LaLiga ha dado un paso más en su estrategia antipiratería. A partir de ahora, recompensará con 50 euros a cada persona que denuncie de forma “válida y efectiva” a los bares, restaurantes o casas de apuestas que emitan partidos sin licencia. La patronal dirigida por Javier Tebas, que fue multada por incluir un software espía en su aplicación oficial para intentar frenar estas retransmisiones en el ámbito de la hostelería, afirma que esta nueva iniciativa busca “reconocer” la “colaboración ciudadana”, “clave en esta lucha”.

La organización ha establecido una pauta visual sencilla para los informantes: si durante la retransmisión no aparece una letra “B” en los bares o una “A” en los locales de apuestas, el establecimiento no cuenta con la licencia necesaria y la señal se considera fraudulenta. Los ciudadanos que lo denuncien, recibirán los 50 euros una vez que se reciba la “confirmación técnica” de que la retransmisión era ilegal.

“El objetivo es doble: proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento”, asegura LaLiga.

“Todas las comunicaciones se tratan de forma confidencial y las denuncias son revisadas bajo criterios técnicos y objetivos antes de considerarse válidas o gratificables”, continúa el comunicado. La medida se suma a una infraestructura de vigilancia que ya incluye inspecciones presenciales y sistemas avanzados de monitorización.

También llega en medio de un clima de tensión por la maniobra que la patronal lleva a cabo para frenar la piratería doméstica. Cada fin de semana, cientos de servicios digitales y páginas web sin relación con las retransmisiones ilegales dejan de ser accesibles debido a los bloqueos que LaLiga ordena a los operadores de Telefonía. Estos, realizados con amparo judicial, le permiten tumbar grandes paquetes de datos que circulan por Internet si detecta una web pirata entre ellos.

La sentencia que consintió esta práctica recogía también que su puesta en práctica no debía “perjudicar a terceros”, motivo por el cual los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional. Las principales organizaciones de usuarios de Internet también han elevado una denuncia al Defensor del Pueblo, en la que protestan por la “intolerable pasividad” del Gobierno ante la situación.

El Ejecutivo, por su parte, recomienda a los afectados que recurran por la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

Una foto que ha escocido que ha escocido a los afectados. Las principales asociaciones de usuarios de Internet de España han reiterado este jueves ante el Defensor del Pueblo su queja por los bloqueos indiscriminados del tráfico de red instados por LaLiga, motivadas por un reciente acuerdo entre el Ministerio de Trasformación Digital y la patronal dirigida por Javier Tebas. El pacto, ratificado la pasada semana, pone en marcha diversas medidas para desarrollar un “ciberespacio confiable”.

“La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de 'colaboración', mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura y control de las redes en España”, denuncian la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet en un comunicado conjunto.

Las asociaciones denuncian la “intolerable pasividad” del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la situación, que se repite desde hace un año. Cada fin de semana, la patronal del fútbol ordena a los operadores censurar grandes paquetes de datos que circulan por sus redes si detecta que, entre ellos, circula una retransmisión pirata.

Debido al método de bloqueo, este provoca que cientos de webs y servicios digitales queden inaccesibles debido a esas emisiones ilegales, con las que no tienen ninguna relación. “Ni la Secretaría de Estado ni la CNMC han atendido las peticiones de los internautas ante los bloqueos de Internet que cada fin de semana ordena La Liga indiscriminadamente”, continúan las asociaciones: “Las han ignorado deliberadamente y tampoco actúan de oficio. El Gobierno prefiere mantener la impunidad de los ataques de denegación de servicio, los daños a terceros y la censura arbitraria de contenidos”.

El Gobierno recomienda la vía legal

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

LaLiga, por su parte, echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en paquetes de datos que se mueven juntos por la red. Con todo, asegura que sus bloques están amparados por la justicia y son “proporcionados” y “quirúrgicos”.

La resolución a la que se refiere la patronal es una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren esos paquetes de datos cuando exista una retransmisión pirata entre ellos. No obstante, el juez afirma en el texto que esa maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

LaLiga insiste también en delegar la responsabilidad de la situación en Cloudflare, y recuerda que recientemente la compañía ha sido multada en Italia con un 1% de su facturación global por no tomar “medidas efectivas para impedir el uso de sus servicios en la difusión de contenidos ilícitos, pese a haber recibido órdenes para desactivar el acceso a determinadas páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos”.

Cloudflare niega esta responsabilidad y ha protestado por la situación ante la Casa Blanca, entendiendo que España está dificultando el comercio internacional. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Defensor del Pueblo, que ya tenía una primera queja de las asociaciones de usuarios registrada en junio de 2025, afirma que este se encuentra “en fase de estudio”. “Dada la confidencialidad de las quejas que se reciben en la institución, cualquier novedad que se produzca en las actuaciones se comunicará directamente a las asociaciones que se han dirigido al Defensor del Pueblo”, añaden fuentes oficiales.

Mientas tanto, los usuarios y empresas afectadas siguen atrapados en una maraña de bloqueos de Internet pese a que no tienen relación con la piratería. “Lo más grave, es que esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”, ha denunciado la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con LaLiga, la patronal del fútbol profesional. El pacto, cuyo objetivo es “impulsar una cultura de la ciberseguridad y prevenir ciber riesgos tecnológicos que pudieran afectar a los Clubes, aficionados al fútbol y a la sociedad en general”, se produce mientras el Tribunal Constitucional dirime sobre una de las principales estrategias de LaLiga en este ámbito: los bloqueos masivos de Internet para frenar la piratería que dejan inaccesibles miles de webs y servicios digitales sin relación con las retransmisiones ilegales.

La organización dirigida por Javier Tebas ejecuta esta estrategia desde comienzos de 2025 apoyada en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a LaLiga a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren grandes paquetes de datos que circulan por Internet si se detectan emisiones pirata entre ellos. No obstante, afirma que esta maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Constitucional, mientras que asociaciones de internautas han pedido amparo al Defensor del Pueblo.

En este contexto, Tebas y José Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones, han ratificado un “memorándum de entendimiento” entre el Gobierno y la patronal del fútbol para “crear un ciberespacio confiable y seguro”. Mediante el acuerdo, LaLiga se compromete también a promocionar el 017, el teléfono gratuito contra las estafas digitales gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

“El fútbol profesional tiene una responsabilidad social que va más allá del terreno de juego, como hemos demostrado con múltiples iniciativas. Este acuerdo con INCIBE refuerza nuestro compromiso con un entorno digital seguro, basado en el respeto y la confianza, y nos permite trabajar de forma coordinada para concienciar, prevenir riesgos y proteger a nuestra comunidad”, afirma Tebas, según el comunicado distribuido por el Ejecutivo.

Apagones cada fin de semana

Pese a que LaLiga insiste en que sus bloqueos “son proporcionales, quirúrgicos y acotados temporalmente durante los partidos de la competición”, cada fin de semana los afectados por su maniobra vuelcan su indignación en redes sociales. Sus negocios quedan desconectados de la red, lo que en ocasiones se traduce en una web inaccesible, pero en otras, supone fallos en la operatividad digital.

“Este fin de semana nos impactó de lleno porque cortó la comunicación de nuestro servidor con Miravia y Aliexpress. Ha sido un desastre porque ha provocado que vendamos más unidades de las que tenemos en stock. Con cada venta no había un retorno para reducir la cifra de unidades disponibles, ya que no había comunicación con el servidor”, explicaba uno de los afectados en un reportaje de elDiario.es sobre esta situación. “Cada fin de semana intentamos buscar soluciones, pero técnicamente no las hay. Si te cortan, te cortan”.

Estos bloqueos aleatorios son una consecuencia del método que LaLiga utiliza para frenar las retransmisiones pirata. Cuando detecta una emisión ilegal, pide a las operadoras que bloqueen la dirección IP entera por la que esta discurre. El problema es que la IP es como el código postal de un servicio digital y, al igual que este, puede agrupar miles de webs o servicios digitales. Cuando cae una de ellas, cae la emisión pirata, pero también todos aquellos servicios que estuvieran compartiendo dirección IP con ella en ese momento.

LaLiga echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en las distintas IPs. Se trata de una práctica habitual en negocios como el suyo, que se centran en acelerar la carga de los dominios web que lo contratan, protegerlos de tráfico malicioso (como bots) y ofrecer otras funciones de ciberseguridad. Cloudflare también ha llevado el caso a los tribunales y lo ha incluido en un informe enviado a la Casa Blanca como un ejemplo de proteccionismo estatal. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Gobierno, consultado por una pregunta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó en su respuesta, emitida el pasado octubre.

Según uno de los últimos análisis de los afectados, los bloqueos de LaLiga afectaron en diciembre a 3,8 millones de dominios, que quedaron inaccesibles mientras se disputaban los partidos de fútbol de primera y segunda división. Debido a la distribución horaria de estos, la afectación puede extenderse desde las 16.00 horas hasta las 00.00 horas del día siguiente tanto los sábados como los domingos.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto expediente disciplinario al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por divulgar en la página web de la competición datos del FC Barcelona. Los hechos podrían ser constitutivos de infracción muy grave, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es.

La divulgación a la que hace referencia el órgano adscrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) se trata de un comunicado realizado por LaLiga el pasado 2 de abril de 2025, titulado Sobre la operación corporativa relacionada con las salas VIP comunicada a LALIGA por el FC Barcelona a finales del pasado mes de diciembre. Esta nota de prensa fue eliminada días más tarde, tras una denuncia pública del Barça.

Entre las posibles sanciones a las que se enfrenta Tebas están la amonestación pública, la inhabilitación temporal de dos meses a un año o la destitución del cargo.

Según el TAD, este hecho puede ser constitutivo de una infracción muy grave de acuerdo con artículo 76. 2 a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, el cual hace mención a las infracciones de presidentes o directivos de Ligas Profesionales. “El incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así como de los reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias”, establece.

El detonante: una nota de prensa con “material confidencial”

El detonante de este expediente disciplinario es una nota de prensa publicada por la máxima competición masculina del fútbol español el 2 de abril de 2025. En ella, LaLiga consideraba que la operación Palcos VIP no se había realizado en tiempo y forma, por lo cual reducía el límite salarial del club catalán. La operación, además, era clave para poder inscribir a los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor, pues permitía cumplir con el 'fair play' financiero.

Paralelamente, LaLiga cargaba contra el CSD por estimar el recurso del Barça, Olmo y Víctor. Una medida definitiva que llegaba meses después de la medida cautelarísima para inscribir a los jugadores, a la cual ya había protestado Tebas. Esta decisión del CSD permitía a los culés seguir jugando lo que restaba de temporada.

Días después, el 7 de abril, el FC Barcelona publicaba a las seis de la mañana un comunicado en el que aseguraba desconocer la carta y subrayaba no haber dado el consentimiento. La entidad presidida por Joan Laporta envió una carta a LaLiga en la que recalcaba el “comportamiento inapropiado” de esta “al hacer públicos los detalles de la información financiera proporcionada por el Club a los patrones, así como hacer públicas las decisiones de los órganos de LaLiga contra el FC Barcelona”.

Esto, para el equipo, suponía “un cumplimiento flagrante de las obligaciones de LaLiga con uno de sus afiliados, así como un incumplimiento expreso del artículo 5 del Reglamento para la elaboración de los presupuestos”. Un artículo, el 5, que recoge el deber de confidencialidad con la información, los datos y documentos proporcionados a LaLiga.

La nota llevó a la competición presidida por Tebas a eliminar el comunicado inicial y publicó uno nuevo. Fue un día más tarde, el 8 de abril. “El deber de confidencialidad (...) no puede entenderse como absoluto o incondicionado”, justificaba, y añadía: “En particular, debe ceder cuando concurren circunstancias que justifican la divulgación limitada de determinada información para salvaguardar principios o bienes jurídicos superiores, como el derecho al honor, la transparencia asociativa y la integridad de la competición”.

A este respecto, el organismo aseguraba que la nota inicial “no contenía información que no hubiera sido difundida previamente por distintos medios de comunicación, por lo que difícilmente puede calificarse como confidencial su contenido”. “Se ha actuado, por tanto, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, sin revelar datos personales ni información confidencial”, defendía.

Son estos los hechos que evaluará la comisión y cuya resolución podría llevar a la inhabilitación temporal de dos meses a un año o la destitución del cargo de Javier Tebas como presidente de LaLiga.

Hace ya casi 10 meses que una parte de Internet se cae cada fin de semana en España. Y es imposible saber a qué servicios afectará cada apagón. Ha habido desconexiones en Redsys, la principal pasarela de pago en España para las operaciones con tarjeta; bancos, la red social X, la plataforma de videojuegos Steam o múltiples portales oficiales, como el Ayuntamiento de Madrid o el de la Real Academia Española. Pero, por debajo de esos grandes nombres, hay una larga cola de pymes que no cuentan con los mismos recursos. Cada sábado y domingo, se preguntan si su negocio volverá a irse al traste por culpa del fútbol.

“Este fin de semana hemos tenido que reiniciar el sistema 14 o 15 veces. Es una impotencia absoluta”, dice José Manuel Louro, uno de los afectados. “Que el juez haya permitido los bloqueos de manera indiscriminada es algo que yo no me puedo creer. ¿Cómo se les puede dar tanto poder? Y lo que más me asusta: ¿por qué yo no puedo hacer nada contra ello? Cada fin de semana intentamos buscar soluciones, pero técnicamente no las hay. Si te cortan, te cortan”.

