En Castilla-La Mancha, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, Vox tiene cuatro diputados autonómicos en la oposición. La aspiración del partido de extrema derecha es conseguir entrar en el Gobierno regional de la mano del PP de Paco Núñez, que ya ha dado por hecho en varias ocasiones que pactaría con los de Santiago Abascal con ese objetivo, al igual que en otras comunidades autónomas.

Para ello, Vox no deja de intentar colar en múltiples iniciativas algunas medidas que ya aplica donde gobierna, ya sea en los ayuntamientos y diputaciones de la región donde sí tiene representación, o a través de iniciativas parlamentarias.

Mientras a nivel estatal se ha convocado una huelga general y se multiplica el clamor social contra los desahucios, ahora quiere incorporar la polémica prioridad nacional en una de las leyes más importantes de la legislatura, la de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere aprobar por la vía de urgencia, precisamente cuando esta cuestión, entre otras, ha provocado el adelanto de las elecciones generales.

La normativa ya se tomó en consideración con los únicos votos a favor de los diputados socialistas y la abstención de los del PP y Vox. Desde entonces, el Ejecutivo castellanomanchego ha dicho que mantiene conversaciones con la oposición para intentar que la normativa se apruebe por unanimidad, algo que la otra bancada ha negado.

Mientras tanto, la Mesa de las Cortes regionales ya ha admitido a trámite las enmiendas de los tres grupos parlamentarios a la futura ley, una densa propuesta que aglutina numerosas medidas para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda pública y protegida y la simplificación urbanística.

Las enmiendas donde Vox incorpora su polémico criterio

Es el trámite que Vox ha aprovechado para introducir, en su lote de medio centenar de enmiendas, el controvertido principio de prioridad nacional. Y lo hace en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”. La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años. Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

También hay enmiendas de Vox que se centran en otro de los debates que ha intentado colocar varias veces en el centro de las preocupaciones sociales, pese a que los datos lo desmontan: la ocupación ilegal de viviendas. Por ejemplo, pide que el Gobierno regional brinde asistencia y asesoramiento jurídico a los propietarios afectados.

Al margen de estas propuestas, llaman también la atención las enmiendas de Vox centradas en la protección de los propietarios y, al mismo tiempo, la exclusión de las entidades sociales y migrantes. Así, elimina la medida que permite emplear el depósito de fianzas de arrendamiento urbano como recurso económico para financiar el patrimonio público residencial, y pide prohibir expresamente la cesión de locales a entidades sociales para el acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados o migrantes en situación irregular.

El PP no entra en la cuestión ni define un modelo propio

Por su parte, el PP no entra en esta cuestión, pero ha registrado una treintena de enmiendas al articulado. Se da la circunstancia de que algunas partes de la futura norma son prácticamente iguales a la normativa de vivienda protegida de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

A principios de año, el presidente de este partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, anunció que pondría en marcha un “gran plan” de vivienda si llegara a gobernar en la región. Según afirmó, se centraría en cuatro ejes: simplificación administrativa, reformas legales, bajada de impuestos y creación de suelo y vivienda.

Ahora, su lote de enmiendas la futura ley de Page se centra en la vivienda protegida y el parque público residencial. En primer lugar, un exige informe municipal previo, “preceptivo, motivado y vinculante” para la implantación de inmuebles dotacionales en parcelas de equipamientos. Si el informe es desfavorable, no se podrá realizar la actuación.

También propone que los deberes de cuidado del adjudicatario de vivienda pública abarquen el “mantenimiento ordinario”, sin eximir a la Administración de realizar las obras necesarias de habitabilidad, seguridad y accesibilidad; y establece que las adjudicaciones temporales se realicen por convocatoria pública ordinaria mediante criterios objetivos (ingresos, unidad familiar y necesidad), “restringiendo las adjudicaciones excepcionales a urgencias sociales acreditadas”.

De igual forma, otra de sus enmiendas modifica la norma para fijar que el depósito de fianzas de arrendamientos urbanos ante la Administración regional sea de “carácter voluntario” para los arrendadores.

El Grupo Parlamentario Popular también pide condicionar los incrementos de edificabilidad en vivienda protegida, una de las medidas estrella de la futura ley, a un estudio económico que contemple una “retribución empresarial razonable”. Pero después, en otra enmienda, permite elevar el incremento de edificabilidad al 25% y de densidad al 35% en parcelas de vivienda pública o protegida.

Además, entre sus propuestas, el PP incluye la prohibición de ocupar terrenos dotacionales sin haber puesto en servicio previamente una “dotación sustitutoria equivalente”; exige demostrar específicamente el “interés regional” en Proyectos de Singular Interés (PSI) para infraestructuras energéticas o de transportes; y supedita las reclasificaciones a un análisis de la demanda y a mantener la continuidad con el casco urbano para evitar la dispersión.

Los socialistas limitan las rentas máximas de alquiler en VPO

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista, impulsor de la proposición legislativa que conformará la nueva ley, también quiere introducir algunos cambios. Ha presentado 13 enmiendas, entre las que fija las condiciones financieras y de tenencia para viviendas protegidas cofinanciadas por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en suelo público.

Establece así, un régimen de protección permanente con un alquiler mínimo de 50 años desde la calificación definitiva; mientras que limita la renta máxima a ocho euros por metro cuadrado útil para promociones públicas directas y a nueve euros para proyectos de colaboración público-privada.

Los socialistas también aprovechan para reordenar la definición de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU) que contempla la futura ley. Especifican así que tendrán por objeto la transformación de ámbitos de suelo urbano donde el uso mayoritario sea residencial y exista una proporción relevante de infravivienda o degradación por usos industriales incompatibles. De hecho, ajustan las fórmulas de gestión de estos planes, permitiendo su ejecución mediante libre concurrencia o Programas de Actuación Urbanizadora (PAU).

Otra de sus enmiendas amplía el régimen especial de vivienda a inmuebles y parcelas de otras administraciones públicas. Declara estas actuaciones como de interés autonómico y permite aplicarlas a parcelas de otras administraciones distintas de la Junta (previa conformidad del titular) por un periodo de cinco años prorrogables por periodos sucesivos de igual duración.

Finalmente, hay otras tres novedades significativas que introduce el PSOE. Incluye la definición de “intensidad residencial en parcela” como el número máximo de viviendas, calculándose como el resultado de dividir la superficie edificable residencial atribuida entre 100 metros cuadrados construidos por vivienda. Y en segundo lugar, permite la aplicación de esa “intensidad” sin que los municipios tengan que tramitar previamente una modificación de su planeamiento urbanístico.

Por último, establece determinaciones subsidiarias sobre alturas de las edificaciones: fija que, en defecto de regulación expresa en el planeamiento, las construcciones no podrán tener más de dos plantas ni superar los 8,5 metros de altura.

Todas estas enmiendas todavía tiene que votarse en las Cortes regionales antes de que la futura ley vuelva al pleno de las Cortes para su aprobación y promulgación definitiva, un proceso que coincidirá con la cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre, y precisamente cuando el debate político y social sobre la vivienda es determinante.

Prohibición de collares eléctricos, supresión de cadenas de impulsos y eliminación de los collares de ahogo, que muchos perros portaban a modo de castigo cruel. Esas son algunas de las prohibiciones específicas para animales domésticos que establece la Ley de Bienestar Animal, una norma aprobada en 2023 y que se aplica desde entonces en nuestro país. 

Todas esas prohibiciones recogidas en la norma parten de una premisa: la tenencia de animales de compañía debe llevar aparejada una responsabilidad a la altura del cuidado que se debe dar a “un ser diferente a una cosa”, por lo que debe suponer un compromiso con su cuidado en el transcurso del tiempo, su identificación y con su integración en el entorno.

Esa es precisamente una de las claves de la Ley de Bienestar Animal, que define a los animales como “seres sintientes”, una entidad que trata de garantizarles un buen trato, respeto y protección, imponiendo a sus dueños una serie de obligaciones en el ordenamiento jurídico, que van desde una multa hasta penas de cárcel. 

Sin collares dañinos para el animal

La Ley de Bienestar Animal delimita el uso de collares para animales domésticos, un elemento que, en algunos casos, se ha utilizado para el castigo de muchos animales, bien sea cuando se encuentran en un proceso de aprendizaje o simplemente para penar un comportamiento que se considera negativo. Lo hace en su artículo 27.

En este sentido, se prohíbe explícitamente el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal. En particular, la normativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prohíbe el uso de collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo.

Además, se establecen otras muchas prohibiciones: 

Pero, ¿qué se entiende por animal de compañía? La norma lo define como un “animal mantenido por el ser humano, principalmente en el hogar, siempre que se pueda tener en buenas condiciones de bienestar que respeten sus necesidades etológicas, pueda adaptarse a la cautividad y que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento”. 

Como ya ha anunciado la consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, el 21 de noviembre las tres nuevas estaciones del Topo de Donostia se pondrán en marcha, lo que supondrá la 'metrización' de este servicio de Cercanías de Euskotren. Como es habitual en toda inauguración, iba a celebrarse un evento. Mas no sucederá así. A ocho días de las elecciones generales, anunciadas ya por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, la normativa electoral es clara y prohíbe los actos inaugurales. En realidad, ya desde este martes se ha entrado oficialmente en el denominado periodo electoral, con su propio calendario y normativa. Y eso ha hecho que se suspenda incluso una visita previa a esa misma infraestructura anunciada con antelación “debido a las restricciones derivadas de la entrada en vigor de la normativa electoral”.

Con respecto a los actos inaugurales, el artículo 4 de la ley de 2005 de Publicidad y Comunicación Institucional expresa que no se permite promover eventos “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados”. Aun así, existen excepciones. Sí se pueden realizar comunicados para aquellas actuaciones “que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos”. Se trata de información estrictamente relacionada con el servicio público que abra sus puertas o se ponga en marcha. Es el caso también de la campaña de la gripe, por ejemplo.

No es la primera vez que sucede algo así en Euskadi. Curiosamente, el tranvía de Vitoria inauguró dos ampliaciones durante sendos periodos electorales, en 2020 y en 2023. El primero fue la extensión hasta la EHU, puesta en marcha el 15 de febrero de 2020. En aquel momento, estaban convocadas las autonómicas para el 5 de abril de 2020, aunque no se llegaron a celebrar. Se pospusieron hasta julio debido al confinamiento por la primera ola de la pandemia de la COVID-19. Aquel día se emitió una nota que brindaba la información necesaria sobre el servicio. Sin embargo, también se celebraron varios actos festivos dirigidos a la ciudadanía y se ofrecieron viajes gratuitos en el tranvía durante la jornada, aunque sin ningún interviniente político.

El segundo caso, ocurrido en 2023, fue con la extensión hacia el este de la ciudad, a Salburua. Su puesta en marcha, el 11 de abril, coincidió con el periodo electoral de las municipales y forales, que tuvieron lugar el 28 de mayo. A diferencia de la ampliación a la Universidad, no hubo ningún acto o celebración de ninguna índole. Ahora, en relación con el caso de Donostia, Movilidad Sostenible recalca lo importante sigue en pie, es decir, que el servicio del nuevo Topo de Donostia se ponga en marcha en la fecha comprometida. Aunque no se haga acto inaugural, la ciudadanía podrá hacer uso de ello a ocho días de la cita con las urnas.

El primer lunes del mes de octubre se celebran en el mundo dos festividades que van de la mano. La primera es el Día Mundial del Hábitat y la segunda, el Día Mundial de la Arquitectura. Comparten esta efeméride, que este año coincide con este lunes, día 5 de octubre, por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), cuando en 1996 decidió vincular al gremio de arquitectos con el desarrollo urbano sostenible, propuesto por la comisión de hábitat de la ONU en 1985.

Con motivo de esta celebración, a la luz de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y luego tumbados en el Congreso, y tras el clamor social y las acampadas, hablamos con Elena Guijarro, tesorera del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM).

Muy crítica con la legislación “en caliente”, aboga por una legislación estatal sobre vivienda dialogada con todos los sectores que intervienen en la creación de vivienda, incluidos promotores y constructores. También defiende la importancia de las políticas de rehabilitación de inmuebles y, ante los efectos del cambio climático, pide que los planeamientos urbanísticos se “anticipen” a las leyes para evitar desastres por incendios e inundaciones.

¿En qué pone el foco este año el Día Mundial de la Arquitectura?

Este año, en concordancia con la Unión Internacional de Arquitectos, nos centramos en la vivienda. Concretamente, en que la vivienda es un derecho humano y en que debemos construir viviendas como tal. Es decir, tocamos ahora mismo el tema más candente.

Efectivamente, es ahora mismo una de mayores preocupaciones de la sociedad española, reflejado en las calles, en las acampadas y que ha calado a nivel político.

Sí, yo no sé si esto es bueno o malo, la verdad, porque ahora mismo hay mucha tensión y lo primero que hay que hacer en sentarse a hablar con calma. Ahora mismo no hay ese ambiente. Pero lo hemos elegido porque es verdad que es lo que más preocupa durante estos meses. Estamos dándole muchas vueltas y estamos trabajando a todos los niveles, dentro de nuestro sector también, para dar solución a esta cuestión.

Porque ahora mismo, ¿cuál puede ser el papel de los arquitectos y de las arquitectas en el problema de la crisis de vivienda? Me habla de dialogar y hablar, pero supongo que tendrán propuestas concretas.

