Rapapolvo al pseudosindicato Manos Limpias. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València ha acordado el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución) de la denuncia contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel. La resolución reprocha a Manos Limpias, representado por el letrado castellonense Miguel Bernat Cortés, que denunciara un presunto delito de falsedad fechado por el pseudosindicato en 1983. “No se trata de un delito continuado, como de forma errónea se expresa en la denuncia formulada”, afirma el magistrado.

El pseudosindicato ultra denunció a José María Ángel por una presunta falsificación de un supuesto título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía. Sin embargo, el auto considera “indudable” que los supuestos hechos, en caso de ser ciertos, habrían prescrito desde hace, al menos, tres décadas. El juez ni siquiera entra a valorar el fondo del asunto.

La denuncia fallida del sindicato nace a raíz de la investigación 'exprés' de la Agencia Valenciana Antifraude, que incumplió su propia ley al denunciar al entonces comisionado de la dana sin haberle dado ni siquiera audiencia. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas unas diligencias a consecuencia del informe de Antifraude.

Sin embargo, Manos Limpias presentó por su cuenta y riesgo una denuncia que recayó, por reparto, en el Juzgado de Instrucción número 4 de València, cuyo titular es el magistrado Jorge Martínez Ribera. Se trata del marido de la jueza instructora de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, contra quien el pseudosindicato liderado por Miguel Bernad se ha querellado por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones, tras ser expulsado como acusación popular de la causa que se instruye en Catarroja por los 229 fallecimientos del pasado 29 de octubre.

Manos Limpias arremetió contra la jueza de la dana con meros recortes de prensa, alguno incluso desmentido por la Fiscalía, a pesar del aval unánime de la Audiencia Provincial de Valencia a las principales decisiones que ha acordado la magistrada. Bernad, secretario general del pseudosindicato, se permitió cuestionar la cifra de fallecidos en una esperpéntica comparecencia del pasado 24 de junio, con ocasión de la presentación pública de las acciones contra la jueza, en la que reconoció que se había inventado el infundio de que el Gobierno ocultaba muertos de la tragedia.

A pesar de la ofensiva liderada por Manos Limpias, el juez Jorge Martínez Ribera tumba la denuncia en términos estrictamente jurídicos, en un auto breve con numerosas referencias a la naturaleza del delito de falsedad.

Sin “efectos ulteriores” del título

La resolución, citando abundante jurisprudencia, argumenta que los supuestos hechos denunciados por Manos Limpias estarían, en todo caso, “notoriamente prescritos”.

El pseudosindicato sostenía que el título supuestamente falsificado en 1983 habría tenido una “serie de efectos ulteriores” vinculados a la trayectoria profesional de José María Ángel como funcionario de la Diputación de Valencia, una tesis que no modifica “el hecho de que se trata de un delito que se consuma de forma instantánea con efectos permanentes”.

“Los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años, por lo que ha de acordarse el sobreseimiento libre de las actuaciones por prescripción del delito”, afirma la resolución.

El auto no es firme. Sin embargo, para recurrirlo, Manos Limpias se tendría que personar en la causa como acusación popular, al ostentar únicamente la condición de denunciante. “La interposición de recurso de reforma por el denunciante exigirá en consecuencia el cumplimiento de los requisitos propios de la acción popular”, indica la resolución.

La “simple y llana formulación de denuncia”, recuerda el juez, “no supone que el denunciante se constituya como parte en el proceso”.

Miguel Bernad, secretario general de pseudosindicato ultra Manos Limpias, ha “adelantado” en El Toro TV que la semana que viene el Tribunal Supremo procesará y dejará al borde del banquillo al fiscal general del Estado por el caso del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El canal ultraconservador lo ha publicado en sus redes sociales promocionándolo como una “exclusiva”, pues así lo ha descrito el propio Bernad.

“Os puedo adelantar una noticia: seguramente si no es en esta semana, a más tardar la semana que viene, habrá un auto de procesamiento y de transformación a juicio oral del fiscal general del Estado. Esa es la noticia que os puedo adelantar”, dijo Bernad este martes ante las cámaras y micrófonos de El Toro TV, antiguamente Intereconomía.

La causa contra Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, está en la fase final de la instrucción. El magistrado solo tiene pendiente tomar declaración como testigo este viernes al propio González Amador, a quien la Abogacía del Estado quiere preguntar si él mismo difundió su confesión entre más gente de la que ha reconocido ante los tribunales. También tiene pendiente de respuesta una petición reciente del fiscal general para interrogar como testigos a varios periodistas y a uno de los abogados del empresario.

Manos Limpias presentó una de las primeras denuncias en el Supremo contra García Ortiz por este caso y ejerce la acusación popular, tanto en esta como en otras causas judiciales que afectan al Gobierno o a Pedro Sánchez: sus denuncias basadas en noticias de prensa sirvieron para abrir las diligencias contra Begoña Gómez y David Sánchez, entre otras.

En esta causa contra el fiscal general, en la que Bernad ha vaticinado que el auto de procesamiento llegará en unos pocos días, su abogado es Víctor Soriano i Piqueras, letrado que a su vez ejerce como asesor de la secretaria primera de la Mesa del Senado, Eva Ortiz (PP), desde hace más de un año, por tanto a sueldo del partido de Alberto Núñez Feijóo mientras impulsa la causa contra el fiscal general.

El pseudosindicato cuenta con la representación de Soriano en esta causa mientras su secretario general, el ultra Miguel Bernad, sigue presentando sus propias denuncias, sobre todo al Tribunal Supremo, que en los últimos meses han sido sistemáticamente rechazadas. La Sala de lo Penal ha llegado a reprochar a Manos Limpias que presente denuncias y querellas contra Sánchez, el Gobierno y su familia basándose en “recortes de prensa”.

El propio Manuel Marchena, magistrado de la Sala y expresidente de este departamento clave del Supremo, dedica varios pasajes de su libro a criticar la estrategia de Manos Limpias en los tribunales, aunque sin citar textualmente a la organización ultra. Recientemente la Sala ha llegado a rechazar una de sus denuncias evidenciando que, en su recurso, Manos Limpias llegaba a amenazar veladamente a los jueces con acusarles de prevaricación si no accedían a sus deseos y abrían una macrocausa contra Pedro Sánchez simultáneamente por todos los casos que afectan a su Gobierno y su entorno.

