El PSOE defenderá, en el próximo Pleno del Parlamento de Cantabria, una enmienda a la totalidad para que el proyecto de la primera Ley de Vivienda de Cantabria, propuesta por el Partido Popular, sea devuelto al Gobierno. 

Los socialistas rechazan el texto porque no regula las viviendas vacías ni los inmuebles de uso turístico, no declara zonas tensionadas, no garantiza de forma permanente las viviendas protegidas y cede suelo público a operadores privados “sin garantías sociales suficientes”.

El secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, cuestiona que, para el proyecto de ley, los populares “no contemplan” mecanismos reforzados frente a la especulación. “¿Cómo va el Partido Popular a incorporar cualquier freno a la especulación cuando es el que más la promueve?”, se pregunta Iglesias.

“Cantabria atraviesa una crisis habitacional real y esta ley no la afronta”, ha afirmado Iglesias, quien denuncia que el texto reconoce el derecho constitucional a una vivienda digna en el papel, pero afirma que “no articula ningún instrumento real para hacerlo efectivo”. 

Frente a ello, el PSOE propone ampliar el parque público de vivienda con un plan plurianual, movilizar la vivienda vacía, declarar zonas tensionadas donde los precios lo requieran, priorizar el alquiler asequible con el foco en la emancipación juvenil, impulsar la rehabilitación urbana y energética, y garantizar la cohesión territorial con límites claros a la cesión de suelo público.

En Castilla-La Mancha existe un Plan de Biometanización planeado hasta 2030. Se diseñó hace dos años pero todavía no está aprobado, pese a que estaba previsto su arranque en 2024. Pero con este proyecto, el Gobierno de Emiliano García-Page ya dejó clara hace tiempo su apuesta por el biogás como energía renovable de gran potencial en la comunidad autónoma. Y aunque numerosos colectivos ciudadanos, ecologistas y sociales, e incluso algunos ayuntamientos, han ido engrosando el rechazo a la instalación de estas plantas en pueblos de la región por sus efectos medioambientales y su “efecto llamada” para macrogranjas, el Ejecutivo autonómico ha decidido redoblar su apuesta incluyendo esta fuente de energía, procedente del tratamiento de residuos agroganaderos, en una nueva ley, todavía en fase de anteproyecto.

Concretamente, ha sacado a información pública el borrador de una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas diseñada para fomentar el crecimiento económico de la región mediante la captación de inversiones.

El proyecto de ley propone un sistema de “tramitación preferente y acompañamiento administrativo” para aquellas iniciativas que generen empleo significativo y riqueza, especialmente en áreas rurales que sufren de despoblación.

Para ser considerados estratégicos, los proyectos deben cumplir con “umbrales mínimos de inversión” y contratación, los cuales se flexibilizan en zonas vulnerables para “promover la cohesión territorial”.

Lo curioso es que Castilla-La Mancha ya cuenta con una normativa similar: la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios, que se aprobó en 2020, en plena pandemia de coronavirus, para impulsar igualmente la actividad socioeconómica en la región. Ya hay decenas de proyectos con esta catalogación en la comunidad autónoma.

El objetivo, actualizar la ley anterior de proyectos “prioritarios”

El Gobierno autonómico justifica ahora la nueva normativa en la necesidad de actualizar algunos de los parámetros que se establecieron hace cinco años, conforme a los índices de crecimiento y a las nuevas actividades económicas.

Y es en esos nuevos proyectos donde ubica el biometano. Incluye la generación de biogás, su principal derivada, dentro de las actividades económicas que pueden ser declaradas como “inversiones empresariales estratégicas” en Castilla-La Mancha. Específicamente, se refiere a las instalaciones de gestión de residuos para la generación de biometano.

Pero no lo plantea sin más. En el borrador se incorporan cinco “condiciones” concurrentes para que estas instalaciones reciban esa calificación. La primera de ellas es que la instalación debe localizarse en una zona declarada “vulnerable” a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Esto es así porque, según el propio Gobierno regional, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, procedentes de fuentes de origen agrario, es uno de los principales problemas sanitarios y ambientales a los que se enfrenta el sector agrario en la actualidad. El uso incorrecto de los fertilizantes utilizados en la agricultura y la gestión inadecuada de los estiércoles ganaderos, supone un exceso de nitrógeno en el medio, que limita sus potenciales usos, a la vez que supone un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

Las plantas de biometano pueden ser, argumenta, una posibilidad de acabar con esos nitratos. De hecho, el Ejecutivo ya modificó hace dos años la mencionada Ley de Proyectos Prioritarios para incorporar este cambio.

La segunda condición que establece el actual anteproyecto de ley es que al menos la mitad de los residuos tratados en la planta deben ser purines, vinazas o alperujos. Precisamente, este es uno de los argumentos a los que se aferra el Gobierno regional para defender esta fuente de energía. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, preguntó recientemente a quienes rechazan el biometano cuál creen que debería ser la salida a estos residuos, ante la falta de alternativas.

Otro condicionante que impondrá la nueva normativa es que el tratamiento de la fracción sólida no podrá aplicarse directamente a los cultivos: tendrá que someterse a un proceso de reducción de nitrógeno para disminuir la cantidad de este elemento que sale de la planta y ser un “fertilizante registrado”.

Aquí cumple un papel fundamental el residuo procedente de las plantas de biometano que trae de cabeza a sus promotores: el digestato y su tratamiento. Por lo general, se comercializa como compostaje, pero su transporte y gestión tiene unos costes elevados y un fuerte impacto ambiental, según los ecologistas.

Y finalmente, la ley obligará a que las futuras plantas de biometano lleven asociado un “beneficio a la comunidad local” donde se ubiquen. Este es el principal argumento de las empresas promotoras que defienden el biometano. En un encuentro reciente en Toledo, muchas de ellas esgrimieron que estas plantas generan y fijan empleo en los pueblos, contribuyendo a frenar la despoblación.

“Tramitación urgente”, acompañamiento y subvenciones

Si cumplen estas condiciones, al ser considerada una inversión estratégica, estos proyectos de biometano podrían beneficiarse de una “tramitación urgente”, acompañamiento administrativo y medidas de incentivación en subvenciones o financiación.

En esta nueva normativa y para identificar esos proyectos “estratégicos”, la estructura administrativa incluirá una Comisión de Valoración especializada y unidades de apoyo provincial para “garantizar la seguridad jurídica y la eficacia” en el desarrollo de los mismos.

Aunque con esta nueva ley el Gobierno de Page deja claro su interés por el biometano, lo cierto es que, al mismo tiempo, el borrador sitúa el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la economía circular como “pilares centrales” para la calificación de inversiones estratégicas en Castilla-La Mancha.

Por ejemplo, en los propios principios rectores de la ley se encuentra potenciar la transición ecológica mediante la “atracción” de iniciativas “innovadoras y sostenibles”.

Al mismo tiempo, hay otro dato importante: la nueva norma establece que para que una inversión sea declarada estratégica, la promotora debe aportar un “bloque ambiental” y técnico detallado en su memoria justificativa. En ese documento, es obligatorio que la empresa justifique que el proyecto es compatible con el entorno, que es viable desde el punto de vista medioambiental, el tipo de tecnología que se utilizará y la evaluación del proyecto en términos de sostenibilidad.

Precisamente, en el anexo del anteproyecto donde se destallan las actividades económicas, y donde se incluye el biometano, se añaden igualmente actividades específicas que, por su naturaleza ambiental, son candidatas a ser estratégicas, especialmente las destinadas a evitar que los productos “terminen en un vertedero”.

Ese el caso de proyectos de aprovechamiento de servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el agua, la conservación del suelo o la captura de carbono; de aquellos que utilicen productos forestales certificados (FSC o PEFC); que realicen la primera transformación de recursos forestales (biomasa, resinas, corcho); o que reutilicen reciclaje textil o químico.

Pero de igual forma también en este listado de ‘futuribles’ incorpora proyectos de extracción de materias primas fundamentales. Este es otro punto polémico en la comunidad autónoma: las tierras raras abundan en el Campo de Montiel pero el rechazo social y la inviabilidad ambiental han evitado hasta ahora su explotación. Y lo mismo ocurre en otras minas que sí cuentan con autorización o están planeadas en la región, como la de fosfatos en el entorno de Cabañeros o las de oro en la provincia de Guadalajara.

Page avanza que la nueva ley se aprobará en septiembre

El propio Emiliano García-Page ya ha vendido las bondades de esta nueva ley. Según ha adelantado, el Consejo de Gobierno la aprobará el próximo mes de septiembre para su posterior remisión a las Cortes regionales. Según ha comentado, la normativa va a “englobar, aumentar y sustituir” a otras leyes vigentes, en referencia implícita a la mencionada ley de 2020 sobre proyectos prioritarios.

Mientras tanto, las plataformas vecinales, sociales y ecologistas mantienen su cruzada contra el biometano y no aceptan los argumentos que esgrime la Consejería de Desarrollo Sostenible para su defensa. Bajo el paraguas de Stop Ganadería Industrial, muchas de ellas han decidido unirse y recientemente se manifestaron todas juntas, esta vez en Toledo, para dejar clara su postura: “Ni en tu pueblo, ni el mío”.

Ese momento en el que entregas las llaves de un piso que fue tu casa no solo está lleno de carga emocional, también de tensión e incertidumbre sobre si el propietario devolverá la fianza o buscará cualquier excusa para retenerla. ¿Qué dice la ley? Desgranamos los plazos, las obligaciones y los pasos a seguir para que este trámite no se convierta en un abuso.

“El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la fianza debe ser devuelta al arrendatario al finalizar el contrato de arrendamiento en un plazo máximo de un mes”, confirma Josep Mª Güell, abogado en Habitat Abogados, sobre una de las dudas más recurrentes. 

Si este plazo transcurre sin que el dinero haya sido devuelto al inquilino, la ley también prevé una compensación por la espera. “El inquilino puede reclamar la devolución judicialmente”, explica Güell, además del interés legal del tiempo transcurrido un mes después de la entrega de llaves.

El casero no puede quedarse con la fianza simplemente porque el piso “no esté como el primer día”, destaca el abogado, que subraya la diferencia jurídica entre el desgaste por uso ordinario y el daño negligente.

Es decir, el inquilino no tiene que hacerse cargo “de la pintura, salvo mal uso o acuerdo contractual, los electrodomésticos o la caldera si han dejado de funcionar por antigüedad o el desgaste de muebles o suelos por uso ordinario”, ejemplifica el experto.

