de la vida y de los derechos de las personas más vulnerables en situaciones de emergencia”.

Open Arms nació de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo con más de 20 años de experiencia en las costas del territorio español para proteger la vida de las personas abandonadas en aguas internacionales que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza y colabora en tierra firme con equipos sanitarios, y de investigación en primera línea para afrontar emergencias sanitarias o de cualquier otro tipo que precisen respuesta inmediata. El fundador y director de esta ONG, Óscar Camps, recogerá el galardón el próximo 30 de marzo en el acto de entrega del premio que tendrá lugar en Toledo, en el Teatro de Rojas, a las 18.30 horas.

Así lo han anunciado en rueda de prensa el secretario de Organización y Finanzas de CCOO-CLM, Javier Ortega, y el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO-CLM, Antonio Arrogante, quienes han señalado que contaremos también con la asistencia de numerosas autoridades del ámbito sindical, entre ellos el secretario confederal de CCOO, Unai Sordo.

Con el Premio Abogados de Atocha el sindicato trata de reconocer a aquellas personas o instituciones que destacan en la defensa de los Derechos Humanos y la lucha por las libertades. “Personas que se organizan, que salvan vidas, que protegen a quienes viven situaciones dramáticas como hacen quien forman parte de Open Arms son merecedoras de recibir este reconocimiento”, ha subrayado Arrogante.

Un premio con el que el sindicato trata también de mantener viva la memoria de los Abogados de Atocha, que fueron brutalmente asesinados hace 45 años, cuando un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpió en el despacho de abogados laboralistas de CCOO y del PCE situado en el número 55 de la calle Atocha y ametrallaron a las nueve personas presentes.

Fueron asesinados los abogados Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibáñez y Serafín Holgado de Antonio; y el sindicalista conquense Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Alejandro Ruiz-Huerta, Mª Dolores González Ruiz, Luis Ramos Pardo y Miguel Sarabia Gil. Alejandro Ruiz Huerta, presidente de la Fundación Abogados de Atocha, es hoy el único “sobreviviente” y será uno de los asistentes al acto del próximo 30 de marzo. Los asesinos de los Abogados de Atocha acabaron con la vida de quienes defendían a los trabajadores y trabajadoras frente a la dictadura, y que pertenecían a las dos organizaciones que se habían destacado en la lucha antifranquista: las Comisiones Obreras y el Partido Comunista de España. “Fueron asesinados por luchar por la libertad”, ha denunciado Arrogante.

Las dos etapas del Premio Abogados de Atocha

El 22 de enero de 2002 el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha instituyó el Premio Internacional de Abogados de Atocha para distinguir a aquellas personas o instituciones que destacaran en la defensa de los Derechos Humanos y la lucha por la Libertad. El premio se convocaba anualmente y se regulaba mediante Decreto del Consejo de Gobierno. El primer premio se hizo coincidir con los veinticinco años de los asesinatos del despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid.

La decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha estuvo precedida de la petición de CCOO para que se considerara la oportunidad y el valor de instituir un premio de esas características. La muerte de un castellano-manchego en aquel sangriento atentado fascista y la vinculación de abogados de la región con aquel despacho laboralista, avalaban nuestra petición.

El premio Internacional Abogados de Atocha se concedió en 2002 a Vidal de Nicolás (Presidente del Foro de Ermua). En 2004 a Frei Betto (Programa “Hambre cero” Brasil). En 2007 a la ONG “Nuestras hijas de regreso a casa” (Mujeres de Ciudad Juárez de Méjico). En 2008 a Aung San SuuKyi (Premio Nobel de la Paz 1991). En 2009 a Manuel López -a título póstumo. En 2010 a Francisca Sauquillo. Y en 2011 a Marcelino Camacho –a título póstumo– y Nicolás Redondo. Esta fue la última edición del premio en aquella etapa, ya que el Gobierno de Cospedal lo suprimió, una muestra de “su escaso compromiso democrático y su inexistente voluntad para mantener viva la memoria histórica y la lucha antifranquista”.

Actos de recuerdo

Fue entonces, cuando Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, a través de la Fundación Instituto de Estudios Sociales, decidió mantener vivo el homenaje y el recuerdo a los asesinados en el despacho laboralista de Atocha 55, ha explicado por su parte el secretario regional de Organización de CCOO CLM. Se celebraron actos de recuerdo en los años 2012 y 2013, con presencia del Presidente de la Fundación Abogados de Atocha y otras personalidades e instituciones.

En 2014, CCOO de Castilla-La Mancha tomó la decisión de crear el Premio Abogados de Atocha de Castilla-La Mancha, otorgándose con carácter anual. En esta segunda etapa, el premio lo concede la Fundación IES de CCOO de CLM.

En su primera edición (2014) la galardonada fue Manuela Carmena, co-fundadora del despacho de abogados laboralistas de Atocha. En 2015 el premio se le otorgó a José Antonio Martín Pallín, exfiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo. En 2016 al abogado laboralista Enrique Lillo. En 2017 a la escritora Almudena Grandes. En 2018 al cantautor Raimon. En 2019 a la periodista Rosa Mª Mateo. En 2020 el actor Juan Diego Ruiz. Y en 2021 se reconoció y puso en valor la solidaridad en el mundo del trabajo en los duros momentos de la pandemia, ha recordado Ortega.