“Se me ocurren cosas mejores que podría hacer el Gobienro de España que impugnar constantemente todas las iniciativas de La Rioja”. Así lo ha dicho el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en el Parlamento regional en su defensa de la Ley de Simplificación Administrativa y refiriéndose al hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja y la decisión del Consejo de Ministros de recurrir la medida fiscal de La Rioja de apoyo al mundo rural. Ambas cuestiones por considerar que invaden competencias.

El presidente riojano, tras relatar como un buen gobierno tiene que buscar todas las maneras de favorecer al ciudadano en el marco de la ley “y reforzarla si es preciso”, se ha dirigido directamente al líder socialista, Javier García: “Ustedes pueden opinar lo que quiera”, le ha dicho a García, al que ha acusado de que “parece que le hace ilusión cuando se producen cosas negativas para La Rioja”.

“Pero le puedo decir que a los riojanos, que el Gobierno de España impugne iniciativas que salen de esta cámara (...) no les hace gracia”, ha añadido mientras consideraba que el Gobierno de España podría hacer “cosas mejores” como “presentar presupuestos, una actividad mucho más constitucional”. “En eso sí tendría que poner esfuerzo”, ha dicho.

En este sentido, ha señado que el hecho de que no haya presupuestos generales le costó el año pasado al Gobierno de La Rioja un millón de euros en créditos por no contar con las entregas a cuenta, y este año le costará dos millones de euros. Y ha criticado, sobre todo, que se hayan recurrido ante el Tribunal Constitucional las ayudas fiscales al mundo rural (al considerar que no es competencia autonómica), algo que “a ningún riojano que viva en el mundo rural le hará gracia”. En definitiva, ha dicho, “es poner obstáculos a que los riojanos se desarrollen con beneficios fiscales”, considerando que esto sí es “defenderlos” y el Gobierno central tiene “otras cosas que hacer que oposición al Gobierno de La Rioja y pleitear”.

Siete asociaciones feministas, la filósofa Amelia Valcárcel y el psicólogo José Errasti han expresado su rechazo al anteproyecto de Ley LGTBI aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por considerarlo una “aberración” desde el punto de vista político, filosófico, psicológico y clínico asistencial.

Las organizaciones Asamblea Feministas Asturianas, Asociación rapiegas, Asociación Sara Suárez Solís, Foro de Mujeres de El Llano, Forum de Política Feminista, Feministas Socialistas y Tertulia Feminista Les Comadres han iniciado una campaña de divulgación con el propósito de abrir a la sociedad el debate sobre la futura ley autonómica.

Las críticas

La filósofa Amelia Valcárcel y el psicólogo José Errasti han participado en un acto celebrado en la Escuela de Comercio de Gijón al que han asistido decenas de personas y en el que han fundamentado sus críticas al anteproyecto, que consideran innecesario porque ya existe una ley estatal.

La propuesta del Gobierno asturiano “no es adecuada para resolver los problemas de la disforia de género y apuesta por un tipo de intervención que se ha aplicado en otros países de Europa que ya lo están corrigiendo al haberse demostrado su ineficacia”, ha afirmado el psicólogo José Errasti.

Una ley “innecesaria”

Valcárcel ha dicho que el anteproyecto “se parece como un hermano gemelo a otros que se han presentado en diversas comunidades en un proceso que denota una carrera de autonomías”.

“Esta ley no es necesaria porque existe una ley estatal, que probablemente tenga que ser reformada porque da lugar a cosas incomprensibles, y además se presenta blindada al debate”, ha destacado la filósofa.

Consecuencias “negativas”

Además, ha dicho que se busca “abrir un proceso de debate público, que los legisladores sepan lo que van a votar, porque no es normal que una ley diga que no hay dos sexos sino que el sexo es un espectro, contrariando los principios de la biología”.

Errasti ha considerado que el texto propuesto “malentiende la naturaleza del sexo, lo confunde con estereotipos sexuales y tendrá consecuencias negativas en jóvenes que van a poder tomar decisiones a edades en las que no se les permite tomar una cerveza”.

La futura ley autonómica

“Es un despropósito tanto conceptual como clínico asistencial porque se permitirán tomar fármacos que no están aprobados para esos efectos”, ha destacado el psicólogo.

La futura ley LGTBI autonómica “obedece al interés por mostrar ciertas sensibilidades que se venden como progresistas” en un contexto en el que los jóvenes con disforia de género se han convertido en armas arrojadizas entre la izquierda y la derecha“, ha añadido. 

El Parlament balear ha vivido un nuevo rifirrafe a cuenta de la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma que PP y Vox quieren enmendar con decenas de correcciones que, de incorporarse, permitirán reformar de forma encubierta más de 50 leyes autonómicas, alterando con ello el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Durante el pleno de este martes, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), de ser “la pequeña Trump” de las islas por “menospreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas” y utilizar “la puerta falsa” para colar modificaciones legislativas que, según ha recordado, los letrados de la Cámara habían cuestionado inicialmente.

El enfrentamiento se enmarca en la tramitación de un proyecto de ley, el de proyectos estratégicos, que inicialmente fue impulsado como decreto ley para agilizar inversiones, pero que durante su paso por el Parlament se ha convertido en una herramienta para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Entre los ámbitos afectados figuran cambios en la legislación sobre medio ambiente, la lengua catalana, la función pública, la educación, las políticas sociales o la protección de Menorca como Reserva de la Biosfera.

Según ha denunciado Castells, el PP ha registrado 87 enmiendas que afectan a 47 leyes, mientras que Vox ha presentado otras tantas que modifican al menos nueve normas más. Para Castells, este procedimiento supone un “maremágnum” que permite introducir cambios de gran calado “de forma encubierta” y sin el debido control parlamentario.

“Usted es una imitadora de Trump y pueden pensar que a los ciudadanos esto no les afecta, pero les afecta mucho, porque cuando ustedes desprecian las capacidades que los diputados tenemos de controlar sus políticas, lo que hacen es despreciar el papel político de la gente que nos vota, que son muchas decenas de miles de ciudadanos”, ha enfatizado el diputado ecosoberanista, quien a instado a Prohens, “por la salud democrática de nuestras islas”, a que “deje de despreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas y que deje de decir unas cosas para hacer exactamente las contrarias”.

Por su parte, Prohens ha rechazado de forma tajante estas acusaciones y ha defendido la legalidad del procedimiento. Ha recordado que el decreto fue convalidado por el pleno y que su tramitación como ley permite precisamente la presentación de enmiendas por parte de todos los grupos.

“¿Me está diciendo que el registro del Parlament es una puerta de atrás?”, ha replicado la presidenta, insistiendo en que todas las iniciativas se han presentado “de forma pública y accesible”.

Lejos de rebajar el tono, el debate ha derivado en reproches mutuos. Castells ha acusado al Ejecutivo del PP de “cinismo” por criticar prácticas del Gobierno central que, a su juicio, replica en Baleares “corregidas y aumentadas”. Prohens ha contraatacado señalando contradicciones del propio diputado menorquinista, recordando enmiendas presentadas por él en anteriores legislaturas para modificar leyes ajenas a los textos en tramitación.

La ley de proyectos estratégicos ha sido severamente cuestionada por la oposición de izquierdas por diluir el debate parlamentario mediante unas enmiendas que nada tienen que ver con la norma. No en vano, el reglamento de la Cámara balear, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido el apoyo del PP regional a la reactivación de la carrera profesional sanitaria, “que deje el cabreo y se sume” al acuerdo que han suscrito este lunes el Gobierno de Castilla-La Mancha y los representantes sindicales.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha anunciado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE que el Grupo Parlamentario Socialista va a llevar a las Cortes regionales una iniciativa para conseguir el apoyo del PP y pedir al Gobierno regional que apruebe esta Ley cuanto antes.

Ha recordado que el PP eliminó la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha, y ha estado 11 años, “diciendo día sí y día también que hay que recuperarla, pero hoy, cuando el Gobierno de esta región y los sindicatos se reúnen para firmar y acordar la recuperación, hoy no tiene nada que decir”, solo demostrar que les molesta. Considera que el único mensaje que tendría que haber tenido hoy el PP es que se comprometen a apoyarla.

En este punto, Abengózar ha reclamado a los 'populares' “que dejen ese cabreo a un lado y que se sumen a remar a favor de Castilla-La Mancha y, en este caso, del servicio público de salud”, que de verdad se comprometan a favor de los profesionales sanitarios, porque, hasta ahora, lo único que han demostrado es “pura hipocresía”, en todas sus declaraciones, ha lamentado.

