El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el concejal de Seguridad, Alberto Reina, han presentado un nuevo dinamómetro que este mismo viernes ha puesto en marcha la Policía Local, para detectar la posible manipulación técnica de los patinetes y evitar así que puedan alcanzar velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora que marca la ley.

Se trata de un dispositivo portátil específico para VMP (vehículos de movilidad personal), que va a permitir a los agentes controlar estos vehículos, de uso creciente en la ciudad, para retirar los que estén 'trucados' y así garantizar la seguridad de los peatones, del resto de vehículos y de los propios usuarios de patinetes, según ha destacado el alcalde.

Los datos de la Policía Local reflejan que el pasado año los patinetes estuvieron implicados en 118 accidentes de tráfico en la ciudad.

El dinamómetro realiza la medición de potencia a rueda y velocidad, y detecta (con el margen legal) si el patinete ha sido manipulado y se han modificado sus características técnicas para alcanzar velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora permitidos. El dispositivo de control consta de un rodillo de 40 milímetros, capaz de medir velocidades nominales de hasta 70 kilómetros por hora y potencia a la rueda hasta 1.000 watios.

Manuel Serrano ha afirmado que el Ayuntamiento sigue trabajando para “mejorar la seguridad del tráfico en la ciudad y evitar accidentes, sobre todo los de gravedad o lo que suceden en pasos de peatones”.

Sanciones y petición de prudencia

En el caso concreto de los patinetes, 3.361 fueron controlados en la última campaña para informar y concienciar sobre su uso adecuado y sancionar a quienes incumplen las normas: se detectaron 457 infracciones, entre ellas 12 por positivo en alcohol y 14 en drogas.

El alcalde ha pedido “especial prudencia y responsabilidad” a los conductores de patinetes, porque “pueden causar graves accidentes”, y además “ellos mismos son muy vulnerables en caso de siniestro”.

Por último, Serrano ha recordado que se ha puesto en marcha un Plan de Seguridad Vial a partir de un diagnóstico de la siniestralidad en los últimos cinco años, que el Pleno aprobó por unanimidad crear un consejo técnico de mejora de la seguridad vial, “permanente y autónomo para estudiar la situación y elaborar propuestas”.

Las multas a los conductores de patinetes eléctricos en lo que concierne al uso correcto del casco –homologado y siempre abrochado–, y al chaleco reflectante –esto último, obligatorio solo en situaciones de escasa visibilidad– no serán de aplicación hasta el día 20 de marzo, pese a la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal este lunes, por un error en el proceso de notificación, vía telemática, a la Junta de Andalucía. Esto ha provocado que no quede registrada en la plataforma correspondiente, a diferencia de lo sucedido con la plataforma estatal, donde no ha habido problema en su recepción, según indican fuentes municipales a Europa Press.

Como consecuencia, los policías locales no podrán sancionar hasta esa fecha a quienes incumplan la ordenanza de patinetes en esos dos puntos en cuestión, el casco y el chaleco reflectante. Sí pueden multar a los conductores de estos vehículos de movilidad personal (VMP) si infringen la norma en otros apartados porque, en esos casos, se ha remitido la normativa local solo al Estado; por tanto, no ha habido error en la recepción de la misma, tal como añaden las mismas fuentes.

En este sentido, quienes hayan sido denunciados desde este lunes por incumplir el texto en lo que respecta a algunos de esos dos supuestos, podrían recurrir la sanción.

Todo ello obedece a que, como contempla el artículo 70.2 de la LBRL, la entrada en vigor de las normas locales, “por regla general”, requiere de la concurrencia de dos elementos: por un lado, la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), “y, por otro, el transcurso del plazo de quince días desde la recepción de la copia de la norma por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente”. Por ello, una vez que se ha procedido este jueves al registro de forma correcta, empiece a contar ese plazo de 15 días desde ahora.

Casos en los que sí se puede multar

Los agentes, por tanto, sí podrán seguir sancionando a los usuarios de patinetes si circulan por vías ciclistas con una potencia nominal de más de 250W o a una velocidad superior a los 15km/h; estacionan estos vehículos en aceras y zonas peatonales, o son anclados a elementos de mobiliario urbano o arbolado, entre otros.

La nueva ordenanza aplica a los mencionados vehículos las restricciones previstas para las bicicletas, incluida la obligación de desmontar en los horarios, fechas o circunstancias de aglomeración que así lo exijan y mantiene en los 15 años la edad mínima para circular, un requerimiento expreso hecho por la Policía Local porque considera que es la misma edad que permite el uso de una motocicleta.

Asimismo, deberán disponer de seguro de responsabilidad civil, el certificado de circulación y deberán estar registrados en el registro de la DGT. La prohibición de conducir un patinete utilizando auriculares, sistemas de audio, teléfonos móviles, cualquier dispositivo de comunicación o bajo tasas de alcohol o drogas, se mantiene de igual forma.

Las multas oscilan entre los 50 a 100 euros de las infracciones leves, los 101 a 200 euros de las infracciones graves y los 201 a 500 euros de las infracciones muy graves. Estas sanciones, tal y como ha enmarcado el Ayuntamiento, mantienen la cuantía ya establecida excepto el límite máximo de las sanciones muy graves que pasa de 400 a 500 euros.

Sevilla ha culminado el proceso el endurecimiento de la ordenanza municipal de circulación para ponerle coto a los patinetes eléctricos, a los que se ponen nuevas limitaciones por motivos de seguridad y para garantizar la convivencia con peatones y ciclistas. La bendición definitiva la ha dado el pleno municipal de este jueves y entrará en vigor en cuestión de días, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y entre otras cuestiones se impone que estos vehículos de movilidad personal no podrán ir por las aceras ni circular por el carril bici a más de 15 kilómetros por hora.

Las nuevas medidas han salido adelante con el voto del gobierno local del PP, a los que se han sumado Podemos-IU y PSOE, mientras que Vox se ha abstenido y ni ha llegado a intervenir en el debate. El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel (PP), ha expuesto que esta modificación de la ordenanza es la “respuesta contundente” del equipo del alcalde José Luis Sanz ante el “aumento de la siniestralidad”: sólo en el hospital Virgen del Rocío ingresan cada día dos personas por accidentes que tienen a un patinete como protagonista.

El mayor caballo de batalla para validar esta vuelta de tuerca a la ordenanza ha sido la limitación de la potencia de esos vehículos para transitar por el carril bici. El Ayuntamiento hispalense impone que para ello no podrán tener más de 250 vatios, algo contra lo que batallaban las únicas diez alegaciones que se han presentado, todas desestimadas. Es una forma de intentar garantizar que no se exceda el límite de 15 km/h, que se reduce a 10 km/h en itinerarios compartidos con peatones.

“Riesgo inasumible” para los peatones

Pimentel ha defendido que con esta restricción a la potencia (se pedía que se autorizaran patinetes de hasta 1.000 vatios) por tres cuestiones: seguridad vial, protección de los peatones y seguridad jurídica. El delegado ha recordado que la ciudad tiene unos 200 kilómetros de carril bici, pero con un “alto porcentaje” de uso compartido, de ahí que más potencia en los vehículos acabaría derivando en una mayor velocidad “y elevaría de forma inasumible el riesgo para los peatones”.

Además de anunciar una campaña de difusión para explicar la nueva normativa, se ha apoyado en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “ya validó la legalidad y la lógica” de esta limitación de potencia. A ello se suman nuevas imposiciones para adaptarse a la normativa estatal, como la obligatoriedad de llevar casco, contar con seguro, no usar auriculares, chaleco reflectante por la noche... La edad mínima se mantiene en los 15 años, como ya pidió la Policía Local, ya que a partir de esa edad se permite el uso de motocicletas.

En cuanto al nuevo régimen sancionador, el gobierno local considera que es “coherente”, siempre con el objetivo de que las calles “no sean un inventario de obstáculos para las personas con movilidad reducida”. “Sevilla gana en seguridad, la Policía Local en herramientas de control y la ciudadanía en tranquilidad”, ha apostillado.

Multas de hasta 500 euros

La reforma de la ordenanza considera infracciones muy graves circular con un vehículo manipulado o alterado para aumentar la potencia, lo que se sancionará con entre 201 y 500 euros. En estos casos, o si se carece de documentación, la Policía Local podrá inmovilizar el patinete o retirarlo al depósito municipal si se considera que supone un peligro para la circulación.

Los incumplimientos graves acarrearán el pago de entre 101 y 200 euros, como no cumplir la edad mínima, no usar el casco o chaleco o circular por vías ciclistas con una potencia de más de 250 vatios. Por último, las faltas leves supondrán multas de entre 50 y 100 euros, y aquí se incluye aparcar en aceras o zonas peatonales, en árboles o anclar el vehículo al mobiliario urbano, incluyendo los estacionamientos para bicicletas.

Desde la oposición, el socialista Juan Carlos Cabrera ha recordado que durante la esta de Juan Espadas el de Sevilla “fue de los primeros ayuntamientos en regular los vehículos movilidad personal”. Ahora, ante la evidencia de que “los índices de siniestralidad están siendo alarmantes”, ha apuntado la necesidad de un mayor control por parte de la Policía Local, “porque van por la acera a toda velocidad y con dos subidos en un patinete”. “Hace falta mayor vigilancia para hacer cumplir la ordenanza, porque están en riesgo personas mayores y niños”.

Susana Hornillo (Podemos) ha admitido que esta modificación de la ordenanza de movilidad “era necesaria para ajustarse a la normativa estatal”, una decisión que “había que tomar” ante el aumento de la siniestralidad por el incremento uso de estos vehículos de movilidad personal. El único reparo que ha puesto es que, a su juicio, “era el momento para abordar la situación de la movilidad en la ciudad”, una revisión para “adaptarla a la realidad de la Sevilla de hoy día”.

