La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo anular la sentencia que absolvió al expresidente del Parlament Roger Torrent y a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura de desobedecer al Tribunal Constitucional para reprobar a la monarquía al considerar que su exculpación fue “arbitraria” y “alejada de la realidad”.

En su recurso, adelantado por la Agència Catalana de Notícies (ACN), el Ministerio Público alega que la absolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) fue “absolutamente arbitraria” y bajo “criterios valorativos no racionales, apartados de toda lógica o ajenos a cualquier parámetro de interpretación sostenible en derecho”.

El pasado mes de noviembre, el TSJC absolvió a Torrent y a los exmiembros soberanistas de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa y Adriana Delgado, de desobedecer al Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación. Fue la primera sentencia absolutoria del TSJC contra exmiembros de la Mesa en los juicios del procés.

El juicio estuvo marcado por el enfrentamiento entre la Fiscalía y un tribunal inédito debido a las recusaciones de dos jueces de la Sala Civil y Penal del TSJC, entre ellos su presidente, Jesús María Barrientos. Sin ningún juez de la Sala encargada de juzgar a los aforados, el TSJC tuvo que tirar de un magistrado de la Sala de Apelaciones, Carlos Mir, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, y de dos jueces de la lista de voluntarios: Francisco Segura, de la misma Sala que Mir, y Marta Pesqueira, titular del juzgado de primera instancia 47 de Barcelona, y quien firmó un voto particular partidario de la condena.

Durante la vista oral, en una inusual intervención de calado político, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio se refirió a la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. “Circula por ahí un bulo que este juicio forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación en eso que se ha llamado desjudicialización de política catalana”, aseveró el fiscal.

La absolución se basó en que, en opinión del TSJC, la “actitud” de Torrent, actual conseller de Empresa, y el resto de acusados fue “muy diferente a la de la anterior Mesa” presidida por Carme Forcadell y que tramitó las leyes independentistas de 2017. Las sentencias del Constitucional que prohibían al Parlament reprobar al rey por su condición de inviolable sí permiten “la crítica de la monarquía como institución en general, pero desligada de su titular actual”, apostilló la sentencia.

La Fiscalía, en cambio, considera que la sentencia fue “ajena a las máximas de experiencia y apartadas del canon constitucional de valoración racional de la prueba”. En su escrito, el fiscal Antonio Pablo Rives da la razón al voto particular de la jueza Pesqueira, partidario de la condena, y añade que los magistrados Mir y Segura argumentaron una absolución “absolutamente faltada de cimiento y alejada de la realidad”.

Para fundamentar su recurso, el fiscal utiliza los argumentos que el propio Constitucional esgrimió en enero del 2020 alegando que el Parlament había “vuelto a vulnerar el orden constitucional y estatutario” al admitir a trámite propuestas de resolución cuyo contenido era “objetivamente contrario a la Constitución y no era difícil de constatar”, habida cuenta de sentencias previas y de los requerimientos enviados a la Mesa.

La Fiscalía no solo pide la nulidad de la sentencia y que el tribunal vuelva a dictarla para argumentarla mejor, sino que pide repetir el juicio con otros magistrados. Por su parte, aunque la acusación popular de Vox anunció que iba a presentar recurso, aunque finalmente no la ha formalizado.

El Tribunal Constitucional ha aplazado hasta el lunes la decisión sobre si debe suspender la tramitación de la reforma con la que el Gobierno pretende desbloquear su renovación. Una opción con la que ha evitado impedir el normal desarrollo del debate parlamentario en el Congreso, que hubiera supuesto una injerencia directa del Constitucional en el Legislativo. Sin embargo, el tribunal de garantías sí ha tomado con anterioridad decisiones similares, aunque destinadas al Parlament de Catalunya.

A diferencia de lo que ocurre en el Congreso, las advertencias del Constitucional al legislativo catalán no versaban sobre leyes orgánicas, sino sobre dos otros tipos de debates parlamentarios: resoluciones simbólicas sin consecuencias jurídicas y la polémica investidura fallida de Carles Puigdemont y otros diputados encausados en 2018.

Una de las decisiones más controvertidas del Constitucional fue la prohibición de debatir y aprobar resoluciones para reprobar a la Monarquía, hasta el punto de llegar a advertir en 2019 al entonces presidente Roger Torrent y su Mesa de consecuencias penales si admitían a trámite resoluciones que reafirmasen sus críticas al rey o que manifestasen que Catalunya tiene derecho a la autodeterminación. En la práctica, esto supuso la prohibición de debates propuestos por los grupos parlamentarios y la responsabilidad penal de la Mesa, cuyos miembros acabaron siendo juzgados por una supuesta desobediencia al Constitucional por la que de momento han quedado absueltos.

La polémica comenzó en octubre de 2018, cuando el Parlament aprobó a propuesta de En Comú Podem que censuraba el papel de Felipe VI y reclamaba abolir la Casa Real. El Constitucional anuló la resolución unos meses después por falta de competencias de la Cámara autonómica, como hace de forma habitual con otras iniciativas. Pero el tribunal de garantías fue más allá de una mera suspensión e, instado por el Gobierno, advirtió a la Mesa del Parlament que debía “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”, lo que acabó suponiendo la obligación de la Mesa de rechazar cualquier iniciativa que volviese a hablar sobre la monarquía o la autodeterminación.

El PP dio al TC la capacidad de sancionar

El Constitucional pudo mandar esta advertencia a Torrent gracias a la reforma que el PP aprobó en solitario en 2015 (por la vía de urgencia y en plazos muy cortos, igual que la actual del Código Penal criticada por los conservadores). La reforma otorgó al Constitucional la autoridad para velar por el cumplimiento efectivo de sus sentencias, algo inédito en su historia y en los tribunales de garantías europeos.

Fue la fórmula con la que el PP quiso evitar una nueva consulta soberanista. En 2014 el Constitucional suspendió la consulta del 9-N, pero no podía legalmente imponer multas a Artur Mas si desobedecía. El Constitucional sí sancionó económicamente en 2017 a los síndicos del referéndum del 1-O, que cesaron de sus cargos tras las multas. La reforma del PP incluso le permite suspender a cargos de sus funciones, aunque ni en el peor momento de la crisis catalana el tribunal llegó a este extremo.

Torrent y la Mesa se negaron a acatar esta suspensión previa. “En el Parlament de Catalunya se debe poder hablar, debatir y votar de todo. Es la libertad de expresión de los diputados y se protege así también los derechos de los ciudadanos a los que representan”, afirmó el presidente. Tras esa manifestación, los grupos volvieron a proponer una resolución reafirmándose en las críticas a la monarquía y la defensa del derecho de autodeterminación. Torrent y la Mesa la aceptaron a trámite antes de que el Constitucional tuviera tiempo de suspenderla, lo que llevó a la Fiscalía a querellarse contra los políticos del Parlament por desobediencia.

En su declaración testifical en el juicio, los letrados del Parlament, que se opusieron con contundencia a las maniobras de la mayoría independentista en 2017 para aprobar las leyes soberanistas, pusieron contexto a los avisos del Constitucional a la Mesa de Torrent.

El exsecretario general del Parlament, Xavier Muro, enmarcó el caso de la votación de la monarquía en un contexto en el que el Constitucional cambió su jurisprudencia y el PP le dio nuevas atribuciones tras la primera resolución del procés en 2015. El Constitucional la anuló y el resto de iniciativas de la legislatura estaban vedadas ya que suponían desarrollarla. Fue la dinámica de la legislatura de Carme Forcadell que culminó con los tensos plenos de septiembre de 2017.

Esta situación, advirtió Muro, limitó el campo de actuación de la Mesa, que antes no se veía con tantos problemas sobre admitir o no votaciones y resoluciones. Según Muro, las sentencias del Constitucional que anulaban resoluciones soberanistas y advertían de que no volvieran a tramitarse iniciativas similares comportaban “dificultades prácticas”, ya que si un texto era calcado al anulado era fácil determinar que no podía tramitarse, pero no lo era tanto si incluía conceptos ambiguos sobre la autodeterminación o la monarquía, que son proclamas políticas sin valor jurídico.

Investiduras de encausados y conclusiones de comisiones

La prohibición de reprobar de la Monarquía ha sido uno de los episodios más sonados, pero no era la primera vez que el Constitucional suspendía de forma previa una sesión parlamentaria. En el año 2016, el Alto Tribunal ordenó a la Cámara parar cualquier debate de la comisión de estudio sobre el proceso constituyente que se situase “fuera de la Constitución”, lo que suponía en la práctica un mandato para no presentar y votar las conclusiones del órgano, que los grupos parlamentarios que participaban ya habían preparado.

Fue en aquel contexto cuando los magistrados lanzaron por primera vez una advertencia a la propia Cámara autonómica. “Es al Parlament al que le que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución y que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva”, indicaron.

Otra de las prohibiciones del Constitucional al Parlament de Catalunya tuvieron como objeto la investidura de Carles Puigdemont y, posteriormente, de otros candidatos como Jordi Sànchez o Jordi Turull. Ocurrió en enero de 2018, con el líder de Junts ya instalado en Bélgica, y después de que el presidente del Parlament lo propusiera como candidato viable a la investidura. El TC emitió una resolución en la que prohibía la investidura si Puigdemont si no obtenía previamente “la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”.

La Fiscalía Superior de Catalunya recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que absolvió al conseller de Empresa y expresidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros soberanistas de la Mesa que presidió en la Cámara, quienes estaban acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Según ha informado el Ministerio Público, la Fiscalía ha anunciado a la Sala Civil y Penal del TSJC su intención de recurrir la sentencia absolutoria, para lo que esgrimirá, entre otros argumentos, la negativa del tribunal a suspender el juicio a la espera de que se resolviera la recusación del magistrado Carlos Ramos, informa EFE.

El TSJC absolvió a Roger Torrent y a los miembros de la Mesa de ERC y Junts la pasada legislatura al descartar que desobedecieran al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación. La sentencia fundamentó la absolución en que ambas resoluciones, votadas por el Parlament en 2019, eran “meras proclamas políticas”, y que no pretendían “materializar” la autodeterminación. Estos supuestos, según los magistrados, sí estaban permitidos.