Por supuesto. Nosotros llevamos trabajando en este tema desde hace meses, a nivel castellanomanchego y a nivel estatal. Todo pasa por detectar, por hacer un diagnóstico de cómo está ahora mismo el mercado de la vivienda, analizar las causas que han provocado esta situación, que lo tenemos todos muy claro, y buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, porque es un tema urgente. A medio plazo, intentar ya buscar soluciones de rehabilitación y de construcción de viviendas que no sea necesario llevar a dos o tres años, sino que se puedan hacer con plazos más cortos. Y, a largo plazo, crear unas líneas estratégicas y una planificación, pero con un consenso entre todas las partes, entre todos los grupos políticos y entre todos los colegios profesionales y el sector de la construcción.

¿Existe actualmente esa capacidad de diálogo?

En otras ocasiones, cuando ha habido que hablar, por ejemplo en Castilla-La Mancha, de desarrollo rural, de reto demográfico, lo hemos hecho en mesas de trabajo donde se nos ha pedido opinión a todos. Por lo que yo entiendo que en este tema, que es muy delicado y que afecta a toda la sociedad, también se deberían haber hecho unas consultas para buscar soluciones, para sacar leyes. Porque lo estamos haciendo de manera exprés y sin consultar con nadie, y eso es peligroso.

 ¿Por qué es peligroso?

Porque cuando esto se ponga en marcha, si no se tiene todo el conocimiento del funcionamiento de todo el sector, te puedes encontrar con que te estás saltando o corrigiendo leyes que estaban anteriormente aprobadas y tienen su razón de ser. Yo creo que es bueno que cuando se legisla, se consulte a la ciudadanía y a los expertos.

En líneas generales, ¿no gustan a los arquitectos los dos decretos de vivienda?

Insisto: es peligroso y no se puede legislar en caliente y a golpe de una manifestación para intentar callar bocas. Estos temas se llevan hablando desde hace tiempo y me parece que es un poco arbitrario ahora, de repente, sacarlo sin más. Algunas sí son razonables, tienen sentido, pero otras no. Hay que pensar en los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, tanto de unos como de otros. Y no, porque alguien esté protestando, pensar que lleva razón directamente sin analizar nada más. Eso da pie a que, a base de hacer sentadas y protestar, conseguimos lo que queremos. Preferimos analizar más profundamente qué soluciones tiene. Sentarnos todos y buscar un consenso.

Pero actualmente, estamos muy lejos de tener ese consenso por parte de los grupos políticos. Solo hay que ver cómo han sido las negociaciones y el hecho de que se hayan tumbado decretos. ¿Cuál es el camino entonces?

Claro, pero en realidad todos queremos lo mismo. El problema está ahí y es el mismo para todos. Pero se ha crispado el ambiente de tal manera que es inviable.

En cuenta electoral, con todo tan polarizado como dice, es muy difícil ofrecer soluciones consensuadas y alguna medida había que adoptar ¿no?

Nosotros hablamos desde el punto de vista del conocimiento, de la experiencia y de nuestro trabajo y nuestra profesión. A mí me gustaría que pudiéramos hablar con todos ellos de una manera tranquila y como se ha hecho otras veces. Tenemos un diagnóstico de la situación y tenemos soluciones. Por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, hemos estudiado qué tipo de vivienda necesita en cada una de las provincias y también en los municipios pequeños. Hay que legislar para tener en cuenta cada una de las situaciones. Y por eso no se pueden hacer las cosas así, de golpe.

Hay que ponerse del lado de todos los ciudadanos, no solamente de unos

En el caso de los denominados 'fondos buitre', ¿no es necesario atajarlos?

Sí, pero en ese caso, hablamos de vivienda en alquiler y de casos concretos. Lo que estamos viendo también es que el mayor porcentaje de viviendas en alquiler es propiedad de pequeños tenedores, de propietarios particulares que, con todas estas medidas van a dejar de sacar las viviendas al mercado. Nos vamos a encontrar con el efecto contrario de lo que se busca. Porque, si no hay seguridad jurídica para el propietario, este último preferirá prescindir de esa renta si no va a poder echar al inquilino en caso de que no pague. Hay que ponerse del lado de todos los ciudadanos, no solamente de unos.

Ahora mismo, si se pudiese sacar más oferta, pues estaría muy bien. O sea, lo que necesitamos es poner más viviendas en el mercado, tanto en alquiler como en venta. En cuanto al alquiler, habría que incentivar a los propietarios y estamos haciendo lo contrario.

¿Y en cuanto a la venta?

Y en venta, pues efectivamente habría que bonificar y facilitar el acceso sobre todo a los jóvenes, ayudarles a pagar las hipotecas, y mover de alguna manera las viviendas que hay en venta. Y a medio plazo, pensar en edificios que se puedan rehabilitar o en modificar el cambio de uso de suelo terciario.

Precisamente esa es una de las medidas incorporadas en la proposición de ley de medidas urgentes sobre suelo y vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, que se aprobará en breve. ¿Cómo la valora su gremio?

En general, como idea, nos parece bien porque ya digo que es necesario construir más vivienda para controlar el precio. En Guadalajara, por ejemplo, tenemos edificios de oficinas que no tienen uso como oficinas y se están usando como viviendas. Cambiar la normativa, adaptarla, es necesario, pero hay que mirar los estándares necesarios para cambiar el uso del suelo, no hacerlo así de golpe. Todo requiere una regulación.

Pero ahora mismo, la futura normativa de Castilla-La Mancha se remite fundamentalmente a la creación de vivienda pública. ¿No es necesario también intervenir en el mercado de vivienda libre?

Nosotros apoyamos tanto la promoción pública como el cambio de suelos de uso terciario para poder construir, por ejemplo, viviendas en alquiler para jóvenes, que no deja de ser un objeto social. Es importante hacer unas viviendas que sean propiedad de la Administración y se alquilen a jóvenes a precios tasados y precios asequibles, de modo temporal, para que ellos puedan independizarse.

Un promotor no es una ONG y tiene que tener un beneficio. Y un beneficio medianamente garantizado

Pero creo que tiene que existir también la vivienda libre, por supuesto. Y para que haya más viviendas en el mercado hay que ayudar a los promotores, porque luego acaban siendo los malos de la película, cuando ahora mismo, un promotor tiene muy difícil el poder sacar una promoción a la venta. Un promotor no es una ONG y tiene que tener un beneficio. Y un beneficio medianamente garantizado. Nos encontramos el primer problema: se tarda muchísimo en conseguir una licencia en algunos de los municipios de Castilla-La Mancha. Tenemos que conseguir agilizar los trámites administrativos y agilizar las licencias, porque hay una inseguridad tremenda para poder promover.

¿Influye también la falta de mano de obra?

Claro, hay una escasez enorme. Y eso es un problema que también deberíamos intentar atajar entre todos, a base de formación, de escuelas-taller… Yo no me puedo creer que haya tanta gente en el paro y tanta demanda de trabajo a la vez. También hay que tener en cuenta que ha subido el precio de los materiales de construcción y del transporte. Estamos en costes de construcción históricos que jamás habíamos tenido.

Precisamente, en Castilla-La Mancha se lleva a cabo el 'Plan 10.000' mediante la colaboración público-privada con empresas constructoras para construir vivienda asequible. ¿Se ha hecho un seguimiento de este proyecto desde el Colegio de Arquitectos?

Sí, salió a raíz de los fondos europeos Next Generation, de uno de los programas destinados a buscar suelo público para ofertarlo a promotores y constructores y hacer vivienda destinada al alquiler. Ahí se les da una ayuda para la construcción. Realmente es una de esas líneas que se ha desarrollado en ese sentido y sí lo pudimos estudiar.

¿No ha sido así con la futura ley autonómica de medidas urgentes de suelo y vivienda?

No, no hemos tenido noticia. La hemos conocido por los medios de comunicación y hemos echado de menos que se nos hubiera consultado. No digo que estemos en contra, simplemente nos ha pillado sin saber nada. Hasta ahora, estábamos acostumbrados al diálogo.

Hay además, en esa futura normativa, un tema que toca de lleno al sector de la arquitectura: la creación de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU) ¿Lo han podido estudiar? ¿Cómo lo valoran?

Estamos ahora mismo dentro de nuestro equipo viendo esto y, bueno, emitiremos nuestra opinión cuando lo tengamos claro.

Además, la rehabilitación de vivienda ha sido uno de los objetivos principales de la legislatura, fundamentalmente a través de ayudas públicas.

Sí, por eso digo que estábamos acostumbrados a colaborar directamente. En la rehabilitación, los fondos europeos para este objetivo han tenido mucho éxito en Castilla-La Mancha. Han sido programas que han tenido muchos expedientes y han funcionado bien porque hemos llegado a una colaboración de los colegios profesionales con la Administración o la Dirección General de Vivienda. Pusimos en marcha desde el primer momento las Oficinas de Ayuda a la Rehabilitación, donde nosotros nos hemos convertido en los asesores que han tramitado esas subvenciones y a los que los ciudadanos podían hacer todo tipo de consultas. Estamos muy orgullosos de los cinco años en que han estado en marcha esas oficinas en la región. En otras comunidades no han conseguido gestionarlo de esa manera.

Tras ejecutarse esos fondos europeos, ¿ya se han cerrado todas esas oficinas?

Sí, ya no hay ninguna abierta. Nos ha dejado un poco mal sabor de boca este tema, porque al mismo tiempo que se han cerrado, se ha acabado ese diálogo que había tan directo. Estábamos negociando a ver si había alguna posibilidad de, a través de otra línea de financiación, poder mantener alguna de las oficinas. Nos han dicho que están trabajando en ello, pero es que no hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto en ese sentido. Tenemos una reunión en breve con la Consejería de Fomento y vamos a seguir ofreciendo nuestra ayuda, como hemos estado haciendo hasta ahora.

Hemos podido ver las consecuencias que tuvo la dana de hace dos años y sabemos qué se debe hacer para que esto, si vuelve a pasar, no tenga las consecuencias que ha tenido

Uno de los objetivos de su gremio ha sido desde hace años el desarrollo urbano sostenible. ¿Ha quedado este objetivo relegado debido a la crisis de vivienda? Es decir, ¿hemos retrocedido en cuanto a las prioridades?

No, ese tema está ahí y no puede ir para atrás. Debemos mentalizarnos de que la construcción tiene que buscar la sostenibilidad, la circularidad y que tenemos que cambiar la forma de pensar a la hora de construir, de diseñar y de hacer planificación. No se puede parar. Hemos podido ver las consecuencias que tuvo la dana de hace dos años y sabemos qué se debe hacer para que esto, si vuelve a pasar, no tenga las consecuencias que ha tenido. Es el planeamiento urbanístico el que tiene que marcar las pautas para que esto no vuelva a suceder o que las consecuencias no sean las que han sido y poder evitar desastres. Seguimos trabajando en ello.

¿Es necesario que haya una normativa regulada a nivel estatal para ponerse manos a la obra?

No, no podemos esperar ni siquiera a que la normativa nos obligue a hacerlo, sino que tenemos que ir pensando que esto es lo que toca, y que cuanto antes lo tengamos claro y trabajemos en ese sentido, mejor. Tenemos que pensar en construir de una manera sostenible y adaptarnos al cambio climático, que es obvio que está ahí y que llevamos ya muchos años sabiendo cómo hay que intervenir y cómo tenemos que actuar.

En definitiva, ¿seguimos sin estar preparados, en el nivel de edificaciones y como país, para afrontar las consecuencias del cambio climático?

No, y sabemos que tenemos que actuar rápido. Por eso hay que anticiparse. Estamos viendo que los ciclos de retorno de todos estos eventos climáticos se van acortando. Hay que diseñar sobre estos elementos y calcular por encima de los estándares que ahora mismo estamos utilizando para ir adelantándonos. Tenemos mucho trabajo por delante.

A la hora de redactar un testamento, una de las dudas más frecuentes suele girar en torno al grado de libertad real que tiene una persona sobre sus propios bienes. En el sistema de derecho español, la respuesta está en la llamada libre disposición.

“La libre disposición es el nombre de una parte de la herencia”, aclara María Teresa Barea, portavoz nacional del Consejo General del Notariado, “el código civil llama así a la parte de la herencia que somos libres de dejar a quien queramos”.

No se trata de una cifra o de un porcentaje fijo del que poder disponer libremente, sino que su cuantía depende directamente de los herederos legítimos o familiares que sobrevivan al fallecido. “La sucesión funciona como las matemáticas y depende de muchos factores personales y familiares”, apunta Barea.

Con descendientes

“En nuestro derecho común existen las legítimas, que son una parte de la herencia que por ley tenemos que dejar a determinadas personas, en particular a los hijos, si no hay hijos, a los nietos”, explica la notaria, que asegura que en caso de que el testador fallezca con descendencia, el escenario más habitual, los descendientes tienen reservada dos tercios de la herencia, uno de legítima estricta y otro de mejora. “Por tanto, cuando hay descendencia, la libre disposición es de un tercio”, apunta. 

Con ascendientes

Si el testador fallece sin descendencia, la legítima corresponde a los ascendientes, padres o abuelos, y abarca el 50% de la herencia. “En ese caso, la libre disposición abarcaría la otra mitad del patrimonio”, indica Barea, que insiste en que la fracción libre solo puede ocupar lo que reste tras repartir la legítima entre los herederos forzosos. 

Sin herederos

En caso de no contar con descendientes ni ascendientes, la persona puede disponer de la totalidad de su herencia de forma completamente libre, sin necesidad de que exista vínculo familiar o de parentesco alguno con sus herederos. “Siempre teniendo en cuenta que si estoy casado, el cónyuge tiene también derecho a una legítima, con la peculiaridad de que es en usufructo”, matiza la experta.