Todo proviene de una maniobra antipiratería de LaLiga. La patronal del fútbol, dirigida por Javier Tebas, obtuvo un mandato judicial que le permite solicitar bloqueos de Internet a las teleoperadoras sin pasar de nuevo por el juez cuando detecte una retransmisión ilegal. La sentencia también dice que sus acciones no deben “perjudicar a terceros”, algo que cientos de empresas denuncian que no se está cumpliendo. El caso ha escalado hasta el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Cada fin de semana intentamos buscar soluciones, pero técnicamente no las hay. Si te cortan, te cortan

Mientras los magistrados dirimen, los bloqueos de Tebas continúan. “Son problemas que duran más o menos una hora y media, pero que llegan aleatoriamente durante el fin de semana”, explica Louro, responsable de Ralight Solutions, una pyme dedicada a la venta de videojuegos y consolas a través de plataformas como eBay, Miravia o Aliexpress. Es el período que duran los partidos de fútbol. “Este fin de semana estuvimos toda la tarde y la noche del sábado y la tarde del domingo con fallos”.

“Nosotros estamos abiertos 24/7. No siempre que hay fútbol lo notamos, por lo que nunca sabes cuándo te va a afectar. Pero este fin de semana nos impactó de lleno porque cortó la comunicación de nuestro servidor con Miravia y Aliexpress. Ha sido un desastre porque ha provocado que vendamos más unidades de las que tenemos en stock. Con cada venta no había un retorno para reducir la cifra de unidades disponibles, ya que no había comunicación con el servidor. Tampoco pudimos hacer el reporte de ventas para la empresa auditora”, continúa Louro.

“El efecto de los bloqueos es como el de un tsunami. Empiezan con olas pequeñas que van causando fallos. Al principio no sabes a qué se deben. Piensas que el sistema está inestable, hasta que los fallos se empiezan a sumar en sitios diferentes y se te cae todo. Llamas al programador y es cuando te dice que son otra vez los bloqueos de LaLiga. Esto está afectando a un montón de empresas, pero a las que seguimos activas el fin de semana, nos destroza”, denuncia el pequeño empresario.

“Me parece bien que persigan a las webs pirata, pero que te hundan el negocio sin tener tú nada que ver... Me parece increíble que se les haya dado el poder de decidir quién puede trabajar el fin de semana”, insiste en conversación con elDiario.es.

“Moscas a cañonazos”

Los bloqueos aleatorios que cita Louro son una consecuencia del método que LaLiga utiliza para frenar las retransmisiones pirata. Cuando detecta una emisión ilegal, pide a las operadoras que bloqueen la dirección IP entera por la que esta discurre. El problema es que la IP es como el código postal de un servicio digital y, al igual que este, puede agrupar miles de webs o servicios digitales. Cuando cae una de ellas, cae la emisión pirata y todos aquellos que estuvieran compartiendo dirección IP con ella en ese momento.

LaLiga echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en las distintas IPs. Se trata de una práctica habitual en negocios como el suyo, que se centran en acelerar la carga de los dominios web que lo contratan, protegerlos de tráfico malicioso (como bots) y ofrecer otras funciones de ciberseguridad.

Son las IPs de Cloudflare las que LaLiga ordena tumbar a los operadores de Internet, que obedecen alegando que la patronal del fútbol cuenta con un mandato judicial. Para Tebas, la multinacional es cómplice de la piratería por no vigilar qué ocurre en cada una de las webs que empaqueta. Hace lo mismo con Google, a la que acusa de acoger en su tienda de apps algunas que pueden usarse para ver retransmisiones ilegales, o las plataformas VPN, que se usan para camuflar la ubicación real del usuario.

“Google, Cloudflare, VPNs y otros agentes involucrados en el consumo de piratería adquieren responsabilidad de las actuaciones ilegales que están permitiendo y de las cuales se lucran. LaLiga, amparada por la Justicia, no se detendrá en la defensa del fútbol y los intereses de sus clubes ante actuaciones criminales vinculadas al fraude audiovisual y su blanqueo”, han manifestado los de Tebas.

Diversos expertos llevan meses denunciando que los bloqueos por IP son como “matar moscas a cañonazos”. Algunas páginas de afectados cifran en unos 750.000 euros las pérdidas que está produciendo. “Es como destruir todo un edificio porque hay alguien dentro que trafica con drogas”, dice Daniel Infante, responsable de Pixeladas, una consultora de marketing digital y programación web. “Las IPs están compartidas por centenares o miles de páginas web. Por favor, no estamos en los años 80, lo que están haciendo es un error de concepto”.

El peso de Cloudflare para las pymes

Pixeladas es otro de los negocios afectados por los bloqueos. O, mejor dicho, lo son sus clientes. Cada vez que hay un partido de fútbol, el tráfico hacia sus webs puede caer de repente. Esto resulta en una doble pérdida económica: el cliente no solo deja de vender ese día, sino que también pierde el dinero invertido en publicidad, a través de anuncios en Google o Meta (Facebook e Instagram). “Esos días se van automáticamente a negativo, porque hacen un gasto en promocionarse sin saber que esto les va a afectar y no van a poder vender”, dice Infante.

Pero si los problemas giran alrededor del servicio de Cloudflare, ¿por qué no utilizar otro? “Cloudflare es un gigante por méritos propios, porque al final son los mejores en algunos aspectos, como la lucha contra los bots. Además, sus servicios son gratuitos para las empresas más pequeñas”, contesta Infante, que profundiza en uno de esos ejemplos.

“Nosotros tenemos un problema muy, muy recurrente, pero que por desgracia forma parte de la sociedad en la que vivimos, que son los bots. Entran a tu web, te rellenan un formulario, te hacen spam. Hemos tenido casos de clientes que han recibido 2.000 formularios en un día diciendo que están interesados en un producto para luego ver que eran enlaces para comprar viagra, webs rusas, etc. Es algo muy complicado de soportar, sobre todo para nuestros clientes más pequeños, que tienen una facturación de 50.000 o 60.000 euros al año”, detalla Infante.

Nosotros se lo explicamos así a los clientes: mira, LaLiga tiene secuestrada tu web. Que esto esté pasando en España... es muy, muy salvaje

“Cloudflare es el mejor parando esto, y a los clientes con menos facturación se lo ofrece gratis. Yo, personalmente, no he encontrado alternativa. Puedo quitar Cloudflare, pero entonces tengo los bots y mis clientes quedan desprotegidos ante ellos”, resume.

LaLiga asegura en todas sus comunicaciones que sus bloqueos “son proporcionales, quirúrgicos y acotados temporalmente durante los partidos de la competición”. El responsable de Pixeladas cuenta otra realidad. “A veces pasan horas después de los partidos y el bloqueo se mantiene. Pero si al gestor de turno se le olvida una IP, pueden llegar a durar días”.

Como Louro, Infante coincide en que la “sensación es de impotencia total, de que nosotros no pintamos nada. No hay una alternativa, y si la hubiera, las webs pirata también se irían a ella. Ahora mismo, Internet está secuestrado. Nosotros se lo explicamos así a los clientes: mira, LaLiga tiene secuestrada tu web. Que esto esté pasando en España... es muy, muy salvaje”.

El Congreso da la espalda

A finales de octubre, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso rechazó una Proposición No de Ley presentada por el BNG para evitar los bloqueos indiscriminados de LaLiga. La acción quería instar al Gobierno a tomar medidas para garantizar que las acciones antipiratería de la patronal del fútbol no afecten a webs legítimas; revisar y corregir los procedimientos técnicos que están empleando LaLiga y las operadoras; y establecer mecanismos de supervisión y transparencia que permitan corregir rápidamente los bloqueos erróneos.

El PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo. Tebas lo consideró un espaldarazo político a su estrategia. “LaLiga recibe positivamente el respaldo que significa dicha votación”, expresó, criticando a su vez la PNL por contener “información limitada” y omitir, a su juicio, “el impacto crítico que tiene el fraude audiovisual”. Es la misma crítica que expresó en una carta enviada al BNG, en la que afirmaba que la iniciativa estaba plagada de “inexactitudes y errores”.

“La defensa de la propiedad intelectual no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales o aplicar medidas que, bajo apariencia de legalidad, suponen censura y bloqueo generalizado”, contestó Néstor Rego, diputado del BNG, que consideró “insultante” la misiva de la patronal del fútbol.

El Ejecutivo, cuando ha sido consultado al respecto, ha instado a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó en octubre ante una pregunta por escrito de ERC.

¿Que actúe Trump?

La última evolución del caso tiene un tinte rocambolesco. Cloudflare, que desde el principio ha denunciado los bloqueos de LaLiga, ha escalado el caso hasta la Casa Blanca. La multinacional ha enviado un informe a la Oficina del Representante Comercial de EEUU para quejarse de que los bloqueos de LaLiga en España constituyen una barrera comercial.

“Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, afirma la empresa en su comunicación con el organismo citando las “órdenes judiciales excesivamente amplias” de las que dispone LaLiga. “Estas órdenes les permiten bloquear los servicios de proveedores estadounidenses de red como Cloudflare mediante el bloqueo de direcciones IP, cada una de las cuales canaliza el tráfico de miles de dominios”.

Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales

Cloudflare — en un informe a la Casa Blanca

La Oficina a la que se dirige Cloudflare tiene la misión de elaborar un informe sobre el comercio internacional que influye en las negociaciones entre EEUU y el resto de países. “Estas acciones, diseñadas para proteger a un conjunto reducido de intereses comerciales, han causado daños colaterales significativos a empresas y usuarios que no eran los objetivos de las medidas, sin vías de reparación ni posibilidad de impugnar la orden original”, continúa la multinacional, pidiendo a la Casa Blanca que intervenga para reparar la situación.

LaLiga, por su parte, no ha tardado en responder. Afirma que las aseveraciones de Cloudflare “no son precisas y carecen de contexto”, ya que obvia que “la actividad desarrollada por esta compañía confronta con los sistemas legales y judiciales de multitud de países en todo el mundo, como Francia, Italia, Japón o Corea del Sur”.

Mientras LaLiga y Cloudflare cruzan acusaciones a ambos lados del Atlántico, los bloqueos siguen cayendo cada fin de semana en España. Los partidos se suceden, los jueces deliberan y las pequeñas empresas continúan en vilo, atrapadas entre gigantes. Sin vías técnicas para protegerse, cuando ruede el balón, su web puede volver a apagarse.

El pasado viernes los aficionados al fútbol estaban de enhorabuena. Arrancaba una nueva temporada con la disputa del partido del Girona contra el Rayo Vallecano, que terminó con victoria rayista. Para miles de usuarios de Internet y gestores de dominios web la historia era diferente. Conforme el balón comenzaba a rodar, miles de webs sin ninguna relación con el fútbol quedaban inaccesibles desde España. Unos bloqueos que se extienden durante todo el fin de semana y que en esta jornada llegarán hasta la noche de este martes, cuando se disputa el último partido de la jornada entre el Real Madrid y el Osasuna.

Todo se debe una maniobra legal de la patronal del fútbol profesional, LaLiga, que le permite exigir a los operadores de telefonía e Internet que impidan el acceso a grandes grupos de páginas web si sospecha que entre ellas se esconde alguna vinculada a las retransmisiones ilegales de partidos. “El acceso a la presente dirección IP ha sido bloqueado en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia de 18 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona en el marco del procedimiento ordinario”, leen los usuarios al intentar acceder a dichas webs.

En la lista de afectados pueden caer servicios digitales de todo tipo, desde blogs de cocina a los portales oficiales de multinacionales o instituciones públicas, pasando por redes sociales como X o la Wikipedia. Los bloqueos han llegado a afectar a Redsys, la principal pasarela de pagos en España, que gestiona las transacciones con tarjeta entre bancos, comercios y clientes.

Una estrategia antipiratería que la organización dirigida por Javier Tebas considera “ajustada a derecho”, pero que afectados y especialistas en ciberseguridad tachan de “atropello” o “matar moscas a cañonazos”. Estos últimos han llevado el caso hasta el Tribunal Constitucional, que aún no ha tomado una decisión sobre la causa. Según los datos publicados por los afectados, los bloqueos llegaron a afectar a unos 2,7 millones de dominios cada jornada.

Cómo funcionan los bloqueos masivos

En el centro de esta disputa española aparece una multinacional estadounidense. Se trata de Cloudflare, cuyos servicios se centran en ejercer de intermediario entre millones de páginas web y sus usuarios de todo el mundo, mejorando la velocidad de conexión, protegiéndolas de caídas y reforzando su protección frente a ataques. En la industria digital se conoce a estos fontaneros de Internet como CDN (Content Delivery Network), siendo Cloudflare uno de los más grandes y reconocidos.

Una de las prácticas habituales en los CDN es agrupar sus servicios de fontanería digital en una sola IP, lo que significa que bajo una misma dirección conviven miles de páginas diferentes. Es una forma eficiente de gestionar recursos y abaratar costes, pero convierte cada IP en una especie de ‘edificio compartido’: si se bloquea la entrada, se quedan fuera todos los inquilinos. Y eso es justo lo que está haciendo LaLiga.

Cada fin de semana, la patronal del fútbol señala a las operadoras las direcciones IP de Cloudflare tras las que sospecha que se esconden las páginas que piratean el fútbol. En virtud de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, las operadoras clausuran el edificio, impidiendo que usuarios accedan al resto de los negocios o servicios que estos cobijan.

LaLiga justifica esta práctica acusando a Cloudflare de ser cómplice de la piratería. “Más del 50% de las IPs piratas que distribuyen el contenido de LALIGA ilegalmente están blanqueadas por Cloudflare y, pese a que LALIGA ha realizado múltiples requerimientos a la compañía para que cese su colaboración con sitios piratas, Cloudflare ha optado por no colaborar y lucrarse de la actividad criminal que ayuda a encubrir”, ha expresado repetidamente.