València quiere frenar los accidentes de tráfico, tanto los que afectan a vehículos de motor como a los patinetes eléctricos. La ciudad pone en marcha un plan de seguridad vial que involucra la gestión de la movilidad diaria y los efectivos de Policía Local, así como herramientas tecnológicas, y estudia nuevas normas de seguridad para reducir los accidentes. Entre ellas, baraja suprimir los semáforos en ámbar en algunas vías, ya que, según sus estudios, en ese intervalo es cuando más accidentes se han registrado.

La ciudad ha vivido un incremento notable de los accidentes de tráfico en siete años, solo interrumpido por la pandemia y sus consiguientes restricciones. Los datos que maneja el Ayuntamiento lo enmarcan en el aumento de la población y su área metropolitana, que es también un reto de movilidad en el transporte público y privado. El consistorio que dirige María José Catalá remarca datos récord: 120,5 millones de viajeros en la EMT y 92,7 millones en Metrovalencia en el año 2025, además de un repunte del 10% en el uso de los carriles bici respecto a 2024. A este volumen de desplazamientos se sumó a finales de 2024 y primer semestre de 2025, el impacto excepcional de la DANA, cuyas consecuencias en las infraestructuras de Renfe Cercanías y Metrovalencia supusieron una mayor utilización del vehículo privado, señalan.

El consistorio también apunta que se ha mejorado la forma de contar los datos, tanto en lo que refiere a heridos graves, por parte del Ministerio del Interior, como los que maneja la Policía Local. “El aumento estadístico de lesionados graves no se debe a un empeoramiento de la siniestralidad, sino a una fiscalización más rigurosa de la lesividad real de cada siniestro que ahora sigue estándares no utilizados hasta ahora”, destaca el Ayuntamiento.

El plan incluye la puesta en marcha de la unidad de Policía Local que patrullará por los carriles bici en patinete, una patrulla por los carriles bici “para detectar infracciones relacionadas con la velocidad, las distracciones, el uso del casco y para auditar el estado del carril, la señalización y los elementos de seguridad, así como mejorar su interacción con los peatones. Paralelamente contempla un refuerzo de la operativa y control policial orientado a corregir la tendencia del incremento de la siniestralidad”, asegura el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell.

También prevé incorporar un lector de matrículas para emitir denuncias automatizadas de ocupación del carril EMT/TAXI y la ocupación de zonas peatonales. Asimismo, se contempla el estudio de las interacciones entre peatones y usuarios de los carriles bici.

Otra de las novedades es la creación de un Departamento de Análisis Viario en la Policía Local, servicio dedicado a identificar y analizar las zonas de alta siniestralidad para proponer, en coordinación con el servicio de movilidad y a través de reuniones periódicas, revisiones de la señalización horizontal, vertical y semafórica y prestando especial atención a la movilidad de las personas con discapacidad. Además, los servicios policiales y de movilidad analizan un tratamiento integral de los siniestros viales para conocer con precisión qué ocurre, por qué ocurre y cómo intervenir de forma preventiva y operativa para reducir riesgos y mejorar la atención a la ciudadanía, apunta el consistorio.

Las principales actuaciones se centrarán en el ámbito peatonal y accesibilidad a través de la mejora de las paradas de transporte público, la creación de entornos escolares seguros, la ejecución de nuevos pasos de peatones semaforizados, la instalación de avisadores acústicos y descontadores, la eliminación de obstáculos en aceras y la mejora de la visibilidad en intersecciones mediante el desplazamiento de plazas de motos antes de los cruces, medidas que ya se vienen implementando en los dos últimos años, según destaca el edil de Movilidad.

Datos de siniestralidad

Los siniestros con fallecidos se corresponden con seis peatones, tres conductores de VMP, dos de motocicleta y dos de turismo, por lo que los usuarios vulnerables representan el 84,6%, según el consistorio. En el año 2019 fue cuando se registró el mayor número de víctimas mortales con 19 fallecidos en accidente en la ciudad, y le sigue el año 2022 con 15 fallecidos, mientras que los años 2023 y 2024 se cerraron con 10 fallecidos y 2025 con 13 víctimas.

Por último, también se ha expuesto el impacto de los diferentes usuarios de la vía en las estadísticas de siniestralidad. De las 182 personas que en el 2025 sufrieron lesiones graves, la motocicleta ocupa el primer lugar con 81, seguida de los peatones con 50, del VMP con 27 personas y de la bicicleta con 12, contabilizándose sólo 7 lesionados graves en turismo.

Desde el año 2019, el incremento de la siniestralidad de los VMP y la gravedad de las consecuencias es clara: de 346 siniestros en el año 2019 se ha pasado a los 825 en el año 2022, a los 1054 en el 2024 y se han incrementado a los 1192 siniestros en el año 2025.

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 59 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (30), por consumo de alcohol en la calle (9), por vociferar y causar molestias en la vía pública (10), por pintadas vandálicas (3), por ruidos en domicilio (2) y por otros actos que producen suciedad o daños (2).

En cuanto a la hostelería se interpusieron 3 denuncias, una por ejercer la actividad fuera de horario, otra por tener el espacio de terraza sin marcas delimitadoras y una tercera por permitir a los clientes sacar bebidas fuera del establecimiento.

Además de estas 59 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 12 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 11 de ellas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y una por desobediencia a agentes de la autoridad.

Y a ello hay que añadir 37 denuncias más en materia de seguridad vial (25 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).

Las multas a bicicletas y patinetes eléctricos se han disparado este 2025 en Barcelona. Con la entrada en vigor el pasado febrero de la nueva ordenanza de circulación en la capital catalana, que incluía nuevas restricciones y obligaciones sobre todo para los vehículos de movilidad personal (VMP), las sanciones que imponen los agentes de la Guardia Urbana a los usuarios de ambos vehículos han experimentado un salto muy significativo. 

Con los datos hasta octubre de 2025, y en comparación con el mismo período de 2024, las multas a bicicletas han aumentado un 46%, de 11.868 a 17.353. Un incremento parecido al que han sufrido los vehículos de movilidad personal, que desde hace años superan ya en sanciones a las bicis a pesar de tener menos peso dentro de la movilidad urbana. De 13.225 multas en esos diez meses de 2024 han pasado a 18.154, un 47% más en un solo año. 

Los datos remitidos por el Ayuntamiento incluyen bicicletas a pedales y eléctricas, así como las del servicio de Bicing y las de carga. En el caso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), contempla los patinetes eléctricos particulares y de alquiler, además de los segways, hoverboards o monociclos. 

Una de las razones que explica este alud de multas en el año que ahora finaliza tiene que ver con la nueva ordenanza de circulación, que entró en vigor el 1 de febrero, y concretamente con una intensificación de la actividad policial que acompañó a la campaña informativa del Ayuntamiento. Ese febrero se batieron récords sancionadores, con 3.641 y 2.543 amonestaciones económicas a patinetes y bicicletas, respectivamente, lo que supone un 17% del total de las registradas entre enero y octubre de 2025. 

El efecto de la nueva ordenanza es evidente en los vehículos de movilidad personal. Unas 9.982 multas, lo que supone dos de cada tres aproximadamente, fueron por no llevar casco. Una obligación que no tienen las bicis y que se puso en marcha en la capital catalana con la nueva regulación. A mucha distancia de este motivo, con 2.000 sanciones o menos, están no respetar los semáforos, circular con auriculares, circular por la acera o transportar más personas de las autorizadas.

En cuanto a las bicicletas, las sanciones más repetidas son saltarse semáforos (3.859), circular con auriculares (3.433) o usar el móvil (1.457). 

Además de la obligatoriedad del casco para patinetes, la nueva ordenanza introdujo otras novedades, amén de subir los importes de las multas a hasta 500 euros. Por ejemplo, limitó su velocidad a 25 km/h, fijó como obligatorio disponer de luces delanteras y posteriores y también que lo usen más de una persona. Restringió casi por completo el uso de bicis y patinetes en aceras –salvo excepciones con menores–, y añadió el mandato de bajar del vehículo en calles peatonales con aglomeraciones.

“La verdad es que el dato no sorprende, porque se han reforzado los controles”, reconoce Pol Solà, presidente de la Asociación de Usuarios para la Movilidad Personal (AUMP). Desde la entidad se muestran favorables a la nueva regulación, aunque lamentan que llega tarde, casi diez años después de que comenzaran a proliferar los patinetes, lo que hace más difícil de corregir los problemas que han ido surgiendo en su incorporación a la movilidad urbana. 

El peso que ocupan los vehículos de movilidad personal en los datos de sanciones, donde superan a las de las bicis, contrastan con el que tienen realmente en la calle. O, más concretamente, en los carriles bici por los que también deben circular. Según un estudio del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), realizado en cinco calles distintas de la ciudad, la cuota del patinete eléctrico sigue siendo inferior. Supone el 22% de los trayectos. El resto son bicis: la convencional (33%), el Bicing mecánico o eléctrico (29,8%) y la bici plegable (13,4%). 

Adrià Arenas, del BACC, es prudente a la hora de valorar sanciones. “Incívicos los hay en todos lados, si te saltas un semáforo poco hay que añadir”, afirma. Pero pide también que esa fiscalización de la movilidad por el carril bici se traslade a otros métodos de transporte. “La gran cantidad de conductores que se los saltan en coche o moto, que hacen pirulas, que asumen que el carril bici es de adelantamiento, o que estacionan en él, ¿para eso también hay campañas?”, se pregunta.

La Policía Local de Logroño ha puesto en marcha este martes una nueva campaña de tráfico centrada en los vehículos de movilidad personal (VMP) para continuar controlando el uso correcto de los patinetes eléctricos y sancionar a aquellos usuarios que no respeten la seguridad vial y lo estipulado en la Ordenanza Municipal Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal.

