El Gobierno de Castilla-La Mancha publica este jueves en el Diario Oficial de la comunidad autónoma la modificación de la Ley de Evaluación ambiental, aprobada el pasado en las Cortes regionales, en un texto que otorga mayor autonomía a las administraciones locales, en concreto para poder vetar la implantación de macrogranjas o plantas de biometano en sus términos municipales.

El texto establece que los ayuntamientos deben otorgar su conformidad mediante un acuerdo del Pleno antes de que los proyectos puedan avanzar en su tramitación administrativa. Esta validación municipal debe considerar factores socioeconómicos, urbanísticos y ambientales, permitiendo detener planes que no se alineen con los intereses de la comunidad local. Por eso los ayuntamientos ahora deben emitir informes técnicos específicos detallando qué actividades relevantes del municipio podrían verse afectadas para justificar que el proyecto no puede seguir adelante.

Será además una decisión de carácter vinculante. Si el Pleno municipal emite un certificado de no conformidad, el órgano ambiental debe dictar una resolución de finalización del procedimiento, lo que efectivamente bloquearía el proyecto.

Se otorga al ayuntamiento la capacidad de denegación motivada: es decir, en los casos en que el ayuntamiento actúa como órgano sustantivo, si el Pleno no otorga su conformidad, el ayuntamiento dictará una resolución motivada para denegar la tramitación del proyecto.

Además, la ley introduce nuevas modalidades para ejecutar medidas compensatorias y define las funciones técnicas de las entidades colaboradoras en el seguimiento de los expedientes.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación ciudadana: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse.

Todo tiene un pero...

La “autonomía” que se otorga a los ayuntamientos para decidir en realidad tiene un límite y deja de serlo cuando el órgano sustantivo superior, el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que el proyecto es “estratégico” para la comunidad autónoma. Así que pese al cambio, la Junta mantiene la potestad de continuar el proceso tirando de la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. Por cierto, fue cuestionada en su momento por el Tribunal Constitucional al pretender, en su redacción inicial, eliminar la necesidad de evaluación ambiental. Algo que tuvo que ser cambiado.

La norma que ahora se ha modificado es el primer paso además de cara al futuro decreto de regulación del biogás. En paralelo, el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa actual de actuaciones “prioritarias”, en la que el biometano ocupa un lugar especial.

Los cambios entran en vigor mañana, día 24 de julio.

La ministra de Transición Ecológica de Francia, Monique Barbut, no dimitará pese a la aprobación de una ley que reintroduce en el país dos pesticidas prohibidos en Francia, aunque legales en la Unión Europea. Barbout, que había ratificado este miércoles su intención de dejar el cargo, se ha retractado tras una conversación mantenida con el presidente francés Emmanuel Macron, según ha confirmado la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

La portavoz confirmó que la ministra dio marcha atrás por petición del propio Macron. “Llegaron a un acuerdo sobre tres pilares en los que trabajar: los bosques, el agua y la salud medioambiental”, señaló Bregeon, en una conferencia de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

La marcha atrás de Barbut ha causado sorpresa en Francia, tras un mensaje difundido este miércoles en su cuenta en la red social LinkedIn, en el que afirmaba que su decisión de dimitir era firme porque la política “no era” su “mundo”.

En ese mismo mensaje, la ministra hizo balance de sus nueve meses en el cargo aseverando que ha tratado de defender “lo que no se manifiesta, no vota y no grita”. Sin embargo, había admitido que “las fuerzas que se oponen” a esa agenda “se han vuelto tan poderosas” que ya no disponía de los medios para llevar adelante su proyecto.

Varios medios franceses ya había adelantado el martes, citando a fuentes cercanas a la ministra, que Barbout iba abandonar el Ejecutivo como consecuencia de la aprobación de la ley agrícola de emergencia, una iniciativa impulsada por el Gobierno macronista que ha generado una fuerte controversia dentro y fuera del Ejecutivo por permitir, bajo condiciones excepcionales, la reintroducción de dos pesticidas prohibidos en Francia.

Excepciones aun con vía libre

La ley de la discordia permite que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) autorice, de forma excepcional y bajo criterios estrictos, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona para un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas. Barbut, de 69 años, es economista y una reconocida experta en diplomacia climática. Fue nombrada ministra de Transición Ecológica, de la Biodiversidad y de las Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza en octubre de 2025.

Además, fue secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (2013-2019) y directora ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (2006-2012). También ocupó cargos de responsabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Agencia Francesa de Desarrollo, presidió WWF Francia entre 2021 y 2023 y participó en diversas misiones como enviada especial francesa para el clima y la biodiversidad.

La licencia de una mina o una plataforma petrolífera podrá avanzar aunque la obra destruya el lugar del que depende una especie protegida. El cambio entrará en vigor el 14 de septiembre y limita la responsabilidad federal a las agresiones ejercidas sobre animales o plantas, como disparar a una tortuga marina o talar un roble de hoja de arce, mientras deja fuera la degradación del entorno que impide alimentarse, reproducirse o encontrar refugio.

Trump restringió la definición federal de daño

Según IFL Science y National Geographic, los departamentos de Interior y Comercio de Estados Unidos aprobaron el 10 de julio la retirada de la definición de daño utilizada durante décadas por la Ley de Especies en Peligro.

La norma anterior incluía cualquier modificación grave del hábitat que matara o lesionara fauna al alterar conductas esenciales. La Administración de Donald Trump considera que aquella lectura era equivocada y presenta la reforma como una recuperación del sentido original de la ley y de la responsabilidad exigida por los votantes.

La discusión sobre qué debía considerarse daño a una especie ya llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1995. Varias empresas madereras sostenían que la ley solo prohibía matar o herir animales y que, por tanto, destruir el hábitat del que dependían no entraba en esa protección. El tribunal rechazó ese argumento por seis votos frente a tres y confirmó que alterar gravemente el hábitat también podía vulnerar la norma.

Ahora, Earthjustice y otras organizaciones ecologistas han denunciado al Gobierno porque consideran que la nueva regulación contradice aquella sentencia y no cuenta con respaldo científico ni jurídico. Tara Zuardo, responsable de campañas del Center for Biological Diversity, resumió el problema advirtiendo que “si los animales no tienen un lugar donde vivir, no pueden vivir”.

Cuatro revisiones darían más poder a la economía

Los datos sobre las causas de amenaza explican el alcance de esa batalla judicial, ya que un estudio de 2019 atribuyó a la pérdida y degradación del hábitat el 81% de las inclusiones en la lista federal, mientras solo el 17% respondía principalmente a la caza furtiva u otras muertes inmediatas. Desde 1973, la ley ha evitado la desaparición del 99% de las especies registradas, y el Center for Biological Diversity calcula que ha salvado a casi 300, entre ellas el cóndor de California y la foca monje de Hawái.

Cuatro cambios regulatorios ampliarían el peso de los intereses económicos al decidir qué especies reciben protección y qué salvaguardas se aplican a sus territorios. Brian Nesvik, director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, los ha definido como un compromiso con la conservación basada en la ciencia que puede convivir con las prioridades energéticas y agrícolas. Leigh Henry, directora de conservación de fauna del Fondo Mundial para la Naturaleza, advierte de que ese criterio concede a la economía una influencia contraria a los principios de la norma.

Una de las propuestas permitiría valorar costes empresariales durante el proceso de inclusión, que tarda una media de 12,1 años según un estudio de 2016 dirigido por Noah Greenwald, responsable de especies amenazadas del Center for Biological Diversity. Otra retiraría la protección automática que comparten las especies amenazadas y las que están en peligro.

Jonathan Wood, vicepresidente jurídico y de políticas del Property and Environment Research Center, apoya esa revisión porque considera que cada animal necesita medidas adaptadas y que los propietarios deberían librarse de cargas cuando alcancen objetivos de recuperación.

La revisión de los hábitats críticos podría reducir áreas todavía desocupadas que resultan necesarias para recuperar poblaciones, como las 259.000 hectáreas reservadas para el jaguar en Arizona. La Universidad de Arizona ha registrado únicamente cinco ejemplares en el sur del estado durante los últimos 15 años.

Leah Gerber, profesora de ciencia de la conservación en la Universidad Estatal de Arizona, advierte de que esta exigencia dejaría fuera zonas útiles para la recuperación futura del jaguar. La especie ya perdió cerca de 24.300 hectáreas protegidas en 2023 y unas 20.200 en Nuevo México en 2021.

La sección siete podría exigir que los efectos de un proyecto sean “razonablemente ciertos” antes de obligar a prevenirlos, una fórmula que reduciría la consideración de emisiones asociadas al cambio climático.

Jane Davenport, abogada principal de Defenders of Wildlife, afirma que esa modificación facilitaría autorizaciones con un análisis insuficiente. Un juez federal de California anuló este año ese criterio tras una demanda presentada en 2024, por lo que Greenwald considera incierto el recorrido de la propuesta.

El God Squad permitió perforar pese a los riesgos

El Comité de Especies en Peligro, conocido como God Squad, abrió otra vía el 31 de marzo al autorizar perforaciones marinas en el golfo de México pese al riesgo para la ballena de Rice y la tortuga lora. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó la exención mediante razones de seguridad nacional vinculadas a la guerra con Irán.

Tres demandas pendientes ante el tribunal federal del Distrito de Columbia cuestionan aquella decisión, mientras una coalición de 30 grupos coordinó 387.000 comentarios públicos contra las reformas y el Congreso conserva capacidad para revocar la exención.

En el complejo entramado de la seguridad jurídica personal existen dos herramientas fundamentales fácilmente confundibles para quienes no estén familiarizados con el ámbito y la terminología: el poder notarial y el testamento. A pesar de tener funciones muy dispares es importante comprender su utilidad.

“Son dos tipos de documentos que no tienen nada que ver entre sí, son muy diferentes en su utilidad y el uso que se les da”, asegura María Teresa Barea, portavoz nacional del Consejo General del Notariado, para quien la distinción es radical, ya que mientras uno permite que alguien actúe por nosotros en vida, el otro dicta nuestra voluntad para cuando hayamos fallecido.

“Un poder es una autorización que yo te doy a ti para que, en mi nombre, tú puedas hacer algo”, resume Barea, que destaca su flexibilidad como virtud ya que “puede ir desde lo más sencillo, como recoger un certificado académico en la universidad, hasta un poder general”.

Esta última modalidad permite al apoderado o persona que recibe el poder realizar casi cualquier gestión: comprar, vender, hacer gestiones bancarias o trámites administrativos. “Solo se quedan excluidos del poder general lo que se llaman actos personalísimos, como hacer testamento, casarse, divorciarse o votar en elecciones”, añade la notaria.