“Interesante, desde luego”, reaccionaban los periodistas presentes en la tertulia a la ‘revelación’ de Bernad sobre cómo el fiscal general quedará al borde del banquillo en tan solo unos días. Una decisión que el juez todavía no ha anunciado al quedar diligencias pendientes. Bernad no ha explicado de dónde ha sacado esa información.

En esa conversación televisiva, el líder de Manos Limpias venía de criticar lo que él considera un “ministerio fiscal corrompido de arriba abajo” después de que la Fiscalía pidiera hace unos días el archivo de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez porque solo hay “conjeturas” y no “auténticos indicios racionales de criminalidad” para el procesamiento de David Sánchez y otras diez personas en el caso, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

El Tribunal Supremo ha decidido absolver al líder de Ausbanc, Luis Pineda, y al de Manos Limpias, Miguel Bernad, de las condenas de hasta ocho años de cárcel impuestas por extorsionar a bancos y otras entidades para que firmaran acuerdos comerciales con ellos a cambio de retirar acciones judiciales. Los jueces reconocen que esos tratos se produjeron pero que no llegan a suponer los delitos de extorsión y estafa por los que fueron condenados en la Audiencia Nacional: “No es posible identificar en qué consistió el engaño”, dicen los jueces sobre este segundo delito. Pineda llegó a pasar tres años en prisión provisional por esta causa.

Luis Pineda dirigió durante años la asociación de consumidores Ausbanc, dedicada sobre todo a combatir los abusos de las entidades bancarias sobre sus clientes con asuntos como las cláusulas suelo o asuntos hipotecarios. Pero, según había determinado la Justicia hasta este viernes, además se había aliado con el autodenominado sindicato Manos Limpias para hacer algo más: extorsionar a los bancos a los que llevaba a los tribunales para que firmaran acuerdos económicos con él y sus revistas para, a cambio, retirar las acciones judiciales que había presentado contra ellos.

La primera sentencia del caso condenó a Pineda a ocho años de cárcel por extorsión y estafa, incluyendo cuatro años para Bernad por cooperador necesario, acusado de ser la punta de lanza judicial de la estrategia de Ausbanc a través de Manos Limpias. Una primera resolución de la Audiencia Nacional que ya fue un jarro de agua fría a las acusaciones de la Fiscalía, que pedía más de 100 años de cárcel para Pineda.

El Tribunal Supremo acaba de certificar el fracaso del Ministerio Público en un caso por el que Pineda llegó a pasar tres años en prisión preventiva. Los jueces entienden que es cierto que esos acuerdos entre Ausbanc y los bancos se produjeron, pero también entienden que la presión que Pineda pudiera ejercer no llega al mínimo que exige el Código Penal para hablar de un delito de extorsión. Tampoco identifican, aseguran en su sentencia, los elementos necesarios para hablar de estafa.

El Supremo mantiene que es cierto que Pineda, si los bancos firmaban esos acuerdos de colaboración, se comprometía a dejar en paz al banco e incluso a dar una “imagen amable” de la entidad en sus revistas y publicaciones. También que si no firmaban, las acciones civiles y penales contra ellos seguían adelante, junto con noticias y artículos con un “tratamiento desfavorable” hacia las entidades, perjudicando su imagen comercial.

Todo eso sucedió, pero según el Supremo no alcanzó los límites del delito. Sus negociaciones, aunque sean “censurables” desde “la valoración ética”, no fueron un delito de extorsión. “No se alcanzan para colmar el concepto de intimidación que, en paridad con el de violencia, constituye elemento típico del delito de extorsión”. Lo que hacía Pineda cuando los bancos no se plegaban a sus condiciones, añade el Supremo, “eran, en principio, conductas lícitas”. Algunas de esas entidades forman parte del Ibex-35, añade el Supremo, y eso les daba herramientas para enfrentarse a esta situación sin sufrir grandes daños.

Las condenas de Pineda

Con esta resolución, Luis Pineda queda exonerado de la acusación más grave que ha pesado sobre él. Un caso en el que la Fiscalía llegó a pedir 119 años de cárcel para él y otros 25 más para Miguel Bernad. Pero en el pasado otros tribunales han declarado firmes condenas por difamar a otras personas. Entre ellos a Rubén Sánchez y Facua además de a un community manager de la Policía Nacional.

En el caso de Sánchez y Facua, diversas sentencias reflejan cómo durante años el líder de Ausbanc se dedicó a publicar difamaciones que han desembocado en sentencias firmes, algunas pioneras en España a la hora de obligar a hacer público el fallo en redes sociales como Twitter. La última, tal y como reveló elDiario.es, llevó a Pineda a publicar el fallo de una de sus condenas en las marquesinas de autobús de las calles de Sevilla y Málaga.

En el caso del antiguo community manager de la Policía, el Supremo y su Sala de lo Civil certificaron en firme que Pineda usó las revistas y publicaciones de Ausbanc para referirse a Carlos Fernández, exresponsable de las redes sociales de la Policía, como “matones a secas”, relacionándole precisamente con Facua. “Red de matones 2.0” o “matones a secas” y comparaciones con las Wafen-SS de la Alemania nazi le costaron una de sus múltiples condenas firmes por lo civil.

Las sombras de connivencia entre el comisario jubilado José Villarejo y la unidad policial que investigó las presuntas extorsiones a bancos y empresas cometidas por Ausbanc son la baza a la que agarran las defensas de los implicados para pedir la nulidad de una causa en la que se enfrentan a decenas de años de cárcel. Los abogados de los dos principales investigados –Luis Pineda y Miguel Bernad– alegaron durante el trámite de cuestiones previas del juicio, que se inició este miércoles en la Audiencia Nacional, que todo el procedimiento está viciado porque la denuncia que dio origen al caso fue elaborada y entregada a la UDEF por el comisario, ahora encarcelado.

Pineda se sienta en el banquillo como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía, que pide para él 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros, considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles sin no accedían a sus peticiones económicas. Su principal colaborador era Miguel Bernad, secretario general del pseudosindicato Manos Limpias, quien promovía actuaciones en los tribunales para reforzar esas coacciones, según las tesis del Ministerio Público. Se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel.