“Hipocresía cuando decían que querían recuperar la carrera profesional sanitaria y hoy, sin embargo, muestran cabreo; hipocresía cuando hablan de corrupción, pero Castilla-La Mancha fue el epicentro de la 'Kitchen' con Cospedal; hipocresía cuando hablan y critican la regularización de inmigrantes, y tenemos a dos concejales del PP promocionando esa regularización y lucrándose de ella. Esta es la hipocresía constante del PP, hablemos del asunto que hablemos”, ha criticado.

Los socialistas dicen que hoy es un “día histórico”

Abengózar ha aseverado que hoy es un “día histórico” para la sanidad pública regional, y ha recalcado que con la carrera profesional sanitaria se culmina la recuperación del sistema público de salud que lleva realizando desde hace 11 años el Gobierno del presidente Page.

Un Gobierno “empeñado” en recuperar servicios, en recuperar derechos, en recuperar todo lo recortado y suprimido en la época del PP, ha apuntado.

Así, ha concluido, hoy hay 13.000 profesionales más, con mayores derechos laborales, hay mejor tecnología, hasta cinco hospitales públicos nuevos que el PP eliminó de su planteamiento, y una mayor cartera de servicios.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha manifestado este lunes que se niega a que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sea como el Estatuto de Bayona, “un estatuto impuesto, cercenado por las Cortes Generales y manipulado”.

“Lo que no se permitiría para Cataluña, para Andalucía, para el País Vasco o para cualquier comunidad autónoma, no se debe permitir para Castilla-La Mancha”, ha apostillado Bellido en Toledo durante la inauguración de las XVII Jornadas de Derecho Parlamentario celebradas en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Su posición personal --ha abundado-- es que el Estatuto de Castilla-La Mancha debe ser aprobado con las correcciones que los constitucionalistas establezcan para ajustar las cuestiones competenciales oportunas y para respetar evidentemente el marco estatal en su totalidad.

“Nosotros no hemos querido provocar en ningún caso” y “nadie espera en la Comisión Constitucional ni en el Congreso de los Diputados que el Estatuto de Castilla-La Mancha suponga cercenar las competencias del Estado como sí ha ocurrido en otros estatutos”.

Dicho esto, y “salvando estas cuestiones que evidentemente son técnicas y que deben ser muy pulcras”, ha apuntado que “ha de respetarse lo que se aprobó en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha y sobre todo lo que fue confeccionado con la participación de los principales poderes sociales y representativos de Castilla-La Mancha, además de los partidos políticos”.

Por eso, ha confiado en que “en algún momento podamos tener un magnífico Estatuto de Autonomía a la altura del resto de comunidades autónomas y aprobado por amplísimo consenso”. “Si hemos sido capaces de darle trámite y de iniciar el debate, debemos ser capaces de concluirlo satisfactoriamente y sin traicionar lo que en Castilla-La Mancha es un deseo y es la voluntad mayoritaria del pueblo de esta tierra”, ha apuntado el presidente de las Cortes regionales.

Durante su intervención, Bellido ha dicho que es “la quinta, pero más sustancial” reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y cuenta de origen con el 90% de consenso entre los representantes de la sociedad de Castilla-La Mancha. “No solamente es que haya un gran consenso político, sino también un enorme consenso social”.

“Es el Estatuto de la sociedad de Castilla-La Mancha”

“Se puede decir sin exagerar que es el Estatuto de Castilla-La Mancha de la sociedad de Castilla-La Mancha, el que desea la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha subrayado.

Entre sus principales novedades, ha citado, aparece un blindaje de servicios públicos muy ligados a los servicios esenciales y al mundo rural, “una defensa de nuestros recursos hídricos”, y también por medidas ligadas a la accesibilidad y a la extensión de nuevos derechos, como la protección de las víctimas de violencia machista o aportaciones muy novedosas en el marco constitucional, como la primera referencia a la inteligencia artificial.

Ha rememorado que el asunto que ahora mismo impide que este Estatuto de Autonomía haya sido aprobado y que permanezca en este preciso instante congelado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es el número de diputados para 2031. En el mismo se aumenta el número de diputados para situarlo en torno “a 50 y tantos”, muchos menos que por ejemplo en Castilla y León, en Aragón o en Extremadura.

“Todos los partidos políticos han asumido que en Extremadura, por ejemplo, se hayan elegido 66 diputados”, que es el doble de los actuales de Castilla-La Mancha. “Esto mismo ocurre con Aragón, que también ha elegido 67 diputados, con 1.400.000 habitantes”, mientras en Castilla-La Mancha, con 2.100.000, “tenemos 33”, ha dicho.

Dicho todo esto, ha querido hacer hincapié en que el Parlamento de Castilla-La Mancha es “con mucha diferencia” el Parlamento “más infrarrepresentado de todo el país” y además “se hizo por una decisión unilateral”, ha criticado.

“Era razonable que una decisión unilateral haya sido revertida por una decisión colegiada, compartida, pero bueno, parece que lamentablemente esto no va a ocurrir, salvo que al final del ciclo electoral de 2026 haya una rectificación por parte de quien aquí votó una cosa, aquí aportó una cosa y ahora en Madrid dice la contraria”, en referencia al Partido Popular de la región.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa grave y progresiva que afecta al sistema nervioso, concretamente a las neuronas motoras, que son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Hace ya año y medio que se aprobó el Real Decreto para financiar la nueva ley ELA en España, destinada a la cobertura y atención de enfermedades neurodegenerativas que van más allá de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le da nombre, principalmente aquellas que produce atrofia muscular progresiva.

Pasado el tiempo, ahora la implementación de esta normativa depende de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Sanidad. Las administraciones autonómicas son responsables de gestionar los servicios sociales y sanitarios para hacer efectivas las ayudas públicas.

Concretamente, deben adaptar el marco nacional de dependencia notificando al Ministerio de Derechos Sociales las solicitudes reconocidas para activar las prestaciones. Y el despliegue de las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros mensuales para cuidados intensivos durante 24 horas, se financia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Esto quiere decir que la norma establece un marco obligatorio para todas las administraciones públicas con el objetivo de mejorar la atención especializada, pero su efectividad real está vinculada a la gestión autonómica.

Castilla-La mancha andaba rezagada, respecto a otras regiones, en la publicación de nuevas ayudas, pero finalmente, el pasado mes de marzo, la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria aprobó una línea de subvenciones para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. En total, ha destinado medio millón de euros y la cuantía a conceder será de 4.000 euros por persona beneficiaria.

Hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida

“Esta enfermedad, además de suponer una carga de cuidados muy importante para las familias, supone también un coste económico elevadísimo porque son muchos los cambios y los apoyos técnicos necesarios, que además se suceden muy rápidamente por lo que hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida”, argumenta el Gobierno regional.

Castilla-La Mancha cuenta con tres consultas específicas de ELA (Talavera de la Reina, Toledo y Albacete) en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y una Unidad Específica de ELA, ubicada en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Se estima que alrededor de 150 personas sufren ELA en la región, además de otras enfermedades contempladas en la nueva ley. Entre ellos está Álvaro Llave, de 34 años. Es vecino de Valdeverdeja, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo con apenas 600 habitantes, bajo el área de influencia de Talavera de la Reina, a 40 kilómetros.

Tiene Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) que le fue diagnosticada al año y medio de su nacimiento. Se trata de una enfermedad genética rara y degenerativa, ligada al cromosoma X, que provoca debilidad muscular progresiva. Causada por la falta de distrofina, los síntomas aparecen antes de los 6 años, incluyendo retraso motor, caídas frecuentes y dificultad para levantarse.

Actualmente, Álvaro está en silla de ruedas y necesita atención durante todo el día. De esa labor se encarga su madre, Elena, de 55 años. Y debido a ello, esta última no puede acceder a un empleo con una jornada completa de ocho horas. No puede dejarle solo tanto tiempo.

Su enfermedad es degenerativa y que le obliga a depender constantemente de otra persona para realizar tareas básicas. “Para moverme, vestirme, cambiar de postura, ir al médico o cualquier cosa básica del día a día, necesito la ayuda constante de otra persona”, relata.

Acaba de solicitar las ayudas recién aprobadas en Castilla-La Mancha, pero afirma que las necesitaba “para ayer” o “para hace diez años”, porque ahora “entraremos en varios trámites que se alargarán en el tiempo y será volver a esperar y esperar”. De hecho, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de estas ayudas es de seis meses desde la presentación de la solicitud de subvención.