El recurso del ministerio público se basa en un posible error en la apreciación de las pruebas del juicio por parte del tribunal, que absolvió a Torrent así como a los exdiputados Adriana Delgado, de ERC, y Eusebi Campdepadrós y Josep Costa, de Junts, al descartar que desobedecieran al Constitucional al permitir la tramitación de dos resoluciones soberanistas y de reprobación de la monarquía.

Meses antes, el TSJC había apartado de la sala que debía juzgar a Torrent al presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, quien preside todo los juicios de la sala civil y penal, y al magistrado Carlos Ramos, después de que ambos fueran recusados por las defensas por sospechas de falta de imparcialidad.

Una semana antes de iniciarse el juicio, la Fiscalía presentó un último recurso contra la recusación de Ramos y, ya en las cuestiones previas de la vista oral, solicitó a la sala su aplazamiento a la espera de que el TSJC lo resolviera, petición que los jueces rechazaron.

Por ese motivo, el ministerio público argumentará ante el Supremo que en el juicio se denegó una “diligencia de prueba” que había propuesto, dado que la sala rechazó incorporar como documento el testimonio íntegro de la pieza sobre la recusación de Carlos Ramos y también la suspensión de la vista oral.

Ello motivó sendas protestas del ministerio público a efectos de un posterior recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. Cuando el tribunal decidió que el juicio debía seguir adelante, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio afirmó tener “la impresión, probablemente equivocada”, de que existía una “intención clara” de que la vista no se celebrase.

En ese contexto, advirtió de que corría un “bulo” de que el juicio contra Torrent “forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación, en lo que se viene a llamar la desjudicialización y en la que se pretende el archivo de las causas penales por el procés”. “Estoy seguro de que es un bulo y que la sala no se encuentra afectada ni de refilón por él”, agregó Pérez de Gregorio.

En la segunda sesión del juicio, el fiscal sembró dudas sobre el tribunal, al cuestionar si una magistrada de la sala de recusaciones participó en la deliberación en que se decidió desoír la petición del ministerio público de suspender el juicio.

En concreto, el fiscal pidió la palabra para advertir que había tenido “conocimiento” de que una magistrada de la sala de recusaciones, que el día anterior había seguido parte de la vista entre el público, participó o estuvo presente en la deliberación, lo que el presidente del tribunal, Carlos Mir, negó de forma tajante.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha absuelto al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, a quien la Fiscalía acusaba de desobedecer al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación. La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía pedía una multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación a Torrent y a otros dos exmiembros de la Mesa de Junts: el exvicepresidente Josep Costa y el secretario de relaciones con la administración de Justicia hasta que Junts abandonó el Govern, Eusebi Campepadrós. Para la cuarta procesada, la republicana Adriana Delgado, se solicitaban 16 meses de inhabilitación. El TJSC los ha absuelto a todos, aunque con un voto particular de una magistrada partidaria de la condena.

La sentencia fundamenta la absolución en que ambas resoluciones, votadas por el Parlament en 2019, eran “meras proclamas políticas”, y que no pretendían “materializar” la autodeterminación. Estos supuestos, según los magistrados, sí estaban permitidos. En otras palabras: el Constitucional sí prohibió avanzar en el procés al estilo del otoño de 2017 y reprobar al rey Felipe VI por su discurso del 3 de octubre, pero no que la Cámara expresara, de forma simbólica, su rechazo a la monarquía y su apuesta por la autodeterminación.

En opinión del TSJC, la “actitud” de los acusados fue “muy diferente a la de la anterior Mesa” presidida por Carme Forcadell y que tramitó las leyes independentistas de 2017. Es más, para los magistrados la Mesa de Torrent y el Parlament en general presentaba en 2019 una “falta de continuidad en el proceso unilateral de desvinculación de la Constitución y de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

La interpretación jurídica que siguió la Mesa, abunda el tribunal, fue “la misma” que hicieron el entonces secretario general del Parlament y el Letrado Mayor, quienes terminaron abogando por tramitar las resoluciones.

Según explicaron Xavier Muro y Antoni Bayona en el juicio, las iniciativas contra el rey y en favor de la autodeterminación se produjeron en un contexto en el que el Constitucional cambió su jurisprudencia coincidiendo con el procés y limitó el campo de actuación de la Mesa, que antes no se veía con tantos problemas sobre admitir o no votaciones y resoluciones.

En este sentido, el TSJC argumenta que las sentencias del Constitucional que prohibían al Parlament reprobar al rey por su condición de inviolable sí permiten “la crítica de la monarquía como institución en general, pero desligada de su titular actual”.

Los cuatro acusados, destaca el tribunal, tuvieron en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sostiene que “la independencia de Catalunya, la forma monárquica del Estado y la crítica del rey” son cuestiones de interés público, cuyo debate está amparado por la libertad de expresión. Al menos desde el año 1989 se han aprobado “numerosas resoluciones y mociones” que hicieron referencia al derecho de autodeterminación, recuerdan los jueces, sin que esas resoluciones fueran anuladas ni impugnadas por el TC, como tampoco lo ha sido el programa político de partidos nacionalistas catalanes que apuestan por la independencia.

Por otra parte, la Sala ha rechazado los argumentos esgrimidos por las defensas de que los miembros de la Mesa estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria y se remite para ello a la nueva doctrina del Constitucional, que señala que este órgano tiene la facultad de no admitir una propuesta inconstitucional e incluso la “obligación” de paralizarla si es “contraria” a lo resuelto por el TC.

Precisan los jueces que mientras el TEDH no resuelva las demandas que los acusados han presentado para que se reconozca ese principio de inviolabilidad de la Mesa, “hay que respetar” la doctrina del Constitucional. Sobre este extremo, Costa ha anunciado que aunque haya sido absuelto recurrirá la sentencia al entender que el TSJC no ha protegido su inviolabilidad.

El tribunal que ha emitido la sentencia es inusual debido a las recusaciones de dos jueces de la Sala Civil y Penal del TSJC, entre ellos su presidente, Jesús María Barrientos. Sin ningún juez de la Sala encargada de juzgar a los aforados, el TSJC tuvo que tirar de un magistrado de la Sala de Apelaciones, Carlos Mir, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, y de dos jueces de la lista de voluntarios: Marta Pesqueira, titular del juzgado de primera instancia 47 de Barcelona, y Francisco Segura, de la misma Sala que Mir.

El proceso estuvo marcado por dos elementos: el enfrentamiento del fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio con el tribunal y el boicot contra la vista oral de Costa, quien abandonó las sesiones a la mitad y extendió la sombra de nulidad a todo el juicio. Por su lado, el fiscal acusó a los tres jueces del caso Torrent de reunirse con una cuarta magistrada ajena al tribunal para deliberar sobre la suspensión del juicio que había pedido el Ministerio Público, algo que desmintió de forma tajante el juez Mir.

La magistrada Pesqueira ha emitido un voto particular partidario de la condena, lo que da aire a la Fiscalía de cara a su recurso ante el Supremo. Según la jueza, la conducta de los acusados “puede cualificarse, sin género de dudas, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente, y por supuesto contraria” a las resoluciones del Constitucional.

Última jornada de alto voltaje en el juicio al expresidente del Parlament, Roger Torrent, por permitir la reprobación de la monarquía en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio, que ha gozado de un protagonismo inusual a lo largo de la vista, ha cargado con contundencia contra Torrent y los otros tres acusados, exmiembros de la Mesa la pasada legislatura, hasta el punto de tildarlos como “una suerte de casta”.

En su informe final, de apenas 15 minutos, el veterano fiscal Pérez de Gregorio no ha entrado en repasar los hechos (según ha indicado al tribunal, las dos resoluciones bajo sospecha ya vienen explicadas en su escrito). Se ha limitado a replicar las tesis defensivas de los acusados para reclamar que se condene a 20 meses de inhabilitación a Torrent.

Todo ello aliñado con varios dardos a los acusados y a sus defensas, a los que no obstante ha agradecido la “cortesía forense, signo de educación” que han mostrado durante la vista. Han sido tres los alegatos defensivos que Pérez de Gregorio ha querido derribar: el derecho a la inviolabilidad parlamentaria, el hecho de que la resolución contra la monarquía y la autodeterminación fueran simbólicas, sin carácter ejecutivo y las dudas que mostraron los letrados del Parlament sobre el alcance de la prohibición del Constitucional.

Ha negado Pérez de Gregorio que la tramitación de las resoluciones esté amparada por la inviolabilidad (el veto a perseguir por la vía penal actuaciones parlamentarias). Admitir y tramitar por parte de la Mesa ambas mociones no son acciones “cubiertas” por este derecho como sí lo sería criticar al rey en el pleno, tal y como la Fiscalía viene defendiendo desde hace tiempo y el TSJC ya sentenció en el caso de la Mesa de Carme Forcadell.

Según Pérez de Gregorio, los acusados actuaron “como si fueran una suerte de casta” que estaban por encima del Constitucional y que su actuación iba a resultar “impune”. “La admisión y tramitación en contra de la advertencia del Constitucional es la conducta delictiva”, ha recalcado Pérez de Gregorio, que ha recalcado que las “conductas posteriores” y la aprobación de ambas mociones en el pleno no son el objeto del juicio, sino la actuación de la Mesa.

Ha obviado Pérez de Gregorio que los letrados del Parlament que testificaron negaron que hubiera desobediencia o expresaron, como máximo, que había dudas de que la Mesa contraviniera lo ordenado por el Constitucional. Solo los diputados de la oposición avalaron las tesis acusatorias.

Sí se ha referido el fiscal a que los acusados han remarcado que las resoluciones eran meras expresiones políticas de carácter simbólico, sin consecuencias ejecutivas. Restando importancia a las mociones, según Pérez de Gregorio, los acusados buscan “adornar jurídicamente su desobediencia” y presentarlas como resoluciones “de carácter lúdico, como si fuera una manera como cualquier otra de entretenerse en el Parlamento”.

Las defensas han censurado las palabras de Pérez de Gregorio, que han entendido como una burla. “No son casta, son derechos fundamentales y son personas que trabajan por el bien común”, ha replicado el letrado de Torrent, Andreu Van den Eynde.

La letrada Olga Arderiu, que defiende a la exsecretaria de la Mesa Adriana Delgado, ha contestado al fiscal que los parlamentarios “no se creían por encima del Constitucional, sino al mismo nivel”, como marca la separación de poderes.