El cónyuge

“El cónyuge, por ley, tiene derecho de uso y disfrute de un tercio de la herencia si hay descendientes, de la mitad si hay ascendientes y de dos tercios si no hay descendientes ni ascendientes; pero no en plena propiedad”, aclara Barea, que aprovecha para desmentir la creencia popular de que el patrimonio no testado va a parar inmediatamente al Estado: “Es una leyenda urbana, para que el Estado herede debe darse una ausencia total de familiares en los grados indicados”.

Para que la libre disposición cobre sentido y sea efectiva es imprescindible dejar constancia por escrito en un testamento, ya que quien fallece sin haber hecho testamento no puede beneficiarse de esta figura que permite beneficiar tanto a personas ajenas a la familia como a organizaciones de diversa índole, “aunque lo más frecuente en la práctica sea dejárselo también a los propios herederos”, añade la notaria.

“Cuando no hay testamento, todo va al heredero legal y ya no distinguimos entre parte de legítima o parte libre”, advierte Barea, que relata que en la denominada “sucesión intestada” el notario aplica de forma directa el orden de parentesco fijado por el Código Civil y si no existen parientes hasta el cuarto grado es cuando el beneficiario final es el Estado. De ahí que la libre disposición sea una herramienta clave para quienes buscan modular la asignación de sus bienes según su propia voluntad y no mediante el automatismo de la ley. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han celebrado este jueves, antes del inicio de su sesión plenaria, el acto oficial de toma de posesión del presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha por parte de Francisco Javier de Irízar Ortega, en el que supondrá su segundo periodo al frente del órgano, cuya presidencia asumió en 2021.

Tras prometer el cargo por segunda vez, De Irízar ha recordado en su intervención a “muchos amigos que han fallecido” y ha reivindicado la pluralidad del Consejo Consultivo, apuntando que el sistema constitucional supone “reconocer la pluralidad y diversidad de España”.

El presidente del Consejo ha apuntado que el órgano consultivo superior de Castilla-La Mancha “no gobierna, no legisla, no juzga, no sustituye a quienes tienen la responsabilidad democrática de decidir, pero desempeña una función esencial: ayudar a quienes tienen que decidir”.

Además, ha destacado que se trata de un órgano independiente, lo que no significa “neutralidad”, subrayando el deber de “defender los intereses de Castilla-La Mancha”, haciendo referencia directa a la Ley de Financiación Autonómica.

Por su parte, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha defendido que De Irízar es “un experimentado jurista que cumple con los requisitos objetivos y subjetivos para ser vocal del mismo y, por supuesto, para ser presidente”.

Bellido, que ha recordado que el presidente del Consejo ejerció de presidente de la Cámara durante la primera legislatura autonómica, ha afirmado que “tiene muy acreditado su compromiso con la región, con lo público y también con la necesaria independencia que requiere este órgano de asesoramiento”.

Biografía y carrera política

Francisco Javier de Irizar Ortega nació en Guadalajara el 13 de marzo de 1949. El 24 de abril de 1979 se convertía en el primer alcalde democrático de su ciudad natal, un cargo que ostentaría hasta el 15 de junio de 1991. Además, fue senador entre el 1 de marzo de 1979 y el 31 de agosto de 1982.

En julio de 1981 fue elegido miembro de la Mesa Presidencial de la Asamblea de Parlamentarios constituida para redactar el borrador de Estatuto de Autonomía y, tras las elecciones de octubre de 1982, miembro de la Asamblea Provisional que se conformó para mantener el proceso hasta la convocatoria de unas elecciones autonómicas en mayo siguiente.

Reunidas en su primera sesión plenaria de la historia, precisamente tras las primeras elecciones de la recién creada comunidad autónoma, el día 31 de mayo de 1983 las Cortes de Castilla-La Mancha eligieron al político guadalajareño como su primer presidente. A lo largo de toda esta I Legislatura autonómica ejercería ese cargo y la presidencia del resto de instituciones que van aparejadas.

La carrera de De Irízar se centraría en adelante en la Alcaldía de Guadalajara, resultando reelegido en 1987 y, tras abandonar el bastón de mando como consecuencia de los comicios de 1991, permanecería un año más como edil de la capital alcarreña, abandonando después la primera línea política durante 16 años en los que se volcaría en la actividad privada como abogado y empresario.

En marzo de 2008, de Irízar volvía a la política activa concurriendo a las elecciones generales como candidato socialista al Senado por Guadalajara.

En medio del clamor social, las acampadas y las manifestaciones derivadas del desahucio de Maricarmen en Madrid, en Castilla-La Mancha se prepara un “cañón urbanístico” para crear vivienda. Con estas palabras ha definido el Gobierno de Emiliano García-Page algunas de las medidas que ha incluido en la ley de vivienda y suelo que actualmente tramitan las Cortes regionales por la vía de urgencia, prácticamente en el tramo final de legislatura y tras 12 años desde que Page prometió una normativa autonómica propia.

Ese calificativo lo pronunció el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante la defensa que hizo de este texto en el debate de su toma en consideración, que salió adelante con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PSOE. El PP y Vox se abstuvieron y no la apoyaron. Desde entonces, el Gobierno regional ha hablado de “negociaciones” con los 'populares' para que la apoyen, pero estos últimos las han negado.

Su definición se refiere principalmente a la necesidad de agilizar y simplificar trámites urbanísticos, y de crear nuevas fórmulas de planeamiento municipal, para que la comunidad autónoma pueda crear vivienda pública o con algún tipo de protección ante el enorme cuello de botella generado por los altos precios en el mercado inmobiliario tanto para compra como para alquiler.

Con ese objetivo incluye toda una batería de propuestas que no recabaron, al menos en principio, el apoyo de las derechas. Una de las medidas más significativas es el cambio de uso especial en parcelas calificadas como terciarias o dotacionales privadas para implantar viviendas de protección pública. Y junto a ella, también se incorpora el incremento de la edificabilidad hasta en un 20% y de densidad hasta en un 30% en parcelas destinadas a inmuebles con este tipo de protección.

El PP no apoya una ley que ya aplica donde gobierna

Se trata de dos medidas que adquirirán rango de ley en Castilla-La Mancha cuando la propuesta de Page quede promulgada, pero que afectan de manera muy directa a los ayuntamientos y a sus planeamientos urbanísticos. Este es uno de los argumentos que los grupos parlamentarios del PP y de Vox han esgrimido para no apoyar, de entrada, la propuesta de ley.

Consideran principalmente que “menoscaba la autonomía local” al dar un plazo de tan solo cuatro meses a los ayuntamientos, desde la entrada en vigor de la normativa, para que puedan decidir si se aplica o no en su término municipal tanto la reconversión de parcelas terciarias como la ampliación la edificabilidad.  

Sin embargo, y como ha podido constatar este periódico, este plazo es el mismo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya impuso a los ayuntamientos en la ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida que la Comunidad de Madrid aprobó hace dos años.

De hecho, los textos en ambas normas son prácticamente iguales, aunque incluidos en disposiciones diferentes del articulado: “Los ayuntamientos podrán, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor (…) decidir no aplicar en su término municipal los regímenes previstos en las mismas, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación. Las personas interesadas podrán solicitar las licencias necesarias para la materialización de dichos regímenes transcurrido el plazo de cuatro meses”.

Durante ese periodo, los ayuntamientos tienen la opción de rechazar la aplicación de las dos medidas mencionadas en su territorio, fijar condiciones adicionales para su puesta en marcha o delimitar las zonas o ámbitos territoriales concretos donde se permitirán.

De esta forma, si un ayuntamiento no se pronuncia de forma explícita ni adopta un acuerdo motivado durante ese periodo de cuatro meses, los regímenes especiales pasan a aplicarse de forma automática en su término municipal. Es decir, la norma está diseñada para que el silencio municipal no bloquee la medida.

Lo más llamativo es que no es lo único que Castilla-La Mancha ha ‘copiado’ de la normativa madrileña. Al margen de esta postura contradictoria del PP, rechazando en Castilla-La Mancha lo que apoya en la Comunidad de Madrid, donde gobierna, las otras dos 'medidas estrella' incluidas en la futura normativa castellanomanchega se encuentran también en una modificación más reciente de la ley de vivienda protegida de Ayuso, concretamente la publicada el pasado mes de julio.

En esta última, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cambia la mencionada ley anterior de 2024 por otra de “medidas urgentes” para el incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública. Entre esos cambios, añade un nuevo artículo tercero que regula la posibilidad de ampliación de hasta un 20 % de la edificabilidad y de hasta un 30% de la densidad, en suelos sin edificar, “aptos para la edificación, que tengan calificación de vivienda de protección pública, sin necesidad de modificación del planeamiento urbanístico vigente”.

Y estas medidas también son exactamente iguales que las de la futura normativa castellanomanchega, que establece, en una de sus disposiciones adicionales, esos mismos porcentajes de incremento en edificabilidad y densidad, y también únicamente en viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Al igual que en Madrid, la futura Ley de Page no requiere tramitar una modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente.

Lo que se añade en Castilla-La Mancha es que para facilitar la materialización de ese 20% de edificabilidad adicional, la ley autoriza expresamente un incremento de altura de hasta dos plantas sobre el máximo permitido por el planeamiento.

Más medidas casi iguales en ambas leyes

Finalmente, la versión más reciente de la ley de medidas urgentes de la Comunidad de Madrid modifica también la de hace dos años para reconvertir parcelas o edificios con calificación de uso terciario para destinarlos a vivienda protegida, Se amplía también esta posibilidad a parcelas sin edificar o con edificabilidad vacante que tengan calificación de uso dotacional privado. Esto también coincide plenamente en el objetivo y en el mecanismo jurídico de la futura ley castellanomanchega, aunque esta última aborda ambos supuestos de manera más amplia.

La ley de medidas urgentes de Castilla-La Mancha autoriza en sus disposiciones adicionales de forma genérica la implantación de vivienda protegida en parcelas calificadas con uso terciario (lo que engloba oficinas, comercial o alojamientos según la ordenación del sector), sin distinguir por el tipo específico de actividad.

Pero al igual que en la normativa madrileña, la ley castellanomanchega establece que esta implantación tiene eficacia inmediata desde la entrada en vigor de la ley y no requiere tramitar una modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente.

Con carácter general, el objetivo de la futura normativa del Gobierno de Page es transformar rápidamente suelos destinados a comercios, oficinas o servicios en viviendas de protección pública, evitando los largos trámites que habitualmente exige cambiar el plan urbanístico de un municipio.

La propuesta establece que para poder acogerse a esta medida los terrenos o inmuebles deben estar situados en suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable que ya cuente con ordenación detallada. También deben ser aptos para construir de forma inmediata o disponer de un régimen de simultaneidad entre las obras de urbanización y las de edificación.

De igual forma, la norma contempla, para evitar “desequilibrios” urbanísticos, que el nuevo uso residencial se destine obligatoriamente a viviendas de protección pública. Asimismo, impone que si toda una zona o sector tiene uso global terciario o dotacional privado, las viviendas protegidas que se implanten no podrán superar el 50% de la edificabilidad total de ese sector.

Sí permite mantener otros usos compatibles previstos en la ordenanza municipal, siempre que no superen el 20% de la edificabilidad materializada ni resulten incompatibles con las viviendas.

En cuanto a los plazos y costes de esta medida, la futura ley establece que si la llegada de las nuevas viviendas obliga a ampliar o reforzar infraestructuras o dotaciones públicas exteriores a la parcela, todos los costes de ejecución corren a cargo del solicitante de la licencia. Y para la solicitud de estas últimas, abre un plazo de cinco años, contados tras el periodo inicial de cuatro meses reservado a los ayuntamientos. Una vez iniciadas las obras, deberán estar concluidas y aptas en un plazo máximo de tres años.

La coordinación entre esta medida y el incentivo de los mencionados incrementos de edificabilidad y densidad se basa en su “plena compatibilidad”. Es decir, en las disposiciones adicionales de la ley se precisa de forma explícita que el incremento de edificabilidad es compatible con el régimen especial de cambio de uso. Esto significa que en una misma parcela de uso terciario o dotacional privado se pueden aplicar de forma conjunta ambas medidas sin necesidad de modificar el plan urbanístico.

¿Qué son 'parcelas aptas'? La normativa no lo clarifica

Pero hay una cuestión que la futura ley no clarifica. En otra de las disposiciones adicionales, se permite el aumento de la edificabilidad en 'parcelas aptas' para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección público, pero no define claramente a qué se refiere con el calificativo de “aptas” y si en esos casos también se podría destinar esa parcela a hacer vivienda libre.

Actualmente, en Castilla-La Mancha es posible que en un mismo edificio convivan viviendas libres con otras protegidas, por lo que la duda es si un promotor podría beneficiarse del aumento del 20% de la edificabilidad para crear vivienda no protegida. O si, por el contrario, al hablar de 'parcelas aptas' solo sabe que se destinen a inmuebles con algún tipo de protección. Por el momento, la Consejería de Fomento no ha aclarado esta cuestión.