Según el relato de Miguel Durán, abogado de Pineda, Villarejo habría actuado contra su cliente por encargo del BBVA, que quería “neutralizarlo” por su supuesta actividad contra las prácticas bancarias abusivas. A su juicio, todo el procedimiento deriva de un “montaje policial” para el que Villarejo se sirvió de sus contactos en el Cuerpo. “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”, señaló Durán.

Villarejo está en prisión provisional desde hace más de dos años. La Audiencia Nacional le acusa de liderar una organización criminal que obtenía millones de euros por vender a la élite del país unos informes que elaboraba con datos confidenciales a los que accedía gracias a su condición de funcionario. Una de las piezas por las que se le investiga tiene que ver con los encargos que recibió del BBVA y por los que cobró alrededor de 12 millones de euros. La entidad financiera acusó de extorsión a Pineda y Bernad hasta que se retiró por sorpresa de la causa al considerar su presencia una “distracción innecesaria”.

La defensa de Bernad, ejercida por el letrado José María Bueno Manzanares, también aludió durante su intervención a esas sombras de connivencia entre el comisario ahora encarcelado y la Policía. Reclamó que el tribunal pida un exhorto al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, para que diga si consta que la denuncia que dio origen a esta causa está en uno de los ordenadores personales incautados a Villarejo y si se hizo “por petición” del BBVA.

El “perfecto contacto” con la UDEF

Durante su intervención, la defensa de Pineda calificó de “determinante” el papel de Villarejo en la causa contra Ausbanc e insistió en la supuesta connivencia del comisario con sus “compañeros” de la UDEF, a los que conocía “sobradamente” y con los que tenía un “perfecto contacto”. Citó incluso una grabación aportada al procedimiento en la que el policía reconoce la “inestimable colaboración” del jefe de esa unidad anticorrupción, José Luis Olivera.

El Independiente publicó el pasado noviembre el contenido de un audio, de 2008, en el que el comisario describe la relación habitual que presuntamente mantenía con la UDEF. “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”, resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. En otro momento dice que es su socio Rafael Redondo el que “mantiene el contacto” con el 'número dos' de Olivera.

De esas palabras se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.

José Luis Olivera fue el primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que una conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a él como “un hombre nuestro” que había saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.

En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho “Juan”, en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la “camarilla policial” que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz.

Cuando cambió el Gobierno en 2011, Olivera no fue destituido por el PP como jefe de la UDEF hasta pasados siete meses. Y finalmente no fue desterrado. Se le encargó la dirección del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde fue cesado tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. Actualmente trabaja en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Dispuesto a dar toda clase de explicaciones”. Este fue uno de los últimos mensajes que Luis Pineda publicó en su cuenta de Twitter antes de ser detenido como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de la falsa asociación de consumidores Ausbanc. Lo escribió mientras viajaba en tren de Sevilla a Madrid consciente de que la Policía le esperaba a su llegada a la estación de Atocha con las esposas preparadas. Horas antes había sido detenido su colaborador Miguel Bernad, secretario general del pseudosindicato Manos Limpias. De ahí que supiera cuál iba a ser su destino más próximo. 

Pineda tendrá a partir de esta semana la posibilidad de ofrecer en público todas las explicaciones que prometió dar aquel 15 de abril de 2016. A partir del próximo miércoles se sentará en el banquillo ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar las supuestas tácticas de coacción de Ausbanc, la falsa asociación que quedó desmantelada hace cuatro años con la Operación Nelson. 

Con esa entidad Pineda amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que casi nadie leía, según la Fiscalía. La investigación policial cifró en 39 millones de euros los ingresos que logró Pineda a través del chantaje a los bancos que practicó durante diez años. También recibió 5,99 millones en subvenciones entre 2004 y 2014, mientras que la tercera fuente de ingresos eran las cuotas de sus usuarios. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama para Pineda 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros por los delitos de extorsión, estafa, blanqueo, organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público solicita, además, una pena de 25 años de cárcel para Bernad y de doce años para la abogada Virginia López Negrete por delitos de organización criminal y estafa. La letrada, que llevó la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos en nombre del pseudosindicato, tenía un puesto clave en la trama porque dirigía las actuaciones en los tribunales con las que Pineda y Bernad reforzaban sus coacciones. En el banquillo se sentarán además otros ocho altos cargos de Ausbanc.

Según la investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el dinero que recaudaba Ausbanc procedía en gran parte de los bancos con los que suscribía acuerdos económicos de millones de euros “enmascarados” como convenios publicitarios. La Fiscalía considera que Pineda planeó un “sistema” para “exigir” a estas entidades importantes cantidades de dinero a cambio de evitar la publicación en las revistas de Ausbanc de noticias “desfavorables, peyorativas o alarmistas” respecto a ellas. Estos abonos se camuflaban como inserciones publicitarias, estudios de mercado o patrocinios de jornadas y eventos.

Además, la investigación sacó a la luz que Ausbanc financiaba Manos Limpias para usarlo en beneficio propio como su tentáculo en los tribunales. El pseudosindicato era utilizado para “ejercer presión” personándose como acusación popular contra determinadas entidades o personas para lograr que estas se plegaran a sus peticiones. De hecho, como método de presión a bancos y grandes empresas, Pineda enviaba a sus directivos correos con los procedimientos que tenían abiertos en los tribunales a través de Manos Limpias. 

Pagos millonarios 

El escrito del Ministerio Público describe pagos millonarios a Ausbanc por parte de algunas de las principales entidades financieras como BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia o Barclays y de extintas cajas de ahorro como Caja España, Liberbank, Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Caja Vital Kutxa o Caja Rural del Sur. El BBVA, que denunció a Pineda por extorsión, decidió el pasado verano no seguir adelante con la acusación al considerar que puede ser una “distracción innecesaria que dificulte el proceso”, según El País. 

Con esta decisión, la entidad evita el impacto mediático en este juicio tras haber copado en los últimos meses muchos titulares como consecuencia de la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional por haber contratado los servicios del comisario encarcelado José Villarejo. De hecho, el banco recurrió al policía para acabar con el chantaje al que le sometía la entidad de Pineda, para lo que pagó a sus empresas más de cinco millones de euros entre enero de 2012 y abril de 2017. 