Jordi Pina, defensor del exparlamentario de Junts Eusebi Campdepadrós, ha definido el juicio como “un procedimiento político” que solo busca “meter miedo” a los diputados independentistas. El cuarto acusado, Josep Costa, que se defiende a sí mismo, abandonó la vista este jueves y este viernes no ha comparecido pese a la invitación del tribunal.

Antes de los informes finales, han declarado los acusados. Torrent, actual conseller de Empresa, ha defendido que el Constitucional “no puede prohibir un debate parlamentario entendido como expresión del interés público” ni la Mesa “ejercer censura” sobre las resoluciones, “y menos cuando son opiniones políticas”. En el turno de última palabra, Torrent ha expresado su “preocupación” porque, a su juicio, una condena “pone en riesgo el parlamentarismo”.

“Me ofende que me acusen de desobediencia porque en todo momento actué honestamente y con criterio jurídico y parlamentario”, ha alegado Campdepadrós. Por su lado, Delgado ha negado que tuviera “intención” de desobedecer al Constitucional y ha enmarcado su actuación en la defensa de los derechos de los diputados y la soberanía del Parlament.

El juicio ha quedado visto para sentencia, no sin antes un aviso del magistrado Carlos Mir: “La sentencia no estará en dos días porque es complicada. Por lo tanto se necesitará el tiempo que haga falta”.

Pocas veces un juicio a priori tan sencillo se complica tanto. Pero ha ocurrido en el caso que enjuicia al expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent, y a tres miembros de la Mesa de la pasada legislatura por permitir la reprobación de la monarquía en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Hay dos focos de problemas, a cada cual más inusual: el enfrentamiento del fiscal con el tribunal y el boicot que el exvicepresidente de la Cámara Josep Costa ha ejercido contra el juicio.

Este miércoles el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ya disparó salvas de aviso al tribunal en su sorpresiva andanada contra la “desjudicialización” pactada por Gobierno y Generalitat. Al margen de cargar contra los planes políticos, el fiscal aseguró que el tribunal “no se encuentra afectado ni de refilón” por el “bulo” de la desjudicialización, en lo que puede interpretarse como un intento de asegurar la condena.

La intervención de Pérez de Gregorio causó sorpresa en círculos judiciales. Este jueves el fiscal ha ido un paso más allá y ha acusado a los tres jueces del caso Torrent de reunirse con una cuarta magistrada ajena al tribunal para deliberar sobre la suspensión del juicio que había pedido el Ministerio Público.

Pérez de Gregorio no ha presentado prueba alguna de su acusación, sino que se ha limitado a decir que la Fiscalía “había tenido conocimiento” de esa anomalía. “Querría saber si es cierto o no”, ha continuado Pérez de Gregorio, para concluir preguntando “el objeto” de la presencia de la cuarta magistrada.

El presidente del tribunal, el magistrado Carlos Mir, ha sido tajante. “No es cierto”, ha zanjado para negar las palabras de Pérez de Gregorio. El juez ha explicado que la magistrada es una compañera de su Sala que se limitó a saludarlo y ha defendido que los tres togados del tribunal deliberaron sin nadie más.

El magistrado preside un tribunal inusual debido a las recusaciones de dos jueces de la Sala Civil y Penal del TSJC, entre ellos el presidente Jesús María Barrientos. Sin ningún juez de la Sala encargada de juzgar a los aforados, el TSJC ha tenido que tirar de un magistrado de la Sala de Apelaciones, Carlos Mir, presidente del tribunal y ponente de la futura sentencia, y de dos jueces de la lista de voluntarios: Marta Pesqueira, titular del juzgado de primera instancia 47 de Barcelona, y Francisco Segura, de la misma Sala que Mir.

Antes de la nueva invectiva del fiscal, Mir ha tenido que lidiar con otro movimiento con pocos precedentes en una sala de vistas. Costa ha retomado su estrategia de boicot a la causa judicial –ayer se apeó de la misma al presentarse a la vista y ejercer su propia defensa– y ha decidido que abandonaba el juicio porque el tribunal ha rechazado su petición de declarar la nulidad de la causa.

“No reconozco la autoridad de este tribunal, solo vine ayer para exponer este ataque a la democracia y acudir al tribunal de Estrasburgo”, ha proclamado Costa, desoyendo las peticiones del tribunal para que al menos permaneciera en la vista como abogado (se defiende a sí mismo).

Tras un receso, el tribunal ha decidido seguir adelante con la vista pese a la ausencia de Costa. “Se le ha dado la posibilidad de defenderse. No lo ha hecho, pero le hemos dado la posibilidad de defenderse”, ha justificado el magistrado Mir, que ha recalcado que Costa “puede venir cuando quiera, tiene las puertas abiertas”.

Con estos episodios han quedado en un segundo plano las declaraciones de los testigos previstas para este jueves. Ante el tribunal han comparecido los excompañeros de Mesa no soberanistas de la pasada legislatura, el socialista David Pérez y Joan Garcia y Laura Vílchez (Ciudadanos), así como letrados del Parlament que asistieron al debate sobre admitir o no a trámite las votaciones sobre la monarquía y la autodeterminación.

Mientras los políticos no independentistas han explicado que abogaron “sin dudas” por no tramitar las votaciones porque iban en contra de los avisos del Tribunal Constitucional, los letrados han mostrado una posición más matizada. Según ha relatado el exsecretario general del Parlament, Xavier Muro, las iniciativas se situaban en una “zona gris” donde se hacía “difícil” determinar si entraban en la limitación impuesta por el Constitucional.

Muro ha enmarcado el caso en un contexto en el que el Constitucional cambió su jurisprudencia coincidiendo con el procés y limitó el campo de actuación de la Mesa, que antes no se veía con tantos problemas sobre admitir o no votaciones y resoluciones.

Según Muro, las sentencias del Constitucional que anulaban resoluciones soberanistas y advertían de que no volvieran a tramitarse iniciativas similares comportaban “dificultades prácticas”, ya que si un texto era calcado al anulado era fácil determinar que no podía tramitarse, pero no lo era tanto si incluía conceptos ambiguos sobre la autodeterminación o la monarquía, como es el caso juzgado.

La Fiscalía pide una multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación a Torrent, Costa y el tercer acusado, el actual secretario de relaciones con la administración de Justicia, Eusebi Campepadrós (Junts). Para la cuarta procesada, la republicana Adriana Delgado, se piden 16 meses de inhabilitación. Este viernes declararán los acusados –menos Costa– y, si no hay alguna sorpresa, el juicio quedará visto para sentencia.

El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha dejado atónito a todo el mundo este miércoles al introducir un inusual alegato político en el juicio contra el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent. El fiscal ha mandado un aviso a Gobierno y Generalitat al advertir de que no se archivarán las distintas causas derivadas del procés que todavía colean en los juzgados catalanes: “Es un bulo”.

Sin que ninguna defensa lo hubiera mencionado, Pérez de Gregorio se ha referido a la mesa de diálogo en su respuesta a las cuestiones previas planteadas por los abogados de Torrent y el resto de acusados. Más en concreto, a la “desjudicalización” que pactaron Gobierno y Generalitat en su última reunión de julio y que, según ERC, debe implementarse antes de que termine el año.

“Circula por ahí un bulo que este juicio forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación en eso que se ha llamado desjudicialización de política catalana”, ha arrancado Pérez de Gregorio. A renglón seguido, el fiscal ha reiterado de que “pretender” el archivo de las causas derivadas del procés “es un bulo”, al tiempo que ha cargado contra los intentos -el último, de la propia Fiscalía- de que se suspendiera el juicio.

De las palabras de Pérez de Gregorio se desprende el malestar de la Fiscalía por la senda pactada por los dos Ejecutivos. Más aún de cara a los próximos meses, ya que antes de fin de año (cuando teóricamente debe concretarse la desjudicialización) la Fiscalía prevé presentar dos escritos de causas que ha impulsado desde 2017, la que afecta a los pesos pesados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y a decenas de altos cargos del Govern.

Cabe resaltar además que la propia Fiscalía había pedido la suspensión del juicio. El tribunal lo ha rechazado, lo que ha celebrado Pérez de Gregorio, que se ha mostrado convencido de que la Sala “no se encuentra afectada ni de refilón” por el “bulo” de la desjudicialización. ¿Mensaje a la propia Fiscalía, además de a Gobierno y Generalitat?

Antes del sorprendente alegato del fiscal, el tribunal ha rechazado la suspensión que había solicitado la Fiscalía y a la que se habían adherido tres de las cuatro defensas. Según ha argumentado la fiscal Assumpta Pujol, la vista todavía no podía celebrarse porque está pendiente de resolverse un recurso del Ministerio Público contra la recusación del magistrado Carlos Ramos. El juez fue apartado del tribunal que juzga a Torrent, aunque con discrepancias entre los togados que la decidieron.

“No se puede dilatar y dilatar, tenemos la obligación de celebrar el juicio”, ha argumentado Mir tras una deliberación de más de media hora del tribunal. El magistrado se ha mostrado comprensivo con los “problemas” que seguir adelante con la vista puede ocasionar a la estrategia de defensa de los acusados, pero ha alegado que “en la vida hay que ser valiente”. “Las defensas tienen derecho a saber lo antes posible si resultan condenadas o absueltas”, ha zanjado.

De haberse aceptado, hubiera sido la tercera suspensión del juicio. Antes la vista se había congelado por la recusación promovida por el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, que logró apartar del tribunal al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos por el plante que realizó a Torrent en un acto de la abogacía al denunciar el republicano la existencia de “presos políticos”.

Con la crisis entre Junts y ERC en el ambiente, en el banquillo del TSJC se han sentado este miércoles Torrent y Costa, que mantuvieron un enfrentamiento sin cuartel en su etapa parlamentaria; la republicana Adriana Delgado y el posconvergente Eusebi Campdepadrós, que podría afrontar sus últimas horas como secretario general de relaciones con la Administración de Justicia si Junts vota por salir del Govern.

La Fiscalía pide una multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación a Torrent por permitir la pasada legislatura la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar la monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. La condena supondría la salida de la política del actual conseller de Empresa y Empleo.

Las recusaciones y la falta de magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJC han provocado una composición inusual del tribunal, sin ningún juez de la Sala encargada de juzgar a los aforados. El TSJC ha tenido que tirar de un magistrado de la Sala de Apelaciones, Carlos Mir, presidente del tribunal y ponente de la futura sentencia, y de dos jueces de la lista de voluntarios: Marta Pesqueira, titular del juzgado de primera instancia 47 de Barcelona, y Francisco Segura, de la misma Sala que Mir.