Por otra parte, hay otra novedad muy relevante en la nueva ley que atañe a los municipios y sus Programas de Actuación Urbanística (PAU): introduce una vía de tramitación preferente y 'acelerada' dirigida específicamente a municipios con necesidades acreditadas de vivienda ubicados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

En estos casos, combina una reducción drástica de plazos a la mitad con la exigencia de garantías urbanísticas y ambientales estrictas. En el primer caso, se exime de la obligación de realizar la consulta previa preceptiva para formular y presentar el PAU en suelo rústico de reserva. Además, los plazos de información pública, consulta, presentación de alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas se reducen al 50%.

Asimismo, en municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo preceptivo para que la Consejería emita informe técnico-jurídico sobre la alternativa técnica y la proposición elegidas pasa de un mes a 15 días. Y, de igual forma, el periodo de tiempo para que pleno municipal resuelva sobre la aprobación y adjudicación del PAU se reduce de 40 a 20 días desde que sea posible adoptar el acuerdo.

En cuanto a las garantías urbanísticas y ambientales, la ley fija salvaguardas explícitas que el promotor y la administración deben justificar. Por ejemplo, la viabilidad urbanística exige probar que el núcleo urbano preexistente se halla completamente consolidado y que la demanda de vivienda no puede ser satisfecha mediante actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana.

Además, los nuevos desarrollos residenciales derivados del PAU deben garantizar obligatoriamente la continuidad física con los núcleos urbanos existentes, prohibiendo expresamente la “dispersión” del crecimiento y exigiendo un desarrollo territorial “ordenado”.

Finalmente, la nueva ley de vivienda y suelo de Castilla-La Mancha contemplará un conjunto de mecanismos muy concretos para impulsar la planificación urbanística en los pueblos pequeños. Entre las medidas, articula una línea de ayudas directas para municipios con una población inferior a 10.000 habitantes de derecho. Consisten en la prestación directa por parte del Gobierno regional de los servicios técnicos necesarios para la redacción, revisión o adaptación de los planes generales municipales.

También establece que la Consejería de Fomento podrá suscribir convenios con los municipios para adaptar o revisar su planeamiento cuando resulte necesario para desarrollar actuaciones estratégicas de interés autonómico. Los instrumentos de planeamiento elaborados mediante estos convenios tendrán “carácter preferente” y la Consejería actuará como órgano sustantivo, impulsando de oficio la solicitud simultánea de los informes sectoriales preceptivos para acelerar su aprobación.

Por último, en municipios ubicados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación con necesidades acreditadas de vivienda, se autoriza a los Planes Especiales a reclasificar suelo rústico a urbanizable si el casco urbano consolidado no puede absorber la demanda. También en estos casos se exime a los promotores de la consulta previa obligatoria para presentar el PAU y todos los plazos de información pública, examen de plicas y adjudicación se reducen a la mitad.

Moverse entre coches detenidos en un atasco o ante un semáforo en rojo es una escena que ya se veía con frecuencia en las ciudades, aunque ahora pasará a estar recogida en el Reglamento General de Circulación. Las bicicletas podrán avanzar entre los vehículos parados por cualquiera de los dos lados, eligiendo aquel que ofrezca mayor seguridad en cada situación. La reforma convierte así una práctica habitual del tráfico urbano en una posibilidad contemplada expresamente por la normativa.

La reforma en vigor desde el 1 de octubre

Esta es una de las novedades que han entrado en vigor este 1 de octubre de 2026, con la modificación del Reglamento General de Circulación aprobada en junio mediante el Real Decreto 518/2026, con nuevas reglas destinadas a reforzar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, entre ellos los ciclistas. El Ministerio del Interior atribuye la reforma al cambio experimentado por la movilidad en las dos últimas décadas y a una mayor atención normativa hacia las personas y los entornos urbanos.

Las calles de un solo carril con un límite máximo de 30 km/h o inferior podrán admitir bicicletas en ambas direcciones aunque los vehículos a motor mantengan un único sentido, siempre que la autoridad municipal lo autorice y coloque la señalización correspondiente.

La posibilidad dependerá, por tanto, de cada ayuntamiento y de las vías que decida habilitar. Una calle no pasará automáticamente a admitir bicicletas en sentido contrario desde el 1 de octubre, ya que, mientras falte la señal específica, continuará aplicándose el sentido de circulación establecido.

Los riders deberán llevar dos prendas protectoras

Los repartidores que utilizan la bicicleta como herramienta profesional asumirán dos exigencias de equipamiento desde la entrada en vigor de las nuevas reglas, con casco de protección y chaleco reflectante durante su actividad. La obligación amplía las condiciones aplicables a los que trabajan sobre dos ruedas y convierte ambas prendas en requisitos ligados al ejercicio profesional. El incumplimiento se considera una infracción grave y puede acarrear una sanción económica de 200 euros, de acuerdo con el resumen de cambios difundido por la Dirección General de Tráfico.

La posición de la bicicleta dentro de la calzada también cambia en vías urbanas de un único carril o de un carril por sentido, donde los ciclistas circularán preferentemente por la zona central. La medida pretende reducir situaciones de riesgo asociadas a circular demasiado cerca del borde derecho, como la apertura de puertas de vehículos estacionados o adelantamientos con poca separación.

Los conductores que circulen detrás de una bicicleta en el mismo carril deberán guardar al menos cinco metros de distancia, una obligación cuyo incumplimiento puede alcanzar los 200 euros de multa.

Los adelantamientos en vías interurbanas incorporarán varias exigencias para los conductores que rebasen bicicletas, empezando por una reducción mínima de 20 km/h respecto al límite máximo fijado en el tramo. Cuando haya más de un carril por sentido, el vehículo tendrá que ocupar por completo otro carril para efectuar la maniobra y conservar al menos 1,5 metros de separación lateral. Incumplir estas condiciones tendrá la consideración de infracción grave, con una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

El casco será obligatorio fuera de las ciudades

La desaparición de las antiguas exenciones del casco cerrará otro cambio para los ciclistas que circulen por vías interurbanas, donde este elemento de protección pasará a ser obligatorio en todos los casos contemplados por la reforma. Hasta la entrada en vigor de la nueva regulación podían existir excepciones en subidas prolongadas, episodios de calor extremo o por razones médicas acreditadas. Desde el 1 de octubre esas dispensas quedarán suprimidas, de modo que la obligación del casco se aplicará a cualquier ciclista que circule por una vía interurbana.

¿Es lícito sacrificar la vida de un inocente para que otros puedan salvarse? ¿Pueden invocarse razones utilitaristas o de un supuesto bien común para eliminar los derechos humanos de un individuo? ¿En qué condiciones puede estar justificado el canibalismo? Son algunos de los interrogantes, de los dilemas éticos, que plantea La cena del capitán (Arpa), una crónica del hundimiento del Mignonette, un pequeño velero inglés, donde el capitán y otro marinero asesinaron en 1884 al grumete para sobrevivir con el consumo de su carne a la espera de un rescate. Un rescate, por cierto, que llegó pocos días después del asesinato y que llevó a los dos homicidas ante un tribunal que, por primera vez, acabó con la hasta entonces llamada 'costumbre del mar' que toleraba en ciertos casos esa doctrina del mal menor o de extrema necesidad.

Mitad jurista, mitad periodista, Adam Cohen (Nueva York, 1962) fue editorialista de The New York Times y redactor jefe de Time tras unos años de ejercicio como abogado. Aquí traza un escalofriante relato de aventuras macabras, al tiempo que plantea complejos problemas morales que llegan sin duda hasta nuestros días en campos como la medicina o la automoción. En una entrevista por correo electrónico, Cohen reconoce que ha tenido dos vidas profesionales muy distintas y que ambas se han complementado. “Todo ello, atendiendo siempre a situar las acciones humanas en su contexto histórico”, explica el autor de una obra que ha sido premiada como mejor libro de historia de 2025 por la cadena de librerías norteamericana Barnes&Noble y que acaba de publicarse en España.

Adam Cohen señala que se planteó dos objetivos a la hora de relatar aquel famoso naufragio en el Atlántico Sur en una travesía que se inició en Inglaterra y debía haber concluido en Australia y que cambió la historia del derecho. “En primer lugar”, afirma, “quería contar una historia fascinante de un naufragio, un acto de supervivencia, un apasionante caso judicial, un debate sobre el canibalismo… Pero intenté abordarla como un ensayo histórico que respondiera a la pregunta de por qué sucedió todo esto y por qué aquella sentencia de 1884 acabó con una práctica de siglos en el mar”.

Este jurista y periodista narra aquel trágico episodio de un modo cronológico y con un estilo ágil, pero documental, casi frío. Para conseguir ese propósito el autor neoyorquino se sumergió en la prensa de la época y en los ambientes marineros y jurídicos de la Inglaterra de finales del XIX. Tanto la atmósfera social de una Inglaterra victoriana pero reformista, así como el retrato de los personajes, desde los jueces a los marineros, están reflejados con mucha precisión en las páginas de un libro que, sin ser una novela, se convierte en un relato vibrante donde la realidad supera de nuevo a la ficción. Cohen comenta que siente un gran respeto por la literatura de ficción —“otra manera de contar la verdad de la condición humana”—, pero que siempre se sintió atraído por los hechos: “El intento de entender el mundo en el que realmente vivimos en sus propios términos”.

El pequeño detalle de los derechos individuales

En cualquier caso, la habilidad de Cohen como narrador se plasma en dejar que el lector saque sus propias conclusiones. El dilema ético se presenta en el libro de una manera imparcial sin caer en sesgos ni maniqueísmos. El autor aclara la elección del enfoque: “Cuando se plantea el dilema moral en el bote salvavidas entre los otros tres tripulantes sobre asesinar a un grumete indefenso y enfermo, una mayoría de lectores será capaz de ver ambos lados de la cuestión, dos actitudes contrapuestas entre los miembros de la tripulación. En definitiva, puedes tener una opinión firme al respecto, pero al mismo tiempo pensar que otra gente puede sostener con argumentos la opinión contraria”.

Ahora bien, Cohen se reserva un extenso epílogo para manifestar su opinión sobre aquella sentencia, conocida como el caso Dudley y Stephens, por los apellidos de los dos marineros que fueron condenados a muerte, si bien después fueron indultados por la reina Victoria por la presión popular a favor de esa medida de gracia. Así pues, la sentencia de aquel tribunal británico sentó jurisprudencia en Inglaterra y después en todo el mundo, y rechazó que una necesidad, por extrema que fuera, pudiera justificar el asesinato de un inocente.

“La importancia del caso Dudley y Stephens”, argumenta el autor, “es hoy muy distinta de la que tenía en 1884, cuando supuso la largamente esperada resolución de un notorio caso de canibalismo. Pero en la actualidad aquel proceso se erige como un imponente baluarte jurídico en uno de los polos de un gran debate filosófico. Representa el principio de que los derechos humanos son de vital importancia y que, por tanto, ninguna vida debe ser sacrificada basándose en cálculos utilitaristas”.

En ese epílogo, Cohen arremete contra los intentos recientes de responsables políticos o poderosos empresarios para anteponer supuestos criterios utilitaristas a la hora de discriminar a enfermos por su edad o por su condición o de autorizar las torturas para prevenir atentados terroristas por poner dos ejemplos. “Todavía cobra más vigencia el caso Dudley y Stephens”, opina el escritor, “en el nuevo escenario que se nos abre con la llegada de la inteligencia artificial. Es fácil que por inercia se imponga un enfoque utilitarista: la idea de programar máquinas para lograr el mayor bien para el mayor número de personas resulta tentadora a primera vista. Pero el problema de cualquier cálculo hedonista de este tipo es que pasa por alto la importancia de los derechos individuales”.

Canibalismo sin pudor

Junto a estos debates filosóficos que sobrevuelan una narración que oscila entre el relato de aventuras y el thriller judicial, La cena del capitán aborda el espinoso tabú del canibalismo que poco a poco fue desapareciendo de aquella “costumbre del mar” tras los naufragios. Bien es cierto, tal como se narra en el libro, que desde finales del siglo XIX los buques de vapor fueron sustituyendo a los veleros de tal manera que ya escasearon los hundimientos en alta mar.

No obstante, buena prueba de hasta qué punto estaban tolerados los ejercicios de canibalismo como supervivencia en el mar que Dudley y Stephens confesaron sin pudor, nada más desembarcar en Inglaterra, su asesinato del grumete Parker. De hecho, otros marineros que habían protagonizado gestas de supervivencia en épocas anteriores habían sido aclamados como héroes a su regreso. En ese sentido, la presión de la opinión pública de la época obligó de algún modo a la concesión del indulto a Dudley y Stephens que solo cumplieron una condena de seis meses. El otro navegante del Mignonette, Brooks, ni siquiera fue juzgado ya que se había opuesto al asesinato de Parker aunque consumió más tarde su carne para sobrevivir.

En cualquier caso, Adam Cohen deja claro que aquella histórica sentencia logró que el asesinato previo al canibalismo se considerara un delito. Otra cuestión diferente sería el canibalismo practicado con seres humanos ya fallecidos como en el célebre caso de los jugadores de rugby cuyo avión se estrelló en los Andes en 1972. “La mayoría de la gente”, afirma el jurista y periodista, “siente una repulsión natural ante la idea de comer carne humana, pero creo que la mayoría también estaría de acuerdo en que si la elección es entre comer la carne de alguien que ya está muerto o morir uno mismo el canibalismo estaría justificado”.

Mientras en varias ciudades de España, centenares de personas se manifiestan y concentran contra el desahucio de Maricarmen, la anciana madrileña que esta semana fue sacada del que ha sido su hogar durante siete décadas, en Toledo, otro caso ha despertado la solidaridad ciudadana.

