El TSJ catalán condena a un año y ocho meses de inhabilitación a los exmiembros de la Mesa del Parlament por el 1-O

Los acusados, durante el juicio

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros a los exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al impulsar las leyes soberanistas del 1-O.

La sentencia acoge casi en su totalidad las tesis de la Fiscalía, que pedía 20 meses de inhabilitación a los exvicepresidentes y exsecretarios del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (PDECat), aunque absuelve a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, de quien considera que no fue advertida nominalmente ni ocupaba una posición compatible con el delito de desobediencia por el que se les condena a los miembros de la Mesa.

El fallo condenatorio se daba por descontado habida cuenta del contenido de la sentencia del procés en relación a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que fue condenada por los mismos hechos a los que se enfrentaban los acusados en el TSJC pero por sedición en vez de desobediencia. El Supremo concluyó que Forcadell y la Mesa facilitaron el debate y aprobación de las leyes del 1-O "en contumaz oposición a todos los requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional", que les advirtió de no desarrollarlas.

Descartan los togados la principal alegación de las defensas, esta era, que los miembros de la Mesa estaban protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, el derecho de los diputados a no ser procesados por sus actos como representantes de la ciudadanía.

A criterio del tribunal, los exdiputados sí están protegidos por la inviolabilidad en la emisión de opiniones y votaciones, pero no en la tramitación de iniciativas parlamentarias. Y en este punto es donde el TSJC aprecia la desobediencia de los acusados, por tramitar distintas resoluciones relacionadas con el proceso soberanista, incluidas las llamadas 'leyes de desconexión', pese a los avisos del Constitucional para no hacerlo.

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19 de octubre de 2020 - 13:13 h

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