“Con esta conducta, Cloudflare está colaborando con actividades ilegales como el proxenetismo, prostitución, pornografía, comercialización de falsificaciones, fraude y estafa, entre otras”. Es un saco en el que los de Tebas también meten a otros gigantes de la red, como Google, así como a los servicios de VPN (que permiten a los usuarios camuflar su localización real): “Google, Cloudflare, VPNs y otros agentes involucrados en el consumo de piratería adquieren responsabilidad de las actuaciones ilegales que están permitiendo y de las cuales se lucran”.

Por el momento, Cloudflare prefiere no bajar al barro. “Como prácticamente todos los grandes proveedores de servicios en la nube, Cloudflare utiliza direcciones IP compartidas para gestionar su red, lo que significa que se puede acceder a miles de dominios con una única dirección”, justifica: “Aunque LaLiga comprendía claramente que el bloqueo de direcciones IP compartidas afectaría a los derechos de millones de consumidores a acceder a cientos de miles de sitios web que no infringen la ley, siguió adelante con dicho bloqueo”.

“Esto parece reflejar una creencia errónea de que sus intereses comerciales deben prevalecer sobre los derechos de millones de consumidores a acceder a Internet”, censuró. Google, por su parte, prefirió no contestar a las acusaciones de la patronal del fútbol.

El fichaje de Chema Alonso

A la espera de la decisión del Constitucional, las semanas que han trascurrido entre el final de la pasada liga y el comienzo de la presente han sido de calma tensa. Aunque ha habido movimientos de calado, incluido un fichaje que combina lo mediático y lo estratégico, el de Chema Alonso, quizá el hacker más conocido de España, que ha sido nombrado vicepresidente de Cloudflare, al mando del departamento de Desarrollo Internacional.

Alonso, que mantiene su icónica imagen de melena desaliñada bajo gorro de lana a rayas, salió este marzo del organigrama directivo de Telefónica, donde fue responsable de digitalización y ciberseguridad durante ocho años. Pese a que sus proyectos firma nunca despegaron comercialmente (como Aura, un asistente virtual para competir con Alexa y Siri) y no son pocos los especialistas que creen que su fama es exagerada, no por ello su fichaje deja de ser un golpe de efecto que podría resultar útil a Cloudflare no solo en la esfera mediática.

Debido a sus cargos directivos en Telefónica, Alonso ha estado directamente involucrado en el combate de la piratería y en el desarrollo de herramientas técnicas para hacerlo posible. No en vano, aunque es un actor que ha preferido quedarse en segundo plano en el debate de los bloqueos de webs, Telefónica es una de las partes más interesadas. La compañía es la principal adjudicataria de los derechos de retransmisión del fútbol en España a través de Movistar+ y está personada en las causas judiciales abiertas en esta cuestión.

El hacker trabajará ahora para una empresa que se está viendo directamente afectada por esa batalla. “Hoy es el primer día en el nuevo puesto, con nuevas responsabilidades como vicepresidente y director de Desarrollo Internacional. Estoy emocionado, asustado y con muchas ganas de trabajar duro en 'Cloudflarear' el mundo. Tras muchos años dedicado a la tecnología, unirme a una empresa innovadora y de rápido crecimiento que está creando la tecnología del futuro para Internet es un sueño hecho realidad”, escribió el experto en ciberseguridad en su Linkedin hace unos días.

Ni Cloudflare ni LaLiga han querido entrar a comentar la contratación, pero el salto no parece casualidad. Solo unos días antes de hacerse oficial su paso a la multinacional estadounidense, Alonso había fichado como asesor del Comité Técnico de Árbitros (CTA), un órgano dependiente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el que LaLiga también ha mantenido numerosos litigios.

Aunque terminó renunciando para evitar incompatibilidades, la línea de puntos vincula a Alonso con esta nueva guerra del fútbol. El paso de las jornadas dirá si el hacker puede llegar a ser factor para que su nueva empresa y sus clientes sorteen los bloqueos digitales que han padecido durante este 2025. De momento, lo único seguro es que cada fin de semana miles de webs seguirán apagándose en España al ritmo que marque el calendario de LaLiga.

En España, cada fin de semana, miles de webs legítimas y servicios digitales sufren problemas de acceso mientras los partidos de fútbol de primera y segunda división están en juego. Se trata de un efecto secundario de la estrategia antipiratería de LaLiga, que se las lleva por delante en un intento de cortar las retransmisiones ilegales de los encuentros por Internet. Una situación que se extiende desde principios de 2025 y que ahora valorará el Tribunal Constitucional.

RootedCon, la asociación que organiza uno de los mayores congresos de ciberseguridad de España y que ha estado personada en las acciones judiciales contra los bloqueos, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal. Su objetivo es paralizar el auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a LaLiga a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren grandes paquetes de datos que circulan por Internet si se detectan retransmisiones ilegales entre ellos.

“Dicha resolución judicial ignora de manera sorpresiva los argumentos planteados en nuestros recursos, en los que hacíamos referencia directa a los derechos fundamentales, a la tutela judicial efectiva y las libertades de expresión e información, amparados por la Constitución”, explica la asociación. “La negativa del juez a valorar estos derechos elementales deja en evidencia una preocupante deriva autoritaria en el uso de medidas judiciales para censurar y criminalizar el acceso a internet bajo pretextos difusos y generalistas”, protestan.

El recurso también solicita el establecimiento de medidas cautelares para que los bloqueos se detengan cuanto antes. No obstante, dada la inminente conclusión del campeonato (24 de mayo, en el caso de la primera división; y 22 de junio, para la segunda división), estas medidas corren el riesgo de no entrar en vigor antes de la próxima temporada.

Según los cálculos de los usuarios afectados, el número de dominios .com, .net y .org que fueron desactivados en algún momento por la maniobra antipiratería de LaLiga este fin de semana, en el que los bloqueos se intensificaron por el Barça-Madrid, ascendió a 2,7 millones. Una página web que permite a los afectados informar de las pérdidas que estos bloqueos han supuesto para sus negocios cifra estos perjuicios en unos 266.000 euros.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este atropello. Las medidas adoptadas, sin transparencia, sin proporcionalidad y sin garantías adecuadas, representan un precedente extremadamente peligroso para los derechos digitales de la ciudadanía y el ecosistema tecnológico español”, insisten desde RootedCON.

elDiario.es ha contactado con LaLiga para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal del fútbol no ha contestado al requerimiento. En anteriores declaraciones, tanto LaLiga como su presidente, Javier Tebas, han defendido que los bloqueos no son “indiscriminados” ni afectan a tantas páginas como algunos usuarios quieren hacer creer.

Desde LaLiga respetan la decisión de la asociación pero recuerdan que el Juzgado de Barcelona que ha llevado el caso “ya desestimó íntegramente las solicitudes de nulidad” presentadas hace unos meses, “no apreciando la existencia de vulneración de derechos fundamentales algunos”. “Dicha resolución reafirmaba que la acción ejercitada se ajusta a derecho, y está amparada por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y servicios de la sociedad de la información”, recalcan fuentes oficiales de la patronal del fútbol. 

“La resolución judicial está perfectamente fundada conforme a derecho, dejando claro además que los solicitantes carecían de legitimación para invocar los derechos que decían ostentar”, continúa LaLiga, que dice que se mantendrá “firme en su compromiso contra el fraude audiovisual para proteger los derechos audiovisuales de la competición, su sostenibilidad y la de los clubes de fútbol, así como la industria del deporte y del entretenimiento”.

Los bloqueos llegan también al Congreso

La situación ha llegado esta semana al Congreso. El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado una iniciativa para pedir al Gobierno que intervenga para “poner freno” a las prácticas de LaLiga, calificándolas de “abusivas y sin control” tras provocar la caída de “miles de webs totalmente legítimas”.

“El Gobierno debe de tomar cartas en el asunto ante los reiterados bloqueos a miles de páginas web porque, si no lo hace, implica un abandono de sus funciones dejándolas en manos privadas que obran en su propio beneficio y sin control”, ha reclamado Rego.

“Es incomprensible que empresas privadas puedan bloquear sitios web. La autorización judicial es absurda en este momento, pero ni siquiera se respeta”, afirma el diputado del BNG, recordando que dicha orden estipula que los vetos a la piratería deben realizarse “sin perjuicio de terceros”.

¿Cómo funcionan los bloqueos de LaLiga?

La estrategia de bloqueo de LaLiga se basa en cortar el acceso a direcciones IP completas cuando detecta retransmisiones ilegales de fútbol. En lugar de bloquear páginas específicas, solicita a los operadores de telecomunicaciones que censuren directamente esas IPs, con autorización judicial. El problema es que muchas de esas direcciones están asociadas a servicios CDN (Content Delivery Network), empresas legítimas que agrupan miles de webs bajo una misma IP para optimizar el tráfico y mejorar su protección ante ciberataques.

Al bloquear una IP compartida, se desconectan también webs totalmente legales, afectando a negocios y servicios que nada tienen que ver con la piratería.

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Esta información se ha actualizado con la respuesta oficial de LaLiga al recurso de amaparo de RootedCON, enviada tras su publicación inicial.

Día de partido, día de interrupciones en el servicio y bloqueos de miles de páginas web y plataformas digitales. Es la nueva normalidad de las redes españolas desde comienzos de 2025, cuando la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) empezó a hacer valer una resolución judicial que le permite pedir a las operadoras que censuren grandes paquetes de contenido digital para intentar frenar las retransmisiones ilegales. Una normalidad que se agravó aún más este fin de semana, coincidiendo con el partido que enfrentó al Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid en el estadio de Montjuïc.

Este nuevo barrido produjo fallos en la red social X, en la plataforma de pagos online Redsys o en portales oficiales de instituciones públicas como el del Ayuntamiento de Madrid, han denunciado sus usuarios, que se suman a los miles de páginas que sufren estos bloqueos de manera recurrente cada fin de semana. Según los últimos análisis de los afectados, ya son más de 15.000 las IP que las operadoras españolas han bloqueado a petición de la organización que dirige Javier Tebas.

Otra de las que sufrieron la acción y provocaron a su vez una cascada de caídas en cadena fue Vercel, una empresa que ofrece servicios para publicar páginas web, muy usada por desarrolladores y empresas de toda índole. “Una organización de fútbol no debería tener la capacidad de bloquear ampliamente el acceso a la infraestructura de Internet a millones de clientes españoles a través de los principales proveedores de servicios de Internet”, ha denunciado Guillermo Rauch, director ejecutivo de Vercel, a través de X.

Rauch ha revelado que su empresa llevaba semanas trabajando con LaLiga para intentar impedir que los bloqueos indiscriminados se llevaran por delante las webs de sus clientes. Para ello “ha habilitado un buzón de correo específico para que LaLiga envíe denuncias” y llevar a cabo desconexiones que afecten solo a las presuntas retransmisiones ilegales. Sin embargo, la patronal del fútbol obvió ese método acordado con Vercel y volvió a tumbar un paquete de contenidos de la compañía durante el Barça-Madrid.

elDiario.es se ha puesto en contacto con LaLiga, que ha evitado posicionarse al respecto de los bloqueos de este fin de semana. En anteriores declaraciones, tanto la organización como su presidente han negado que estos sean indiscriminados o que afecten a servicios legales. “A mí no me han presentado ninguna página web que haya sido bloqueada y que haya impedido a miles de usuarios acceder a servicios legítimos. Las únicas quejas que recibimos son de personas muy especializadas en tecnología, a las que podríamos llamar frikis”, afirmó Tebas en febrero en declaraciones a The Objective.

“No he visto el fútbol en mi vida. Ni a este señor. ¿Qué distopía es esta? ¿Qué tiene en la cabeza el juez que ha escrito esa sentencia? ¿Así de desamparados estamos los españoles?”, reaccionaba este sábado Jaime Gómez-Obregón ante un vídeo con las citadas declaraciones de Tebas. Gómez-Obregón, ingeniero y activista por la transparencia y la rendición de cuentas del sector público a través de herramientas digitales, resultó ser uno de los afectados de los bloqueos indiscriminados de LaLiga por el Barça-Madrid.

“Mis sitios web —y muchos miles más— están bloqueados en España cuando hay fútbol”, señalaba el activista: “¡Un fuerte aplauso al Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, a Telefónica y a todos los inútiles guionistas de este astracán, que tratando de mitigar un problema han creado otro mucho mayor!”.

Una polémica decisión judicial

La clave de la maniobra antipiratería de LaLiga es apuntar contra un cuello de botella de Internet. Cortándolo se pueden cortar las retransmisiones ilegales de fútbol, pero también tumbar miles de webs legales en el proceso. Todo se basa en una parte fundamental de la infraestructura de Internet: las redes de distribución de contenido, conocidas como CDN, por sus siglas en inglés (Content Delivery Network).

Un CDN es un sistema de servidores distribuidos por todo el mundo que tiene como objetivo acelerar la entrega de contenido en Internet. Cuando se accede a una página web, se reproduce un vídeo o se descarga un archivo, es probable que el contenido no venga directamente del servidor donde fue publicado originalmente, sino desde un nodo de un CDN cercano al usuario. Esto reduce la latencia, mejora la velocidad de carga y evita congestiones, además de mejorar la protección ante ciberataques.

Muchos servicios CDN, para simplificar la entrega y escalar globalmente, agregan muchísimos sitios web bajo una misma dirección IP. Es un modelo legal, eficiente y muy común. El problema es que una resolución judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona ha permitido a LaLiga solicitar bloqueos directamente contra direcciones IP, no contra páginas web ni contenidos específicos. Es decir, si detectan que una retransmisión ilegal se está haciendo desde una IP concreta, pueden pedir a las operadoras que bloqueen esa dirección.

