El fiscal del caso Torrent avisa a PSOE y ERC de que no se archivarán las causas del procés: “Es un bulo”

El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha dejado atónito a todo el mundo este miércoles al introducir un inusual alegato político en el juicio contra el expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent. El fiscal ha mandado un aviso a Gobierno y Generalitat al advertir de que no se archivarán las distintas causas derivadas del procés que todavía colean en los juzgados catalanes: “Es un bulo”.

Sin que ninguna defensa lo hubiera mencionado, Pérez de Gregorio se ha referido a la mesa de diálogo en su respuesta a las cuestiones previas planteadas por los abogados de Torrent y el resto de acusados. Más en concreto, a la “desjudicalización” que pactaron Gobierno y Generalitat en su última reunión de julio y que, según ERC, debe implementarse antes de que termine el año.

“Circula por ahí un bulo que este juicio forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación en eso que se ha llamado desjudicialización de política catalana”, ha arrancado Pérez de Gregorio. A renglón seguido, el fiscal ha reiterado de que “pretender” el archivo de las causas derivadas del procés “es un bulo”, al tiempo que ha cargado contra los intentos -el último, de la propia Fiscalía- de que se suspendiera el juicio.

De las palabras de Pérez de Gregorio se desprende el malestar de la Fiscalía por la senda pactada por los dos Ejecutivos. Más aún de cara a los próximos meses, ya que antes de fin de año (cuando teóricamente debe concretarse la desjudicialización) la Fiscalía prevé presentar dos escritos de causas que ha impulsado desde 2017, la que afecta a los pesos pesados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y a decenas de altos cargos del Govern.

Cabe resaltar además que la propia Fiscalía había pedido la suspensión del juicio. El tribunal lo ha rechazado, lo que ha celebrado Pérez de Gregorio, que se ha mostrado convencido de que la Sala “no se encuentra afectada ni de refilón” por el “bulo” de la desjudicialización. ¿Mensaje a la propia Fiscalía, además de a Gobierno y Generalitat?

Antes del sorprendente alegato del fiscal, el tribunal ha rechazado la suspensión que había solicitado la Fiscalía y a la que se habían adherido tres de las cuatro defensas. Según ha argumentado la fiscal Assumpta Pujol, la vista todavía no podía celebrarse porque está pendiente de resolverse un recurso del Ministerio Público contra la recusación del magistrado Carlos Ramos. El juez fue apartado del tribunal que juzga a Torrent, aunque con discrepancias entre los togados que la decidieron.

“No se puede dilatar y dilatar, tenemos la obligación de celebrar el juicio”, ha argumentado Mir tras una deliberación de más de media hora del tribunal. El magistrado se ha mostrado comprensivo con los “problemas” que seguir adelante con la vista puede ocasionar a la estrategia de defensa de los acusados, pero ha alegado que “en la vida hay que ser valiente”. “Las defensas tienen derecho a saber lo antes posible si resultan condenadas o absueltas”, ha zanjado.

De haberse aceptado, hubiera sido la tercera suspensión del juicio. Antes la vista se había congelado por la recusación promovida por el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, que logró apartar del tribunal al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos por el plante que realizó a Torrent en un acto de la abogacía al denunciar el republicano la existencia de “presos políticos”.

Con la crisis entre Junts y ERC en el ambiente, en el banquillo del TSJC se han sentado este miércoles Torrent y Costa, que mantuvieron un enfrentamiento sin cuartel en su etapa parlamentaria; la republicana Adriana Delgado y el posconvergente Eusebi Campdepadrós, que podría afrontar sus últimas horas como secretario general de relaciones con la Administración de Justicia si Junts vota por salir del Govern.

La Fiscalía pide una multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación a Torrent por permitir la pasada legislatura la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar la monarquía, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. La condena supondría la salida de la política del actual conseller de Empresa y Empleo.

Las recusaciones y la falta de magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJC han provocado una composición inusual del tribunal, sin ningún juez de la Sala encargada de juzgar a los aforados. El TSJC ha tenido que tirar de un magistrado de la Sala de Apelaciones, Carlos Mir, presidente del tribunal y ponente de la futura sentencia, y de dos jueces de la lista de voluntarios: Marta Pesqueira, titular del juzgado de primera instancia 47 de Barcelona, y Francisco Segura, de la misma Sala que Mir.

La vista también ha empezado tras varias Costa su estrategia de defensa. Inicialmente el exvicepresidente abogó por el boicot a la causa: se negó a acudir a su citación como investigado, lo que provocó que la instructora ordenara su detención, a lo que el expolítico de Junts replicó con una querella por detención ilegal contra la magistrada Maria Eugènia Alegret. En cambio este miércoles se ha presentado al juicio para ejercer su propia defensa

Según el Ministerio Público, los acusados actuaron siendo “plenamente conocedores del contenido” de las providencias del Tribunal Constitucional, a pesar de la “oposición” del resto de miembros de la Mesa y de “los expresos apercibimientos realizados por el Secretario General del Parlament y el Letrado Mayor”.

La Fiscalía asegura que ambos juristas habían alertado previamente sobre la “contradicción” que podían suponer los puntos relativos a “la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político”, si bien tanto Xavier Muro como Joan Ridao, en su declaración como testigos, lo rebajaron a una mera “proclama política”.