El teléfono suena, a la hora de comer, de la siesta o al final del día, y al otro lado una voz robótica anuncia que ha recibido tu currículum, un contestador asegura que has ganado un televisor o un operador intenta que cambies la tarifa de la luz. Es una escena recurrente en muchos hogares, a pesar de las promesas de un “apagón” publicitario telefónico. ¿Con qué derechos se cuenta ante este tipo de situaciones?

“En España se ha avanzado en la protección de las personas consumidoras frente al telemarketing, pero consideramos que la protección todavía no es suficiente, puesto que la realidad es que seguimos recibiendo quejas de personas que manifiestan estar cansados de recibir llamadas comerciales no deseadas de forma reiterada”, explica Miguel Crespo, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.

Crespo cree que existe una profunda desconexión entre la teoría legal y el día a día de los ciudadanos: “En muchas ocasiones, cuando se aprueba una determinada norma, se publicita que supondrá el fin de las llamadas no deseadas, y al no cumplirse en la práctica se frustra a las personas consumidoras”, afirma.

La normativa en España dio un giro sustancial el 29 de junio de 2023, fecha desde la que el consumidor tiene derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas. “Una empresa solo puede realizarlas si dispone de una base jurídica válida, fundamentalmente consentimiento previo o, en determinados casos, interés legítimo que prevalezca sobre el derecho del usuario a no recibirlas”, señala Crespo. Sin embargo, el diablo está en los detalles y en las excepciones que contempla la legislación española y el abogado advierte sobre los siguientes factores:

Un consentimiento expreso

Si el usuario ha aceptado recibir publicidad, la llamada es legal. “Pero el consentimiento tiene que ser válido, no vale, por ejemplo, una casilla premarcada o que la empresa entienda que le he dado un consentimiento tácito”, aclara el experto.

La trampa del interés legítimo

Si se es cliente de una compañía telefónica o de luz, esa empresa puede llamarle sin su consentimiento específico para ofrecerle productos o servicios similares o relacionados con lo que ya tiene contratado. Es la gran grieta del sistema español, que no admite la nueva regulación francesa.

“La empresa podría llamar si puede acreditar un interés legítimo que justifique la llamada y que prevalezca sobre tu derecho a no recibir comunicaciones comerciales”, insiste Crespo, según la normativa actual. Por el contrario, si no existe relación con la empresa que llama, la compañía no puede escudarse en el interés legítimo y debe probar de dónde obtuvo su número y qué base jurídica le permite usarlo.

El derecho de oposición

“Si te has opuesto previamente a recibir llamadas comerciales de esa empresa, la situación cambia radicalmente: no puede seguir amparándose en ese interés legítimo frente a una oposición ejercitada por el usuario”, asegura el abogado. Así, si el consumidor expresa en algún momento que no desea recibir llamadas de este tipo, la empresa debe detenerlas de inmediato.

Identificación obligatoria

La normativa española también obliga a las compañías a que los números desde los que realizan llamadas comerciales estén debidamente identificados, una medida reforzada por regulaciones posteriores.

“Desde CECU consideramos que no debería ser la persona consumidora quien tenga que defenderse después de recibir una comunicación comercial no deseada”, valora Crespo, que aboga por que España siga el mismo camino que Francia en su última decisión en este sentido.

“Mientras que en España se mantiene una excepción basada en el interés legítimo, que ha demostrado ser insuficiente para evitar las llamadas no deseadas, Francia apuesta por una regla más sencilla: si una persona no ha autorizado previamente que una empresa contacte con ella con fines comerciales, no debería recibir esa llamada”, expone el experto.

¿Qué puede hacer el consumidor español si sigue recibiendo llamadas no deseadas?

Para el abogado, el procedimiento consta de tres pasos: “Manifestar expresamente durante la llamada que te opones a recibir comunicaciones comerciales, ejercer formalmente tu derecho de oposición frente a la empresa y, si siguen llamando, reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)”.

Para que la denuncia prospere, Crespo recomienda “conservar pruebas, como el número desde el que llaman, fecha y hora, empresa que se identifica y, si es posible, grabación o cualquier otra evidencia de la llamada”.

La buena convivencia entre vecinos suele situarse en el equilibrio entre la libertad individual dentro del hogar y el respeto a la libertad y el bienestar ajenos, aunque hay veces que la línea es tan difusa que pueden surgir dudas sobre qué es lo correcto. ¿Qué pasa si un vecino fuma en el interior de su casa, es decir, en su espacio privado, pero el humo se filtra a través de la ventana a otra vivienda o a espacios comunes y se convierte en una molestia para los demás? La ley establece límites claros para un caso como este.

“La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula en su artículo 7.2 el tema de las actividades molestas y el cómo proceder en estos casos”, establece en primer lugar María Celeste Nieto García, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA), sobre la base jurídica en la que apoyarse.

El principio fundamental que recoge la LPH es que “cada propietario u ocupante de la vivienda no puede realizar actividades que resulten molestas para la comunidad de propietarios” a pesar de tener autonomía dentro de su propia casa. Esto implica que un vecino “puede fumar en el interior de su vivienda, pero el humo no debe molestar a los demás residentes”, señala Nieto García. Además, recuerda que en ciertos lugares, como zonas comunes o espacios cerrados, está directamente prohibido fumar.

Cómo abordar un problema que persiste

Si el humo se convierte en un problema continuado, la administradora de fincas recomienda priorizar el diálogo: “Se debe primero comunicar e intentar resolver por la vía amistosa, de conciliación”. “La persona afectada se lo puede trasladar al presidente o al administrador de fincas y estos pueden advertir del asunto al vecino fumador”, explica. A partir de ahí, en caso de que no cesen las actividades molestas, el procedimiento puede formalizarse.

El presidente, ya sea por iniciativa propia o a petición de cualquier propietario, puede requerir formalmente al infractor para que cese las molestias. Llegados a este punto, la experta apunta que se le debe apercibir de que “si no cesa, se podrán iniciar las acciones judiciales procedentes”.

Si el vecino persiste en su actitud, el asunto debe tratarse en la junta de propietarios, para llegar a un acuerdo sobre si se lleva a cabo una reclamación por la vía judicial. En caso de elevar el caso a los tribunales, Nieto García advierte de que “la prueba testifical es muy importante” para demostrar la magnitud y la frecuencia de la molestia.

Un escenario muy probable es que al tratarse de un asunto que afecta a un solo propietario, la comunidad opte por no involucrarse y no iniciar ninguna demanda por cesación de actividades molestas. Si esto sucede, la ley sigue protegiendo al vecino perjudicado, simplemente cae sobre él la responsabilidad de la acción. “En ese caso tendrá que iniciar la reclamación judicial la persona perjudicada” de manera individual, aclara la administradora de fincas.

El verano y las vacaciones favorecen las reuniones sociales y es típico que el olor a brasa pueda encender las disputas sobre los espacios comunes en las comunidades de propietarios. Pero, ¿tiene derecho un propietario a cocinar en un patio compartido? La respuesta exige diferenciar la fina línea que separa el uso legítimo de las zonas comunes de otros derechos del vecindario, como el descanso, la seguridad o la salubridad.

“En principio, se puede utilizar una barbacoa portátil si no existe una prohibición expresa y siempre que su uso sea compatible con el destino del patio, no ocasione molestias a los demás vecinos ni genere riesgos”, señala Óscar López Vázquez, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA).

La situación da un giro cuando se pretende hacer obra o instalar un equipamiento permanente que altere el espacio común, “ya que cualquier modificación de elementos comunes requeriría autorización previa de la comunidad”, advierte el administrador de fincas.

Qué debe hacer el vecino que quiere utilizar la barbacoa

Antes de comenzar a encender el carbón, el propietario debería repasar detalladamente la normativa. “Conviene revisar los estatutos, las normas de régimen interior y los acuerdos adoptados previamente por la comunidad, así como cualquier normativa municipal o autonómica que pudiera resultar aplicable”, recomienda López Vázquez.

Más allá de la estricta legalidad, las condiciones físicas y arquitectónicas del inmueble operan como un límite insalvable para evitar siniestros. “También deben tenerse en cuenta las condiciones de seguridad del lugar: ventilación, proximidad a ventanas, toldos o materiales combustibles, riesgo de incendio”, añade el administrador de fincas.

Incluso si las barbacoas están formalmente permitidas en los estatutos o la normativa local, el experto recalca que “su uso no puede generar molestias excesivas a otros propietarios”, ya que no se trata de una carta blanca de impunidad si se impide el descanso ajeno. “Si el humo, los olores o las molestias son intensos, frecuentes o reiterados, podría considerarse una actividad molesta conforme al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal”, apunta López Vázquez.

En el ámbito jurídico español, la Ley de Propiedad Horizontal es el instrumento que protege al vecindario frente a las emanaciones de humo y olores persistentes y “en escenarios de conflicto continuado, la legislación faculta a la comunidad de propietarios para requerir formalmente al infractor con el fin de que cese de inmediato en dicha conducta”, destaca el experto.

El espejismo de los patios de uso exclusivo

Un error recurrente en las comunidades de propietarios es asumir que las viviendas de las plantas bajas o primeros pisos que gozan del disfrute exclusivo de un patio tienen plena autonomía para decidir sobre este espacio. Aunque el propietario beneficiario “puede realizar un uso normal del mismo, el patio continúa siendo un elemento común”, aclara el administrador.

Esta naturaleza jurídica compartida implica que las restricciones de seguridad y convivencia no se diluyen. El titular del uso exclusivo no puede bajo ningún concepto hacer una obra, como en el caso de levantar una barbacoa fija, sin contar con la autorización previa y expresa de la junta de propietarios. En caso de optar por una portátil, indica López Vázquez, deberá usarla garantizando que no provoque daños, riesgos ni molestias para el resto de los vecinos o la estructura del edificio, quedando además sujeto a que no esté prohibido expresamente en los estatutos, normas de régimen interno o haya un acuerdo previo.

Lo mismo sucede si el patio o jardín en el que se realiza la barbacoa es privado, con una problemática similar a la de otros conflictos por inmisiones de humo cotidianas, como la del tabaco. Bajo el paraguas del artículo 7.2 de la LPH, el principio fundamental es que “el propietario u ocupante de la vivienda no puede realizar actividades que resulten molestas para la comunidad de propietarios”, por mucho que se actúe dentro de los límites de su parcela.

“Lo más recomendable es aprobar unas normas claras de utilización”, recomienda el administrador como la solución más eficaz para evitar que una barbacoa entre amigos acabe en una junta hostil o en un juzgado. “La comunidad puede regular la utilización de los espacios comunes mediante normas de régimen interior y establecer limitaciones al uso de barbacoas”, explica el experto.