La vista también ha empezado tras varias Costa su estrategia de defensa. Inicialmente el exvicepresidente abogó por el boicot a la causa: se negó a acudir a su citación como investigado, lo que provocó que la instructora ordenara su detención, a lo que el expolítico de Junts replicó con una querella por detención ilegal contra la magistrada Maria Eugènia Alegret. En cambio este miércoles se ha presentado al juicio para ejercer su propia defensa

Según el Ministerio Público, los acusados actuaron siendo “plenamente conocedores del contenido” de las providencias del Tribunal Constitucional, a pesar de la “oposición” del resto de miembros de la Mesa y de “los expresos apercibimientos realizados por el Secretario General del Parlament y el Letrado Mayor”.

La Fiscalía asegura que ambos juristas habían alertado previamente sobre la “contradicción” que podían suponer los puntos relativos a “la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político”, si bien tanto Xavier Muro como Joan Ridao, en su declaración como testigos, lo rebajaron a una mera “proclama política”.

Encontrar tribunal para juzgar a Roger Torrent y al resto de exmiembros de la Mesa del Parlament acusados de desobedecer al Constitucional para reprobar la monarquía empieza a parecer un imposible. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado la recusación del segundo integrante del tribunal, el magistrado Carlos Ramos, tal y como ya hizo con su presidente, Jesús María Barrientos. Los togados dudan de que Ramos pueda juzgar el caso con plena imparcialidad.

La decisión de la Sala encargada de analizar la recusación no ha sido pacífica y se ha adoptado con el voto de cuatro jueces, mientras que dos han formulado un voto particular contrario. Por mayoría, los magistrados del TSJC han estimado el recurso del exvicepresidente del Parlament Josep Costa, quien alegó que la imparcialidad de Ramos estaba comprometida por los términos en los que el magistrado despachó el informe sobre su propia recusación.

En el documento, además de defender su imparcialidad y rechazar de plano la recusación, Ramos acusó a Costa de querer apartarle del tribunal con “razonamientos truncados y plagados de hipérboles injustificadas” y de realizar una “delirante interpretación” de las normas sobre las recusaciones.

El lenguaje empleado por Ramos en su informe es lo que ha llevado a sus compañeros del TSJC a estimar la recusación. La “valoración en conjunto” de las críticas a Costa, argumentan los jueces, indica un “apasionamiento personal” de Ramos que puede hacer dudar de su apariencia de imparcialidad, al menos al propio acusado.

Según los jueces, al haber empleado expresiones tan contundentes, el juez Ramos no está “en posición de garantizar, cuando menos a ojos del destinatario de aquéllas valoraciones, su desinterés con el objeto del proceso y, por consiguiente, la imparcialidad de su actuación en el tribunal” que juzgará a Costa y al resto de miembros de la Mesa de la pasada legislatura.

Las críticas a Costa suponen “un plus” al contenido al que “objetivamente” deben limitarse los informes sobre la recusación, apostillan los magistrados. Cabe mencionar sin embargo que el empleo de adjetivos más o menos duros no es algo inhabitual en autos o sentencias, como tampoco en los escritos de acusaciones y defensas.

Para los magistrados, las valoraciones del juez Ramos “pueden resultar explicables en términos humanos y de autodefensa de su prestigio profesional”, pero a la vez pueden suscitar en el exdiputado y parte de la sociedad “la legítima sospecha de falta de imparcialidad”.

Dos jueces han discrepado de la tesis mayoritaria y abogaban por mantener a Ramos en el tribunal. El juez Carlos Hugo Preciado afea a la mayoría que emplee “argumentos irracionales” para dudar de la imparcialidad de Ramos, ya que los propios jueces que lo han apartado del tribunal aducen que las expresiones de su informe no comprometen su imparcialidad si se analizan de forma individual, pero en cambio sí lo hacen en conjunto. El informe de Ramos, apostilla el juez, “no contiene ninguna descalificación ni anticipa juicio alguno de culpabilidad”.

Por su lado, la magistrada Estefanía Pastor alega que los adjetivos “un tanto exagerados” empleados por el juez son “propios de la vehemencia en la exposición de sus argumentos”, pero no revelan falta de imparcialidad.

Los mismos jueces ya decidieron, esta vez por unanimidad, apartar al juez Barrientos del juicio a la Mesa al considerar que podrían existir dudas sobre su imparcialidad por haber abandonado un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona porque Torrent dio un discurso en el que aseguró que había “presos políticos”.

La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torrent, Costa y el exsecretario de la Mesa Eusebi Campdepadrós. A la exsecretaria Adriana Delgado, que participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido apartar al presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, del juicio al expresident del Parlament, Roger Torrent, al considerar que su apariencia de imparcialidad está “comprometida”. La vista, prevista para el 12 de julio, ha sido suspendida.

Así lo ha decidido el organismo en una resolución sin votos discrepantes al estimar la recusación presentada por el exdiputado de Junts, Josep Costa. A su vez, ha rechazado una petición similar respecto a otros dos miembros del tribunal.

Según el TSJC, la actuación de Barrientos en un acto institucional en febrero de 2018 pudo generar “razonablemente dudas” a los acusados y también “sobre la necesaria percepción por la sociedad de quien juzga como un tercero ajeno a los intereses de las partes en conflicto”. Durante ese acto, el presidente del TSJC abandonó la sala junto a la fiscal jefe de Barcelona y el fiscal superior de Catalunya mientras Torrent pronunciaba un discurso en el que aseguró que había “presos políticos” y que los tribunales impidieron “materializar” la “voluntad de la ciudadanía” durante el procés independentista.

La Sala afirma que no tiene dudas sobre la imparcialidad del presidente del TSJC. “Pero que nosotros no dudemos no significa que no existan serias y fundadas razones para que el recusante fundamentalmente, y también parte de la sociedad, puedan tenerlas”, remacha en el auto.

De esta manera, el presidente del TSJC no dirigirá ni participará en el juicio a Torrent y a otros tres exmiembros de la mesa de la cámara catalana: el mencionado Josep Costa, Eusebi Campdepadrós (Junts) y Adriana Delgado (ERC). Los cuatro están citados para el 12 de julio para declarar por presunta desobediencia por haber permitido la tramitación y votación de una serie de mociones vinculadas al procés en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Una de ellas trataba sobre la autodeterminación y la otra reprobaba a la monarquía, en contra de lo ordenado por el Alto Tribunal.

La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torrent y sus dos compañeros independentistas en la Mesa. A Adriana Delgado, que participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

Salvo giro de guion, no habrá una macrocausa en Barcelona que investigue el espionaje con el programa Pegasus a decenas de independentistas. Un mes después de revelarse la infección a los móviles de políticos y activistas, entre ellos el del president de la Generalitat, Pere Aragonès, la investigación del espionaje se ha dividido en hasta cuatro juzgados y corre el riesgo de acabar en archivo, igual que ha ocurrido con las primeras víctimas que denunciaron el ataque, los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall.

Las querellas que presentaron los espiados tras la revelación del laboratorio canadiense The Citizen Lab en abril, pretendían una investigación a fondo y de largo alcance y que se uniera a la causa que desde 2020 investigaba la infección con Pegasus en los móviles de Torrent y Maragall. La primera respuesta que recibieron del juez ya fue negativa: el magistrado del juzgado de instrucción 32 de Barcelona que investigaba el caso Pegasus en los dos políticos republicanos rechazó unir las querellas del resto de políticos de ERC espiados, así como las de los miembros de la CUP y de Òmnium Cultural.

Cada querella ha terminado repartida en un juzgado de instrucción distinto de la capital catalana. Lo primero que han hecho los respectivos togados –del juzgado 21, 22 y 24 respectivamente– ha sido preguntar a la Fiscalía sobre si tienen competencia para asumir la causa. El fiscal especializado de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, ya ha empezado a responder, y se ha mostrado en contra de crear una única macrocausa.

En el caso de la querella de los espiados de la CUP –el exparlamentario David Fernàndez y los diputados en el Parlament y el Congreso Carles Riera y Albert Botrán–, el fiscal ha rechazado que se acumule a la investigación ya abierta por el espionaje a Torrent y Maragall “porque no puede afirmarse que los hechos proceden de la misma persona”, han indicado fuentes fiscales.

En otro informe dirigido al juzgado de instrucción 21 de Barcelona relativo a los espiados de Òmnium –el exvicepresidente Marcel Mauri; su responsable de relaciones internacionales, Elena Jiménez; y Txell Bonet, la mujer del exlíder de la entidad Jordi Cuixart–, el fiscal no solo se ha mostrado partidario de mantener allí la causa y no remitirla al juzgado 32, tal y como pretendía la entidad soberanista, sino que también ha apostado por limitar la magnitud de la investigación planteada por el letrado Benet Salellas.

En concreto, el fiscal ha rechazado investigar la creación y puesta a disposición del programa Pegasus por parte del grupo israelí NSO por falta de jurisdicción de España, tal y como había pedido el abogado de Òmnium. Tampoco ve claro investigar quién y por qué compró el programa –y, por lo tanto, si fue solo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o alguna otra institución estatal, como sospechan los espiados–. Y solo ha apoyado abrir una investigación por un delito de revelación de secretos “con el fin de determinar su efectiva causación, la extensión y su autoría”, han indicado las mismas fuentes.

Competencia y alcance de las pesquisas

La prudencia de la Fiscalía es la misma que ya mostró el Ministerio Público en 2020, cuando apoyó investigar el 'hackeo' a los teléfonos de Torrent y Maragall, pero sin imputar al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, tal y como pidieron los republicanos, ni enfocar la causa hacia la inteligencia española. La causa ha terminado en un callejón sin salida por el silencio de Israel, país que alberga la sede de NSO Group y que ha dado la callada por respuesta al juez en sus preguntas para aclarar el espionaje, y la negativa de juez y fiscal de incluir al CNI en la investigación.