Cuándo se puede retener la fianza

“El arrendador sólo puede retener la fianza total o parcialmente si existen cantidades o daños imputables al inquilino y debidamente justificados, como rentas o suministros impagados, daños en la vivienda que excedan del uso ordinario de la vivienda”, aclara Güell.

En cuanto a los daños que sí son reclamables, el abogado señala, por ejemplo, “agujeros excesivos en las paredes, muebles dañados, suciedad extraordinaria, pérdida de llaves o pequeñas reparaciones en persianas y electrodomésticos que no se deban a su vida útil”.

Cómo puede protegerse el inquilino

Para evitar conflictos, el experto recomienda guardar pruebas del estado de la vivienda, como “fotos, videos, inventario de muebles, lecturas de suministros o testigos”. Así, en caso de que el propietario se niegue a devolver la fianza de forma injustificada, podemos acreditar la resolución del contrato y las pruebas. En esta situación, lo primero es un requerimiento amistoso, “mediante email y posteriormente burofax”, indica Güell, de la devolución del dinero.

El siguiente paso ya implica buscar una mediación, “por ejemplo, en la Agencia Catalana de Consum”, apunta el abogado. Este organismo tiene equivalentes en la protección al consumidor en cada comunidad autónoma. 

Si la vía amistosa fracasa, el siguiente paso para el inquilino es llevar el caso a los tribunales. “El inquilino tiene buenas posibilidades de recuperar la fianza si puede probar que entregó la vivienda y su estado”, asegura Güell, que recuerda que “en reclamaciones inferiores a los 2.000 euros, no hace falta abogado, ni procurador”.

En estos casos, es el arrendador quien tiene la carga de la prueba y debe concretar y cuantificar los supuestos daños que pretende descontar, informa el experto.

El monumento de exaltación franquista dedicado a los 'Héroes del Simancas', que está adosado a la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón, no será suprimido “mientras Foro Asturias siga gobernando” en la ciudad. Así lo ha manifestado el portavoz y responsable de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Con esta decisión, el equipo de gobierno local no piensa acatar la resolución dictada el pasado martes por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, por la que se concede un plazo de cuatro meses a la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, para la eliminación de este memorial, inaugurado en 1958, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Foro: “la historia no hay que eliminarla”

Foro Asturias no tendrá en cuenta la última decisión del Gobierno asturiano en base al argumento de que la fachada del Colegio de la Inmaculada goza de protección y retirar el conjunto escultórico conmemorativo del bando sublevado durante la Guerra Civil requerirá de licencia municipal.

“La historia no hay que eliminarla, hay que contarla para poder aprender de ella y para que no vuelva a ocurrir en el futuro”, ha refrendado el portavoz forista.

Collado: “No es sectarismo”

La directora general de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias, Begoña Collado, ha defendido la retirada del monumento y ha rechazado las acusaciones de sectarismo que han vertido contra esta resolución del Principado desde las filas de Foro Asturias, PP y Vox.

“No es sectarismo, lo que hacemos es cumplir la ley. La carga ideológica no está en la retirada de un monumento contrario a la ley, está en quienes defienden que siga lo que es un homenaje a unos golpistas, que mandaron bombardear Gijón”, ha puntualizado la directora general.

La advertencia de Zapico

La Consejería de Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, no ha tardado en responder públicamente. Este jueves ha advertido al Ayuntamiento de Gijón de que incumplir la Ley de Memoria Democrática “puede suponer prevaricar”.

El cumplimiento de la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la Recuperación de la Memoria Democrática en el Principado de Asturias es “una obligación legal para todas las administraciones públicas”, añade a la vez que advierte de que “ignorar o incumplir sus mandatos supone actuar al margen del ordenamiento jurídico vigente”.

Desde la consejería inciden en que el artículo 48 de la norma obliga expresamente a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias para retirar o eliminar elementos contrarios a la memoria democrática.

Una ley aprobada por el Parlamento

Además, subraya que esta obligación se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas en defensa de su derecho al honor y a la dignidad. Este mandato legal no es potestativo ni depende de valoraciones políticas o ideológicas, sino que deriva directamente de una ley aprobada por el Parlamento asturiano y plenamente vigente.

“Las administraciones públicas están sometidas a la ley y al derecho, exactamente igual que el resto de la ciudadanía”, asegura la consejería.

El Principado estará “vigilante”

El Principado indica, además, que “se mantendrá vigilante” para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Democrática en Asturias. La normativa habilita a la Administración autonómica a actuar de forma subsidiaria en caso de incumplimiento por parte de las entidades obligadas, con el objetivo de evitar la permanencia de elementos de exaltación franquista en espacios públicos o privados con proyección pública.

El Gobierno asturiano advierte expresamente en la resolución dictada esta semana de la posible ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.

El Catálogo Urbanístico

El expediente concluye que no concurren razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales que justifiquen una excepción. En este sentido, el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado ha constatado que el memorial “no está declarado bien de interés cultural (BIC) ni figura en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias”.

“El Catálogo Urbanístico de Gijón atribuye protección integral únicamente al edificio de la iglesia, pero no al elemento escultórico objeto del expediente”, recalca el Principado.

“El propio catálogo establece que no quedan incluidas en la protección las intervenciones realizadas después de 1950, salvo en casos excepcionales de relevancia histórica debidamente acreditada”, corrobora.

El compromiso del Ejecutivo

La consejería insiste en que el cumplimiento de la legislación en materia de memoria democrática forma parte de las obligaciones inherentes al ejercicio de responsabilidades públicas. En este sentido, recuerda que el ordenamiento jurídico español considera prevaricación la adopción de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos o judiciales a sabiendas de su injusticia y de su contradicción con la ley.

El Gobierno de Asturias reafirma así su compromiso con las políticas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la dictadura franquista “conforme a la legalidad democrática vigente”.

La protección

A la inamovible postura del gobierno local -que conforman Foro Asturias y Partido Popular (PP)- se suma la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo que se está planteando la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, y a la que el Principado ha instado a retirar el símbolo franquista que es habitualmente un punto de encuentro para concentraciones y manifestaciones de simpatizantes de la extrema derecha que generalmente acaban cantando el 'Cara al sol', brazo en alto.

Foro Asturias pone el acento en que ese nivel de protección recogido en el Catálogo Urbanístico Municipal no permite modificar la fachada, su composición, estructura, dimensiones, ni la disposición de sus huecos y, por tanto, deben mantenerse materiales, formas y acabados.

Un manifiesto para la retirada

La retirada del monumento, conocido popularmente como el de 'los jesuitas', ha contado con un amplio respaldo de organizaciones políticas, sindicales, culturales, asociaciones de vecinos y activistas de movimientos alineados en la izquierda en contra de la exaltación de los símbolos franquistas.

Un total de 116 personalidades de diversos ámbitos de la sociedad asturiana suscribieron, el pasado mes de abril, un manifiesto, entre los que figuran historiadores, politólogos, médicos, docentes, artistas y pensionistas que recuerdan que esta escultura “no puede tener resignificación ninguna, ni con explicaciones didácticas, ni con placas. No es un lugar histórico neutro, sino un monolito de exaltación de una dictadura”.

Foro Asturias no está solo en esta cruzada administrativa que ha emprendido contra el Gobierno asturiano y la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), cuyo presidente Rafael Velasco, es el principal promotor de la iniciativa para su retirada como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo”.

El apoyo del PP y Vox

En la negativa del gobierno local a retirar este símbolo le apoyan su socio de coalición -el PP- y Vox. El partido de ultraderecha incluso ha iniciado una campaña de recogida de firmas para frenar la retirada del monumento a través de la web del partido.

La diputada de Vox en la Junta General del Principado y portavoz en Gijón/Xixón, Sara A. Rouco, ha señalado que esta actuación “enseña la peor cara del sectarismo comunista” y responde a “una intransigencia ideológica elevada a su máxima expresión”. Unas acusaciones que han sido desmentidas desde el Gobierno asturiano.

Posibles recursos

Entre tanto, la resolución del consejero pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes.

A continuación, reproducimos íntegro el contenido de la resolución dictada por el consejero este pasado martes.

Una ‘Agenda de Acción por la Vivienda’ con horizonte en el año 2030. Con este nombre ha decidido bautizar el Gobierno de Castilla-La Mancha las más de una treintena de medidas que va a adoptar (aunque algunas ya están en marcha) para buscar soluciones a lo que considera “una de las mayores preocupaciones” de la sociedad: la demanda habitacional.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

El propio Gobierno regional reconoce en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y hoy Page no ha ha hecho referencia a ninguna futura norma autonómica en este sentido. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.  

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados.

En su lugar, el Gobierno de Page sigue apostando por planificaciones como la 'Agenda' presentada hoy. Son más de una treintena de medidas que suponen la movilización de unos 500 millones de euros en los próximos cuatro años, para más de una treintena de medidas, algunas ya puestas en marcha, centradas en cuatro pilares: más oferta de vivienda, más ayudas públicas, impuso a la rehabilitación del parque residencial y modificaciones de normativas e instrumentos urbanísticos para disponer de más suelo.

Un reto “estructural” por falta de oferta

Los detalles los ha desgranado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha comenzado afirmando que, aunque “no hay varita mágica” para dar soluciones plenas, en el Gobierno regional sí existe “sensibilidad” para dar respuestas al acceso a la vivienda, resaltando, como es la tónica habitual del Gobierno autonómica, la colaboración público-privada.

“El reto es estructural”, ha dicho, pero ha determinado que la causa principal es un problema de falta de oferta. “Durante más de 15 años no se han construido apenas viviendas y los precios se han disparado. España no puede construir más de 100.000 viviendas al año cuando debería construir más de medio millón. La banca privada no puede asumir este reto en solitario y también debemos dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios”, ha argumentado.

Dicho esto, ha informado de que la Agenda estará financiada con fondos propios de la comunidad autónoma, que, según afirma, están ya “por encima” del 40% obligado, y con los contemplados en el Plan Estatal de Vivienda.

Así, en cuanto al primer bloque, ha anunciado un total de 135 millones para la construcción de 500 viviendas en la región. En este punto, ha recordado el Plan 10.000 del Gobierno regional firmado con las constructoras: ya se han tramitado más de 18.000 visados de obra nueva, de los cuales un 20% con viviendas con algún tipo de protección pública, como exige la Unión Europea.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado poner a disposición de la empresa pública GICAMAN dos parcelas en Toledo para la construcción de otras 231 viviendas en el barrio de Polígono.