Si tuviera ya esa ayuda, podría disponer de dos personas que, de forma rotatoria, pudieran atenderle en casa y que todos los cuidados no recayeran sobre su madre. “Porque también hay que cuidar al que cuida”, defiende.

“Mi madre no puede tener un trabajo estable porque tiene que dejarlo todo para cuidarme. Y creo que también merece poder trabajar y tener un poco de aire”, explica.

Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos

Le indigna que en otras comunidades autónomas ya se hayan aprobado y concedido esas ayudas, generando importantes diferencias entre autonomías. “Los cuidados dignos no deberían depender del código postal”, denuncia ante este medio.

Es el motivo por el que ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para contar con más recursos para sus cuidados, además de una petición agilizar la prestación de ayudas para la asistencia personal y el apoyo a las familias, y que cuenta ya con más de 50.000 firmas. 

Álvaro nunca ha recibido ninguna ayuda pública. “Yo antes era un poco más independiente, pero la enfermedad avanzó y ahora estoy más en casa. Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos”, resalta.

Insiste en que el retraso en la activación de la ley tiene consecuencias directas en su vida y en la de su familia: “Unos meses de espera suponen mucha diferencia. Necesito tener ya un poco más de independencia para mí”. Subraya que no se trata de privilegios, sino de “derechos básicos, cuidados dignos y apoyo a las familias que conviven con la dependencia”.

Álvaro concluye su llamamiento recordando que esta situación puede afectar a cualquier persona: “Nadie elige necesitar cuidados para vivir, pero cualquiera puede necesitarlos algún día”.

Una atención “coordinada, integral y centrada en la persona”

Precisamente, coincidiendo con la publicación de las ayudas en Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina acogió en marzo las V Jornadas 'ELA en Castilla-La Mancha' para avanzar en la atención integral a las personas afectadas. Se celebraron en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina organizadas por la Asociación ELA CLM-AdELAnte, bajo el lema 'La ELA no se puede curar, pero sí se puede cuidar'.

El encuentro, reconocido de interés sociosanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, reunió a profesionales sanitarios, sociales, responsables institucionales y entidades del ámbito de la ELA con el objetivo de seguir avanzando hacia un modelo de atención “coordinada, integral y centrada en la persona”.

En este evento participaron representantes institucionales de la Diputación de Toledo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Gerencia de Atención Integrada y de la propia asociación organizadora.

En tres mesas de trabajo, se abordaron aspectos clave para la mejora de la atención: el funcionamiento, circuitos y modelo asistencial de la Unidad de ELA del Hospital de Talavera, la ruta asistencial de los pacientes, poniendo el foco en la coordinación sociosanitaria, y también los avances de la ley ELA y su desarrollo normativo, con el objetivo de trasladar el marco legal a la realidad concreta de las personas y sus familias.

Desde la Asociación ELA CLM-AdELAnte destacaron la necesidad “construir una respuesta más eficaz, humana y adaptada a las necesidades” de las personas con ELA u otras enfermedades neurodegenerativas, especialmente en territorios como Castilla-La Mancha, “donde la dispersión geográfica añade complejidad a la atención”.

Mientras tanto, Álvaro sigue esperando. Es muy activo en redes sociales y afirma que no dejará luchar por mejorar su situación mientras pueda hacerlo. Insiste en que es “una cuestión de dignidad” para él y para su madre, y en que a ello dedicará todas sus fuerzas.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja “por invadir competencias estatales” y suspende varios de sus artículos.

En concreto se refiere a los artículos 13.3, 14, 22.3, 23.6, 24 y 28 y disposición transitoria segunda de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, únicamente en tanto que resulten de aplicación a las actuaciones de competencia estatal.

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los citados artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (1 de abril de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En su demanda, el Gobierno central sostiene que los preceptos impugnados podrían menoscabar las competencias estatales con incidencia territorial previstas en los artículos 149.1, 20a, 21a, 22a y 24a de la Constitución, así como la competencia estatal sobre legislación básica en materia de medio ambiente del artículo 149.1.23a.

La Asamblea Nacional francesa comienza este jueves dos jornadas de debates alrededor de una controvertida proposición de ley destinada a “luchar contra las nuevas formas de antisemitismo”. Presentada por la diputada centrista Caroline Yadan (Renacimiento) y respaldada por el Gobierno, el texto prevé endurecer las sanciones por los delitos de incitación y apología del terrorismo.

De aprobarse bajo su redacción actual, añadiría a la legislación francesa el delito de “instar públicamente a la destrucción de un Estado reconocido por la República Francesa, en desconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación y de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

La proposición fue presentada con el apoyo y la firma de más de 100 diputados, fundamentalmente del bloque macronista y de la derecha de Los Republicanos, y se prevé que cuente con el voto favorable de la extrema derecha.

También contó con la firma de dos diputados socialistas, incluido el expresidente François Hollande, pese a que el secretario general de su partido, Olivier Faure, ha anunciado esta semana que su grupo votará en contra.

La proposición de ley amplía, además, los citados delitos de apología y de incitación al terrorismo, al establecer que pueden cometerse “incluso de forma implícita” y también al considerar actos de terrorismo “delitos y faltas de colaboración con el enemigo, incluso si estas no han dado lugar a la condena de sus autores”.

Yadan es diputada elegida en una de las circunscripciones en las que votan franceses residentes en países extranjeros (su circunscripción incluye, entre otros, a Israel). Abandonó el grupo parlamentario de diputados macronistas el año pasado, como protesta por el reconocimiento del Estado Palestino por parte de Emmanuel Macron, aunque continúa sentándose en el mismo banco con estatus de diputada asociada.

Ha afirmado que su proposición servirá, entre otras cosas, para impedir que se presente “impunemente” a Hamás como “un movimiento de resistencia”, una expresión que la diputada insumisa Danièle Obono utilizó en una entrevista en 2023 (otros miembros de Francia Insumisa evitaron utilizar esos mismos términos).

¿Prohibido decir 'desde el río hasta el mar'?

El texto aspira asimismo a sancionar a quienes, “independientemente de cómo se formule”, procedan a “negar, minimizar o banalizar de forma exagerada la existencia de crímenes contra la humanidad, genocidios, etc.”. Según su impulsora, esto puede traducirse en la prohibición de publicar “en las redes sociales una bandera nazi acompañada de una estrella de David”, algo que considera una “banalización excesiva” del Holocausto.

La formulación de muchos de los enunciados de la ley plantea múltiples dudas sobre qué declaraciones u opiniones pueden constituir un delito. Desde 2023, los tribunales franceses tramitan múltiples causas alrededor de posibles comentarios sobre el conflicto palestino-israelí, tratando de juzgar si son susceptibles de ser considerados discurso de odio, y una nueva ley podría añadir un gran número de nuevos casos.

De hecho, uno de los principales puntos de debate reposa sobre la imposibilidad de predecir cómo la nueva ley puede impactar en las sentencias o cómo los jueces deberán analizar múltiples interpretaciones posibles de una misma afirmación. Una incertidumbre que no ha impedido a otro diputado macronista, Sylvain Maillard, asegurar que, si se aprueba el nuevo texto “estará prohibido decir ‘desde el río hasta el mar”, un lema frecuente empleado por activistas propalestinos y los propios palestinos.

Desde 2023 la legislación en vigor en Francia contra el antisemitismo ya ha sido utilizada por las autoridades como justificación para prohibir ciertas protestas y conferencias en torno a la causa palestina. Entre ellas, varias acciones de apoyo a Gaza en universidades y varios actos de la eurodiputada de Francia Insumisa Rima Hassan, contra la que la fiscalía ha iniciado varias investigaciones por sus declaraciones y su actividad en redes sociales.

Vínculo entre antisionismo y el antisemitismo

Por otro lado, la proposición de ley, en su exposición de motivos, establece un vínculo directo entre el antisionismo y el antisemitismo. “El odio hacia el Estado de Israel es consustancial al odio hacia los judíos”, afirma. “El llamamiento a la destrucción de este Estado, por constituir una comunidad de ciudadanos judíos, es una forma encubierta de atacar a la comunidad judía en su conjunto”.

En los últimos meses, diferentes protestas y tribunas en prensa han reaccionado al anuncio de la proposición de ley denunciando la voluntad de criminalizar cualquier crítica a Israel y de limitar la libertad de expresión bajo la amenaza de sanciones económicas o penales (la provocación a cometer crímenes y delitos puede suponer penas de hasta cinco años de prisión y 45.000 euros de multa).