A finales de julio, el Ministerio de Igualdad convocaba al Comité de Crisis para analizar los asesinatos machistas, que no han dejado de suceder en diversos puntos del país durante este verano, de forma muy preocupante.

Se pide primar la protección de las víctimas de violencia machista que pidan retirar la denuncia o la orden de protección. Una de las conclusiones de aquel encuentro tiene que ver con la necesidad de “recalibrar” el peso que el sistema judicial y policial le da a la víctima ante ese tipo de casos, porque “no actúa en libertad en un contexto de violencia de género”.

También se consideró priorizar la persecución de quien delinque y la protección de la víctima y tener en cuenta que, si hay menores, suele tener “dependencia emocional o económica con el agresor”.

Susana trabaja en el sistema sanitario y a menudo se encuentra con víctimas de violencia machista en su día a día laboral. Son historias terribles que, paradójicamente, ella tiene en casa, en un pueblo de Castilla-La Mancha.

En agosto de 2024 su hermana fue víctima de la primera agresión “documentada” en la que la Guardia Civil intervino de oficio. No hubo intervención ni se activó un dispositivo de protección porque ella no reaccionó. “No pidió ayuda pese a la buena disposición de los Servicios Sociales”, reconoce la familia.

No es el primero caso ni el único. Raúl es agente de la Guardia Civil desde hace nueve años. Trabaja en Illescas (Toledo), dentro de la unidad de seguridad ciudadana. “Somos los patrulleros, los que van a los avisos”, cuenta. “Como primeros intervinientes, nuestro objetivo principal al llegar al lugar es proteger a la víctima. El paso siguiente será averiguar los detalles del caso, tanto a través de lo que vemos, como de los testimonios de víctima, agresor y de posibles testigos. Algo importante también será la presencia o no de menores”.

Pero no es fácil, dice, a la hora de determinar si hay delito y en qué grado. Las cosas no están siempre claras en este tipo de avisos que, dice, “son continuos”. La violencia de género no cesa. “La sensación que tenemos los patrulleros es que no solo no se está reduciendo, sino que aumenta”.

Y no ocurre solo en el medio rural. El subinspector Hernández lleva dos años al frente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo. Cuenta que la violencia de género evoluciona, tal y como lo hace la sociedad, pero no desaparece. “Hace una década las denuncias se producían en el seno del matrimonio y ahora la mayoría se dan en relaciones sentimentales de noviazgo o parejas de hecho”.

La violencia se sigue produciendo “en cualquier ámbito social”. El policía nacional explica que las mujeres “son más vulnerables por el hecho de ser extranjeras, por tener adicciones o discapacidad, pero también hay víctimas con una posición acomodada”.

El policía explica que “el perfil de agresor es el de un controlador” y que su comportamiento tiene varias etapas. “Es una persona que acumula ira y agresividad, después llega la agresión en sí y luego hay un periodo de arrepentimiento. Es lo que permite que la víctima se confíe y se produzca la etapa que llamamos ‘Luna de Miel’. Es idílico hasta que todo comienza otra vez”.

En su trabajo, reconoce el agente, el hándicap es que “en las poblaciones grandes la gente pasa más inadvertida” que en el medio rural. “Es más difícil que alguien cercano detecte que una víctima sufre malos tratos”.

La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan de forma coordinada para ‘coser’ los casos entre el ámbito rural y el urbano. Y hay un elemento común: en muchos casos no se denuncia. “Es un derecho”, recuerda el policía.

En todo caso, si no hay denuncia existe un ‘protocolo 0’, con pautas claras para conseguir información a través de la observación o el relato de testigos “para que la valoración de riesgos sea lo más real posible. Si hay parte de lesiones lo tiene que aportar la víctima voluntariamente”, explica el agente.

Es algo que conoce bien el agente Torres, responsable de la sección de Violencia de Género de la Guardia Civil en la comarca toledana de la Sagra, al límite de la comunidad de Madrid, dentro de la cuarta compañía. Es una de las zonas de Castilla-La Mancha con mayor índice de delincuencia junto al Corredor del Henares, en Guadalajara. Allí también hay más casos de violencia de género. Hasta cuatro equipos se ocupan de este tipo de delitos en esta parte de la provincia de Toledo.

También pone el acento en las denuncias. “Hablamos de un delito público y cualquiera puede denunciar. Hemos llegado a recoger denuncias de vecinos que escuchan gritos o peleas, aunque no vean la agresión. Así ya podemos actuar”.

¿Y por qué no denuncian?, preguntamos. “Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo. A veces no perciben ni siquiera el riesgo para su integridad física. Eso también hay que entenderlo”.

Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo

Agente Torres — Guardia Civil

Sin embargo, afirma que “todos los casos terminan siendo judicializados denuncie o no la víctima cuando hay indicios. Es incluso posible detener al presunto agresor. El llamado protocolo cero se activa, aunque no haya denuncia. Lo que prima es proteger la integridad de la víctima y de los menores a cargo”, afirma el agente.

A pesar de eso no niega lo complejo de este tipo de delitos. “Si la mujer no se abre con nosotros ni con la jueza es complicado que se dicte una orden de protección, la que sea, salvo que hay atisbo de una alta probabilidad de peligro”, dice el guardia civil, quien reconoce que a veces el trabajo puede resultar frustrante. “Las víctimas no solo no asumen, tienen un velo en los ojos”.

El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían denunciado”

Cira García Domínguez, magistrada de la plaza 14, en la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Madrid. Fue pionera al convertirse en la primera magistrada al frente del único juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de toda Castilla-La Mancha, en Albacete.

Forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y cree que se ha producido un “avance muy importante tanto legislativo como judicial” cuando hablamos de violencia de género, pero también dice que no es suficiente.

Con más de 430 partidos judiciales en el país, los juzgados exclusivos de violencia de género no llegan a los 130. “Muchas mujeres han de acudir a juzgados mixtos en los que no se exige formación a los jueces y juezas”.

Es uno de los aspectos que preocupa a Susana y a su familia, con el caso de su hermana que vive en el medio rural. “A veces van solas al juzgado, otras con un abogado de oficio, y comparecen ante tribunales no siempre formados o sin recursos para afrontar este tipo de casos”.

Su experiencia no ha sido buena. “Hasta en dos ocasiones el caso de mi hermana fue sobreseído. No se llamó a la Guardia Civil a declarar, ni a la familia. Ella dijo que nunca le había pasado antes, pero no era cierto. Ni siquiera se tuvieron en cuenta las pruebas médicas ni los precedentes. No se pidió ni una sola pericial forense”.

Cuando meses después llegó “la agresión gorda”, relata Susana, el caso volvió al juzgado. Esta vez el agresor fue detenido y volvió a la calle 24 horas después con una orden de alejamiento de apenas 500 metros de la víctima y sin pulsera. Por primera vez la víctima entró en el Sistema VioGen. A la tercera.

“Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento. No consta que sea reincidente, así que no está obligado a llevar pulsera. La primera vez ella no denunció, la segunda se consideró que solo le había pegado una vez y eso no contaba. A la tercera llegó la luxación en la mandíbula y moratones por todo el cuerpo”.

Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Cuando preguntamos a la magistrada por casos así, reconoce que falta perspectiva de género en el sistema. “El Consejo general del Poder Judicial ofrece formación, pero es voluntaria y debería ser obligatoria, evaluable y continuada. Quizá la discrepancia esté en que por un lado va la ley y por otra quienes la aplican”.

También considera “preocupante” que el propio sistema judicial esté propiciando “diferencias” entre víctimas de violencia de género, dependiendo del lugar donde vivan. “El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza”.

Pero en todo caso pide no poner el foco únicamente en el ámbito judicial. “Si solo denuncian un 22% , tenemos un agujero negro. Y en violencia sexual nos movemos todavía en porcentajes más bajos. La estructura social es patriarcal y discriminatoria”, afirma. Hay datos que lo ponen de manifiesto: “Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia y sin embargo se sigue hablando de denuncias falsas en España”.

La magistrada lamenta que la cuestión de la violencia de género esté tan “polarizada” o que sea “utilizada” a menudo por la clase política y subraya la necesidad de “responsabilidad” por parte de toda la sociedad porque el tema es “muy serio”.

La estadística de la violencia machista sigue creciendo

En Castilla-La Mancha, la línea gratuita 900 100 114 de ayuda a víctimas de violencia de género ha recibido en 2026 un 15,4% más de llamadas por violencia machista, según los datos de la Consejería de Igualdad. La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, destaca la importancia de pedir ayuda “en otro verano verdaderamente dramático”.

El último caso conocido ha sido la detención de un hombre en Puertollano mientras amenazaba a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones, en unos hechos ocurridos el 5 de agosto.

Aura Portilla trabaja en la Fundación Ana Bella que lleva el nombre de una superviviente de violencia machista. Tiene sede en Sevilla, pero se ocupa de casos de toda España, incluidos los de Castilla-La Mancha. Ella también fue víctima de violencia de género.

Esta emigrante colombiana llegó a España con su pareja, tras un año de noviazgo, y aquí comenzó el maltrato. “No vi las banderas rojas y cuando llegamos aquí empezó, como tal, la violencia. Yo estaba sola”.

Pudo escapar y denunciar. “La Policía me dio un papel sobre la Fundación Ana Bella. No la conocía. Llamé, pero me daba mucha vergüenza contar lo que había sufrido porque soy psicóloga”. Al final lo hizo. “Me creyeron. Todas eran supervivientes de violencia de género y sabían por lo que estaba pasando”.

Aura logró salir del infierno. Su mensaje es claro: “Se puede salir, podemos recuperarnos como mujeres felices”. Hoy ayuda a otras mujeres, entre otras cosas para evitar que víctima “vuelva” con su agresor“.

Este es uno de los problemas más habituales en la lucha contra la violencia de género. Susana pide evitar culpar a la víctima por contestar a las llamadas o los mensajes de su agresor. O por abrirle la puerta. “Me indigna porque no se tiene en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas. Lo haces cuando alguien te dice que te quiere con locura y aunque te hinche a palos, piensas que después vendrá lo bueno. Que es solo una mala borrachera. Incluso negarás que te hacen daño”.

Me indigna que no se tenga en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Raúl, guardia civil en Toledo, coincide en señalar que no es raro que la víctima vea a su agresor. “Lo hacen incluso con órdenes de alejamiento”. Opina que hay demasiado “miedo” a decirle a una víctima lo que está haciendo mal. “No tiene la culpa por abrir la puerta a su agresor, pero sí es responsable en cuanto a su autoprotección. No podemos mentirle. Hay que decírselo”.

Cuando la familia siente que “el sistema falla”

En ocasiones, familias como la de Susana sienten que “el sistema falla cuando no se protege a las víctimas que, no solo no ven el maltrato, sino que lo niegan”.