Entre las supuestas extorsiones sobre las que serán interrogados en la vista oral Pineda y Bernad está la “estrategia” que ambos pusieron en marcha para “intentar negociar la retirada de la acusación de la infanta” en el caso Nóos por parte de Manos Limpias. La Fiscalía detalla que la trama pidió hasta tres millones de euros a la Fundación La Caixa, donde la infanta era empleada, como condición para desimputarla en esa causa. Ese dinero nunca se aportó y la infanta fue finalmente absuelta por el delito fiscal por el que Manos Limpias pedía dos años de cárcel. 

Podemos, que ejerce la acusación popular en el juicio, denuncia que la causa ha estado orientada desde el principio a únicamente considerar a las entidades financieras como las grandes perjudicadas de la extorsión de Pineda. Los letrados de la formación de Pablo Iglesias admiten que algunos bancos fueron víctimas de las “estrategias mafiosas” de Pineda y Bernad, aunque subrayan que en la gran mayoría de los casos estas entidades fueron colaboradoras con Ausbanc en un “engaño” cuyas víctimas reales son tanto los socios de Ausbanc, como muchas personas, socias o no, que se adhirieron a las numerosas demandas interpuestas. Con el objetivo de defender a estos perjudicados, el partido lanzó a mediados de diciembre una campaña para localizar a los perjudicados y defenderlos en el proceso. 

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, al conocer que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le estaba investigando, dijo de él en una conversación telefónica que era “un mierda y un hijoputa”, “un amoral” y un “Garzón bis”.

Según consta en una conversación telefónica recogida en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía, Bernad habla el pasado 14 de abril con “una tal Mila” y le comenta que, como Pedraz le cite a declarar, le va a recusar porque “tiene varias denuncias contra él”.

Ante las informaciones sobre la investigación a Manos Limpias y Ausbanc, días antes de la operación Nelson, Bernad le indica a su interlocutora que todo “es un montaje de las cloacas del Estado” y le asegura que no “les va a salir bien porque no hay nada”, a menos que elaboren “pruebas falsas”.

Consciente de que su teléfono puede estar intervenido, lanza en un momento de la conversación: “Yo las noticias que tengo... Y esto si me lo escuchan estos que me están grabando también las conversaciones... Primero sin autorización, a lo mejor ahora con autorización”.

Además, culpa de su situación a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, de la que explica que “dio la orden de que había que cargarse al sindicato Manos Limpias”, porque “eso me lo dijeron los agentes del Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales)”.

En esa misma línea, continúa diciendo: “Que todos los servicios del Estado, la Fiscalía de Delitos Económicos, la Manuela Fernández esa y el Sepblac. Porque eso me los dijeron los del Sepblac en una reunión que tuve yo con ellos y con Daniel Portero. Que me dijo, 'Miguel, vente, que te van a dar una información'. Y estaban horrorizados”.

En otra conversación del 13 de abril con “un tal Manolo”, Bernad dice que no sabe si Ausbanc “extorsionará o no extorsionará” y que lo que están haciendo es investigarles “para decir que Manos Limpias está relacionado”. Además, añade que ha sido a él a quien han querido extorsionar y vuelve a apuntar a Sáenz de Santamaría.

En otra conversación con “un tal Sebas”, también el 14 de abril, Bernad explica que la presunta solicitud de un pago de tres millones de euros a cambio de retirar la acusación del sindicato contra la infanta Cristina en el caso Nóos “fue todo lo contrario” y que se estaba “manipulando”. Sostiene que fue una persona (cuyo nombre no revela) la que se puso en contacto con él a través de un conocido suyo para hacer esa propuesta al sindicato y le comenta que le “mandó a tomar por culo”.

En prisión por chantaje

Un día después de esta conversación, Bernad era detenido en la operación Nelson y el juez Pedraz le envió a prisión el 18 de abril junto al presidente de Ausbanc Luis Pineda por haber chantajeado a bancos a cambio de no hacer publicidad negativa y de retirar acusaciones, una de ellas la de la infanta Cristina en el caso Nóos.

El sumario recoge también otra conversación del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, para poner a disposición de Soraya Sáenz de Santamaría su “capacidad y conocimiento” sobre “el caso Noos en Palma de Mallorca y el tema de la infanta”.

En esa conversación, Pineda pide a su interlocutora que trasmita a la vicepresidenta el deseo de plantearle ese asunto y otro relacionado con el procedimiento en Luxemburgo sobre las cláusulas suelo.

De todos modos, en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se señala que la conversación se produce en una fecha en la que Pineda ya sabía que estaba siendo investigado, por lo que la llamada podría tratarse de “algún tipo de estrategia elaborada por Luis Pineda”.

Fue el 6 de abril pasado cuando su interlocutora devolvió una llamada a Pineda. El presidente de Ausbanc le reconoce que se le había ocurrido utilizarla, para que transmitiera a la vicepresidenta “dos temas”. “Uno -dice Pineda- relacionado con el caso Noos en Palma de Mallorca y el tema de la infanta. Y me gustaría hacerle unos comentarios. Y en segundo lugar, un procedimiento que se sigue en Luxemburgo el día 26 de abril, en el que se va a verificar o no la nulidad absoluta de las cláusulas suelo”.

El partido Podemos encabezará la acusación popular en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los responsables de Ausbanc y Manos Limpias. El juez Santiago Pedraz ha decidido aceptar su personación, así como la del abogado Emilio Rodríguez Menéndez, el Instituto Nóos, Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro. El abogado de Podemos dirigirá a todas ellas por representar a la parte que se personó en primer lugar. 

El magistrado ha dictado un auto en el que no impone fianza a las partes porque la Fiscalía no solicitó ninguna caución y aprecia “una convergencia de intereses” por la “absoluta” identidad entre los elementos objeto de la investigación que han destacado a partir de las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la 'operación Nelson', “nomenclatura totalmente ajena a la  denominación judicial”.

Pedraz, que rechaza que Torres se persone como perjudicado por los “desmanes” de Manos Limpias puesto que el sindicato no se encuentra acusado como persona jurídica, indica que todas las acusaciones tienen un “denominador común” y su interés es que “se haga o imparta justicia”.

Santiago Pedraz investiga a Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.

El juez sospecha que Pineda aprovechó la “cobertura” de la defensa de los consumidores para “coaccionar” a entidades bancarias, alcanzar “acuerdos económicos enmascarados” en contratos publicitarios y conseguir un beneficio “personal” utilizando en su provecho a Manos Limpias.