Durante 2024 y 2025 se han desarrollado diferentes campañas de tráfico, vigilancias preventivas y servicios focalizados en puntos con alta concentración de VMP, que se suman a la actividad ordinaria del Cuerpo de la Policía Local de Logroño. Este refuerzo operativo se ha traducido en una mayor detección de infracciones relacionadas con estos vehículos, con un total de 1.615 denuncias en los dos últimos años, de las que 1.186 corresponden al año 2025, a falta de los últimos días para cerrar el ejercicio.

“Este incremento responde a una mayor presencia policial, a una planificación específica y a la concienciación interna del Cuerpo respecto a esta problemática. Debe entenderse, por tanto, como un indicador de mejora en la capacidad de control y detección de infracciones y no únicamente como un aumento del incumplimiento normativo, sin perder de vista que el parque de VMP continúa creciendo en la ciudad”, ha matizado el concejal de Interior.

La mayoría de las infracciones (334) fueron por circular con pasajero y la multa es de 60 euros, por detrás (305) por circular por la acera y en este caso la multa también es de 60 euros. Los agentes denunciaron 139 infracciones pjor superar la tasa de alcohol con una multa que va entre los 500 y los 1.000 euros; 100 opr circular menores de 16 años con una multa de 60 euros; 61 por circular sin luces reglamentarias con 200 euros de multa; 45 por circular con la presencia de drogas, 1.000 euros de multa; 38 por circular con auriculares con 200 euros de multa; 35 por comportarse de manera inadecuada causando peligro, 60 euros de multa; 34 por no respetar el semáforo en rojo y 200 eurs de multa y 13 por circular por la autovía con 200 euros de multa. Por debajo de diez, se han registrado infracciones por circular sin elementos reflectantes (60 euros de multa); circular en sentido contrario (500 euros de multa); no respetar la señal de stop (200 euros de multa); circular por la calzada sin causa justificada (60 euros de multa); sin casco (200 euros de multa); no someterse a pruebas de alcohol y drogas (1.000 euros de multa) y no respetar las órdenes de los agentes, entre otras.

La nueva campaña que comienza este lunes incidirá en la propia seguridad de los usuarios de VMP, poco visibles en horas nocturnas y con una gran vulnerabilidad en caso de accidente, por lo que desde la Policía Local de Logroño se recuerda la obligación de llevar luces en horas nocturnas, así como utilizar prendas de alta visibilidad como chalecos reflectantes (obligatorio para VMP si se circula por la calzada).

La campaña, que se suma a las realizadas de forma recurrente a lo largo de los dos últimos años, “está motivada por las numerosas quejas ciudadanas recibidas con respecto al mal uso de estos vehículos por parte de algunos usuarios, que en ocasiones circulan por aceras, lo cual está prohibido, así como por la siniestralidad y el número de atestados en los que encuentran este tipo de vehículos”, ha señalado el concejal de Interior, Francisco Iglesias.

En los últimos años se ha producido un incremento del uso de vehículos de movilidad personal, que ha generado un aumento de los siniestros viales en los que se ve implicado, al menos, un VMP. Este fenómeno responde a un cambio estructural en los modelos de movilidad urbana, que exige una adaptación progresiva de las políticas de seguridad vial y de la actuación de las policías locales.

En este sentido, en lo que llevamos de año, se han producido 178 siniestros en los que ha estado implicado un patinete eléctrico frente a los 122 registrados el año anterior. “Ante esta realidad, la Policía Local ha reforzado de manera progresiva su actuación en materia de VMP, incrementando tanto las órdenes de servicio específicas como la intensidad de los controles”, ha apuntado Iglesias.

Seguro obligatorio a partir del 1 de enero

A raíz de la Directiva (UE) 2021/2118, España aprobó el 25 de julio la Ley 5/2025 de Seguros de Automóviles, que amplía la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil a todos los vehículos de movilidad personal (VMP), incluyendo patinetes eléctricos, monociclos, hoverboards y otros vehículos personales ligeros. El fin de esta normativa es asegurar la protección frente a daños ocasionados a terceros durante el uso de estos vehículos.

Por ello, los usuarios de VMP como patinetes eléctricos deberán tener un seguro de responsabilidad civil para cubrir daños a terceros a partir del 2 de enero de 2026 en todo el territorio nacional. 

No contar con el seguro puede acarrear multas elevadas, entre 200 y 1.000 euros, y la inmovilización del vehículo en controles policiales. Además, en caso de accidente, se tendría que asumir personalmente todos los daños causados a terceras personas o bienes.

Tanto los VMP como las bicicletas pueden circular por zonas de prioridad peatonal (calles residenciales y zona 30) respetando la prioridad peatonal dejando una distancia mínima de metro y medio al cruzarse (si hay aglomeración de personas y no se puede mantener esta distancia, el usuario debe bajarse del vehículo y continuar a pie) y a una velocidad máxima de 10 km/h.

En el caso de las vías ciclistas (carril bici y acera bici), tendrán prioridad las bicicletas sobre los VMP y deberán circular a una velocidad máxima de 20 km/h (10 km/h en el caso de las aceras bici).

También pueden circular por parques y vías permitidas para la circulación de bicicletas en estos espacios, siempre respetando la prioridad peatonal y a una velocidad máxima de 5 km/h.

Finalmente, pueden circular por los carriles 30 y por calzadas con un solo carril por sentido de la circulación, en ambos casos a una velocidad de 30 km/h en el caso de las bicicletas y de 25km/h en el caso de los VMP, pues es su límite máximo de velocidad.

Por otro lado, los usuarios de VMP y bicicletas no pueden circular por aceras, andenes, ni paseos.

En cuanto al estacionamiento, lo deben realizar en lugares habilitados para motocicletas y bicicletas, en aparcabicis y, si no hubiera ninguna de estas opciones, en las aceras junto al bordillo dejando 3 metros de anchura de acera libres.

Al igual que al resto de vehículos, a los VMP y a las bicicletas les afecta la normativa de tráfico. Así, por mencionar algunas de las infracciones más habituales, sus usuarios no deben manipular el teléfono móvil ni llevar auriculares mientras circulan; y cuando circulen de noche o en situaciones de baja visibilidad se deben llevar luces homologadas y, en el caso de los VMP que circulen por la calzada, prendas o elementos reflectantes.

Otros aspectos que se han de tener en cuenta son la obligación de realizar pruebas de alcohol y drogas si los agentes de la Policía Local lo requieren; así como que para atravesar pasos peatonales el usuario deberá llevar el vehículo a pie, salvo que cuente con un tramo de carril bici.

En el caso de los VMP, el Ayuntamiento de Logroño cuenta desde hace más de cuatro años con una ordenanza reguladora de vehículos de movilidad personal. Entre otros aspectos, deja claro que en un patinete eléctrico no pueden viajar dos personas, se debe disponer de timbre (si el vehículo tiene manillar), tener 16 años o más para conducirlo, llevar el DNI y el uso recomendado de casco (obligatorio en el caso de actividad de explotación económica).

Las multas por infracciones relacionadas con el uso de patinetes en Sevilla podrán alcanzar hasta los 500 euros, como resultado del endurecimiento de la norma municipal en un intento de poner orden en un medio de transporte que se ha multiplicado de manera exponencial y que, sólo en el hospital Virgen del Rocío, provoca el ingreso de dos personas por accidente. Entre las obligaciones que se incorporan están las de llevar casco y chaleco reflectante, la prohibición de circular a más de 15 kilómetros por hora por el carril bici o aparcar el vehículo en zonas peatonales, árboles o mobiliario urbano.

Los nuevos requisitos, que se prevén aprobar en el pleno del próximo mes de febrero, suponen un endurecimiento de la ordenanza (aprobada en 2019)que regula estos vehículos de movilidad personal, que prohibirá no sólo circular sino también aparcar en aceras y zonas peatonales. La edad mínima se mantiene en 15 años (“requerimiento expreso hecho por la Policía Local”, al ser el momento en el que se autoriza el uso de una motocicleta), así como que sólo pueden ser ocupados por una persona y que no se permite el uso de auriculares.

Así lo ha aprobado este viernes la Junta de Gobierno local, tras la cual ha comparecido el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel (PP), que ha explicado que esta actualización de la ordenanza obedece a la “necesidad de establecer reglas claras” que permitan el uso del patinete. El nuevo texto define a los vehículos de movilidad personal de acuerdo con la normativa estatal como un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora.

Limitaciones en el carril bici

De hecho, sólo se podrá circular por el carril bici siempre que su potencia no exceda de 250 vatios. La velocidad máxima en estas vías será de 15 km/h, reduciéndose a 10 km/h en itinerarios compartidos con peatones. La Policía Local podrá inmovilizar el patinete si carece de documentación o retirarlo al depósito municipal si es alterado o se considera que supone un peligro para la circulación.

A esto hay que sumar los requisitos de la nueva normativa estatal, que entrará en vigor a partir del próximo 2 de enero: además de estar equipados con alumbrado reglamentario delante y detrás, deberá disponer de seguro de responsabilidad civil, certificado de circulación y estar registrados en la DGT. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear multas de hasta 1.000 euros.

En cuanto a la normativa municipal, su régimen sancionados considera infracciones muy graves circular con un vehículo manipulado o alterado, lo que se sancionará con entre 201 y 500 euros. Las graves acarrearán el pago de entre 101 y 200 euros, como no cumplir la edad mínima, no usar el casco o chaleco o circular por vías ciclistas con potencia superior a 250 vatios. Por último, las faltas leves supondrán multas de entre 50 y 100 euros, y aquí se incluye aparcar en aceras o zonas peatonales, en árboles o anclar el vehículo al mobiliario urbano, incluyendo los estacionamientos para bicicletas.

Aumento drástico de los accidentes

El texto que se ha aprobado ha sido elaborado tras un proceso de participación pública que se desarrolló hasta el pasado 25 de noviembre y en el que entidades y asociaciones han realizado sus aportaciones a esta regulación de patinetes. Ahora, a partir del próximo lunes se abre el plazo de alegaciones de 30 días, con la vista puesta a su refrendo definitivo en el pleno del mes de febrero.