En enero, un colectivo de más de un centenar de personalidades del mundo universitario publicó un texto en el diario Le Monde criticando, entre otros elementos, esa equivalencia entre antisemitismo y antisionismo. “No se trata de una confusión fortuita, sino de una amalgama deliberada destinada a censurar los discursos críticos contra el Estado de Israel y su política”.

Desde un punto de vista jurídico consideran la proposición de ley inadaptada a la realidad del antisemitismo en Francia. “Al tratar el antisemitismo como una categoría aparte, separada de los principios generales de la legislación contra la discriminación, el legislador corre el riesgo de fomentar una jerarquización de las discriminaciones y una competencia memorial que sean perjudiciales para la universalidad de la lucha contra el racismo”.

En esa misma línea la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) francesa ha alertado sobre los riesgos que este texto puede suponer tanto para la libertad académica como para la libertad de expresión.

Repunte de actos antisemitas desde 2023

La CNCDH considera que la ley no aporta herramientas jurídicas que mejoren las actuales. De hecho, interrogada en enero ante la comisión de leyes de la Asamblea en este punto, la propia Caroline Yadan no pudo ofrecer ningún ejemplo concreto de una declaración que actualmente no esté sancionada por la ley y que su texto permitiría tipificar como delito.

No obstante, la CNCDH sí se mostró favorable a la movilización del Estado para luchar contra el antisemitismo, ante el “innegable” aumento de los actos antisemitas en Francia desde el 7 de octubre de 2023 (los datos del Ministerio del Interior francés reflejan un importante repunte en 2023 y 2024, seguidos de un descenso en 2025).

De la misma forma, los especialistas universitarios de la citada tribuna publicada en Le Monde señalaban en el texto que esa lucha “constituye un imperativo democrático” fundamental y que los debates alrededor del antisemitismo forman parte de la historia nacional francesa, marcada por acontecimientos como el caso Dreyfus o la participación del régimen de Vichy en la deportación de judíos.

“Esta singularidad histórica exige una vigilancia constante y una mayor responsabilidad por parte de los poderes públicos; sin embargo, no puede justificar la adopción de medidas jurídicas que pongan en peligro nuestras libertades”.

Una tramitación que se anuncia compleja

El impacto de los atentados del 7 de octubre y de los bombardeos en Gaza en la opinión pública francesa y en el debate político nacional son una cuestión particularmente sensible en Francia, que cuenta con las comunidades judía y árabe más importantes de Europa. De hecho, ha sido el elemento elegido por varias de las campañas de desestabilización extranjera registradas en territorio francés en los últimos años.

En este contexto, además del estado de crispación en los debates en la Asamblea Nacional en los últimos años, las discusiones parlamentarias sobre esta cuestión se prevén agitadas y el resultado de la tramitación del texto, incierto.

Francia Insumisa, directamente señalada por los autores de la ley, ha pedido su retirada y si se mantiene votará en contra. También lo harán la mayoría de los diputados socialistas (Hollande afirmó que votará a favor “si el texto se enmienda”).

Por otro lado, la proposición ha creado malestar en el bloque de centro, que ya viene dividido de los últimos votos en la Asamblea. El grupo MoDem, uno de los partidos que apoya al Gobierno, había sugerido una retirada temporal de la proposición de ley, al considerar que la coyuntura internacional no era adecuada para mantener “debates serenos”. Finalmente, el partido anunció que no votará a favor, lo que deja dudas sobre su posible aprobación en la Asamblea.

Una petición en línea en la que se instaba a los diputados a votar en contra rozaba el martes las 700.000 firmas. Y esta semana varios cientos de estudiantes se movilizaron y ocuparon varias facultades de París para exigir “la retirada del proyecto de ley Yadan y el fin de la represión del movimiento estudiantil pro-Palestina”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha modificado su estructura orgánica para incorporar entre sus departamentos a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. El cambio es fruto de la reciente decisión del Ejecutivo regional eliminar su condición de organismo autónomo, tal y como se anunció a finales de 2025.

Ahora se integrará en este departamento del Gobierno regional, tras la aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento, que recoge esta circunstancia.

La Agencia del Agua pasa a ser la Dirección General del Agua que ostentará Montserrat Muro, directora hasta ahora del organismo. Una medida que el Ejecutivo regional justifica en la necesidad de “mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico”.

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha fue inicialmente creada mediante la Ley 6/2009, de 17 de diciembre y posteriormente derogada por otra norma, la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que reguló nuevamente su régimen jurídico y funcional.

La modificación también incluye la incorporación del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha a la estructura de la Consejería de Desarrollo Sostenible como órgano colegiado

¿Cuáles serán sus funciones?

Más allá de las funciones generales de esta nueva Dirección General del Agua, como cualquier otra dentro de la Consejería de Desarrollo Sostenible, asume más competencias específicas.

Deberá programar, ejecutar y explotar las obras hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo las relativas a abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general.

También se ocupará de ejecutar y explotar obras de titularidad del Estado que tenga encomendadas la comunidad autónoma. Por ejemplo, la conocida como tubería manchega, que llevará agua del río Tajo a la provincia de Ciudad Real, ya en la cuenca del Guadiana.

Deberá desarrollar programas, ordenar y proteger los recursos hídricos competencia de la comunidad, y otros a realizar en coordinación con la planificación hidrológica del Estado.

Se arroga la competenica de elaborar un censo de los aprovechamientos de las aguas subterráneas y superficiales que afecten a la región, en coordinación con los organismos de cuenca y también la propuesta para nombrar a los representantes autonómicos en los órganos de la Administración hidráulica del Estado.

Gestionará las solicitud de autorizaciones, concesiones y reservas de recursos hídricos, que le reconozca la legislación de aguas y emitirá informes en los procedimientos de autorización de contratos de cesión de derechos de uso de aguas o de concertación interadministrativa.

Otra de sus funciones será la de inspección y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, que sean de su competencia, en particular las relativas a caudales circulantes, vigilancia y control de la calidad de las aguas, vertidos y contaminación.

Gestionará el canon medioambiental del agua

Esta dirección general también se ocupará de gestionar, recaudar y adeministrar los recursos económicos que le atribuye la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Entre esos recursos se encuentra el canon medioambiental del agua (o canon DMA, asociado a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea), un tributo propio de Castilla-La Mancha que entró en vigor el 1 de enero de 2025.

El decreto que regula la nueva estructura entra en vigor mañana 16 de abril.

Los socialistas riojanos lamentan que el Gobierno de La Rioja lleve tres años sin legislar en materia social. El último ejemplo, el rechazo a tramitar la Proposición de Ley del Tercer Sector. El secretario general del PSOE, Javier García, ha recordado que el pasado 18 de marzo el Grupo Parlamentario Socialista “registró ante la Cámara una Proposición de Ley del Tercer Sector de Acción Social”. Se trata “de un anhelo de todas las entidades, tal y como nos lo trasladaron en todas las reuniones que hemos mantenido con ellas en los últimos meses”. García ha lamentado que, transcurrido el plazo reglamentario, el Gobierno de La Rioja “haya emitido criterio desfavorable a esta iniciativa”. Estamos ante “una postura inexplicable que supone un jarro de agua fría para el sector”.

García ha afirmado que este texto propuesto por el PSOE “recogía lo mejor de las leyes que ya existen en otras comunidades autónomas, y nos daba la oportunidad de finalizar el mandato con una Ley autonómica del Tercer Sector”. Así, con esta Proposición de Ley “pretendíamos consolidar la Mesa del Diálogo Civil, elaborar un Plan estratégico de impulso y promoción de las entidades del Tercer Sector Social en La Rioja o la creación del Observatorio Riojano del Tercer Sector”.

El líder de los socialistas ha denunciado que Capellán “ha dicho no a todo esto”. Y lo más grave, “además de rechazar sistemáticamente las ideas de la oposición, tenemos un Gobierno que no proponte absolutamente nada y que lleva tres años sin legislar en materia social y sin desarrollar leyes aprobadas en el mandato anterior, leyes como la de familias monoparentales, la de igualdad, la de accesibilidad, la de salud mental, la de juventud y la ley contra la Violencia de Género”. Javier García ha dicho que “resulta del todo inexplicable que el PP haya bloqueado, además, varias Comisiones de estudio en el Parlamento, como la del calzado, el sector vitivinícola, el sector primario o el acoso escolar”.