El dinero recaudado por Ausbanc procedía de “convenios publicitarios” así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señalaba el magistrado en el auto, en el que detallaba que la red contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. Los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.

El exabogado de Manos Limpias en el 'caso ERE', José María Gómez de León, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, le dijo que las instrucciones del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, tenían el mismo valor que las de él, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Gómez de León ha afirmado que él se limitó a ejercer su labor profesional y a seguir las instrucciones de su cliente, al tiempo que ha dicho desconocer cualquier intento de chantaje en la causa y ha añadido que Bernad le manifestó que Pineda era “como él”, en el sentido de que sus decisiones tenían el mismo valor.

El juez Santiago Pedraz investiga si el responsable de Ausbanc, Luis Pineda, pactó con Unicaja la declaración judicial que debía prestar el presidente de la entidad, Braulio Medel, en el caso ERE.

La intención era dar credibilidad a la retirada de la acusación en esta causa por la que la asociación quería recibir un pago de un millón de euros, según detalló en el auto por el que envió a prisión al presidente de la asociación.

El delegado de Ausbanc en Sevilla José Marín Rodríguez; y Ramón Perfecto Rodríguez, investigado por ser administrador de varias empresas de Pineda, han asegurado que tampoco conocen las extorsiones a personas o entidades bancarias que se están investigando en el marco del 'caso Nelson'.

El fiscal Daniel Campos ha solicitado comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte para Gómez de León y Marín, mientras que no ha pedido ninguna medida cautelar para Perfecto Rodríguez.

Operación Nelson

Pedraz investiga al presidente de Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Bernad, quien también se encuentra en prisión desde el pasado 18 de abril por la operación 'Nelson'.

El juez sospecha que Pineda aprovechó la “cobertura” de la defensa de los consumidores para “coaccionar” a entidades bancarias, alcanzar “acuerdos económicos enmascarados” en contratos publicitarios y conseguir un beneficio “personal” utilizando en su provecho a Manos Limpias.

El juez dejó en libertad la pasada semana al responsable de comunicación de Manos Limpias Javier Castro Villacañas Pérez, el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay y el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé, a quienes impuso comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

El dinero recaudado por Ausbanc procedía de “convenios publicitarios” así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señalaba el magistrado en el auto, en el que detallaba que la red contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. Los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.

Luis Pineda y Miguel Bernad son desde este miércoles reclusos del Módulo 1 de la cárcel de Soto del Real (Madrid), centro en el que cumplen prisión preventiva otros internos de renombre por su pasado en la política o los negocios. Pero el presidente de Ausbanc y el secretario general de Manos Limpias no se cruzarán con ellos. El Ministerio del Interior ha decidido que ocupen un módulo diferente para evitar que convivan con otros internos que fueron objeto de su maquinaria de querellas, como Mario Conde o Gerardo Díaz Ferrán, informaron a eldiario.es fuentes penitenciarias.

El Módulo 1 de Pineda y Bernad acoge alrededor de 120 internos de los denominados “primarios”, esto es, que pasan la primera temporada de su vida en la cárcel, al menos en una española –los hay que han sido extraditados para que terminen de cumplir una condena impuesta en el extranjero-, pero que en cualquier caso no son conflictivos. Aunque hay otros módulos de similares características, el 1 de Soto del Real se identifica porque los presos son de mayor edad, detallaron las mismas fuentes.

En ese Módulo 1 pasó la primera parte de su estancia en prisión el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que hace tiempo es interno del Módulo 10, que también ocupa Mario Conde desde su reciente vuelta a la cárcel. Ambos tienen en común haber sido blanco de iniciativas judiciales de Manos Limpias o Ausbanc.

La asociación de Pineda dio un salto cualitativo en cuanto a ingresos e influencia gracias al caso Banesto, que llevó a Conde a prisión en dos temporadas distintas, y donde Ausbanc ejerció con contundencia la acción popular. Antes, Pineda había presentado una acción social de responsabilidad civil contra el banquero en el transcurso de una junta de accionistas extraordinaria, celebrada el 26 de marzo de 1994.

El pasado martes, tres días antes de que Pineda fuera detenido, la revista Mercado Financiero, una de sus sociedades investigadas, recordaba la actuación del presidente de Ausbanc en el caso Banesto y sus primeras advertencias sobre la gestión del banco que desarrollaba Mario Conde, allá por 1991, calificándola de “suicida”.

Pineda no ha estrenado NIS (Número de Identificación Sistemática) sino que se le ha adjudicado el que estrenó en 1982, en su primer paso por la cárcel. Luis Pineda fue condenado por el asalto y robo a la marquesa de San Eduardo en marzo de 1980 y, posteriormente, por lanzar cócteles molotov en el primer aniversario del fallido golpe de Estado de Tejero. Como Bernad, Pineda militó durante años en la extrema derecha.

Caso Blesa

Gerardo Díaz Ferrán estuvo imputado por un crédito de 26,6 millones que Caja Madrid, presidida en 2008 por Miguel Blesa, concedió a su grupo cuando éste ya no tenía ninguna capacidad para devolverlo. Detrás de esa causa estaba una querella de Manos Limpias, que permitió al juez Elpidio Silva abrir el caso. Sin embargo, las irregularidades cometidas en la instrucción por el magistrado provocaron que la Audiencia de Madrid anulara toda la causa. Silva acabó siendo condenado por aquellos hechos y otros vinculados a Blesa a 17 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo.

Díaz Ferrán acumula hoy condenas que suman casi diez años de cárcel, pero en aquel momento Manos Limpias acusaba a Blesa y al expresidente de la CEOE de delitos societarios, falsedad documental y estafa. Cuando fueron a declarar ante Silva, pidió prisión provisional para ambos eludible con una fianza de 2,6 millones de euros.

El abogado en representación de Manos Limpias era el propio Pineda, que al término de la declaración de los imputados, el 5 de diciembre de 2012, declaró a los medios presentes: “No se trata de encarcelar a alguien por el gusto de hacerlo sino que tenemos que mandar la señal al mundo de que éste sigue siendo un Estado de Derecho y de que trabajando honestamente se puede llegar alto y lejos”.