“El Ayuntamiento se está tomando muy en serio esta regulación y vamos a ser contundentes con las sanciones”, ha abundado el delegado de Movilidad, que ha esgrimido que “hay que acabar con la siniestralidad” y regular bien para que haya “un espacio de convivencia lógico y normal entre bicicletas peatones y patinetes”.

En cuanto a la siniestralidad, esta misma semana el hospital Virgen del Rocío señalaba que más de 3.100 personas han acudido a las urgencias del centro por accidentes relacionados con patinetes eléctricos desde 2012, año en el que empezó a generalizarse el uso de estos vehículos. Esto supone más de dos siniestros al día, que tienen como causas más frecuentes caídas, atropellos –especialmente a personas mayores y niños– y colisiones con coches o entre patinetes. Los ingresos por estos problemas se han duplicado desde 2021.

La imagen del cartero a pie con su saca de cartas ha ido cambiando con los tiempos. Hace años que reparten asistidos por un carrito, ahora que apenas se envían misivas pero cada vez distribuyen más paquetes de compras online.

Si en los pueblos era habitual ver al cartero en bicicleta o en moto, ahora la dirección de Correos ha tenido la idea de incorporar nuevos métodos de transporte. En Cantabria amenazan con subir al patinete al personal de reparto lo que ha desatado las críticas del sindicato Comisiones Obreras. No solo eso, porque no será un patinete convencional: llevará adosado un carro incorporado para transportar los envíos.

Una idea que no es exclusiva de Cantabria y que se empezó a barajar hace cuatro años cuando se anunció un proyecto piloto para proporcionar a los carteros “un elemento que facilite el reparto de última milla y ahorre esfuerzos, incorporando las últimas innovaciones tecnológicas en movilidad sostenible para mejorar el servicio”.

La dirección nacional del organismo público adquirió entonces 48 carros de reparto asistidos, como los denominó oficialmente, que durante un año se estuvieron probando en el reparto de siete puntos diferentes de España.

Según se explicó entonces estaban pensados para ser utilizados en zonas urbanas donde las áreas de reparto están lejanas entre sí, como es el caso de urbanizaciones de extrarradio o polígonos industriales.

Ahora, el sindicato mayoritario en Correos ha denunciado que la empresa postal pública “pretende obligar” al personal de reparto a pie de Cantabria a conducir patinetes eléctricos con un carro incorporado.

Los representantes de los empleados han advertido que este nuevo equipo de trabajo es un vehículo de movilidad personal (VMP) que por ley está obligado a circular por la calzada junto con el resto del tráfico rodado, “asumiendo un riesgo grave de sufrir accidentes graves, e incluso mortales”.

Por esta razón, CCOO ha requerido a la dirección de Correos, con la que se reunirá el próximo día 4, a paralizar la implantación de los VMP y a “abandonar definitivamente la idea”, y ha advertido de que, “en caso de llegar a producirse una desgracia denunciará por la vía penal a quienes han impuesto la medida”.

Así lo ha señalado el sindicato este martes en nota de prensa, en la que ha censurado la “irresponsabilidad” de los directivos de la empresa, que están “precarizando” las condiciones laborales. Además, ha criticado que esta decisión “se impone despreciando los posicionamientos en contra de su introducción trasladados por todas las organizaciones sindicales de Correos”.

“Ningún correo público europeo utiliza VMP en tareas de reparto por su peligrosidad y falta de eficacia en las labores de reparto a pie, siendo sus únicos usuarios el personal de reparto de algunas plataformas de Riders que, lamentablemente, padecen una situación de precariedad laboral”, ha apuntado.

Al sindicato, que “consiguió paralizar la introducir los VMP en Correos pretendida por el anterior presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano”, le “sorprende” que su actual presidente, Pedro Saura, “contra toda lógica ignore los argumentos preventivos y de seguridad para imponer su uso, buscando publicitar una falsa imagen de modernidad”.

Para CCOO, la empresa postal pública con esta decisión no solo “pone en riesgo” la seguridad de sus trabajadores, sino que “busca precarizar las condiciones laborales”, ya que los patinetes se facilitan al personal de reparto a pie “sin pagarles por ello el complemento de peligrosidad que cobran por convenio miles de personas repartidoras que utilizan motocicletas y vehículos de cuatro ruedas”.

Correos dispone de casi 14.000 vehículos de dos y cuatro ruedas, la mayoría ecológicos, que garantizan medidas de seguridad a los empleados que les conducen al estar diseñados para circular por la calzada, “mientras el supuesto ”carro asistido“ híbrido que implanta Correos es incluso más peligroso al añadirse de manera forzada un carro sobrecargado que dificulta su conducción”, explican desde CCOO Cantabria.

Según indican, los datos confirman la “gran irresponsabilidad” que supone la decisión porque los accidentes de VMP en España con daños a la persona conductora aumentaron un 23% el pasado año: 396 siniestros, 240 heridos y 14 fallecidos, y desde 2020 han crecido más de un 400%, superando a los accidentes de ciclomotores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una de las reformas más amplias del Reglamento General de Circulación en la última década. El texto, que se encuentra todavía en tramitación administrativa, recoge cambios significativos que afectarán tanto a conductores profesionales como a usuarios de patinetes, ciclistas y peatones. Según el último borrador, al que tuvo acceso Servimedia, la DGT prevé que el nuevo reglamento pueda aprobarse a finales de 2025 y entrar en vigor el 2 de enero de 2026, con el objetivo de reforzar la seguridad de los colectivos más vulnerables en entornos urbanos.

Medidas destacadas: la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad

Entre las medidas más destacadas figura la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad también dentro de ciudad para los taxistas, repartidores y profesores de autoescuela, una exigencia que hasta ahora no se aplicaba a estos colectivos. El borrador elimina las exenciones que figuraban en el artículo 119 del actual reglamento y que permitían circular sin cinturón en determinados supuestos de trabajo. Solo se mantendrán las excepciones para los vehículos de urgencia, los pasajeros de ambulancias asistenciales y los menores de 1,35 metros que viajen en taxi por ciudad, siempre que lo hagan en los asientos traseros.

El documento también introduce nuevas obligaciones para los riders y repartidores que se desplacen en bicicleta, motocicleta o patinete. Todos ellos deberán llevar chaleco reflectante de alta visibilidad no solo en carretera, sino también en travesías y vías urbanas. La DGT justifica esta medida en el aumento de la siniestralidad en entornos urbanos y en la necesidad de hacer más visibles a los trabajadores que se mueven por cuenta ajena en el reparto de mercancías o comida.

En cuanto a los VMP

Otra de las novedades se refiere a los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP). El borrador establece que deberán circular siempre con las luces encendidas, tanto de noche como de día. No obstante, la exigencia diurna se aplicará con un año de margen, a partir de 2027. Además, los VMP no podrán circular por los carriles de alta ocupación (VAO); hacerlo se considerará una infracción grave sancionada con 200 euros de multa, reducibles a la mitad si se abonan en el plazo de 20 días.

En lo que respecta a motociclistas y ciclistas, la DGT mantiene la obligación de usar casco, pero introduce cambios en los elementos de protección. Los motoristas deberán llevar guantes homologados y calzado cerrado, aunque se descarta imponer el uso de cascos integrales o modulares, que se exigían en versiones anteriores del texto. También se elimina la excepción que permitía circular sin casco a quienes contaban con un certificado médico. En cuanto a los ciclistas, se confirma la posibilidad de circular “en columna de a dos” por el arcén, y se elimina la referencia que señalaba que los profesionales podían regirse por “sus propias normas” durante entrenamientos o competiciones.

Distancia y estacionamiento

El borrador refuerza además las normas sobre distancia y velocidad en adelantamientos. Cuando un vehículo esté inmovilizado en la vía (por avería, siniestro o labores de mantenimiento o auxilio) y ocupe parte del carril de circulación, el conductor que lo adelante deberá mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros y reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía. Esta medida busca mejorar la protección de los trabajadores de mantenimiento y emergencias en carretera, uno de los colectivos más expuestos.

Las modificaciones también alcanzan la circulación y el estacionamiento en entornos urbanos. El texto prohíbe aparcar o detener vehículos de cuatro o más ruedas cerca de pasos de peatones, con el fin de mejorar la visibilidad y la accesibilidad. Los ayuntamientos dispondrán de dos años para aplicar esta medida. Asimismo, se permite el estacionamiento de vehículos dedicados a actividades comerciales de venta (una práctica que el primer borrador prohibía) y se suprime la referencia a la obligación de llevar visible la etiqueta ambiental, cuya regulación queda en manos de las corporaciones locales.

En relación con los peatones, la DGT amplía los supuestos de prioridad de paso: no solo para las filas escolares y comitivas organizadas, sino también para los casos en los que transiten unidades militares a pie, una novedad respecto a la redacción anterior. Además, se incorpora una disposición para que las corporaciones locales regulen la subida y bajada de niños, personas mayores o con movilidad reducida en entornos urbanos, reforzando la accesibilidad en zonas escolares y residenciales.

La DGT señala que la reforma del reglamento forma parte de una estrategia global de “visión cero” con la que el organismo busca reducir la siniestralidad en ciudad y carretera en la próxima década. Tras su paso por distintos ministerios y órganos consultivos, el texto será remitido al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Si el calendario se cumple, España estrenará en 2026 un nuevo reglamento de circulación adaptado a la movilidad del siglo XXI, con normas más estrictas para los conductores profesionales y mayor protección para peatones, ciclistas y usuarios de patinetes.

La movilidad en patinete eléctrico en España afronta un cambio decisivo. A partir de enero de 2026, los propietarios de estos vehículos deberán contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio para poder circular. La medida se enmarca en la Ley de Seguros de Automóviles, publicada en el BOE el 24 de julio de 2025, que amplía el concepto de “vehículo a motor” e incorpora por primera vez a los vehículos personales ligeros en el régimen del seguro obligatorio.