Esta iniciativa, unida a las conversaciones con el Ayuntamiento de Toledo para recuperar la antigua “L” de este mismo barrio, harán que el Gobierno regional sea “el mayor promotor de vivienda en Toledo”, con 1.150 viviendas en total. No obstante, como promotor, no ha detallado qué tipo de viviendas va a fomentar y si tendrán algún tipo de protección pública o serán promociones privadas.

Además, ha anunciado que la Consejería de Hacienda ha reasignado una parte de los Fondos FEDER  para “redirigirlos” a políticas de vivienda. En total, serán 68 millones de euros para fomentar la construcción de más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha.

El consejero de Fomento ha hecho especial hincapié en la rehabilitación del parque residencial, el segundo pilar de esta ‘Agenda de Acción’, remarcando que no solo se trata de impulsarla con “fines energéticos”, sino que  también debe estar vinculada a la accesibilidad. Para ello, el Ejecutivo regional va a habilitar una línea de siete millones e euros para actuaciones en viviendas de Castilla-La Mancha.

De igual forma, se habilitarán ayudas para rehabilitar viviendas vacías en núcleos rurales y otras adicionales para edificios en zonas con protección patrimonial, como Toledo, Cuenca o Sigënza, junto con las ya existentes para regeneración urbana, donde la región, ha señalado, ha sido “pionera”.

En paralelo, y a la espera de la resolución que la Comisión Europea haga sobre los fondos comunitarios, como el Fondo Social del Clima y su traducción en materia de vivienda, Castilla-La Mancha habilitará una línea propia por 5 millones de euros para ayudas destinadas al alquiler. Estas subvenciones serán variables en ciudades donde el precio de la vivienda sea más alto o más bajo, y según las rentas personales.

Nacho Hernando se ha referido a otras ayudas ya en marcha, como las deducciones para adquisición de vivienda y los préstamos ‘tipo cero’: el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, la Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

Cambios en la LOTAU

En cuanto al último bloque, se ha referido a la modificación de la LOTAU para agilizar trámites urbanísticos o los planes especiales de reclasificación de suelo rústico en zonas aledañas a los casco urbanos para construir viviendas “en un único acto administrativo”.

En esta línea se enmarca la modificación de la mencionada ley que este jueves se debate en el pleno de las Cortes regionales y que supone dar vivienda pública, no solo a colectivos en situación de vulnerabilidad, sino también a personas con rentas bajas.

Además, para ayudar a los pequeños municipios, el Ejecutivo “flexibilizará” las normas subsidiarias para ayudar en los trámites urbanísticos de los pueblos más pequeños, donde la LOTAU no sirve, por estár “pensada más para grandes ciudades”.

Finalmente, y ante la falta de mano de obra cualificada, el consejero de Fomento ha anunciado que el Gobierno también va a ceder una parcela en el barrio del Polígono de Toledo a favor de la Fundación Laboral de la Construcción, para un futuro centro de formación en oficios relacionados con este ámbito, con el objetivo de llegar a 2.500 jóvenes al año.

España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda

Emiliano García-Page

Posteriormente, Emiliano García-Page, ha enmarcado este proyecto en un contexto de “debate colapsado”, con la vivienda como “víctima de la precariedad política que vive en España” y de “mayorías imposibles” en el Congreso. “España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda”, ha resaltado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido así en un “pacto de país” sobre vivienda. “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado y contraponer las dos cosas no conduce a nada. No podemos pensar que esto es un régimen soviético donde toda la vivienda tiene que hacerla el Estado, y darla por orden de lista”.

Finalmente, ha destacado que esta 'Agenda' es “posibilista” y podrá salir adelante aunque no haya Presupuestos del Estado, anque ha reconocido que algunas medidas sí dependen en algunas líneas del Plan Estatal de Vivienda. “Si hubiera otra dinámica global, las medidas serían mucho mayores”, ha concluido.

El presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), Rafael Velasco, emprendió una dura cruzada administrativa para que el monumento a los 'Héroes del Simancas', que está ubicado desde 1958 en un lateral de la fachada del Colegio de La Inmaculada Concepción, en Gijón/Xixón, sea retirado como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo” y este martes se ha convertido para él en una fecha marcada a fuego porque ha logrado que, por fin, sus peticiones sean escuchadas por el Gobierno de Asturias.

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, de la que es titular Ovidio Zapico de IU-Convocatoria por Asturies, ha dictado una resolución que pone fin a la vía administrativa por la que acuerda ordenar a la “Compañía de Jesús Provincia de España”, propietaria del edificio, la retirada de los símbolos de exaltación del franquismo.

Cuatro meses para su retirada

El Principado concede a los jesuitas un plazo de cuatro meses para que suprima este símbolo de exaltación del franquismo, sin perjuicio de las autorizaciones, permisos o licencias que “resulten exigibles en aplicación de la normativa urbanística”.

En esta resolución se advierte igualmente de la obligatoriedad de su ejecución y de que, en el caso que transcurriera el plazo concedido sin que se haya procedido a la retirada del elemento, se haría por parte de la administración autonómica “con independencia de la exigencia de responsabilidad que se pudiera deducir previa la instrucción del pertinente expediente sancionador”, según se recoge expresamente.

Los cánticos del 'Cara al Sol'

El monumento a los 'Héroes del Simancas' era el punto de encuentro de grupos de tendencia de extrema derecha, principalmente, y de algunos nostálgicos del franquismo que se reunían para cantar el 'Cara al Sol'.

El 28 de junio de 2024, el grupo de personas que secundó la convocatoria para realizar una concentración en torno a este símbolo profirió gritos de 'Viva España' y a favor del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. La Policía Nacional anunció entonces la apertura de una investigación ante las críticas surgidas tras hacerse virales las imágenes en los vídeos difundidos en redes sociales.

Símbolos “fuera de lugar”

En aquella ocasión, el entonces jefe superior de Policía de Asturias, Luis Carlos Espino, aseguró que “la ley (de memoria democrática) es la que es para todos y esos símbolos no están permitidos y yo creo que están totalmente fuera de lugar”, respondió al ser preguntado por los periodistas por este acto de exaltación franquista.

elDiario.es Asturias se ha puesto en contacto con el presidente de Famyr, Rafael Velasco, para conocer sus primeras impresiones tras ser notificada la resolución del Gobierno asturiano, por la que tanto “ha peleado”.

Una satisfacción que “llega tarde”

A pesar de su satisfacción por ver su objetivo cumplido, Rafael Velasco cree que es una decisión que llega tarde: “estamos muy contentos en la Federación por esta resolución. Aunque como dice la expresión 'nunca es tarde si la dicha es buena', creemos que podría haber llegado antes y en mejores condiciones políticas”, asegura.

La resolución del Gobierno asturiano sigue el planteamiento que reclamaba el presidente de FAMYR desde el minuto uno, aunque actualmente espera que ni la Compañía de Jesús, ni el Ayuntamiento de Gijón/Xixón “pongan pegas” a su supresión.

Los antecedentes

“Esperamos la colaboración del Ayuntamiento y de la Compañía de Jesús para que se retire ya este símbolo, aunque nos gustaría que viniera acompañada de una petición de perdón”, dice el presidente, mientras muestra su deseo de que ninguno de los dos decidan interponer un recurso contencioso-administrativo.

El documento contiene un relato de los antecedentes de esta iniciativa que comenzó el 16 de julio de 2024 cuando FAMYR registró un escrito dirigido a la Dirección General de Memoria Democrática donde interesaba que este monumento que aún perdura en el colegio gijonés, en lo que fue el antiguo Cuartel de Simancas como homenaje a los golpistas de 1936, se suprimiera.

Las denuncias

Un año después de entregada su petición en el registro y, a la vista de que nada había cambiado, ni se había movido un papel en la administración para llevar adelante la propuesta, FAMYR presentó una denuncia contra el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Gobierno de Asturias ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Estado y ante el Defensor del Pueblo por su “inacción” al mantener el monumento.

La Federación argumentaba que tanto la administración local como la regional incurrían en un “flagrante incumplimiento” de sus obligaciones legales en materia de memoria democrática.

La inscripción en el pedestal

Este símbolo franquista había sido adosado al edificio del centro académico 12 años después de su reconstrucción -que se realizó en el período 1942-1946- y en su pedestal lleva grabada la inscripción: “DISPARAD SOBRE NOSOTROS [insignia Laureada San Fernando] SIMANCAS 18 JULIO 1936-21 AGOSTO 1936 CAIDOS POR DIOS Y POR LA PATRIA. PRESENTES”.

“Se trata de un texto laudatorio, característico del régimen dictatorial que lo inauguró, en honor y homenaje exclusivo y parcial de los mandos y unidades militares que proclamaron y consumaron ilegalmente la proclamación del estado de guerra en la ciudad la tarde del 19 de julio de 1936 hasta que fueron reducidos el 21 de agosto siguiente”, expone la resolución del Gobierno asturiano en su relato de antecedentes.

El expediente y su caducidad

Transcurridos dos años desde que FAMYR registró su escrito, el consejero Ovidio Zapico firmó una resolución por la que se fijaba un plazo de 15 días a la Compañía de Jesús para que formulara las alegaciones que considerara oportunas al anunciar el inicio del expediente para la retirada del símbolo franquista de la fachada del colegio gijonés.

Un año más tarde, la directora general de Memoria Democrática resolvió la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Las alegaciones

Tres meses después, el 9 de febrero de 2026, se inició un nuevo procedimiento en el que tanto FAMYR como la Compañía de Jesús presentaron sus correspondientes alegaciones.

El pasado 18 de marzo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática comunicó a la Administración el procedimiento de inclusión del 'Monumento a los Héroes del Simancas, Gijón (Asturias)' en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como el informe favorable de la Comisión Técnica, emitido una semana antes, sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en el que se aducía que “no concurrían razones artísticas o arquitectónicas suficientes para justificar su mantenimiento (...)”.

Protegido por el Catálogo Urbanístico

La Compañía de Jesús reiteró sus alegaciones, el pasado mes de abril, en las que ya aludía a la calificación de “inviabilidad jurídica” de la posible retirada del monumento y recordaba que “estaba protegido por el Catálogo Urbanístico de Gijón” donde al referirse a la fachada incidía en que no se permitía su modificación, composición, estructura, dimensiones y disposición de huecos, balcones, antepechos, cerrajerías, losas y miradores y cualquier otro elemento compositivo original.

