La sentencia censura a Trapero como jefe de los Mossos el 1-O y anticipa la condena de altos cargos del Govern

Y ha sido sedición. La sentencia del Tribunal Supremo de este lunes es la primera de una larga lista de procedimientos judiciales que afectan al procés. El fallo del Supremo no tiene por qué tener una incidencia inmediata en las causas también derivadas del 1-O abiertas en otros juzgados, pero sí puede dar pistas sobre su resultado final.

El motivo es que el Alto Tribunal revisará en última instancia las sentencias que emitan la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y las Audiencias Provinciales catalanas sobre varios capítulos judiciales concretos –las cargas del 1-O, la logística de la votación, el papel de los Mossos– que el Supremo ha juzgado en su totalidad en la causa del procés. Respecto a algunos hechos que están pendientes de juicio en otras causas, el Supremo ha expuesto motivos que allanan la condena para los acusados. En el caso de Trapero, la negativa del Supremo a la rebelión es fundamental el futuro penal del major.

El juicio a Trapero

El primero de los juicios que le quedan al procés es el que afecta al major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. Empezará el próximo enero en la Audiencia Nacional y en él el major se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 11 años de cárcel por delito de rebelión. Además de Trapero, se sentarán en el banquillo los exjefes políticos de los Mossos Pere Soler y César Puig, que afrontan la misma petición de pena que el major, y la intendente Teresa Laplana, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por sedición.

El major acudió como testigo al juicio al procés. En su larga declaración como testigo, una de las más relevantes del juicio pero que apenas se recoge en la sentencia, Trapero expuso todas sus tesis para reclamar una absolución que está convencido de poder conseguir. La sentencia del Supremo supone para Trapero salvar el primer obstáculo. Y es que fuentes jurídicas recuerdan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera a Trapero un subordinado de los políticos enjuiciados en el Supremo, por lo que al no apreciar la rebelión para los exconsellers, argumentan, no se podría condenar por este delito al major.

Con todo, la negativa a la rebelión del Supremo no ha ido acompañada de un aval total a los alegatos de Trapero. Así, frente a la defensa del major de que los Mossos actuaron en todo momento para cumplir la orden del TSJC para incautarse de urnas y papeletas, el Supremo sentencia que en algunos colegios hubo “episodios de auténtica complicidad” y “casi connivencia” entre agentes de la policía catalana y los ciudadanos que estaban apostados ese día en los centros de votación.

Es más, la sentencia no esconde críticas veladas al major al destacar que el exconseller de Interior Joaquim Forn “aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos [Trapero] fijando como objetivo prioritario de la intervención policial preservar la convivencia [en referencia a la orden del TSJC a los cuerpos policiales para impedir el referéndum garantizando la normal convivencia ciudadana] sin dar cuenta, desde luego, del sentido interesadamente atribuido a tal expresión”.

La estrategia diseñada por Trapero y que Forn avaló, abunda el Supremo, se usó para “aparentar” que el “principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la fuerza para cumplir la decisión judicial”. Lo que sí resalta el tribunal es que el major advirtió al Govern del riesgo de disturbios el 1-O Trapero se ha salvado de la rebelión, pero no de la sedición.

Policías y mossos

Pese a que no se les enjuiciaba personalmente, tal y como recordó el juez Marchena en varias sesiones del juicio, el papel de los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra el 20-S y el 1-O estuvo muy presente en las preguntas de acusaciones y defensas. En los juzgados catalanes siguen abiertas decenas de causas contra más de 80 policías y guardias civiles y más de 20 mossos por su papel el 1-O. Las causas abiertas a los primeros se centran en lesiones a votantes, mientras que en el caso de los segundos se investiga su pasividad para impedir la votación.

Por esta pasividad y la supuesta desobediencia a la orden del TSJC para cerrar los colegios el 1-O permanece imputada toda la antigua cúpula de los Mossos en un juzgado de Cornellà, entre ellos los antiguos jefes de Información y Recursos Operativos así como la actual número dos del cuerpo, la comisaria Cristina Manresa, en un juzgado de Sabadell. Ambas causas todavía están en fase de instrucción.