En su caso dice haber llegado a escuchar a las especialistas en los centros de la mujer que los recursos existen siempre y cuando la víctima pida ayuda. “Ha de hacerlo ella para que el sistema se active, pero es un callejón sin salida si niega los hechos y eso es habitual porque la dependencia del agresor suele ser brutal”, insiste.

En su opinión, “en muchos casos las víctimas deberían ser incapacitadas porque no son competentes, ni con ellas, ni con su vida ni la de sus hijos. La ley de violencia está bastante bien, pero sentimos que hay una falta de amparo legal y judicial”, lamenta Susana.

Aura Portillo cree que es “muy importante” el acompañamiento jurídico antes de interponer la denuncia, y apuesta también por “un peritaje psicológico previo” porque, subraya, “ahora mismo no existe si no lo determina un juez”.

La psicóloga de la Fundación Ana Bella cree que “hay mucha desprotección porque a las mujeres no se les cree. El proceso es muy difícil y luego sus casos terminan desestimados”. Habla incluso de “poca sensibilidad” en el ámbito judicial y de un “cuello de botella” en los juzgados. “A veces prevalece la presunción de inocencia del maltratador y se le permite ganar ‘poder’. Hemos visto casos en los que estas mujeres han de entregarles a sus hijos a estos hombres, claramente violentos”, afea.

“Hay que seguir avanzando, pero decir que el sistema, en general, desprotege a las mujeres, no lo comparto”, sostiene la magistrada Cira García quien también discrepa también sobre las afirmaciones que apuntan a la incapacidad de la mujer víctima para decidir por sí misma. “Suplir su voluntad y sus decisiones me parece muy arriesgado”.

“Hay que ayudar y acompañar a las mujeres que sufren violencia y hay que darles mecanismos no solo a la hora de denunciar sino después. La soledad de una mujer no lo es solo ante el juzgado, después también están muy solas”, opina, para recordar que los jueces no pueden emitir órdenes de protección que no solicitan las víctimas. “En algunos casos habrá que hacerlo porque la víctima esté en una situación muy vulnerable, pero eso no significa que tengamos que hacerlo sistemáticamente”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si se está o no fallando, el agente de Illescas responde con otra pregunta. “¿Cómo saber si el sistema funciona o no? Es algo subjetivo. Creo que hay que aplicar más penas. Tengo la sensación, aunque no sea objetivo, que se aplican pocas penas en nuestro sistema. Puedo entender equivocaciones, pero cuando la persona es reincidente…”

El agente se muestra indignado con ciertas actitudes que se repiten en el sistema. “Yo escuché a gente vinculada un determinado caso decirle al chaval que era la chica la que había provocado que entrase en la cárcel. El hecho, sin valorar más, es que él quebrantó la orden de alejamiento. ¿Tenemos que esperar a que la mate?”, se pregunta.

Cree que “no hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión”, aunque lo matiza. “Yo entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener”.

No hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión, pero entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener

Raúl — Agente de la Guardia Civil

Su compañero, el agente Torres dice que “hay recursos y la ley es clara, pero también existe la arbitrariedad. En un juicio dos y dos no son cuatro. La casuística es diversa, son muchas cosas a sopesar. Hay medios, pero no se utilizan todos. Hay víctimas que pueden acogerse a esos recursos, pero no lo hacen. Eso no provoca que el sistema se desmorone, pero sí se tambalea”.

“Salvamos a muchas mujeres”, defiende la magistrada Cira García Domínguez. Sin embargo, reconoce que “el sistema falla a veces porque no se percibe el riesgo real de la víctima, porque vuelven con el agresor o porque están tan disociadas de la realidad que no se denuncia. Pese a todo, protegemos a muchas mujeres a diario”, insiste.

“Los juzgados no son la panacea”

El Ministerio de Igualdad se ha propuesto “replantear” la conveniencia de las conformidades en los procedimientos de violencia de género, así como los mutuos acuerdos en procedimientos de familia cuando hay violencia e incluso no se descarta estudiar un acompañamiento a menores huérfanos para evitar reproducción de perfiles de agresor o víctima.

También recomendará “no archivar de manera inmediata” los casos en los que el agresor se suicida, para facilitar la tramitación de ayudas y recursos.

“Que el sistema esté judicializado es importante, pero eso no va a reparar a la víctima. Lo hará el apoyo social, familiar y económico. Si hablamos de lo institucional, tenemos recursos del sistema de asesoramiento jurídico y social que están saturados. Las casas de acogida están saturadas… No podemos echar toda la culpa al sistema judicial”, asegura la magistrada. Solo en Castilla-La Mancha casi 25.000 mujeres fueron atendidas en centros especializados en violencia de género en 2025, según datos del Gobierno regional.

También cree que los juzgados “no son la panacea” con delitos de este tipo que se cometen en la intimidad. “A veces por mucha formación que tengas como magistrado las pruebas son las que son. Nuestro sistema procesal se rige por unas normas y por el derecho a la presunción de inocencia que nos guste o no, está. Las pruebas han de ser contundentes y también los indicios para dictar orden de alejamiento, aunque entiendo desde fuera se vea diferente”.

En eso coincide el subinspector Hernández. “Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España”, a pesar de reconocer lo duro que resulta “atender a una mujer que llega totalmente anulada y a veces con niños de por medio”.

“Es difícil desconectar de este tipo de casos, pero hay que saberlo llevar y si no, cambiar de unidad”, apunta Torres, de la Guardia Civil, quien reconoce que “puede llegar a afectar personalmente, con ansiedad, estrés, dudas del trabajo bien hecho…”

Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España

Subinspector Hernández — Responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo

Cira García reivindica “más plazas judiciales, más plazas psicosociales, más funcionarios, más jueces y juezas, más recursos asistenciales y de acogido y dinero para invertir en políticas públicas porque a veces solo no se invierte, sino que se quitan recursos”, critica y lanza una propuesta: “A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella”.

También reconoce sentir frustración. “Es un trabajo muy duro porque tenemos una violencia estructural enraizada en la desigualdad histórica. Hemos avanzado mucho, sí. Queda mucho camino, también” y reconoce que no siempre es optimista.

A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Que el problema se acabe no depende de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, comenta el agente Torres. “Ni siquiera hay un perfil definido. Ni en las víctimas, ni en los agresores porque los hay desde empresarios, funcionarios… y las mujeres a veces tienen un buen estatus. A veces pensamos en que solo afecta a mujeres y hombres con determinados problemas de drogas, económicos o vulnerables por otras razones, pero no es así”

El sistema VioGen, el algoritmo y la “excesiva burocracia”

El papel policial es fundamental para determinar el riesgo. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo hacen en el marco del sistema VioGen. “El atestado es lo más minucioso posible para que los juzgados tengan una idea de lo ocurrido lo más claro posible”, explica el subinspector Hernández.

“En el propio sistema VioGen-2 puede decidirse, sin tener que pasar por un juez, que haya una patrulla permanente de protección de la víctima, en caso de riesgo extremo”, apunta el agente Torres. “Trabajamos con los datos que arroja un formulario elaborado por especialistas médicos o psicólogos que arroja 35 ítems, divididos en cuatro grandes grupos: reflejan el historial de violencia en la víctima y se estudia caso a caso, las características del agresor y de la víctima, el entorno familiar de la víctima e incluso la percepción que ella tiene de la situación”.

Uno de los resultados más habituales, dice, es que “hay personas que normalizan la violencia, lo arrastran en su día a día”. Admite que “son muchas preguntas”, pero necesarias. “Si no, no podemos sopesar el nivel de peligro. ¿Qué tiene que volver a declarar otra vez ante el juzgado? Claro. Nosotros no somos jueces y ante sede judicial ha de decir la verdad”.

El subinspector Hernández también cita el “protocolo” para la valoración de riesgos, a través de la aplicación VioGen. “Entrar en el sistema solo requiere que haya un caso de violencia de género, incluso por vejaciones o injurias”, relata el policía nacional.

Pero desde entidades como la Fundación Ana Bella no lo ven tan simple. Aura Portillo asegura que la violencia psicológica es “muy difícil de demostrar” y afecta a muchas mujeres. “Es una de las barreras más importantes. Para que un hombre reciba una orden de alejamiento hay que demostrar mucho”.

De hecho, cree que “el sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día”. Y eso, advierte, supone “una barrera” ante el juzgado. “Muchas de estas denuncias son desestimadas. Cuando la mujer decide dejar la relación y denunciar, hay consecuencias y la violencia se deriva hacia sus hijos e hijas”.

Este verano se ha aprobado el proyecto de Ley de Violencia Vicaria: dañar a los familiares de las parejas o exparejas será un agravante. El agente Torres confirma que cada vez es más habitual. “La violencia machista va mucho más allá de lo físico”.

El sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día

Aura Portillo — Psicóloga en la Fundación Ana Bella y víctima de violencia de género

La aplicación VioGen tampoco convence a todos. La magistrada Cira García cree que hay que modificar el sistema. “No puede ser que la valoración policial del riesgo de una mujer, que no es determinante pero que condiciona a los jueces, se base en preguntas para responder Sí o No que después son analizadas por un algoritmo. La evaluación de riesgo no puede pasar por eso”.

A la condición de víctimas se suma también el peso de la burocracia. Cuando denuncian “han de firmar una enorme cantidad de documentación, leer papeles y papeles, hasta recopilar datos para exponerlos y para demostrar”, recuerda Susana. “No es solo denunciar y asumirlo como agresión, es que deben dar cuenta de cómo afecta a los bienes en común”.

La magistrada también piensa que “el sistema en sí, revictimiza” cuando las mujeres se ven obligadas a contar su calvario una y otra vez. “A veces han estado declarando ante la policía, no han dormido, y al día siguiente tienen que declarar en el juzgado en un estado emocional de shock. Evidentemente a esto hay que darle una vuelta”.

Sugiere que puedan declarar en los centros asistenciales o en los centros de la mujer, para evitar ir al juzgado… “Hay que intentar que el contexto sea más amable. A veces la situación es de terror cuando en un juzgado pequeño se cruzan la víctima y el agresor. Hay cosas que a nivel práctico no están funcionando por falta de recursos”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si la burocracia es excesiva la respuesta no es precisa. “No me atrevo a decirlo. ¿Es un momento en el que no están cómodas? Sí. Han de contarlo una y otra vez, rellenar y firmar papeles. Pero insisto, no sé si es excesiva, pero si necesaria”, señala el agente Raúl.

Para Susana falla también el sistema sanitario. “Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Sabemos que la historia clínica es propiedad del paciente, pero en Castilla-La Mancha esto está muy poco desarrollado. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado”. El tiempo corre para la víctima, en su contra y a favor del agresor. Toda una ironía.

Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Pese a todo, el agente Torres insiste. “Siempre que viene a poner denuncia, la víctima debe ir al centro médico, para un parte de lesiones, aunque la agresión no sea física. El profesional médico también reflejará el estado de ansiedad”.