Lo que dice la norma

La nueva ley responde a la necesidad de dotar de un marco homogéneo a todo el país. Hasta ahora, solo algunos municipios habían establecido exigencias de seguro para los patinetes. A partir de 2026, el requisito se aplicará en todo el territorio nacional, independientemente de la localidad en la que se circule. El objetivo declarado es doble: impulsar un modelo de transporte urbano más seguro y garantizar una cobertura efectiva a las víctimas de accidentes en los que intervengan este tipo de vehículos.

El texto legal fija un periodo transitorio de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, de manera que el seguro será exigible de forma efectiva a partir de enero de 2026. Durante ese tiempo, el Consorcio de Compensación de Seguros se hará cargo de indemnizar a posibles afectados en caso de accidente, aunque luego podrá reclamar el importe al propietario del patinete si hubiera negligencia o manipulación.

Qué se necesita para contratar el seguro

Para poder contratar el seguro, los patinetes eléctricos deberán cumplir una serie de requisitos técnicos y administrativos. En primer lugar, tendrán que estar inscritos en el Registro de Vehículos de la DGT, que deberá estar operativo antes del 2 de enero de 2026. Además, deberán disponer de un certificado de circulación y llevar una etiqueta identificativa o matrícula que permita su trazabilidad en caso de incidente.

Esta novedad legal se suma a las obligaciones introducidas previamente por la DGT en enero de 2024. Desde esa fecha, únicamente pueden comercializarse patinetes eléctricos que cumplan con el Manual de Características de los Vehículos de Movilidad Personal, que establece requisitos en materia de frenos, timbre, luces y elementos reflectantes. Los modelos vendidos antes de esa fecha tienen una moratoria hasta enero de 2027, momento en el que será obligatorio que todos los patinetes en circulación estén homologados y certificados.

Consideración jurídica de vehículos desde 2022

La DGT recuerda que los patinetes tienen la consideración jurídica de vehículos desde 2022. Esto implica que sus usuarios están sujetos a normas como la prohibición de circular por aceras o con auriculares, y de usarlos en caso de haber consumido alcohol y/o drogas. Con el seguro obligatorio, se completa un marco regulatorio que acerca cada vez más a estos vehículos al tratamiento legal que reciben otros medios de transporte motorizados.

La sanción por circular sin seguro será proporcionalmente inferior a la de un automóvil, pero igualmente significativa. Según la Ley de Seguros de Automóviles, la multa puede oscilar entre 200 y 1.000 euros, en función de la gravedad del caso. A ello se suma la responsabilidad civil del propietario, que deberá asumir los daños personales o materiales causados si carece de cobertura contratada.

Con este cambio, España se alinea con la directiva europea que obligaba a extender el seguro de responsabilidad civil a los vehículos personales ligeros. La combinación de registro, certificación y seguro obligatorio supone un paso más en la consolidación de la normativa sobre patinetes eléctricos. El reto a partir de 2026 será garantizar que los usuarios conocen estas obligaciones y que la implantación se lleva a cabo de forma efectiva en todas las ciudades.

La proliferación de patinetes eléctricos en las ciudades españolas ha llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a reforzar su regulación durante los últimos años. Hasta ahora, la obligación de llevar casco al circular en estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) dependía de las ordenanzas municipales. Sin embargo, a lo largo de 2025 está previsto que entre en vigor la reforma definitiva del Reglamento General de Circulación, que establecerá el uso obligatorio del casco a nivel nacional.

Actualización de la Ley sobre Tráfico

Esta actualización parte de la Ley 18/2021, que modificó la Ley sobre Tráfico e introdujo la obligación de llevar casco para los usuarios de VMP, si bien su desarrollo reglamentario ha tardado en concretarse. Mientras tanto, muchas ciudades adelantaron esta exigencia a través de sus propias normativas. Barcelona, por ejemplo, ya lo impone desde febrero de 2025 con sanciones de hasta 100 euros. En cambio, ciudades como Madrid aún no contemplan esta obligatoriedad, aunque recomiendan su uso encarecidamente.

Certificado de circulación

A nivel técnico, desde enero de 2024 todos los patinetes eléctricos que se comercializan en España deben contar con un certificado de circulación emitido por un laboratorio autorizado por la DGT. Este documento acredita que el vehículo cumple con las características de seguridad exigidas, como frenos, luces, reflectantes y timbre. Aquellos VMP adquiridos antes de esta fecha tienen de plazo hasta enero de 2027 para adaptarse a la nueva normativa.

En paralelo, la DGT ha desarrollado un manual de características técnicas para estos vehículos y ha impulsado programas de formación vial dirigidos a sus usuarios. El objetivo es garantizar un uso seguro del patinete, que ya es considerado jurídicamente como un vehículo más: no se puede circular por la acera, usar auriculares ni conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Otras medidas

La reforma prevista para este año contempla también otras medidas específicas: será obligatorio el uso de elementos luminosos o retrorreflectantes por la noche o en condiciones de baja visibilidad, así como el chaleco reflectante para quienes utilicen el patinete como herramienta profesional, como es el caso de los repartidores.

Aumento de accidentes con patinetes eléctricos

Estas medidas llegan en un contexto de creciente siniestralidad vial asociada a los patinetes eléctricos. Solo en 2023, según datos de la DGT y la Fundación Mapfre, se registraron 297 siniestros con Vehículos de Movilidad Personal, con un balance de 12 personas fallecidas y 70 heridas graves. La mayoría de los afectados fueron hombres jóvenes de entre 15 y 34 años. La cifra real podría ser aún mayor si se contabilizasen los accidentes no reportados oficialmente. Ante este escenario, la DGT insiste en la urgencia de adoptar medidas de protección más estrictas y de extender la formación vial para estos usuarios.

El Real Decreto 970/2020 sentó las bases para la regulación de los VMP al integrarlos formalmente como vehículos en la normativa estatal. La nueva reforma reglamentaria, que se espera entre en vigor en 2025, culminará este proceso al establecer de manera clara y unificada la obligatoriedad del casco para todos los usuarios, sin depender de la ciudad en la que se circule.

Mientras se formaliza su aprobación definitiva, la recomendación de la DGT es inequívoca: utilizar casco siempre, incluso en aquellas localidades donde todavía no se impone como norma. La seguridad en el uso de los patinetes eléctricos no es solo una cuestión legal, sino una necesidad ante los riesgos evidentes que conlleva circular a 25 km/h por entornos urbanos compartidos.

Un joven de 17 años ha sido evacuado en ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un accidente en la calle Marqués de Murrieta: una colisión entre un patitene y una furgoneta. Ha sido un particular el que ha avisado del suceso y hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Logroño y los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud para atender al joven conductor del patinete que, finalmente, ha sido trasladado al hospital riojano.

En marcha una campaña por la siniestralidad y el número de atestados con este vehículo involucrado

Precisamente la semana pasada semana el Ayuntamiento de Logroño informaba de la puesta en marcha de una campañas especiales para controlar el uso correcto de los vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas y la tenencia responsable de animales de compañía. En lo relativo a la campaña de tráfico para VMP (patinetes eléctricos, principalmente) y bicicletas, desde el Consistorio se justificaba la puesta en marcha de esta iniciativa por la siniestralidad y el número de atestados en los que se encuentran los usuarios de este tipo de vehículos.

De esta forma, se controlará que los conductores de VMP y bicicletas cumplan con las normas de tráfico, respeten semáforos y pasos peatonales (el usuario deberá llevar el vehículo a pie, salvo que cuente con un tramo de carril bici) y, especialmente, no transiten por aceras y otras zonas de circulación prohibida. Y todo, reforzaban, por la propia seguridad de los usuarios de VMP y bicicletas, poco visibles en horas nocturnas y con una gran vulnerabilidad en caso de accidente, por lo que desde la Policía Local se verificará el uso de luces en horas nocturnas, de cambio de luz o de baja visibilidad; así como de prendas de alta visibilidad como chalecos reflectantes (en bicicleta recomendado, pero obligatorio para VMP si se circula por la calzada).

“Lime ya no está operativo en Madrid. Iniciar o terminar tu viaje ya no será posible aquí”. Con este aséptico mensaje se despide la aplicación de Lime de la posibilidad de alquilar cualquiera de sus aparatos en la capital de España. Una decisión judicial tiene la culpa: hace un par de semanas la justicia levantó las medidas cautelares que pesaban sobre la prohibición decretada por el Ayuntamiento de Madrid en otoño y las empresas que hasta ahora operaban en la ciudad han desconectado totalmente su sistema.

La resolución ha servido para que la orden de cese del Ayuntamiento de Madrid sea totalmente efectiva, después de varios meses en el limbo desde que en octubre el consistorio empezara a retirar los patinetes de las calles, una vez acabado el plazo otorgado para el fin de los alquileres, y dejara de hacerlo cuando las operadoras recurrieron a la justicia.

El mensaje de despedida de Dott, la otra operadora que quedaba, es algo más empático: “Hasta la vista Madrid. Interrumpimos nuestro servicio. Lamentamos mucho tener que marcharnos pero esperamos verte pronto en otras de las ciudades donde operamos”, explican al abrir su aplicación desde cualquier punto de la capital.

Con la marcha de Lime y Dott el Ayuntamiento de Madrid consigue retirar de sus calles miles de aparatos eléctricos de alquiler que vivieron hace años un auge en la capital -llegaron a pedir hasta 100.000 autorizaciones- pero que han acabado siendo considerados por el Gobierno de Almeida como un estorbo para los ciudadanos, especialmente por ser frecuentemente aparcados en medio de las aceras, entorpeciendo el paso peatonal.

Tanto Lime como Dott desplegaron sus vehículos en Madrid gracias a haber ganado un concurso municipal en 2023 para repartir cada una 2.000 patinetes por la ciudad a través de una concesión demanial, por la que no abonaban cantidad alguna al consistorio. El pasado mes de septiembre el área de Movilidad anunció su revocación por incumplimiento de las condiciones pactadas con el consistorio, cosa que ambas empresas negaban rotundamente.

