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Aragonès, entre los 65 independentistas espiados con un programa disponible solo para gobiernos

Pere Aragonès, en su despacho en el Palau de la Generalitat

Un escándalo de espionaje a través del teléfono móvil vuelve a tener como víctimas a independentistas catalanes. Por lo menos 65 terminales de dirigentes soberanistas, sus abogados o familiares fueron infectados entre 2018 y 2020 por el sistema israelí de ciberespionaje Pegasus, según ha desvelado Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto. Entre los espiados figuran el teléfono del president de la Generalitat, Pere Aragonès, y sus antecesores Quim Torra y Artur Mas así como estrechos colaboradores de Carles Puigdemont.

Pegasus es una potente herramienta de hackeo y espionaje que puede convertir el móvil de su objetivo en una grabadora de toda su actividad. Es capaz de activar de forma remota el micrófono, la cámara o el GPS a petición del atacante y hacerle llegar todo lo que registren, así como acceder a los mensajes, fotos o cualquier archivo almacenado en el dispositivo. Dirigentes independentistas como Roger Torrent o Ernest Maragall ya habían sido espiados a través de este sistema.

El análisis de los expertos canadienses da cuenta de la magnitud del espionaje: por lo menos 65 teléfonos de políticos, abogados y activistas catalanes y de su entorno fueron espiados o intentaron ser hackeados con Pegasus u otros programas espías. Los expertos canadienses hacen hincapié en que nunca hasta ahora se habían encontrado con tantas víctimas en un caso de espionaje. Los 65 objetivos de los programas espía entre los independentistas superan con mucho los anteriores informes sobre Al Jazeera (36 víctimas) y disidentes en El Salvador (35 víctimas).

Entre los espiados, figuran colaboradores del expresidente Carles Puigdemont, como su abogado Gonzalo Boye o Joan Matamala, así como uno de sus asistentes en el Europarlamento y su esposa, Marcela Topor. En el caso de Boye, su teléfono fue atacado hasta en 18 ocasiones entre marzo y octubre de 2020, y en una de ellas el intento logró acceder al terminal.

La empresa que creó Pegasus, NSO Group, declarada en quiebra, afirma que solo vende el programa Pegasus a gobiernos legítimos para que sea usado para combatir el crimen y el terrorismo. Sin embargo, su rastro se ha hallado en los teléfonos de activistas, políticos, opositores a regímenes autoritarios y periodistas de todo el mundo.

Citizen Lab no señala a ningún organismo en concreto como el responsables del espionaje, si bien destaca que su investigación sugiere “un nexo” con las autoridades españolas. Por su lado, el fundador de la aplicación valora que el uso de la tecnología por parte de España sería “legítimo”. Las miradas de las víctimas se dirigen al CNI, toda vez que el Ministerio del Interior ha sido tajante en desmentir que la Policía o la Guardia Civil hayan contratado el software malicioso.

El espionaje, de un nivel desconocido hasta ahora, ha logrado unir a un independentismo que anda perdido en batallas internas. Este lunes, a través de Twitter, Aragonès ha instado al Gobierno a dar explicaciones “inmediatamente” y a “llegar hasta el final” para que desvelen qué organismo gubernamental encargó el software espía. “Estamos ante un nuevo GAL, versión digital”, ha terciado Puigdemont en la misma red social.

El president Aragonès, junto con el vicepresidente Jordi Puigneró, acompañados por todo el Govern, comparecerán este martes a las 16.30 horas en el Palau de la Generalitat para valorar el espionaje masivo a líderes independentistas, por lo que no se celebrará la habitual rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.

Paralelamente, Puigdemont, Junqueras, el diputado de la CUP Carles Riera y los presidentes de la ANC, Elisenda Paluzie, y de Òmnium Cultural, Xavier Antich, así como el exrelator especial de la ONU sobre libertad de expresión David Kaye y el representante de Citizen Lab John-Scott Railton, ofrecerán este martes una rueda de prensa en el Parlamento Europeo para anunciar las medidas legales y políticas que adoptarán por este caso.

La lista de las 65 personas vinculadas al independentismo espiadas abarca tanto políticos de primera línea como ayudantes o personas cercanas. Hay políticos de todos los partidos (ERC, Junts, PDeCAT, CUP y PNC) así como dirigentes de Òmnium y la ANC. Entre ellos, destacan ocho ataques al teléfono de Joaquim Torra mientras ejercía la presidencia de la Generalitat entre 2018 y 2020, así como a Artur Mas una vez ya fuera de la Generalitat.

Además, figuran como hackeados, entre otros, los políticos de Junts Albert Batet, Antoni Comín, Elsa Artadi, Joan Ramon Casals, Joaquim Jubert, Jordi Sanchez, Josep Rius, Laura Borràs, Meritxell Budó, Miriam Nogueras; los de ERC Meritxell Serret, Marta Rovira y Josep Maria Jové; los de la CUP Albert Botras, David Fernàndez y Carles Riera; así como los miembros de Òmnium y la ANC Jordi Bosch y Elisenda Paliuze; la esposa de Jordi Cuixart, Txell Bonet; o los políticos de Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.

En el caso de los independentistas catalanes, los móviles de los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall; la cupaire Anna Gabriel y el activista de la ANC Jordi Domingo ya sufrieron ataques con el programa israelí en 2019. La investigación abierta en un juzgado de Barcelona no ha conseguido arrojar luz sobre quién encargó el hackeo de los teléfonos de Torrent y Maragall, quienes sospechan que detrás estaría el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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