La resolución firmada este martes por Ovidio Zapico deja ya claro que la competencia sobre las actuaciones en materia de memoria democrática en el Principado de Asturias se encuentra atribuida a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

Entre otros extremos, se hace hincapié en que el Consejo del Patrimonio Cultural ha señalado que el símbolo de los 'Héroes del Simancas' no consta declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) ni está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, “remitiéndose al Catálogo Urbanístico del Municipio de Gijón que atribuye un nivel de protección 1 integral exclusivamente al edificio de la iglesia, pero no al elemento escultórico objeto del presente expediente”.

El contenido de la resolución

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes.

A continuación, reproducimos íntegro el contenido de la resolución dictada este martes.

“Se me ocurren cosas mejores que podría hacer el Gobienro de España que impugnar constantemente todas las iniciativas de La Rioja”. Así lo ha dicho el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en el Parlamento regional en su defensa de la Ley de Simplificación Administrativa y refiriéndose al hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja y la decisión del Consejo de Ministros de recurrir la medida fiscal de La Rioja de apoyo al mundo rural. Ambas cuestiones por considerar que invaden competencias.

El presidente riojano, tras relatar como un buen gobierno tiene que buscar todas las maneras de favorecer al ciudadano en el marco de la ley “y reforzarla si es preciso”, se ha dirigido directamente al líder socialista, Javier García: “Ustedes pueden opinar lo que quiera”, le ha dicho a García, al que ha acusado de que “parece que le hace ilusión cuando se producen cosas negativas para La Rioja”.

“Pero le puedo decir que a los riojanos, que el Gobierno de España impugne iniciativas que salen de esta cámara (...) no les hace gracia”, ha añadido mientras consideraba que el Gobierno de España podría hacer “cosas mejores” como “presentar presupuestos, una actividad mucho más constitucional”. “En eso sí tendría que poner esfuerzo”, ha dicho.

En este sentido, ha señado que el hecho de que no haya presupuestos generales le costó el año pasado al Gobierno de La Rioja un millón de euros en créditos por no contar con las entregas a cuenta, y este año le costará dos millones de euros. Y ha criticado, sobre todo, que se hayan recurrido ante el Tribunal Constitucional las ayudas fiscales al mundo rural (al considerar que no es competencia autonómica), algo que “a ningún riojano que viva en el mundo rural le hará gracia”. En definitiva, ha dicho, “es poner obstáculos a que los riojanos se desarrollen con beneficios fiscales”, considerando que esto sí es “defenderlos” y el Gobierno central tiene “otras cosas que hacer que oposición al Gobierno de La Rioja y pleitear”.

Siete asociaciones feministas, la filósofa Amelia Valcárcel y el psicólogo José Errasti han expresado su rechazo al anteproyecto de Ley LGTBI aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por considerarlo una “aberración” desde el punto de vista político, filosófico, psicológico y clínico asistencial.

Las organizaciones Asamblea Feministas Asturianas, Asociación rapiegas, Asociación Sara Suárez Solís, Foro de Mujeres de El Llano, Forum de Política Feminista, Feministas Socialistas y Tertulia Feminista Les Comadres han iniciado una campaña de divulgación con el propósito de abrir a la sociedad el debate sobre la futura ley autonómica.

Las críticas

La filósofa Amelia Valcárcel y el psicólogo José Errasti han participado en un acto celebrado en la Escuela de Comercio de Gijón al que han asistido decenas de personas y en el que han fundamentado sus críticas al anteproyecto, que consideran innecesario porque ya existe una ley estatal.

La propuesta del Gobierno asturiano “no es adecuada para resolver los problemas de la disforia de género y apuesta por un tipo de intervención que se ha aplicado en otros países de Europa que ya lo están corrigiendo al haberse demostrado su ineficacia”, ha afirmado el psicólogo José Errasti.

Una ley “innecesaria”

Valcárcel ha dicho que el anteproyecto “se parece como un hermano gemelo a otros que se han presentado en diversas comunidades en un proceso que denota una carrera de autonomías”.

“Esta ley no es necesaria porque existe una ley estatal, que probablemente tenga que ser reformada porque da lugar a cosas incomprensibles, y además se presenta blindada al debate”, ha destacado la filósofa.

Consecuencias “negativas”

Además, ha dicho que se busca “abrir un proceso de debate público, que los legisladores sepan lo que van a votar, porque no es normal que una ley diga que no hay dos sexos sino que el sexo es un espectro, contrariando los principios de la biología”.

Errasti ha considerado que el texto propuesto “malentiende la naturaleza del sexo, lo confunde con estereotipos sexuales y tendrá consecuencias negativas en jóvenes que van a poder tomar decisiones a edades en las que no se les permite tomar una cerveza”.

La futura ley autonómica

“Es un despropósito tanto conceptual como clínico asistencial porque se permitirán tomar fármacos que no están aprobados para esos efectos”, ha destacado el psicólogo.

La futura ley LGTBI autonómica “obedece al interés por mostrar ciertas sensibilidades que se venden como progresistas” en un contexto en el que los jóvenes con disforia de género se han convertido en armas arrojadizas entre la izquierda y la derecha“, ha añadido. 

El Parlament balear ha vivido un nuevo rifirrafe a cuenta de la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma que PP y Vox quieren enmendar con decenas de correcciones que, de incorporarse, permitirán reformar de forma encubierta más de 50 leyes autonómicas, alterando con ello el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Durante el pleno de este martes, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), de ser “la pequeña Trump” de las islas por “menospreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas” y utilizar “la puerta falsa” para colar modificaciones legislativas que, según ha recordado, los letrados de la Cámara habían cuestionado inicialmente.

El enfrentamiento se enmarca en la tramitación de un proyecto de ley, el de proyectos estratégicos, que inicialmente fue impulsado como decreto ley para agilizar inversiones, pero que durante su paso por el Parlament se ha convertido en una herramienta para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Entre los ámbitos afectados figuran cambios en la legislación sobre medio ambiente, la lengua catalana, la función pública, la educación, las políticas sociales o la protección de Menorca como Reserva de la Biosfera.

Según ha denunciado Castells, el PP ha registrado 87 enmiendas que afectan a 47 leyes, mientras que Vox ha presentado otras tantas que modifican al menos nueve normas más. Para Castells, este procedimiento supone un “maremágnum” que permite introducir cambios de gran calado “de forma encubierta” y sin el debido control parlamentario.

“Usted es una imitadora de Trump y pueden pensar que a los ciudadanos esto no les afecta, pero les afecta mucho, porque cuando ustedes desprecian las capacidades que los diputados tenemos de controlar sus políticas, lo que hacen es despreciar el papel político de la gente que nos vota, que son muchas decenas de miles de ciudadanos”, ha enfatizado el diputado ecosoberanista, quien a instado a Prohens, “por la salud democrática de nuestras islas”, a que “deje de despreciar el funcionamiento de las instituciones democráticas y que deje de decir unas cosas para hacer exactamente las contrarias”.

Por su parte, Prohens ha rechazado de forma tajante estas acusaciones y ha defendido la legalidad del procedimiento. Ha recordado que el decreto fue convalidado por el pleno y que su tramitación como ley permite precisamente la presentación de enmiendas por parte de todos los grupos.

“¿Me está diciendo que el registro del Parlament es una puerta de atrás?”, ha replicado la presidenta, insistiendo en que todas las iniciativas se han presentado “de forma pública y accesible”.

Lejos de rebajar el tono, el debate ha derivado en reproches mutuos. Castells ha acusado al Ejecutivo del PP de “cinismo” por criticar prácticas del Gobierno central que, a su juicio, replica en Baleares “corregidas y aumentadas”. Prohens ha contraatacado señalando contradicciones del propio diputado menorquinista, recordando enmiendas presentadas por él en anteriores legislaturas para modificar leyes ajenas a los textos en tramitación.

La ley de proyectos estratégicos ha sido severamente cuestionada por la oposición de izquierdas por diluir el debate parlamentario mediante unas enmiendas que nada tienen que ver con la norma. No en vano, el reglamento de la Cámara balear, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido el apoyo del PP regional a la reactivación de la carrera profesional sanitaria, “que deje el cabreo y se sume” al acuerdo que han suscrito este lunes el Gobierno de Castilla-La Mancha y los representantes sindicales.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha anunciado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE que el Grupo Parlamentario Socialista va a llevar a las Cortes regionales una iniciativa para conseguir el apoyo del PP y pedir al Gobierno regional que apruebe esta Ley cuanto antes.

Ha recordado que el PP eliminó la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha, y ha estado 11 años, “diciendo día sí y día también que hay que recuperarla, pero hoy, cuando el Gobierno de esta región y los sindicatos se reúnen para firmar y acordar la recuperación, hoy no tiene nada que decir”, solo demostrar que les molesta. Considera que el único mensaje que tendría que haber tenido hoy el PP es que se comprometen a apoyarla.

En este punto, Abengózar ha reclamado a los 'populares' “que dejen ese cabreo a un lado y que se sumen a remar a favor de Castilla-La Mancha y, en este caso, del servicio público de salud”, que de verdad se comprometan a favor de los profesionales sanitarios, porque, hasta ahora, lo único que han demostrado es “pura hipocresía”, en todas sus declaraciones, ha lamentado.

“Hipocresía cuando decían que querían recuperar la carrera profesional sanitaria y hoy, sin embargo, muestran cabreo; hipocresía cuando hablan de corrupción, pero Castilla-La Mancha fue el epicentro de la 'Kitchen' con Cospedal; hipocresía cuando hablan y critican la regularización de inmigrantes, y tenemos a dos concejales del PP promocionando esa regularización y lucrándose de ella. Esta es la hipocresía constante del PP, hablemos del asunto que hablemos”, ha criticado.

Los socialistas dicen que hoy es un “día histórico”

Abengózar ha aseverado que hoy es un “día histórico” para la sanidad pública regional, y ha recalcado que con la carrera profesional sanitaria se culmina la recuperación del sistema público de salud que lleva realizando desde hace 11 años el Gobierno del presidente Page.

Un Gobierno “empeñado” en recuperar servicios, en recuperar derechos, en recuperar todo lo recortado y suprimido en la época del PP, ha apuntado.

Así, ha concluido, hoy hay 13.000 profesionales más, con mayores derechos laborales, hay mejor tecnología, hasta cinco hospitales públicos nuevos que el PP eliminó de su planteamiento, y una mayor cartera de servicios.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha manifestado este lunes que se niega a que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sea como el Estatuto de Bayona, “un estatuto impuesto, cercenado por las Cortes Generales y manipulado”.