Ante la orden de cierre de operaciones, ambas compañías recurrieron judicialmente el decreto que revoca su licencia y solicitaron a los tribunales poder seguir operando, a través de una medida cautelar. Ahora, ante el final definitivo de su negocio en la capital, se han llevado sus aparatos a otras poblaciones de la Comunidad de Madrid para seguir allí con su negocio. Fuentes de la empresa Lime explican a Somos Madrid que la compañía respeta las decisiones judiciales y ya ha retirado sus patinetes de las calles de la ciudad.

El final de los patinetes sucede al de las bicicletas eléctricas de alquiler sin base fija, que también desaparecieron el pasado 30 de septiembre al caducar sus concesiones demaniales, que habían sido renovadas en varias ocasiones. En el caso de los patinetes, el área de Movilidad, dirigida por Borja Carabante, decidió resolver las autorizaciones de forma anticipada debido a los problemas de movilidad que presentaban en la ciudad.

El pleno de Barcelona ha aprobado definitivamente una modificación de la ordenanza de circulación que incluye nuevas obligaciones y prohibiciones para los usuarios de patinete, que hasta ahora gozaban de una normativa más permisiva que la de las bicicletas.

A partir de febrero, los patinetes deberán contar con más elementos de seguridad, como luces delanteras y traseras y sus usuarios estarán obligados a llevar casco y no podrán transportar a más de una persona.

Otra de las novedades más destacadas es que se prohibirá a bicicletas y patinetes circular por la acera, independientemente del ancho de la misma. Tampoco se permitirá circular en algunos tramos de la calzada.

Esto supone un cambio importante para las bicicletas, que hasta ahora podían circular por las aceras si estas medían más de 10 metros de ancho. “La voluntad es que las aceras sean para los viandantes”, ha expresado la teniente de alcaldía Laia Bonet.

Con todo, el texto contempla algunas excepciones para las bicicletas, tal como reclamaron los Comunes y ERC. En el caso de que no haya carril bici, los menores de 14 años y aquellos adultos que transporten a menores con sillita o remolque sí podrán ir por la acera.

Las motos también verán cambios a partir de febrero: la nueva ordenanza prohibirá que aparquen en entornos escolares y hospitalarios.

El texto ha tirado adelante gracias al apoyo de Comuns y ERC, que han negociado con el PSC su voto a cambio de introducir algunas enmiendas. Todos los grupos han celebrado la nueva norma, pero desde la oposición lamentan que no se haya ido “más allá”.

Los Comuns apostaban por hacer obligatorio el uso de un casco homologado para motoristas y prohibirles aparcar en la acera en toda la ciudad. Por su parte, ERC lamenta que esta normativa estaba desde febrero de 2023 y han afeado al consistorio que no se haya avenido a llevarla al pleno hasta ahora.

L'Ajuntament de Palma ha aprovat de forma inicial la nova Ordenança per al Foment de la Convivència Cívica, amb què preveu multar, amb sancions d'entre 750 i 1.500 euros, als que utilitzin les autocaravanes com a habitatges, malgrat que molts dels qui dormen en aquests vehicles són treballadors que hi pernocten davant els elevats preus del mercat immobiliari, travessat des de fa anys per l'especulació, la voracitat dels fons d'inversió, i l'oferta turística il·legal, cosa que els impedeix accedir a una llar digna per viure.

Habitar sobre el formigó no és un fenomen nou, però ha esdevingut una alternativa habitacional cada vegada més estesa a Balears, on llogar una habitació pot arribar a costar més de 700 euros. Segons un estudi recent del portal immobiliari Idealista, fins a 91 persones competeixen actualment per cada habitació que s'anuncia a la capital balear. La impossibilitat per arrendar un habitatge ha disparat la demanda d'aquest tipus d'espais, l'oferta dels quals s'ha incrementat un 29% durant l'últim any. D'acord amb les dades d'Idealista difoses el mes de setembre passat, llogar un estudi a Palma és avui fins a un 90% més car que una habitació en un pis compartit.

No només això. Prop de 250.000 persones, el 20,6% de la població, i un de cada tres menors (33,3%) de Balears viuen en risc de pobresa o exclusió social, unes xifres que s'han agreujat per l'increment del cost de la vida o la dificultat per accedir a un habitatge digne, entre altres factors, tal com consta a l'informe sobre l'estat de la pobresa de la Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN), presentat el passat mes d'octubre al Parlament i que, amb dades del 2023, fa una radiografia dels sectors més vulnerables de la societat balear i dels factors que hi influeixen exclusió amb dades, així com una bateria de propostes per intentar revertir aquestes situacions.

Davant d'això, una investigació recent d'elDiario.es fa que Balears és la setena Comunitat Autònoma que compta amb un nombre més gran d'habitatges en mans de grans tenidors, és a dir, d'aquells que tenen més d'una desena d'immobles: en total, 26.061 habitatges, xifra que suposa el 4,53% del parc total de l'arxipèlag, compost per 574.813 immobles. De tots ells, 6.672 vivendes pertanyen a tenidors que arriben a posseir més de cent immobles.

L'encarregat de desgranar la nova normativa ha estat l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ha explicat aquest dimecres, en roda de premsa, que aquesta ordenança ha recollit un centenar de propostes d'organitzacions de la societat civil de Palma per ser “com més consensuada possible”. Així, entre les noves mesures, el Consistori prohibirà acampar en vehicles al terme municipal, excepte als llocs específicament habilitats per a això, per la qual cosa les caravanes i autocaravanes només podran estacionar-se en llocs permesos i no podran romandre al mateix lloc més de deu dies.

Martínez ha aclarit que també es restringeix l'ús d'aquests vehicles com a vivenda amb “signes de permanència” en espais públics i les infraccions es consideraran greus, amb sancions d'entre 750 i 1.500 euros. Així mateix, també s'habilita els agents a procedir a la retirada del vehicle si no se'n troba el responsable. Això no obstant, si la infracció la comet una persona en situació de vulnerabilitat social, la infracció podria quedar suspesa si disposa d'un informe de vulnerabilitat social i seria derivada a Serveis Socials.

“Un vehicle és per desplaçar-se, un habitatge és una altra cosa”

“Entenc que un vehicle és per desplaçar-se, un habitatge és una altra cosa. Un cotxe, una caravana o una autocaravana no és per viure”, ha respost Martínez a preguntes dels periodistes.

La normativa ha estat aprovada de manera preliminar a la Junta de Govern i s'haurà de sotmetre a l'aprovació del ple al mes de desembre. Des del Consistori esperen tenir-la aprovada definitivament i en vigor al mes de febrer.

Preguntat per si aquesta ordenança obligarà a reubicar-se les persones que viuen en autocaravanes a zones com Son Gual, Son Hugo o Es Carnatge, el primer edil ha indicat que “cada cas és un món” i s'haurà de determinar si estan acampades, si s'utilitzen com a habitatges o si “produeixen altres actituds incíviques, a més de l'incompliment d'aquesta norma”. “La casuística és molt gran i l'ordenança té un objectiu que és que a Palma es viu a vivendes, no es viu a caravanes”, ha aprofundit.

Prohibides les visites guiades amb més de 20 turistes

D'altra banda, la nova ordenança també sancionarà les visites turístiques que superin les 20 persones per guia o quatre vehicles rodats –que requeriran de notificació prèvia-. Així mateix, els guies hauran de portar el carnet oficial visible i es prohibirà l'ús daltaveus o megàfons. La infracció d'aquesta normativa serà considerada lleu, amb multes de fins a 750 euros.

Així mateix, d'acord amb la normativa aprovada recentment, els patinets, altres vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes no podran circular per voreres, parcs o zones de vianants, els conductors hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi fins i tot 120.000 euros i serà obligatori portar casc i armilla reflectora.

En cas de no disposar d'assegurança, els conductors d'aquests vehicles podran ser sancionats amb fins a 600 euros, si no porta casc se'ls podrà imposar 90 euros de multa i en cas de circular per voreres o zones de vianants, la sanció passa de 40 a 90 euros.

Alhora, els agents de l'autoritat poden immobilitzar els vehicles en cas d'incomplir algun d'aquests preceptes, si es detecta que estan manipulats o si es condueixen sota els efectes de substàncies estupefaents.

Pel que fa a les empreses de lloguer d'aquest tipus de vehicles, hauran de tenir-ne registrats i disposar de l'assegurança esmentada però en aquest cas s'amplia la cobertura fins als 800.000 euros i, si circulen en grups de més de tres persones, hauran de disposar d'autorització prèvia municipal.

També ha manifestat que es permetrà la circulació d‟aquest tipus de vehicles en vies amb una limitació de velocitat de fins a 40 km/h encara que aquests mateixos no podran superar els 25 km/h.

Multes de fins a 3.000 euros per pintar grafits

Un altre dels aspectes que regula aquesta norma seran les pintades i grafits, que en cas que causin una “degradació greu i rellevant de béns immobles” es podran sancionar amb fins a 3.000 euros. Martínez ha concretat que això significa la prohibició d'aquestes expressions gràfiques a qualsevol element de l'espai públic ia l'interior o exterior d'equipaments, transports o mobiliari urbà.

A més, ha puntualitzat que si aquesta infracció la comet un menor, els pares o tutors legals seran responsables civils subsidiaris, mentre que si la pintada constitueix una infracció patrimonial prevista al codi penal els agents hauran de notificar-ho a l'autoritat judicial, sense que això interrompi lexpedient sancionador.

Aquesta limitació s'estén a cartells, pancartes, adhesius o fulletons i només es podran col·locar a llocs “expressament habilitats” per l'autoritat municipal. En els casos lleus, les sancions seran de 150 euros però, si és greu, podria assolir els 6.010 euros. Els cartells “molt lluminosos” que causin molèsties amb multes de fins a 750 euros i si utilitzen làsers podran ser retirats cautelarment.