A la espera de lo que decidan los nuevos jueces que han asumido las causas, las defensas de las espiados han pedido de nuevo un aluvión de diligencias que afectan al CNI y a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los espiados quieren, entre otras cosas, que el CNI responda si ha comprado Pegasus y que la Intervención General del Estado y del Ministerio de Defensa aclaren si se ha abonado alguna cantidad a NSO. También piden al juez que pregunte a la Guardia Civil y a la Policía Nacional si les consta que alguna de sus unidades ha adquirido o utilizado directamente o a través de terceros Pegasus, así como los correos electrónicos que estos cuerpos policiales y el CNI hayan podido intercambiar con NSO.

Fuentes judiciales comparten el criterio de la Fiscalía ya que de lo contrario, argumentan, se llevarían a cabo investigaciones “prospectivas” prohibidas por la ley. En cambio desde la representación legal de los espiados se entiende que la posición del fiscal “debilita” la investigación al dividirla en varios juzgados.

En su recurso de este lunes contra la decisión del juez José Antonio Cruz de Pablo, el abogado de Torrent y Maragall, Andreu Van Den Eynde, reprocha al instructor que haya mantenido la investigación “materialmente paralizada” durante más de un año, sin decretar el sobreseimiento, sino acordando prórrogas de la instrucción. Para el letrado, es de “sentido común” que el sistema penal no puede mantener abiertas diferentes investigaciones por los mismos hechos y dirigidas contra los mismos organismos o personas.

Fuentes jurídicas apuntan a que si el disenso entre espiados y jueces y fiscales sigue, será la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de resolver los conflictos de competencia, la que determine si el caso Pegasus debe instruirse en un solo juzgado de la capital catalana o debe hacerse por separado.

Más causas y querellas

Al rompecabezas procesal formado en Barcelona para investigar el caso Pegasus, hay que sumar otros dos procedimientos abiertos que no afectan a dirigentes independentistas pero sí a espiados con el programa espía. Un juzgado de Madrid abrió diligencias por la denuncia del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y la Audiencia Nacional hizo lo propio por el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La principal diferencia –además de la mayor rapidez de la Audiencia Nacional en repartir a un juez la causa tras la denuncia de la Abogacía del Estado– entre la causa del tribunal especial y las de Barcelona es que en la primera el juez decretó desde el minuto cero el secreto de sumario, a petición de la Fiscalía. En cambio, el Ministerio Público no ha reclamado, a día de hoy, el secreto en las causas de la capital catalana.

Sin esperar al desenlace de las causas penales, independentistas como Quim Torra o Josep Costa han acudido a la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Supremo por la “vulneración” de derechos fundamentales del caso Pegasus. Además, otros espiados, como miembro del PDeCAT o Junts, todavía no han hecho público si han formalizado sus respectivas querellas. Tampoco lo ha hecho el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que debe decidir si confía en los servicios legales de la Generalitat o del partido para redactarla. Lleve la firma que lleve, todo indica que su –corto– recorrido no diferirá de las ya presentadas.

Era lo esperado y ya se ha formalizado. El juez de Barcelona que mantenía abierta una causa desde hace dos años (sin casi avances) por el espionaje con Pegasus al expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent, y al líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, ha archivado la investigación. Los dirigentes republicanos han recurrido la decisión del juez ante las “evidencias de espionaje político masivo” al independentismo.

Según han informado fuentes jurídicas, se trata de un sobreseimiento provisional de la causa, que solo se reabrirá si Israel contesta a la información requerida por el juez sobre el espionaje hace ya año y medio y que sigue sin respuesta. Las posibilidades de que finalmente se obtenga la contestación israelí son bajas.

Los dirigentes republicanos no han obtenido una respuesta judicial sobre el origen de su espionaje. Tampoco se han aclarado judicialmente sus sospechas sobre si fue el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) u otro organismo estatal quien compró el 'software' espía al grupo israelí NSO, pese a que el propio centro reconoció en el Congreso que Maragall fue uno de los espiados.

La defensa de los republicanos, que ejerce el penalista Andreu Van den Eynde, ya ha recurrido el archivo del caso. En un escrito, Van den Eynde advierte al instructor que su decisión puede suponer un “no retorno” en la causa y le insta a imprimir “agilidad” en la investigación.

Torrent y Maragall fueron los primeros en interponer querellas por el espionaje con Pegasus. Lo hicieron en verano de 2020, tras conocer la infección de sus terminales mediante el 'software' malicioso gracias a una investigación internacional. Ocurrió casi dos años después que el laboratorio canadiense Citizen Lab desvelara un espionaje a por lo menos 65 dirigentes independentistas, entre ellos el president, Pere Aragonès.

Ya a las primeras de cambio la Fiscalía y el juez instructor, José Antonio Cruz de Pablo, frenaron el intento de Torrent y Maragall de enfocar el caso hacia el CNI. El juez rechazó la imputación del exjefe de los servicios de espionaje, el general Félix Sanz Roldán, y acordó únicamente requerir auxilio judicial a Israel para solicitar información a NSO.

Pero la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado desde hace más de año y medio a la petición de auxilio del juez de Barcelona para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.

Además, el juez tardó año y medio en pedir los móviles de Torrent y Maragall. El pasado lunes 2 de mayo, el instructor acordó practicar la diligencia solicitada por la Fiscalía el 15 de octubre de 2020 y requirió a Torrent y Maragall que aportaran sus teléfonos móviles “para la práctica, en su caso, del informe pericial correspondiente”, una prueba que no llegó a completarse porque los terminales eran los corporativos del Parlament y Torrent y Maragall ya los habían devuelto.

Van den Eynde recuerda que el archivo de una causa se produce al finalizar una instrucción o cuando los autores se fugan, pero no en “situaciones de paralización” por falta de respuesta a requerimientos de auxilio judicial internacional, como lo ocurrido en el caso Pegasus de Torrent y Maragall. Más allá de que Israel no haya contestado, Van den Eynde expone que la existencia de “muchas más evidencias de espionaje político masivo” reveladas por Citizen Lab impiden cerrar el caso.

Recuerda además el abogado de los republicanos la “conexidad procesal” entre el espionaje a Torrent y Maragall y el resto de infecciones con el programa Pegasus que ya han llevado a los juzgados miembros de otros partidos y entidades independentistas. A juicio de Van den Eynde, todo se debería investigar en una misma causa. El juez opina lo contrario y ha decidido dar carpetazo al asunto.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado para el próximo 12 de julio el juicio contra el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y tres exmiembros de la Mesa por desobediencia al permitir la pasada legislatura la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar a la monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

El alto tribunal catalán acuerda el juicio contra Torrent, el exvicepresidente del Parlament Josep Costa (Junts) y de los exsecretarios Eusebi Campdepadrós (Junts) y Adriana Delgado (ERC). La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Torrent y sus dos compañeros independentistas en la Mesa y considera un delito de desobediencia la tramitación de dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.

A Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el Constitucional, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

El TSJC acuerda que los acusados sean citados personalmente en sus domicilios para que se presenten al juicio, aunque invoca los artículos 775.1 y 781.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen que la ausencia “injustificada” de un acusado debidamente citado no será causa para suspender el juicio cuando la pena solicitada no supere los dos años de cárcel o más de seis años en peticiones de otra naturaleza, como sería la de inhabilitación.

En el marco de esta causa, los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 27 de octubre a Costa para que compareciera ante la jueza Alegret –ante la que ese mismo día se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual quedó en libertad–, después de que el 15 de septiembre hubiera plantado a la magistrada, que le había citado para tomarle declaración en fase de instrucción

Los debates por los que Torrent y el resto de exmiembros soberanistas de la Mesa se sentarán en el banquillo se celebraron en el pleno de respuesta a la sentencia del procés de finales de octubre de 2019. El Tribunal Constitucional había advertido a la Mesa de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera reiterar las mociones en favor de la autodeterminación del 2015 y otra de 2018 de reprobación de la monarquía.

El Constitucional había anulado la moción crítica con la monarquía, de mero valor simbólico, al considerar que la inviolabilidad de la que goza el rey reconocida por la Constitución no solo implica que está exento de responsabilidad penal, sino que también veta cualquier crítica política que realice una institución. “Cualquier decisión de un órgano del Estado, en este caso del Parlamento de Cataluña, que pretenda emitir un juicio de reprobación hacia la persona del rey resultará contraria al estatus constitucional del monarca”, sentenció el tribunal de garantías.

Según el Ministerio Público, los acusados actuaron siendo “plenamente conocedores del contenido” de las providencias del Tribunal Constitucional, a pesar de la “oposición” del resto de miembros de la Mesa y de “los expresos apercibimientos realizados por el Secretario General del Parlament y el Letrado Mayor”.

El juez de Barcelona que investiga el espionaje mediante el programa Pegasus a móviles de dirigentes independentistas no parece tener prisa para esclarecer el caso. Así se desprende de su última decisión: el magistrado ha ordenado requerir los móviles de Roger Torrent y Ernest Maragall, los primeros espiados, para practicarles un análisis informático un año y medio después de que así lo pidiera la Fiscalía.

El conseller de Empresa y expresidente del Parlament Roger Torrent y el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, fueron los primeros independentistas conocedores de haber sido espiados por Pegasus. En julio de 2020 presentaron su querella en los juzgados barceloneses, que recayó en el titular del juzgado de instrucción 32, José Antonio Cruz de Pablo.

Fiscalía y juez rechazaron la propuesta de los republicanos para imputar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a su exdirector Félix Sanz Roldán. El caso se enfocó hacia la empresa israelí que vende el 'software' espía, NSO Group. Pero la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado desde hace más de año y medio a la petición de auxilio del juez de Barcelona para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.

En paralelo a la pista israelí, la Fiscalía pidió analizar el teléfono de los republicanos para hallar más información sobre el ataque. En una providencia de este pasado lunes 2 de mayo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez acuerda practicar la diligencia solicitada por la Fiscalía el 15 de octubre de 2020, esto es, hace casi un año y siete meses.

En concreto, el juez requiere a Torrent y Maragall que aporten sus teléfonos móviles “para la práctica, en su caso, del informe pericial correspondiente”, una prueba que tardará todavía varios meses en poderse completar. No precisa el instructor en su resolución a qué peritos se entregarán los móviles infectados para su análisis.

La providencia del juez del caso Pegasus coincide con la revelación de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados con el programa espía, así como con las primeras querellas de los independentistas que también fueron infectados con el 'software' malicioso según la investigación del laboratorio canadiense Citizen Lab.