Las ventajas del poder notarial

La confianza es el pilar de esta escritura pública que permite que otra persona actúe en nombre de otra, recuerda Barea, que recomienda limitarlo a un círculo de máxima lealtad y confianza, “ya que los actos del apoderado vinculan legalmente a quien otorga el poder”. Una de las grandes ventajas que señala la experta es que “tiene vuelta atrás”, ya que se trata de un instrumento revocable ante notario.

Tradicionalmente, un poder se extingue con el fallecimiento de la persona que lo otorgó, “nadie puede actuar en mi nombre porque yo ya no estoy”, razona Barea, que apunta, sin embargo, que existe la cláusula de subsistencia en caso de discapacidad, si una persona pierde su capacidad de discernimiento.

“Justo en ese momento es cuando yo necesito más ayuda porque no puedo por mí mismo tomar una decisión o expresar una voluntad”, señala la notaria, que valora la utilidad de incluir esta cláusula para que el documento continúe siendo útil en este supuesto.

El valor de la última voluntad

Al contrario que el poder, el testamento no tiene ningún efecto mientras quien lo firma está vivo. “Sus efectos nacen cuando la persona muere, es un acto mortis causa”, aclara Barea. Por esta razón, explica, puede modificarse tantas veces como se quiera: “Si una persona ha hecho 27 testamentos, el número 27 es el que se va a aplicar cuando muera”.

La principal utilidad del testamento es facilitar la burocracia a los herederos y simplificar trámites, valora la notaria, que defiende que “no es una cuestión de edad o de gran patrimonio”. “En el testamento tengo, además, la oportunidad de elegir quiénes son mis herederos, haciendo uso de mi libertad, respetando siempre las líneas rojas que marca la ley, que son las legítimas, la parte del patrimonio que la ley me obliga a dejar a un hijo o un cónyuge, por ejemplo”, sintetiza la experta.

Por último, es pertinente también diferenciar la función del popularmente llamado testamento vital, pero cuyo nombre técnico es documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, dependiendo de la comunidad autónoma.

“Es un documento distinto, en el que yo doy instrucciones sobre los tratamientos médicos que quiero recibir o que no quiero recibir en el momento en el que se plantee una situación de enfermedad en la que yo no pueda expresarme por mí mismo”, aclara la notaria. En él se nombra quién queremos que haga de interlocutor con los médicos y se dan pautas sobre qué cuidados se quieren recibir o rechazar.

“El poder general también puede incluir o no alguna cláusula sobre la representación en el ámbito médico. En caso de que coincida con la que está nombrada en el testamento vital, no hay problema. Y si no coincide, tengo dos representantes. También podemos tener dados varios poderes generales, aunque no es lo habitual, pero todos los apoderados van a poder actuar de la manera en que yo lo determine con el poder que les otorgue”, puntualiza Barea, que recomienda acudir al notario para configurar estos documentos de forma personalizada.

El Gobierno de Emiliano García-Page ha comenzado a allanar el camino para el futuro decreto que regulará las polémicas plantas de biometano y su “efecto llamada” para las macrogranjas, con una moratoria para los expedientes en curso. Uno de los objetivos principales de esa regulación es dar a los ayuntamientos el poder de decidir si quieren o no que estos proyectos se implanten su territorio.

Pero para ello, primero debe modificar la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma. Y ese es el paso que hoy ha dado a través de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, mediante la que se modifica esa norma, cuya toma en consideración ha aprobado el pleno parlamentario con la mayoría absoluta socialista. Los grupos del PP y Vox han votado en contra.

Ha explicado los detalles el diputado socialista Francisco José Barato, quien desde el primer momento ha vinculado este cambio normativo con el futuro decreto que regulará las plantas de biometano.

Según ha subrayado, el principal cambio de la Ley regional de Evaluación Ambiental es otorgar “autonomía” a los ayuntamientos sobre los proyectos empresariales que quieran implantarse en sus municipios, tanto en aquellos en los que la Corporación local actúa como órgano sustantivo como en los que no.

Con ello, los ayuntamientos pasan de ejercer una “participación informativa” a adoptar una “participación efectiva” de decisión principal en los informes de impacto ambiental.

En total, la reforma incorpora ocho cambios sustanciales. En primer lugar, se mantiene el informe técnico municipal requerido a los ayuntamientos en los expedientes de evaluación, sobre compatibilidad urbanística y afección socioeconómica de los proyectos. Pero se añade que el pleno municipal “deberá conocer el proyecto y pronunciarse expresamente”, validando o no su conformidad con el proyecto. Si el plenario local no lo autoriza, el proyecto no continuará su tramitación.

“El Ayuntamiento ya no se limita a ser informado, fija una posición efectiva, que tendrá un carácter vinculante”, ha subrayado el parlamentario del PSOE. “En todos los escenarios, los ayuntamientos tendrán una intervención clara, formal y efectiva en los proyectos de evaluación ambiental. Decidirán sobre su continuación”.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación de la ciudadanía: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse al respecto.

En la Ley actual se prevé el desarrollo de medidas compensatorias para corregir los efectos ambientales de proyectos empresariales. Con esta modificación, se amplían las funciones de las entidades colaboradoras de la Administración autonómica en materia de seguimiento, vigilancia y control. Todo ello, “sin desplazar las competencias de vigilancia” de la inspección ambiental autonómica.

Finalmente, la reforma establece que esta potestad de los ayuntamientos podrá ejercerse sobre los expedientes en curso, en tramitación. Esos proyectos quedarán suspendidos desde el momento en que estos cambios se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) durante un plazo máximo de un año, en el que las corporaciones locales deben pronunciarse sobre ellos.

La excepción cuando el proyecto es “estratégico”

Pero existe una excepción en estos cambios. Aunque un ayuntamiento decida en su pleno municipal que no quiere que un proyecto empresarial se ubique en su municipio, el Gobierno castellanomanchego se reserva la opción de seguir adelante con el expediente si se considera “estratégico”.

Y precisamente, actualmente el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa regional de actuaciones “prioritarias”, y donde el biometano ocupa un lugar especial.

No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos

“No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos, haciendo compatible el desarrollo económico con la calidad de vida de nuestros pueblos”, ha concluido, no obstante, Francisco José Barato.

El rechazo de la oposición ha sido frontal. Desde Vox, el portavoz adjunto de su Grupo Parlamentario, Francisco José Cobo, ha acusado al PSOE de “poner en peligro la seguridad y el control del impacto ambiental”. Esta reforma, ha dicho, va “contra la naturaleza jurídica de prevenir, corregir y valorar los efectos ambientales”.

Ha arremetido así contra lo que considera “dar poder de veto a un órgano político” (en referencia a los ayuntamientos) frente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En su opinión, que un informe municipal sea vinculante “no tiene sentido”.

Además, el parlamentario del partido de ultraderecha ha afirmado que el régimen transitorio de un año es “un auténtico despropósito” y que esta reforma provocará “muchos litigios y conflictos en los tribunales por la nulidad de expedientes”, sobre todo en los proyectos considerados “prioritarios” o estratégicos“.

En la misma línea se ha pronunciado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres, quien se ha referido a esta forma como un “enorme ejercicio de contradicción política”. “La Junta se quiere quitar responsabilidades de encima, porque la evaluación ambiental es una competencia autonómica, no de los ayuntamientos”.

Trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones

“Con esto, trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones. Los alcaldes pasan a asumir el desgaste, la presión social. Con esto nos dicen que un proyecto no se desarrolle si no le gusta a quien esté gobernando. Es utilizar a alcaldes y concejales como escudo político”, ha argumentado.

Ha dejado claro que su partido está a favor de la participación de los ayuntamientos en los trámites de evaluación ambiental, pero no de que se “sustituya el criterio técnico” por una “decisión política”.

Además, considera que la mayor incoherencia es que si al Gobierno regional le parece “estratégico”, el proyecto salga delante de cualquier forma. “¿La voluntad municipal es sagrada o no, o solamente cuando coincide con los criterios de Page? Esto es una doble vara de medir tremendamente injusta”.

Santiago Lucas-Torres también se ha preguntado con qué recursos van a contar los ayuntamientos de pueblos muy pequeños para decidir sobre un proyecto, y también ha considerado que la reforma puede ser inconstitucional por “romper el equilibrio competencial, por sustituir informes técnicos por votaciones”.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha mostrado “atónita” por el rechazo de la oposición. Ha afirmado que la reforma cumple con el principio de autonomía local que recoge la Constitución y también con la Ley de Bases del Régimen local.

Por ello, ha preguntado directamente a la bancada del PP si le van a decir a ayuntamientos como Campos del Paraíso, en Cuenca (donde gobierna este partido y donde se proyectan varias plantas de biometano en un término municipal muy pequeño), que “no van a poder decidir” sobre ello.

“No vamos a frenar el desarrollo. El periodo transitorio va a permitir que no se agoten los 12 meses. Porque nada más entrar en vigor esta reforma, un pleno municipal puede automáticamente validar un expediente y que este siga su curso”, ha remarcado la consejera.

Si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle

Además, ha defendido que la reforma también permite mayor transparencia, de manera que los promotores puedan informar a los ayuntamientos de que su proyecto “es el mejor del mundo mundial”. “Pero si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle, pero además hay un órgano técnico fundamental, que son las diputaciones provinciales. Los municipios no están abandonados”.

Mercedes Gómez ha concluido insistiendo que este es el primer paso para el futuro decreto de regulación de las plantas de biometano, cuyo borrador estará en exposición pública “próximamente”. Ha incidido en que los 919 ayuntamientos de la región están esperando “como agua de mayo” esta iniciativa y “van a tener siempre el asesoramiento del Gobierno de Castilla-La Mancha”.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco ha retocado prácticamente un tercio articulado de su anteproyecto de ley de Universidades tras recibir medio millar de alegaciones. Así, se recoge el blindaje del término 'Universidad', es decir, se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. En este sentido, cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y los denominados “chiringuitos universitarios”.

“Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema. No se van a poder usar de forma impropia 'universidad' y 'universitario' para referirse en estos términos a lo que no lo es”, ha argumentado el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado este miércoles en Bilbao el estado actual del anteproyecto, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Acompañado por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua, y por la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea, el consejero ha explicado las principales aportaciones incorporadas al texto tras el análisis de las cerca de 500 alegaciones recibidas de parte de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo la EHU, el buque insignia del sistema vasco, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales que, tal y como ha subrayado Pérez Iglesias, “han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos”.