Tenemos, ha dicho García, “un Gobierno gris y un presidente que no hace nada por mejorar la calidad de los servicios esenciales que cuidan de los más vulnerables”. El Secretario General del PSOE ha asegurado que Capellán “es el presidente del no, un presidente que sigue instalado en el monólogo, en una mayoría absolutista y que es incapaz de impulsar medidas que beneficien a la mayoría social de las riojanas y riojanos”.

El número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas— han descendido un 20,4% en el último año, coincidiendo contra la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Esta nueva regulación incluye la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en este tipo de asuntos antes de iniciar cualquier proceso judicial. Fuentes del Ministerio de Justicia valoran que estas cifras evidencian que empieza a cumplirse el objetivo de reducir litigios y agilizar la tramitación de conflictos.

La ley establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. En el Ejecutivo defienden que con esta medida se pretende pasar de “una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo” que, además, permita reducir la carga de trabajo de los tribunales y que los ciudadanos vean resueltos sus conflictos de forma más ágil. 

La mediación es especialmente útil en asuntos que afectan a un gran número de personas y sobre los que el Tribunal Supremo ya ha fijado el criterio a seguir por el resto de instancias. Es el caso, por ejemplo, de las cláusulas suelo, las preferentes o los fraudes de las clínicas dentales 'lowcost'. Las primeras cifras muestran que la obligación de recurrir a la mediación ha reducido el número de asuntos que ingresan en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

Sin embargo, no es posible saber el número de estos conflictos resueltos fuera de los juzgados que han acabado en un acuerdo que ha evitado ir a los tribunales porque no existen datos oficiales. Sí hay algunas evaluaciones parciales como una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Madrid que apuntó a que solo un 10% de los intentos de mediación acababa en acuerdo. El estudio, elaborado por la revista de la entidad profesional, advertía de una fuerte dispersión de criterios judiciales que aumenta la inseguridad jurídica.

Oficina judicial  

Además de la obligación de la mediación para determinados asuntos, la ley de eficiencia incluye como principal novedad la sustitución de los antiguos 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo.

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas por elDiario.es apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones. Estas fuentes también apuntan que se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos. 

El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que, a pesar de las “incidencias puntuales” no hay “incidencias estructurales” o “problemas de base” y ponen en valor el documento realizado por el CGPJ, que basa en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. En el departamento que dirige Félix Bolaños afirman que entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de marzo, antes del periodo vacacional de Semana Santa, las vistas realizadas aumentaron más de un 3% y las vistas señaladas alrededor de un 6%.

En Justicia admiten, asimismo, que la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial está siendo desigual, aunque “dentro de un orden”. De hecho, consideran que es algo entendible teniendo en cuenta que hay 12 autonomías que tienen la competencia de Justicia transferida. Según el informe del CGPJ, mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

Izquierda Unida Castilla-La Mancha y Podemos han iniciado conversaciones para “construir una alternativa conjunta” que permita desbloquear el texto de un nuevo Estatuto de Autonomía, ahora varado en el Congreso de los Diputados, después de que el PP diese un volantazo en su pacto con el PSOE y se negase a dar su visto bueno a una horquilla en el número de diputados en las Cortes regionales entre un mínimo de 25 y un máximo de 55. Los 'populares' introdujeron una enmienda para dejar el tope en 35 diputados y diputadas y eso ha provocado que la reforma entre en vía muerta, según ha reconocido hoy mismo el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

Ante el panorama, IU y Podemos Castilla-La Mancha han acordado ofrecer una alternativa al PSOE. La propuesta para desbloquear la reforma se traduce en llegar a un máximo de 65 diputados, que permita “una mejor representación democrática” así como articular una mayoría en el Congreso de los Diputados frente a PP, y también a Vox que se ha negado desde el inicio a cambiar el Estatuto de Autonomía.

Lo ha anunciado hoy el coordinador de IU Castilla-La Mancha Pedro Mellado durante un acto en Ciudad Real. Ha explicado que, aunque la formación no considera que el número de diputados sea el principal problema de la comunidad autónoma, sí reconoce que la discrepancia sobre la horquilla de escaños se ha convertido en “el principal obstáculo” para avanzar en la reforma estatutaria.

En este sentido, Mellado ha señalado que Izquierda Unida ha iniciado conversaciones con Podemos para construir una alternativa conjunta que permita avanzar. “El objetivo es trasladar posteriormente esa propuesta al PSOE y articular una mayoría parlamentaria en el Congreso que deje atrás la oposición de Partido Popular y Vox”, ha comentado.

“Preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE retire la reforma

Desde IU han mostrado su “preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE valore retirar la reforma del Estatuto, tras las palabras de hoy del presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, una opción que, según Mellado, “no supone mantener la situación actual, sino dar un paso atrás” respecto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía, colectivos sociales, sindicatos y la universidad pública.

Como alternativa, en forma de enmienda al texto legislativo, Izquierda Unida plantea una horquilla que permita alcanzar hasta 65 diputados y diputadas en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta cifra, según ha defendido Mellado, situaría a la comunidad en parámetros comparables a otras autonomías con población similar, como Euskadi o Canarias, que cuentan con 75 y 70 representantes, respectivamente.

Para la organización, esta ampliación “no solo responde a criterios de proporcionalidad, sino que permitiría mejorar la representación democrática de una comunidad de más de dos millones de habitantes, evitando escenarios de infrarrepresentación como el actual”.

La propuesta, señala IU, busca acercar posturas entre las distintas fuerzas progresistas y facilitar una mayoría similar a la que sostiene al Gobierno de España, con el fin de sacar adelante la reforma antes de que finalice el año.

Finalmente, Mellado ha subrayado que el nuevo Estatuto debe incorporar avances sociales clave, incluyendo medidas en materia de vivienda y derechos de las mujeres, además de garantizar un sistema de representación “más justa, más plural y más acorde a la realidad de Castilla-La Mancha”.

El PSOE ha aprobado este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha la reforma de la ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico, que garantiza “la viabilidad y eficiencia de las oficinas de farmacia” y el “acceso equitativo” a este servicio en las zonas rurales.

En varias votaciones, en las que el PP y Vox se han abstenido o han votado en contra, las Cortes ha aprobado el dictamen ha emitido por la Comisión de Sanidad sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico.

Además, se han rechazado todas las enmiendas que mantenían el PP y Vox y que se han debatido en el pleno de este jueves, por lo que la modificación de la ley ha quedado finalmente aprobada.

¿En qué consiste la reforma?

La reforma contempla medidas como el farmacéutico regente, los depósitos en centros sociosanitarios o los botiquines provisionales, y prestará especial atención a las áreas rurales, suprime trabas burocráticas y garantiza un acceso seguro y equitativo a los medicamentos en toda la región.

En las zonas rurales o amenazadas de despoblación, se van a tomar medidas como la flexibilización de la distancia mínima entre pueblos menores de 1.500 habitantes, o facilitar la dispensación no presencial de medicamentos.

Asimismo se regulan los requisitos de la radiofarmacia, y se establece la posibilidad de crear servicios de farmacia dentro de los centros penitenciarios, o depósitos de medicamentos vinculados al Sescam en los centros sociosanitarios.

La nueva normativa también contempla más claridad en la planificación y en la transmisión de las farmacias y respecto a quién puede dispensar medicamentos veterinarios.

Durante el debate, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha reclamado que la reforma cuente con el apoyo unánime de la cámara, ya que garantiza “la viabilidad y eficiencia de las oficinas de farmacia” y el “acceso equitativo” a este servicio en las zonas rurales.

Fernández Sanz, que ha agradecido la presencia en el pleno de los representantes de los colegios farmacéuticos, con los que la Junta ha trabajado en esta modificación, ha defendido que “se ajusta a la realidad de nuestra región de la mejor manera”.

PP y Vox defienden sus enmiendas

Durante el debate del dictamen, los parlamentarios del PP y de Vox han defendido las enmiendas que han mantenido, después de que la comisión rechazara 29 del grupo popular y las 12 que presentó Vox.

El parlamentario del PP Juan Antonio Moreno Moya ha asegurado que la región está perdiendo una “oportunidad histórica” para avanzar en la ordenación del servicio farmacéutico, ya que, en su opinión, la reforma planteada por el Gobierno no es ambiciosa.

“Claro que se avanza un pasito, pero se podían haber avanzado 50 pasitos en el día de hoy”, ha considerado.

Moreno Moya ha criticado que no se haya tenido en cuenta un dictamen del Consejo Consultivo que “cuestiona” su tramitación y ha rechazado la falta de memoria económica, en lo que ha calificado como “una chapuza tras otra” de la Junta.