Si esa dirección corresponde a un servicio CDN como el que proporcionan empresas como Vercel, la medida implicará la censura de cientos o miles de webs que compartan IP con esa retransmisión ilegal.

LaLiga, de hecho, lanzó una cruzada contra Cloudflare, una de las mayores empresas de CDN del mundo, acusándola de ser cómplice y amparar la piratería. “No puede ser que el negocio de Cloudflare se base en proteger a empresas legítimas mientras, al mismo tiempo, sirve de escudo para quienes roban propiedad intelectual, distribuyen pornografía infantil o cometen estafas. Ese no puede ser el modelo de negocio. La libertad de Internet no puede ser una excusa para permitir que se ataque a todo el mundo con una pistola”, ha denunciado Tebas.

Cloudflare, una multinacional radicada en EEUU, acudió al Juzgado que emitió el auto que permite los bloqueos de LaLiga para pedir la anulación de la orden. Sin embargo, el juez desestimó esa aspiración en marzo. Asegura el magistrado que “no se acredita” que “se haya producido perjuicio alguno” contra terceros que justifique la rectificación de su decisión.

“La orden del tribunal se basa en el hecho de que Cloudflare no estaba directamente sujeta a la orden de bloqueo, sin abordar la interferencia significativa en los servicios de Cloudflare y los daños a consumidores inocentes, sitios web y empresas causados por los esfuerzos de bloqueo de LaLiga”, explicó la multinacional, que se mostró “decepcionada” por la decisión del juez y anticipó que aún no ha dicho su última palabra a nivel judicial.

Peces cada vez mayores

La reclamación de Cloudflare no fue la única que llegó a instancias del juez titular del tribunal de Barcelona. RootedCON, la empresa que organiza uno de los principales congresos de ciberseguridad de España, también presentó una solicitud de nulidad. Desde que se produjo la desestimación la situación respecto a la censura de webs legales no ha hecho más que empeorar, denuncia Omar Benbouazza, director de comunicación de RootedCON.

“Parece que el partido FC Barcelona - Real Madrid ha tenido un impacto mayor que semanas anteriores, pero es cierto que cada semana va en aumento. Sigue la tendencia que hemos estado viendo”, explica a elDiario.es: “Cada vez hay más empresas que ven sus servicios afectados, y ya no son pequeñas empresas que tienen sus servicios tras Cloudflare. Importantes start-ups están quejándose de la situación”.

En teoría, el fallo inicial del juez prohibía a LaLiga llevar a cabo ninguna medida que provocara daños a terceros. Sin embargo, la realidad muestra que los bloqueos están afectando a empresas cada vez mayores, como refleja Benbouazza, así como a webs oficiales como la de la RAE, que también quedó desconectada en las últimas semanas. Los problemas sufridos por Redsys, que la compañía de pagos ha confirmado a elDiario.es, representan justo el ejemplo de interrupción que Tebas aseguró que no se produciría.

La plataforma de comercio electrónico Palbin.com ha abierto una página para calcular las pérdidas totales en los negocios de los afectados por los bloqueos, que contabiliza —desde abril— más de 250.000 euros.

LaLiga cambiará por primera vez desde 2015 de proveedor de producción audiovisual para LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y los contenidos relacionados con estas competiciones. Según ha comunicado la entidad presidida por Javier Tebas, dejará de contar con Mediapro, su socio estratégico desde hace diez años, y ha elegido para las próximas cinco temporadas a HBS, “empresa líder en Europa en producción audiovisual”, y Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA).

La suiza Host Broadcast Services se ha adjudicado tres de los cinco bloques ofertados, mientras que el cuarto irá para Telefónica y el quinto lo gestionará la propia Liga. El organismo alega que su “decisión se ha basado en un análisis comparativo riguroso de todas las ofertas presentadas, con el objetivo de seleccionar la opción más adecuada para cada bloque y asegurar una adjudicación alineada con los objetivos y necesidades específicas de LaLiga”.

El Grupo Mediapro discrepa por completo y este lunes expresó mediante un comunicado su queja por lo que considera una adjudicación “sorprendente”, aseguró que su oferta era la mejor de las presentadas y que “someterá a estudio la posible impugnación de la decisión”.

“Económicamente, es la oferta más barata para LaLiga y para los clubes, y técnicamente mejora ostensiblemente los propios requerimientos establecidos por LaLiga”, apuntó la compañía. La productora fundada por Jaume Roures ve “inaudito” que el organismo que preside Javier Tebas “se haya decantado por una oferta más cara y por un proveedor suizo que no dispone ni de un solo medio técnico en España ni tiene ninguna experiencia en la producción televisiva de una competición como LaLiga que se despliega a lo largo de toda una temporada”.

Mediapro critica la “falta de transparencia” y el incumplimiento de las bases

Para Mediapro, “todo el proceso de adjudicación ha estado caracterizado por el secretismo, la falta de transparencia y los continuos cambios y atrasos en los plazos que se iban produciendo”, sin que además el grupo “recibiese nunca ninguna explicación al respecto”. “Ahora tenemos todo el derecho a sospechar que sólo obedecían a una voluntad expresa de beneficiar a otros participantes en contra de Grup Mediapro”, lamenta.

“En el comunicado de LaLiga se exageran groseramente las virtudes de los adjudicatarios, llegando a difundir información manifiestamente falsa sobre sus credenciales y atribuyéndoles errónea o falsamente producciones de la Champions, Eurocopa o la Copa África, producciones en su mayoría realizadas por Grup Mediapro”, prosigue la compañía catalana.

Además, recalca que “tampoco los adjudicatarios disponen en España de equipos técnicos ni humanos, ni de un 'HUB' de producción, tal como se exigía en las bases del concurso”. “En realidad, no los disponen en ninguna parte del mundo, ya que operan como asesores y productores ejecutivos, subcontratando a continuación los medios técnicos necesarios, muchas veces los de Grup Mediapro, quien finalmente se encargaba de la producción televisiva”, subraya.

En su caso, insisten desde Mediapro, “es el 'partner' de producción audiovisual de fútbol más reputado y reconocido internacionalmente”. “Actualmente, produce 13 ligas nacionales de fútbol en todo el mundo y es capaz de producir 9.000 partidos por temporada y más de 25.000 eventos deportivos en directo durante el 2024. Todo ello con medios y profesionales propios”, explica la compañía, que recuerda que cuenta con “105 Unidades móviles en todo el mundo” y “más 4.200 profesionales solo en España” para poder prestar “habitualmente” servicios de producción en competiciones “reputadas” de todo el mundo.

La compañía recuerda que “a lo largo de todos estos años en que ha proporcionado servicios técnicos de producción”, LaLiga ha sido reconocida “como la competición de fútbol más innovadora y tecnológicamente más avanzada”. “Resulta paradójico que la capacidad técnica, la fiabilidad y el talento de sus profesionales sean más reconocidos internacionalmente que por la propia liga española. Y es todavía más paradójico que quien dice querer defender la industria española contrate a una empresa suiza cuando una española es la líder mundial en la producción de fútbol en directo”, critica.

“Grup Mediapro considera sin base objetiva el cambio de operador audiovisual, que realizado con tanta urgencia puede poner en peligro la producción de los partidos del inicio de temporada”, por lo que “someterá a estudio la posible impugnación de la decisión”, concluye el comunicado.

El Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona ha desestimado el intento de la multinacional estadounidense Cloudflare de ilegalizar la última maniobra antipiratería de LaLiga. Esta consiste en bloquear el acceso a parte de los servicios de la empresa cuando detecta que estos se prestan también a webs que retransmiten fútbol pirata, una estrategia que impedía el acceso a muchas otras páginas legítimas que no tienen relación esta práctica.

El juez señala que “no se acredita” que “se haya producido perjuicio alguno” que pueda sustentar la retirada del permiso judicial en el que LaLiga se basa para llevar a cabo esos bloqueos, según un comunicado que ha distribuido la patronal del fútbol español. La organización dirigida por Javier Tebas, no obstante, ha rechazado proporcionar el auto completo a petición de elDiario.es.

A la causa de Cloudflare se había unido RootedCON, la empresa encargada de la organización de una de las principales convenciones de ciberseguridad de España. “El juez ha desestimado nuestra solicitud (y la de Cloudflare) de forma sorprendente, permitiendo que LaLiga continúe bloqueando, a su antojo, sitios web y direcciones IP que no guardan relación alguna con la piratería”, ha expresado RootedCON.

“No comprendemos la decisión del magistrado, ya que asumíamos que no se le había proporcionado toda la información necesaria para dictar sentencia. Lamentablemente, ahora ha quedado claro su papel”, ha añadido la organización.

Cloudflare, por su parte, también ha expresado su “decepción” con la decisión del Juzgado. “La orden del tribunal se basa en el hecho de que Cloudflare no estaba directamente sujeta a la orden, sin abordar la interferencia significativa en los servicios de Cloudflare y los daños a consumidores inocentes, sitios web y empresas causados por los esfuerzos de bloqueo de LaLiga. Cloudflare está evaluando los próximos pasos en este litigio”, adelanta la multinacional estadounidense.

LaLiga ha entroncado su estrategia de bloqueos en base a una orden judicial que le permite solicitar a los operadores de telecomunicaciones el bloqueo de direcciones IP asociadas con retransmisiones no autorizadas. Esta aprovecha el cuello de botella digital que representa Cloudflare, que proporciona esas direcciones IP y funciona como un intermediario que ayuda a las páginas web a mejorar su rendimiento y seguridad. Impidiendo el acceso a las direcciones IP de Cloudflare, LaLiga logra interrumpir los partidos piratas, pero también tumba servicios legales, como cientos de usuarios se han quejado en las redes sociales desde que comenzó la ofensiva, a principios de febrero.

“Esta sentencia supone un nuevo paso firme en la consolidación de un entorno digital más justo y legal para los creadores y titulares de derechos en España”, ha celebrado LaLiga, que destaca que su acción “se ajusta a derecho y está amparada por la legislación vigente”.

Nueva polémica por una maniobra antipiratería de LaLiga. Desde comienzos de febrero, durante la emisión de los partidos de fútbol en España, los usuarios denuncian que miles de páginas web quedan inaccesibles. El motivo es que la organización que dirige Javier Tebas ha conseguido la autorización para bloquear grandes paquetes de contenido digital, entre los que se encuentran retransmisiones ilegales de los encuentros, pero también servicios legales que se convierten en daños colaterales de los intereses de LaLiga cada vez que el balón echa a rodar.

Fuentes de la patronal del fútbol aseguran que estos bloqueos tienen amparo en una orden judicial, aunque se han negado a suministrarla ante las peticiones de este medio. Así mismo, evitan aclarar si este tipo de interrupciones masivas pasarán a ser habituales. Los problemas de acceso comenzaron en la jornada del 2 y 3 de febrero, pasaron a ser masivos una semana después, coincidiendo con el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, se han repetido este martes y el miércoles, durante los partidos de competiciones europeas, se quejan los afectados.

Matar al mensajero

La nueva táctica de LaLiga para acabar con las retransmisiones pirata tiene como objetivo a Cloudflare y se basa en matar al mensajero de los contenidos. Aprovechar un cuello de botella de Internet para cortarlo, caiga quien caiga.

Cloudflare es una CDN (Red de Distribución de Contenidos, por sus siglas en inglés), uno de esos servicios de los que depende el correcto funcionamiento del Internet global, pero que son desconocidos para el gran público. Las CDN actúan como intermediarios entre el usuario y las páginas web y aplicaciones, ayudando a estas últimas a llegar más rápido a los usuarios independientemente de dónde se encuentren sus servidores, reduciendo la posibilidad de caídas del servicio y protegiéndolas de ciberataques, redes de bots y otros tipos de tráfico malicioso.

En Cloudflare, en concreto, es una de las tres CDN más grandes del mundo. Más de 160.000 webs y servicios digitales españoles la utilizan. En todo el mundo son más 28 millones. LaLiga alega que entre ellas hay algunas que se usan para hacer retransmisiones ilegales, por lo que ha exigido a los proveedores de Internet que bloqueen a los usuarios el acceso a direcciones IP públicas de Cloudflare durante los partidos, lo que en la práctica hace inaccesibles miles de webs legales que utilizan su CDN, entre los que se encuentran desde pequeñas páginas de pymes hasta servicios críticos.

Aunque Cloudflare es la más afectada, la medida también se ha dirigido contra Google, que también ofrece servicios CDN. “Google, Cloudflare, VPNs y otros agentes involucrados en el consumo de piratería adquieren responsabilidad de las actuaciones ilegales que están permitiendo y de las cuales se lucran. LaLiga, amparada por la justicia, no se detendrá en la defensa del fútbol y los intereses de sus clubes ante actuaciones criminales vinculadas al fraude audiovisual y su blanqueo”, ha afirmado la patronal del fútbol en un comunicado.

Cómplices de piratería

En contacto con elDiario.es, fuentes oficiales de Google no han querido posicionarse sobre las manifestaciones de LaLiga, remitiéndose a sus medidas contra la piratería. Cloudflare, en cambio, ha afeado abiertamente que la organización dirigida por Javier Tebas sabía que sus acciones equivalían a apagar buena parte del Internet español durante los bloqueos, pero que decidieron apretar el botón rojo igualmente.

“Aunque LaLiga comprendía claramente que el bloqueo de direcciones IP compartidas afectaría a los derechos de millones de consumidores a acceder a cientos de miles de sitios web que no infringen la ley, LaLiga siguió adelante con dicho bloqueo”, expone la compañía en un comunicado remitido a este medio: “Esto parece reflejar una creencia errónea de que sus intereses comerciales deben prevalecer sobre los derechos de millones de consumidores a acceder a Internet”.