Tras anunciar que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación da por concluida la fase de participación pública del anteproyecto, Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han analizado con la debida atención y estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha”. En este sentido, además de las cuestiones relacionadas con la creación de “chiringuitos” privados, la EHU ha solicitado y la reforma incluye un incremento del límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

Es decir, se dobla el límite de profesorado asociado del 5% propuesto al 10% y, en el caso del profesorado sustituto, se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto. “El anteproyecto dobla al 10% el porcentaje de profesorado asociado porque la EHU pidió subirlo para cubrir con esa figura determinadas áreas, al igual que la cuota de personal sustituto, un asunto controvertido que, tras haber sido fijado en el 2% del total de plantilla, ahora se eleva al 5%, aunque se mantiene la idea de cubrir los puestos con personal propio”, ha aclarado el consejero.

Sobre el “malestar” expresado por la EHU por el hecho se dejara vía libre a la creación de una nueva universidad pública, Pérez Iglesias ha desvelado que su departamento no contempla ninguna creación ni tiene en mente ninguna nueva universidad pública, pero que sí se mantiene el término 'centro universitario público' para, ha subrayado, “evitar suspicacias y a petición de la EHU”. En todo caso, aunque no se contempla ningún proyecto como universidad pública como tal, sí ha desvelado que en un plazo de un año, ya trabajan con la propia EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en estudios de posgrado. Se trataría, como ha explicado el consejero de un modelo similar al del centro superior de música, Musikene, con la presencia de personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales, modelo con el que la EHU está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.

En cuanto a la carrera académica, la nueva regulación es “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, según ha expresado Pérez Iglesias. Para ello, se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida). Y, al mismo tiempo se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario. Además, se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.

La ley elimina “ambigüedades” de los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, pero remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario y a la negociación colectiva con los sindicatos. En cuanto a la conciliación, en el texto se integra la conciliación de la vida personal, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. “Algunas -de las alegaciones- se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate, pero todas han permitido un examen crítico del documento tras analizar el espíritu de las alegaciones y tratar de dar salida a las propuestas, no recogerlas tal cual. Lo importante es que contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria” ha remarcado el consejero, para añadir que “los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

A modo de resumen, el consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional. El consejero ha explicado que tras los cambios, el Anteproyecto de Ley delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de manera que la planificación del Gobierno vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Por su parte, desde la EHU indican a este periódico que en la presentación del anteproyecto han podido comprobar que algunas de sus alegaciones han sido recogidas en el nuevo texto, como las relacionadas con la carrera académica, el personal sustituto, la ética en la investigación, la creación -o no creación- de una Universidad pública, la internacionalización, etc. Pero deben estudiar el documento en su totalidad, algo que por el momento no han podido realizar al no haberlo recibido.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria, que requiere la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y su aprobación en la legislatura, salvo sorpresa mayúscula, está garantizada.

El Gobierno de Castilla-La Mancha garantizará la accesibilidad en la formación universitaria dentro de la futura Ley de Accesibilidad Universal que está elaborando. Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, tras una reunión con el rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez, en un encuentro junto al comisionado para la Accesibilidad del Gobierno regional, José Luis Escudero.

“El objetivo es que las universidades sean espacios plenamente accesibles, no solo en sus instalaciones y campus, sino también en los recursos educativos, la comunicación, los entornos digitales y la formación del profesorado”, ha detallado Caballero. “Desde el Gobierno regional consideramos que garantizar una educación accesible resulta fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo del derecho a la educación en todas las etapas formativas”, ha incidido.

El texto normativo incorpora un tratamiento específico de la accesibilidad en los centros y servicios educativos y formativos, entendiendo que esta debe abordarse desde una perspectiva integral. En este sentido, la ley que se prepara contempla medidas dirigidas a garantizar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva de los centros educativos; la disponibilidad de recursos materiales y didácticos accesibles; la adaptación de la información y de la comunicación al alumnado y sus familias; así como el desarrollo de entornos digitales accesibles y el impulso de tecnologías de apoyo que faciliten el aprendizaje y la participación.

Sobre el ámbito universitario, tal y como han explicado, el borrador de la ley establece que las universidades públicas con sede en Castilla-La Mancha deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y la no discriminación en el acceso, la participación y el uso de sus campus, edificios, instalaciones, servicios universitarios y sistemas de información y comunicación, incluidos los entornos y procedimientos digitales.

Asimismo, la norma prevé que las universidades cuenten con un servicio o unidad de referencia encargado de coordinar los apoyos y ajustes razonables, facilitar información accesible, promover la formación del personal y realizar el seguimiento de las condiciones de accesibilidad en el ámbito universitario. Del mismo modo, contempla que el Gobierno de Castilla-La Mancha deberá promover la cooperación con las universidades mediante convenios o protocolos que faciliten el desarrollo de estas medidas.

Otro aspecto destacado del borrador es la incorporación de la accesibilidad universal a la formación de los futuros profesionales. Para ello, se prevé que los planes de estudio de titulaciones relacionadas con el diseño del entorno construido, los productos y servicios o las tecnologías de la información y la comunicación incorporen contenidos específicos sobre accesibilidad universal y diseño. Igualmente, se impulsará la formación inicial y permanente del profesorado en estrategias de enseñanza inclusiva y accesibilidad universal.

Una cátedra “pionera” de Accesibilidad Universal en Guadalajara

Asimismo, José Manuel Caballero ha señalado que además la universidad podrá contribuir, desde la investigación, el conocimiento y el talento, a la mejora de la accesibilidad universal aplicada a diversas disciplinas desde una perspectiva transversal. “En nuestras universidades se forma a los futuros profesionales y dotarles de perspectiva en materia de accesibilidad universal contribuirá a extender esta cultura al conjunto de la sociedad”, ha afirmado.

En este encuentro, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y la UAH han abordado posibles vías de colaboración entre ambas instituciones para que una vez quede aprobada la ley, se sigan impulsando proyectos conjuntos de investigación, formación y sensibilización en materia de accesibilidad universal. Una de ellas, es la creación de una Cátedra de Accesibilidad Universal.

Esta cátedra, tal y como han explicado, supondría una iniciativa “pionera” en España y convertiría a Castilla-La Mancha y a la Universidad de Alcalá en “referentes” nacionales en investigación, formación y transferencia del conocimiento en este ámbito desde la colaboración institucional. Caballero ha señalado que el nuevo Campus de Guadalajara ofrece un marco idóneo para el desarrollo de este proyecto, especialmente por la presencia de titulaciones estrechamente relacionadas con la accesibilidad, como Arquitectura Técnica, Comunicación, Turismo o Magisterio.

Un proceso participativo para la ley que sigue abierto

Por otro lado, la futura constitución del Consejo Regional de Accesibilidad Universal permitirá seguir contando con la participación de las universidades, junto al resto de administraciones y agentes sociales. Más de 300 personas y entidades han presentado sus propuestas en el proceso participativo que sigue abierto

Caballero ha recordado que, con el propósito de favorecer la máxima participación posible, la Junta puso en marcha el pasado mes de febrero un proceso participativo específico a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha, que permanece abierto desde hace seis meses. Paralelamente, el borrador de la Ley está siendo presentado por el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, en un total de 16 consejos y comisiones regionales, con el fin de seguir incorporando mejoras antes de iniciar su tramitación administrativa.

“Hasta la fecha, el proceso ha registrado una alta participación, con 300 participantes, centenares de aportaciones y más de 2.000 visitas al espacio habilitado en el Portal de Participación, datos que reflejan el interés social que despierta esta iniciativa y el compromiso compartido por avanzar hacia una Castilla-La Mancha más accesible e inclusiva”, ha valorado Caballero.

Ya ha sido publicada oficialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La polémica ley del “concebido no nacido”, por la que el embrión pasará a ser reconocido como parte de la unidad familiar, ya es una realidad y entrará en vigor este sábado después de semanas de críticas de la oposición por considerarla una norma para “librar la batalla cultural” que hace “guiños a los enemigos del derecho al aborto”. “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso también estamos legislando para el no nacido que está en camino y que cuenta como uno más para este gobierno”, defendía Isabel Díaz Ayuso.

El texto, de cinco páginas, recoge las enmiendas aprobadas durante el debate en la Asamblea de Vallecas presentadas por el propio Partido Popular después de que fuese paralizada por un defecto de forma, que obligó que se aprobara finalmente en un pleno extraordinario hace una semana. La Abogacía de la Comunidad había solicitado la definición clara del alcance de la ley y la unificación del requisito de las semanas de gestación.

Según el documento final publicado en el BOCM, el objetivo de la ley es “consagrar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos” de la Administración autonómica que tengan que ver con la “existencia de hijos”, así como para el reconocimiento del título de familia numerosa. Es decir, aplicará para aquellas ayudas y beneficios que se otorguen desde la Comunidad de Madrid.

Para esta equiparación del embrión con un hijo ya nacido no se necesitará una semana mínima de gestación, a no ser que “se indique lo contrario en la regulación específica del procedimiento concreto”, ya que las consejerías podrán modificar este criterio en función de la ayuda concreta. Por ejemplo, para el título de familia numerosa sí se exigirá un mínimo de 14 semanas de gestación, al igual que para “ser beneficiario de ayudas o beneficios de carácter económico”, que en ese último caso será la propia regulación específica del procedimiento la que establecerá una semana determinada, posterior a la semana 14.

¿Para qué no se pedirá un mínimo de gestación? Para cuando el pago de la ayuda “se condicione al nacimiento” del embrión o para el cómputo del embrión como miembro de la unidad familiar para facular la renta per cápita, así como en el caso de acceder a la adjudicación de plazas públicas cuando se valore “el número de miembros de la unidad familiar”. Para optar a esos procedimientos se deberá aportar un informe que certifique la semana de gestación y la fecha prevista de parto.

Otro de los puntos incluidos es que el Consejo de Gobierno queda habilitado para “dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución” de la ley, además de habilitar a los “titulares de las consejerías para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución” de la norma para “desarrollar el alcance y las condiciones” para que tenga efecto esta asimilación.

El texto oficial recoge, además, un punto que el anteproyecto no recogía y con el que había dudas desde que Isabel Díaz Ayuso lo anunció, hace ya siete años. ¿Qué pasará si el embarazo no llega a término? Ahora la Comunidad de Madrid indica expresamente que “esta circunstancia deberá ser comunicada” pero que el gobierno autonómico “no podrá reclamar la devolución de los beneficios o ayudas reconocidos cunado concurrían los requisitos”.