Susana pide “más responsabilidad personal o profesional” en el ámbito sanitario en el que ella misma trabaja porque, recuerda, “ya hay suficiente resistencia en las víctimas y con eso juegan los agresores. A veces son resistencias inconscientes”. En el caso de su familiar la impotencia es total. “Ella está locamente enamorada de su agresor. Le ha arruinado la vida, incluso económicamente, pero cuando intentamos ayudar, ella cree que somos los malos. Estamos desesperados”.

Por eso advierte que la salud mental de los hijos, de las familias o los amigos de las víctimas también está en juego. “Estamos en un estado de alerta continuo”, dicen los familiares de una de las víctimas que reside en un pueblo pequeño. Ayuda el entorno, se implica el pueblo, pero a veces no es suficiente. “Hemos estado horas y hasta días sin saber nada de ella. Hubo un momento es que, sin dejarla de lado, decidimos mantener cierta distancia. Necesitamos ayuda y nuestro caso no es el único”.

Los códigos municipales tardaron bastante en borrar una herencia que hoy resulta difícil de leer sin cierta incredulidad: Chicago derogó en 1974 la última de las llamadas leyes feas que seguían vigentes en Estados Unidos. La retirada llegó después de la Ley de Rehabilitación de 1973, cuya Sección 504 prohibió la discriminación por discapacidad en programas financiados con fondos federales. En 1990, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades amplió esa protección al empleo, los servicios públicos, el transporte y los alojamientos abiertos al público.

Aquellas ordenanzas habían convertido durante más de un siglo la presencia de personas pobres y con discapacidades en un asunto policial, al permitir que las autoridades las expulsaran de calles y plazas por su aspecto. Su formulación castigaba a personas consideradas “desagradables” o “repulsivas” y vinculaba discapacidad, mendicidad y desorden.

Las autoridades castigaban la apariencia de ciudadanos vulnerables

Las consecuencias de estas normas podían acompañar a una persona en algo tan cotidiano como salir a la calle, pedir ayuda o permanecer en un espacio público. Si tenía una discapacidad a la vista y las autoridades consideraban que su aspecto entraba dentro de lo prohibido, podía recibir una multa, acabar en la cárcel o ser enviada a una institución. Así, acciones habituales para cualquier otra persona podían convertirse en motivo de castigo únicamente por la forma en que su discapacidad era percibida.

La expansión de estas normas siguió el crecimiento de las ciudades estadounidenses y acabó formando una red municipal que fue mucho más allá de California. Portland aprobó una ordenanza en 1881 y Chicago hizo lo mismo ese año, mientras Denver y Lincoln siguieron en 1889, Omaha actuó entre 1881 y 1890 y Columbus adoptó la suya en 1894. Pensilvania llevó el criterio a todo el estado y añadió referencias a discapacidades cognitivas, mientras Nueva York intentó aprobar una regulación parecida en 1895 y Los Ángeles lo intentó en 1913.

La crítica organizada tardó décadas en dar a esas normas un nombre que permitiera agruparlas y discutirlas como una misma forma de discriminación. Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad Marcia Pearce Burgdorf y Robert Burgdorf Jr. acuñaron a mediados de los años setenta la expresión leyes feas, utilizada en su artículo de 1975 sobre el trato desigual a las personas con discapacidad. El término nació ligado a una labor de defensa jurídica y política que presentó estas restricciones como un problema de derechos civiles.

San Francisco había abierto ese camino en 1867 con una ordenanza contra la mendicidad que prohibía mostrarse en público a determinadas personas enfermas, mutiladas o deformadas. La ciudad crecía después de la fiebre del oro y acumulaba población empobrecida, trabajadores lesionados y personas que no habían logrado prosperar.

En aquel ambiente marcado por el rápido crecimiento urbano, responsables municipales, organizaciones benéficas y reformadores urbanos empezaron a tratar la pobreza y la discapacidad como señales de desorden que debían retirarse de las calles. Esta forma de entender la ciudad convirtió la presencia de determinadas personas en un problema que las autoridades pretendían controlar, especialmente cuando su aspecto se alejaba de los criterios sociales aceptados en aquella época.

Esa forma de pensar acabó extendiéndose desde la regulación de las calles hacia políticas de institucionalización, segregación, rehabilitación y control de la vida privada de las personas con discapacidad. Algunas corrientes benéficas llegaron a debatir sobre cuestiones como el matrimonio, la reproducción y la eugenesia, bajo la idea de impedir una supuesta degeneración racial. Estas propuestas ampliaban así la intervención sobre las personas con discapacidad desde su presencia pública hasta decisiones relacionadas con aspectos especialmente personales de sus vidas.

El jurista y activista Jacobus tenBroek escribió en 1966 que muchas de las dificultades atribuidas a la discapacidad procedían de la forma en que la sociedad la percibía y de las barreras que imponía a las personas con discapacidad.

Su planteamiento trasladaba buena parte del problema hacia las condiciones sociales que limitaban la autonomía y la participación de estas personas, frente a las interpretaciones que atribuían esas dificultades únicamente a sus características físicas o cognitivas.

Los arrestos mostraron los efectos reales de las ordenanzas

La aplicación de las ordenanzas fue irregular, aunque sus consecuencias podían ser severas para las personas seleccionadas por la policía en calles y plazas. El historiador Brad Byrom señaló que la policía muchas veces ni siquiera las aplicaba, pero se conservan casos de personas arrestadas por estas normas.

El primer arresto documentado fue el de Martin Oates, veterano del Ejército de la Unión detenido en San Francisco en julio de 1867. En Omaha, un hombre sin hogar fue detenido en 1974 por sus cicatrices y marcas corporales; el fiscal municipal Gary Bucchino terminó sin presentar cargos porque la ordenanza no definía jurídicamente qué aspecto podía considerarse feo.

Las viviendas de uso turístico (VUT) en Castilla-La Mancha no podrán anunciarse en las plataformas digitales como Airbnb o Booking si sus propietarios u operadores no han presentado una declaración responsable o no las han inscrito en el Registro de Turismo de la comunidad autónoma. Además, se prohibirán los alquileres turísticos de habitaciones, por lo que los pisos deberán alquilarse por completo para estas estancias.

Así lo establece el borrador del anteproyecto de Ley de Turismo de Castilla-La Mancha, la norma con la que el Gobierno regional quiere sustituir a la vigente Ley 8/1999, aprobada hace más de un cuarto de siglo, cuando ni las viviendas de uso turístico ni las plataformas digitales que hoy las comercializan formaban parte del paisaje. El texto, de 92 artículos, continúa su elaboración tras concluir el 13 de agosto el trámite de información pública y participación ciudadana, y llega en un momento en el que la presión del alquiler turístico sobre el mercado de la vivienda se ha instalado en el debate político dentro y fuera de la región.

El foco más sensible del anteproyecto está, precisamente, en las viviendas de uso turístico, que hasta ahora estaban reguladas únicamente por un decreto de 2018. Según establece este borrador, para poder anunciarse en plataformas digitales, que actúan como intermediarias para la reserva de este tipo de alojamientos, sus propietarios u operadores deberán haber presentado una declaración responsable o haberlas inscrito en el Registro de Turismo de la Junta.

Además, estos pisos deberán cederse siempre completos y queda expresamente prohibido el alquiler por habitaciones. Es decir, se cierra la puerta al modelo de ‘habitación en piso compartido’ bajo esta figura.

No obstante, el borrador de la nueva ley poco más concreta sobre este tipo de alojamientos. El anteproyecto remite a “los límites y las características que se determinen reglamentariamente” —una regulación normativa específica posterior— por lo que las cuestiones más delicadas, como un máximo de días de comercialización al año o criterios de saturación en cascos históricos como los de Toledo o Cuenca y municipios tensionados, quedan sin regular hasta un posible desarrollo posterior.

En cambio, el texto sí introduce como novedad que los propietarios de una VUT responderán de forma subsidiaria en los casos de intrusismo cuando, requeridos por la Administración, no identifiquen a quien realmente explota la vivienda.

El anteproyecto tipifica también como infracción muy grave anunciar o explotar una actividad turística sin haber presentado la preceptiva declaración responsable, y crea infracciones específicas para las plataformas en línea de alquiler de corta duración que incumplan sus obligaciones de información, registro, recogida, conservación, suministro o intercambio de datos previstas en la normativa aplicable.

Autocaravanas, estrellas verdes y nuevas profesiones

Más allá de las VUT, el anteproyecto eleva a rango de ley figuras que ya existían por vía reglamentaria. Es lo que ocurre con las áreas para autocaravanas, reguladas en la región desde 2018 mediante el Decreto 94/2018, que ya fijaba el estacionamiento máximo en estas zonas en un máximo de 48 horas, —tiempo que la norma mantiene—, o con la clasificación del turismo rural mediante “estrellas verdes” de una a cinco, en vigor también desde 2018 en sustitución de las antiguas “espigas” y que se aplica a casas rurales, apartamentos turísticos rurales y alojamientos rurales singulares.

El texto regula, asimismo, de forma diferenciada el turismo activo y el ecoturismo, este último vinculado a la Red de Áreas Protegidas, y refuerza la figura de las Hospederías de Castilla-La Mancha, la red de establecimientos singulares ubicados en inmuebles de interés patrimonial, a los que se exige una categoría mínima de tres estrellas.

Donde sí crea figuras nuevas es en lo relativo a las profesiones turísticas: junto a la tradicional actividad de guía de turismo, el anteproyecto suma a los informadores turísticos de ámbito local, pensados para municipios de menos de 10.000 habitantes —ampliables hasta 20.000—, y los dinamizadores turísticos, orientados a impulsar el desarrollo del medio rural.

También apuesta de forma decidida por la digitalización: inteligencia turística, análisis de datos y “destinos inteligentes” aparecen como ejes transversales, junto a la consolidación de la marca única “Castilla-La Mancha” como paraguas de la promoción regional.

El anteproyecto regula además la figura de los “municipios turísticos”, que podrán obtener esa consideración —y un trato preferente en la planificación, las ayudas y la promoción— cuando cumplan varios requisitos: entre ellos, que la población turística asistida anual supere el 25% de la población residente y que el número anual de visitantes equivalga, al menos, a ese mismo porcentaje, además de contar con recursos turísticos con capacidad de atracción y un plan municipal de calidad. El texto llega incluso a modificar otras dos leyes regionales para crear los “municipios de interés turístico artesano” y regular los “comercios turísticos”.

En materia sancionadora, el anteproyecto actualiza los tipos de infracción para adaptarlos al entorno digital, pero mantiene los topes de las multas heredados de la ley vigente: hasta 600 euros las leves, de 601 a 6.010 euros las graves y de 6.011 a 60.010 euros las muy graves. Se conserva, asimismo, la posibilidad de excluir a los infractores muy graves del acceso a las ayudas de la consejería.