“Lo que no se permitiría para Cataluña, para Andalucía, para el País Vasco o para cualquier comunidad autónoma, no se debe permitir para Castilla-La Mancha”, ha apostillado Bellido en Toledo durante la inauguración de las XVII Jornadas de Derecho Parlamentario celebradas en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Su posición personal --ha abundado-- es que el Estatuto de Castilla-La Mancha debe ser aprobado con las correcciones que los constitucionalistas establezcan para ajustar las cuestiones competenciales oportunas y para respetar evidentemente el marco estatal en su totalidad.

“Nosotros no hemos querido provocar en ningún caso” y “nadie espera en la Comisión Constitucional ni en el Congreso de los Diputados que el Estatuto de Castilla-La Mancha suponga cercenar las competencias del Estado como sí ha ocurrido en otros estatutos”.

Dicho esto, y “salvando estas cuestiones que evidentemente son técnicas y que deben ser muy pulcras”, ha apuntado que “ha de respetarse lo que se aprobó en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha y sobre todo lo que fue confeccionado con la participación de los principales poderes sociales y representativos de Castilla-La Mancha, además de los partidos políticos”.

Por eso, ha confiado en que “en algún momento podamos tener un magnífico Estatuto de Autonomía a la altura del resto de comunidades autónomas y aprobado por amplísimo consenso”. “Si hemos sido capaces de darle trámite y de iniciar el debate, debemos ser capaces de concluirlo satisfactoriamente y sin traicionar lo que en Castilla-La Mancha es un deseo y es la voluntad mayoritaria del pueblo de esta tierra”, ha apuntado el presidente de las Cortes regionales.

Durante su intervención, Bellido ha dicho que es “la quinta, pero más sustancial” reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y cuenta de origen con el 90% de consenso entre los representantes de la sociedad de Castilla-La Mancha. “No solamente es que haya un gran consenso político, sino también un enorme consenso social”.

“Es el Estatuto de la sociedad de Castilla-La Mancha”

“Se puede decir sin exagerar que es el Estatuto de Castilla-La Mancha de la sociedad de Castilla-La Mancha, el que desea la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha subrayado.

Entre sus principales novedades, ha citado, aparece un blindaje de servicios públicos muy ligados a los servicios esenciales y al mundo rural, “una defensa de nuestros recursos hídricos”, y también por medidas ligadas a la accesibilidad y a la extensión de nuevos derechos, como la protección de las víctimas de violencia machista o aportaciones muy novedosas en el marco constitucional, como la primera referencia a la inteligencia artificial.

Ha rememorado que el asunto que ahora mismo impide que este Estatuto de Autonomía haya sido aprobado y que permanezca en este preciso instante congelado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es el número de diputados para 2031. En el mismo se aumenta el número de diputados para situarlo en torno “a 50 y tantos”, muchos menos que por ejemplo en Castilla y León, en Aragón o en Extremadura.

“Todos los partidos políticos han asumido que en Extremadura, por ejemplo, se hayan elegido 66 diputados”, que es el doble de los actuales de Castilla-La Mancha. “Esto mismo ocurre con Aragón, que también ha elegido 67 diputados, con 1.400.000 habitantes”, mientras en Castilla-La Mancha, con 2.100.000, “tenemos 33”, ha dicho.

Dicho todo esto, ha querido hacer hincapié en que el Parlamento de Castilla-La Mancha es “con mucha diferencia” el Parlamento “más infrarrepresentado de todo el país” y además “se hizo por una decisión unilateral”, ha criticado.

“Era razonable que una decisión unilateral haya sido revertida por una decisión colegiada, compartida, pero bueno, parece que lamentablemente esto no va a ocurrir, salvo que al final del ciclo electoral de 2026 haya una rectificación por parte de quien aquí votó una cosa, aquí aportó una cosa y ahora en Madrid dice la contraria”, en referencia al Partido Popular de la región.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa grave y progresiva que afecta al sistema nervioso, concretamente a las neuronas motoras, que son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Hace ya año y medio que se aprobó el Real Decreto para financiar la nueva ley ELA en España, destinada a la cobertura y atención de enfermedades neurodegenerativas que van más allá de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le da nombre, principalmente aquellas que produce atrofia muscular progresiva.

Pasado el tiempo, ahora la implementación de esta normativa depende de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Sanidad. Las administraciones autonómicas son responsables de gestionar los servicios sociales y sanitarios para hacer efectivas las ayudas públicas.

Concretamente, deben adaptar el marco nacional de dependencia notificando al Ministerio de Derechos Sociales las solicitudes reconocidas para activar las prestaciones. Y el despliegue de las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros mensuales para cuidados intensivos durante 24 horas, se financia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Esto quiere decir que la norma establece un marco obligatorio para todas las administraciones públicas con el objetivo de mejorar la atención especializada, pero su efectividad real está vinculada a la gestión autonómica.

Castilla-La mancha andaba rezagada, respecto a otras regiones, en la publicación de nuevas ayudas, pero finalmente, el pasado mes de marzo, la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria aprobó una línea de subvenciones para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. En total, ha destinado medio millón de euros y la cuantía a conceder será de 4.000 euros por persona beneficiaria.

Hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida

“Esta enfermedad, además de suponer una carga de cuidados muy importante para las familias, supone también un coste económico elevadísimo porque son muchos los cambios y los apoyos técnicos necesarios, que además se suceden muy rápidamente por lo que hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida”, argumenta el Gobierno regional.

Castilla-La Mancha cuenta con tres consultas específicas de ELA (Talavera de la Reina, Toledo y Albacete) en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y una Unidad Específica de ELA, ubicada en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Se estima que alrededor de 150 personas sufren ELA en la región, además de otras enfermedades contempladas en la nueva ley. Entre ellos está Álvaro Llave, de 34 años. Es vecino de Valdeverdeja, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo con apenas 600 habitantes, bajo el área de influencia de Talavera de la Reina, a 40 kilómetros.

Tiene Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) que le fue diagnosticada al año y medio de su nacimiento. Se trata de una enfermedad genética rara y degenerativa, ligada al cromosoma X, que provoca debilidad muscular progresiva. Causada por la falta de distrofina, los síntomas aparecen antes de los 6 años, incluyendo retraso motor, caídas frecuentes y dificultad para levantarse.

Actualmente, Álvaro está en silla de ruedas y necesita atención durante todo el día. De esa labor se encarga su madre, Elena, de 55 años. Y debido a ello, esta última no puede acceder a un empleo con una jornada completa de ocho horas. No puede dejarle solo tanto tiempo.

Su enfermedad es degenerativa y que le obliga a depender constantemente de otra persona para realizar tareas básicas. “Para moverme, vestirme, cambiar de postura, ir al médico o cualquier cosa básica del día a día, necesito la ayuda constante de otra persona”, relata.

Acaba de solicitar las ayudas recién aprobadas en Castilla-La Mancha, pero afirma que las necesitaba “para ayer” o “para hace diez años”, porque ahora “entraremos en varios trámites que se alargarán en el tiempo y será volver a esperar y esperar”. De hecho, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de estas ayudas es de seis meses desde la presentación de la solicitud de subvención.

Si tuviera ya esa ayuda, podría disponer de dos personas que, de forma rotatoria, pudieran atenderle en casa y que todos los cuidados no recayeran sobre su madre. “Porque también hay que cuidar al que cuida”, defiende.

“Mi madre no puede tener un trabajo estable porque tiene que dejarlo todo para cuidarme. Y creo que también merece poder trabajar y tener un poco de aire”, explica.

Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos

Le indigna que en otras comunidades autónomas ya se hayan aprobado y concedido esas ayudas, generando importantes diferencias entre autonomías. “Los cuidados dignos no deberían depender del código postal”, denuncia ante este medio.

Es el motivo por el que ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para contar con más recursos para sus cuidados, además de una petición agilizar la prestación de ayudas para la asistencia personal y el apoyo a las familias, y que cuenta ya con más de 50.000 firmas. 

Álvaro nunca ha recibido ninguna ayuda pública. “Yo antes era un poco más independiente, pero la enfermedad avanzó y ahora estoy más en casa. Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos”, resalta.

Insiste en que el retraso en la activación de la ley tiene consecuencias directas en su vida y en la de su familia: “Unos meses de espera suponen mucha diferencia. Necesito tener ya un poco más de independencia para mí”. Subraya que no se trata de privilegios, sino de “derechos básicos, cuidados dignos y apoyo a las familias que conviven con la dependencia”.

Álvaro concluye su llamamiento recordando que esta situación puede afectar a cualquier persona: “Nadie elige necesitar cuidados para vivir, pero cualquiera puede necesitarlos algún día”.

Una atención “coordinada, integral y centrada en la persona”

Precisamente, coincidiendo con la publicación de las ayudas en Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina acogió en marzo las V Jornadas 'ELA en Castilla-La Mancha' para avanzar en la atención integral a las personas afectadas. Se celebraron en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina organizadas por la Asociación ELA CLM-AdELAnte, bajo el lema 'La ELA no se puede curar, pero sí se puede cuidar'.

El encuentro, reconocido de interés sociosanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, reunió a profesionales sanitarios, sociales, responsables institucionales y entidades del ámbito de la ELA con el objetivo de seguir avanzando hacia un modelo de atención “coordinada, integral y centrada en la persona”.

En este evento participaron representantes institucionales de la Diputación de Toledo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Gerencia de Atención Integrada y de la propia asociación organizadora.

En tres mesas de trabajo, se abordaron aspectos clave para la mejora de la atención: el funcionamiento, circuitos y modelo asistencial de la Unidad de ELA del Hospital de Talavera, la ruta asistencial de los pacientes, poniendo el foco en la coordinación sociosanitaria, y también los avances de la ley ELA y su desarrollo normativo, con el objetivo de trasladar el marco legal a la realidad concreta de las personas y sus familias.

Desde la Asociación ELA CLM-AdELAnte destacaron la necesidad “construir una respuesta más eficaz, humana y adaptada a las necesidades” de las personas con ELA u otras enfermedades neurodegenerativas, especialmente en territorios como Castilla-La Mancha, “donde la dispersión geográfica añade complejidad a la atención”.