Críticas a la norma

Ya desde su anuncio, la polémica norma fue recibida con críticas por parte de la oposición. Desde Más Madrid, Manuela Bergerot, la tachó de “chapuza” y aseguró que el “único objetivo” era “atraer votos” del electorado de Vox. “Le importan más los fetos que los derechos de la infancia”, dijo entonces, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, tras la suspensión de la Mesa de la Asamblea. “Esta ley no viene para ayudar a las mujeres o a la infancia, viene para librar su batalla cultural”, aseguró Lorena Morales, diputada del PSOE de Madrid durante el debate en el pleno.

Pero las críticas no solo vienen por parte de la oposición, también de las expertas, que alertan de un fenómeno importado de Estados Unidos. El objetivo de este tipo de propuestas es dar una suerte de estatus jurídico al embrión desde que se concibe: “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, explica Johanna Hussain, de la Universidad de Cornell (Nueva York), en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de Cornell.

Consulta el contenido de la norma

La vivienda es una competencia autonómica según el artículo 148 de la Constitución, pero Castilla-La Mancha y Madrid son las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Asturias, Cantabria y Aragón que también carecían de leyes tienen proyectos en trámite parlamentario ya muy avanzados.

En Castilla-La Mancha únicamente contamos con la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública.

En 2011, a pocos meses de las elecciones, el PSOE aprobó en las Cortes la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de garantías en el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha. Era una ley muy avanzada sobre el papel, dado que se garantizaba una vivienda pública a quienes reuniesen condiciones para inscribirse en un registro regional de demandantes. Con el cambio de gobierno no llegó a aplicarse y en 2012 el PP la derogó.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el anteproyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, se sometió a un periodo de información pública (enero de 2018), pero finalmente no se tramitó en las Cortes regionales.

Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma y para favorecer el acceso a la vivienda. Planteaba el fomento del alquiler privado con incentivos, la penalización de viviendas vacías, los registros de demandantes, la movilización de las viviendas ociosas en manos de grandes propietarios, etc. Además devolvía a los ayuntamientos de la región la competencia en esta materia, que eliminó la última reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Esa falta de competencia de los ayuntamientos, limitada por ahora a la promoción de vivienda con protección pública con “criterios de sostenibilidad financera” en la redacción actual de la Ley de Bases, condiciona poner en marcha planes locales de vivienda coordinados con los planes urbanísticos para atender la demanda.

El propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances

En la legislatura siguiente pareció recuperarse la iniciativa con la creación de un grupo de trabajo en 2019 pero no hubo avances y se optó por dar prioridad al problema de la ocupación, proponiendo medidas al Gobierno central. Si bien la ocupación era en esos momentos un problema con impacto mediático y que creaba inseguridad y rédito político, lo cierto es que numéricamente era y es un fenómeno anécdotico y mayoritariamente circunscrito a promociones abandonadas, propiedad de empresas quebradas, bancos o fondos de inversión, muy localizadas en pocos municipios. Es cierto que podía haber mafias detrás y falta de agilidad en la respuesta, pero el gobierno autonómico tiene limitaciones competenciales para afrontar este problema.

En la legislatura actual el propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha se está quedando atrás mientras en otras comunidades se legisla para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda, penalizan la especulación de los grandes tenedores, se buscan nuevas fórmulas para promover vivienda asequible o para limitar la subida del precio del alquiler.

Una ley de vivienda regional además de incluir esos aspectos debería prever mecanismos para la declaración de áreas residenciales tensionadas, con datos que proporcione un observatorio público y medidas para corregir el alza de precios del alquiler, limitar los cambios de uso residencial a turístico, crear un registro de demandantes de vivienda protegida eficaz para conocer la demanda y facilitar las adjudicaciones, garantizar la permanencia de la protección pública de las viviendas o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en sus transmisiones, entre otras cuestiones.

Más del 84 por ciento del articulado de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha está ya en marcha o en un desarrollo avanzado tras sus primeros tres años de vida, por lo que 37 de los 44 artículos evaluados en el informe trienal de esta norma presentan avances. Así lo ha indicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en la Comisión de Igualdad que ha tenido lugar este miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha para presentar el informe de esta ley, que comprende desde mayo de 2022, momento en el que se puso en marcha, a diciembre del año 2025.

Ha apuntado que el informe de esta Ley evalúa la parte de la misma que insta al Gobierno a actuar de manera transversal, por lo que el grueso del análisis se centra en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley. “Hemos hecho lo más difícil, pasar de la ley escrita a la política pública real, a crear recursos, servicios, a poner presupuesto y a garantizar derechos en todo el territorio”, ha añadido la consejera.

Simón ha destacado así que “un hito imprescindible” de estos tres años ha sido la puesta en marcha del Servicio de Atención Integral (SAI) LGTBI, que se ha ampliado durante este tiempo con atenciones presenciales en todas las capitales de provincia para “llegar de manera más cercana a todas las personas”.

Ha dado datos concretos de este servicio para indicar que desde 2023 a 2025 ha realizado 11.079 atenciones totales de las que 7.050 han sido actuaciones o atenciones especializadas, 4.066 psicológicas, 2.149 sociales y 835 jurídicas. “Más de 11.000 atenciones no son una cifra fría, son más de 11.000 ocasiones en las que una persona, una familia o un entorno encontró una respuesta pública, gratuita, especializada y segura”, ha afirmado.

Según Simón, este servicio no solo se ha creado sino que se ha consolidado, lo que se demuestra con el hecho de que las atenciones especializadas fueron 1.652 en el año 2023, pasando por 2.517 en el año 2024 hasta llegar a 2.881 en el año 2025. “Esto supone un crecimiento aproximado del 74% entre el primer y el último año del periodo evaluado”.

Cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude

Si se suman las consultas e información junto a las atenciones especializadas, el volumen total ha pasado de 2.731 intervenciones en el año 2023 a 4.497 en el año 2025, lo que supone un incremento cercano al 65% que para Simón significa que el recurso “se conoce más”, que “la ciudadanía confía más en él y que cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude”.

Finalmente, ha resaltado “otro dato especialmente relevante” como es el de que el SAI LGTBI ha acumulado en este periodo de tiempo 286 altas nuevas con expediente abierto, destacando que se trata de “procesos de acompañamiento, de itinerarios personales, de atención sostenida y de protección real”.

Junto a la ampliación del SAI, la consejera ha indicado que con esta ley también se han desarrollado otras acciones como la celebración de la sesión constitutiva del Consejo Regional LGTBI, la celebración del Orgullo con una programación impulsada desde el Gobierno regional, la elaboración de protocolos o el avance en la creación de unidades especializadas como, por ejemplo, la unidad de atención sanitaria a personas trans e intersex.

En base a esta ley se han ido impulsando y mejorando las convocatorias de ayudas y de subvenciones, que llegan también a las entidades locales para la creación de los centros de promoción de la diversidad. “Hemos destinado medio millón de euros a financiar 88 programas y proyectos de las entidades sociales que componen el colectivo de la región, habiendo tenido un impacto sobre 107 municipios”.

Acciones formativas

Respecto a las acciones formativas, la consejera ha apuntado que a través de distintas acciones y en diferentes ámbitos, el Gobierno regional ha impulsado en base a esta ley programas formativos y de sensibilización que han llegado a más de 3.000 personas.

Se trata, ha indicado, de empleados y empleadas públicos con funciones administrativas, profesionales de la medicina, docentes, alumnado y, también, familias, “porque es imprescindible formar y concienciar para poder seguir avanzando para que la gente entienda que las posturas LGTBI-fóbicas no pueden tener cabida en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos”.

Con todo, la consejera de Igualdad ha afirmado que la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI es “muy joven todavía” aunque ha indicado que ya ha empezado a andar y ha dado “pasos contundentes” pese a que aún tiene “un importante camino que recorrer”.

“La aprobación de esta ley supuso la consolidación de un marco autonómico de actuación pública orientado a proteger los derechos de las personas LGTBI y a incorporar la diversidad en el conjunto de las políticas públicas del Gobierno regional”, ha remarcado Simón, que ha destacado que mientras en otras regiones se derogan leyes LGTBI y se retrocede en derechos, “aquí estamos hoy evaluando el desarrollo y el impacto de nuestras leyes en favor de la diversidad sexual”.

Según ha indicado, las personas LGTBI de otros lugares de España “están en riesgo de perder derechos hoy en día, sin embargo, aquí, en esta tierra, en Castilla-La Mancha, no”. “Aquí garantizamos los derechos y estamos ampliando servicios, aunque desde luego hay que tener claro que nada está blindado y hoy tenemos el compromiso del Gobierno, pero quizá en un futuro no sea así”, ha advertido.

Valoraciones de PP y Vox

El diputado de Vox David Blázquez ha lamentado que este informe no acredite el impacto social que la propia ley exige evaluar sino que acredite “una intensa actividad administrativa”. “Y precisamente esa diferencia explica que nuestro Grupo Parlamentario mantenga una posición profundamente crítica, tanto con este informe como con el modelo político que lo inspira”.

Ha lamentado que el informe parta de la premisa de que “toda diferencia de trato obedece necesariamente a una discriminación estructural”. “Nosotros creemos que esa conclusión no puede darse por supuesta y que las políticas públicas deben construirse sobre datos objetivos y no sobre presupuestos ideológicos y por eso echamos en falta un análisis mucho más riguroso de las causas concretas de cada problema, de la eficacia de cada medida y de la proporcionalidad del gasto”.

La diputada del PP Ana Cantarero ve como una virtud del informe que “desmonta parte del triunfalismo” del que “alardea” el Gobierno regional porque reconoce que la implantación de la Ley “está siendo desigual” entre territorios, que todavía existen “numerosos artículos” que ni siquiera han sido iniciadas o puestos en marcha y que faltan “instrumentos esenciales” que la norma prevé.

“Sí que sabemos cuántas actuaciones se han hecho pero no sabemos suficientemente si están cambiando realmente la vida de las personas y esa es una diferencia muy importante y un dato que tenemos que tener en cuenta, porque gobernar no solamente consiste en hacer, sino que consiste en obtener resultados y este informe recoge actividades pero no recoge resultados”, ha lamentado.