Este primer borrador, publicado el 8 de julio, continúa su proceso de elaboración tras concluir el pasado 13 de agosto la fase de participación pública. Actualmente, se encuentra en la fase de retorno, en la que la Consejería de Empresas, Economía y Empleo valorará las alegaciones recibidas. Está previsto que esta parte se prolongue hasta el 14 de septiembre.

El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración pública en Castilla-La Mancha entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.

Esta norma forma parte de la controvertida Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que ratificaron PP y PSOE con el voto en contra de Vox, y con críticas por parte de Podemos, CCOO o el sindicato STAS, entre otros. Advirtieron que en la práctica esta figura supondrá “privatizar servicios públicos”.

STAS aludió a lo que calificó de “demoledor” informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que el órgano lamentaba la “gran indefinición” en la Ley de Simplificación Administrativa a la hora de fijar las funciones que ejercerán estas llamadas “entidades colaboradoras de la Administración regional”.

Se trata de una nueva figura que podrá realizar determinados procedimientos administrativos de índole pública

El Gobierno regional ha negado siempre que el objetivo sea la privatización de los servicios públicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió en su momento que el objetivo de la ley “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos” y que estas entidades colaboradoras prestarán servicio “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”.

Ahora se oficializa su régimen jurídico, y a partir de este momento aquellas entidades privadas interesadas en convertirse en colaboradoras deben solicitar su acreditación. Se trata, insiste el Gobierno regional en “agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública”.

La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema. Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.

El Gobierno regional defiende de nuevo que su regulación “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.

Las funciones de estas entidades colaboradoras privadas

Las entidades colaboradoras desarrollarán “exclusivamente”, según el Gobierno regional, funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.

Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.

Son competencias que despertaron en su momento las suspicacias de distintos agentes sociales y políticos, teniendo en cuenta que serán empresas privadas las que supervisen cuestiones de otras empresas privadas. Las funciones que se les atribuyen son “técnicas”, según el Ejecutivo regional, relativas a comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Para el Gobierno de Page, “uno de los principales objetivos de la regularización de las entidades colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales”. En estos casos, recuerdan, muchos “carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años”.

En los años de la ley seca, en la década de los 30, surgieron en Estados Unidos una serie de figuras mafiosas que . Junto a Al Capone o Frank Costello, uno de los mafioses más populares de aquellos años fue “Lucky” Luciano. Nacido como Salvatore Lucania en Sicilia, su trayectoria delictiva lo convirtió en uno de los criminales más famosos de la historia. Fue jefe de la familia Genoveses y se le considera el arquitecto del crimen organizado en Estados Unidos.

Como muchos jefes mafiosos, Luciano también acabó cayendo en las garras de la justicia y puesto en prisión durante una década. Lo que no es tan sabido es que en la caída de Luciano tuvo un papel relevante una auténtica pionera: Eunice Carter, la primera mujer afroamericana que trabajó como fiscal en Nueva York.

Nacida el 16 de julio de 1899 en Atlanta, Georgia, Eunice Roberta Hunton Carter era hija y nieta de esclavos. Tras los disturbios raciales de Atlanta de 1906, una violenta masacre en la que docenas de personas negras fueron asesinadas por los blancos, se trasladó con su familia a Brooklyn. Eunice se crio en una familia plenamente concienciada en la lucha por los derechos humanos. Sin ir más lejos, su padre fundó la división negra de la organización social YMCA y su madre era una activa participante en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). Animada por sus padres, Eunice ingresó en el Smith College y se graduó en Trabajo Social. A los 25 años se casó con el dentista Lisle Carleton Carter, y poco después dio a luz a su hijo.

Una mujer negra pionera en el derecho

A pesar de trabajar en el Comité de Ayuda de Emergencia al Desempleo en Harlem, en 1927 decidió matricularse el programa nocturno de la Facultad de Derecho de Fordham en 1927. A pesar de trabajar y cuidar de su familia y su hijo, consiguió sacarse el título en cinco años. Se convertía así en la segunda mujer negra de su facultad en titularse y hacía realidad el sueño de ser abogada.

Destinada a ser una pionera, Eunice fue también la primera mujer negra en ser fiscal adjunta del distrito del estado de Nueva York. Entre sus tareas, estaba la de procesar casos de prostitución. Así fue como se dio cuenta de que todas las mujeres que eran detenidas solían ser procesadas y liberadas, y que todas ellas contaban con los mismos abogados. Eunice vio clara la existencia de un sindicato clandestino que controlaba el comercio sexual y así lo notificó a al fiscal federal de la ciudad de Nueva York.

19 hombres y una sola mujer

El fiscal decidió incorporar a Eunice a un reducido equipo de fiscales de élite que trabajaba para combatir el crimen organizado. Conocidos como los “Veinte contra el hampa”, el grupo estaba integrado por 19 hombres y una sola mujer, Eunice Carter. En este grupo, ella se dedicó a buscar las conexiones entre la mafia y los burdeles de Nueva York. Fue Carter la que organizó una gran redada y consiguió que las prostitutas y madamas testificaran contra sus jefes.

Con toda esta información, Eunice Carter logró reunir las pruebas necesarias para acusar a Lucky Luciano de 62 cargos de prostitución compulsiva. Era la primera vez que una gran figura del crimen organizado era arrestada por algo que no fuera evasión de impuestos, como pasó con Al Capone. El juicio contra Luciano, celebrado en mayo de 1936, tuvo una gran repercusión mediática. El mafioso fue condenado a una pena de entre 30 y 50 años de prisión, de los que solo cumpliría 10 antes de ser indultado por sus servicios durante la IIGM.

A pesar de la importante labor que llevó a cabo Eunice Carter en este caso, su contribución fue olvidada y, a mediados de la década de 1940, había sido apartada de las promociones profesionales y cobraba mucho menos que sus colegas masculinos. Eunice dimitió de la Fiscalía del Distrito en 1945 y dio el salto al trabajo internacional. Dedicó el resto de su vida a luchar por los derechos civiles y de las mujeres.

Hay leyes que nacen para corregir desequilibrios, proteger al más débil y garantizar unas reglas de juego justas. Y hay leyes que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de convertirse en poco más que papel mojado cuando quienes tienen la obligación de hacerlas cumplir no actúan con la contundencia necesaria. Eso es, precisamente, lo que está ocurriendo con la Ley de la Cadena Alimentaria.

Desde ASAJA Ciudad Real llevamos demasiado tiempo denunciando una realidad que ya no admite eufemismos ni puede despacharse como una circunstancia puntual: en numerosos cultivos y sectores, los agricultores siguen vendiendo sus producciones a precios que no cubren sus costes efectivos de producción.

Y cuando esta situación se repite campaña tras campaña, afecta a productos diferentes y se extiende por territorios y sectores, ya no estamos ante excepciones. Estamos ante un problema estructural que evidencia que algo está fallando.

La Ley de la Cadena Alimentaria es clara. El precio percibido por el productor primario debe ser, como mínimo, superior a sus costes efectivos de producción. No lo dice ASAJA. Lo establece la propia legislación. Por tanto, la pregunta es inevitable: si la ley es clara, si los costes son conocidos y si la norma existe para impedir precisamente estas situaciones, ¿cómo es posible que sigamos encontrando numerosas operaciones en las que el agricultor vende por debajo de lo que le cuesta producir? La respuesta es incómoda, pero no podemos esquivarla: la Ley de la Cadena no está funcionando como debería.

Y no estamos hablando de un único producto ni de una coyuntura concreta. Ahí está el vino, uno de los grandes motores económicos y sociales de nuestra provincia, sometido de manera recurrente a una presión insoportable sobre los precios. Ahí están también el aceite de oliva, la leche, la cebolla, el pistacho, el melón y tantos otros productos en los que el productor se encuentra con cotizaciones que, en demasiadas ocasiones, no guardan ninguna proporción con unos costes de producción que se han disparado.

No puede aceptarse como normal que producir cueste más y que, al mismo tiempo, el agricultor tenga que vender cada vez más barato. Eso no es mercado. Eso es destrucción de valor en el primer eslabón de la cadena. Y aquí la Administración tiene una responsabilidad que no puede eludir. La Administración dispone de información, herramientas de control y capacidad inspectora. Puede conocer la evolución de los precios, analizar los costes de producción y detectar situaciones que presentan indicios claros de incumplimiento. Por eso no puede dejar que el peso de hacer cumplir la Ley recaiga fundamentalmente sobre el agricultor y sobre su capacidad —o su disposición— a denunciar.

Pretender que cada agricultor se convierta en inspector, abogado y denunciante de su propia operación es desconocer la realidad del sector. Por eso reclamamos algo tan sencillo como contundente: mucha más inspección, más control y mucha más actuación de oficio. No pedimos privilegios. No pedimos precios intervenidos. No pedimos que se eliminen las reglas del mercado. Pedimos algo mucho más básico: que se cumpla la ley. Y para que una ley se cumpla no basta con publicarla en el Boletín Oficial. Hace falta voluntad política, medios suficientes, capacidad inspectora y una Administración que actúe con determinación.

Al agricultor se le exige prácticamente todo. Se le exige trazabilidad. Se le exige formación. Se le exige registrar tratamientos. Se le exige cumplir la normativa laboral, medioambiental, sanitaria, fiscal y administrativa. Se le exige invertir, declarar, justificar, comunicar y demostrar prácticamente cada paso que da. Y el agricultor cumple. Lo que no podemos aceptar es que se exija al agricultor un cumplimiento escrupuloso de todas las normas mientras se muestra una tolerancia inaceptable con aquellas normas que precisamente deberían protegerlo.

La Ley de la Cadena no puede convertirse en una obligación más para quien produce y en una recomendación para quien compra. Porque trabajar a pérdidas no es trabajar. Un agricultor que vende por debajo de sus costes no está obteniendo menos beneficio: está perdiendo dinero. Está descapitalizando su explotación, consumiendo su patrimonio y poniendo en riesgo la continuidad de una actividad que, además, resulta imprescindible para garantizar algo tan básico como el abastecimiento de alimentos.

El agricultor no está en igualdad de condiciones para negociar ni para denunciar a quien le compra. Muchas veces se ve obligado a firmar contratos en los que se establece que el precio estará por encima de sus costes, pero después comprueba que la liquidación final convierte la operación en una venta a pérdidas. ¿Qué puede hacer entonces? ¿Negarse a entregar su producción? ¿Enfrentarse a quien tiene que retirarle la cosecha y arriesgarse a que un producto perecedero se eche a perder o se quede tirado en el campo? No existe una verdadera igualdad de condiciones entre productores y comercializadores cuando una de las partes necesita vender y la otra tiene la capacidad de decidir si compra, cuándo compra y en qué condiciones. Por eso la Administración debe actuar como garante, reforzar los controles y actuar para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que se abuse del eslabón más débil de la cadena.