Además, ha advertido que “no es una ley técnica como aquí se ha venido a vender” sino que “hay decisiones políticas”.

En su intervención, el portavoz de Vox, Iván Sánchez, ha criticado que “la forma de legislar” esta ley “no es la más adecuada” porque incluye “32 modificaciones en un único artículo” y ha afirmado que las enmiendas presentadas por Vox tienen como objetivo “reforzar los derechos” de los profesionales.

Sánchez, que ha asegurado que las modificaciones planteadas por Vox son “técnicas” y no tienen ningún “matiz político”, ha insistido en incluir, entre otras cuestiones, una garantía explícita de la objeción de conciencia para los farmacéuticos.

Por su parte, el presidente del grupo socialista en las Cortes, Ángel Tomás Godoy, que ha sido el encargado de defender ante el pleno el dictamen de la comisión, ha alertado que los posicionamientos de Vox buscan “generar un problema” en la región y ha acusado a este partido de buscar “crispación continua”.

Respecto a la postura del PP, ha asegurado que “el esfuerzo negociador” para tratar de pactar esta reforma lo ha hecho el PSOE y ha acusado a los populares de evitar acuerdos con los socialistas “presa del pánico” por las encuestas que indican un posible avance electoral de Vox.

En este sentido, ha afirmado que varias enmiendas de los populares tenían “razón”, pero ha advertido que el PP “no es de fiar”.

El PP i Vox han reactivat desenes d'esmenes amb què pretenen reformar d'amagat més de 70 normes de Balears i alterar l'actual model lingüístic, educatiu i social de les illes. Si no hi ha canvis -ambdues formacions compten amb majoria parlamentària per tirar-les endavant-, les correccions seran incorporades a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma el contingut de la qual no té res a veure amb els canvis que volen fer i que tant conservadors com extrema dreta han convertit en instrument per modificar bona part de l'ordenament autonòmic balear. Es tracta d'un moviment que permetrà tramitar de forma conjunta modificacions de gran calat sense el debat específic que requeriria cadascuna d'elles per separat.

Ho ha anunciat aquest dimecres la vicepresidenta segona del Parlament balear, Mercedes Garrido, després de la Junta de Portaveus de la Càmera, on ha detallat el gir produït en la tramitació de la norma i l'abast de les esmenes en conflicte. En la seva intervenció davant els mitjans, la diputada socialista ha asseverat que el paquet impulsat pel PP i Vox introdueix importants canvis en múltiples àrees sense que cap dels dos partits hagi justificat la seva connexió amb la llei esmenada. No en va, el reglament del Parlament, en el seu article 124, estableix que les esmenes han de guardar relació material amb el text en tramitació, mentre que l'article 23 reconeix el dret dels diputats a exercir les seves funcions amb plenitud, cosa que inclou participar en un debat informat i ordenat de les lleis.

Si bé les correccions havien estat inicialment rebutjades per la Mesa de la Comissió d'Economia i Hisenda, tant populars com extrema dreta han acabat recuperant-les, rebutjant al seu torn bona part de les presentades pels grups d'esquerres. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, va anunciar en el seu moment que estudiarà portar les correccions al Tribunal Constitucional en considerar que s'estaria utilitzant una llei de caràcter econòmic per introduir canvis estructurals aliens al seu objecte i, potencialment, vulnerant garanties del procediment legislatiu.

Segons les estimacions de la formació ecosobiranista, un 70% de les esmenes no guarda relació alguna amb la llei d'acceleració de projectes estratègics i, de fet, una d'elles es traduiria en l'impuls “per la porta del darrere” “d'una nova llei” a la qual els grups no podran fer aportacions. Des del PSIB-PSOE, el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ja va advertir que les esmenes plantegen la modificació, sense informe previ, de fins a 74 lleis, decrets i ordres.

PP i Vox defensen, tanmateix, que les modificacions introduïdes responen a la necessitat d'agilitzar l'Administració i eliminar traves burocràtiques, negant que es tracti d'una maniobra irregular. Els populars presenten les seves mesures com a part d'una estratègia de simplificació administrativa orientada a reduir terminis i facilitar l'activitat econòmica i la prestació de serveis públics, mentre que el seu soci d'investidura apel·la a un discurs d'enduriment de les condicions d'accés a les polítiques públiques i reforç de l'ordre públic. En essència, ambdues formacions sostenen que l'ús d'esmenes és un instrument legítim dins del procediment parlamentari.

Política lingüística

Un dels blocs més rellevants d'esmenes incideix directament en la política lingüística. D'una banda, s'introdueixen canvis en educació i funció pública per a flexibilitzar l'exigència del català. La incorporació d'aquestes mesures permetrien eximir del requisit lingüístic en places de difícil cobertura, eliminar-lo en algunes categories laborals bàsiques de l'administració i obrir la porta a excepcions quan no hi hagi suficients aspirants amb el nivell requerit, una modificació amb impacte directe en el model d'accés a l'ocupació pública i en l'estatus de la llengua pròpia balear.

Així mateix, es pretén modificar la Llei de normalització lingüística -la norma que estableix el marc per a assegurar el coneixement de la llengua catalana- per a establir que els topònims de Balears tinguin forma oficial en castellà i català sense preferència entre ambdues, eliminant la prevalença de la llengua pròpia en la denominació oficial de llocs, trencant amb això el model lingüístic consolidat en la comunitat.

El paquet inclou també mesurades en matèria de seguretat que reforcen el paper dels cossos policials. Entre elles, els de Santiago Abascal proposen modificar la normativa de coordinació de policies locals per a permetre que els ajuntaments reservin fins a un 20% de les places de policia local a militars de tropa i marineria amb més de cinc anys de servei, així com l'autorització de l'ús de pistoles elèctriques (taser) com a equipament policial. També busquen introduir un canvi rellevant en l'accés als cossos policials municipals, en obrir les portes a una via específica per a perfils procedents de l'àmbit militar.

En l'àmbit social, Vox planteja una reforma profunda de la renda social garantida (resoga). L'esmena introdueix un requisit de tres anys de residència legal ininterrompuda en Balears, a més d'endurir les condicions de manteniment de l'ajuda: els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de treball, amb el risc de perdre la prestació en cas contrari. El PP, per part seva, proposa vincular l'actualització del resoga a l'IPC per a assegurar el manteniment del seu poder adquisitiu. També es reforcen els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques. Aquesta modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar el “efecte crida”.

Creació d'una oficina antiocupació

En paral·lel, en matèria d'habitatge, es proposa la creació d'una Oficina Antiocupació, un organisme administratiu orientat a assessorar, acompanyar i coordinar la resposta institucional enfront de l'ocupació il·legal. Encara que no tindria competències executives, la seva creació institucionalitzaria l'enfocament antiocupació dins de la política autonòmica.

El PP també ha presentat esmenes amb les quals pretén apuntalar una altra de les normes més controvertides de la legislatura a les Balears, la llei de liberalització del sòl, que permet legalitzar habitatges construïts de forma il·legal en sòl rústic en determinades condicions sota pretext, segons defensa el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar l'accés a l'habitatge. El text obre a més les portes a regularitzar centenars d'edificacions, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció de la Serra de Tramuntana, el pulmó verd de Mallorca declarat el 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Les correccions, a més, busquen ampliar l'ús de les declaracions responsables no només per iniciar activitats, sinó també per substituir documentació en nombrosos procediments administratius, evitant, com sostenen des del PP, que els ciutadans “hagin d'aportar repetidament documents que ja estiguin en el seu poder o la verificació dels quals es pugui fer posteriorment”. En la pràctica, aquest sistema permetria impulsar activitats sense necessitat d'autorització prèvia, traslladant el control a un moment posterior però reforçant el règim sancionador en cas d'incompliment.

Externalització de controls i agilització de llicències

Un altre dels punts passa per incorporar les entitats col·laboradores de certificació -com els col·legis professionals o les cambres de comerç- perquè puguin validar la documentació i els requisits tècnics amb eficàcia administrativa. Es tracta d'un model que, tot i amb la intenció de reduir temps de revisió, suposarà en la pràctica una externalització parcial de les funcions de control i una major agilització de llicències i tràmits en un context marcat per la creixent saturació turística i el debat sobre els límits del creixement a les Balears.