Rosario, una mujer de 80 años a la que se le ha terminado el contrato de alquiler, tenía que entregar hoy las llaves de su hogar. Viuda, sin hijos, con una discapacidad, y con una pensión que roza los 500 euros mensuales, afronta una situación complicada debido al tensionado mercado de vivienda de Toledo. No obstante, gracias a la “presión popular” se ha abierto la negociación con la familia propietaria y Rosario dormirá esta noche en su hogar.

Decenas de personas se han concentrado en la tarde de este lunes en la toledana plaza de San Justo, para pedir que se encuentre una alternativa habitacional en el barrio del Casco Histórico, donde ella reside. Una concentración para “apoyar y respaldar a Rosario, que no se encuentre sola ante este paso”, apunta Alicia Martínez, miembro del Unión Popular de Inquilinos de Toledo. Rosario lleva viviendo cinco años en esa casa, aunque siempre lo ha hecho en este barrio del Casco Histórico. “Antes podías cambiar fácilmente de casa, se te acababa el contrato y te ibas a otra, ahora te quedas en la calle y es una injusticia tremenda porque te obliga a irte de tu ciudad”. El barrio al que alude la activista es uno de los más codiciados para el negocio turístico en la ciudad.

“Una plaza residencial no resuelve un mercado tensionado”

Esta mañana la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo -en el que gobierna PP y Vox- explicaba que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica, a varios kilómetros del centro.

Alicia Martínez ha señalado que “la crisis de la vivienda, marcada por un mercado tensionado no se puede resolver ni con plazas residenciales ni con viviendas sociales”. “No se nos puede apartar a las personas de nuestros barrios, de los espacios que nos han visto crecer y desarrollar nuestros proyectos de vida”, ha expresado. Explica que la propuesta del ayuntamiento es “una solución técnica, no una solución humana”.

Desde la Unión Popular de Inquilinas de Toledo también advertían de la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. Explicaban que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Martínez pide que Rosario pueda quedarse en su barrio: “Si no puede quedarse en su casa, que tenga una vivienda asequible en su barrio, una vivienda que pueda pagar ella igual que quisiéramos cualquiera de nosotros, de los vecinos que vivimos en cualquier barrio de Toledo y en este caso en el Casco Histórico”.

Negociación abierta con la familia propietaria

Asegura que “gracias a la presión popular” se ha conseguido abrir una ventana hacia la negociación con la familia: “Hemos abierto una negociación con la abogada de la familia de la vivienda de Rosario y están abiertos a escuchar nuestras propuestas”, explica Martínez. Apunta que “Rosario quiere quedarse al menos un año en la casa para que le dé tiempo a encontrar una vivienda asequible para ella en su propio barrio. Añade que para tener ese tiempo ”necesita evidentemente que mañana se apruebe el decreto Maricarmen, que se considere el mercado entero como tensionado por la introducción de los fondos y de la especulación en los mercados de la vivienda“.

“Si nos dan ese tiempo, Rosario podrá alquilar otra vivienda y seguir con sus vecinas con las que pasa el día aquí en los banquitos de la plaza de San Justo. Ella es una persona con cierto grado de discapacidad, pero que se vale por sí misma perfectamente, que baja a la calle, que visita a sus vecinas, que se va al mercado, que se pasa la mañana hablando con las vecinas y que si tú le quitas eso, le estás quitando la posibilidad de seguir viviendo”, matiza.

Martínez asegura que Rosario pasará la noche de este lunes en su casa: “Hoy va a poder dormir ahí, pero no sabemos lo que va a pasar el viernes que viene. Gracias a la presión popular y a todas las personas que nos están apoyando hoy [Rosario va a poder tener más tiempo]. Pero la presión tiene que continuar, concienciando de la necesidad que tiene que haber un cambio estructural y global porque es un problema colectivo”.

Martínez ha apuntado también que el mercado de vivienda en Toledo, y en particular en el Casco Histórico, tiene que “dejar de estar tensionado, que se reduzcan los precios, se liberen apartamentos turísticos y vurelvan a convertirse en residencias”. Exige que “los precios bajen mínimo un 50% para que las personas podamos vivir y desarrollar nuestro proyectos de vida en acasas habitables, no es torres aisladas o en residencias para personas mayores”.

En su opinión, “Maricarmen y Rosario están siendo las puntas de lanza de lo que nos está ocurriendo a todas, que en cualquier momento nos pueden tirar de nuestra casa si se nos acaba el alquiler y no tenemos la posibilidad de quedarnos en nuestros barrios porque con nuestros sueldos no podemos pagar esos alquileres”.

Los letrados del Congreso han considerado que existen motivos para abrir un expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez, después de que en el último Pleno exhibiera un bote de gas pimienta en el hemiciclo y fuera obligada a desalojar el Salón de Plenos. Los servicios jurídicos de la Cámara han concluido que el spray, aunque se trate de un producto de autodefensa, se considera legalmente un arma y que su tenencia está prohibida por el Reglamento del Congreso.

El informe de los letrados, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el Reglamento sanciona el hecho de “portar” un arma dentro del recinto parlamentario, sin que sea necesario que esta haya sido utilizada o empleada como amenaza. Los servicios jurídicos han apuntado además que no existen precedentes en la historia parlamentaria de la Constitución de un caso similar relacionado con la presencia de un arma en el hemiciclo.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha justificado la expulsión de la diputada apelando al artículo 101 del Reglamento de la Cámara. Este precepto establece la posibilidad de aplicar la “suspensión temporal en la condición de diputado o diputada por razón de disciplina parlamentaria” a quienes porten armas dentro del recinto parlamentario.

La decisión de abrir formalmente el expediente sancionador corresponde a la Mesa del Congreso, que se reúne este martes. El informe de los letrados ha señalado que existen motivos para iniciar este procedimiento, aunque ha precisado que antes de plantear una posible sanción la Cámara debe escuchar a la diputada afectada.

Vázquez tendrá derecho a presentar alegaciones durante el procedimiento. Los servicios jurídicos han señalado que, en caso de que la Mesa termine proponiendo una suspensión de la diputada, deberá tener en cuenta “la proporcionalidad y la necesidad de motivación” de la medida. La eventual propuesta de sanción deberá ser votada posteriormente por el Pleno del Congreso en una sesión a puerta cerrada. En ese caso, la propia diputada afectada no podrá participar en la votación.

El Ayuntamiento de Toledo ha ofrecido una plaza en la Residencia Social Asistida San José a Rosario, una vecina de 80 años que este lunes debe abandonar su vivienda de alquiler en el Casco Histórico de la ciudad tras finalizar su contrato.

Así lo ha trasladado a preguntas de los medios la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios por la situación de esta vecina de Toledo por la que la Unión Popular de Inquilinas (UPI) convocó este domingo una concentración de apoyo.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente, creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir vivienda sola”, ha señalado la edil sobre Rosario, quien es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse con su pensión de 500 euros.

Illescas ha explicado que la mujer ha sido atendida por parte de los servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento -habiendo mantenido “nueve reuniones” con la trabajadora social en el último mes- y que se la ha ofrecido su trasladado a la residencia de manera temporal mientras puede buscar otra alternativa, aunque ella habría rechazado esta propuesta.

La concejala ha desvelado además que Rosario está inscrita en el registro de solicitantes de vivienda de la Junta de Comunidades, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta positiva, aunque indica que también se le ha ofrecido una plaza residencial por parte de la Administración regional.

No ve una situación “comparable” a la de Maricarmen

Señala también la edil que Rosario no habría judicializado la situación y que no la ve comparable a la que ha sufrido Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, que fue desahuciada la semana pasada. Un caso que ha incrementado las protestas sociales y que ha originado la acampada de cientos de personas en Sol para reclamar soluciones al problema de la vivienda.

“Aunque alguien lo está pretendiendo, no estamos ante un caso como el de Maricarmen”. “Estamos ante un fin de contrato”, ha agregado, subrayando que, a su juicio, se está intentando “dibujar una situación análoga a la Maricarmen”, lo que considera como “algo partidista”.

“No debemos hacer cortinas de humo. Más valdría que la izquierda se dedicara a denunciar violaciones de Ceuta”, ha aseverado también la concejala 'popular', sin concretar qué formaciones o partidos políticos están haciendo lo que considera “un uso torticero de lo que está sucediendo” en el caso de Rosario.

“En la calle no se va a quedar esta señora esperando la plaza de mañana. Eso os lo puedo asegurar porque para eso existen las ayudas de emergencia y el Ayuntamiento se ocupará en su caso de esa situación. Pero lo primero que tiene que haber es una confirmación de que Rosario quiere acogerse a esta posibilidad porque los ofrecimientos que se le han hecho los ha rechazado. Pero no se va a quedar a dormir a la calle. Lógicamente, nadie se queda a dormir en la calle en Toledo”, ha afirmado la edil.

Movilización contra el lanzamiento

De su lado, la Unión Popular de Inquilinos, que ha convocado hoy una concentración en San Justo por el caso de Rosario, llevó también a cabo una protesta en Zocodover en la que reunió a medio centenar de vecinas y vecinos y personas vinculadas a los movimientos por el derecho a la vivienda.

En el acto, señalaron que el caso de Rosario no debe abordarse como un problema individual sino como parte de una situación más amplia de acceso a la vivienda, reclamando medidas como el fin de los desahucios y una mayor protección para las personas que se encuentran en situaciones de emergencia habitacional-.

Precisamente, tras el incremento del malestar social por el caso de Maricarmen, el Gobierno está negociando la aprobación del decreto de vivienda para que pueda tener luz verde este martes en el Consejo de Ministros.

Ante la proliferación de dispositivos de seguridad a la entrada de las viviendas es importante conocer la normativa de protección de datos, para que la protección del hogar no cruce la fina línea que la separa de la vigilancia ilegal. Los usuarios deben tener en cuenta además el funcionamiento del dispotivo, el alcance de las cámaras de seguridad y la ubicación en la que están colocadas.

“La seguridad de la vivienda puede justificar la instalación de una cámara, pero no permite vigilar indiscriminadamente a quienes circulan por el edificio”, asegura Manuela Julia Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), que advierte de que si el dispositivo capta imágenes fuera del espacio estrictamente privado, como el rellano o los pasillos comunes, “deja de ser una actividad puramente doméstica y debe cumplir la normativa de protección de datos”. 

Para que una instalación particular de este tipo sea legal debe responder a un criterio estricto de necesidad y proporcionalidad. “La grabación ha de ser necesaria y proporcionada, limitarse a la zona imprescindible para proteger la puerta y evitar la captación continua de la vida cotidiana de los vecinos”, señala Martínez.

En la práctica, esto exige un ajuste muy preciso de la orientación de la cámara que, según la experta, “debe configurarse para captar exclusivamente la puerta propia y, como máximo, la franja mínima imprescindible situada inmediatamente delante de ella”. Por tanto, la cámara no debería ofrecer una perspectiva general del rellano, del portal, de los ascensores ni de las zonas de tránsito compartido.

Las restricciones son todavía mayores si hablamos de viviendas colindantes o del espacio público. “En ningún caso se debe captar el interior o la puerta de otra vivienda de forma que permita conocer quién entra, quién sale o cuáles son los hábitos de sus ocupantes”, remarca la presidenta de CAFMadrid, que también recuerda que la grabación de audio debe desactivarse por norma general al resultar sensiblemente más invasiva. 

¿Es igual una cámara que un videoportero o una mirilla digital?

“La denominación no es determinante; lo importante es cómo funciona el dispositivo”, explica Martínez. “Un videoportero o una mirilla digital que únicamente se activa cuando alguien llama, muestra la imagen durante unos instantes y no la graba ni permite una vigilancia permanente tiene un impacto mucho menor sobre la privacidad”.

En cambio, según la administradora “si el dispositivo graba continuamente, se activa con cada movimiento, almacena imágenes en la nube, envía alertas al teléfono o permite observar el rellano en cualquier momento, jurídicamente funciona como un sistema de videovigilancia y debe cumplir la normativa de protección de datos. Que el aparato tenga forma de timbre o de mirilla no lo exime de estas obligaciones”, detalla. 

Los dispositivos de este tipo, al instalarse en la puerta externa, la fachada o el rellano se considera que alteran la configuración estética del edificio. “En términos generales, conviene solicitar autorización previa y expresa de la comunidad cuando la instalación se coloca en la cara exterior de la puerta o afecta a cualquier elemento común”, aconseja la especialista.

De la misma forma, advierte de que el permiso de los demás propietarios no concede impunidad legal: “Aunque la comunidad autorice físicamente la instalación, el propietario sigue obligado a respetar la intimidad de los vecinos y la normativa de protección de datos”, añade.

Si, en cambio, la iniciativa surge de la propia junta de propietarios para todo el inmueble, el acuerdo debe someterse a votación formal y el acuerdo debe adoptarse conforme al artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, requiriendo la aprobación por mayoría de tres quintas partes del total de propietarios y cuotas de participación, precisa Martínez, que recuerda que los archivos deben eliminarse en un plazo máximo de un mes, salvo que sea preciso conservarlos para acreditar una incidencia o delito, debe haber un cartel informativo de que la zona está videovigilada y no está permitido la difusión ni el acceso del material a personas no autorizadas. 

“El derecho a proteger nuestra vivienda no incluye el derecho a vigilar permanentemente a nuestros vecinos. La clave está en que la cámara sea necesaria, proporcional y esté orientada exclusivamente al acceso que se pretende proteger”, resume la experta.