Por eso desde ASAJA Ciudad Real vamos a seguir siendo firmes, tenaces y reivindicativos. Queremos control y sanciones contundentes cuando se produzcan incumplimientos. No queremos más discursos sobre el valor de nuestros alimentos mientras se permite que quien los produce trabaje a pérdidas. No queremos más declaraciones de apoyo al campo mientras la realidad de los precios demuestra lo contrario. Y no queremos más leyes que se anuncian como protección para el agricultor si después nadie garantiza que se cumplen.

La agricultura y la ganadería no necesita más buenas palabras. Necesita rentabilidad, cumplimiento de la ley y una Administración que haga su trabajo. Y si la Ley de la Cadena no está funcionando, habrá que decirlo alto y claro, exigir responsabilidades y corregir lo que haga falta. Porque proteger al profesional del campo no consiste en pedirle que denuncie cuando ya ha perdido. Consiste en impedir que se produzca el abuso. Y esa responsabilidad no es del agricultor. Es de quien tiene la obligación de hacer cumplir la ley.

En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Aunque todas estas medidas están definidas en el anteproyecto, sus competencias detalladas se determinarán de forma definitiva mediante un desarrollo reglamentario posterior, por lo que todavía queda recorrido para que esta normativa pueda ser una realidad (pionera) en Castilla-La Mancha.

Balears prohibeix des d'aquest dimecres la venda de begudes energètiques a menors de 16 anys amb multes previstes d'entre 6.000 i 60.000 euros.

Ho farà en virtut de l'entrada en vigor del decret llei de mesures urgents en matèria de protecció de la salut pública aprovades pel Govern el passat divendres. La norma prohibeix en tot el territori de l'arxipèlag la venda, el subministrament o el lliurament de begudes energètiques a menors.

Es consideren begudes energètiques aquelles begudes no alcohòliques amb un contingut elevat de cafeïna, igual o superior a 15 mil·ligrams per cada 100 mil·lilitres, d'acord amb el criteri establert al Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, i que incorporen habitualment sucres i altres components estimulants com la taurina, la guaranà o la glucuronolactona.

Des del Govern han ressaltat la preocupació creixent pel consum de begudes energètiques entre la població jove. Segons l'enquesta Estudes 2023, el 47,7 per cent dels estudiants d'entre 14 i 18 anys havia consumit begudes energètiques durant l'últim mes i el 19,5 per cent reconeixia haver-les barrejat amb alcohol en aquest mateix període.

El consum d'aquestes begudes és cada vegada més freqüent entre els menors d'edat, tant soles com combinades amb alcohol. El seu consum s'associa a riscos per a la salut com l'obesitat, la diabetis tipus 2 o l'augment del risc cardiovascular. A més, quan es barregen amb alcohol poden reduir la percepció d'embriaguesa, afavorir un consum més elevat i augmentar les conductes de risc.

La protecció d'infants i adolescents davant els riscos associats al consum de begudes energètiques constitueix el principal objectiu d'aquesta mesura. Amb aquesta finalitat, aquests productes passen a estar subjectes a les mateixes restriccions de venda a menors que ja s'apliquen a l'alcohol i al tabac.

L'incompliment de la prohibició de venda, subministrament o lliurament de begudes energètiques a menors està tipificat com a infracció greu a la Llei sobre drogodependències i altres addiccions de Balears. La normativa preveu multes d'entre 6.001 i 60.000 euros.

El Govern és conscient que l'entrada en vigor d'aquesta mesura suposa un important esforç d'adaptació per a supermercats, grans superfícies, petits comerços i distribuïdors.

L'aplicació de la nova normativa requerirà l'adaptació de procediments de venda i control d'edat per part dels establiments per garantir-ne el compliment.

Per això, el Govern ha agraït la col·laboració, la responsabilitat i la predisposició mostrades per tot el sector comercial. La seva implicació és fonamental per fer possible l'aplicació d'una mesura que té com a objectiu protegir la salut d'infants i adolescents.

Balears prohíbe desde este miércoles la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años con multas previstas de entre 6.000 y 60.000 euros.

Lo hará en virtud de la entrada en vigor del decreto ley de medidas urgentes en materia de protección de la salud pública aprobado por el Govern el pasado viernes. La norma prohíbe en todo el territorio del archipiélago la venta, el suministro o la entrega de bebidas energéticas a menores.

Se consideran bebidas energéticas aquellas bebidas no alcohólicas con un contenido elevado de cafeína, igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, de acuerdo con el criterio establecido en el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, y que incorporan habitualmente azúcares y otros componentes estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona.

Desde el Govern han resaltado la preocupación creciente por el consumo de bebidas energéticas entre la población joven. Según la encuesta Estudes 2023, el 47,7 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes y el 19,5 por ciento reconocía haberlas mezclado con alcohol en ese mismo periodo.

El consumo de estas bebidas es cada vez más frecuente entre los menores de edad, tanto solas como combinadas con alcohol. Su consumo se asocia a riesgos para la salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 o el aumento del riesgo cardiovascular. Además, cuando se mezclan con alcohol pueden reducir la percepción de embriaguez, favorecer un mayor consumo y aumentar las conductas de riesgo.

La protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta a menores que ya se aplican al alcohol y al tabaco.

El incumplimiento de la prohibición de venta, suministro o entrega de bebidas energéticas a menores está tipificado como infracción grave en la Ley sobre drogodependencias y otras adicciones de Balears. La normativa prevé multas de entre 6.001 y 60.000 euros.

El Govern es consciente de que la entrada en vigor de esta medida supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores.

La aplicación de la nueva normativa requerirá la adaptación de procedimientos de venta y control de edad por parte de los establecimientos para garantizar su cumplimiento.

Por ello, el Govern ha agradecido la colaboración, la responsabilidad y la predisposición mostradas por todo el sector comercial. Su implicación está siendo fundamental para hacer posible la aplicación de una medida que tiene como objetivo proteger la salud de niños y adolescentes.

Pacma ha solicitado este martes a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la elaboración de una normativa estatal que establezca medidas obligatorias para proteger a la fauna silvestre frente al impacto de las infraestructuras humanas.

La petición se produce tras tras la muerte de una hembra de lince ibérico, Urze, y sus dos cachorros en una balsa de regadío situada en la pedanía de Isso (Hellín, Albacete). Según ha denunciado, los tres animales quedaron atrapados en una infraestructura con paredes lisas y una pendiente que impedía su salida. “La situación podría haberse evitado mediante la instalación de una rampa o una malla de escape”, asegura el partido animalista.

Plantea medidas para infraestructuras públicas y privadas

En concreto, Pacma ha planteado que tanto las infraestructuras de titularidad pública como las privadas estén obligadas a incorporar medidas de prevención específicas. A su vez, también ha reclamado la adaptación de las instalaciones existentes y la inclusión de estos sistemas desde la fase de diseño y construcción de las nuevas infraestructuras.

Entre las actuaciones aconsejadas se encuentran la colocación de rampas de escape en balsas y canales de riego; el cerramiento de pozos y aljibes; la instalación de plataformas de salida en piscinas; la construcción de pasos de fauna en carreteras; la reducción de velocidad y la señalización dinámica en puntos sensibles y la adopción de medidas para evitar la colisión y electrocución de aves en tendidos eléctricos, parques eólicos y catenarias ferroviarias.

“Las balsas y canales de riego, los pozos, las carreteras, los tendidos eléctricos, los vallados y muchas otras construcciones se convierten diariamente en trampas mortales para millones de animales. En numerosos casos existen soluciones sencillas y de bajo coste que permitirían evitar estas muertes”, ha señalado el presidente nacional de Pacma, Javier Luna.

En un mercado de alquiler tan tensionado como el actual, cualquier duda o letra pequeña puede desencadenar un problema a raíz de una confusión o malentendido. Uno de los mitos más populares que es necesario desmentir es que “no existe en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ningún plazo mínimo legal en el que es obligatorio permanecer en la vivienda”, aclara el abogado Juan Ortolá Frasquet.

Lo que sí existe es un derecho de desistimiento, que permite al inquilino rescindir el contrato de alquiler a los seis meses. “Si el inquilino se va antes, esto podrá tener consecuencias económicas, pero nada le impide irse”, asegura el abogado, que se apoya en que el artículo 11 de la LAU no habla de un “deber de permanencia”.

Por tanto, el inquilino tiene la posibilidad de abandonar el inmueble cuando lo desee y sin la necesidad de alegar motivos, aunque ateniéndose a las consecuencias financieras. “A partir del sexto mes y con un preaviso de 30 días, el inquilino está ejerciendo su derecho de desistimiento y solo habría que indemnizar al casero si está pactado así expresamente en el contrato”, confirma Ortolá.

Métodos y plazos para comunicar que se deja el piso

“En el contrato puede pactarse un plazo de preaviso menor a los 30 días, pero nunca mayor”, explica el abogado, que en cuanto a la forma de comunicar que se deja la vivienda, recomienda hacerlo dejando constancia. “El burofax sería el medio estándar, el correo electrónico sería aceptable si tenemos una dirección de correo para notificaciones, el mensaje de WhatsApp conviene ser evitado y la notificación a la inmobiliaria puede ser peligrosa si esta no actúa como representante de la parte arrendadora”, precisa.

En cuanto al límite de compensación económica, la ley establece un máximo de una mensualidad de renta por cada año de contrato que reste por cumplir. “Si el contrato tenía una duración de un año y el arrendatario desiste a los 6 meses, ha de pagar medio mes de renta como máximo”, ejemplifica el experto, que insiste en que la compensación tendría que estar pactada con anterioridad.

¿Y si no se alcanzan los seis meses?

El escenario cambia si el inquilino se marcha antes de cumplir el primer semestre porque, en términos jurídicos ya no se habla de desistimiento, sino de incumplimiento de contrato. “Según unos tribunales, debe pagar los meses que faltan hasta llegar a seis”, informa el abogado.

“¿Y si el propietario vuelve a alquilar el piso a los 15 días?”, plantea acertadamente el propio Ortolá, “entonces, como estamos hablando de incumplimiento, el Tribunal Supremo considera que hay que indemnizar el perjuicio causado, aunque no sea con el pago de todas las mensualidades hasta llegar a la sexta, pero puede que se trate de más de 15 días”. “De lo que se trata es de evitar el enriquecimiento injusto”, apunta el experto.