Les esmenes també arriben a àmbits professionals específics, com el dels Agents de la Propietat Immobiliària (API), a través de modificacions en la seva regulació. Els canvis plantejats afecten el marc d'accés i exercici de l'activitat, en línia amb l'objectiu declarat pel PP de simplificar tràmits i reduir càrregues administratives. En aquest cas, la reforma s'orienta a flexibilitzar els requisits i procediments vinculats a l'exercici de l'activitat immobiliària, introduint mecanismes que facilitin la incorporació de nous operadors i redueixin els controls previs en favor de sistemes de verificació posterior.

Les esmenes s'estenen a altres àmbits. En sanitat, es busca crear la categoria de psicòleg general sanitari en Atenció Primària amb l'objectiu d'intervenir en prevenció i atenció bàsica en salut mental. En comerç, preveuen modificar-se procediments d'autorització de grans establiments, reforçant el pes d'informes municipals i certificats urbanístics en la tramitació.

PP y Vox han reactivado decenas de enmiendas con las que pretenden reformar de forma encubierta más de 70 normas de Balears y alterar el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Si no hay cambios -ambas formaciones cuentan con mayoría parlamentaria para sacarlas adelante-, las correcciones serán incorporadas a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma cuyo contenido nada tiene que ver con los cambios que quieren realizar y que tanto conservadores como extrema derecha han convertido en instrumento para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Se trata de un movimiento que permitirá tramitar de forma conjunta modificaciones de gran calado sin el debate específico que requeriría cada una de ellas por separado.

Lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda del Parlament balear, Mercedes Garrido, tras la Junta de Portavoces de la Cámara, donde ha detallado el giro producido en la tramitación de la norma y el alcance de las enmiendas en conflicto. En su intervención ante los medios, la diputada socialista ha aseverado que el paquete impulsado por PP y Vox introduce importantes cambios en múltiples áreas sin que ninguno de los dos partidos haya justificado su conexión con la ley enmendada. No en vano, el reglamento del Parlament, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

Si bien las correcciones habían sido inicialmente rechazadas por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, tanto populares como extrema derecha han acabado recuperándolas, rechazando a su vez buena parte de las presentadas por los grupos de izquierdas. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, anunció en su momento que estudiará llevar las correcciones al Tribunal Constitucional al considerar que se estaría utilizando una ley de carácter económico para introducir cambios estructurales ajenos a su objeto y, potencialmente, vulnerando garantías del procedimiento legislativo.

Según las estimaciones de la formación ecosoberanista, un 70% de las enmiendas no guarda relación alguna con la ley de aceleración de proyectos estratégicos y, de hecho, una de ellas se traduciría en el impulso “por la puerta de atrás” de “una nueva ley” a la que los grupos no podrán realizar aportaciones. Desde el PSIB-PSOE, su portavoz adjunto, Marc Pons, ya advirtió de que las enmiendas plantean la modificación, sin informe previo, de hasta 74 leyes, decretos y órdenes.

PP y Vox defienden, sin embargo, que las modificaciones introducidas responden a la necesidad de agilizar la Administración y eliminar trabas burocráticas, negando que se trate de una maniobra irregular. Los populares presentan sus medidas como parte de una estrategia de simplificación administrativa orientada a reducir plazos y facilitar la actividad económica y la prestación de servicios públicos, mientras que su socio de investidura apela a un discurso de endurecimiento de las condiciones de acceso a las políticas públicas y refuerzo del orden público. En esencia, ambas formaciones sostienen que el uso de enmiendas es un instrumento legítimo dentro del procedimiento parlamentario.

Política lingüística

Uno de los bloques más relevantes de enmiendas incide directamente en la política lingüística. Por un lado, se introducen cambios en educación y función pública para flexibilizar la exigencia del catalán. La incorporación de estas medidas permitirían eximir del requisito lingüístico en plazas de difícil cobertura, eliminarlo en algunas categorías laborales básicas de la administración y abrir la puerta a excepciones cuando no haya suficientes aspirantes con el nivel requerido, una modificación con impacto directo en el modelo de acceso al empleo público y en el estatus de la lengua propia balear.

Asimismo, se pretende modificar la Ley de normalización lingüística -la norma que establece el marco para asegurar el conocimiento de la lengua catalana- para establecer que los topónimos de Balears tengan forma oficial en castellano y catalán sin preferencia entre ambas, eliminando la prevalencia de la lengua propia en la denominación oficial de lugares, rompiendo con ello el modelo lingüístico consolidado en la comunidad.

El paquete incluye también medidas en materia de seguridad que refuerzan el papel de los cuerpos policiales. Entre ellas, los de Santiago Abascal proponen modificar la normativa de coordinación de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de policía local a militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio, así como la autorización del uso de pistolas eléctricas (taser) como equipamiento policial. También buscan introducir un cambio relevante en el acceso a los cuerpos policiales municipales, al abrir las puertas a una vía específica para perfiles procedentes del ámbito militar.

En el ámbito social, Vox plantea una reforma profunda de la renta social garantizada (Resoga). La enmienda introduce un requisito de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears, además de endurecer las condiciones de mantenimiento de la ayuda: los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. El PP, por su parte, propone vincular la actualización del Resoga al IPC para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo. También se refuerzan los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas. Esta modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Creación de una oficina antiocupación

En paralelo, en materia de vivienda, se propone la creación de una Oficina Antiocupación, un organismo administrativo orientado a asesorar, acompañar y coordinar la respuesta institucional frente a la ocupación ilegal. Aunque carecería de competencias ejecutivas, su creación institucionalizaría el enfoque antiocupación dentro de la política autonómica.

El PP también ha presentado enmiendas con las que pretende apuntalar otra de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears, la ley de liberalización del suelo, que permite legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. El texto abre además las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Las correcciones, además, buscan ampliar el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Externalización de controles y agilización de licencias

Otro de los puntos pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Las enmiendas también alcanzan a ámbitos profesionales específicos, como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), a través de modificaciones en su regulación. Los cambios planteados afectan al marco de acceso y ejercicio de la actividad, en línea con el objetivo declarado por el PP de simplificar trámites y reducir cargas administrativas. En este caso, la reforma se orienta a flexibilizar los requisitos y procedimientos vinculados al ejercicio de la actividad inmobiliaria, introduciendo mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos operadores y reduzcan los controles previos en favor de sistemas de verificación posterior.

Las enmiendas se extienden a otros ámbitos. En sanidad, se busca crear la categoría de psicólogo general sanitario en Atención Primaria con el objetivo de intervenir en prevención y atención básica en salud mental. En comercio, prevén modificarse procedimientos de autorización de grandes establecimientos, reforzando el peso de informes municipales y certificados urbanísticos en la tramitación.

Lo pidieron en el Parlamento de La Rioja y ahora también en el Ayuntamiento de Logroño. Los socialistas exigen el desarrollo de la Ley de Familias Monoparentales. Y en concreto, reclaman a Escobar voluntad política para aplicar medidas que hagan frente a la paralización del Gobierno regional.

Así, el PSOE propondrá a Escobar en el pleno de esta semana iniciar los trámites para la incorporación de la condición de familia monoparental en el sistema de tarifas del transporte urbano municipal. En este sentido, el grupo municipal pedirá realizar, en el plazo máximo de seis meses, un análisis integral de los ámbitos de competencia municipal en los que resulte posible incorporar medidas específicas de apoyo a las familias monoparentales, en coherencia con los principios y objetivos establecidos en la Ley 3/2023 para incorporarlos allá donde no existan de manera progresiva.

Y es que consideran “incomprensible” que más de tres años después de su aprobación, la Ley de Familias Monoparentales siga sin desarrollarse reglamentariamente impidiendo así que se traduzca en derechos reales. Una Ley, recuerdan, “que fue aprobada por un Gobierno progresista y que fue convalidada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja en el año 2023”. Critican al Gobierno de Capellán porque “tiene competencias suficientes para actuar y no quedarse con los brazos cruzados”.

Y el equipo de Gobierno en Logroño, añaden, “no pude permanecer en una posición de espera indefinida. Cuando hay margen de actuación lo que se pone a prueba es la voluntad política. Y más cuando la falta de aplicación de la Ley tiene un claro impacto en términos de desigualdad de género, ya que el 80 por ciento de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres”.

La ley autonómica de Protección del Menor de Asturias ya ha superado las tres décadas de vida y, ante su obsolescencia, el Principado ya avanza en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia que blinda la condición de los menores y adolescentes como titulares de derechos.

Entre las principales novedades que introduce esta nueva norma que, este lunes se ha detallado en la Junta General del Principado, figura la posibilidad que abre a los adolescentes, a partir de los 16 años cumplidos, para participar en la vida política asturiana a través de las iniciativas legislativas populares.