Ante el mismo juzgado de Barcelona han interpuesto sus querellas los nuevos espiados soberanistas. Los primeros han sido distintos miembros de Òmnium Cultural y de la CUP, aunque en las próximas semanas se sumarán los de ERC, Junts y la ANC. El juez tendrá que decidir si asume todas las denuncias o las envía a reparto, lo que provocaría que se abriera otra investigación en un juzgado distinto de Barcelona. La investigación sobre el espionaje a Sánchez y Robles la ha asumido la Audiencia Nacional.

No es fácil saber quién te espía, pero el caso de ciberespionaje a dirigentes, asesores, abogados y familiares de independentistas catalanes y vascos es tan masivo que tiene que haber dejado algún rastro. Así lo creen las víctimas del 'hackeo' con el programa Pegasus, que confían en que las nuevas revelaciones permitan superar el callejón sin salida en el que parece haberse situado la investigación en España. El caso, que investiga un juzgado de Barcelona desde julio de 2020, se encuentra estancado debido al silencio de Irlanda e Israel, el país originario de la empresa comercializadora del programa malicioso.

La causa se abrió a partir de una querella de los dos primeros afectados por el espionaje de Pegasus, los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall. Ambos dirigentes independentistas pusieron en seguida el foco en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y su querella iba dirigida contra su exdirector, el general Félix Sanz Roldán. El juez y el fiscal, sin embargo, rechazaron emprender esta línea de investigación. En vez del presunto comprador del espionaje, se dirigieron hacia el vendedor y la brecha de seguridad por la que el 'software' entró en los móviles de Torrent y Maragall.

En octubre de 2020, a petición tanto del fiscal como de Torrent y Maragall, el juez acordó enviar comisiones rogatorias con peticiones de información a Irlanda –donde tiene su sede Whatsapp, aplicación por la que entró Pegasus en el móvil de los independentistas– e Israel –sede de NSO Group, empresa tecnológica, ahora quebrada, que comercializa y realiza el programa espionaje por encargo de gobiernos u organismos estatales–.

Habida cuenta de que fue Niamh Sweeney, directora de políticas públicas de Whatsapp para Europa, quien alertó a Maragall y Torrent de que sus teléfonos podían haber sido hackeados, el juez requirió a la aplicación de mensajería “los registros y logs” que acreditaran el ataque reportado entre abril y mayo de 2019. El magistrado también pidió a Irlanda “las comunicaciones salientes de ambos terminales, las características técnicas de la vulnerabilidad y la identidad de los técnicos y trabajadores que de cualquier manera hayan intervenido en la detección y análisis o gestionado las consecuencias del mismo”.

A Israel el instructor de Barcelona solicitó que exigiera a NSO Group si comercializaba el programa Pegasus y la “información, datos o registros” que conservaban respecto los móviles de Torrent y Maragall. Un año y medio después, siguen sin llegar las respuestas de las autoridades irlandesas e israelíes, informan fuentes jurídicas a elDiario.es.

El magistrado descartó plantear a Israel la pregunta más relevante solicitada por la defensa de los republicanos, que ejerce el letrado Andreu Van den Eynde. El abogado reclamó conocer si NSO Group vendió el programa Pegasus al Gobierno, con qué organismos del Ejecutivo y los responsables de los mismos que participaron en el encargo, contratación y solicitudes de apoyo técnico.

Van den Eynde, que también fue espiado por Pegasus, explica que su 'hackeo' se produjo en pleno confinamiento, en mayo de 2020, mientras preparaba los recursos de amparo contra la sentencia del procés del Tribunal Supremo. Cuando accede al teléfono, Pegasus puede activar de forma remota el micrófono, la cámara o el GPS y acceder a los mensajes, fotos o cualquier archivo almacenado en el dispositivo, por lo que Van den Eynde alerta de que se monitoreó no solo la actividad política de los independentistas, sino también su defensa técnica y jurídica.

“Tengo derecho a saber quién y por qué me han espiado”, recalca Van den Eynde. El letrado incide en que la situación “ha cambiado” respecto 2020, cuando presentó la querella en representación de Torrent y Maragall, ya que el informe del laboratorio forense canadiense Citizen Lab ha permitido constatar “patrones claros de espionaje a los políticos, abogados y entornos independentistas”. “¿El Gobierno se atreverá a no explicar lo que ha pasado?”, se pregunta Van den Eynde.

Se da la circunstancia, además, que al menos dos de los 65 independentistas afectados por el caso Pegasus ya tenían el teléfono intervenido por orden judicial –en el marco del caso Voloh– cuando sufrieron el ciberataque. Se trata del exconseller de ERC Xavier Vendrell. Del exdirigente de CDC David Madí, también investigado en Voloh y atacado por Pegasus, el informe de Citizen Lab no ha podido determinar el día concreto de la infección.

El rastro del dinero

Al margen de la causa de Barcelona, donde parte de los 65 afectados ampliarán la querella de Torrent y Maragall, las víctimas quieren llevar el caso Pegasus hasta cinco jurisdicciones distintas. Como las víctimas también fueron espiadas mientras estaban en Francia, Alemania, Bélgica, Suiza o Luxemburgo, el delito debe investigarse en el lugar donde se ha producido, por lo que serán las autoridades judiciales de esos países las encargadas de pilotar las causas.

El abogado Gonzalo Boye, víctima de hasta 18 ataques con Pegasus, explica que uno de los objetivos de la acción legal es seguir el rastro del dinero, ya que la empresa israelí solo comercializa el programa espía a Gobiernos o a cuerpos de seguridad estatales. “No solo hay que aclarar quién contrató el espionaje, sino también el dinero que costó”, expone Boye. El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, lo ha cifrado este martes en alrededor de los 20 millones de euros.

Boye avanza que los primeros querellados por su parte serán los responsables de NSO Group, y evita mostrarse rotundo sobre si fue el CNI u otro organismo estatal quien encargó el espionaje. “Eso lo tendrá que determinar la investigación”, recalca. Según lo revelado hasta ahora en otros países donde ha operado Pegasus, el organismo estatal que lo encarga paga una suerte de canon anual, a lo que hay que sumar otro pago por cada paquete de ataques.

En la misma línea que Boye se ha pronunciado este martes el investigador de Citizen Lab John-Scott Railton, que ha situado como responsable a España, pero sin precisar sobre el CNI o los cuerpos de seguridad. “Una infección de Pegasus es una señal de que un Estado está detrás de la operación. Hay numerosas pruebas circunstanciales que apuntan a una o más entidades dentro del Estado español o con nexos con el Estado español”, ha mantenido. 

En suma, las víctimas de Pegasus buscarán en los tribunales las respuestas concretas que a día de hoy sigue sin proporcionar el Gobierno. El Ejecutivo ha negado con contundencia que Policía o Guardia Civil estén detrás del espionaje, pero ha evitado dar explicaciones sobre el espionaje a los independentistas alegando razones de seguridad nacional. “No se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley”, ha alegado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Una respuesta que no ha tranquilizado a los espiados. Más bien todo lo contrario.

Un tema al día, el podcast de elDiario.es

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto juicio oral contra el consejero de Empresa y Trabajo y expresidente del Parlament, Roger Torrent, y tres exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana por permitir en otoño de 2019 un debate sobre la monarquía y la autodeterminación. De esta forma, la magistrada instructora, Maria Eugenia Alegret, envía a juicio a Torrent, Josep Costa, Eugeni Campdepadrós y Adriana Delgado. 

La fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para los tres primeros, y un año y cuatro meses y 24.000 euros de multa para Delgado, alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet (Bages), por desobediencia grave al Tribunal Constitucional.

El auto del TSJC recoge los indicios aportados por la fiscalía y Vox contra los cuatro encausados. En la primera resolución que se debatió en el Parlament, el 12 de noviembre, constaba un compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, mientras que la segunda era una propuesta de respuesta a la sentencia del Supremo por el 1- O y reiteraba la reprobación del Rey. En ese momento, Torrent era presidente del Parlamento, Costa era vicepresidente primero, Campdepadrós era secretario primero de la Mesa, y Delgado era la cuarta.

El ministerio público dice en su escrito de acusación que la sentencia del TC de 2 de diciembre de 2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de 9 de noviembre de 2015 sobre el inicio del proceso político en Catalunya como consecuencia de los resultados de las elecciones previas al Parlament. El TC acordó la suspensión de las resoluciones parlamentarias y recordó a la Mesa su deber de “impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada” y les advirtió de que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si lo incumplían. En su escrito, la fiscalía consideraba que los cuatro querellados incumplieron esta sentencia al permitir ambos debates.

En el caso del debate sobre la autodeterminación, el 28 de octubre de 2019, la CUP-CC registró una moción donde se expresaba la voluntad del Parlament “de ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”. El 29 de octubre Mesa la admitió a trámite, el 5 de noviembre se desestimaron las peticiones de reconsideración del PPC, PSC y Cs, y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno. La fiscalía recuerda que el mismo 12 de noviembre el TC había admitido a trámite un incidente de ejecución por el incumplimiento de las providencias y que se notificó a los afectados de su “deber” de impedir la iniciativa.

En el caso de la segunda resolución, sobre la reprobación del Rey, la fiscalía recuerda que el 22 de octubre JxCat, ERC y CUP-CC registraron la propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Supremo que incluía una declaración que afirmaba que “el Parlamento reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía”. La Mesa lo admitió a trámite, el 29 de octubre se desestimaron las peticiones de reconsideración y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno.

La fiscalía recordaba que en la sentencia de 17 de julio de 2019 el TC ya había declarado inconstitucionales y nulos unos apartados de una resolución del Parlament en la que ya se reprobaba la actuación del Rey en relación al procés. En una resolución posterior –25 de julio del 2019– se volvía a reiterar la reprobación al Rey, y el 18 de diciembre el TC declaró nulos de nuevo estos incisos.

De hecho, la resolución del Parlament de respuesta a la sentencia –la segunda que motivaba la querella– también incluía una defensa del derecho a la autodeterminación, con el compromiso de que “el Parlament reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados y las diputadas (...) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya”.

En el auto de fin de la instrucción, la magistrada Maria Eugenia Alegret asegura que el Parlament “no es un lugar inmune al cumplimiento de la legalidad y al principio de jerarquía normativa”. Así, admite que la Mesa no debe verificar la inconstitucionalidad de todas las iniciativas parlamentarias, pero sí puede hacerlo con aquellas que lo son claramente, y más aún si lo ordena el Tribunal Constitucional. Por eso, la magistrada considera que los cuatro exmiembros de la Mesa no pueden ampararse en su inviolabilidad parlamentaria, que liga más a la libertad de expresión que a la decisión de dejar tramitar dos iniciativas que están bajo advertencia del TC.