No obstante, la clave está en otra parte de su comunicado, en la que explica cómo organiza su servicio. “Como prácticamente todos los grandes proveedores de servicios en la nube, Cloudflare utiliza direcciones IP compartidas para gestionar su red, lo que significa que se puede acceder a miles de dominios con una única dirección IP”, detalla. Esta práctica es la que a juicio de Tebas coloca a la compañía como cómplice de la piratería.

LaLiga dice que la compañía digital “se lucra con conocimiento de causa de las actividades ilegales relacionadas con la piratería de deportes en directo y otros delitos, como la estafa o fraude, ya que usa a sus clientes legales como escudo digital para proteger a organizaciones criminales y mafias”. Para la patronal, Cloudflare utiliza el agrupamiento de direcciones IP para proteger las webs ilegales y seguir cobrándoles por sus servicios.

Cloudflare es una compañía cuyos ingresos superan los 1.500 millones de euros al año. A pesar de la polémica suscitada por la acción de LaLiga, sus acciones han subido un 12% esta semana. “LaLiga no se posiciona en contra del acceso libre a internet, sino que solicita medidas y lleva a cabo acciones controladas contra compañías u organizaciones que se lucran de actos ilegales y delictivos utilizando a empresas legales como escudo digital”, insisten desde la patronal del fútbol español.

Indignación general

Las explicaciones de LaLiga no han convencido a casi nadie. Afectados y organizaciones de defensa de usuarios y consumidores claman contra la acción que se ha llevado por delante miles de servicios legales, así como contra los operadores de Internet que han llevado a cabo el bloqueo indiscriminado. En este momento, los clientes más afectados son los de Movistar, Digi y O2.

“Es una bravuconada de matón de colegio”, denuncia Rafael López, experto en ciberseguridad y jefe de Tecnología de la firma española Miolnir. “Bloquear los rangos de IPs de Cloudflare, de Google y de determinados sitios de VPN, eso realmente es matar moscas a cañonazos y una barbaridad a nivel técnico. Es como cortar una autovía entera solo porque a veces pasan coches que llevan droga”, continúa.

El especialista, uno de los afectados por los bloqueos, coincide en que Cloudflare “podría hacer más de lo que hace” para impedir que los ciberdelincuentes utilicen sus servicios. “Existe la duda, a nivel técnico, de si los piratas y los cibercriminales son muy buenos haciendo lo suyo, o si Cloudflare es muy lenta en eliminarlos porque mientras van teniendo un beneficio económico. Es cierto que podrían hacer mucho más y que los malos prefieren a Cloudflare antes que otras CDN”, destaca.

“Sin embargo, lo que también es cierto es que de esto hay evidencias desde hace mucho, pero no se ha hecho nada hasta que han tocado al fútbol”, afea: “Cuando eso causaba perjuicios económicos a empresas y ciudadanos de todo el mundo nadie hacía nada, pero ahora que toca el negocio de LaLiga, se permite el bloqueo de miles de webs para impedirlo”.

Rubén Sánchez, de Facua, apunta directamente a Movistar y los operadores que han llevado a cabo el bloqueo. “Creemos que lo que ha hecho Movistar es una gran chapuza en la que para perseguir la piratería se carga a gente que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad al respecto, cercenando la libertad de información y la libertad de expresión”, denuncia ante elDiario.es.

En este sentido, desde Movistar señalan a este medio que “como operador”, cumplen “cualquier tipo de orden judicial recibida frente a contenidos ilícitos”. En el mismo sentido se expresan fuentes oficiales de Digi. No obstante, rechazan suministrar esa orden judicial ante la petición de elDiario.es.

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, avanza que su organización está valorando presentar una queja conjunta ante el Ministerio de Economía por lo ocurrido. “Los juzgados deberían detallar en las órdenes de bloqueo que les permite la ley, cómo se debe realizar, cómo se debe ejecutar esa orden y quiénes pueden o no pueden verse afectados”, destaca. Algo que, señala, no está ocurriendo en esta ocasión, con cientos de miles de perjudicados y una orden judicial para justificarlo que no ha salido a la luz.

Diez días después de que Rafael Louzán fuera nombrado presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la nueva junta directiva se ha reunido este jueves en Madrid, y han dado a conocer los nombres de sus integrantes. Entre ellos, destaca el de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que ahora también ha sido designado vicepresidente de la RFEF.

En la nota con la que la Federación ha hecho públicos estos nombramientos también se destaca que “por primera vez” la Junta Directiva de la RFEF “está compuesta al 50% por hombres y mujeres”. No obstante, entre los ocho vicepresidentes nombrados -aparte del presidente-, solo hay una mujer: Beatriz Álvarez, actual presidenta de la Liga F.

“Este órgano de Gobierno ha profundizado en el '11 titular' de compromisos y políticas que definirán la Presidencia de Rafael Louzán, donde destacan el trabajo en equipo, el compromiso social y sostenible, la marca RFEF y el prestigio institucional, la transparencia y el buen gobierno o la formación y los nuevos planes estratégicos, entre otros asuntos de interés”, señala el comunicado.

El apoyo de Tebas, considerado 'peso pesado' en el mundo del fútbol, fue clave para aupar la candidatura de Louzán a la presidencia la RFEF, a pesar de estar condenado por corrupción y en contra del Consejo Superior de Deportes (CSD) del Gobierno, que no veía con buenos ojos esta posibilidad. Mientras que algunas fuentes consultadas por elDiario.es sostienen que, con un Mundial a las puertas, “Louzán y el Gobierno están condenados a entenderse”, para Tebas, enfrentado totalmente al CSD y al Gobierno, esa idea no es compatible con el liderazgo del nuevo presidente de la RFEF. 

No, España no es uno de los países con mayor índice de piratería, como algunos responsables del sector de los contenidos audiovisuales traslada habitualmente. Es, de hecho, el quinto estado con menor índice de piratería por usuario de toda la UE, tal y como refleja el informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sobre 2023, que se publica este jueves y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Con 8,5 accesos mensuales a contenidos pirateados, los españoles se colocaron casi dos puntos por debajo de la media europea, que es de 10,3, y apenas poco más de un punto por encima del país que registra el mínimo en este sentido, que es Italia con 7,3 accesos mensuales por usuario. En el extremo contrario se sitúan los países bálticos y del norte de Europa, con Letonia, Estonia y Lituania (26,2, 23,2 y 21,7, respectivamente).

El análisis de este año es además el primero que contabiliza el impacto de los servicios IPTV (Televisión por Protocolo de Internet, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite la transmisión de contenidos televisivos online y que en algunos casos se está usando para acceder a retransmisiones de pago, como el fútbol y otros deportes. Sin embargo, la EUIPO señala la dificultad de cuantificar esta categoría, que se da a través de redes y dispositivos privados, por lo que las cifras de impacto se basan en las visitas a sitios web de registro de IPTV pirata, no en el consumo real.

Como en el resto de los países europeos, los contenidos televisivos son los que más se piratean en España (48% del total). Sin embargo, aquí España también se sitúa en la tendencia contraria, siendo uno de los 9 miembros de los 27 donde este tipo delictivo disminuyó respecto al año anterior. España también se encuentra entre los países con menor número de accesos mensuales por usuario de internet para películas, aunque en el caso de la música, el consumo pirateado creció.

Los datos contrastan con las declaraciones del presidente de la patronal del fútbol, Javier Tebas, que afirmó recientemente que “el 40% de la población española piratea”, pidiendo legislaciones más duras y la posibilidad de poder exigir a las operadoras que le den acceso a los datos de los usuarios que se conectan a servicios IPTV, a pesar de que estos también tienen usos que entran dentro de la legalidad.

“Si no resolvemos este problema,nos vamos a una situación muy complicada. El día que tengamos la legislación ya va a estar obsoleta, porque el pirata va por delante”, continuaba Tebas, adelantando que LaLiga presentará “querellas criminales” contra “Google, en Ecuador, en Brasil y en Francia también” por negarse a retirar apps IPTV de la tienda de Android. En España, la patronal de clubes de fútbol ha pedido la imputación de los máximos responsables de Google, Apple y Huawei en un caso contra una de estas apps, como adelantó en exclusiva elDiario.es.

“Según el estudio, España no sale mal parada en cuanto a piratería en 2023 (tendencia que ya observamos en 2022)”, reseña Nathan Wajsman, economista jefe de la EUIPO, en declaraciones a este medio. Pese a todo, Wajsman afirma que “sigue siendo un índice muy alto, que demuestra que debemos seguir concienciando a la ciudadanía sobre los riesgos de acceder a contenidos pirateados”.

El informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE destaca que el pirateo de televisión por IPTV es un problema creciente el ámbito europeo. Un análisis previo de este organismo ya cifraba en 1.060 millones de euros los ingresos de este tipo de negocio, y considera que ha aumentado un 10% a fecha de hoy.

Piratería donde no hay alternativa a precio de mercado

La EUIPO resalta que los niveles de piratería a nivel europeo se mantienen altos y cómo estos están relacionados con la población y desempleo juvenil y la desigualdad de ingresos. “Este estudio arroja luz sobre el consumo de contenidos digitales y los factores que impulsan la piratería. Es imperativo abordar las causas de este comportamiento, que a menudo provienen de la falta de acceso a contenidos legales asequibles y de la necesidad de una mayor concienciación pública sobre las consecuencias de la piratería”, explica su director, João Negrão.

El informe concluye que “el volumen de la oferta legal contribuye a reducir la piratería en casi todos los ámbitos”. A su vez, recalca que un mayor número de plataformas legales y canales de televisión está asociado con una menor piratería. “Nuestro análisis apunta a factores económicos y demográficos que pueden influir en los niveles de piratería, por ejemplo la proporción de jóvenes en la población o el grado de desigualdad económica en la sociedad, pero también hay otros factores muy importantes como la percepción y actitud hacia la piratería, la disponibilidad de una oferta de contenidos legales y el conocimiento sobre esta oferta legal”, señala Wajsman.

Tomando en cuenta el factor edad, el estudio muestra que la población joven tiende a presentar mayores consumos de contenidos pirateados, especialmente en el caso de las películas. Otra variable directamente proporcional a este ilícito es la desigualdad: a mayor desigualdad presente en un país, mayor piratería tiende a presentar.

No obstante, en ocasiones los resultados muestran la complejidad creciente de este fenómeno. El análisis econométrico de la EUIPO muestra que un mayor PIB per cápita está asociado con una menor piratería de películas, pero con una mayor piratería de eventos deportivos en directo. Esto sugiere que el nivel de ingresos puede tener un efecto complejo en la piratería, dependiendo del tipo de contenido.

El multimillonario negocio del fútbol vive un conflicto entre las partes implicadas (los jugadores, los clubes, las ligas y la FIFA) que ha llegado a Bruselas. Las ligas y los jugadores han denunciado a la FIFA ante la Comisión Europea al entender que tiene un “conflicto de interés” al ser el organismo regulador del fútbol y, al mismo tiempo, el encargado de establecer el calendario de partidos que infringe el derecho de la UE en materia de competencia. Lo que aseguran es que la planificación de las competiciones internacionales es “insostenible”.

La denuncia, que será uno de los expedientes que tendrá sobre la mesa la vicepresidenta Teresa Ribera, tiene en la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y en la Copa Mundial de Clubes 2025 sus principales quejas. Lo que señalan las ligas (European Leagues), entre ellas la española que preside Javier Tebas, y el sindicato de jugadores (FIFPRO Europe) es que “la falta de un procedimiento adecuado y la ausencia de un diálogo efectivo con los jugadores y ligas en relación con el calendario” ha llevado a la FIFA a utilizar “sus poderes regulatorios para promover sus intereses comerciales a expensas de los interlocutores”.

Defender a los jugadores de 1.000 euros o 2 millones al mes

De lo que se quejan es que la acumulación de campeonatos provoca una fatiga extra a los jugadores en detrimento de los clubes “que crean mucho empleo”, según recordó David Terrier, el representante de FIFPRO. “La FIFA no nos abre las puertas”, se ha quejado en una rueda de prensa en la que ha asegurado que no se puede llevar a cabo un diálogo con ese organismo. En esa misma línea se ha pronunciado Mathieu Moreuil, representante de la Premier League, que ha hablado de “saturación” y “riesgos para los futbolistas”. “Basta ya”, ha sentenciado.

“Se está ejerciendo un abuso de posición dominante”, ha dicho Tebas sobre el “monopolio” de la FIFA y la UEFA. “Tiene que haber procesos reglamentados, transparentes y no discriminatorios”, ha explicado el presidente de LaLiga, que ha puesto el énfasis en el marco laboral: “FIFA no puede regular nada que afecte al ámbito laboral sin el acuerdo de los jugadores y de los empleadores”.

Así, ha apostado por defender a todos los jugadores, entre los que ha citado a los que cobran 1.000 euros al mes hasta los que ganan dos millones de euros mensuales. “En esta mesa se tiene que definir cómo se regula esta industria”, ha expresado antes de asegurar que en el caso español LaLiga pacta con el sindicato de jugadores el calendario sin que la federación se siente en la mesa y que, posteriormente, se produce una “coordinación” con ese ente.

Y al negocio millonario de los clubes

Pero más allá de las condiciones laborales, por las que los jugadores han llegado a pronunciar la posibilidad de una huelga, están los beneficios multimillonarios de los clubes. Tebas ha señalado directamente al mundial de clubes, cuya inclusión obliga a las ligas nacionales a modificar los calendarios y, por ejemplo, a jugar más días entre semana. “Eso tiene efectos económicos”, ha afirmado Tebas: “Efectos gravísimos sobre el ecosistema del fútbol europeo y mundial”.