Els jocs amb apostes de diners o béns també quedaran prohibits a la via pública, cas en què seran sancionats per la Llei balear de Jocs i Apostes amb sancions d'entre 30.000 i 450.000 euros.

El Consistori també preveu multes de fins a 750 euros per orinar o escopir a la via pública però la sanció podria pujar fins als 1.500 euros si es defeca sobre llocs com parcs, zones de gran afluència o monuments.

Fruit de les aportacions de les entitats socials, s'ha incorporat la prohibició de tenir encesos els motors dels vehicles aturats --excepte de serveis essencials-- per evitar la contaminació acústica i ambiental. Tampoc no es podrà estacionar els vehicles adossats a immobles, de manera que poguessin permetre l'“accés furtiu”, les motocicletes hauran d'aparcar-se en bateria de manera perpendicular a la via i s'impedirà l'accés a parcs i jardins fora del seu horari.

Menors i persones vulnerables podrien eximir-se

Martínez ha apuntat que les denúncies seran l'“últim recurs” si les infraccions són comeses per menors o col·lectius vulnerables, si es corregeix la infracció en aquell mateix moment sense reincidència. Així mateix, ha precisat que s'elimina l'import mínim de les sancions lleus que anava de 300 a 750 euros, i ara anirà de 0 als 750 per incorporar aquests casos.

L'alcalde ha resumit els objectius de la normativa a “garantir la tranquil·litat veïnal, entorns més nets i segurs”, amb el focus posat a “les pintades vandàliques, l'ús inadequat de patinets i altres comportaments que alterin la convivència”.

Aquesta ordenança vindrà acompanyat de la creació d'una unitat policial que intentarà fer-la complir, anomenada Equip Comunitari de Proximitat (ECOP). Martínez ha asseverat que la norma té un enfocament “preventiu”, ja que busca corregir les conductes incíviques amb la “mediació”.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado de forma inicial la nueva Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, con la que prevé multar, con sanciones de entre 750 y 1.500 euros, a quienes utilicen las autocaravanas como viviendas, a pesar de que muchos de quienes duermen en estos vehículos son trabajadores que pernoctan en ellos ante los elevados precios del mercado inmobiliario, atravesado desde hace años por la especulación, la voracidad de los fondos de inversión y la oferta turística ilegal, lo que les impide acceder a un hogar digno para vivir.

Habitar sobre el hormigón no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en una alternativa habitacional cada vez más extendida en el archipiélago, donde alquilar una habitación puede llegar a costar más de 700 euros. Según un reciente estudio del portal inmobiliario Idealista, hasta 91 personas compiten en la actualidad por cada habitación que se anuncia en la capital balear. La imposibilidad para arrendar una vivienda ha disparado la demanda de este tipo de espacios, cuya oferta ha incrementado un 29% durante el último año. De acuerdo a los datos de Idealista difundidos el pasado mes de septiembre, alquilar un estudio en Palma es hoy hasta un 90% más caro que una habitación en un piso compartido.

No solo eso. Cerca de 250.000 personas, el 20,6% de la población, y uno de cada tres menores de edad (33,3%) de Balears viven en riesgo de pobreza o exclusión social, unas cifras que se han agravado por el incremento del coste de la vida o la dificultad para acceder a una vivienda digna, entre otros factores, tal como consta en el informe sobre el estado de la pobreza de la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN), presentado el pasado mes de octubre en el Parlament y que, con datos de 2023, hace una radiografía de los sectores más vulnerables de la sociedad balear y de los factores que influyen en su exclusión con datos, así como una batería de propuestas para tratar de revertir estas situaciones.

Frente a ello, una reciente investigación de elDiario.es arroja que Balears es la séptima Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, compuesto por 574.813 inmuebles. De todos ellos, 6.672 viviendas pertenecen a tenedores que llegan a poseer más de cien inmuebles.

El encargado de desgranar la nueva normativa ha sido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha explicado este miércoles, en rueda de prensa, que esta ordenanza ha recogido un centenar de propuestas de organizaciones de la sociedad civil de Palma para ser “lo más consensuada posible”. Así, entre las nuevas medidas, el Consistorio prohibirá acampar en vehículos en el término municipal, excepto en los lugares específicamente habilitados para ello, por lo que las caravanas y autocaravanas solo podrán estacionarse en lugares permitidos y no podrán permanecer en el mismo lugar más de diez días.

Martínez ha aclarado que también se restringe el uso de estos vehículos como vivienda con “signos de permanencia” en espacios públicos y las infracciones se considerarán graves, con sanciones de 750 a 1.500 euros. Asimismo, también se habilita a los agentes a proceder a la retirada del vehículo si no se encuentra al responsable del mismo. No obstante, si la infracción la comete una persona en situación de vulnerabilidad social la infracción podría quedar suspendida si dispone de un informe de vulnerabilidad social y sería derivada a Servicios Sociales.

“Un vehículo es para desplazarse, una vivienda es otra cosa”

“Entiendo que un vehículo es para desplazarse, una vivienda es otra cosa. Un coche, una caravana o una autocaravana no es para vivir”, ha respondido Martínez a preguntas de los periodistas.

La normativa ha sido aprobada de manera preliminar en Junta de Gobierno y deberá someterse a la aprobación del pleno en el mes de diciembre. Desde el Consistorio esperan tenerla aprobada definitivamente y en vigor en el mes de febrero.

Preguntado por si esta ordenanza obligará a reubicarse a las personas que viven en autocaravanas en zonas como Son Gual, Son Hugo o Es Carnatge, el primer edil ha indicado que “cada caso es un mundo” y se tendrá que determinar si están acampadas, si se emplean como viviendas o si “producen otras actitudes incívicas, además del incumplimiento de esta norma”. “La casuística es muy grande y la ordenanza tiene un objetivo que es que en Palma se vive en viviendas, no se vive en caravanas”, ha ahondado.

Prohibidas las visitas guiadas con más de 20 turistas

Por otro lado, la nueva ordenanza también sancionará las visitas turísticas que superen las 20 personas por guía o cuatro vehículos rodados -que requerirán de notificación previa-. Asimismo, los guías deberán llevar el carné oficial visible y se prohibirá el uso de altavoces o megáfonos. La infracción de esta normativa será considerada leve, con multas de hasta 750 euros.

Asimismo, de acuerdo a la normativa recién aprobada, los patinetes, otros vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas no podrán circular por aceras, parques o zonas peatonales, los conductores tendrán que disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra hasta 120.000 euros y será obligatorio llevar casco y chaleco reflectante.

En caso de no disponer de seguro, los conductores de estos vehículos podrán ser sancionados con hasta 600 euros, si no lleva casco se les podrá imponer 90 euros de multa y en caso de circular por aceras o zonas peatonales, la sanción pasa de 40 a 90 euros.

Al mismo tiempo, los agentes de la autoridad podrán inmovilizar los vehículos en caso de incumplir alguno de estos preceptos, si se detecta que están manipulados o si se conducen bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Por lo que se refiere a las empresas de alquiler de este tipo de vehículos, tendrán que tener registrados los mismos y disponer del citado seguro pero en este caso se amplía la cobertura hasta los 800.000 euros y, si circulan en grupos de más de tres personas, tendrán que disponer de autorización previa municipal.

También ha manifestado que se permitirá la circulación de este tipo de vehículos en vías con una limitación de velocidad de hasta 40 km/h aunque estos mismos no podrán superar los 25 km/h.

Multas de hasta 3.000 euros por pintar grafitis

Otro de los aspectos que regula esta norma serán las pintadas y grafitis, que en el caso que causen una “degradación grave y relevante de bienes inmuebles” se podrán sancionar con hasta 3.000 euros. Martínez ha concretado que esto significa la prohibición de estas expresiones gráficas en cualquier elemento del espacio público y en el interior o exterior de equipamientos, transportes o mobiliario urbano.

Además, ha puntualizado que si esta infracción la comete un menor, los padres o tutores legales serán responsables civiles subsidiarios, mientras que si la pintada constituye una infracción patrimonial prevista en el código penal los agentes tendrán que notificarlo a la autoridad judicial, sin que esto interrumpa el expediente sancionador.

Esta limitación se extiende a carteles, pancartas, pegatinas o folletos y solo se podrán colocar en lugares “expresamente habilitados” por la autoridad municipal. En los casos leves, las sanciones serán de 150 euros pero, si es grave, podría alcanzar los 6.010 euros. Los carteles “muy luminosos” que causen molestias con multas de hasta 750 euros y si emplean lásers podrán ser retirados cautelarmente.

Los juegos con apuestas de dinero o bienes también quedarán prohibidos en la vía pública, en cuyo caso serán sancionados por la Ley balear de Juegos y Apuestas con sanciones de entre 30.000 y 450.000 euros.

El Consistorio también prevé multas de hasta 750 euros por orinar o escupir en la vía pública pero la sanción podría ascender hasta los 1.500 euros si se defeca sobre lugares como parques, zonas de gran afluencia o monumentos.

Fruto de las aportaciones de las entidades sociales, se ha incorporado la prohibición de tener encendidos los motores de los vehículos parados --excepto de servicios esenciales-- para evitar la contaminación acústica y ambiental. Tampoco se podrá estacionar los vehículos adosados a inmuebles, de manera que pudieran permitir el “acceso furtivo”, las motocicletas tendrán que están aparcadas en batería de manera perpendicular a la vía y se impedirá el acceso a parques y jardines fuera de su horario.

Menores y personas vulnerables podrían eximirse

Martínez ha apuntado que las denuncias serán el “último recurso” si las infracciones son cometidas por menores o colectivos vulnerables, si se corrige la infracción en ese mismo momento sin reincidencia. Asimismo, ha precisado que se elimina el importe mínimo de las sanciones leves que iba de 300 a 750 euros, por lo que ahora irá de 0 a los 750 para incorporar estos casos.