La historia de España arrastra deudas que no podemos permitirnos heredar y callarnos. Lo que estamos viviendo estos días en torno al debate sobre la nacionalidad de los descendientes de los represaliados por el franquismo no es solo una forma de enredarse en lo burocrático; es, sencilla y llanamente, un ejercicio de insensibilidad histórica que produce una profunda vergüenza ajena.

No podemos olvidar de dónde venimos. La dictadura franquista no sólo persiguió, encarceló y asesinó dentro de nuestras fronteras. También obligó a miles de compatriotas a meter su vida en una maleta y cruzar el océano. Los condenó al destierro, les arrebató su patria y los convirtió en apátridas a ojos de la tierra que los vio nacer. Fue un castigo cruel y sistemático. Por eso, intentar poner trabas hoy, poner palos en las ruedas a la reparación de sus nietos y nietas, es querer perpetuar esa misma condena ochenta años después. Es volver a decirles a sus familias que no pertenecen aquí.

Desde Castilla-La Mancha sabemos muy bien lo que duele el desarraigo. Nuestra tierra vio partir a miles de vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades. Familias manchegas, alcarreñas, conquenses, toledanas y albaceteñas enteras que tuvieron que abandonar su tierra, sus casas y sus proyectos de vida para salvar el pellejo o para huir de la miseria y el miedo impuesto. Hombres y mujeres que mantuvieron vivo el orgullo de ser castellanomanchegos a miles de kilómetros de distancia, transmitiendo a sus hijos y nietos el amor por una tierra que les había sido negada.

Por eso, desde Movimiento Sumar CLM levantamos la voz de manera clara y rotunda. No se trata de un simple trámite administrativo; es una cuestión de mínimos democráticos. Exigimos Memoria, Justicia y Dignidad para todos y cada uno de ellos. La Ley de Memoria Democrática fue un avance histórico para empezar a saldar esta deuda, y blindar el derecho a la nacionalidad de los nietos del exilio es un acto de justicia poética y legal. Quienes intentan recortar, obstaculizar o revertir estos derechos demuestran un desprecio absoluto por los derechos humanos y por la propia historia de nuestro país.

Un país que no cuida su memoria es un país sin futuro. Castilla-La Mancha no olvida a sus hijos ni a sus hijas, estén donde estén. Seguiremos batallando para que las instituciones españolas estén a la altura de la generosidad de quienes lo perdieron todo por defender la libertad. Desde Movimiento Sumar CLM , lo vamos a seguir haciendo por ellos, por ellas, y por las generaciones que hoy nos reclaman el derecho a regresar a casa.

La presidenta de la Fundación Juan Negrín, Carmen Negrín, ha decidido, por coherencia con sus principios republicanos, no acogerse a la ley que le permitiría solicitar la nacionalidad española, pero defiende esa vía de reparación frente a las críticas de PP y Vox, que cree “mezquinas”. “Yo me lo he planteado varias veces”, confiesa. Sin embargo, siempre ha pesado en su decisión la coherencia con los postulados de su abuelo, de modo que solo solicitará ser española “cuando se permita a los españoles decidir si quieren un rey o una república”.

A su juicio, “esa es la gran cuenta pendiente de la Transición”, que no se preguntó a los españoles si querían recuperar la República y se sometió a referéndum una Constitución que ya incorporaba la Monarquía.

La depositaria del legado del último presidente del Gobierno de la Segunda República ha confirmado a EFE este lunes que parte de los descendientes de Juan Negrín (1892-1956) han recuperado el pasaporte español en las diferentes oportunidades que se han abierto desde el final de franquismo, la última de ellas con la Ley de Memoria Democrática de 2022, entre ellas sus hijas, como ha adelantado La Provincia.

Y ello, explica, porque la familia Negrín nunca ha perdido la conexión con España y con lo que significa ser español, aunque su vida se haya desarrollado en los países adonde se exiliaron el político republicano y sus tres hijos tras la Guerra Civil, Juan Jr., Rómulo y Miguel: México, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido.

Carmen Negrín subraya que, en realidad, su padre (el aviador republicano Rómulo Negrín Mijailov, 1917-2004) siempre mantuvo en México su pasaporte español, porque los gobierno de Lázaro Cárdenas y sus sucesores no reconocían la legitimidad del régimen de Franco.

Desde París, donde reside, Carmen Negrín sigue estos días la polémica abierta por las críticas del PP y Vox, que recelan de que la llamada 'ley de nietos' busque tener un impacto electoral.

“Decir eso es mezquino”, sentencia. “Es absurdo pensar que todos los hijos de los exiliados van a votar automáticamente a la izquierda. Entre los hijos de los exiliados hay de todo, algunos votarán a la izquierda y otros a la derecha”, argumenta.

De hecho, recuerda, en Francia hay descendientes de exiliados españoles que “hoy son alcaldes con la extrema derecha”.

La presidenta de la Fundación Juan Negrín censura especialmente al Partido Popular por sumarse a esos postulados.

“Dicen que puede provocar un fraude electoral. El fraude son ellos. No tienen ni una idea original. O copian a Franco, o copian a Trump”, opina.

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) han defendido este lunes que el proyecto de Ley Canaria de Ciencia pone el foco en el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) “ética y responsable” y en la retención del talento investigador mediante medidas para reducir la burocracia y favorecer la carrera científica.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la diputada de Coalición Canaria Cristina Calero, acompañada por representantes del PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, quienes han presentado las principales enmiendas incorporadas al texto durante su tramitación parlamentaria, que culminará el próximo miércoles cuando el pleno someterá a votación la ley.

La nueva ley, que lleva tramitándose más de un año, fue criticada por las dos universidades públicas el pasado verano, ya que, según ellas, el Gobierno canario no contó con ninguna de estas dos instituciones para su elaboración. Además, según señalaron entonces los rectores, “no profundiza ni resuelve los problemas actuales de las universidades canarias en materia de I+D+i”. Ambos tacharon de “preocupante” que el Ejecutivo de Fernando Clavijo no abriese un trámite de audiencia pública amplio, “de modo que las universidades solo tuvieron conocimiento del texto una vez remitido al Parlamento, incumpliendo, la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias”.

Calero ha señalado que la norma parte de la idea de que la ciencia debe convertirse en una “palanca de cambio” para Canarias, teniendo en cuenta las distintas necesidades y potencialidades de cada isla, y ha destacado que uno de sus ejes es establecer principios para el uso de la inteligencia artificial con las personas “en el centro” y no la tecnología.

Según ha indicado, el proyecto adapta el desarrollo de la IA a los principios del reglamento europeo, con medidas como la supervisión humana, la transparencia, la evaluación previa de riesgos y la auditabilidad de los sistemas, especialmente cuando sean utilizados por las administraciones públicas.

Otro de los pilares de la ley será la gestión del talento investigador, ha apuntado.

En este sentido, Calero ha explicado que el texto incorpora el denominado Pasaporte Científico Canario, una herramienta digital que recogerá la trayectoria académica, profesional e investigadora de cada científico para evitar que tenga que aportar reiteradamente la misma documentación en convocatorias de ayudas o procesos de selección.

“Queremos investigadores investigando y no detrás de papeles”, ha resumido la diputada, quien ha defendido la simplificación administrativa para agilizar convocatorias y reducir cargas burocráticas.

La parlamentaria también ha destacado que la futura norma reconoce a la Universidad de La Laguna y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como agentes singulares de generación de conocimiento y contempla la creación de “antenas universitarias” para extender la actividad investigadora y formativa a las islas no capitalinas.

Asimismo, el proyecto permitirá que las universidades públicas puedan destinar remanentes de tesorería a financiar infraestructuras científicas, equipamiento o programas propios de investigación, previa autorización del Gobierno de Canarias, una demanda planteada por las propias instituciones académicas.

La ley incorpora además el reconocimiento de estructuras de excelencia investigadora, impulsa los doctorados industriales para estrechar la colaboración entre universidades y empresas e incluye medidas para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y la fragmentación territorial.

La diputada ha asegurado que el proyecto ha sido ampliamente debatido durante su tramitación y ha defendido el consenso alcanzado entre los grupos que sustentan al Ejecutivo para incorporar las demandas trasladadas por el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Preguntados por la postura de las universidades públicas canarias, que hace unos días se quejaron, entre otros asuntos, de la visión especialmente economicista de la ley, la diputada del grupo Nacionalista ha esgrimido que la norma recoge el valor “per se” de la ciencia.

“El borrador no contenía todos los sectores de investigación y ahora sí. Se ha recogido explícitamente que aquellos sectores que queden fuera de la estrategia específica de investigación puedan ser complementados para que no queden fuera de ninguna convocatoria”, ha respondido Calero.

Las universidades habían lamentado que en el texto legal la ciencia apareciese “justificada casi exclusivamente por su contribución a la productividad, la competitividad o el crecimiento económico”.

También lamentaban las entidades académicas, en una crítica compartida por los principales grupos de la oposición, el “escaso peso” de las universidades públicas canarias en el consejo asesor que plantea la ley, que durante la tramitación pasó de un asiento a dos para cada una.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado este jueves de “diatriba loca” la postura del Partido Popular respecto a la denominada “ley de nietos” y le ha reclamado a este partido que pida perdón por ello, pues sus gobiernos también impulsaron normas de ampliación de los derechos a la nacionalidad.

En declaraciones hechas en Santa Cruz de Tenerife, donde ha participado junto al presidente regional en la presentación de las medidas para Canarias para paliar la crisis en Oriente Medio, Torres también ha lamentado los ataques a la funcionaria que instruyó la ley por ser hermana del ministro Óscar Puente, y ha dicho de ella que es “una magnífica jurista de altísimo recorrido en administraciones públicas de varios colores políticos”.

“Hasta ese punto llega, y señalo por ejemplo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta ese punto llega la diatriba loca del Partido Popular, que ahora ya no sabe dónde meterse y lo que tiene que hacer es pedir un perdón”, ha resumido Torres, que ha acusado al PP de sembrar la duda sobre representantes de la administración que hacen su trabajo “con honestidad.

El ministro ha defendido la utilidad y justicia de la ley que devuelve la nacionalidad a los nietos de quienes se tuvieron que exiliar por motivos políticos o económicos tras la Guerra Civil.

“Tienen razón quienes dicen que se tenía que haber hecho hace 40 años, y que tendrían que haber votado entonces todas esas personas”, ha apostillado el ministro, que se ha preguntado por qué Feijóo fue hace años a Argentina y pidió al Gobierno de España que ampliara los derechos a los descendientes de españoles en el exterior.