Mientras tanto, Álvaro sigue esperando. Es muy activo en redes sociales y afirma que no dejará luchar por mejorar su situación mientras pueda hacerlo. Insiste en que es “una cuestión de dignidad” para él y para su madre, y en que a ello dedicará todas sus fuerzas.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja “por invadir competencias estatales” y suspende varios de sus artículos.

En concreto se refiere a los artículos 13.3, 14, 22.3, 23.6, 24 y 28 y disposición transitoria segunda de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, únicamente en tanto que resulten de aplicación a las actuaciones de competencia estatal.

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los citados artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (1 de abril de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En su demanda, el Gobierno central sostiene que los preceptos impugnados podrían menoscabar las competencias estatales con incidencia territorial previstas en los artículos 149.1, 20a, 21a, 22a y 24a de la Constitución, así como la competencia estatal sobre legislación básica en materia de medio ambiente del artículo 149.1.23a.

La Asamblea Nacional francesa comienza este jueves dos jornadas de debates alrededor de una controvertida proposición de ley destinada a “luchar contra las nuevas formas de antisemitismo”. Presentada por la diputada centrista Caroline Yadan (Renacimiento) y respaldada por el Gobierno, el texto prevé endurecer las sanciones por los delitos de incitación y apología del terrorismo.

De aprobarse bajo su redacción actual, añadiría a la legislación francesa el delito de “instar públicamente a la destrucción de un Estado reconocido por la República Francesa, en desconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación y de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

La proposición fue presentada con el apoyo y la firma de más de 100 diputados, fundamentalmente del bloque macronista y de la derecha de Los Republicanos, y se prevé que cuente con el voto favorable de la extrema derecha.

También contó con la firma de dos diputados socialistas, incluido el expresidente François Hollande, pese a que el secretario general de su partido, Olivier Faure, ha anunciado esta semana que su grupo votará en contra.

La proposición de ley amplía, además, los citados delitos de apología y de incitación al terrorismo, al establecer que pueden cometerse “incluso de forma implícita” y también al considerar actos de terrorismo “delitos y faltas de colaboración con el enemigo, incluso si estas no han dado lugar a la condena de sus autores”.

Yadan es diputada elegida en una de las circunscripciones en las que votan franceses residentes en países extranjeros (su circunscripción incluye, entre otros, a Israel). Abandonó el grupo parlamentario de diputados macronistas el año pasado, como protesta por el reconocimiento del Estado Palestino por parte de Emmanuel Macron, aunque continúa sentándose en el mismo banco con estatus de diputada asociada.

Ha afirmado que su proposición servirá, entre otras cosas, para impedir que se presente “impunemente” a Hamás como “un movimiento de resistencia”, una expresión que la diputada insumisa Danièle Obono utilizó en una entrevista en 2023 (otros miembros de Francia Insumisa evitaron utilizar esos mismos términos).

¿Prohibido decir 'desde el río hasta el mar'?

El texto aspira asimismo a sancionar a quienes, “independientemente de cómo se formule”, procedan a “negar, minimizar o banalizar de forma exagerada la existencia de crímenes contra la humanidad, genocidios, etc.”. Según su impulsora, esto puede traducirse en la prohibición de publicar “en las redes sociales una bandera nazi acompañada de una estrella de David”, algo que considera una “banalización excesiva” del Holocausto.

La formulación de muchos de los enunciados de la ley plantea múltiples dudas sobre qué declaraciones u opiniones pueden constituir un delito. Desde 2023, los tribunales franceses tramitan múltiples causas alrededor de posibles comentarios sobre el conflicto palestino-israelí, tratando de juzgar si son susceptibles de ser considerados discurso de odio, y una nueva ley podría añadir un gran número de nuevos casos.

De hecho, uno de los principales puntos de debate reposa sobre la imposibilidad de predecir cómo la nueva ley puede impactar en las sentencias o cómo los jueces deberán analizar múltiples interpretaciones posibles de una misma afirmación. Una incertidumbre que no ha impedido a otro diputado macronista, Sylvain Maillard, asegurar que, si se aprueba el nuevo texto “estará prohibido decir ‘desde el río hasta el mar”, un lema frecuente empleado por activistas propalestinos y los propios palestinos.

Desde 2023 la legislación en vigor en Francia contra el antisemitismo ya ha sido utilizada por las autoridades como justificación para prohibir ciertas protestas y conferencias en torno a la causa palestina. Entre ellas, varias acciones de apoyo a Gaza en universidades y varios actos de la eurodiputada de Francia Insumisa Rima Hassan, contra la que la fiscalía ha iniciado varias investigaciones por sus declaraciones y su actividad en redes sociales.

Vínculo entre antisionismo y el antisemitismo

Por otro lado, la proposición de ley, en su exposición de motivos, establece un vínculo directo entre el antisionismo y el antisemitismo. “El odio hacia el Estado de Israel es consustancial al odio hacia los judíos”, afirma. “El llamamiento a la destrucción de este Estado, por constituir una comunidad de ciudadanos judíos, es una forma encubierta de atacar a la comunidad judía en su conjunto”.

En los últimos meses, diferentes protestas y tribunas en prensa han reaccionado al anuncio de la proposición de ley denunciando la voluntad de criminalizar cualquier crítica a Israel y de limitar la libertad de expresión bajo la amenaza de sanciones económicas o penales (la provocación a cometer crímenes y delitos puede suponer penas de hasta cinco años de prisión y 45.000 euros de multa).

En enero, un colectivo de más de un centenar de personalidades del mundo universitario publicó un texto en el diario Le Monde criticando, entre otros elementos, esa equivalencia entre antisemitismo y antisionismo. “No se trata de una confusión fortuita, sino de una amalgama deliberada destinada a censurar los discursos críticos contra el Estado de Israel y su política”.

Desde un punto de vista jurídico consideran la proposición de ley inadaptada a la realidad del antisemitismo en Francia. “Al tratar el antisemitismo como una categoría aparte, separada de los principios generales de la legislación contra la discriminación, el legislador corre el riesgo de fomentar una jerarquización de las discriminaciones y una competencia memorial que sean perjudiciales para la universalidad de la lucha contra el racismo”.

En esa misma línea la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) francesa ha alertado sobre los riesgos que este texto puede suponer tanto para la libertad académica como para la libertad de expresión.

Repunte de actos antisemitas desde 2023

La CNCDH considera que la ley no aporta herramientas jurídicas que mejoren las actuales. De hecho, interrogada en enero ante la comisión de leyes de la Asamblea en este punto, la propia Caroline Yadan no pudo ofrecer ningún ejemplo concreto de una declaración que actualmente no esté sancionada por la ley y que su texto permitiría tipificar como delito.

No obstante, la CNCDH sí se mostró favorable a la movilización del Estado para luchar contra el antisemitismo, ante el “innegable” aumento de los actos antisemitas en Francia desde el 7 de octubre de 2023 (los datos del Ministerio del Interior francés reflejan un importante repunte en 2023 y 2024, seguidos de un descenso en 2025).

De la misma forma, los especialistas universitarios de la citada tribuna publicada en Le Monde señalaban en el texto que esa lucha “constituye un imperativo democrático” fundamental y que los debates alrededor del antisemitismo forman parte de la historia nacional francesa, marcada por acontecimientos como el caso Dreyfus o la participación del régimen de Vichy en la deportación de judíos.

“Esta singularidad histórica exige una vigilancia constante y una mayor responsabilidad por parte de los poderes públicos; sin embargo, no puede justificar la adopción de medidas jurídicas que pongan en peligro nuestras libertades”.

Una tramitación que se anuncia compleja

El impacto de los atentados del 7 de octubre y de los bombardeos en Gaza en la opinión pública francesa y en el debate político nacional son una cuestión particularmente sensible en Francia, que cuenta con las comunidades judía y árabe más importantes de Europa. De hecho, ha sido el elemento elegido por varias de las campañas de desestabilización extranjera registradas en territorio francés en los últimos años.

En este contexto, además del estado de crispación en los debates en la Asamblea Nacional en los últimos años, las discusiones parlamentarias sobre esta cuestión se prevén agitadas y el resultado de la tramitación del texto, incierto.

Francia Insumisa, directamente señalada por los autores de la ley, ha pedido su retirada y si se mantiene votará en contra. También lo harán la mayoría de los diputados socialistas (Hollande afirmó que votará a favor “si el texto se enmienda”).

Por otro lado, la proposición ha creado malestar en el bloque de centro, que ya viene dividido de los últimos votos en la Asamblea. El grupo MoDem, uno de los partidos que apoya al Gobierno, había sugerido una retirada temporal de la proposición de ley, al considerar que la coyuntura internacional no era adecuada para mantener “debates serenos”. Finalmente, el partido anunció que no votará a favor, lo que deja dudas sobre su posible aprobación en la Asamblea.

Una petición en línea en la que se instaba a los diputados a votar en contra rozaba el martes las 700.000 firmas. Y esta semana varios cientos de estudiantes se movilizaron y ocuparon varias facultades de París para exigir “la retirada del proyecto de ley Yadan y el fin de la represión del movimiento estudiantil pro-Palestina”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha modificado su estructura orgánica para incorporar entre sus departamentos a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. El cambio es fruto de la reciente decisión del Ejecutivo regional eliminar su condición de organismo autónomo, tal y como se anunció a finales de 2025.

Ahora se integrará en este departamento del Gobierno regional, tras la aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento, que recoge esta circunstancia.

La Agencia del Agua pasa a ser la Dirección General del Agua que ostentará Montserrat Muro, directora hasta ahora del organismo. Una medida que el Ejecutivo regional justifica en la necesidad de “mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico”.

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha fue inicialmente creada mediante la Ley 6/2009, de 17 de diciembre y posteriormente derogada por otra norma, la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que reguló nuevamente su régimen jurídico y funcional.

La modificación también incluye la incorporación del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha a la estructura de la Consejería de Desarrollo Sostenible como órgano colegiado

¿Cuáles serán sus funciones?

Más allá de las funciones generales de esta nueva Dirección General del Agua, como cualquier otra dentro de la Consejería de Desarrollo Sostenible, asume más competencias específicas.

Deberá programar, ejecutar y explotar las obras hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo las relativas a abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general.

También se ocupará de ejecutar y explotar obras de titularidad del Estado que tenga encomendadas la comunidad autónoma. Por ejemplo, la conocida como tubería manchega, que llevará agua del río Tajo a la provincia de Ciudad Real, ya en la cuenca del Guadiana.

Deberá desarrollar programas, ordenar y proteger los recursos hídricos competencia de la comunidad, y otros a realizar en coordinación con la planificación hidrológica del Estado.