“En principio la ley no contempla ninguna causa personal de exoneración”, destaca Ortolá. “Obviamente, sí en caso de fuerza mayor, que exonera de responsabilidad siempre, pero su interpretación es muy restrictiva: ha de tratarse de supuestos imprevisibles o inevitables y no alcanza a situaciones de pérdida de empleo o traslado, que son previsibles en abstracto”, matiza el abogado, que en todos estos casos recomienda negociar directamente con el propietario.

Por último, es preciso puntualizar que esta normativa es aplicable para los alquileres de viviendas, pero no para alquiler de locales, habitaciones, de temporada, de uso turístico, de más de 300 m² o con renta anual superior a 5,5 veces el SMI anual, porque “en estos casos, en principio, rige la libertad de pacto”, resume el experto.

Hay actividades empresariales a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere dar agilidad en sus trámites burocráticos, administrativos y urbanísticos. Esta comunidad autónoma ya dispone de una normativa que declara como “prioritarios” los proyectos que fomenten el desarrollo socioeconómico de la región. Pero ahora, quiere darle rango de ley a otra nueva fórmula: considerar “estratégicas” algunas inversiones empresariales.

Este periódico ya adelantó parte del contenido de este anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, la referida al biometano. Pero hay todo un compendio de actividades económicas que se detallan en el borrador y que también dan una idea de por dónde quiere transitar el Ejecutivo de Emiliano García-Page a la hora de dar facilidades a determinados proyectos empresariales.

Por ejemplo, en el sector primario y de aprovechamiento natural, la ley considerará “estratégicas” explotaciones agropecuarias, con especial atención a las impulsadas por jóvenes agricultores en zonas escasamente pobladas, y también a las actividades que aprovechen productos forestales (madera, resina, biomasa, corso u hongos) o servicios de captura de carbono, biodiversidad y conservación del suelo.

También incluye en el listado inversiones destinadas a la transformación primaria de recursos forestales como el aserrado de maderas, destilación de resinas y procesado de biomasa; o instalaciones de camping o campamentos ubicados en zonas con riesgo de despoblación o rurales con predominio agrícola.

Por otro lado, la industria manufacturera también atrae al Gobierno castellanomanchego. De hecho, en la futura ley se incluirán prácticamente todas las ramas: desde la alimentación, el textil, el papel y las artes gráficas, hasta la industria química (donde incluye los productos farmacéuticos) a la metalurgia y la automoción, con la reparación de maquinaria incluida.

En lo referido a la energía y el medio ambiente, además de la cuestión del biometano, actualmente pendiente de un decreto de regulación específico, la futura normativa contempla como estratégicas las inversiones relacionadas con el suministro eléctrico y la gestión de residuos. En este último caso, se refiere específicamente a la reutilización, reciclaje de textil, reciclaje químico, extracción de materias primas fundamentales y actividades innovadoras que eviten el envío de residuos al vertedero.

Uno de los apartados más amplios del borrador es el dedicado a la “construcción residencial”. La futura ley permitirá que proyectos relacionados con la vivienda sean declarados “estratégicos”, mencionando específicamente la construcción de edificios residenciales. Y más concretamente, de “carácter social”. ¿A qué se refiere? El borrador pone un énfasis significativo en la construcción de diversos modelos de alojamiento diseñados para colectivos específicos, considerándolos “sectores clave” para el desarrollo regional.

Por ejemplo, en el caso de residencias para personas mayores, se dará prioridad a aquellas ubicadas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, y también a las ampliaciones que ofrezcan servicios de cercanía (comida a domicilio, fisioterapia, podología) para “ayudar a las personas dependientes a permanecer en su entorno”.

De “unidades de convivencia” a personas con discapacidad

También incorpora otros modelos alternativos: se incluyen las “actividades residenciales con pequeñas unidades de convivencia”, que buscan ser una alternativa a los grandes centros para “facilitar la integración en entornos sociales habituales con atención profesionalizada”.

Esa catalogación de inversión estratégica de la futura ley también se dará a centros como los de atención residencial especializada o diurna para personas con discapacidad, y a los dedicados a servicios sociales con alojamiento

Finalmente, otros proyectos que podrán acogerse a la ley se agrupan en torno al área de la logística, la comunicación y la informática: producción cinematográfica, vídeo, televisión, radio, programación, consultoría de datos, turismo, hostelería, artesanía y actividades artísticas, deportivos y de entretenimiento.

Ahora bien, para que estas actividades reciban la declaración de “estratégicas” deben cumplir los requisitos generales de generación de empleo indefinido y volumen de inversión mínimo que establece el propio borrador, y que varían dependiendo de la población del municipio donde se instalen.

En cuanto a los requisitos de empleo, el anteproyecto establece que cualquier proyecto debe crear puestos de trabajo de carácter indefinido a jornada completa (o su equivalente en jornadas parciales) en un plazo máximo de tres años tras obtener las autorizaciones de puesta en marcha.

Los umbrales mínimos según la población son: en localidades de más de 30.000 habitantes, al menos 30 puestos de trabajo; entre 20.001 y 30.000 habitantes, 20 puestos de trabajo; entre 10.001 y 20.000 habitantes, 15 puestos de trabajo; entre 5.001 y 10.000 habitantes, 10 puestos de trabajo; y en localidades con población igual o inferior a 5.000 habitantes, 5 puestos de trabajo.

Sobre la inversión, la ley exigirá que se realice en “activos fijos” en un plazo inferior a tres años desde la autorización de puesta en marcha, también con umbrales mínimos según la población. Al menos 10 millones de euros en municipios de más de 30.000 habitantes; 7,5 millones en el umbral entre los 20.001 y 30.000 habitantes; cinco millones de euros en localidades de entre 10.001 y 20.000 habitantes; tres millones de euros cuando el pueblo tenga 5.001 y 10.000 habitantes; y al menos un millón de euros en municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes.

No obstante, hay algunas excepciones. En las zonas despobladas, los umbrales de empleo e inversión mencionados se reducen a la mitad. Además, hay una “cláusula de excepcionalidad”: el Consejo de Gobierno puede declarar estratégica una inversión que no cumpla los mínimos de empleo o inversión si el proyecto tiene un “impacto relevante” por “su carácter innovador, su capacidad de generar cadenas de valor o su desarrollo tecnológico”.

Finalmente, para que se considere inversión estratégica, el borrador obliga a la promotora a mantener la actividad y los niveles de empleo e inversión durante un periodo mínimo de tres años, debe ser viable técnica y financieramente, y no debe tener prohibiciones para contratar con el sector público o recibir subvenciones.

Ese momento en el que entregas las llaves de un piso que fue tu casa no solo está lleno de carga emocional, también de tensión e incertidumbre sobre si el propietario devolverá la fianza o buscará cualquier excusa para retenerla. ¿Qué dice la ley? Desgranamos los plazos, las obligaciones y los pasos a seguir para que este trámite no se convierta en un abuso.

“El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la fianza debe ser devuelta al arrendatario al finalizar el contrato de arrendamiento en un plazo máximo de un mes”, confirma Josep Mª Güell, abogado en Habitat Abogados, sobre una de las dudas más recurrentes. 

Si este plazo transcurre sin que el dinero haya sido devuelto al inquilino, la ley también prevé una compensación por la espera. “El inquilino puede reclamar la devolución judicialmente”, explica Güell, además del interés legal del tiempo transcurrido un mes después de la entrega de llaves.

El casero no puede quedarse con la fianza simplemente porque el piso “no esté como el primer día”, destaca el abogado, que subraya la diferencia jurídica entre el desgaste por uso ordinario y el daño negligente.

Es decir, el inquilino no tiene que hacerse cargo “de la pintura, salvo mal uso o acuerdo contractual, los electrodomésticos o la caldera si han dejado de funcionar por antigüedad o el desgaste de muebles o suelos por uso ordinario”, ejemplifica el experto.

Cuándo se puede retener la fianza

“El arrendador sólo puede retener la fianza total o parcialmente si existen cantidades o daños imputables al inquilino y debidamente justificados, como rentas o suministros impagados, daños en la vivienda que excedan del uso ordinario de la vivienda”, aclara Güell.

En cuanto a los daños que sí son reclamables, el abogado señala, por ejemplo, “agujeros excesivos en las paredes, muebles dañados, suciedad extraordinaria, pérdida de llaves o pequeñas reparaciones en persianas y electrodomésticos que no se deban a su vida útil”.

Cómo puede protegerse el inquilino

Para evitar conflictos, el experto recomienda guardar pruebas del estado de la vivienda, como “fotos, videos, inventario de muebles, lecturas de suministros o testigos”. Así, en caso de que el propietario se niegue a devolver la fianza de forma injustificada, podemos acreditar la resolución del contrato y las pruebas. En esta situación, lo primero es un requerimiento amistoso, “mediante email y posteriormente burofax”, indica Güell, de la devolución del dinero.

El siguiente paso ya implica buscar una mediación, “por ejemplo, en la Agencia Catalana de Consum”, apunta el abogado. Este organismo tiene equivalentes en la protección al consumidor en cada comunidad autónoma. 

Si la vía amistosa fracasa, el siguiente paso para el inquilino es llevar el caso a los tribunales. “El inquilino tiene buenas posibilidades de recuperar la fianza si puede probar que entregó la vivienda y su estado”, asegura Güell, que recuerda que “en reclamaciones inferiores a los 2.000 euros, no hace falta abogado, ni procurador”.

En estos casos, es el arrendador quien tiene la carga de la prueba y debe concretar y cuantificar los supuestos daños que pretende descontar, informa el experto.

El monumento a los 'Héroes del Simancas' que está adosado a la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón no será retirado como pretendía el Gobierno asturiano en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acordado estimar la petición de la Compañía de Jesús Provincia Canónica de España, propietaria del edificio, para que se suspendiera una resolución dictada por el Gobierno asturiano, el pasado 5 de mayo, para que se ordenara su retirada.

A continuación reproducimos íntegra la resolución dictada por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del pasado mes de mayo.

La Compañía de Jesús recurrió esta resolución por la que se ordenaba la retirada del monumento inaugurado en 1958 y adosado a la fachada del Colegio La Inmaculada Concepción de Gijón/Xixón y los magistrados del TSJA han dictado un auto por el que estiman el recurso. El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Un bien protegido

El Principado había concedido a la Compañía de Jesús un plazo de cuatro meses para su retirada y la había apercibido de su ejecución subsidiaria por parte de la administración autonómica, con cargo a la propiedad, si se daba el caso de que una vez transcurrido ese plazo no lo hubiera retirado.

La Compañía de Jesús recurrió la resolución alegando su inviabilidad jurídica al tratarse de un bien incluido en un catálogo urbanístico de protección.

El Ayuntamiento de Gijón había certificado que se trataba de un elemento protegido y había invocado igualmente que concurrían los requisitos para la suspensión del acto recurrido, al no existir una “perturbación grave de los intereses generales o de tercero”.