Ha negado las acusaciones de “adulteración” del censo manifestadas por el líder del PP y que haya “prisas” para los trámites, pues la ley es de 2022 y, pese a que ha habido 2,4 millones de solicitudes, hasta octubre de 2025 se han tramitado 300.000 Y 500.000.

“¿Es que él (Feijóo) sabe ya lo que van a votar las personas en el exterior? Extienden la sombra (...). Quedan absolutamente en ridículo, por su cinismo y con su hipocresía”, ha concluido Torres.

El Pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado este martes día 30 y por una amplia mayoría, la Proposición de Ley de la gratuidad de los estudios oficiales de Grado Universitario o estudios superiores equivalentes en nuestra Comunidad, “un incuestionable avance social” en palabras del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que consolida un modelo de gratuidad (desde los cero años hasta la finalización de los estudios universitarios) a la vanguardia de España.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento de La Rioja, Capellán ha resaltado que esta nueva norma “convierte en derecho fundamental lo que supone un salto cualitativo en los derechos educativos de todos los riojanos que desde hoy cuenta con todas las garantías jurídicas y se blindan”. Una nueva normativa, ha resaltado, que supone “una conquista social irreversible y buena para toda La Rioja, para el futuro de todos los riojanos y las riojanas, y que permitirá ayudar a todos los jóvenes”, ya que “por Ley, todos los riojanos tendrán derecho a una educación universitaria gratuita”.

Durante su intervención, Capellán ha renovado el firme compromiso de su Ejecutivo con la educación superior y, en concreto, con la Universidad pública de La Rioja. Así, ha recordado la creación de dos nuevos Grados en la UR, Medicina y Tecnología del Lenguaje; el incremento de plazas a partir del próximo curso 2026/2027; así como el apoyo al campus riojano con la mayor financiación pública por alumno y profesor de toda España, que este año ha alcanzado los 53 millones de euros, “un récord histórico y que el próximo año volverá a incrementarse”, ha asegurado.

En 2027, también al último curso

La aprobación de esta norma supone, desde el próximo mes de septiembre, la exención automática para alumnos riojanos que se matriculen en 1º, 2º y 3º de un Grado universitario en La Rioja, tanto en la UR como en la UNED. También incluirá la previsión de que en 2027 se extienda al 4º y último curso, logrando la gratuidad completa de la primera matrícula para cursar cualquiera de los títulos oficiales de grado Universitario o estudios no universitarios equivalentes, como los que imparte la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR). 

Así, la Ley tiene por objeto la exención de la totalidad del precio público a satisfacer por los créditos académicos de la primera matrícula en estudios oficiales de Grado Universitario o estudios no universitarios equivalente al título oficial de Grado al alumnado de los centros públicos de educación superior situados ubicados en La Rioja.

Podrán beneficiarse de esta exención el alumnado entre 17 y 35 años, cumplidos en el año de formalización de la matrícula que esté empadronado en cualquier municipio de La Rioja de forma ininterrumpida durante, al menos, dos años inmediatamente anteriores al curso que comienza. Además, no deberá poseer o reunir los requisitos legales para la obtención de un título igual o de superior nivel académico. 

Con esta medida, La Rioja consolida un pionero modelo de gratuidad de la educación pública, que va desde los cero años hasta la finalización de los estudios superiores. A este respecto, ante el anuncio del Gobierno de España de aprobar, vía Decreto Ley, una rebaja en las ratios de la educación de 0 a 3 años, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico aumentará la partida destinada al bono infantil en los Presupuestos de La Rioja para 2027 “para garantizar que sea efectivamente gratuita, ofreciendo tranquilidad, seguridad y certidumbre a familias y viabilidad a los centros”.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de España no haya tenido en cuenta en su anuncio a las comunidades autónomas y que este venga sin una memoria económica que lo acompañe, si bien ha precisado que la decisión de rebajar las ratios en el tramo de 0 a 3 años le parece positiva. “Esperemos que llegue con memoria económica y con cofinanciación del Gobierno de España, porque el coste se va a incrementar. En cualquier caso, el Gobierno de La Rioja no va a dejar atrás a ninguna familia, como ya hemos demostrado antes incrementando el bono infantil hasta los 12 millones de euros este ejercicio (6 millones de euros más que en 2023)”.

Coincidiendo con el Año Nuevo 2026, se celebró durante cinco días en el entorno natural del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez (Albacete), una rave convocada de manera espontánea. Las bajas temperaturas, la lluvia y el barro, junto con el “acoso policial” que denunciaron sus organizadores, provocaron un caos en los controles de acceso que se saldó con personas atrapadas en los terraplenes y multas “aleatorias”. El alcalde del pueblo dijo estar encantado con los 'visitantes', pero como suele ocurrir en este tipo de eventos, casi siempre la polémica está servida.

Es el último ejemplo de estas fiestas, casi siempre clandestinas, en las que la música electrónica, el baile y la acampada son las protagonistas, aún más popularizadas por la fama de la película ‘Sirât', de Oliver Laxe, que triunfó en el Festival de Cannes y estuvo nominada a los Premios Oscar como Mejor Película Internacional.

Al Gobierno de Castilla-La Mancha no le gustó la experiencia. Ni esta de Albacete en concreto ni otras anteriores que ha habido en la región. Tampoco ha sido ajena la Administración autonómica a otro problema que ha generado sonoras polémicas: el ruido de los espectáculos públicos.

Por eso ha decidido tomar cartas en el asunto. Acaba de dar luz verde al anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con la previsión de culminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año, tras su paso por las Cortes regionales, donde el PSOE tiene mayoría absoluta.

La nueva ley sustituirá a la anterior normativa, de hace 15 años, e incluye la ampliación de la regulación a las actividades en espacios abiertos, incluidas las raves, así como más restricciones al ruido y el control de acceso a los recintos.

Básicamente, en palabras del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, el objetivo es que estos grandes eventos no supongan “un conflicto con el derecho al descanso de la ciudadanía”.

Reconoce el Gobierno regional, en relación con macroeventos en espacios abiertos como las raves, que existe un “vacío legal”, también con respecto al acceso de menores de edad y al control de los aforos.

El texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso este periódico, regula tanto las actividades realizadas en establecimientos públicos (sean fijos, portátiles o desmontables) como en espacios abiertos, ya sean de titularidad pública o privada. Entre ellos, por ejemplo, se nombran cines de verano o festejos taurinos y deportivos. También incluye los pirotécnicos. Excluye las celebraciones estrictamente privadas, como las familiares, las manifestaciones y las celebraciones religiosas.

La ley no utiliza específicamente el término ‘rave', pero regula este tipo de eventos a través de otras denominaciones y categorías técnicas. Habla así de “fiestas ilegales”: reuniones o acontecimientos que congregan a personas para celebrar espectáculos o actividades recreativas sin tener el título habilitante (licencia o autorización) y sin cumplir los requisitos.

Más eventos en espacios abiertos tras la pandemia

Igualmente, la nueva norma amplía su regulación para incluir específicamente eventos en lugares “sin infraestructuras fijas”, como parques, solares, explanadas o campos. En la exposición de motivos, el Gobierno explica que se ha detectado un aumento de estas prácticas en espacios abiertos tras la crisis de la COVID-19, lo que justifica una regulación “más estricta” por “los riesgos que conllevan para la salud y la movilidad”.

Con carácter general, lo más llamativo es la ampliación del régimen sancionador para esas “fiestas ilegales”. En las infracciones más graves se contemplan multas que llegan hasta los 300.000 euros en su grado máximo: cuando su celebración sin título habilitante origine situaciones de grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes, o den lugar a “graves alteraciones del orden público”.

Independientemente de la sanción final, las autoridades podrán también adoptar medidas de adopción directa si detectan un riesgo “inminente”- Por ejemplo, la suspensión inmediata del evento y desalojo del recinto o espacio abierto, el precinto del establecimiento y la retención de los equipos y bienes utilizados para la fiesta.

Además, la ley establece que la cuantía de la multa podrá incrementarse hasta el doble del beneficio obtenido por el infractor si este último fuera superior a los límites máximos indicados, para asegurar que la infracción “no resulte rentable”.

La cuestión, en el caso de las raves, es que en la gran mayoría de ocasiones, se convocan de manera espontánea, sin una organización clara. ¿Quién se considera por tanto responsable de una fiesta “ilegal”? De acuerdo con el anteproyecto, se establece una “jerarquía”.

Así, en los casos en que no se haya presentado una solicitud de licencia o una declaración responsable, la condición de organizador recaerá sobre “quien asuma las responsabilidades” frente a la autoridad que realice la inspección; o en su defecto, quien lo convoque, lo dé a conocer o reciba ingresos por la venta de entradas o por prestaciones de cualquier otro tipo relacionadas con la fiesta.

Las multas de hasta 300.000 euros se contemplan igualmente para eventos donde se permita el consumo ilegal o tráfico de drogas, así como el acceso de personas con armas u objetos peligrosos en los establecimientos o espacios abiertos. También si se supera el aforo máximo, siempre que origine “situaciones en grave riesgo para el orden público”, por obstrucción la autoridad, por reincidencia o por “incumplir gravemente” las normas de insonorización si supone un “riesgo para la salud ambiental”.

La convivencia entre la fiesta, el ruido y el derecho al descanso

Precisamente, el ruido tiene un papel protagonista en esta ley. Desde hace años se ha convertido en motivo de denuncia vecinal en varias localidades. Una de las más ‘sonadas’ fue con motivo del espectáculo navideño de música y luces, con una gigantesca bola navideña de luz y música que en los últimos años se instala en mitad de la céntrica Plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo.

Tras las numerosas protestas vecinales, el Ayuntamiento de la ciudad se vio obligado a reducir el volumen (y los minutos de duración) de la música de villancicos que, cada pocos minutos, sonaba machaconamente en esta zona, pero que podía escucharse desde varios puntos de la ciudad.

Otro ejemplo parecido tuvo lugar en la localidad toledana de Ocaña. Desde hace más de dos años, su plaza Mayor, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), no acoge actos ni celebraciones multitudinarias que conlleven un exceso de ruido. En este caso, lo impidió la Justicia. La iniciativa de dos vecinas consiguió que se tomaran medidas judiciales para impedir celebraciones en este enclave, que afectaron a la celebración de la Navidad y también a la Semana Santa. El motivo: el ruido y las multitudes.

La nueva ley aborda esta cuestión pero sin muchas concreciones. No establece límites numéricos específicos de decibelios (dB), sino que remite a la normativa sectorial aplicable y a la legislación sobre ruidos vigente para determinar si se han superado los niveles permitidos.