Lo que esperan los denunciantes de la Comisión Europea es que actúe como árbitro en el conflicto. Una de las opciones es que auspicie una suerte de convenio colectivo en el que se establezcan unas bases para las competiciones y que la FIFA se arriesgue a multas si lo incumple. La otra alternativa es que imponga directamente sanciones para resarcir el abuso. Esta opción no es la que persiguen ni las ligas ni los jugadores, que quieren renegociar el calendario y que se establezcan unas normas claras de cara al futuro.

La noticia saltó a finales de la pasada semana en la prensa deportiva: llegan las multas para los consumidores de fútbol pirata. Varios medios informaron de una supuesta sentencia que autorizaba a la patronal que organiza el fútbol profesional en España (LaLiga) a perseguir y sancionar a aquellos que vean los partidos sin pagar. La información corrió como la pólvora en los medios y las redes sociales, pero ha sufrido ya varios desmentidos y reinterpretaciones.

El primero tiene que ver con la propia resolución judicial y es sobre el que existe un mayor consenso. La decisión del juez Javier Ramos de la Peña, titular del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona, no es una sentencia. Se trata de un auto, una diligencia preliminar ante una solicitud de LaLiga, y no de una decisión en firme sobre una demanda de piratería. En el auto, el juez ordena a los principales teleoperadores españoles (Telefónica, Vodafone, Orange, MásMovil y Digi) a enviar a LaLiga una lista de clientes que esta haya relacionado con las emisiones ilegales de fútbol.

¿De qué clientes se trata? Es aquí donde empiezan las desavenencias. Numerosos juristas, incluidos los consultados por elDiario.es, interpretan que el juez ha autorizado a LaLiga a acceder a los datos de aquellos que difunden a otros la señal de los partidos. La patronal del fútbol profesional asegura, en cambio, que han de enviársele también los datos de aquellos que se conectan con esas retransmisiones ilegales. Es decir, de los que ven partidos sin pagar.

Así lo reiteró el propio Javier Tebas, presidente de LaLiga, el sábado en Movistar+. “Los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a darnos la lista de qué clientes suyos contactan con esas direcciones IP”, manifestó.

El presidente de la patronal reveló además la acción que pretende emprender contra los consumidores de fútbol pirata: “No es una multa, pero va a ser una reclamación de daños y perjuicios”. “LaLiga sabrá quienes son aquellos clientes que están viendo el fútbol ilegal y se podrá dirigir ante ellos con una demanda de reclamación de daños y perjuicios, porque evidentemente estarán robando un contenido que es de pago y que no puede verse gratis de la forma que esos clientes están viéndolo”, añadía Tebas.

El TSJ de Catalunya contradice a Tebas

La polémica aumentó aún más este lunes. A primera hora de la tarde, el departamento de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) publicó un comunicado haciendo una interpretación diferente a la que había realizado la patronal del fútbol del auto del juez Ramos de la Peña.

“El juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona ha admitido la diligencia preliminar solicitada por LaLiga de Fútbol Profesional y requiere a las teleoperadoras para que faciliten los datos personales de quienes comparten ilícitamente sus contenidos, es decir, únicamente de los cardsharers que re-difunden a terceros la señal y obtienen un lucro con ello y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota”, detalla el organismo judicial en su portal oficial.

“LaLiga presentó una petición de diligencia preliminar al juzgado para la persecución de un tipo concreto de piratería: el cardsharing”, explica el TSJC: “El cardsharing es una práctica por la cual usuarios legítimos re-difunden la señal a determinadas redes ”pirata“ en las que todos los partícipes, incluidos quienes únicamente defraudan la cuota, utilizan decodificadores”.

Las eventuales futuras demandas que derivasen de estas diligencias preliminares solo podrían ir dirigidas contra los 'cardsharers' que re-difunden señal para obtener un lucro

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

El comunicado del organismo judicial hace una interpretación del auto para los operadores e reincide por dos veces en que “únicamente” deben dar los datos de los cardsharers a LaLiga. “Las eventuales futuras demandas que derivasen de estas diligencias preliminares solo podrían ir dirigidas contra los cardsharers que re-difunden señal para obtener un lucro”, vuelve a aclarar.

Esta es también la interpretación de los abogados especialistas en propiedad intelectual contactados por elDiario.es. “El auto habla en un principio de la identidad de las direcciones IP de una serie de sospechosos que parecen estar relacionados con el compartido de tarjetas de decodificadores y menciona los bares y los cardsharers, es decir de aquellos que comparten la conexión”, dice David Maeztu.

El letrado expone que la maniobra de averiguar qué usuarios se han conectado a retransmisiones pirata sería mucho más delicada para los derechos fundamentales de los afectados. “Para poder saber que yo me conecto a algo así, o bien es porque tú tienes un servidor y entonces ves mi dirección IP y ves que yo me estoy conectando; o bien se monitoriza absolutamente todo el tráfico y todos los paquetes de datos que mi ordenador solicita. Implicaría una monitorización masiva de todas las comunicaciones”, advierte.

“Imagino que para Tebas o para LaLiga, que el estado lo vea todo resultaría lo más eficiente para proteger su negocio”, ironiza Maeztu: “Pero para los derechos y las libertades individuales de ciudadanos no es lo más adecuado. Tendría que haber una proporcionalidad y esto sería complicado que lo superase”.

Maeztu fue el abogado defensor de uno de los pocos precedentes en España en los propietarios de derechos persiguieron a través de sus direcciones IP a los usuarios finales que violaron el copyright, el caso Euskaltel. El proceso llegó hasta el Tribunal de Justicia de la UE, que en 2021 dictaminó que es lícito utilizar las direcciones IP para identificar a ciudadanos individuales.

Están retorciendo la ley de forma torticera. LaLiga está llegando a unos niveles de agresividad que yo no había visto jamás

Carlos Sánchez Almeida — abogado especialista en propiedad intelectual

El caso Euskaltel y la actual reclamación tienen una diferencia fundamental. Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en copyright y derechos digitales, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha zanjado que los partidos de fútbol no pueden ser considerados “obras literarias, científicas o artísticas” y que por lo tanto su redifusión ilegal “no es un delito contra la propiedad intelectual”.

Al contrario, este solo estaría tipificado como “un delito leve relativo al mercado y a los consumidores”, que se castiga con penas de hasta dos años de prisión. “El fútbol no es un arte ni cultura, por muy bonitas que sean las piruetas que se hagan”, destaca Almeida: “Están retorciendo la ley de forma torticera. LaLiga está llegando a unos niveles de agresividad que yo no había visto jamás. Están forzando la máquina de la misma forma que en su momento la Coalición Antipiratería lo hizo para conseguir un cambio en la ley para penalizar los enlaces”.

LaLiga insiste en su interpretación

El comunicado del TSJC, en vez de allanar el debate, lo enturbió aún más. Ni LaLiga ni Tebas dieron por buena la aclaración e insistieron desde la tarde de este lunes en que el auto del juez Ramos de la Peñales permite pedir los datos de los usuarios que vean fútbol pirata. “LaLiga facilitará a los operadores las direcciones IP que transmiten contenido ilegal, sin importar ubicación y estas comunicaran, LaLiga los usuarios que acceden a estas IP”, dijo el mandatario en Twitter.

Este martes la patronal del fútbol ha mantenido su posición e incluso ha subido un punto la intensidad de sus reclamaciones, con Tebas calificando de “inspector Gadget” a un periodista que difundió el comunicado del TSJC. “Tan ladrón es el que emite la señal pirata como el que la ve o la compra a precios irrisorios”, insistía a primera hora.

“Lo que no tendría mucho sentido es que el auto diga que los operadores nos tienen que dar los nombres de los distribuidores de cardsharing, porque esos distribuidores ya los tenemos localizados nosotros y muchos de ellos están fuera de España y no tenemos herramientas legales para ir a por ellos”, explican fuentes de LaLiga a este medio. “El auto va un paso más allá”, recalcan.

elDiario.es ha contactado también con los operadores, pero ninguno de ellos ha aclarado en declaraciones oficiales cuál de las dos interpretaciones respaldan sus equipos legales. Aseguran que “cumplirán el mandato expresado en el auto judicial”, sin responder a la pregunta de si este será el que entiende el TSJC o el que defiende LaLiga.

El auto que ha desatado la polémica es uno de los primeros pasos de un proceso que se antoja largo. Las operadoras, sin ir más lejos, podrían negarse a proporcionar a LaLiga los datos que se les solicitan si cuentan con la adecuada justificación. En ese caso, el juez abriría vista oral.

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Consulta aquí el auto del Juzgado de auto de lo Mercantil nº8 de Barcelona que ha desatado la polémica.

Tuvieron que pasar dos guerras mundiales, dos dictaduras y una guerra civil para que en España llegase, oficialmente, el primer partido de fútbol protagonizado por mujeres. Casi un siglo de diferencia con respecto al ámbito masculino. A los streamers les ha costado menos: este sábado por la tarde dará comienzo la Queens League. Ya en la primera temporada de la Kings League, el campeonato organizado por los creadores de contenidos y presidida por Gerard Piqué, llega su versión protagonizada por jugadoras. Y lo hará dando el salto a los medios tradicionales: en la televisión, en abierto, de la mano de Mediaset (Cuatro).

La diferente repercusión entre ambos torneos ha sido comentada en redes sociales a lo largo de estas semanas. La Liga F, primera división del fútbol español en categoría femenina, cuenta con 31.000 seguidores totales entre sus perfiles de Instagram y Twitter. La Queens League Oysho, por su parte, supera los 281.000. El formato interesa al público nativo digital: el draft (el proceso de formación de equipos por el que los equipos van eligiendo jugadores en orden, similar al utilizado en la NBA), celebrado hace apenas tres semanas, fue visto en una media de casi 300.000 pantallas.

Aquel evento congregó a las más de 120 jugadoras que superaron las pruebas y que posteriormente fueron elegidas por los presidentes de los doce equipos. Entre ellos, personalidades como el streamer Ibai Llanos o exfutbolistas como Iker Casillas y Sergio Kun Agüero. Con una particularidad con respecto a la versión masculina: esta vez, ocho de los doce clubes son copresididos por creadoras de contenido conocidas en la red —en la Kings League, solo Pío FC estaba capitaneado por una mujer, Samy Rivera, Rivers, que además boxeará en La velada del año III)—. La mitad de los equipos están entrenados por mujeres.

Entre las copresidentas está Gemma Gallardo —conocida como Gemita—, seguida por más de tres millones de personas en todas sus plataformas, que cogerá la batuta de Porcinas junto a Llanos. “Veo a todas las jugadoras motivadísimas, a la gente súper receptiva, así que tengo muy buenas sensaciones y ganas de empezar y disfrutarlo”, asegura Gallardo a elDiario.es. 

La streamer confiesa haber estado “pico y pala para formar parte del proyecto hasta el día de hoy”. “Pero realmente ha sido todo muy cambiante porque al principio yo pensaba que iba a poder tener mi propio equipo, luego la liga decidió que las doce plazas eran las que había y que cada presidente podía optar a tener una presidenta y cada club apañárselas sobre cómo organizarse”, dice. Pero, reitera, es un proyecto que le hace “mucha ilusión” y “un orgullo y un privilegio” poder vivirlo con Ibai, uno de los streamers españoles más conocidos. Lo compartirá tanto en su perfil de Twitch como en Youtube, Tiktok o Instagram (además de los perfiles oficiales de la liga).

A la pregunta de este medio acerca de la igualdad en los sueldos, Gallardo prefirió no responder porque “al fin y al cabo, es decisión de cada equipo el tema del salario o reparto”, explica Paula Gómez, su talent manager. Y añade: “En nuestro caso, sí te puedo decir que hay una igualdad total y un respeto máximo por este aspecto”. A este respecto, Gerard Piqué garantizó en el draft que iban poner a jugadoras y jugadores “al mismo nivel en todos los sentidos: de salarios, de competir en el mismo terreno de juego”. “Queremos que el mensaje al mundo sea este: que vamos a ver dos tipos de espectáculos que van a ser distintos, pero igual de espectaculares”, añadió Piqué. elDiario.es ha tratado, sin éxito, de contactar con el resto de presidentas y presidentes de la Queens League para recabar información sobre salarios y condiciones.

Profesionalización y balones de oro

El contexto en que se ha dado cada competición es relevante: de la segunda mitad del siglo XX español en el fútbol convencional, al 2023 de la Queens League. Los grandes avances de la liga femenina en España han llegado en los últimos años, siendo esta temporada (2022-2023) la primera profesional. Muchas futbolistas han tenido que compaginar hasta ahora sus estudios con el deporte para asegurarse un futuro laboral y una estabilidad económica.

Tal es el caso de Sandra Riquelme, exfutbolista de equipos como el Real Valladolid o el Atlético de Madrid B, que decidió retirarse en 2015, al cumplir los 23. “Ha cambiado todo. Si la situación cuando yo colgué las botas hubiera sido la que es ahora, igual me lo habría planteado y hubiese apurado más mis años de futbolista”, afirma en conversación con este periódico. “El fútbol femenino —analiza Riquelme —ha crecido a la vez que el papel de la mujer en la sociedad”, cuenta.

Actualmente es periodista deportiva en Relevo y cubre la actualidad futbolística. En España, asegura, el progreso ha sido exponencial: “Hemos pasado de la nada, de ser ninguneadas a nivel internacional, a tener a la mejor jugadora del mundo (Alexia Putellas, actual balón de oro por segundo año consecutivo) y a un Barça que es temido por todos los equipos del mundo (y que se ha clasificado para la final de la Champions League por tercer año consecutivo)”.