Igualdad de oportunidades

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, han comparecido este lunes en la Junta General para detallar el contenido de la nueva normativa que sustituirá a la actual y con la que la comunidad autónoma no se limita a ver a los menores y adolescentes únicamente como sujetos susceptibles de protección.

Esta nueva ley busca acompañar en la crianza, combatir la pobreza y la violencia e impulsar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida: “Es una norma abierta, con clara vocación de ejercicio de derechos, de prevención y de protección”, ha defendido Marta del Arco.

Protección integral y garantista

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 26 de enero el proyecto que ahora se debate en el parlamento y que consolida un sistema de protección integral y garantista para niños y niñas.

Entre otros, se citan los derechos de igualdad, educación, expresión, libertad de información, libertad ideológica, asociación y reunión, participación ciudadana, así como el derecho a la cultura, el ocio y el deporte.

Mejorar la calidad de vida

La norma obliga a incorporar en todas las iniciativas legislativas un informe de impacto en la infancia y la adolescencia. También plantea la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a estos colectivos en el que se definirán las políticas públicas para mejorar su calidad de vida.

El Principado asegura que con esta nueva norma se armonizará la legislación autonómica con la estatal, al tiempo que se reorganizará el sistema de protección y se crearán nuevos órganos de participación infantil.

Todas las iniciativas legislativas deberán incluir un informe de impacto en la infancia y la adolescencia

Una consulta a menores y jóvenes

“La elaboración de la ley se inició con una consulta a niños, niñas y adolescentes en los foros de participación municipales, los centros de protección de menores, los centros escolares y las asociaciones juveniles. Por tanto, es una ley para niños, niñas y adolescentes que cuenta con ellos y ellas”, ha precisado la consejera durante su intervención en la comisión celebrada esta mañana en sede parlamentaria.

La titular de Derechos Sociales ha avanzado que como principios rectores del proyecto figuran el interés superior de los menores, la consideración de la familia como el entorno más adecuado para su desarrollo, el fomento del buen trato, las perspectivas de género y discapacidad para el diseño de cualquier medida orientada a la infancia y adolescencia, la coordinación entre administraciones, la planificación y la confidencialidad.

La participación en política

Entre otras novedades, las personas con 16 años cumplidos podrán participar en la vida política del Principado a través de las iniciativas legislativas populares. Además, la norma plantea la creación del Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y Adolescencia y de los Consejos Municipales de Participación como órganos de consulta y colaboración.

Para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores, el texto fortalece la colaboración entre los servicios sociales, el sistema sanitario y la comunidad educativa, así como entre el Principado y los ayuntamientos.

La regulación

Igualmente, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.

El texto mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención y desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo.

Los procedimientos

Asimismo, recoge de forma pormenorizada los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.

Respecto al acogimiento familiar, ordena las compensaciones económicas e incorpora otra novedad: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para que puedan ofrecer la mejor atención a los menores.

La norma regula, en relación con el acogimiento residencial, los programas de preparación para la vida independiente desde los 15 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.

En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

El escenario político riojano se tensa tras la decisión del Consejo de Ministros de promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección del Paisaje de La Rioja, aprobada el pasado año por el Ejecutivo de Gonzalo Capellán. La medida conlleva la suspensión automática de varios preceptos de la norma, al considerar el Gobierno central que la legislación autonómica invade competencias estatales básicas en materia de medio ambiente y seguridad jurídica.

Desde la oposición, el diputado regional Jesús María García ha recordado que ya durante la tramitación parlamentaria, y en su posterior debate en el pleno celebrado el pasado 27 de junio de 2025, el Grupo Parlamentario Socialista “intentó modificar buena parte de las cuestiones que hoy son objeto de recurso de constitucionalidad por parte del Gobierno de España”. García ha afirmado que “ya advertimos en repetidas ocasiones que, tal y como habían apuntado algunos expertos en sus comparecencias ante la comisión parlamentaria, existían varios artículos que podían ser inconstitucionales”. Pese a ello, el Gobierno de Capellán “desoyó todas nuestras aportaciones y no aceptó ni una sola enmienda de ningún grupo parlamentario”.

Jesús María García ha asegurado que el Gobierno de España “ha mostrado en todo momento la mejor intención para consensuar una modificación de la ley que respetara las competencias del Estado”. A pesar de ello, el Ejecutivo de Capellán “no se ha movido y, finalmente, el Estado ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra nueve artículos y dos disposiciones transitorias del texto legal”. Es decir, “esto es algo que afecta a más de la tercera parte de la ley”.

El diputado socialista ha señalado que una vez más “queda demostrada la falta de diálogo del Gobierno de Gonzalo Capellán con los grupos parlamentarios, con la sociedad y con el resto de las instituciones”. Esta ley “tenía como único objetivo atacar a determinados sectores estratégicos de la economía riojana”. Fue, ha dicho García, una ley “urdida contra el desarrollo de la energía fotovoltaica y en beneficio del uso de los derivados del petróleo, utilizando para ello el falsoargumento de un interés por preservar el paisaje”.

Jesús María García ha destacado que con esta ley “lejos de proteger el paisaje, lo que se hace es darle patente de corso al Gobierno de La Rioja para que, de forma habitual y excepcional, pueda pasar por encima de la propia norma, autorizando proyectos y excepciones altamente perjudiciales para el propio paisaje”. Estamos ante un texto legal que “va contra el desarrollo ordenado de las energías limpias o la minería tradicional”.

Desde el PSOE instamos al Gobierno de Capellán “a presentar una modificación de la ley ante el parlamento de La Rioja y a escuchar de una forma proactiva todas aquellas cuestiones que los agentes sociales tienen que decir al respecto en su tramitación”. Todo ello con el objeto de conseguir que esta ley “verdaderamente cumpla su objetivo fundamental que no es otro que proteger de forma efectiva los paisajes excepcionales de nuestra comunidad”.

IU pide una revisión “a fondo”

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha pedido hoy al Gobierno riojano “revisar a fondo” la Ley del Paisaje tras aprobar, ayer, el Consejo de Ministros su suspensión; una decisión que podría desembocar en la presentación de un recurso por inconstitucionalidad. Ollero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que el Consejo de Ministros acordó ayer “promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Paisaje de la Rioja”.

Fue una decisión tomada, ha relatado, al considerar que “hasta seis artículos y una disposición transitoria podrían ser inconstitucionales, especialmente por invadir competencias estatales”. En el mismo, se acordó “la suspensión de estos preceptos por afectar a la legislación básica sobre Medio Ambiente, que son competencias estatales”. “Literalmente”, ha explicado, el Consejo de Ministros dice que la Ley del Paisaje “utiliza términos difusos y subjetivos”; algo que, ha recordado, desde Izquierda Unida ya denunciaron.

De hecho, ha señalado, fue este grupo el único que votó en contra de la ley, que contó con el voto a favor del Partido Popular y la abstención del resto (PSOE y Vox). El Consejo de Ministro, ha añadido, cree que “existe un posible menoscabo del principio de seguridad jurídica” con una “deficiente técnica legislativa”.

“Es una ley que no está bien hecha, como considera el Consejo de Ministros, por invadir competencias; pero también consideramos que es una ley que no está bien hecha porque no es un instrumento eficaz para proteger y defender el paisaje de La Rioja”, ha visto. A su juicio, el Gobierno de La Rioja “debe responder urgentemente a este acuerdo del Consejo de Ministros” y a “esta posibilidad de que exista un recurso de inconstitucionalidad contra la ley”.

Para ello, ha considerado, debe “negociar con el Gobierno central” en una comisión mixta y “modificar” la ley. Lo ha visto, además, como una oportunidad, dado que “Ley del Paisaje no sirve si permite llevar adelante proyectos empresariales como el de Manjarrés”. Ha concretado que, desde el Consejo de Ministros, se considera que “hasta seis artículos y una disposición transitoria, la segunda en concreto, invaden competencias estatales porque se refieren, sobre todo, a la distinta zonificación”. “Se refiere, también, a la elaboración de planes y proyectos que inciden en la evaluación de posibles impactos sobre el paisaje de nuestra comunidad autónoma que pueden invadir competencias estatales”, ha explicado.

Ha sumado que, como denunció Izquierda Unida, “se refiere también a una falta de claridad en multitud de términos que se utilizan en la ley, términos tan importantes como elevado impacto paisajístico que no se acaban de aclarar”. Así, “es difícil determinar hasta dónde llega la protección del paisaje si no se aclaran esos términos”.