Se arroga la competenica de elaborar un censo de los aprovechamientos de las aguas subterráneas y superficiales que afecten a la región, en coordinación con los organismos de cuenca y también la propuesta para nombrar a los representantes autonómicos en los órganos de la Administración hidráulica del Estado.

Gestionará las solicitud de autorizaciones, concesiones y reservas de recursos hídricos, que le reconozca la legislación de aguas y emitirá informes en los procedimientos de autorización de contratos de cesión de derechos de uso de aguas o de concertación interadministrativa.

Otra de sus funciones será la de inspección y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, que sean de su competencia, en particular las relativas a caudales circulantes, vigilancia y control de la calidad de las aguas, vertidos y contaminación.

Gestionará el canon medioambiental del agua

Esta dirección general también se ocupará de gestionar, recaudar y adeministrar los recursos económicos que le atribuye la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Entre esos recursos se encuentra el canon medioambiental del agua (o canon DMA, asociado a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea), un tributo propio de Castilla-La Mancha que entró en vigor el 1 de enero de 2025.

El decreto que regula la nueva estructura entra en vigor mañana 16 de abril.

Los socialistas riojanos lamentan que el Gobierno de La Rioja lleve tres años sin legislar en materia social. El último ejemplo, el rechazo a tramitar la Proposición de Ley del Tercer Sector. El secretario general del PSOE, Javier García, ha recordado que el pasado 18 de marzo el Grupo Parlamentario Socialista “registró ante la Cámara una Proposición de Ley del Tercer Sector de Acción Social”. Se trata “de un anhelo de todas las entidades, tal y como nos lo trasladaron en todas las reuniones que hemos mantenido con ellas en los últimos meses”. García ha lamentado que, transcurrido el plazo reglamentario, el Gobierno de La Rioja “haya emitido criterio desfavorable a esta iniciativa”. Estamos ante “una postura inexplicable que supone un jarro de agua fría para el sector”.

García ha afirmado que este texto propuesto por el PSOE “recogía lo mejor de las leyes que ya existen en otras comunidades autónomas, y nos daba la oportunidad de finalizar el mandato con una Ley autonómica del Tercer Sector”. Así, con esta Proposición de Ley “pretendíamos consolidar la Mesa del Diálogo Civil, elaborar un Plan estratégico de impulso y promoción de las entidades del Tercer Sector Social en La Rioja o la creación del Observatorio Riojano del Tercer Sector”.

El líder de los socialistas ha denunciado que Capellán “ha dicho no a todo esto”. Y lo más grave, “además de rechazar sistemáticamente las ideas de la oposición, tenemos un Gobierno que no proponte absolutamente nada y que lleva tres años sin legislar en materia social y sin desarrollar leyes aprobadas en el mandato anterior, leyes como la de familias monoparentales, la de igualdad, la de accesibilidad, la de salud mental, la de juventud y la ley contra la Violencia de Género”. Javier García ha dicho que “resulta del todo inexplicable que el PP haya bloqueado, además, varias Comisiones de estudio en el Parlamento, como la del calzado, el sector vitivinícola, el sector primario o el acoso escolar”.

Tenemos, ha dicho García, “un Gobierno gris y un presidente que no hace nada por mejorar la calidad de los servicios esenciales que cuidan de los más vulnerables”. El Secretario General del PSOE ha asegurado que Capellán “es el presidente del no, un presidente que sigue instalado en el monólogo, en una mayoría absolutista y que es incapaz de impulsar medidas que beneficien a la mayoría social de las riojanas y riojanos”.

El número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas— han descendido un 20,4% en el último año, coincidiendo contra la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Esta nueva regulación incluye la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en este tipo de asuntos antes de iniciar cualquier proceso judicial. Fuentes del Ministerio de Justicia valoran que estas cifras evidencian que empieza a cumplirse el objetivo de reducir litigios y agilizar la tramitación de conflictos.

La ley establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. En el Ejecutivo defienden que con esta medida se pretende pasar de “una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo” que, además, permita reducir la carga de trabajo de los tribunales y que los ciudadanos vean resueltos sus conflictos de forma más ágil. 

La mediación es especialmente útil en asuntos que afectan a un gran número de personas y sobre los que el Tribunal Supremo ya ha fijado el criterio a seguir por el resto de instancias. Es el caso, por ejemplo, de las cláusulas suelo, las preferentes o los fraudes de las clínicas dentales 'lowcost'. Las primeras cifras muestran que la obligación de recurrir a la mediación ha reducido el número de asuntos que ingresan en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

Sin embargo, no es posible saber el número de estos conflictos resueltos fuera de los juzgados que han acabado en un acuerdo que ha evitado ir a los tribunales porque no existen datos oficiales. Sí hay algunas evaluaciones parciales como una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Madrid que apuntó a que solo un 10% de los intentos de mediación acababa en acuerdo. El estudio, elaborado por la revista de la entidad profesional, advertía de una fuerte dispersión de criterios judiciales que aumenta la inseguridad jurídica.

Oficina judicial  

Además de la obligación de la mediación para determinados asuntos, la ley de eficiencia incluye como principal novedad la sustitución de los antiguos 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo.

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas por elDiario.es apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones. Estas fuentes también apuntan que se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos. 

El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que, a pesar de las “incidencias puntuales” no hay “incidencias estructurales” o “problemas de base” y ponen en valor el documento realizado por el CGPJ, que basa en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. En el departamento que dirige Félix Bolaños afirman que entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de marzo, antes del periodo vacacional de Semana Santa, las vistas realizadas aumentaron más de un 3% y las vistas señaladas alrededor de un 6%.

En Justicia admiten, asimismo, que la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial está siendo desigual, aunque “dentro de un orden”. De hecho, consideran que es algo entendible teniendo en cuenta que hay 12 autonomías que tienen la competencia de Justicia transferida. Según el informe del CGPJ, mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

Izquierda Unida Castilla-La Mancha y Podemos han iniciado conversaciones para “construir una alternativa conjunta” que permita desbloquear el texto de un nuevo Estatuto de Autonomía, ahora varado en el Congreso de los Diputados, después de que el PP diese un volantazo en su pacto con el PSOE y se negase a dar su visto bueno a una horquilla en el número de diputados en las Cortes regionales entre un mínimo de 25 y un máximo de 55. Los 'populares' introdujeron una enmienda para dejar el tope en 35 diputados y diputadas y eso ha provocado que la reforma entre en vía muerta, según ha reconocido hoy mismo el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

Ante el panorama, IU y Podemos Castilla-La Mancha han acordado ofrecer una alternativa al PSOE. La propuesta para desbloquear la reforma se traduce en llegar a un máximo de 65 diputados, que permita “una mejor representación democrática” así como articular una mayoría en el Congreso de los Diputados frente a PP, y también a Vox que se ha negado desde el inicio a cambiar el Estatuto de Autonomía.

Lo ha anunciado hoy el coordinador de IU Castilla-La Mancha Pedro Mellado durante un acto en Ciudad Real. Ha explicado que, aunque la formación no considera que el número de diputados sea el principal problema de la comunidad autónoma, sí reconoce que la discrepancia sobre la horquilla de escaños se ha convertido en “el principal obstáculo” para avanzar en la reforma estatutaria.

En este sentido, Mellado ha señalado que Izquierda Unida ha iniciado conversaciones con Podemos para construir una alternativa conjunta que permita avanzar. “El objetivo es trasladar posteriormente esa propuesta al PSOE y articular una mayoría parlamentaria en el Congreso que deje atrás la oposición de Partido Popular y Vox”, ha comentado.

“Preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE retire la reforma

Desde IU han mostrado su “preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE valore retirar la reforma del Estatuto, tras las palabras de hoy del presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, una opción que, según Mellado, “no supone mantener la situación actual, sino dar un paso atrás” respecto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía, colectivos sociales, sindicatos y la universidad pública.

Como alternativa, en forma de enmienda al texto legislativo, Izquierda Unida plantea una horquilla que permita alcanzar hasta 65 diputados y diputadas en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta cifra, según ha defendido Mellado, situaría a la comunidad en parámetros comparables a otras autonomías con población similar, como Euskadi o Canarias, que cuentan con 75 y 70 representantes, respectivamente.

Para la organización, esta ampliación “no solo responde a criterios de proporcionalidad, sino que permitiría mejorar la representación democrática de una comunidad de más de dos millones de habitantes, evitando escenarios de infrarrepresentación como el actual”.

La propuesta, señala IU, busca acercar posturas entre las distintas fuerzas progresistas y facilitar una mayoría similar a la que sostiene al Gobierno de España, con el fin de sacar adelante la reforma antes de que finalice el año.

Finalmente, Mellado ha subrayado que el nuevo Estatuto debe incorporar avances sociales clave, incluyendo medidas en materia de vivienda y derechos de las mujeres, además de garantizar un sistema de representación “más justa, más plural y más acorde a la realidad de Castilla-La Mancha”.

El PSOE ha aprobado este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha la reforma de la ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico, que garantiza “la viabilidad y eficiencia de las oficinas de farmacia” y el “acceso equitativo” a este servicio en las zonas rurales.

En varias votaciones, en las que el PP y Vox se han abstenido o han votado en contra, las Cortes ha aprobado el dictamen ha emitido por la Comisión de Sanidad sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico.

Además, se han rechazado todas las enmiendas que mantenían el PP y Vox y que se han debatido en el pleno de este jueves, por lo que la modificación de la ley ha quedado finalmente aprobada.

¿En qué consiste la reforma?

La reforma contempla medidas como el farmacéutico regente, los depósitos en centros sociosanitarios o los botiquines provisionales, y prestará especial atención a las áreas rurales, suprime trabas burocráticas y garantiza un acceso seguro y equitativo a los medicamentos en toda la región.

En las zonas rurales o amenazadas de despoblación, se van a tomar medidas como la flexibilización de la distancia mínima entre pueblos menores de 1.500 habitantes, o facilitar la dispensación no presencial de medicamentos.

Asimismo se regulan los requisitos de la radiofarmacia, y se establece la posibilidad de crear servicios de farmacia dentro de los centros penitenciarios, o depósitos de medicamentos vinculados al Sescam en los centros sociosanitarios.

La nueva normativa también contempla más claridad en la planificación y en la transmisión de las farmacias y respecto a quién puede dispensar medicamentos veterinarios.