“¡Aceptar retirarle el acta al MHP [Molt Honorable President] Quim Torra es aceptar el golpe de Estado!”. Así se expresaba la actual presidenta del Parlament, Laurà Borràs, hace dos años, cuando su antecesor, el republicano Roger Torrent, evitó incurrir en desobediencia y acató la retirada del escaño de Torra sin sentencia firme.

Las críticas de Junts se han convertido en un bumerán para los posconvergentes después de que Borràs haya hecho suya la 'vía Torrent' en el caso de la retirada del escaño del cupaire Pau Juvillà, que ha tenido idéntico resultado al de Torra: la presidencia del Parlament ha acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para despojar a un electo de su escaño sin sentencia judicial firme.

El episodio de Torra generó un alud de críticas de Junts hacia Torrent y dejó heridas abiertas, hasta el punto que Torrent fue el único de sus antecesores que Borràs no nombró en su discurso de estreno en la presidencia del Parlament. Borràs se estrenó en el cargo prometiendo que impediría “injerencias” del Estado. Menos de un año después, ante la misma disyuntiva a la que se enfrentó Torrent –acatar o desobedecer a la JEC–, Borràs ha escogido la misma vía.

La dirigente de Junts no fue la única en cargar contra Torrent debido a la retirada del escaño de Torra. “Cuando las instituciones democráticas no defienden la voluntad democrática, se degradan”, afeó el entonces president a Torrent en el pleno que confirmó que ya no era diputado. En las redes sociales, dos de los diputados de Junts que han participado en las negociaciones entre independentistas en el caso Juvillà, Jaume Alonso-Cuevillas y Francesc de Dalmases, también lamentaron la actuación de los republicanos.

“Día absolutamente deprimente. Suerte que la mesa de diálogo ERC-PSOE nos llevará a la autodeterminación de forma inmediata”, expreso Jaume Alonso-Cuevillas el día que se consumó la retirada de escaño de Torra. “Triste e indignado”, expresó al compartir una noticia sobre la aceptación de ERC del cese de Torra como diputado.

Dos años después, Cuevillas, como asesor jurídico de Borràs, ha sido el encargado de proponer a la CUP que toda su lista por Lleida renunciara a entrar en el Parlament como garantía de que Juvillà no sería sustituido, pese a que la Junta Electoral ya había expedido la credencial a la candidata que seguía al diputado en la lista electoral de la CUP, Nogay Ndiaye.

“El pragmatismo, hoy, pasa por ser firmes en la defensa de los derechos de los votantes del Parlament”, valoró Francesc de Dalmases en el caso de Torra. En su intervención en el pleno de este jueves sobre Juvillà, De Dalmases rehuyó cualquier autocrítica y espetó: “Ninguna lección a Junts”.

Aunque empezaron y terminaron del mismo modo, las retiradas de escaño de Torra y Juvillà no han seguido exactamente el mismo camino. El punto de partido es común: una orden de la JEC, un órgano administrativo, para retirar su escaño sin esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de president y el diputado a las condenas de un año y medio y seis meses de inhabilitación respectivamente impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar lazos amarillos.

Torra y el Parlament respondieron a la orden de la JEC con un escrito de medidas cautelares urgentes al Supremo el 8 de enero de 2020. Dos días después el Alto Tribunal confirmó la decisión del ente electoral. Dos semanas después, al resolver las cautelares tras consultar a la Fiscalía, el Supremo, en contra del criterio del Ministerio Público, mantuvo la inhabilitación como diputado de Torra. Sin esperar a que el Supremo resolviera el fondo de la cuestión, el Parlament cesó a Torra de su escaño el 27 de enero.

En el caso de Juvillà en cambio, ni el diputado ni la Cámara pidieron al Supremo la celeridad máxima que permite la ley para solicitar dejar sin efecto la orden de la JEC. Lo reclamaron tan solo como medida cautelar (en la que el tribunal resuelve en unas dos semanas, tras consultar a la Fiscalía) y no como cautelarísima (que debe sustentarse en 48 horas). Esto ha provocado que el Supremo todavía no se haya pronunciado sobre el caso de Juvillà. De hecho la JEC afeó este jueves al Parlament no haber solicitado la máxima urgencia al Supremo para resolver las cautelares.

A diferencia de Torra, Juvillà buscó confrontar la orden de la JEC con un posicionamiento nítido del Parlament en favor de mantenerle en su escaño. Aunque no le ha servido para retener su puesto en la Cámara, el cupaire lo consiguió: la comisión del estatuto del diputado y el pleno, con los votos a favor de PSC, ERC, Junts, CUP y comuns', acordaron el 17 de diciembre mantener el escaño de Juvillà hasta que hubiera sentencia firme del Supremo.

Tras una nueva orden de la JEC en enero, el PSC pasó a pedir que se cumpliera ya la retirada del escaño de Juvillà y el soberanismo rebajó el listón del dictamen aprobado un mes antes. De la sentencia penal firme se pasó a la resolución de las cautelares como momento en el que el diputado debía dejar su acta. El pleno aprobó este jueves el dictamen sin que el propio Juvillà fuera convocado ya para votar.

En el caso de Torra, fue el secretario general del Parlament, Xavier Muro, como responsable de la administración parlamentaria, quien dio instrucciones al resto de funcionarios para ejecutar la retirada de escaño del president. Con Juvillà ha sido la sucesora de Muro, Esther Andreu, quien este jueves, tras el ultimátum de la JEC a Borràs, comunicó a la Mesa de que procedía a efectuar los trámites necesarios para retirar su escaño “para evitar que se impute a mi persona o a otros funcionarios”.

Ni Torrent ni Borràs asumieron las funciones de los funcionarios (como la presidenta del Parlament pidió al conseller de Educación en el caso de la escuela de Canet para evitar aplicar el 25% de castellano) para hacerse cargo de las consecuencias penales de mantener a los diputados inhabilitados en sus escaños. Que no ha habido desobediencia también lo muestra la reacción de la extrema derecha. Vox ha desistido de la querella anunciada contra Borràs. “Íbamos a presentar una querella por no acatar a la JEC, pero ya no hay querella posible”, ha dicho el diputado Joan Garriga.

ERC pide explicaciones a Borràs

Si con Torra fueron los diputados de Junts los que arremetieron contra Torrent, en el caso de Juvillà ha sido Borràs la que ha quedado bajos los focos. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido explicaciones públicas a la líder de la Cámara sobre si Juvillà ya no pudo votar este jueves “por conflicto de intereses [como alegó Borràs en el pleno] o porque ya no era diputado”, al tiempo que ha querido recordar la “injusticia” con la que, a su juicio, se actuó contra Torrent.

Al margen de la comisión del miércoles y el pleno del jueves, la única comparecencia pública de Borràs esta semana fue una declaración sin permitir preguntas de la prensa para comunicar la propuesta de suspensión de la actividad parlamentaria. Tras el aluvión de críticas de teóricos socios y la oposición, a lo largo del viernes desde la presidencia del Parlament se barajó una comparecencia de Borràs que finalmente no se celebró. La presidenta sí respondió a un tuitero que le pedía explicaciones. “No he dicho mi última palabra”, avisó.

Laura Borràs llegó al Parlament de Catalunya prometiendo que actuaría diferente a Roger Torrent pero, cuando ha llegado el momento de suspender a un diputado, la actual jefa de la Cámara ha procedido de forma prácticamente calcada a su antecesor. Este miércoles los grupos independentistas han pactado una resolución en la que reiteran que el representante de la CUP, Pau Juvillà, mantiene su escaño, pero en el que aseguran que “el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos”. Con esta frase dejan que sean los propios funcionarios los que ejecuten la suspensión.

El Parlament continúa sosteniendo que el diputado de la CUP Pau Juvillà, inhabilitado en sentencia no firme por desobediencia, mantiene su escaño en la Cámara contra el criterio de la Junta Electoral Central. Este miércoles la Comisión del Estatuto del Diputado se ha reunido para tratar su caso y ha aprobado un dictamen en el que considera que Juvillà dejará de ser diputado en el momento que haya una inhabilitación por sentencia firme, es decir, cuando el Supremo confirme la sentencia del Tribunal Superior catalán.

Sin embargo, la resolución aprobada por la comisión gira el discurso que la mayoría independentista había mantenido hasta el momento, que sostenía que Juvillà debía mantener su actividad hasta que la sentencia fuese firme. Ahora, la Comisión considera en cambio que el diputado puede perder su escaño aunque la sentencia no sea firme, siempre y cuando el Supremo haya desestimado las cautelares. Esta decisión puede tardar a producirse unas semanas, pero llegará antes que la sentencia final sobre la inhabilitación.

La JEC había dado a la presidenta Laura Borràs hasta este viernes para ejecutar la reiterada del escaño. El árbitro Electoral ya había considerado anteriormente que Pau Juvillà, que era diputado y secretario tercero de la Mesa del Parlament de Catalunya, había perdido el escaño con la sentencia de inhabilitación. La semana pasada fue un paso más allá y ordenó a la presidenta la cámara catalana que sustituyese ya al parlamentario condenado a seis meses de inhabilitación para cargo público por un delito de desobediencia por no quitar cuatro lazos amarillos.

La respuesta del Parlament se ha dado a través de la Comisión del Estatuto del Diputado, con un dictamen que deberá ser sometido después a un pleno. En la comisión, el representante del PSC ha defendido su voto negativo al texto al considerar que la Cámara se extralimita. “No es competencia de esta comisión pronunciarse sobre resoluciones de otros organismos. La resolución de la Junta Electoral es ejecutiva y por tanto el Parlament no puede hacer resoluciones en contra del cumplimiento”, ha asegurado David Pérez.