Rosario tiene 80 años y vive en el Casco Histórico de Toledo. Este lunes perderá la vivienda en la que ha vivido siempre, en el barrio de San Justo de la ciudad, uno de los más frecuentados por los turistas. Es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse.

Percibe una pensión de apenas 500 euros mensuales y es una persona con discapacidad. Los herederos de la vivienda en la que vive quieren vender el inmueble y poner fin a su permanencia en la casa. Este lunes debe entregar las llaves.

Ha acudido a los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento que gobiernan PP y Vox. También ha pedido ayuda a la Iglesia católica, pero hasta el momento no ha encontrado una solución que le permita garantizar su vivienda.

La Unión Popular de Inquilinas de Toledo pide “solidaridad” con Rosario, y ha convocado a la ciudadanía este lunes, a las 19.30 horas, en el momento en que debe marcharse de su casa.

“Rosario no debe entregar las llaves de su casa. No vamos a aceptar que una mujer de 80 años, sin hijos, sola y con una pensión de 500 euros, sea expulsada de su casa sin que exista una alternativa habitacional digna y ponemos de relieve que se trata de un problema sistémico que nos está deshumanizando y expulsando de nuestros barrios”, denuncia el colectivo.

Cree que la respuesta ante esta situación tiene que ser colectiva para “acompañar, organizarse y defender el derecho de Rosario a permanecer en su casa”.

Para la Unión Popular de Inquilinas la situación de Rosario vuelve a poner sobre la mesa la falta de vivienda asequible en Toledo y “las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones”.

En Toledo se muestran las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones

Reclaman al ayuntamiento que ponga a disposición de las personas que lo necesitan los recursos de vivienda pública existentes. La organización denuncia que “hay viviendas sociales reformadas desde 2024 en la zona del Tránsito que continúan sin ocupar”, y exige conocer cuántas viviendas públicas permanecen vacías, en qué condiciones se encuentran y por qué no están siendo utilizadas para atender situaciones de emergencia habitacional como la de Rosario.

También señalan la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. En este punto explican que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Este mismo domingo se celebraba una asamblea “urgente” en la céntrica plaza de Zocodover “en solidaridad y respaldo de las compañeras inquilinas de España”, en la que ha participado cerca de un centenar de personas.

“Ni un paso atrás”, señalan, hasta que se apruebe el 'decreto Mari Carmen'. A la espera de lo que pueda ocurrir en la reunión del Consejo de Ministros de esta próxima semana, ya se anuncian nuevas movilizaciones en la ciudad.

Movimiento Sumar Toledo se ha sumado a la petición para pedir al ayuntamiento que dote de alternativa a la anciana.

La Unión de Inquilinas de Toledo celebrará además Asamblea Abierta al próximo viernes 2 de octubre a las 19:30 horas, en el anfiteatro de las Tres Culturas de la ciudad. “Queremos encontrarnos con todas las personas que estén atravesando situaciones similares: alquileres inasumibles, amenazas de desahucio, viviendas en manos de grandes propietarios, falta de alternativas habitacionales o cualquier otra situación que ponga en riesgo el derecho a permanecer en sus casas”, explican y hacen un llamamiento a la ciudadanía a acudir y organizarse.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo han anunciado este lunes que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir viviendo sola”, ha señalado la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios.

Movilizaciones en Castilla-La Mancha, acampada en Madrid

Esta semana se han producido movilizaciones en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. La plaza del Pilar en Ciudad Real reunió el viernes a más de 250 personas en una concentración para denunciar el desahucio de Mari Carmen Abascal, una vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, convocada por CNT y apoyada por Amnistía Internacional.

Durante la concentración se leyó un manifiesto para recordar a “todas las Mari Carmen”, incidiendo en que “ la vivienda es un derecho humano” y que el desahucio se había producido a pesar de haber vivido durante décadas en su casa y haber pagado siempre su alquiler. “Fue desahuciada sin una alternativa habitacional adecuada, a pesar de que Naciones Unidas había pedido la suspensión del desalojo”.

Para Amnistía Internacional, “es una vulneración de derechos humanos y muestra el fracaso de las instituciones a la hora de proteger a una persona vulnerable”.

La organización recordo que “no es un caso aislado” porque “España vive desde hace años una crisis estructural de la vivienda”, con alquileres que “se han disparado”, mientras la vivienda social representa apenas el 1,71 % del parque de alquiler, frente a una media del 9 % en la Unión Europea. Según datos facilitados por Amnistía Internacional entre 2013 y 2025 se han producido alrededor de 600.000 desalojos.

Quienes se concentraron en Ciudad Real lo hicieron para decir que “Mari Carmen no está sola” y que “nadie debería ser expulsado de su hogar sin una alternativa habitacional adecuada”.

“Castilla-La Mancha también tiene responsabilidades”

Desde ayer sábado cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, tras participar en una multitudinaria manifestació para apoyar a Mari Carmen y reclamar soluciones para este tipo de situaciones.

Eso, añadían, incluye también a Castilla-La Mancha. “Nuestra región también tiene responsabilidades que asumir para que aquí no se produzcan casos como el de Mari Carmen”.

En este aspecto recordaban que la recién constituida Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna de Castilla-La Mancha, de la que forma parte Amnistía Internacional, reclama al Gobierno regional anto alquileres estables y asequibles como que se declaren zonas de mercado residencial tensionado donde sea necesario para regular los precios. “¡Castilla-La Mancha aún no ha declarado ninguna!”, criticaban.

También piden un incremento sustancial del parque público de vivienda, con protección permanente o que antes de cualquier desalojo exista una alternativa habitacional real y digna, y que los casos de vulnerabilidad se detecten y atiendan desde el primer momento, con prevención, mediación, asesoramiento y acompañamiento.

Protección reforzada para las personas con discapacidad, problemas de salud mental u otras situaciones de especial vulnerabilidad, y que nunca se las desaloje sin valorar sus circunstancias y garantizar una alternativa.

Este sábado se ha celebrado Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha en el que se ha aprobado una resolución sobre Vivienda. Es una declaración de intenciones, en la que se citan los desahucios, pero solo para decir que ha descendido el número de lanzamientos en la comunidad autónoma.

“Castilla-La Mancha ha tenido una evolución claramente descendiente en materia de desahucios de viviendas. Si en 2013 era una región que lideraba el número de desahucios en 2025 es la situación contraria, pasa de 2.762 en 2013 a 700 lanzamientos practicados en 2026, una caída aproximada del 75 %. El mínimo de la serie cerrada es 2025, incluso por debajo del dato excepcional de 2020 debido a la pandemia del COVID”, detalla, sin aludir a medidas sobre este tipo de situaciones que afectan a personas con nombres y apellidos, y con una casuística muy variada.

Silencio de PP y Vox: votaron contra el escudo social antidesahucios

Castilla-La Mancha prepara una Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda que no contempla frenar desahucios como el de Mari Carmen, en aras a proteger la vulnerabilidad de las personas. Esta semana el consejero de Fomento Nacho Hernando aseguraba que hay negociaciones con PP y Vox “muy avanzadas” sobre la futura norma, pero el PP se ha apresurado a negarlo y dice que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” porque solo han sido convocados a una reunión. .

El PP castellanomanchego tampoco ha dicho ni una sola palabra sobre casos como el de Mari Carmen. En un comunicado aseguran que el partido presentará una “larga” serie de enmiendas “responsables” al texto planteado por el Grupo Socialista que tiene que ver con la defensa de la autonomía municipal, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la actualización del planeamiento, la movilización de suelo, la colaboración público-privada, la vivienda protegida, el acceso de los jóvenes, la rehabilitación y las necesidades específicas de los pequeños municipios.

Ni una palabra sobre las personas vulnerables o la posibilidad de estudiar casos que necesitan especial protección, por distintas circunstancias. Tampoco se le conoce una propuesta en este sentido a Vox. En febrero tanto PP como Vox, además de Junts, tumbaron el escudo social antidesahucios propuesto por el Gobierno en el Congreso.

En estos días, las protestas se repiten en el territorio nacional. En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional recuerda que es necesaria una Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha “que reconozca la vivienda como derecho humano y establezca garantías para hacerlo efectivo”.

“El derecho a la vivienda no puede quedarse en una declaración. Las administraciones están obligadas a respetarlo, protegerlo y adoptar medidas para garantizarlo, y nadie debería acabar sin hogar a causa de un desalojo, inciden. ”Necesitamos más vivienda pública y asequible, medidas para acceder y permanecer en una vivienda digna, y proteger a las personas vulnerables, evitando que la vivienda se trate solo como un activo económico“.

Una bolsa de basura en la puerta de casa o en el rellano puede pasar de un descuido puntual a convertirse en una fuente de malos olores o problemas higiénicos cuando pasa a convertirse en algo habitual en una comunidad de propietarios. Pero la ley es clara al respecto y establece un protocolo de actuación concreto.

“El rellano, las escaleras y otras zonas de paso son elementos comunes y no están destinados al depósito particular de residuos”, recuerda Félix Galocha, vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA), que aclara que “la Ley de Propiedad Horizontal obliga a los propietarios a hacer un uso adecuado de los elementos comunes y a observar la debida diligencia en el uso del inmueble y están prohibidas las actividades que resulten dañosas o que puedan considerarse molestas, insalubres, nocivas o peligrosas”.

Así, según el experto, “la comunidad puede y debe intervenir, especialmente cuando no se trata de algo puntual, como sacar una bolsa unos minutos antes de bajarla, sino de una conducta habitual”. Aunque la legislación también fija límites de actuación a la comunidad de propietarios. “Puede exigir que cese la conducta, pero no dispone de una potestad sancionadora general que le permita imponer unilateralmente multas por incumplir las normas de convivencia”, advierte Galocha.

A la hora de abordar el problema, el administrador de fincas recomienda optar por un procedimiento institucional y evitar enfrentamientos directos en el pasillo: “Debe comunicarlo al presidente o al administrador, preferiblemente aportando fotografías o indicando cuándo sucede, para que sea la comunidad la que gestione el problema”. A partir de ahí es la comunidad la que puede requerir “el cese de una conducta encuadrable en el artículo 7.2”, es decir, notificar al vecino que el rellano no es un depósito de desperdicios y pedirle que deje de actuar de ese modo.

Qué puede hacer la comunidad de propietarios

“Ante estas situaciones, solemos recomendar comunicación, constancia y proporcionalidad: primero el aviso; después el requerimiento formal si se repite; y, si aun así persiste y tiene entidad suficiente, acuerdo de junta y acción de cesación”, explica Galocha.

La comunidad puede aprobar o recordar la reglamentación que regula la convivencia y el uso de los elementos comunes al amparo del artículo 6 de la Propiedad Horizontal y, como apunta el administrador, si la conducta continúa se puede exigir su cese vía burofax bajo la advertencia expresa de emprender acciones judiciales. “La mayoría de estos problemas deberían resolverse mucho antes de llegar al juzgado”, precisa el experto.

En caso de que no sea así y se llegue a los juzgados, Galocha destaca que la solidez del expediente probatorio resulta determinante: “Es muy importante haber documentado bien la situación con fotografías, las comunicaciones realizadas, la reiteración de los hechos, posibles quejas de vecinos y, sobre todo, el requerimiento fehaciente”. 

Si la demanda prospera, el juez puede dictar medidas cautelares de cese inmediato, fijar indemnizaciones por daños y perjuicios e incluso ordenar al infractor la privación temporal del uso de la vivienda por un periodo de hasta tres años. En los casos en que el responsable sea un inquilino y no el propietario, el tribunal puede declarar extinguidos los derechos del arrendamiento y acordar su desalojo inmediato.

“Evidentemente, por una bolsa de basura aislada nadie va a llegar a estos extremos; estamos hablando de conductas reiteradas, acreditadas y suficientemente graves”, matiza Galocha.

Los profesionales de la criminología están de enhorabuena. Este mes, el PSOE y Sumar han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para regular el sector que esperan que todos los grupos parlamentarios apoyen. Su único temor es el tiempo. La inestabilidad política al final de esta legislatura es lo único que hace peligrar la aprobación de la norma. Tras años de negociaciones, la ley pretende establecer por primera vez un marco estatal integral para el ejercicio de una profesión que cuenta desde hace años con reconocimiento universitario, pero que todavía carece de una regulación específica.

Para llegar hasta este punto, los colegios profesionales de criminología han andado un camino plagado de reuniones, jornadas y actividades orientadas a exponer a los congresistas la labor que realizan. “Los colegios y el Ministerio de Justicia hemos elaborado este texto. Ahora la Mesa del Congreso debe calificarlo, pero no creemos que haya problema”, comenta Abel González, vicedecano del Colegio Oficial de Criminología de la Comunidad de Madrid. La misma Mesa calificó de favorable hace años el anterior borrador de intento de regulación que presentó individualmente Sumar.

González, quien dirige el departamento de criminología en la Universidad a Distancia de Madrid, asegura que la ley subsana dos cuestiones fundamentales. Por un lado, viene a aplacar el desconocimiento sobre las funciones que los criminólogos pueden desempeñar en diversos ámbitos, sobre todo en el público, como la prevención de la delincuencia, el tratamiento de delincuentes y la mejora de la convivencia.

Por otro lado, la ley impulsará que la Administración los utilice: “Tenemos 20.000 estudiantes y otros 20.000 egresados para los que no había una salida clara en España. Instamos a estos poderes a que tomen en consideración nuestras funciones y abran ese ámbito profesional dentro de sus competencias”, recalca el vicedecano madrileño.