No obstante, sí clasifica el incumplimiento de estos límites. Considera infracción muy grave la emisión de ruidos o vibraciones que superen los límites establecidos en la norma de aplicación y esto suponga un “grave riesgo para la salud ambiental”. Para evitar superar estos límites, la ley impone condiciones como la insonorización para establecimientos públicos, así como licencias donde se incluya normativa sobre ruidos y contaminación acústica.

De la misma forma, la nueva norma subraya que las personas afectadas por ruidos tienen derecho a presentar quejas y reclamaciones por las molestias “que afecten a su descanso”. Si la molestia se produce en el interior de un domicilio, el denunciante debe permitir el acceso a técnicos o inspectores para realizar las mediciones necesarias.

Un examen para controlar los accesos

Hay otra novedad relevante en la ley. La obligación de títulos habilitantes para las personas encargadas de los controles de acceso de eventos con grandes aforos. El texto distingue claramente entre el título habilitante (que es el permiso administrativo para el establecimiento o evento) y la habilitación profesional que debe poseer el personal encargado del control de acceso.

El primero se define como la licencia, la autorización o la documentación que acredita haber presentado una declaración responsable para celebrar una actividad con un aforo superior a 500 personas. Y en esos casos en cuando el establecimiento o la organización del evento en espacio abierto estarán obligados a disponer de personal de control de acceso habilitado.

Para ejercer estas funciones no basta con la contratación. El personal debe poseer una habilitación profesional específica. Será expedida por la dirección general competente tras la comprobación de requisitos y la superación de las pruebas que se determinen reglamentariamente.

Podrán obtenerla personas mayores de edad, con nacionalidad española o de la UE (o permiso de residencia y trabajo) y carecer de antecedentes penales. El personal habilitado deberá estar inscrito en el registro autonómico de espectáculos públicos para que la administración pueda comprobar en cualquier momento que cumplen con los requisitos exigidos.

Se llevará a cabo también un proceso de superación de exámenes. El anteproyecto no concreta a este respecto, ya que establece que se determinarán en un futuro reglamento. Lo que sí establece es que este personal tiene “estrictamente prohibido” asumir o realizar las funciones propias del servicio de seguridad privada. Por ejemplo, no podrá intervenir en alternaciones del orden (en ese caso debe informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad“.

De hecho, la norma explica que la obligatoriedad de contar con seguridad privada es “independiente” de la del control de acceso, y su exigencia depende de la naturaleza y características del evento o establecimiento.

En conclusión, aunque un evento de gran aforo (más de 500 personas) siempre estará obligado a tener control de acceso, solo tendrá que contratar seguridad privada si el tipo de actividad o recinto está incluido en la lista que la normativa determine como de “especial riesgo o impacto”.

Desde el actual curso académico, el estudiantado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y de la Universidad de Alcalá (UAH), con campus en Guadalajara, no han tenido que pagar la primera matrícula para cursar sus estudios. Es una medida que entró en vigor en esta comunidad autónoma tras anunciarlo hace más de un año el Gobierno regional, que también adelantó una futura Ley de Universidades con más derechos y adecuación de las condiciones del alumnado y el profesorado a las características de la comunidad autónoma.

El borrador del anteproyecto de esa ley ya se ha redactado. Ha pasado por su fase de información pública y está pendiente de las alegaciones.

En Castilla-La Mancha existe una universidad pública propia, la mencionada UCLM, con campus en Ciudad Real (sede de su Rectorado), Toledo, Albacete, Cuenca y facultades en Talavera de la Reina y Almadén. Además, hay otro campus en Guadalajara integrado, históricamente, en la Universidad de Alcalá. Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dispone de varios centros asociados en la región.

En la futura ley, el Ejecutivo castellanomanchego marca como principal objetivo modernizar y regular de forma integral el sistema académico regional. Define la universidad pública como “motor esencial” para el progreso social, la igualdad de oportunidades y la investigación científica.

Pero, ante todo, su principal novedad es que garantiza la gratuidad de la primera matrícula, que se incorpora explícitamente como una medida de “justicia social” para asegurar que el acceso a la formación superior “no dependa de la situación económica de las familias”.

Actualmente, hay seis comunidades autónomas que ofrecen la primera matrícula gratuita o bonificada al 99% en las universidades públicas. Hay dos modelos de aplicación: la gratuidad directa en el primer curso, además de en Castilla-La Mancha, se aplica en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de La Rioja. Por otro lado, la bonificación por rendimiento académico, que cubre hasta el 99% del importe, se aplica en Galicia, Andalucía y Extremadura.

Hace unos días, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzaba que incluso la segunda matrícula también será gratis en la UCLM para el alumnado con matrícula de honor en segundo de Bachillerato, pero esta media no está recogida en el borrador del anteproyecto. Lo previsto, por tanto, es que se incluya en el contrato-programa del Gobierno regional con esta institución académica.

De cualquier forma, el texto establece como objetivo estratégico avanzar hacia un modelo de universidad pública más accesible, promoviendo la “gratuidad o reducción de la matrícula” en función de la capacidad económica de los estudiantes, siempre “dentro de un marco financiero que sea sostenible”.

Una base legal para regular precios públicos

La medida se integra en un compromiso más amplio de ampliar los programas de becas y ayudas al estudio para garantizar que las limitaciones económicas o territoriales no condicionen el acceso a la universidad. Las becas se otorgarán priorizando criterios socioeconómicos.

¿Cómo será ese modelo? Básicamente, la intención del Gobierno regional con esta normativa es generar una base legal para que, al establecer los precios públicos, se puedan prever medidas específicas de reducción o bonificación atendiendo a circunstanciales “sociales”, pero también “territoriales”. Es decir, al ser Castilla-La Mancha una región con gran dispersión geográfica, se pueden contemplar circunstancias como la necesidad de desplazamientos y su coste.

En realidad, la comunidad autónoma ya ha venido ejerciendo sus competencias en materia de becas y ayudas para el acceso a las universidades públicas. Lo que ahora quiere es darle blindaje legal, como un “instrumento de equidad” y de regulación de precios públicos.  

Por ejemplo, el anteproyecto de Ley de Universidades prevé expresamente la existencia de bonificaciones y ayudas específicas para estudiantes que residen en zonas rurales o afectadas por la despoblación, como parte de su compromiso con la cohesión territorial. Estas ayudas buscan compensar las dificultades derivadas de la extensión territorial de la región y asegurar que el lugar de residencia no condicione el acceso a la universidad.

De hecho, el modelo de financiación de las universidades públicas también tendrá en cuenta su contribución a la lucha contra la despoblación y el apoyo a las zonas rurales a través de fondos específicos para actuaciones estratégicas. Asimismo, se promoverá la realización de prácticas externas en entornos rurales y zonas en riesgo de despoblación para fomentar la conexión entre el estudiantado y estos territorios.

El ámbito rural y las numerosas zonas en riesgo de despoblación también se mencionan en el anteproyecto al establecer la regulación de su sistema de financiación, basado en los mencionados contratos-programa plurianuales, que incluyen financiación vinculada específicamente al cumplimiento de objetivos estratégicos.

Entre ellos, en la futura norma se citan expresamente la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial. Esto significa que habrá fondos específicos de apoyo rural, que se desarrollarán para complementar las ayudas estatales.

El borrador no habla de importes de matrícula ni de cifras en cuanto a becas y bonificaciones, porque las cuantías exactas se establecerán posteriormente de forma reglamentaria. Pero, por ejemplo, en la UCLM, el acceso a los Grados de Humanidades y Ciencias Sociales se sitúan en torno a los 700 euros por curso completo; mientras que en Grados de Ciencias de la Salud e Ingenierías, pueden ascender a más de 1.100 euros, según la última orden por la que se establecen los precios públicos.

¿Habrá nuevas plazas?

Ante el blindaje de estas medidas, ¿se crearán nuevas plazas en la UCLM y la UAH? Recientemente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, señalaba en una entrevista con elDiario.es que las notas de corte para acceder a los grados universitarios han subido porque las autonomías “han decidido no crear plazas en la universidad pública”.

Este es un aspecto que en el anteproyecto castellanomanchego queda condicionado. Establece que la implantación de nuevas enseñanzas oficiales está “sujeta a criterios de planificación” que tendrán en cuenta la demanda de estudiantes, la eficiencia de los recursos públicos y, de nuevo, la cohesión territorial.

En otro orden de cosas, llama especialmente la atención que, dentro del anteproyecto, en los deberes del estudiantado, se incluyan obligaciones específicas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. En su articulado establece que tienen el deber de realizar un “uso responsable y ético de los recursos digitales”, mencionando expresamente la Inteligencia Artificial (IA) generativa y otros sistemas análogos.

Concretamente, apunta que el uso de estas herramientas en las actividades académicas no debe infringir en ningún caso los principios de “honestidad académica”. Es decir, el estudiantado está “obligado” a “reconocer expresamente” las fuentes y las aportaciones de la tecnología en sus trabajos académicos.

“Marcos éticos actualizados” para la IA y centros privados

Aunque debe ser cada universidad la que regule estos usos en su normativa interna, el texto obliga a las universidades al incluir ese uso responsable de la IA en sus planes de formación para asegurar que tanto el personal como el estudiantado actúen bajo “marcos éticos actualizados”. Estas mismas indicaciones se incorporan también para el profesorado y para el personal docente e investigador (PDI).

Por otra parte, el anteproyecto de ley dedica un bloque completo de su articulado al sistema universitario privado, pese a que esta comunidad autónoma es la única región de España sin ningún centro universitario de este tipo ni proyectos aprobados para su apertura. De hecho, Page, durante su intervención en la reciente gala por los 40 años de la UCLM, reiteró su objetivo de proteger a la universidad pública y evitar modelos que ha vinculado con “factorías de títulos”.

Pese a ello, y ante la previsión de solicitudes, el anteproyecto incorpora un marco regulatorio de reconocimiento, requisitos y control para “garantizar la calidad y coherencia” con el sistema regional.

Establece así que el reconocimiento de una universidad privada se realizará por ley de las Cortes de Castilla-La Mancha. Para otorgarlo, debe “aporta un valor académico o social diferencial”, no comprometer la sostenibilidad financiera ni el equilibrio del sistema universitario público y contar con un plan estratégico a diez años que incluya planes de personal, económicos, de viabilidad y de garantías para el estudiantado.