La situación es análoga a la que se vivió en enero del año 2020, cuando la Junta Electoral exigió la reiterada del escaño de Quim Torra, también condenado en primera instancia por desobediencia. En aquella ocasión el Parlament también declaró que Torra mantenía su cargo como diputado, pero finalmente el entonces presidente de la Cámara Roger Torrent dejó en manos de los funcionarios la ejecución. El día 27 de enero, Torra ya no pudo votar en el pleno, lo que provocó una sonada bronca política entre los socios. “Cuando las instituciones democráticas no defienden la voluntad democrática, se degradan”, afeó en aquella ocasión Torra a Torrent.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, dijo desde el primer día que ella no sería como su antecesor, el republicano Roger Torrent, a quien Junts nunca perdonó que no permitiese que se votase la investidura de Carles Puigdemont y que despojó de su escaño al president Quim Torra cuando la Junta Electoral Central se lo ordenó. En su primer discurso como segunda autoridad del país, Borràs ni siquiera citó a Torrent y en sus primeras entrevistas arremetió contra él por considerar que bajo su mandato “no se preservó la inviolabilidad del Parlament”. 

La presidenta del Parlament ha defendido hasta ahora que no se puede suspender a un diputado condenado hasta que exista una sentencia firme. El caso del cupaire Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por no haber retirado unos lazos amarillos del ayuntamiento de Lleida durante la campaña electoral de las generales de 2019, es el que pondrá a prueba la palabra de Borràs. El Parlament, con el voto favorable de los grupos independentistas, PSC y comuns, aprobó mantener el escaño de Juvillà hasta tener respuesta del Supremo pese a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC). El alto tribunal aún no se ha posicionado (aunque, tal y como pasó con Torra, la respuesta previsiblemente será la de apartar al diputado) pero, mientras, la JEC ha tirado millas y le ha dado cinco días a Borràs para que releve a Juvillà. Así que la presidenta tiene una semana para decidir si sigue adelante y se arriesga a ser inhabilitada también por desobediencia.

En el escrito de la JEC se incluye un párrafo en el que ya se avisa a la presidenta del Parlament de que no acatar la decisión puede tener consecuencias jurídicas: “Cabe recordar que las resoluciones de la Administración Electoral son ejecutivas desde que adquieren firmeza, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptar los órganos jurisdiccionales competentes en el ejercicio de sus potestades, y que el incumplimiento de esas resoluciones puede dar lugar a las consecuencias jurídicas previstas en la legislación vigente”.

Los grupos independentistas emitieron el jueves por la noche un escueto comunicado en el que se reafirmaban en la decisión de esperar a la sentencia firme del Supremo para acordar qué hacer con el escaño del parlamentario de la CUP. Tanto Borràs como la vicepresidenta Alba Vergès, de ERC, han consultado con los servicios jurídicos del Parlament cuáles pueden ser los próximos pasos de la JEC y de la Justicia. Los juristas son contundentes: en un plano teórico puede discutirse sobre si un órgano electoral tiene o no capacidad para dar órdenes a una Cámara, pero lo más probable es que si no se cumplen sus resoluciones los tribunales lo consideren una desobediencia. Y eso puede acabar en la inhabilitación.

Borràs ya está imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos por una presunta fragmentación y adjudicación a dedo de 18 contratos a un conocido suyo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La actual presidenta del Parlament fue imputada por el Supremo y ahora la causa está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Pese a esos malos augurios judiciales, el grupo de la presidenta ha intentado en todo momento evitar ponerla en riesgo. Fue sonado el enfado de Junts en octubre pasado, cuando la CUP presentó una resolución que volvía a reprobar al rey, algo expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. El partido de Borràs argumentaba que no había ninguna necesidad de comprometer a la Mesa tramitando esa resolución, algo que los anticapitalistas entendieron como una señal de que la presidenta no estaba pensando en inmolarse. 

Pero la causa de Juvillà, que llega desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, es más difícil de esquivar y coloca a Borràs ante una encrucijada decisiva. La cuenta atrás ha comenzado y el próximo jueves acaba la fecha límite. La tarea de actuar diferente a Torrent, que ella misma se ha impuesto, la obliga a mantener al diputado de la CUP en su escaño más allá del jueves que viene, y eso la coloca de lleno en el terreno de la desobediencia. A ella y a los miembros de la Mesa que la secunden. En el caso del president Torra, desde que se inició el proceso judicial por desobediencia hasta la retirada definitiva de su escaño pasó un año y medio.

“Optimismo moderado” ante unos datos “muy positivos”. Así ha valorado el Govern las cifras de la evolución interanual del paro conocidas este martes, a las que se ha agarrado para sacar pecho sobre su gestión de la pandemia, tanto en el ámbito puramente económico como en lo que respecta a las medidas sanitarias y restricciones. “La economía catalana se ha sobrepuesto a la pandemia”, ha asegurado el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, quien ha indicado que Catalunya ha mostrado “fortaleza ante las diversas oleadas de la COVID” por lo que ha pronosticado que 2022 será “un año esperanzador”.

El Govern, que ha decidido este martes prorrogar las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno y, también, el toque de queda, ha exhibido las cifras para defender que Catalunya no solo se recupera bien del bache pandémico sino que además lo hace mejor que el conjunto de España. Tal y como ha destacado Torrent, 2021 ha sido el año en el que se ha producido el mayor descenso de la historia entre el paro con el que comenzó el 1 de enero y el dato con el que acaba. “Hemos disminuido un 25,8% los parados con los que empezaron 2021. Este 25,8% es mejor que la media estatal, que se ha situado en el 20%”, ha destacado el titular de Empresa.

Según los datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Trabajo, Catalunya ha sido la tercera comunidad donde más se ha reducido el desempleo interanual, con una bajada del 25,81%, por detrás de Baleares, que ha registrado una caída del 33,6%, y prácticamente empatada con Aragón, donde ha caído un 25,86. En concreto, la comunidad catalana comenzó el año 2021 con 497.611 parados y lo acaba con 369.158, con una población activa de 3,5 millones de trabajadores activos.

Torrent ha asegurado que el Govern exhibe estas cifras “sin triunfalismos” pero que le permiten considerar que hay “una buena base para trabajar ahora contra problemas como el paro de larga duración”. Sobre esta cuestión el conseller ha anunciado que su departamento lanzará el próximo 10 de enero dos convocatorias para grupos específicos con problemas para encontrar trabajo: una de 62 millones de euros para promocionar la contratación de 2.600 personas de más de 52 años o más, otra de 39 millones destinada a 2.600 personas de más de 45 años, especialmente mujeres. Estas dos iniciativas se suman a los 125 millones destinados a empresas para contratar a empleados menores de 30 años y con contratos de un año.

El conseller de Empresa y Trabajo ha aprovechado su intervención en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu para valorar también el proyecto de reforma laboral cerrado por el Gobierno junto a diversos agentes, como los sindicatos CCOO y UGT o la patronal CEOE, y que ahora deberá pasar por el proceso de convalidación en el Congreso. Tal como ya se había posicionado su partido, Torrent ha rechazado el texto consensuado. “No es la ley que queremos, ni la que Catalunya y su economía necesitan”, ha asegurado el conseller.

El titular de Trabajo de la Generalitat ha destacado que en la nueva legislación echa de menos aspectos competenciales, como que la Generalitat recupere la competencia de autorización de los despidos colectivos, o también que los convenios autonómicos y provinciales no tengan prevalencia siempre respecto a los convenios estatales. En la misma línea, Torrent ha considerado que el texto debía recuperar las indemnizaciones por despido improcedente anteriores a la reforma laboral del PP, otra de las cuestiones que ERC defenderá en el Congreso, y también ha defendido que debe haber un mayor control de la subcontratación. “Valoramos que el texto sea fruto de la concertación y del acuerdo social, pero eso no quita que no sea la reforma que Catalunya necesita”, ha defendido.

El exsecretario general y el exletrado mayor del Parlament, Xavier Muro y Joan Ridao, han explicado este miércoles a la jueza que las mociones sobre la autodeterminación y la reprobación de la monarquía por las que está investigado el expresidente de la Cámara Roger Torrent eran meras “proclamas políticas” que, a su juicio, no contravenían de forma abierta los avisos del Tribunal Constitucional.

Muro y Ridao han comparecido este miércoles como testigos en la causa por desobediencia que sigue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra Torrent y otros cuatro exmiembros de la Mesa por haber permitido el debate y votación en 2019 de sendas mociones sobre la autodeterminación y para reprobar la monarquía.

A diferencia de causas anteriores relacionadas con el proceso soberanista, en que los letrados se convirtieron en testigo de cargo de la Fiscalía al reafirmarse en las advertencias que hicieron a la Mesa para no desarrollar iniciativas vetadas por el Constitucional, en esta ocasión su testimonio ha dado aire a las defensas.

Según fuentes jurídicas, la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, ha llevado el peso de los interrogatorios, que se han alargado casi cuatro horas, con preguntas muy minuciosas para conocer la cronología exacta de los hechos investigados: Torrent adelantó el horario del pleno para poder votar así la moción sobre la autodeterminación y evitar que llegara la notificación del Constitucional que lo impedía.

Muro y Ridao, según las mismas fuentes, han explicado al detalle los procedimientos parlamentarios y han remarcado que los textos bajo foco judicial eran “proclamas políticas” de contenido “vago”. Por ejemplo, la moción reprobaba a la monarquía de forma genérica cuando en anteriores plenos se había personalizado en Felipe VI. Los grupos independentistas buscaban así que los textos no fueran cuestionados por el Constitucional.

Ambos juristas –Muro sigue como letrado de la Cámara, y Ridao ahora da clases en la Universidad– han relatado que comunicaron a la Mesa que la tramitación de la resolución sobre la autodeterminación podía llegar a dar “problemas” con el Tribunal Constitucional, pero debido a su falta de concreción no advirtieron tajantemente de su ilegalidad, por lo que no se opusieron a que se continuara su tramitación.

Según la Fiscalía, Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Constitucional se lo había prohibido.

En sus declaraciones en cambio Muro y Ridao no han sido tan contundentes como mantiene el fiscal, y han manifestado que la situación en que se debatieron las mociones no guardaba relación alguna con los momentos de tensión en la Cámara vividos durante el procés. Eso sí, han dejado claro que una vez recibidas las notificaciones ninguna de las mociones llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Parlament.

De hecho en una de las mociones, han recordado, la resolución del Constitucional que prohibía el debate llegó después de su votación, por lo que no pudieron manifestar ninguna advertencia legal a la Mesa. Los letrados han corroborado que el correo electrónico del Constitucional tardó en llegar al buzón electrónico del Parlament porque la notificación era voluminosa al incluir abundante documentación escaneada.