Otra de las causas que impulsó Manos Limpias contra Blesa fue la que investigó la compra del City National Bank de Miami, archivada en primera instancia y pendiente de un recurso del pseudosindicato ante la Audiencia de Madrid. El abogado de la acusación popular es Luis Pineda, asistido por una letrada que trabaja para Ausbanc que ya ha trasladado a su entorno su intención de renunciar.

El descabezamiento de Manos Limpias, con la detención de su secretario general, Miguel Bernad, ha dejado a la organización en una situación de precariedad que pone en peligro su papel de acusación popular en numerosos casos. A la renuncia de abogados que colaboran con el pseudosindicato se une el desestimiento presentado por la procuradora que prestaba sus servicios a Manos Limpias, por graves desavenencias con la dirección, antes de que estallara la operación Nelson.

Esta situación ya se deja sentir en el día a día de Manos Limpias. La organización lleva una semana sin pasar a recoger el mandamiento de pago en concepto de la devolución de fianza prestada para personarse contra el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero. En total, 4.000 euros procedentes de las arcas del pseudosindicato, según la providencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 45 el pasado 11 de abril. Sin procuradora y con Miguel Bernad en la cárcel, Manos Limpias tiene tres meses para solventar la situación.

Esos 4.000 euros prestados por Manos Limpias salieron de una caja que ahora está bajo el foco de la UDEF, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez Santiago Pedraz. Los investigadores creen que la organización de Bernad era el brazo judicial de un negocio de extorsión liderado por Luis Pineda. Este, al frente de Ausbanc, amenazaba con presentar querellas contra aquellos bancos y otras empresas y personas que no pagasen una mordida, directamente, o a través de contratación de publicidad en su revista.

Además de en la Audiencia Nacional, la financiación de Manos Limpias es objeto de seguimiento por el Juzgado número 18 de Madrid. Ante la Fiscalía de Madrid ya han declarado varios excolaboradores del sindicato, que han descrito encuentros periódicos en los que distintos donantes hacían aportaciones en metálico al sindicato, presuntamente sin declarar, informaron fuentes próximas al caso.

El pasado julio, la jueza Raquel Fernando Nosti rechazó las dos querellas presentadas contra Juan Carlos Monedero en relación con la tributación de 425.000 euros que el fundador de Podemos facturó a cuatro gobiernos de países latinoamericanos por trabajos de asesoría tres años antes. La magistrada concluyó que, de acuerdo al Código Penal, no cabía abrir una causa penal contra Monedero porque el profesor regularizó su situación con el fisco antes de que le fuera notificado por Hacienda el expediente abierto contra él.

Contra Monedero habían presentado sendas querellas Manos Limpias y la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, del abogado Emilio Rodríguez Menéndez. En las mismas se apuntaba un posible delito societario, de falsedad documental, fiscal y de pertenencia a una organización criminal. En el auto de inadmisión, fechado el 23 de julio, la jueza Raquel Fernandino consideraba que no había lugar a admitir a trámite las querellas.

El abogado y el procurador que representan al sindicato Manos Limpias en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares renunciaron a seguir ejerciendo la representación por motivos personales el pasado miércoles, el mismo día que aparecieron las primeras informaciones sobre la investigación de la Audiencia Nacional a Manos Limpias y Ausbanc.

Los próximos casos en los que Manos Limpias se quedará sin representación letrada serán los de las retribuciones de los directivos de Caja Madrid y la adquisición del City National Bank por parte de la entidad cuando Miguel Blesa era su presidente, según fuentes próximas a esos casos. En ambos está personado Luis Pineda como abogado, junto a una letrada que tiene previsto renunciar. Las retribuciones de los directivos de Caja Madrid está en fase de instrucción, mientras que la causa del City National Bank está pendiente de resolverse el recurso presentado por Manos Limpias contra el archivo dictado por el instructor.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado prisión incondicional para los responsables de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente. Pedraz atiende así el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado al instructor la medida cautelar más severa que se puede adoptar.

Los delitos contra Bernad son extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, mientras que a Pineda el juez le atribuhye estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude de las subvenciones y pertenencia a organización criminal.

Para el tesorero de Ausbanc empresas, Alfonso Sole Gil, el juez acuerda libertad con comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país. La misma situación de libertad con estas medidas ha sido acordada para Ángel Garay Echeverría, adjunto a la presidencia de Ausbank, y para Javier Castro Villacañas, director de la revista El Club de la Vida Buena.

En su auto, Pedraz detalla el modus operandi de la organización criminal liderada por Pineda. El grupo se centraba en torno a Ausbank, una supuesta asociación sin ánimo de lucro cuya última finalidad era la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros. Utilizaban para ello la cobertura de una “defensa de la consumidores” para presionar a entidades contra las cuales, por la naturaleza de la asociación, debería luchar para proteger de forma efectiva a los consumidores.

El juez relata tácticas de coacción a entidades para llevar a cabo acuerdos económicos enmascarados en contratos publicitarios y utilizando a su vez al sindicato Manos limpias para reforzar las coacciones. El dinero recaudado por Ausbank procedía de esos “convenios publicitarios” suscritos por las entidades así como de subvenciones por su condición de asociación sin ánimo de lucro.

El juez detalla el papel que desempeñaban los detenidos en esta organización, que contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. El auto describe las conductas de desvío de fondos, las presuntas estafas a los asociados y las negociaciones por las que conseguían contratos publicitarios. También incluye las negociaciones llevadas a cabo entre Ausbank y las entidades, en perjuicio de sus adheridos. También detalla las negociaciones con presión, a través de Manos limpias, donde pretendían llegar a acuerdos. En el breve periodo de tiempo desde noviembre la investigación ha podido detectar cuatro casos: Palma, Sabadell, Unicaja y Facua.

La ultima vía de financiación sería la de los llamados “Itcra”, informes trimestrales de consultas y reclamaciones que vendían a entidades bancarias.

El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos ha solicitado este lunes el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por la presunta comisión de delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, fraude en las subvenciones, estafa y administración desleal.

El juez encargado de la instrucción Santiago Pedraz y la Fiscalía interrogan a otros tres arrestados en la operación 'Nelson': el responsable de comunicación Javier Castro Villacañas Pérez, el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé y el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay. En el caso de éste último, el Ministerio Público ha solicitado que se le deje libre con retirada de su pasaporte.

El fiscal tiene indicios de que conformaron desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales. La operación bautizada como 'Nelson' es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas.