Los riesgos para la seguridad

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el tribunal estima las alegaciones de la Compañía de Jesús al considerar que la ejecución de la resolución del Principado “conllevaría riesgos para la seguridad e integridad de la obra artística que nos ocupa, además -añade- no existe perturbación grave de los intereses generales o de tercero que justificaría la denegación de la medida, teniendo en cuenta que se trata de un monumento que desde el año 1958 se encuentra adosado al Colegio La Inmaculada en Gijón, del que la actora es propietaria”.

Foro se postuló con los jesuitas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón se había pronunciado en contra de la retirada del monumento. El concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, había confirmado que el monumento de exaltación franquista no iba a ser suprimido de la fachada del colegio “mientras Foro Asturias -su formación política- siga gobernando”.

Un posicionamiento que había sido duramente criticado por la directora general de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias, Begoña Collado, quien defendía la retirada del monumento en aplicación de la legislación vigente.

El Principado apeló a la ley

“La carga ideológica no está en la retirada de un monumento contrario a la ley, está en quienes defienden que siga lo que es un homenaje a unos golpistas, que mandaron bombardear Gijón”, ha puntualizado la directora general.

La Consejería de Derechos Ciudadanos que dirige Ovidio Zapico llegó a advertir al Ayuntamiento gijonés que el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática “puede suponer prevaricar”.

Unas afirmaciones que no comparte la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que ha avalado el mantenimiento del monumento en la fachada del centro educativo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha publica este jueves en el Diario Oficial de la comunidad autónoma la modificación de la Ley de Evaluación ambiental, aprobada el pasado en las Cortes regionales, en un texto que otorga mayor autonomía a las administraciones locales, en concreto para poder vetar la implantación de macrogranjas o plantas de biometano en sus términos municipales.

El texto establece que los ayuntamientos deben otorgar su conformidad mediante un acuerdo del Pleno antes de que los proyectos puedan avanzar en su tramitación administrativa. Esta validación municipal debe considerar factores socioeconómicos, urbanísticos y ambientales, permitiendo detener planes que no se alineen con los intereses de la comunidad local. Por eso los ayuntamientos ahora deben emitir informes técnicos específicos detallando qué actividades relevantes del municipio podrían verse afectadas para justificar que el proyecto no puede seguir adelante.

Será además una decisión de carácter vinculante. Si el Pleno municipal emite un certificado de no conformidad, el órgano ambiental debe dictar una resolución de finalización del procedimiento, lo que efectivamente bloquearía el proyecto.

Se otorga al ayuntamiento la capacidad de denegación motivada: es decir, en los casos en que el ayuntamiento actúa como órgano sustantivo, si el Pleno no otorga su conformidad, el ayuntamiento dictará una resolución motivada para denegar la tramitación del proyecto.

Además, la ley introduce nuevas modalidades para ejecutar medidas compensatorias y define las funciones técnicas de las entidades colaboradoras en el seguimiento de los expedientes.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación ciudadana: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse.

Todo tiene un pero...

La “autonomía” que se otorga a los ayuntamientos para decidir en realidad tiene un límite y deja de serlo cuando el órgano sustantivo superior, el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que el proyecto es “estratégico” para la comunidad autónoma. Así que pese al cambio, la Junta mantiene la potestad de continuar el proceso tirando de la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. Por cierto, fue cuestionada en su momento por el Tribunal Constitucional al pretender, en su redacción inicial, eliminar la necesidad de evaluación ambiental. Algo que tuvo que ser cambiado.

La norma que ahora se ha modificado es el primer paso además de cara al futuro decreto de regulación del biogás. En paralelo, el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa actual de actuaciones “prioritarias”, en la que el biometano ocupa un lugar especial.

Los cambios entran en vigor mañana, día 24 de julio.

La ministra de Transición Ecológica de Francia, Monique Barbut, no dimitará pese a la aprobación de una ley que reintroduce en el país dos pesticidas prohibidos en Francia, aunque legales en la Unión Europea. Barbout, que había ratificado este miércoles su intención de dejar el cargo, se ha retractado tras una conversación mantenida con el presidente francés Emmanuel Macron, según ha confirmado la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

La portavoz confirmó que la ministra dio marcha atrás por petición del propio Macron. “Llegaron a un acuerdo sobre tres pilares en los que trabajar: los bosques, el agua y la salud medioambiental”, señaló Bregeon, en una conferencia de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

La marcha atrás de Barbut ha causado sorpresa en Francia, tras un mensaje difundido este miércoles en su cuenta en la red social LinkedIn, en el que afirmaba que su decisión de dimitir era firme porque la política “no era” su “mundo”.

En ese mismo mensaje, la ministra hizo balance de sus nueve meses en el cargo aseverando que ha tratado de defender “lo que no se manifiesta, no vota y no grita”. Sin embargo, había admitido que “las fuerzas que se oponen” a esa agenda “se han vuelto tan poderosas” que ya no disponía de los medios para llevar adelante su proyecto.

Varios medios franceses ya había adelantado el martes, citando a fuentes cercanas a la ministra, que Barbout iba abandonar el Ejecutivo como consecuencia de la aprobación de la ley agrícola de emergencia, una iniciativa impulsada por el Gobierno macronista que ha generado una fuerte controversia dentro y fuera del Ejecutivo por permitir, bajo condiciones excepcionales, la reintroducción de dos pesticidas prohibidos en Francia.

Excepciones aun con vía libre

La ley de la discordia permite que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) autorice, de forma excepcional y bajo criterios estrictos, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona para un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas. Barbut, de 69 años, es economista y una reconocida experta en diplomacia climática. Fue nombrada ministra de Transición Ecológica, de la Biodiversidad y de las Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza en octubre de 2025.

Además, fue secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (2013-2019) y directora ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (2006-2012). También ocupó cargos de responsabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Agencia Francesa de Desarrollo, presidió WWF Francia entre 2021 y 2023 y participó en diversas misiones como enviada especial francesa para el clima y la biodiversidad.

La licencia de una mina o una plataforma petrolífera podrá avanzar aunque la obra destruya el lugar del que depende una especie protegida. El cambio entrará en vigor el 14 de septiembre y limita la responsabilidad federal a las agresiones ejercidas sobre animales o plantas, como disparar a una tortuga marina o talar un roble de hoja de arce, mientras deja fuera la degradación del entorno que impide alimentarse, reproducirse o encontrar refugio.

Trump restringió la definición federal de daño

Según IFL Science y National Geographic, los departamentos de Interior y Comercio de Estados Unidos aprobaron el 10 de julio la retirada de la definición de daño utilizada durante décadas por la Ley de Especies en Peligro.

La norma anterior incluía cualquier modificación grave del hábitat que matara o lesionara fauna al alterar conductas esenciales. La Administración de Donald Trump considera que aquella lectura era equivocada y presenta la reforma como una recuperación del sentido original de la ley y de la responsabilidad exigida por los votantes.

La discusión sobre qué debía considerarse daño a una especie ya llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1995. Varias empresas madereras sostenían que la ley solo prohibía matar o herir animales y que, por tanto, destruir el hábitat del que dependían no entraba en esa protección. El tribunal rechazó ese argumento por seis votos frente a tres y confirmó que alterar gravemente el hábitat también podía vulnerar la norma.

Ahora, Earthjustice y otras organizaciones ecologistas han denunciado al Gobierno porque consideran que la nueva regulación contradice aquella sentencia y no cuenta con respaldo científico ni jurídico. Tara Zuardo, responsable de campañas del Center for Biological Diversity, resumió el problema advirtiendo que “si los animales no tienen un lugar donde vivir, no pueden vivir”.

Cuatro revisiones darían más poder a la economía

Los datos sobre las causas de amenaza explican el alcance de esa batalla judicial, ya que un estudio de 2019 atribuyó a la pérdida y degradación del hábitat el 81% de las inclusiones en la lista federal, mientras solo el 17% respondía principalmente a la caza furtiva u otras muertes inmediatas. Desde 1973, la ley ha evitado la desaparición del 99% de las especies registradas, y el Center for Biological Diversity calcula que ha salvado a casi 300, entre ellas el cóndor de California y la foca monje de Hawái.

Cuatro cambios regulatorios ampliarían el peso de los intereses económicos al decidir qué especies reciben protección y qué salvaguardas se aplican a sus territorios. Brian Nesvik, director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, los ha definido como un compromiso con la conservación basada en la ciencia que puede convivir con las prioridades energéticas y agrícolas. Leigh Henry, directora de conservación de fauna del Fondo Mundial para la Naturaleza, advierte de que ese criterio concede a la economía una influencia contraria a los principios de la norma.

Una de las propuestas permitiría valorar costes empresariales durante el proceso de inclusión, que tarda una media de 12,1 años según un estudio de 2016 dirigido por Noah Greenwald, responsable de especies amenazadas del Center for Biological Diversity. Otra retiraría la protección automática que comparten las especies amenazadas y las que están en peligro.

Jonathan Wood, vicepresidente jurídico y de políticas del Property and Environment Research Center, apoya esa revisión porque considera que cada animal necesita medidas adaptadas y que los propietarios deberían librarse de cargas cuando alcancen objetivos de recuperación.

La revisión de los hábitats críticos podría reducir áreas todavía desocupadas que resultan necesarias para recuperar poblaciones, como las 259.000 hectáreas reservadas para el jaguar en Arizona. La Universidad de Arizona ha registrado únicamente cinco ejemplares en el sur del estado durante los últimos 15 años.

Leah Gerber, profesora de ciencia de la conservación en la Universidad Estatal de Arizona, advierte de que esta exigencia dejaría fuera zonas útiles para la recuperación futura del jaguar. La especie ya perdió cerca de 24.300 hectáreas protegidas en 2023 y unas 20.200 en Nuevo México en 2021.

La sección siete podría exigir que los efectos de un proyecto sean “razonablemente ciertos” antes de obligar a prevenirlos, una fórmula que reduciría la consideración de emisiones asociadas al cambio climático.

Jane Davenport, abogada principal de Defenders of Wildlife, afirma que esa modificación facilitaría autorizaciones con un análisis insuficiente. Un juez federal de California anuló este año ese criterio tras una demanda presentada en 2024, por lo que Greenwald considera incierto el recorrido de la propuesta.

El God Squad permitió perforar pese a los riesgos

El Comité de Especies en Peligro, conocido como God Squad, abrió otra vía el 31 de marzo al autorizar perforaciones marinas en el golfo de México pese al riesgo para la ballena de Rice y la tortuga lora. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó la exención mediante razones de seguridad nacional vinculadas a la guerra con Irán.

Tres demandas pendientes ante el tribunal federal del Distrito de Columbia cuestionan aquella decisión, mientras una coalición de 30 grupos coordinó 387.000 comentarios públicos contra las reformas y el Congreso conserva capacidad para revocar la exención.