Durante el debate, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha reclamado que la reforma cuente con el apoyo unánime de la cámara, ya que garantiza “la viabilidad y eficiencia de las oficinas de farmacia” y el “acceso equitativo” a este servicio en las zonas rurales.

Fernández Sanz, que ha agradecido la presencia en el pleno de los representantes de los colegios farmacéuticos, con los que la Junta ha trabajado en esta modificación, ha defendido que “se ajusta a la realidad de nuestra región de la mejor manera”.

PP y Vox defienden sus enmiendas

Durante el debate del dictamen, los parlamentarios del PP y de Vox han defendido las enmiendas que han mantenido, después de que la comisión rechazara 29 del grupo popular y las 12 que presentó Vox.

El parlamentario del PP Juan Antonio Moreno Moya ha asegurado que la región está perdiendo una “oportunidad histórica” para avanzar en la ordenación del servicio farmacéutico, ya que, en su opinión, la reforma planteada por el Gobierno no es ambiciosa.

“Claro que se avanza un pasito, pero se podían haber avanzado 50 pasitos en el día de hoy”, ha considerado.

Moreno Moya ha criticado que no se haya tenido en cuenta un dictamen del Consejo Consultivo que “cuestiona” su tramitación y ha rechazado la falta de memoria económica, en lo que ha calificado como “una chapuza tras otra” de la Junta.

Además, ha advertido que “no es una ley técnica como aquí se ha venido a vender” sino que “hay decisiones políticas”.

En su intervención, el portavoz de Vox, Iván Sánchez, ha criticado que “la forma de legislar” esta ley “no es la más adecuada” porque incluye “32 modificaciones en un único artículo” y ha afirmado que las enmiendas presentadas por Vox tienen como objetivo “reforzar los derechos” de los profesionales.

Sánchez, que ha asegurado que las modificaciones planteadas por Vox son “técnicas” y no tienen ningún “matiz político”, ha insistido en incluir, entre otras cuestiones, una garantía explícita de la objeción de conciencia para los farmacéuticos.

Por su parte, el presidente del grupo socialista en las Cortes, Ángel Tomás Godoy, que ha sido el encargado de defender ante el pleno el dictamen de la comisión, ha alertado que los posicionamientos de Vox buscan “generar un problema” en la región y ha acusado a este partido de buscar “crispación continua”.

Respecto a la postura del PP, ha asegurado que “el esfuerzo negociador” para tratar de pactar esta reforma lo ha hecho el PSOE y ha acusado a los populares de evitar acuerdos con los socialistas “presa del pánico” por las encuestas que indican un posible avance electoral de Vox.

En este sentido, ha afirmado que varias enmiendas de los populares tenían “razón”, pero ha advertido que el PP “no es de fiar”.

El PP i Vox han reactivat desenes d'esmenes amb què pretenen reformar d'amagat més de 70 normes de Balears i alterar l'actual model lingüístic, educatiu i social de les illes. Si no hi ha canvis -ambdues formacions compten amb majoria parlamentària per tirar-les endavant-, les correccions seran incorporades a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma el contingut de la qual no té res a veure amb els canvis que volen fer i que tant conservadors com extrema dreta han convertit en instrument per modificar bona part de l'ordenament autonòmic balear. Es tracta d'un moviment que permetrà tramitar de forma conjunta modificacions de gran calat sense el debat específic que requeriria cadascuna d'elles per separat.

Ho ha anunciat aquest dimecres la vicepresidenta segona del Parlament balear, Mercedes Garrido, després de la Junta de Portaveus de la Càmera, on ha detallat el gir produït en la tramitació de la norma i l'abast de les esmenes en conflicte. En la seva intervenció davant els mitjans, la diputada socialista ha asseverat que el paquet impulsat pel PP i Vox introdueix importants canvis en múltiples àrees sense que cap dels dos partits hagi justificat la seva connexió amb la llei esmenada. No en va, el reglament del Parlament, en el seu article 124, estableix que les esmenes han de guardar relació material amb el text en tramitació, mentre que l'article 23 reconeix el dret dels diputats a exercir les seves funcions amb plenitud, cosa que inclou participar en un debat informat i ordenat de les lleis.

Si bé les correccions havien estat inicialment rebutjades per la Mesa de la Comissió d'Economia i Hisenda, tant populars com extrema dreta han acabat recuperant-les, rebutjant al seu torn bona part de les presentades pels grups d'esquerres. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, va anunciar en el seu moment que estudiarà portar les correccions al Tribunal Constitucional en considerar que s'estaria utilitzant una llei de caràcter econòmic per introduir canvis estructurals aliens al seu objecte i, potencialment, vulnerant garanties del procediment legislatiu.

Segons les estimacions de la formació ecosobiranista, un 70% de les esmenes no guarda relació alguna amb la llei d'acceleració de projectes estratègics i, de fet, una d'elles es traduiria en l'impuls “per la porta del darrere” “d'una nova llei” a la qual els grups no podran fer aportacions. Des del PSIB-PSOE, el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ja va advertir que les esmenes plantegen la modificació, sense informe previ, de fins a 74 lleis, decrets i ordres.

PP i Vox defensen, tanmateix, que les modificacions introduïdes responen a la necessitat d'agilitzar l'Administració i eliminar traves burocràtiques, negant que es tracti d'una maniobra irregular. Els populars presenten les seves mesures com a part d'una estratègia de simplificació administrativa orientada a reduir terminis i facilitar l'activitat econòmica i la prestació de serveis públics, mentre que el seu soci d'investidura apel·la a un discurs d'enduriment de les condicions d'accés a les polítiques públiques i reforç de l'ordre públic. En essència, ambdues formacions sostenen que l'ús d'esmenes és un instrument legítim dins del procediment parlamentari.

Política lingüística

Un dels blocs més rellevants d'esmenes incideix directament en la política lingüística. D'una banda, s'introdueixen canvis en educació i funció pública per a flexibilitzar l'exigència del català. La incorporació d'aquestes mesures permetrien eximir del requisit lingüístic en places de difícil cobertura, eliminar-lo en algunes categories laborals bàsiques de l'administració i obrir la porta a excepcions quan no hi hagi suficients aspirants amb el nivell requerit, una modificació amb impacte directe en el model d'accés a l'ocupació pública i en l'estatus de la llengua pròpia balear.

Així mateix, es pretén modificar la Llei de normalització lingüística -la norma que estableix el marc per a assegurar el coneixement de la llengua catalana- per a establir que els topònims de Balears tinguin forma oficial en castellà i català sense preferència entre ambdues, eliminant la prevalença de la llengua pròpia en la denominació oficial de llocs, trencant amb això el model lingüístic consolidat en la comunitat.

El paquet inclou també mesurades en matèria de seguretat que reforcen el paper dels cossos policials. Entre elles, els de Santiago Abascal proposen modificar la normativa de coordinació de policies locals per a permetre que els ajuntaments reservin fins a un 20% de les places de policia local a militars de tropa i marineria amb més de cinc anys de servei, així com l'autorització de l'ús de pistoles elèctriques (taser) com a equipament policial. També busquen introduir un canvi rellevant en l'accés als cossos policials municipals, en obrir les portes a una via específica per a perfils procedents de l'àmbit militar.

En l'àmbit social, Vox planteja una reforma profunda de la renda social garantida (resoga). L'esmena introdueix un requisit de tres anys de residència legal ininterrompuda en Balears, a més d'endurir les condicions de manteniment de l'ajuda: els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de treball, amb el risc de perdre la prestació en cas contrari. El PP, per part seva, proposa vincular l'actualització del resoga a l'IPC per a assegurar el manteniment del seu poder adquisitiu. També es reforcen els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques. Aquesta modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar el “efecte crida”.

Creació d'una oficina antiocupació

En paral·lel, en matèria d'habitatge, es proposa la creació d'una Oficina Antiocupació, un organisme administratiu orientat a assessorar, acompanyar i coordinar la resposta institucional enfront de l'ocupació il·legal. Encara que no tindria competències executives, la seva creació institucionalitzaria l'enfocament antiocupació dins de la política autonòmica.

El PP també ha presentat esmenes amb les quals pretén apuntalar una altra de les normes més controvertides de la legislatura a les Balears, la llei de liberalització del sòl, que permet legalitzar habitatges construïts de forma il·legal en sòl rústic en determinades condicions sota pretext, segons defensa el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar l'accés a l'habitatge. El text obre a més les portes a regularitzar centenars d'edificacions, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció de la Serra de Tramuntana, el pulmó verd de Mallorca declarat el 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Les correccions, a més, busquen ampliar l'ús de les declaracions responsables no només per iniciar activitats, sinó també per substituir documentació en nombrosos procediments administratius, evitant, com sostenen des del PP, que els ciutadans “hagin d'aportar repetidament documents que ja estiguin en el seu poder o la verificació dels quals es pugui fer posteriorment”. En la pràctica, aquest sistema permetria impulsar activitats sense necessitat d'autorització prèvia, traslladant el control a un moment posterior però reforçant el règim sancionador en cas d'incompliment.

Externalització de controls i agilització de llicències

Un altre dels punts passa per incorporar les entitats col·laboradores de certificació -com els col·legis professionals o les cambres de comerç- perquè puguin validar la documentació i els requisits tècnics amb eficàcia administrativa. Es tracta d'un model que, tot i amb la intenció de reduir temps de revisió, suposarà en la pràctica una externalització parcial de les funcions de control i una major agilització de llicències i tràmits en un context marcat per la creixent saturació turística i el debat sobre els límits del creixement a les Balears.

Les esmenes també arriben a àmbits professionals específics, com el dels Agents de la Propietat Immobiliària (API), a través de modificacions en la seva regulació. Els canvis plantejats afecten el marc d'accés i exercici de l'activitat, en línia amb l'objectiu declarat pel PP de simplificar tràmits i reduir càrregues administratives. En aquest cas, la reforma s'orienta a flexibilitzar els requisits i procediments vinculats a l'exercici de l'activitat immobiliària, introduint mecanismes que facilitin la incorporació de nous operadors i redueixin els controls previs en favor de sistemes de verificació posterior.

Les esmenes s'estenen a altres àmbits. En sanitat, es busca crear la categoria de psicòleg general sanitari en Atenció Primària amb l'objectiu d'intervenir en prevenció i atenció bàsica en salut mental. En comerç, preveuen modificar-se procediments d'autorització de grans establiments, reforçant el pes d'informes municipals i certificats urbanístics en la tramitació.