El Govern plantea rebajar la ley contra la especulación y permitir la compra de pisos si se dedican a “vivienda habitual”

El Govern da marcha atrás en la carrera para legislar contra la especulación inmobiliaria y pasa de prohibir invertir en vivienda a permitirlo, pero siempre y cuando los pisos adquiridos se dediquen a residencia “habitual y permanente”.

Esta es la propuesta del Ejecutivo catalán para desencallar la ley que prohibía la compra especulativa de vivienda, tal como ha avanzado el Periódico y ha podido confirmar elDiario.es. La ley original fue pactada el pasado julio, pero cayó debido a los votos en contra del PP y Junts y, además, recibió un revés del Consell de Garantías Estatutàries, que advirtió a Illa que la norma era contraria al derecho de la propiedad.

El texto nació de un pacto con los Comuns, esencial para que estos apoyaran los presupuestos de Illa, pero ahora ambas partes están encalladas en la negociación sobre el contenido de un nuevo texto que pueda pasar el filtro del Consell y del Parlament.

Inicialmente, el texto prohibía la compra de pisos a los grandes tenedores, a los que sólo se les permitía adquirir edificios enteros a condición de alquilar las viviendas como residencia habitual y a un precio limitado. En lo relativo a pequeños propietarios, estos también tenían vetada la compra de cualquier piso que no fuera destinado a vivienda habitual propia o de un familiar cercano, o para una segunda residencia.

Ahora la propuesta del Govern, a la que ha tenido acceso este medio, no incluye ninguna limitación a la cantidad de pisos que se pueden adquirir y, por contra, centra la cuestión en que estas se deban dedicar a vivienda habitual. Aun así, el texto incluye “excepciones” y permite que el nuevo comprador pueda no alquilar inmediatamente el piso cuando la vivienda esté sometida a un proceso judicial de desahucio o a las que estén siendo reformadas en el momento de la compra.

Estos dos supuestos son herramientas de inversión inmobiliaria que ya usan los grandes propietarios para adquirir viviendas por un valor por debajo del de mercado y alquilarlas después a un precio más elevado.

Otra diferencia entre la propuesta y el texto original se halla en la limitación de precios; si bien antes era obligatorio que, cuando un gran tenedor adquiriera una finca las viviendas siempre se alquilaran por debajo del tope marcado por el índice de precios, ahora esta restricción se aplica, “si fuera necesario”, a las zonas tensionadas.

Los Comuns han recibido con disgusto la propuesta del Govern, a quienes afean que hayan “reculado” en su intención de frenar la compra especulativa. “Es una rebaja respecto a lo que se había negociado”, han asegurado fuentes de la formación, en declaraciones a elDiario.es.

Si bien valoran positivamente la intención de blindar que las nuevas compras sean destinadas a uso residencial habitual y no al alquiler turístico, de temporada o de habitaciones, afean que esa es una cuestión que “ya se está hablando en otra ley”. Se refieren a la propuesta de norma, también pactada entre el Govern y los Comuns, para priorizar e intensificar la construcción de vivienda protegida. Por su parte, desde el Govern declaran que siguen trabajando para llegar a un acuerdo y que “el texto no está cerrado”.

Esta negociación se ha trasladado de los despachos a la sesión de control del Govern de este martes, donde la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha protagonizado un rifirrafe con Salvador Illa. La primera ha definido la nueva propuesta legislativa como “un apaño que no termina con el acaparamiento en pocas manos de la vivienda”, mientras que el president ha esgrimido su obligación de trabajar con “rigor” para que la ley no acabe impugnada por los tribunales.

En esta línea, cabe destacar que sólo quedan nueve días para presentar enmiendas ante el Consell de Garanties Estatutàries y, por el momento, parece que el acuerdo está todavía lejos. Por ello, los Comuns apuestan por volver a presentar la norma que se presentó en julio, mientras que el Govern prefiere que el nuevo texto cuente con “seguridad jurídica”.

Una vez cerrado el plazo para apelar, el 30 de octubre, la intención de ambas formaciones era volver a llevar la norma ante el Parlament durante las primeras semanas de noviembre, cosa que deja un calendario muy apretado respecto a las elecciones del 29-N, que ya estarán de por sí muy centradas en la vivienda.