Ante la falta de salidas laborales dentro de la Administración pública, los graduados en criminología suelen apostar por engrosar la plantilla de cuerpos policiales, donde realizan labores de análisis delictivo y tratamiento de víctimas. La otra posibilidad principal era integrarse en Instituciones Penitenciarias, concentrándose mayormente en el área de tratamiento.

Dentro del ámbito privado, la profesión se ha desarrollado en parcelas como el tratamiento de menores en riesgo de exclusión social a través de asociaciones y fundaciones, así como en la aplicación de medidas de justicia juvenil. Muchos trabajan en el sector de la seguridad privada, también. “En Ayuntamientos solemos realizar planes de prevención de la delincuencia y actuamos en el área de violencia de género, tratamiento y acompañamiento de las víctimas, pero siempre a través de entidades externas”, apuntilla González.

Los entornos de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia han sido los que más han explotado la figura de los criminólogos en los últimos años, al que suelen acceder tras especializarse con un máster o formaciones específicas. La parte académica es otro de los aspectos con mayor desarrollo. El mismo González, docente universitario, apuesta por esta vía como una forma de apuntalar la investigación en el campo de la criminología.

La Proposición de Ley estipula en su quinto artículo las competencias de los criminólogos. Entre ellas, destaca “el diseño y ejecución de investigaciones empíricas sobre el fenómeno criminal, la aplicación de teorías criminológicas a la explicación, predicción e interpretación del comportamiento delictivo; la comprensión y aplicación del marco jurídico como sistema de respuesta preventiva institucional al fenómeno delictivo; y la elaboración de informes criminológicos y dictámenes técnicos”.

El siguiente artículo recoge las áreas en las que los criminólogos pueden desarrollar su actividad profesional. En este sentido, mencionan el área de análisis e investigación criminológica, el área de prevención del delito y seguridad, el área de ejecución penal, reinserción y justicia restaurativa, y el área de atención a víctimas y protección de personas en situación de vulnerabilidad.

Agravio comparativo con otras profesiones

La ley que regulará la profesión de la criminología aportará seguridad jurídica a sus integrantes, según la decana de Colegio oficial de la Comunitat Valenciana, Amparo Peris. “Hay mucha gente que dice ser criminóloga, por ejemplo, en debates televisivos, cuando no nos consta que tenga una titulación adecuada”, se queja.

Asimismo, sostiene que la regulación es necesaria ante un “agravio comparativo” con otras profesiones de distintas titulaciones que sí posibilitan el acceso a plazas en instituciones públicas y privadas que para los criminólogos están vetadas. “En Instituciones Penitenciarias existe la figura del jurista criminólogo, pero para acceder solo se pide la titilación en derecho”, ilustra la decana, quien defiende que solo piden lo que “en justicia” les pertenece: ocupar los cargos para los que han sido formados.

Peris recalca que profesionales como los criminólogos son necesarios en cuestiones como la confección de leyes de protección a la infancia. “Toda forma de prevención de la delincuencia es nuestro ámbito. Ahora que crece el ciberbullying, también ese acoso en ámbitos educativos, podríamos intervenir”, ejemplifica. Del mismo modo, son los encargados de realizar una valoración del riesgo de reincidencia de una persona y su nivel de reinserción. “Somos personas expertas en mediación penal, en justicia restaurativa, en diálogo, en atención a víctimas, en reinserción. Queremos que cuenten con nosotras”, reivindica la decana.

La tesorera del colegio valenciano, Saray Pavón, añade que “llevamos 12 años formando a criminólogos en España que no saben a dónde ir”. Esta mediadora familiar admite que muchos de ellos acaban estudiando trabajo social, educación social o psicología para encontrar otras salidas laborales. “No es una ley política, espero que todos voten a favor”, desea.

Le sigue su decana: “Pedimos el apoyo de todos los grupos políticos, porque a veces que la ley la haya presentado uno de ellos hace que se opongan los demás. Esta ley será buena para la sociedad”. Ante dicho extremo, González incide desde Madrid en que los tiempos de tramitación deberían reducirse al máximo. “No sabemos cuánto puede durar esta legislatura y nuestro principal escollo es que la inestabilidad política haga que se termine sin haber aprobado el texto final”.

Una profesión joven

A Ángel Párraga le mosqueaba la situación. Mientras criminología era una carrera con alta demanda, su inexistente regulación posterior provocaba una pérdida de talento elevada. Él es el presidente del Colegio Oficial de Criminología de Catalunya, además de agente de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). “No ha sido fácil llegar hasta aquí. Somos una profesión joven en este país y situarse es complicado”, opina.

Desde su punto de vista, hay “muchos espacios” que en estos momentos cubren psicólogos, sociólogos y otras profesiones que llevan reconocidas como tales muchos más años. “No se trata de quitarles a ellos y ponernos nosotros, sino empezar a ocupar los lugares que nos corresponden. Sobre todo, en la Administración pública, en los juzgados, las policías, todos esos espacios en los que la criminología tiene mucho que decir”, finaliza Párraga desde Catalunya.

Los diputados del Parlamento de Cantabria dilatan siempre el regreso a la actividad hasta después de la celebración de la Bien Aparecida. Una misa en un santuario que se ha convertido, por costumbre, en una especie de romería política donde la presidenta Buruaga (PP) y los líderes de los partidos de la oposición hacen declaraciones de intenciones sobre el nuevo curso político.

Buruaga en esta ocasión, tras su habitual letanía de reproches contra el presidente Pedro Sánchez, ha hecho un avance del presupuesto para 2027 y el techo de gasto a la salida de misa de doce –no en la sala de prensa, que nunca frecuenta– cuando apenas se ha empezado a ejecutar al anterior, aprobado con notable retraso con las exigencias del PRC. Esta vez, la perspectiva electoral hace presumir una prórroga del actual hasta después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, por lo que las cábalas y los anuncios sobre las cuentas públicas podrían resultar inútiles.

La presidenta, además, desde el Santuario de la Bien Aparecia, prometió una eclosión de los proyectos del Gobierno en esta recta final de una legislatura donde la vivienda y el turismo –junto a un urbanismo desbocado– se han convertido en los ejes centrales del debate público.

Las iniciativas legislativas del Gobierno del PP llegan a los exámenes finales de las urnas con muchos deberes pendientes –ocho proyectos de ley– que pretenden resolverse en apenas cinco meses, ya que el Parlamento de Cantabria cierra en enero y las sesiones acabarán a principios de abril, cuando se convoque el decreto de elecciones en mayo. Vivienda, Patrimonio, Autoridad Docente, Consejo LGTBI, creación del Colegio Profesional de Técnicos de Farmacia y Parafarmacia –por un lado– y tres modificaciones legislativas: para ampliar en suelo industrial en un polígono afectado por el Plan de Ordenación del Litoral, de la Ley de Derechos y Servicios Sociales y del Parque Científico y Tecnológico de Torrelavega.

A estas iniciativas legislativas se suman los compromisos que adquirió la presidenta en el Debate de Orientación Política de Cantabria, celebrado en el Parlamento a final de junio, donde se anunció una Ley de Función Pública, otra de Carreteras y otra de Starups, para atraer inversiones vinculadas a la economía digital.

Además, el PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio –probablemente el documento más relevante desde el punto de vista urbanístico y medioambiental para el futuro de Cantabria– ya ha cerrado en julio el periodo de alegaciones y ahora tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno y enviado al Parlamento para su aprobación antes de que cierre en abril.

El PROT y la Ley de Vivienda son los dos asuntos más destacados que tratará el hemiciclo en este final de legislatura. El proyecto de ley de vivienda mantenía abierto el plazo para presentar enmiendas parciales hasta el 17 de septiembre.

Por su parte, la proposición de ley de Patrimonio, presentada conjuntamente por el Grupo Popular y el Grupo Regionalista, está pendiente del calendario de comparecencias pero en principio tiene el aval de los votos suficientes para su aprobación.

La Ley de Autoridad Docente tiene un horizonte más complicado. Los socialistas y los regionalistas tratan de bloquearla con la presentación de dos enmiendas a la totalidad porque, en su opinión, tiene “importantes deficiencias” ya que se centra en el régimen disciplinario en lugar de la convivencia.

La creación del Consejo LGTBI está pendiente de que el Parlamento fije el calendario de comparecencias. Es decir, las intervenciones de los expertos que ha solicitado los grupos políticos para informar sobre el tema. En la misma situación se encuentra la tramitación del proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Técnicos de Farmacia y Parafarmacia.

Por otro lado, el Gobierno de Cantabria necesita que el Parlamento apruebe una modificación del POL (Plan de Ordenación del Litoral) para ampliar en 35 metros cuadrados el suelo industrial del futuro polígono Federico Cobo de Guarnizo. Es una propuesta del Grupo Regionalista.

También se ha planteado una modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales –que está pendiente del calendario de comparecencias– y otra del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) de Torrelavega, otra propuesta del PRC que se ha tramitado por vía de urgencia y que tiene que recibir el visto bueno del Pleno.

El primer pleno del Parlamento de Cantabria de este nuevo periodo de sesiones se celebra el próximo 21 de septiembre.

El Congreso aprobó este miércoles de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Es, según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”. El nuevo engranaje legislativo amplía las prestaciones, reduce la burocracia y busca facilitar los cuidados en el hogar, para que aquellas personas que lo deseen puedan permanecer en sus casas.

Estos son los principales cambios que se han incorporado a las leyes de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia —la ley de dependencia— y de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia:

Más ayudas y compatibles entre ellas

Las personas en situación de dependencia podrán percibir diferentes prestaciones sin que se produzcan incompatibilidades entre ellas. Por ejemplo, una persona en situación de dependencia que esté en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas, como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia“, explica Asuntos Sociales.

Acompañar a la compra o al médico

La reforma se centra en ampliar y reconocer diversos servicios como tal. La asistencia a domicilio se ofrecerá más allá del entorno domiciliario, que es el espacio al que estaba restringido con anterioridad, y los trabajadores podrán acompañar a los usuarios en otras actividades diarias. La asistencia personal también se amplía y flexibiliza y no contará con restricciones educativo-laborales.

Teleasistencia para todos

La teleasistencia se identifica como derecho subjetivo. Esto implica que a toda persona que tenga reconocida una dependencia, le será reconocido este derecho de inmediato. La ayuda es compatible con otras prestaciones y podrán acceder a ella muchas que antes no podían, como personas con demencia.

Amigos cuidadores

La reforma reconoce que las personas del mismo entorno de la persona en situación de dependencia, pueden ofrecer cuidados. El reconocimiento normativo de la figura cuidadora principal permite que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse de estas tareas. Por ejemplo, personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas o aquellas que comparten un hogar sin relación familiar.

Asimismo, la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas.

Reconocer la dependencia en menos de 90 días

El reconocimiento administrativo de la situación de dependencia antes tenía un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, las familias cuidadoras, que mostraron cierto escepticismo ante la reforma, aseguraron que estos plazos burocráticos no suelen cumplirse. La nueva norma tratará de reducir esta espera de seis a tres meses.

Reconocimientos automáticos de discapacidad

Las personas con el grado I de dependencia recibirán el reconocimiento automático del 33% de discapacidad, mientras las personas con el grado II o III podrán ser reconocidas con el 65%. La automatización del proceso pretende agilizar los procesos administrativos y reducir las listas de espera.

Acceso universal y obras en las comunidades de vecinos

La reforma reconoce la accesibilidad universal como derecho. De esta forma, las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o edificios de carácter público. Además, se ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal para que se puedan hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y los propietarios que la solicitan puedan contar con una prestación económica proporcionada por respectivas administraciones públicas.

La atención temprana, como derecho

También se reconoce la atención temprana como derecho subjetivo. Los gobiernos autonómicos deberán atender a todos aquellos niños y niñas de 0 a 6 años que presenten trastornos en el desarrollo. Todas las familias que cuenten con un menor en esta situación podrán exigir a la administración respectiva que se les proporcione tratamiento.

Prohibición de discriminación en seguros

Algunos seguros de hogar o de salud desarrollan una misma práctica: subir el precio cuando la persona contratante presenta una discapacidad. La reforma de la ley tacha esta práctica como discriminatorio y la ilegaliza.

Asistencia en procesos judiciales

Además, se regula la figura de un facilitador procesal. La incorporación de esta figura tiene el objetivo de evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades y según el Ministerio de Derechos Sociales: “Será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas”.

Que Castilla-La Mancha tuviera una Ley de Vivienda propia fue una de las promesas que Emiliano García-Page realizó en su primer debate de investidura, en 2015. En esa legislatura gobernó con Podemos y llegó a redactarse una normativa que finalmente no salió adelante. Lleva desde entonces en un cajón. En la última década, todas las medidas sobre vivienda del Gobierno regional se han realizado vía decretos, ayudas y planes.

El pasado mes de mayo, el propio Page presentó, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, una 'Agenda de Acción por la Vivienda' con horizonte 2030. Se trata de un conglomerado de medidas, algunas ya puestas en marcha y otras todavía pendientes, entre las que se incluían varias modificaciones regulatorias de la comunidad autónoma.

Y ahora, en el tramo final de la legislatura, que culmina en la primavera de 2027, el Gobierno ha decidido unificar parte de todos esos cambios en una única norma. La iniciativa parte del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, que ha elevado al pleno de este jueves, día 17 de septiembre, una proposición de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha. Se tramitará por la vía de urgencia, es decir, acortando plazos. Su aprobación está prevista para noviembre.