Extorsión. Es la sospecha que tienen en la UDEF y la Audiencia Nacional sobre el modus operandi de Manos Limpias, el pseudosindicato que en los últimos años se ha granjeado un espacio en los medios de comunicaciones por sus actuaciones judiciales. La detención del secretario general, Miguel Bernad, ha pillado a la responsable jurídica de la organización ultra, Virgina López, en el juicio del caso Nóos, una de las instrucciones en las que Manos Limpias ha tenido un papel protagonista: logró sentar a la infanta Cristina en el banquillo. Pero ese 'éxito' judicial está precisamente cuestionado desde que el abogado de la hermana del rey haya asegurado que la organización le pidió dinero a cambio de apartarse del proceso. El pseudosindicato acumula, además, rechazos judiciales por decenas y condenas por sus actuaciones contra distintos objetivos entre los que destaca, en esta última temporada, Podemos. 

Bernad, que fue número dos del Frente Nacional de Blas Piñar, fundó Manos Limpias en 1995, como un supuesto sindicato de funcionarios, aunque no tiene actividad sindical para la defensa de los trabajadores sino que se dedica a presentar denuncias y querellas fundamentadas en los cinco “pilares” en los que se fundamenta: la “defensa del orden constitucional”, “del Estado de derecho”, de “los intereses de los funcionarios”, la “denuncia de la corrupción económica y política” o “causas de interés público o general”.

Con ese amplio margen, Manos Limpias ha interpuesto quejas ante organismos públicos, como el Defensor del Pueblo, o denuncias y querellas ante los organismos judiciales en muchos casos con un sesgo reaccionario y conservador. El pseudosindicato presentó una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra el programa de dibujos Los Lunnis porque consideraba que suponía un “deterioro moral” por mostrar una boda homosexual. También elevó ante el Defensor del Pueblo la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. El aborto también estuvo entre sus objetivos, pero sin el éxito que persiguieron más allá del de ganarse un titular. 

Sus quejas han acumulado los rechazos y archivos por decenas. Manos Limpias denunció a la Junta de Extremadura por una campaña de concienciación afectivo-sexual que llevaba por lema El placer está en tus manos que, a juicio de la organización ultra, incitaba a la masturbación. Fue archivada. Tampoco consiguieron nada al denunciar el rojo de la bandera de la Comunidad de Madrid.

Pero buena parte de su ofensiva judicial ha ido en contra de políticos y magistrados. Uno de sus principales objetivos a batir fue el juez Baltasar Garzón, contra quien presentaron cerca de una veintena de denuncias que no prosperaron. Bernad, que fue discípulo de Blas Piñar y a quien premió la Fundación Francisco Franco, logró sentar al magistrado en el banquillo por su investigación de los crímenes franquistas, aunque fue absuelto por el Tribunal Supremo. Manos Limpias consiguió acabar con la carrera de Garzón al denunciarle por las escuchas de la trama Gürtel. 

También se sumó a la 'teoría de la conspiración' por el 11M y presentó una querella contra el instructor y la fiscala del caso. Les acusó de haber destruido pruebas en base a informaciones sacadas de una web en la que se aseguraba que los vagones de los trenes masacrados habían sido destruidos y algunos cuerpos inhumados sin esperar a la autopsia. El Supremo no admitió la querella y, por primera vez, ordenó proceder por la vía penal contra Manos Limpias y su secretario general por los delitos de acusación y denuncia falsa. El proceso quedó archivado. 

Una de las condenas a las que ha tenido que hacer frente la organización ultra fue por abuso de derecho y mala fe procesal al presentar una querella contra dos magistrados de la Audiencia Nacional después de que la Sala de lo Penal absolviera a los implicados en el 'asedio al Parlament'. La sentencia fue modificada por el Supremo, pero ese mismo tribunal le aplicó un correctivo por ir contra los magistrados al considerar que llevó una “ostensible trivialización de la capacidad de ejercer acciones legales”. La pena fue una multa de 1.500 euros. 

Su primera victoria fue la inhabilitación del político vasco Juan María Atutxa tras un proceso absolutorio por no cumplir la orden del Supremo de disolver el grupo parlamentario formado por Batasuna cuando era presidente del Parlamento Vasco. El pseudosindicato recurrió ante el alto tribunal y ganó. 

Desde entonces políticos de todos signos se han encontrado ante los jueces en buena parte por la acusación ejercida por el pseudosindicato. Miguel Blesa se vio en prisión en el marco de la investigación de la compra por parte de Caja Madrid del City Bank of Florida, una de las patas del conocido como 'caso Blesa', en el que Manos Limpias ejercía la acusación popular. 

A por Podemos

También está personado en otros casos de corrupción, como el de los ERE fraudulentos de Andalucía o Gürtel. La financiación de Manos Limpias procede, según su versión, de las suscripciones que pagan sus afiliados –que son una incógnita–. Además, organiza campañas de captación de fondos, como la que lanzó para conseguir los 8.000 euros de fianza que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) exigía para admitir su personación como acusación popular en la causa contra Oriol Pujol Ferrusola, el hijo del expresidente catalán, por presunto tráfico de influencia en la concesión de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos) de Cataluña.

Ese mismo mes denunciaron a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los movimientos de izquierdas han estado bajo su amenaza también: denunció a los representantes del 15M a quien consideró una organización “criminal”. El pseudosindicato también ha intentado ir a por Podemos desde su nacimiento. 

Así, ha presentado varias denuncias contra los de Pablo Iglesias que han sido archivadas. La última vez que el Supremo tumbó uno de los intentos de Bernad de acusar a Podemos de financiación ilegal se produjo apenas un día antes de su detención. Manos Limpias se basó en el informe de “inteligencia” policial de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), pero los magistrados del Supremo concluyeron que no hay delito en algunos de los hechos descritos y que “carecen de elementos acreditativos iniciales mínimos”.

Además, recordaba que esos hechos ya fueron rechazados por el mismo tribunal, ante una acción precedente del mismo querellante, y que ya se concluyó que no había delito por parte de Iglesias en relación con la producción del programa La Tuerka. “La actual querella se basa en los mismos hechos y se imputan al señor Iglesias los mismos delitos, sin aportar datos nuevos o nuevos documentos relevantes que pudieran justificar un pronunciamiento distinto”, rezaba el escrito del Supremo. Uno de los escritos de Manos Limpias archivado comparaba a Iglesias con Hitler. 