Asimismo, los centros universitarios privados deben dedicar más del 5% de su presupuesto a programas propios de becas y ayudas, priorizando la situación socioeconómica del estudiantado; y ese mismo porcentaje a programas de investigación y transferencia. También deben disponer un portal de transparencia, de planes de igualdad de género, y garantizar una capacidad mínima de alojamiento estudiantil.

Si, en el futuro, uno de estos centros no cumpliera con lo establecido en esta nueva normativa se enfrentaría a diversas consecuencias que van desde sanciones económicas (entre 12.000 y 600.000 euros) hasta la pérdida total de su reconocimiento legal para operar.

De momento, no hay plazos para que el Consejo de Gobierno le dé el visto bueno y lo remita a las Cortes regionales, pero la previsión es que puede aprobarse ante de que finalice la legislatura en la primavera de 2027.

El pleno de la Asamblea aprobará este jueves por unanimidad el decreto-ley de medidas urgentes para mejora de la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades análogas irreversibles, aunque PSOE y Unidas por Extremadura (UPE) han advertido de que estarán vigilantes en su aplicación.

En este decreto-ley, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 19 de mayo, se crea el grado III+ para casos más extremos, que ya tienen reconocido 34 extremeños a fecha de hoy, que recibirán una ayuda mínima de 3.200 euros mensuales.

Esta norma incorpora de manera urgente al ordenamiento autonómico los elementos esenciales derivados de la Ley 3/2024 de 30 de octubre, del Real Decreto-ley 11/2025 de 21 de octubre, del Real Decreto 969/2025 de 28 de octubre y de los acuerdos del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante la modificación puntual del marco reglamentario vigente, sin alterar su rango normativo originario.

La ayuda de 3.200 al mes, sin copago por parte de la persona dependiente, será para afrontar gastos de ayuda a domicilio o de asistencia personal durante cinco horas al día y la cuantía se elevará llegará hasta los 9.859 mensuales para casos que requieran atención domiciliaria durante las 24 horas.

El número de horas se establecerá en función de las necesidades de cada enfermo, de su situación familiar y de la evolución de la enfermedad, y no se va a valorar el nivel de renta para concederla, ha precisado Manzano.

En la defensa del decreto, la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha asegurado que se “convierte un reconocimiento legal en una protección real y efectiva tangible”.

Ha justificado la urgencia de la tramitación en la rapidez de la evolución de este tipo de enfermedades, por lo que las ayudas estarán resueltas en un plazo máximo de dos meses, frente a los tres meses que marca la Ley de Dependencia, y tendrá carácter retroactivo desde el día de la solicitud o desde el comienzo del servicio.

También ha destacado del nuevo decreto “la interoperabilidad” entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD), ya que los certificados que acrediten esta fase avanzada o la elevada complejidad de la enfermedad se obtendrán directamente de oficio, siempre que sea autorizado.

Para el resto de personas con ELA y otras enfermedades irreversibles, se mejora la ayuda de 2.000 a 4.000 euros al año, a partir del 2027. En total, Extremadura registra 67 casos de ELA.

La portavoz del PSOE, Soraya Vegas, ha señalado que aunque este decreto presenta “insuficiencias” y “sombras”, apoyan su convalidación porque “no hacerlo sería una irresponsabilidad”, pero ha advertido de que “no es una cheque en blanco” a la presidenta de la Junta, porque este asunto “va más allá de la prestación de un servicio”, cuyo origen está en la legislación del Gobierno de España y que tiene una base ideológica.

En este sentido, se ha referido a que contiene “un exceso de burocracia” y ha mostrado su preocupación por la ausencia, a su juicio, de una planificación en materias como el aumento de plantilla o una red pública de apoyo y ha insistido en su desconfianza en la aplicación de este decreto.

En este mismo sentido se ha expresado el diputado de UPE José Antonio González Frutos, que ha puesto el foco en la tardanza en aprobar esta norma, cuando el tiempo es tan importante para estas personas, y ha propuesto que se siga la línea de reducción de plazos que se establece en este decreto a la atención a la dependencia.

Por su parte, la portavoz del PP, Teresa Tortonda, ha dicho que es cierto que es consecuencia de una normativa estatal, pero le ha recriminado que el Gobierno ha puesto el dinero y le ha dicho a las CCAA que se las averigüen como puedan“, con lo que ”se vuelve a fracturar Espalña y crear 17 sistemas“. 

Un simple tramo de escaleras o un portal demasiado estrecho pueden convertirse en obstáculos insalvables que consigan aislar a una persona en su propia casa. Pero, ¿qué dice la ley de Propiedad Horizontal sobre las obras de accesibilidad si no hay acuerdo de la comunidad de vecinos?

“Según el artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal, la comunidad estará obligada a instalar el ascensor si lo solicita un propietario que sea mayor de 70 años o con una discapacidad legalmente reconocida de al menos un 33%”, resuelve Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). Pero además el texto no solo menciona a los propietarios, sino que incluye “garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades”.

“Aunque la ley señala que no es necesario el acuerdo de la junta por tratarse de obras de obligado cumplimiento, sí que deberá adoptarse el acuerdo por mayoría simple relativo a la empresa adjudicataria de la obra, proyecto, la derrama y la distribución de gasto entre los propietarios y la financiación, en su caso”, apunta Briones.

¿Quién paga las obras de accesibilidad?

Si las obras de accesibilidad de las comunidades de vecinos son objeto de debate es principalmente por la cuestión económica, ya que suelen requerir costes elevados, como sucede con la instalación de un ascensor. La experta en administración de fincas destaca que la ley es clara con respecto a quién debe asumir el coste.

“Deberán contribuir al pago de las obras la totalidad de los propietarios de la comunidad, al tratarse de una instalación de obligado cumplimiento, incluidos los propietarios de los locales comerciales y garaje conforme al coeficiente de participación teniendo en cuenta que el importe máximo anual son las doce mensualidades por año y que lo que exceda por año lo deberá pagar el propietario solicitante”, explica la abogada.

“No es que la comunidad esté obligada a pagar únicamente 12 mensualidades del importe total de la obra, sino que por cada año de financiación estará obligada a pagar un importe total de 12 mensualidades”, aclara Briones. “El resto del importe a pagar por cada año de financiación que exceda de estas 12 mensualidades, deberá abonarlo el propietario solicitante”, destaca.

Además, existen subvenciones públicas para este tipo de obras de accesibilidad, y la ley recoge que “también será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas”.

En caso de que las obras se aprueben con el voto favorable de la mayoría de propietarios, no habrá techo de gasto ni será necesario tener en cuenta las cuotas o las condiciones de la persona solicitante. “Una vez adoptado el acuerdo, deberán contribuir a su pago la totalidad de los propietarios de la comunidad hayan votado o no a favor de su instalación, incluidos los propietarios de los locales comerciales y garaje conforme al coeficiente de participación”, reitera Briones. “La Ley de Propiedad Horizontal no regula ni exime de la obligación de ejecutar la obra por el mero hecho de carecer de fondos”, subraya la experta.

“Si la comunidad no ejecuta las obras pese a la obligación impuesta por la La Ley de Propiedad Horizontal, el propietario podrá acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos y la comunidad, en su caso, podrá alegar las razones que le imposibilitan ejecutar las obras de supresión de barreras o la instalación del ascensor”, insiste Briones.

Salvo excepciones, que las hay, las profesionales de los Servicios Sociales han conocido y conocen las leyes que regulan su quehacer diario y que les afectan directamente, cuando han tenido que preparar oposiciones. No nos engañemos. Esa es la cotidiana realidad.

Si a eso añadimos que la primera Ley de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha (así se llamaba) es del año 1986 , la mayoría de las y los trabajadores sociales hoy en ejercicio no tienen de ella ni la más remota idea. Y es normal. Demasiado lejos y demasiadas leyes, decretos, órdenes, circulares, planes, programas y notas divulgativas, como para recordar una ley que dejó de estar vigente cuando se publicó la que actualmente está en vigor desde el 30 de junio de 2011, a los seis meses de su publicación.

Sin embargo, permitidme que eche la vista atrás y os cuente algunas cosas de hace cuarenta años, que quizás os interesen.

La Consejería que promovió la redacción y publicación de la Ley fue la de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Curiosamente, 25 años después, la segunda Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha fue promovida también por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Esta vez sin Trabajo y es que, los servicios sociales, como todas sabemos, han estado alojados en variadas y diferentes consejerías.

Aquella primera ley vino a ordenar y dar forma en 27 artículos y unas cuantas disposiciones transitorias a un sistema público inexistente, que nacía con más ganas que ciencia, con toda la ilusión que un nuevo proyecto lleva consigo, con la emoción de poder hacer algo para mejorar las condiciones de vida de los castellanomanchegos y que pudiera participar en el desarrollo de una región en la que todo estaba por hacer.

La ley nos dio un lenguaje propio que permitía entendernos entre nosotros y darnos entidad propia ante otros sistemas. Empezamos a hablar de Servicios Sociales generales y especializados, de residencias de ancianos y/o “minusválidos” (así los nombraba la ley) de centros sociales polivalentes, de día, ocupacionales o de acogida; e incluso de centros de drogodependientes y alcohólicos, que hasta muchos años después no pasaron a ser parte del sistema público de salud.

Del PRAS a los Consejos de Servicios Sociales

Casi en paralelo con la Ley, nació el PRAS, el programa que llevó los servicios sociales generales a toda la región haciendo realidad muchos de los programas que la ley mencionaba.

Y nacieron los Consejos de Servicios Sociales, el regional, los provinciales y los locales, en los que durante muchos años, la Administración daba cuentas a los miembros que los componían (sindicatos, entidades y ONG) de programas, planes y presupuesto.

Fueron años de formación continua y continuada (reglada y no reglada, esa que se adquiere con la práctica diaria, las reuniones y las discusiones con las colegas), de creación de equipamientos y servicios, de aumento paulatino y progresivo de personal, de incorporación de otros profesionales a los incipientes equipos de trabajo, de la implicación de los ayuntamientos grandes a través del Plan Concertado (1989).

Algunas cosas no se hicieron nunca, como el Instituto Castellanomanchego de Servicios Sociales (seguramente “inspirado” en el IMSERSO, que era lo más moderno que conocíamos ) o el mapa de servicios sociales. Y es que a veces la realidad pone freno a las ideas, aunque sin ellas no sea posible avanzar.

Cuando se publicó aquella Ley, yo tenía 35 años, era Jefa de Servicio de Bienestar Social de la Delegación Provincial de Albacete. Asistí a algunas reuniones en Toledo durante la elaboración de la misma y recuerdo que sentía que estábamos haciendo algo importante.