El alcalde ha resumido los objetivos de la normativa en “garantizar la tranquilidad vecinal, entornos más limpios y seguros”, con el foco puesto en “las pintadas vandálicas, el uso inadecuado de patinetes y otros comportamientos que alteren la convivencia”.

Esta ordenanza vendrá acompañado de la creación de una unidad policial que tratará de hacerla cumplir, denominada Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP). Martínez ha aseverado que la norma tiene un enfoque “preventivo”, ya que busca corregir las conductas incívicas con la “mediación”.

El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha decidido paralizar la retirada de patinetes en Madrid hasta la pronunciación del juez, aunque seguirá sancionando, después de que la empresa Lime haya solicitado medidas cautelares frente a la decisión de revocar las licencias.

“Hasta que el juez se pronuncie (en los próximos días), el Ayuntamiento de Madrid paraliza desde hoy la retirada de patinetes de la ciudad”, han informado este jueves fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad según recoge Europa Press.

El Ayuntamiento sí continuará sancionando por estacionamiento indebido. Desde el Consistorio indican que hasta hoy se han retirado y sancionado 250 de estos aparatos. Cada multa por incumplir la Ordenanza de Movilidad se eleva a 1.500 euros, lo que supone que actualmente el equipo de Almeida ha impuesto 375.000 euros de sanción a ambas compañías

El alcalde de la capital informó de que su Ejecutivo iba a revocar la autorización para los 6.000 patinetes de tres empresas (Lime, Dott y Tier), que hasta entonces podían circular por sus calles, al considerar que no se está cumpliendo con las condiciones acordadas. Después de los 15 días hábiles otorgados por el Ayuntamiento para llevarla a cabo, la retirada entró en vigor el pasado viernes 25 de octubre, aunque Lime y Dott decidieron mantener sus aparatos operativos en la ciudad (como puede comprobarse en las propias aplicaciones de las plataformas).

Almeida trasladó que su Gobierno ha constatado que a lo largo de estos meses no se ha producido el cumplimiento de los condicionantes acordados y “sigue habiendo riesgos como consecuencia de la circulación de estos patinetes”. Señaló que no tienen la tecnología necesaria o existe un desconocimiento de los usuarios de las normas que tienen que seguir en la ciudad. “Por tanto entendemos que no se dan las condiciones para que estas empresas puedan seguir operando en estas condiciones”, añadió.

Lime celebra la decisión después de sus multas por incumplir la Ordenanza

Lime ha celebrado este jueves en un comunicado que se paralice la retirada de patinetes de forma temporal y ha criticado la decisión municipal al creer que es “unilateral y prematura”. La empresa ha subrayado que está llevando a cabo su labor “en cumplimiento estricto de la legalidad durante todo el proceso de revocación”, iniciado el pasado mes de septiembre.

La compañía considera que esta decisión beneficia a todos los ciudadanos de Madrid, que podrán seguir utilizando un medio de transporte “sostenible y seguro”. Lime lamenta “profundamente” que el Ayuntamiento “no haya tenido en consideración la visión de las empresas operadoras en ningún momento en este proceso de decisión, ni tampoco de la ciudadanía que usa estos patinetes”.

Madrid sigue teniendo patinetes de alquiler en sus calles. Dos de las tres empresas concesionarias, Lime y Dott, han decidido hacer caso omiso del requerimiento del Ayuntamiento que les obligaba a su retirada y continúan operando sus servicios en la capital.

El decreto de revocación de sus permisos, firmado hace más de dos semanas, obligaba al fin de los alquileres en las calles de la capital desde este viernes 25 de octubre. Pero este periódico ha comprobado que tanto Lime como Dott sigues mostrando en sus respectivas aplicaciones la posibilidad de coger sus aparatos, que no han sido retirados de las calles de Madrid.

Los operadores Lime, Dott y TIER han contado con 15 días hábiles para la retirada de los vehículos. La tercera lo ha hecho pero las dos primeras se exponen ahora a que sea la Policía Municipal la que lo haga, con posibles sanciones de hasta 1.500 euros por aparato por infringir la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

Esta posibilidad la recordaba el delegado de Movilidad, Borja Carabante, este mismo viernes con una publicación en redes sociales.

José Luis Martínez-Almeida anunció a principios de septiembre que revocarían todos los permisos concedidos para los patinetes desplegados por empresas privadas. En el caso de las dos últimas compañías afectadas, que hoy forman parte del mismo grupo empresarial después de una fusión, su máximo responsable advirtió en declaraciones a Somos Madrid de que acudirá a los tribunales si el consistorio no abre una negociación.

Tanto Lime como Dott operan en Madrid gracias a haber ganado un concurso municipal en 2023 para desplegar cada una 2.000 patinetes en la ciudad a través de una concesión demanial, por la que no abonaban cantidad alguna al consistorio. El pasado mes de septiembre el área de Movilidad anunció su revocación por incumplimiento de las condiciones pactadas con el consistorio.

Adiós a los patinetes en Madrid. Este viernes acaba el plazo para que los 6.000 aparatos eléctricos de alquiler presentes en la capital dejen de circular. El Ayuntamiento ha retirado la autorización demanial que otorgó a tres empresas para la explotación de este negocio en las calles de la capital y amenaza con que, si no desconectan sus aparatos, les impondrá sanciones de hasta 1.500 euros por infringir la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

La situación ha dado un giro radical desde que Almeida llegara a Cibeles en 2019, cuando la movilidad compartida florecía en la ciudad y las aceras -nota importante- rebosaban de diferentes aparatos de empresas privadas, prestos a ser alquilados vía aplicación móvil. Había un millar de bicis sin base fija, más de 5.600 motos eléctricas y 8.160 patinetes desplegados por hasta 18 compañías en Madrid. A todos ellos se sumaban 2.600 coches eléctricos o enchufables, también de alquiler en las calles. Todo llegaba en un contexto en el que el consistorio limitaba el acceso de muchos vehículos contaminantes a Madrid Central y había que buscar alternativas más limpias.

La situación era tan boyante que las empresas llegaron a pedir al Ayuntamiento permiso para colocar hasta 108.094 patinetes compartidos a lo largo de sus 21 distritos, pero el consistorio, por entonces en manos de Manuela Carmena, fijó en 10.000 el techo máximo para la explotación de este negocio en la ciudad. Muchas pequeñas compañías invirtieron entonces en un negocio que se prometía próspero en los años siguientes. Los operadores se multiplicaban.

Pero la abundancia de vehículos compartidos también generaba tensiones por el uso del espacio público que estos hacían para explotar un negocio privado. Los aparatos irrumpían en zonas con escaso espacio para el peatón, especialmente en el distrito Centro, donde había más negocio gracias a los visitantes de otras partes de Madrid y a los turistas. Tanto molestaban que incluso surgió una liga del apartinetes, formada por ciudadanos que se dedicaban a quitar de en medio estos vehículos. Otros fueron objeto de vandalismo, a imitación de lo que estaban haciendo en otras ciudades tomadas por ellos. También pronto se comprobó que el negocio estaba generando trabajos precarios alrededor, como el de los que buscaban por la noche patinetes para cargarlos por cinco euros.

José Luis Martínez-Almeida llegó entonces a la alcaldía con la promesa de “ordenar” esta situación, pero la llegada de la pandemia puso otras prioridades por delante. Cuando quedó superada la crisis sanitaria, el área de Movilidad redujo de 10.000 a 6.000 el número de autorizaciones para circular y en el año 2023 otorgó solo a tres empresas los permisos necesarios, Tier, Dott y Lime. Todas tenían que acatar una serie de normas establecidas por el Ayuntamiento, que el consistorio denuncia que se han ido incumpliendo de forma habitual: aparcar en lugares fijados por Movilidad o implantar una serie de mejoras tecnológicas y dar acceso a los responsables municipales son algunas de ellas. También es habitual que dos viajeros se suban a un solo patinete, algo prohibido por ley.

Pero el pasado mes de septiembre el alcalde dijo basta: en una rueda de prensa y por sorpresa anunció que retiraría los permisos para que las tres concesionarias siguieran haciendo negocio en Madrid. Explicó que estos aparatos seguían resultando un peligro “especialmente para las personas mayores”, dijo mientras explicaba que a lo largo del mes de octubre tendrían que desaparecer.

Las compañías implicadas se enteraron del anuncio por la prensa y lanzaron varios intentos a la desesperada para reconducir la situación, asegurando que la decisión municipal “no estaba justificada”. Incluso llegaron a amenazar con acciones judiciales si el Ayuntamiento de Madrid seguía adelante con el veto. Pero no hubo marcha a atrás: el pasado día 10 de octubre el área de Movilidad envió un requerimiento a las empresas para que en 15 días cesaran su actividad, un ultimátum que se cumple este viernes 25.

En paralelo, también han desaparecido en la capital las bicicletas eléctricas de alquiler. En este caso el equipo de Almeida optó por no renovar la concesión, que antes había extendido en periodos de seis meses y ya solo beneficiaba a Lime, empresa que tenía desplegadas 521 bicicletas por el centro. El pasado 8 de octubre desactivó en su aplicación todas ellas entre quejas porque consideraban que el alcalde estaba “imponiendo, en la práctica, un único servicio de movilidad sostenible: el servicio público de Bicimad”.

Lo cierto es que con la desaparición de las bicis eléctricas de alquiler a principios de mes y ahora de los patinetes, solo quedan en las calles de Madrid opciones de movilidad compartida a través de motos -Cabify desplegó en verano cientos de aparatos- y coches eléctricos. Tal vez el sistema que más vaya a notar la desaparición de la competencia del patinete sea Bicimad, que acaba de ampliar su servicio para llegar a El Cañaveral, San Cristóbal y expandirse por Entrevías. Ya suma 7.735 bicicletas y lleva 7,8 millones de viajes acumulados en lo que va de año.