En el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el Supremo concluye que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se vieron “obligados al uso de la fuerza legalmente prevista” el 1-O debido a la “oposición decidida” de los votantes a desalojar los centros. Distinto lo ven el juez de Barcelona que mantiene imputados a 50 agentes o la de Girona que investiga a más de 25 policías, que argumentaron que la actuación de los  policías investigados fue desproporcionada e incumplió la orden del TSJC de garantizar la convivencia ciudadana.

Fuentes jurídicas consultadas apuntan que este argumento del Supremo no debería influir en el procesamiento de los agentes, pero advierten de que el alegato de que actuaban para cumplir una orden judicial será uno de los argumentos de defensa que las Audiencias Provinciales tendrán que ponderar si los casos llegan a juicio.

30 altos cargos procesados en Barcelona

Esperando que la Audiencia de Barcelona confirme su procesamiento por los preparativos del 1-O se encuentran 30 altos cargos, funcionarios y empresarios. La nueva jueza del juzgado de instrucción 13 de Barcelona les procesó por varios delitos: desobediencia, prevaricación, malversación, revelación de secretos y falsedad documental. La Fiscalía además ha pedido a la Audiencia de Barcelona que se añada el delito de organización criminal, algo que descartó la jueza. Asimismo, los excolaboradores de Junqueras Josep Maria Jové y Lluís Salvadó permanecen imputados en el TSJC por ser diputados y aforados.

La clave tras la sentencia del Supremo es el delito de malversación, por el que están procesados 16 altos cargos, entre ellos la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; varios altos cargos de la conselleria de Presidència vinculados a JxCat como Antoni Molons, Joaquim Nin y Jaume Clotet; así como los altos cargos de Trabajo, Exteriores y Economía cercanos a ERC Josep Ginesta, Francesc Sutrias, Aleix Villatoro.

Fuentes jurídicas consultadas explican que la condena por malversación que ha dictado este lunes el Supremo supone una mala noticia para buena parte de los procesados por este mismo delito en Barcelona. En otras palabras, una antesala de una próxima condena por un delito que, a diferencia de la desobediencia y la prevaricación, sí puede conllevar penas de cárcel.

Otra cosa es, matizan las mismas fuentes, lo que ocurra en el plano de la responsabilidad civil: si los exconsellers condenados por el Supremo pagan el dinero malversado, la indemnización ya no tendría que recaer en los altos cargos y empresarios que juzgue la Audiencia Provincial. El motivo, indican las fuentes, es que no se puede devolver dos veces el dinero por un mismo gasto.

En este sentido, el Tribunal Supremo no ha cuantificado la malversación y ha notificado su sentencia al Tribunal de Cuentas para que sea este ente fiscalizador quien dirima y reclame la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido los exconsellers que han sido condenados por malversación de fondos públicos –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Y es que la sentencia del Supremo, aunque no precisa la cantidad malversada a la espera del Tribunal de Cuentas, indica que la malversación “supera ampliamente” los 250.000 euros, y apunta a las principales partidas por las que también están imputados los altos cargos y empresarios en Barcelona: el gasto postal para el 1-O a través de Unipost, los pagos a observadores internacionales del 1-O vehiculados a través de la conselleria de Exteriores y el Diplocat y el anuncio del 1-O que se emitió por TV3 y Catalunya Ràdio.

La antigua Mesa y la Sindicatura, pendientes de juicio

Las perspectivas penales para los cinco antiguos miembros soberanistas de la Mesa del Parlament y los exintegrantes de la Sindicatura Electoral del 1-O tampoco son halagüeñas tras la sentencia de este lunes. Los exvicepresidentes y exsecretarios de la Mesa Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la exdiputada de la CUP Mireia Boya, serán juzgados en el TSJC por desobediencia, delito que el tribunal ha considerado plenamente acreditado.

Así, el Supremo destaca que la Mesa del Parlament facilitó la aprobación de varias iniciativas soberanistas y de las leyes de desconexión “en contumaz oposición a todos los requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional”, que les advirtió de no desarrollarlas.