Además de la mencionada profesionalización, que supone la comercialización de los derechos televisivos o la posibilidad de los clubes de recibir ayudas para mejorar infraestructuras, otros cambios hacen palpables la evolución del fútbol convencional en materia de igualdad. El año pasado se registraban en Barcelona los encuentros con mayor asistencia en el mundo, con 91.553 espectadores ante el Real Madrid, primero, y superado semanas más tarde en el choque frente al Wolfsburgo, con 91.648 personas en las gradas. 

Lo más transgresor que hizo el Barça en su día fue normalizar el fútbol femenino

Sandra Riquelme — Periodista y exfutbolista

Riquelme resalta el papel del conjunto catalán y cita una frase del exportero y director deportivo Andoni Zubizarreta: “Lo más transgresor que hizo el Barça en su día fue normalizar el fútbol femenino. Este ha pasado de ser un ejercicio de responsabilidad social corporativa, a un ’tengo que tener fútbol femenino porque sí, porque así me lo exigen mis socios, porque así está bien visto de cara a la sociedad'”. En este sentido, la periodista destaca la temprana irrupción de la sección femenina culé y sus recientes éxitos a nivel nacional e internacional: “Ha hecho que el resto de clubes se pongan las pilas, incluido en Real Madrid, y digan: ‘Oye, nosotros también queremos participar de esto, también queremos tener una sección femenina que dé éxitos'”.

Otra de las consecuencias en las que se ve cristalizado el avance es en los álbumes de cromos. El pasado 7 de marzo, Panini anunció la primera colección de la Liga F de la historia. Aunque, a diferencia de lo que ocurre en la masculina (donde nuevos fichajes o jugadores con menos participaciones pueden añadirse posteriormente o donde se puede elegir entre pegar uno u otro en una misma casilla), no todas las futbolistas tienen su cromo. Así informaba de ello Relevo, que analizaba los 165 casos en los que esto ocurría. “Cuando preguntamos al presidente de Panini por qué se habían quedado fuera estas jugadoras, la respuesta fue: 'El secreto de la Coca-Cola nadie lo cuenta y esto tampoco'”, lamenta Sandra Riquelme.

“Como compararlo con Pasapalabra”

A lo largo de los últimos meses se han vertido críticas sobre la Kings League desde estamentos oficiales. El presidente de la Liga, Javier Tebas, la definía como “circo”. “Es como si se comparas Pasapalabra como competidor de LaLiga. Lo único que se parece es que se juega con un balón y que hay que meter goles”, dijo entonces. elDiario.es ha tratado de contactar con la presidenta de la liga femenina, Beatriz Álvarez, para conocer su punto de vista sobre la Queens League y su relación con el fútbol tradicional, pero desde el departamento de comunicación han declinado la propuesta “por razones empresariales”.

Y lo cierto es que en poco se parecen las competiciones: dos equipos enfrentados en un partido de fútbol en el que gana quien más goles anota. Por lo demás, nada tienen que ver: los choques de las ligas de los streamers duran 40 minutos (divididos en dos mitades de 20), hay siete jugadores por cada lado en vez de 11, comienzan con una disputa de balón al estilo waterpolo y, en caso de empate, se declara ganador quien venza en una tanda de penaltis como las que tenían lugar en la liga norteamericana de los años 90 (las llamadas shoot out, en las que el tirador partía desde el centro del campo y, con la pelota conducida, avanzaba hasta la portería, defendida por el guardameta contrario). Además de, por supuesto, el ingrediente especial: cartas utilizables en cada encuentro, con ventajas o inconvenientes como, por ejemplo, un penalti extra o valor doble de los goles durante varios minutos. 

Según contaba Oriol Querol, director general de la Kings League y presidente de Kosmos, en conversaciones con Ibai, la Kings llegaba para cambiar aquello del fútbol tradicional que “parecía no funcionar: partidos en los que no pasa nada, empates a cero, jugadores inaccesibles”. Cinco meses después de su estreno, con un Camp Nou abarrotado y una media de más de medio millón de espectadores por partido, se puede afirmar que el proyecto, cuanto menos, ha dado que hablar.

Visto el éxito de las audiencias, falta por determinar el papel que jugará en la difusión del fútbol convencional y, por consiguiente, de la igualdad. En esta línea, Gemita cree que “va a tener un gran impacto”: “No sé si va a tener más o la misma repercusión que la que la Kings League y creo que no es necesario tampoco comparar o esperar una cosa u otra”. Y concluye que “va a ayudar mucho a darle esa visibilización, a que se normalice y que se vea que el nivel tanto de mujeres como de hombres está a la altura y acabar con esos prejuicios”.

El miedo de Sandra Riquelme, sin embargo, es “que se acerque con ojos de fútbol masculino el público ajeno al fútbol femenino”. Porque “ha conseguido tener una audiencia que se ha educado”, con un entorno “que empieza a ser seguro”. “Y me da miedo que se acabe descontrolando”, confiesa la periodista y exfutbolista. 

Como el avance reciente en las condiciones de este deporte, se espera que la repercusión de la Queens League no signifique una lucha por las audiencias contra la Liga F o demás competiciones profesionales. Se trata de que, como dice Riquelme a elDiario.es, “poco a poco se las vaya tratando en los medios de comunicación como futbolistas y no como chicas que juegan al fútbol”.

“Como preguntes algo que no está dentro del manual, no volverás a salir”. Esta frase es de Javier Tebas, presidente de LaLiga, la patronal de clubes de fútbol profesional que organiza la principal competición en España. No es nueva, es de 2019, pero ha vuelto a circular por las redes sociales después de que este medio señalara cómo el nuevo contrato televisivo da todo el control de la información, tanto de lo que se enseña como de lo que se dice, a la organización empresarial durante las retransmisiones. En aquella entrevista que concedió al programa 'El Partidazo' de la Cope, Tebas ya defendía lo que posteriormente se ha plasmado en el pliego de condiciones para las operadoras que desde esta temporada emiten el fútbol por televisión.

“Si estás con los micrófonos de LaLiga no vas a preguntar algo que consideramos que no sea apropiado”, añadía en aquel encuentro Tebas, apuntando que esto se produce porque LaLiga tiene una “línea editorial”. El último contrato televisivo incide en esta limitación y la amplía. Dos plataformas emiten actualmente el campeonato: Movistar y Dazn. La primera adquirió todo el paquete de LaLiga, lo que incluye a sus locutores y comentaristas. La segunda, apostó por tener sus propios profesionales. El contrato, sin embargo, también limita la información durante estas retransmisiones.

La CNMC ya advirtió que esta limitación, que obliga a los profesionales a dar una imagen “positiva” sobre clubes y la competición, chocaba con el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de información. “La CNMC tiene razón en sus apreciaciones”, señala Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociación de Periodistas de España (FAPE). “Supone un control que va contra el ejercicio objetivo de la información y atenta a la libertad de información y el derecho que tiene el ciudadano de recibir una información equilibrada”, asegura el representante de las asociaciones de profesionales de España.

Su predecesor en el cargo y vocal de la Asociación de Periodistas de Madrid, Nemesio Rodríguez, coincide con esta apreciación. “Estas condiciones limitan claramente el derecho a la libertad de expresión de los comentaristas y el de información de los ciudadanos, garantizados ambos en el artículo 20 de la Constitución”, apunta. “Las condiciones también limitan el derecho de crítica, expresado ya sea con imágenes o con voz, y esto es un elemento básico de la libertad de expresión”, añade el expresidente de la FAPE.

Hasta la fecha, Movistar+ tenía los derechos en exclusiva y contaba con un equipo de profesionales que retransmitían los partidos, aunque la producción técnica dependiera de LaLiga. En diciembre se realizó la subasta de los derechos para esta temporada y las cuatro próximas. En total, cinco años por los que Telefónica y Dazn abonarán 4.950 millones para repartirse este paquete de 10 partidos por semana. Movistar decidió dejar de contar con equipo propio ante la propuesta de LaLiga de incluir ellos también la narración y los comentaristas. Dazn, que se estrena en la emisión de esta competición en España, prefirió contar con sus propios profesionales.

“El adjudicatario se comprometerá a que la personalización de la producción sea realizada de forma positiva, evitando dañar la imagen de las competiciones, clubes, jugadores y público”, reza el pliego de condiciones para aquella adjudicación. Es decir, LaLiga se garantiza poder supervisar qué se dice durante las retransmisiones. En caso de “vulneración”, la patronal pedirá a la plataforma que “no reincida”. Se reserva, incluso, la capacidad de “solicitar el relevo de aquellos locutores, narradores, comentaristas y redactores que hayan incumplido los principios citados”. De este modo, se garantiza por contrato el control en ambas plataformas.

“Es una forma de censura previa”, señala Rodríguez, ya que se anticipa que no se van a emitir imágenes ni opiniones “negativas”. “Es evidente que, en determinados casos, tales imágenes o comentarios pueden ser imprescindibles para comprender lo que está ocurriendo en un determinado partido”, apunta. “Se hurta al ciudadano de la información que necesita para formar su propia opinión”, añade.

LaLiga marca incluso cómo se deben realizar las entrevistas en el estadio, tanto a los directivos como a jugadores o entrenadores. El pliego de condiciones plantea cuestiones como consultar con el entrevistado las preguntas antes de las entrevistas, o que no se realicen preguntas sobre los árbitros y que el contenido de las cuestiones se centre únicamente en aspectos del partido. El propio Tebas ya señalaba en aquella entrevista en 2019 que no se podía preguntar a un jugador sobre su renovación con su equipo.

“El libre ejercicio del periodismo, imprescindible sostén de las democracias, supone que el periodista tiene el derecho (y el deber) de preguntar lo que estime oportuno y sirva para garantizar el derecho de información de los ciudadanos”, señala Rodríguez al respecto.

Noceda, actual presidente de la FAPE, advierte que LaLiga está “jugando con fuego” con esta estrategia. “Cualquier manipulación de la información es perjudicial para el propio manipulador ya que las imágenes las ve todo el mundo y sobre ellas es difícil tergiversar”, apunta. “Es un control que no solo daña la pluralidad, ya de por sí afectada, por la ley del fútbol y los canales de pago, sino que en control ofrece una visión parcial de una parte interesada como es LaLiga”, subraya.

Un despido que podría ser anulado

Carlos Sánchez Almeida es abogado y director legal de la Plataforma por la Libertad de Información y ha llevado casos en los tribunales frente a LaLiga por disputas sobre el copyright del fútbol. “El contrato de los derechos audiovisuales es contrario a la libertad de expresión”, asegura Almeida. “Es una barbaridad que el propietario de los contenidos controle lo que se informa”, añade. El letrado considera que el comentario que se realiza durante una transmisión se enclava en la “libertad de expresión”, si no apunta a que puede situarse en la “inconstitucionalidad”.

Almeida recuerda que el hecho de que estas limitaciones que establece LaLiga se encuentren en un contrato que han aceptado las operadoras no exime del respeto a la libertad de información. Esto afecta también a la cuestión laboral que se abre con el párrafo de los pliegos que señala que LaLiga pueda solicitar el cese de un comentarista o narrador si es reincidente en su incumplimiento a dar una imagen “positiva” de la competición. “Despedir basándose en el incumplimiento de un derecho fundamental es un despido nulo, no puede imponerse el incumplimiento de la Constitución Española”, enfatiza.

LaLiga ha defendido sobre este asunto que, si bien es cierto que estas capacidades están contempladas en el contrato, no significa que se apliquen medidas para limitar la libertad de expresión. “La línea editorial es evitar preguntas sobre temas no deportivos. Nada que ver con la libertad de prensa. Es algo obvio”, ha asegurado Tebas en Twitter sobre los límites al trabajo de los periodistas.

Los derechos televisivos del fútbol mueven varios miles de millones de euros cada año. Hace apenas unas semanas La Liga anunció la venta de los derechos audiovisuales de la primera división durante cinco temporadas por casi 5.000 millones de euros a Movistar y DAZN, un conglomerado de medios propiedad de la primera fortuna británica. Y un foco fundamental del negocio son los bares, donde según diversas encuestas varios millones de personas acuden cada temporada a ver partidos de su equipo. La mayoría pagan cuotas especiales a las plataformas para ofrecer los partidos como reclamo a sus clientes pero también muchos que buscan atajos para hacerse con la señal. Distintos tribunales estudian las denuncias de La Liga contra el pirateo. Y las sentencias que se van conociendo no se ponen de acuerdo: hay condenas con penas de cárcel y meras multas por delitos leves.

El caso que ha destapado la polémica judicial es el de un bar del barrio madrileño de Vallecas. Los inspectores de La Liga comprobaron en octubre de 2018 que esta cervecería del casco antiguo estaba usando un descodificador 'Quiart' para, supuestamente, ver el fútbol sin pagar a las plataformas. El organismo que dirige Javier Tebas presentó una denuncia ante la Policía Judicial y unos meses más tarde los agentes comprobaron que, efectivamente, el dispositivo funcionaba y servía para ver el fútbol sin pagar ninguna suscripción oficial aunque estaba apagada cuando entraron en el bar.

En un primer momento el descodificador le costó un año de cárcel, una multa de 2.160 euros y la obligación de pagar 628 euros a La Liga por un delito contra la propiedad intelectual y otro leve contra el mercado y los consumidores, en línea con la acusación de la Fiscalía y de La Liga. Ahí empezó el conflicto, porque según reconoce ahora la Audiencia Provincial de Madrid, esta “no es una cuestión pacífica”. Algunos tribunales apuestan por incluir en la condena el delito contra la propiedad intelectual y otros por dejar el pirateo en el delito leve. La diferencia es importante: de un delito castigado con hasta 4 años de cárcel a otro que, como mucho, acarrea una multa.