Esta misma semana, Page ya ha dejado caer algunas iniciativas concretas que se derivarán de la aplicación de esta ley. Por ejemplo, ha anunciado que parte del antiguo Hospital Virgen de la Luz de Cuenca se destinará a viviendas, aunque no aportó más detalles al respecto.

Una situación idéntica es la que tiene el edificio del antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo, hoy en desuso, y sobre el que no hay una decisión definida en cuanto a su utilidad en el futuro. Ayer, Movimiento Sumar Toledo planteó que se estudie la viabilidad de dedicar parte del antiguo centro hospitalario a “vivienda pública y asequible”, avanzaba su portavoz José Luis Resuela, aprovechando precisamente el anuncio realizado por el presidente regional sobre el viejo edificio del hospital conquense.

Hoy, el alcalde de Toledo Carlos Velázquez, que ha reconocido en varias declaraciones públicas que hace falta vivienda en la ciudad, también ha verbalizado esta posibilidad, pero advierte: antes la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) deben clarificar la propiedad de este edificio. El Gobierno de España ya respondió a varios senadores del PP por Toledo el pasado mes de junio: el trámite está en marcha.

Reconversión de edificios públicos en viviendas

Es una cuestión que está en el espíritu de la nueva norma: una de sus principales novedades es que permitirá al Ejecutivo autonómico la reconversión de los edificios públicos para que se puedan ser “preferentemente” en viviendas. El presidente también avanzó que con la nueva norma se generarán alrededor de un millar de viviendas más con protección pública.

Pero, ¿cuáles son las líneas generales de la nueva normativa? Según el texto consultado por este periódico, en líneas generales, articula un marco integral estructurado en dos grandes bloques normativos, más un conjunto de reformas reglamentarias. Por un lado, las medidas en materia de vivienda, y por otro, las referidas a suelo y urbanismo, aunque en muchos casos, ambos bloques son transversales.

Respecto al primer eje, el Gobierno de Page va a modificar la Ley autonómica que regula las modalidades de viviendas de protección pública, y que data de hace 25 años. La principal novedad es que va a facultar a la Administración autonómica y a los ayuntamientos para constituir parques públicos de vivienda destinados al acceso de jóvenes y colectivos vulnerables.

Este punto se realizará mediante dos modalidades: vivienda dotacional pública (la desarrollada sobre terrenos o equipamientos públicos) y vivienda social para colectivos en riesgo de exclusión. Esta última estará vinculada a itinerarios de inserción diseñados por los servicios sociales.

Dentro de este primer bloque, la nueva ley ordenará el patrimonio público y residencial del Gobierno regional para que sea “separado, finalista y circular”. El objetivo es que se integre en el patrimonio público de suelo.

Esto quiere decir que sus fondos se destinarán exclusivamente a la adquisición de suelo residencial, promoción de Vivienda Pública Ofical (VPO), rehabilitación del parque público y actuaciones de renovación en el medio rural o zonas despobladas. Se financiará mediante consignaciones presupuestarias, ingresos patrimoniales, multas, donaciones y el 80% de las fianzas de arrendamientos urbanos.

Al permitir que edificios de uso público se destinen a viviendas, la nueva ley no olvida regular los “desahucios administrativos”: rescisión de contratos de alquiler de esos inmuebles por falta de pago, no destino a vivienda habitual, subarriendo, obras no autorizadas o actividades molestas. Esta medida incluirá el procedimiento de desahucio y recuperación de oficio, aunque requiere autorización judicial para la entrada al domicilio.

Parque social y protección permanente mínima para 50 años

En cuanto a la gestión del parque social de la Junta de Castilla-La Mancha, la nueva norma establece que se formalizará mediante contratos administrativos (arrendamiento, cesión de uso o precario por razones sociales). Se habilita asimismo a la Consejería de Fomento a conceder moratorias individualizadas en el pago del alquiler por “motivos sociales debidamente justificados”.

La nueva norma también incluye el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Es una plataforma que en realidad ya existe en la región. Ahora el Gobierno reestructurarlo como registro administrativo regional para asegurar la gestión, control, publicidad y concurrencia transparente en las adjudicaciones.

Otra novedad que las viviendas protegidas, ya sea venta o en alquiler, y que están financiadas con fondos europeos o por el Plan Estatal de Vivienda, pasarán a tener un régimen de protección de carácter permanente, con una duración mínima del régimen de alquiler de 50 años desde su calificación definitiva,

El segundo bloque de nueva norma, el referido a las medidas en materia de suelo y urbanismo supone la modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).

Su principal medida se centra en los Planes de Rehabilitación Urbana. Será una nueva figura de planeamiento para intervenir en ámbitos urbanos residenciales con infravivienda o degradación industrial o ambiental. El texto permitirá, en planes especiales, reclasificar suelo rústico a urbanizable en municipios con necesidades acreditadas de vivienda en zonas escasamente pobladas, siempre que la trama urbana consolidada no pueda absorber la demanda. En estos supuestos, los plazos de tramitación y de aprobación de los Planes de Actuación Urbanística (PAU) se reducirán a la mitad y se eliminará la necesidad de consulta previa.

Además, en parcelas urbanas o urbanizables con uso terciario o dotacional privado, se autorizará la implantación de vivienda protegida con eficacia inmediata y sin necesidad de modificar el planeamiento. Se otorgará un plazo de cinco años para solicitar licencia y tres años para finalizar obras, corriendo los costes de infraestructuras exteriores a cargo del promotor.

Otra cuestión muy relevante en este bloque es que en parcelas destinadas a vivienda protegida en suelo urbano, se permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad máxima y hasta un 30% la densidad residencial, pudiendo autorizarse un aumento de altura de hasta dos plantas sobre lo permitido por el planeamiento.

También se habilitará un procedimiento excepcional para transformar parcelas e inmuebles del sector público regional en vivienda protegida o dotacional, prevaleciendo sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento municipal.

Infraestructuras de “interés” para ejecuciones residenciales

Más novedades: las infraestructuras de energía necesarias para posibilitar ejecuciones residenciales protegidas podrán ser declaradas de “interés público autonómico” por el Consejo de Gobierno, lo que conllevará la tramitación de urgencia a “efectos expropiatorios”. De igual forma, la Consejería de Fomento articulará ayudas “en especie” (redacción técnica de planes generales o revisiones) dirigidas a municipios de menos de 10.000 habitantes.

Finalmente, otras precisiones de la futura ley en la parte referente a suelo y urbanismo refieren que las parcelas para vivienda protegida se adjudicarán por concurso valorando las políticas públicas de vivienda, fijando un límite mínimo de venta no inferior al 50% de su valor tasación.

En este punto, hay una cuestión también relevante: se concede un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la nueva norma para que los municipios puedan acordar motivadamente no aplicar, condicionar o limitar territorialmente los cambios de uso y los aumentos de edificabilidad en sus términos municipales.

El pleno regional de este jueves, día 17 de septiembre, será el pistoletazo de salida para esta nueva ley. Se debatirá su toma en consideración para posteriormente tramitarla en comisión, con las enmiendas que incorporen los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) y en pleno. Una vez aprobada por el pleno, quedará promulgado y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Se anunciaba hace unos días y esta semana se ha materializado. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su oposición al futuro Real Decreto del Gobierno de España, relativo a los centros de datos, presentando diez alegaciones al texto normativo.

El pasado 10 de septiembre la cuestión parecía abrir un nuevo conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese día se terminaba el periodo de audiencia pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

El castellanomanchego amagó entonces con la posibilidad de acudir a los tribunales, después de que el futuro decreto vaya a exigir que los centros de datos de mayor tamaño tengan como obligación acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico proceda de energía renovable, y que eso se acredite hora a hora, entre otras cuestiones.

Esta y otras exigencias podrían afectar a una de las mayores apuestas tecnológicas previstas en la comunidad autónoma por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page: el data center que Meta, la multinacional matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, propiedad del magnate norteamericano Mark Zuckerberg planea abrir en Talavera de la Reina.

El proyecto tiene ya todos los parabienes del Gobierno regional para que se inicien las obras y Meta ha pagado ya la fianza de un millón de euros exigida por el Ejecutivo autonómico para comenzar. Ahora, reconocen una “profunda preocupación” ante el impacto directo que el actual diseño normativo puede provocar sobre el tejido tecnológico e industrial de la región.

Aducen que Castilla-La Mancha “se ha consolidado como un nodo tecnológico de referencia en el sur de Europa, albergando inversiones estratégicas de impacto global” (como el desarrollo de Meta) o “acumulando una cartera de iniciativas clave para la soberanía digital de España”.

“No es razonable” modificar condiciones de proyectos avanzados

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha justificado hoy las 'pegas' que ponen al texto normativo que se prepara, precisamente, porque con la actual propuesta se complicaría el camino a proyectos como el de Meta al cambiarse “las reglas del juego” en plena carrera empresarial -ya en marcha- por el desarrollo de estos centros tecnológicos.

Es algo que expresamente se ha reflejado al exponer los motivos de las diez alegaciones planteadas por el Gobierno de Page a las que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha.

La norma, se advierte, tendría “capacidad para condicionar inversiones tecnológicas estratégicas ya comprometidas en nuestra región” y en este caso, nada más y nada menos que con uno de los gigantes tecnológicos mundiales.

En opinión del Ejecutivo de esta comunidad, “se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular”.

Se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular

Padilla ha puesto el acento en el tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.

El proyecto de Real Decreto establece nuevos requisitos para estas instalaciones y concede seis meses para acreditar su cumplimiento. En caso contrario, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas.

La portavoz de Page ha dicho que “no resulta razonable” modificar las condiciones de proyectos que ya han sido diseñados, tramitados y comprometidos de acuerdo con la normativa actualmente vigente.

Por este motivo, el Gobierno regional reclama “un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada” y ha incidido precisamente en el caso de Meta.

Pedimos un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada

Aunque el Gobierno regional “comparte” objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la norma o que “los centros de datos deben avanzar con un uso responsable de la energía y del agua, un recurso especialmente valioso y limitado” en Castilla-La Mancha, la consejera portavoz ha reclamado hoy que la norma sea “exigente, segura y territorialmente justa”.

Por un lado se afea que el proyecto normativo no se limite a desarrollar condiciones técnicas, sino que prevé recargos que pueden llegar al 500%, a la pérdida de permisos de acceso y conexión o a la caducidad de permisos ya concedidos, si las empresas promotoras no cumplen.

“Entendemos que medidas de esa intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria”, señala el Gobierno castellanomanchego que reclama, además, que los recargos sean “graduales y proporcionados”. En su opinión, “no debe recibir el mismo tratamiento un desajuste puntual que un incumplimiento grave y continuado”.

También sugiere que la pérdida de los permisos debe reservarse para los supuestos más graves, tras escuchar al interesado y ofrecer un plazo efectivo de subsanación.

“Respetar” las competencias autonómicas 

Otra de las críticas de Castilla-La Mancha tiene que ver con las competencias políticas sobre la cuestión. “El proyecto de Real Decreto concentra en el Estado las decisiones sobre la viabilidad de los centros, la retirada de permisos y el destino de la capacidad eléctrica que quede liberada”, explica el Ejecutivo de esta región.

A reglón seguido recuerda que la implantación de estas infraestructuras afecta al territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua y las redes de distribución “son ámbitos en los que las comunidades autónomas tenemos competencias y responsabilidades”. De ahí que consideren los de Page que una norma con este alcance requiere “consulta pública previa y un diálogo más amplio con las comunidades y los sectores afectados”, incluido su “examen” en la Conferencia Sectorial de Energía.

“Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad”.

Además, reclama que los conflictos relativos a permisos de conexión en redes de competencia autonómica “sigan siendo resueltos por la Administración competente, como establece la legislación del sector eléctrico”.

Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad

“Tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio”

El Gobierno castellanomanchego pide una “aplicación realista y territorialmente justa de los criterios de eficiencia” para este tipo de proyectos empresariales.

Desde su punto de vista, los indicadores energéticos y de consumo de agua “deben tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio, utilizando factores de normalización compatibles con la metodología que establezca la Unión Europea”.

Eso, apostilla, “no significa rebajar los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha”, sino “medir de forma comparable instalaciones situadas en condiciones climáticas diferentes y prever un periodo razonable de puesta en funcionamiento antes de aplicar recargos o declarar la caducidad de permisos”.

Ahora mismo, sugieren, las características climatológicas de la meseta sur peninsular, caracterizadas por mayores oscilaciones térmicas estacionales y veranos cálidos, “penalizan de forma directa y artificial a los centros de datos emplazados en el interior frente a regiones costeras o septentrionales de Europa”. Y eso, añaden, “supone una discriminación territorial indirecta y desincentiva la inversión en zonas de interior”.

También proponen una implantación progresiva de las exigencias de consumo renovable, que esté acompasada a la capacidad efectiva de las redes y al despliegue de nueva generación.

Finalmente advierten del posible “vacío regulatorio” sobre las instalaciones renovables asociadas a un centro de datos cuando este renuncia o pierde sus permisos, de ahí que esperen que el Gobierno de España “estudie estas alegaciones y las incorpore al texto definitivo”.

De lo contrario, concluyen, “estas exigencias ponen en riesgo la viabilidad de proyectos altamente maduros y comprometen gravemente la competitividad de la región frente a otros territorios nacionales y comunitarios”.