Denuncian al Defensor del Pueblo “la intolerable pasividad” del Gobierno ante los bloqueos de Internet de LaLiga

Una foto que ha escocido que ha escocido a los afectados. Las principales asociaciones de usuarios de Internet de España han reiterado este jueves ante el Defensor del Pueblo su queja por los bloqueos indiscriminados del tráfico de red instados por LaLiga, motivadas por un reciente acuerdo entre el Ministerio de Trasformación Digital y la patronal dirigida por Javier Tebas. El pacto, ratificado la pasada semana, pone en marcha diversas medidas para desarrollar un “ciberespacio confiable”.

“La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de 'colaboración', mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura y control de las redes en España”, denuncian la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet en un comunicado conjunto.

Las asociaciones denuncian la “intolerable pasividad” del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la situación, que se repite desde hace un año. Cada fin de semana, la patronal del fútbol ordena a los operadores censurar grandes paquetes de datos que circulan por sus redes si detecta que, entre ellos, circula una retransmisión pirata.

Debido al método de bloqueo, este provoca que cientos de webs y servicios digitales queden inaccesibles debido a esas emisiones ilegales, con las que no tienen ninguna relación. “Ni la Secretaría de Estado ni la CNMC han atendido las peticiones de los internautas ante los bloqueos de Internet que cada fin de semana ordena La Liga indiscriminadamente”, continúan las asociaciones: “Las han ignorado deliberadamente y tampoco actúan de oficio. El Gobierno prefiere mantener la impunidad de los ataques de denegación de servicio, los daños a terceros y la censura arbitraria de contenidos”.

El Gobierno recomienda la vía legal

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

LaLiga, por su parte, echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en paquetes de datos que se mueven juntos por la red. Con todo, asegura que sus bloques están amparados por la justicia y son “proporcionados” y “quirúrgicos”.

La resolución a la que se refiere la patronal es una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren esos paquetes de datos cuando exista una retransmisión pirata entre ellos. No obstante, el juez afirma en el texto que esa maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

LaLiga insiste también en delegar la responsabilidad de la situación en Cloudflare, y recuerda que recientemente la compañía ha sido multada en Italia con un 1% de su facturación global por no tomar “medidas efectivas para impedir el uso de sus servicios en la difusión de contenidos ilícitos, pese a haber recibido órdenes para desactivar el acceso a determinadas páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos”.

Cloudflare niega esta responsabilidad y ha protestado por la situación ante la Casa Blanca, entendiendo que España está dificultando el comercio internacional. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Defensor del Pueblo, que ya tenía una primera queja de las asociaciones de usuarios registrada en junio de 2025, no ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre el estado de este procedimiento.

Mientas tanto, los usuarios y empresas afectadas siguen atrapados en una maraña de bloqueos de Internet pese a que no tienen relación con la piratería. “Lo más grave, es que esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”, ha denunciado la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.