La Audiencia Provincial de Madrid, con Antonio Viejo como ponente, ha optado por la opción menos grave y entiende que se trata de un delito leve contra los consumidores porque, según entiende, los partidos de fútbol y eventos deportivos televisados en general no pueden ser considerados artísticos, científicos o literarios en términos legales y eso cierra la puerta a la condena por el delito contra la propiedad intelectual.

Esta sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, choca tanto con las tesis de la Fiscalía y de La Liga que preside Javier Tebas. Desde 2015 la Fiscalía defiende, tal y como dijo en una circular, que este tipo de actuaciones de los responsables de establecimientos de hostelería tenía que ser considerado un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270.1 del Código Penal. En numerosos casos La Liga ha impulsado la acusación por este delito contra dueños de bares, por ejemplo, en Andalucía, Baleares o Madrid y siempre con el apoyo de la Fiscalía aunque con resultados dispares.

Uno de los casos más voluminosos de esta persecución penal contra el pirateo del fútbol tuvo lugar a finales de 2019 cuando la Policía Nacional lanzó la 'operación Themis' contra varios miles de locales en todo el país por esta práctica con cientos de decodificadores ilegales requisados. La Liga calcula que en España unos 60.000 locales emiten el fútbol de forma irregular, la mitad de todos los que ofrecen partidos a sus clientes, la mayoría de ellos con decodificadores pirata, según explica esta información de El País de la sección “Es La Liga”. En algunos tribunales del país ha prosperado su acusación por el delito más grave pero en otros el castigo se rebaja mucho.

Esta sentencia de la Audiencia de Madrid evita que el dueño del bar de Vallecas condenado entre en prisión al atribuirle sólo un delito contra los consumidores e imponerle una multa de 180 euros además de rebajar a 196 euros la indemnización para La Liga. Los jueces le absuelven del delito contra la propiedad intelectual, que le había acarreado una condena de un año de prisión por parte del juzgado de lo penal.

Una “interpretación extensiva”

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza en primer lugar una parte de los argumentos que el dueño de la cervecería planteaba en su recurso: da por hecho que él sabía perfectamente para qué servía el decodificador que tenía instalado en la televisión del local y señala que ninguna de las acusaciones dirigidas contra él había prescrito durante el proceso judicial. Pero la reclamación del hostelero prospera en su alegación final: la retransmisión televisiva de un partido de fútbol no constituye una obra o prestación artística.

Los jueces analizan tanto el Real Decreto aprobado por el ministro Wert que en 2015 reguló la venta centralizada de los derechos televisivos del fútbol como también la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 y concluye que piratear las retransmisiones de fútbol no vulnera la propiedad intelectual del propietario de los derechos. “Una transmisión o emisión realizada por una entidad de radiodifusión no es por sí misma susceptible de ser calificada como artística, científica o literaria”, explica la Audiencia de Madrid, con la excepción de que sea la retransmisión de algo artístico como un concierto o una ópera, dice.

Interpretar lo contrario, dice esta sentencia, sería ir más allá de lo que hizo el propio Gobierno en la reforma de 2015 y sería, además, retorcer la Ley en contra del acusado. “Si el legislador trataba de incluir como objeto de protección penal las retransmisiones deportivas, no tenía más que añadir a los adjetivos empleados el calificativo ”deportivo“ o simplemente pudo no haber adjetivado el término prestación”, explican los jueces. “Pretender que cuando el legislador dice prestación literaria, artística o científica quiere decir prestación de cualquier clase, incluida la retransmisión de un evento deportivo, se está llevando a cabo una interpretación extensiva y contraria a reo”, zanja la resolución.

Los jueces analizan varios casos estudiados en otros tribunales que apoyan su teoría. Autos de las Audiencias de Pontevedra y Madrid que, entre otros casos, avalaron que los dueños de bares de Vigo y Getafe fuesen juzgados por un delito leve y no por uno contra la propiedad intelectual como pedían La Liga y la Fiscalía en ambos procesos.

En contra de la Fiscalía

El caso de los bares que usan decodificadores pirata constituye uno de los pocos casos en el que el criterio de los tribunales es abiertamente contrario, y de manera prolongada, a lo que defiende la Fiscalía. El criterio de la Audiencia Provincial de Madrid viene establecido desde hace varios años: en octubre de 2019 la junta sectorial de magistrados de las secciones penales estableció de manera tajante que “la conducta consistente en emitir partidos de futbol en establecimientos públicos sin autorización debe ser subsumida en el art. 286.4 del Código Penal”. Es decir, un delito leve y no uno grave contra la propiedad intelectual.

Una postura que choca frontalmente con lo defendido por la Fiscalía desde hace más de un lustro. En su circular 8/2015 publicada a finales de ese año el Ministerio Público, entonces con Consuelo Madrigal a la cabeza, explicaba que la reciente reforma del Código Penal protegía también a las retransmisiones deportivas bajo el paraguas de la propiedad intelectual: “Permitirá proteger tales prestaciones aunque ni la grabación ni la transmisión tuvieran por objeto una obra intelectual, pues aquéllas merecen protección de manera autónoma y con independencia de cuál sea su contenido; así, por ejemplo, las retransmisiones de un evento deportivo, de un concurso, de un debate...”, dijo la Fiscalía hace seis años.

La diferencia es importante. Un delito leve contra los consumidores del artículo 268.4 del Código Penal acarrea, como mucho, una multa de hasta 12 meses de cuota, que sólo puede traducirse en una entrada en prisión si se deja de pagar. Un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270.1 de la misma Ley acarrea condenas de hasta cuatro años de prisión y el doble de cuantía en las multas. En el caso de esta cervecería de Vallecas, además, los jueces tienen en cuenta que el perjuicio para La Liga fue de sólo un mes, lo único que pudieron probar los agentes de la Policía Nacional.

La Liga de fútbol profesional ha abierto un frente judicial con el Ministerio de Consumo al recurrir el Decreto de Publicidad del Juego que aprobó el Ejecutivo a finales de 2020 para poner coto a la publicidad de las casas de apuestas. La decisión llega después de que el pasado verano la entidad que preside Javier Tebas lograse aval del Estado a préstamos por un importe de 105 millones de euros y tras recibir LaLiga una “solicitud de información” de las autoridades tributarias sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales del periodo 2017-2019.

La Liga Nacional de Fútbol Profesional figura entre las numerosas entidades que han decidido acogerse a la línea de avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID-19 que puso en marcha en marzo de 2020 para garantizar liquidez a pymes, autónomos y empresas.

Según datos del Ministerio de Hacienda, el pasado 8 de agosto LaLiga recibió garantía del Estado a un préstamo de 70 millones de euros. La operación se repitió el 23 de septiembre, con otros 35 millones avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estas líneas cubren el 70% del importe de los préstamos.

Las garantías del ICO no aparecen mencionadas en las últimas cuentas anuales de LaLiga. Estas fueron formuladas el pasado 6 de agosto, dos días antes de haber recibido el primero de esos avales, y comprenden el ejercicio económico cerrado el 30 de junio. En ellas la entidad señala que un mes después, el pasado 30 de julio, “le fue notificada el inicio de actuaciones tributarias referidas a los años 2017, 2018 y 2019, por medio de una solicitud de información”.

El procedimiento por ahora “se encuentra en una fase inicial, no esperándose que el resultado de las mismas tenga un efecto significativo”, explica LaLiga en sus cuentas, en las que cifra en 27,236 millones el coste de los gastos extraordinarios ocasionados por la aplicación del protocolo de actuación contra el coronavirus para la vuelta a la competición en concepto, fundamentalmente, de test de detección y desplazamientos.

455 millones avalados al fútbol

El importe avalado por el Estado a LaLiga eleva como mínimo a 455 millones de euros los préstamos que ha garantizado el ICO en los últimos meses al fútbol profesional. Este deporte ha visto como la pandemia y la ausencia de público en los estadios devaluaba drásticamente el valor de los derechos de retransmisión de las competiciones, cuya gestión centralizada realiza LaLiga.

A estos 105 millones avalados a la entidad que preside Javier Tebas, con la que elDiario.es intentó contactar sin éxito este miércoles, se suman los 350 millones que acumulan quince equipos españoles, de los que el 78% corresponde a los tres grandes, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, vigente campeón. Dos tercios de los avales a los clubes los concentran el Real Madrid y el Barça, con 143,5 y 92 millones, respectivamente. Estos dos clubes reafirmaron este miércoles, tras la apertura de un expediente sancionador por parte de la UEFA, su apuesta por la Súperliga, que Tebas ha rechazado con dureza, para evitar la “inevitable ruina” de fútbol que pretenden “modernizar”.

La decisión de LaLiga de recurrir el decreto de publicidad no ha sentado bien al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que este miércoles lamentaba en su cuenta de twitter que los clubes de fútbol “anteponen sus beneficios a la protección de millones de jóvenes de todo el país”.

LaLiga se ha sumado a los recursos que ya han planteado a la norma ante el Tribunal Supremo la patronal de la prensa escrita (la Asociación de Medios de Información) y Jdigital, la patronal de las apuestas online, que presentó su recurso tras contratar como asesor a un ex director general del Juego en la etapa de Mariano Rajoy.

El texto recurrido, que en una primera versión presentada antes de la pandemia era mucho menos restrictivo, fue reformulado y endurecido tras la experiencia de la prohibición temporal de la publicidad del juego durante el confinamiento, al vetar el 90% de los anuncios de apuestas restringiéndolos al horario de madrugada, sin permitir que estas empresas se publiciten en ropa deportiva, aunque con una serie de periodos transitorios para respetar los acuerdos firmados con antelación a su aprobación.

En el caso de los patrocinios de clubes deportivos, estos se deberán extinguir a partir del 30 de agosto de 2021, en línea con las observaciones realizadas al texto por el Consejo de Estado.

La norma, que figuraba entre los acuerdos del Gobierno de coalición, fue, según el ministro de Consumo, la respuesta a una “alarma social” que estaba “justificada” ante la “extraordinaria” expansión de las apuestas de los últimos años, especialmente, entre los jóvenes.

En 2020, el número de inscritos en el registro estatal de personas que piden que se les prohíba jugar online batió otro récord al aumentar un 12%, hasta alcanzar más de 56.000 personas.

Pese a la suspensión temporal de las competiciones deportivas, las apuestas online batieron nuevos récords de facturación y número de jugadores en España. El gasto medio por jugador subió un 18%, hasta superar por primera vez los 50 euros mensuales. Los ingresos del sector alcanzaron los 850 millones y el número de jugadores online marcó otro máximo de 1,48 millones.

Cuatro días después de que una docena de clubes de fútbol, tres de ellos españoles, europeos lanzaran la Superliga ha tomado la palabra este jueves La Liga, la organización que gestiona el campeonato nacional. Javier Tebas, presidente de la asociación donde están integrados Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, ha dado por “muerto” el proyecto de un campeonato alternativo a la Champions League. Sin embargo, ha evitado hablar de sancionar a estos equipos, que actualmente están disputándose el título liguero. “No corramos con el tema de las sanciones”, ha asegurado, pese a que “ha sido una acción muy peligrosa para el fútbol”.

El polémico gestor del fútbol profesional español ha comparecido en rueda de prensa junto con los presidente del Valencia, Villarreal, Betis, Sevilla y Levante tras una reunión de La Liga en la que no han estado presentes los clubes que apostaron por la Superliga. Tebas ha cargado contra el proyecto y ha celebrado que “se ha terminado con esta amenaza”. “No es cierto que vengan a salvarnos de la ruina. La competición nacional sale muy dañada en cuanto al aspecto económico y respecto a la meritocracia”, ha señalado. “Si fuese muy bueno para el fútbol no lo habrían hecho de manera clandestina”, ha incidido.

Tebas ha acusado a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, y al presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, de “mentir” en cuanto a la justificación que se ha hecho del nuevo campeonato. “La Superliga está muerta, es un torneo binacional”, ha asegurado en la rueda de prensa. “No se puede hacer de un tema aislado, como es la pandemia, para justificar la competición”, ha señalado. “Quizá este año tienen pérdidas pero que miren sus resultados de los últimos cinco años, no es cierto que pierdan”, ha defendido.

Los directivos que han comparecido han coincidido en señalar que en el fútbol se vive un proceso de “hiperinflación” en cuanto a los gastos de los clubes de fútbol en fichajes y salarios. “No se trata de que mejoren sus ingresos, como defienden, se debería afrontar un control de gastos”, ha asegurado Tebas, quien ha lamentado que estos clubes deben ser “más solidarios” con el resto de equipos. “Una Superliga sería el final de la liga española como la conocemos, perderíamos 1.000 millones menos de ingresos, sería un desastre”, ha remarcado.

Tanto Tebas como el resto de presidentes que han participado en la comparecencia han abogado por seguir en la vía de una reforma de la máxima competición europea, como aprobó este lunes la UEFA. “Se ha estado negociando hasta el viernes pasado y los clubes que formaron la Superliga votaron a favor de la reforma de la Champions”, ha defendido Tebas.

De los 12 equipos que crearon la Superliga, ocho de ellos se han desvinculado (los ingleses, el Atlético y el Inter), mientras que la Juventus y el Milán han reconocido que es difícil que salga adelante. Pese a ello, tanto el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como el del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, han defendido la creación de este campeonato. El último en hablar ha sido el recién elegido presidente del Barça, quien ha asegurado que se trata de un campeonato “totalmente necesario”. “Tenemos una posición de prudencia. Es una necesidad, pero la última palabra al final la tendrán los socios”, ha señalado.

Pérez ha sido el rostro visible del campeonato, del que iba a haber sido el presidente. Pese a las bajas, aseguró este miércoles que la Superliga sigue adelante. Sería una pena que este formato no lo aprovecháramos“, señaló. ”Vamos a seguir trabajando“, incidió.