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también ha sido objeto de una acción judicial de Manos Limpias, que acusa a la exjueza y su marido de delitos contra la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores e insolvencia punible. La alcaldesa ha aclarado que el fiscal no ve delito en ella y, pese a que su marido está citado en calidad de investigado, también recuerda que otro juzgado archivó las diligencias tras una denuncia del abogado José Emilio Rodríguez Menéndez presentada en vísperas de las municipales. 

A la extorsión y a las condenas que aglutina Manos Limpias –muchas de ellas al pago de las costas por sus derrotas judiciales–, se suma la investigación de la Fiscalía por blanqueo de capitales y apropiación indebida a Bernad y la abogada Virgia López. El Ministerior Público sostiene que sacaron fondos del sindicato procedentes de las aportaciones de cientos de afectados por el caso Fórum-Afinsa, a quienes convencieron para iniciar unas acciones judiciales que quedaron en nada, según publicó ABC. 

Unicaja, la entidad financiera malagueña, niega en un comunicado las informaciones publicadas en diversos medios el sábado, afirmando que su presidente, Braulio Medel, presuntamente habría efectuado un pago de 470.000 euros a Manos Limpias y a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) para que retiraran la acusación sobre el mandatario de la entidad financiera, imputado por el caso de los ERE.

Estas prácticas estarían presuntamente lideradas por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ambos arrestados este viernes acusados de extorsión en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según la investigación policial, las entidades investigadas presentaban querellas y luego exigían dinero a los acusados para retirarlas.

Esos 470.000 euros habrían salido de las arcas de la propia Unicaja y, según aseguraban dichas informaciones de fuentes de la investigación policial, podrían explicar el cambio de actitud de Manos Limpias en las últimas semanas con respecto a la implicación de Medel en esa causa.

En dichas informaciones se da a entender que Braulio Medel fue imputado en el caso ERE a instancias del presidente de Ausbank, Luis Pineda, lo cual es rotundamente desmentido por Unicaja. Efectivametne, en mayo de 2014, el Juzgado número 6 de Sevilla, dirigido entonces por la juez Mercedes Alaya, imputaba al responsable de Unicaja, y a todos los miembros del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz (IDEA), por su participación en los órganos directivos de una institución que la juez consideró clave en el fraude de los ERE. El presidente de Unicaja fue acusado de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Sin embargo, el pasado 14 de marzo Manos Limpias pidió por escrito al juez que dejara sin efecto la imputación sobre Medel al considerar que “no hay ni un solo delito” en su actuación. En una providencia dictada el 18 de marzo por el juez Álvaro Martín rechazó la petición realizada por Limpias “sin perjuicio de que la parte lo inste en el momento que lo crea oportuno”.

Es este otro de los argumentos esgrimidos en el comunicado de Unicaja, que tras definir como “insolita” la petición de Manos Limpias, asegura que “fue la propia defensa de Don Braulio Medel, en escrito presentado al Juzgado, la que pidió que no se diera trámite a tal petición de Manos Limpias, significando que la defensa de Don Braulio Medel la ejercía él mismo a través de su propia representación procesal”.

Además de Bernad, de Manos Limpias también ha sido detenido en la operación de este vierness el abogado sevillano José María Gómez de León, quien la semana pasada presentó ante el juzgado un escueto y “sorprendente” escrito de desistimiento en la causa de los ERE “por razones personales”, según fuentes del caso. Él era quien hasta ahora había llevado la representación de Manos Limpias en el caso. Tanto el abogado como el procurador ya no representan a Manos Limpias en el caso de los ERE.

El abogado de Braulio Medel en los ERE es Carlos Aguilera, el mismo abogado de Miguel Blesa. En la última comparecencia judicial de Medel, tanto éste como el expresidente de El Monte, José María Bueno Lidón, se desvincularon de “actos ajenos a la legalidad”. Aquel 17 de febrero, Luis Pineda, presente en su declaración, hizo una encendida defensa de Medel y trasladó a los periodistas la “injusticia” que suponía que el dirigente de Unicaja tuviera que prestar declaración. Entre otras cosas, Pineda dijo que Medel había detallado “de forma abrumadora y precisa” las funciones del consejo rector de IDEA, por cuya participación en determinadas sesiones donde se ratificaron ayudas públicas esta siendo investigado.

El arresto de Bernad y Pineda

Las detenciones de Miguel Bernad y Luis Pineda son el resultado de una investigación de la UDEF a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El magistrado salmantino indaga en una presunta trama de extorsión a bancos, empresas y particulares en la que estarían implicadas Ausbanc y Manos Limpias.

En el marco de la operación Nelson, la Policía Nacional arrestó este viernes al líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, junto a otras personas vinculadas a esa organización y a Ausbanc. Minutos después de las 11:30 de la mañana fue detenido en la Estación de Atocha el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al bajarse de un AVE procedente de Sevilla, donde había estado disfrutando de la Feria de Abril.

En total, 14 personas relacionadas con el entramado de Manos Limpias y Ausbanc fueron detenidas por la UDEF, entre las que se encontraba la mujer de Pineda, María Teresa Cuadrado Díez —directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón—, imputados por extorsión, estafa, fraude en las subvenciones e integración en organización criminal, entre otros delitos.

El sindicato de funcionarios Manos Limpias, que ejerce la acusación particular contra la infanta Cristina en el caso Noos, denunciará también al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, por entender que en los viajes a Canarias siendo senador por Extremadura podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos.

El escrito lo presentará en los próximos días antes la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ya que el presidente de la Junta está aforado y no puede ser juzgado por cualquier tribunal ordinario.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha declarado a eldiarioex que pese a que el presidente extremeño se haya ofrecido a devolver el dinero que haya gastado de forma indebida, el daño y el delito ya se habrían cometido.

Será la segunda

Esta denuncia sería la segunda contra Monago después de que ayer el abogado de Badajoz Felipe Martín presentara otra en los mismos términos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Extremadura.

Existe un tercer escrito acusatorio en preparación, promovido por alguien vinculado al Partido Popular de Extremadura y que entiende que los militantes del PP que estén a favor de la limpieza y transparencia públicas deberían también sumarse.