El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado esta semana al Parlamento Vasco de que han sido hasta 22 los tipos diferentes de vacunas pasadas de fecha que ha administrado en 2023, 2024 y 2025. La directora general, Lore Bilbao, ha matizado que en algunas de ellas se emplean varias marcas comerciales, lo que explica la elevada cifra.

En esta última versión, el total de afectados no difiere en exceso con lo ya conocido, con 89 en 2023, 7 en 2024 y 274 en 2025. El último dato referido al pasado año era del entorno de 260 personas erróneamente vacunadas incluyendo los primeros días de 2026, cuando trascendió este asunto. Sí es relevante, dado que el dato no había trascendido, que ha habido incidencias en las trece OSI o comarcas sanitarias de la red. En marzo ya se informó de casos de 2017.

La información ha llegado a la Cámara a solicitud de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, que fue la que en su día lo denunció y motivó que, 'a posteriori', se confirmara públicamente. La triple vírica de Priorix es la que más veces se ha ofrecido pasada de fecha, 84 veces en 2023, 6 en 2024 y 44 en 2025. Después están la tetravalente Tetraxim, con 55, y la hexavalente Vaxelis, con 36, que fue la primera que originó la revisión de inoculaciones anteriores. En el listado, en cambio, hay muchos más tipos de vacunas, algunas con una sola incidencia, como la Rotatez, la Boostrix o la Engerix B. Esta revisión no afecta a los dos productos más comunes, la inmunización contra la gripe estacional y la COVID-19.

Ubera ha insistido en que Osakidetza tiene un problema “estructural” con este asunto. “No es un error aislado o suelto, como lo han querido vender. No hay trazabilidad”, ha indicado a los medios de comunicación. También el PP se ha mostrado crítico y ha asegurado que el problema “no está encarrilado” todavía, según Laura Garrido.

Esto ha sido desmentido con rotundidad por el consejero, Alberto Martínez. Ha asegurado que los partidos políticos son libres para estirar el chicle pero que el Gobierno ya lo da como “tema zanjado”. “Para los pacientes está resuelto” y se han implementado ya las medidas para evitar que se pueda volver a repetir, principalmente el sistema “datamatrix” y de “los siete correctos” -en referencia a un protocolo de comprobaciones de siete pasos-, así como la cartilla de vacunación digital. “El 98,5% de las vacunas administradas en 2025 se hicieron de forma correcta”, ha dicho también Bilbao. El Ejecutivo recalca que no se le puede acusar de opacidad cuando hubo una incidencia “en diciembre y enero” en un centro y se han revisado muchos más meses y tipos de vacunas “en toda la red”.

La segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es no quiso pasar por alto un tema fundamental para entender el futuro de la autonomía sanitaria europea: la innovación biotecnológica, un sector que además ha sabido consolidarse en los últimos años. 

Moderada por el periodista David Noriega y con la participación de Juan Cruz Cigudosa, Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Laura García Bermejo, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Ramón y Cajal; María Fernández Jiménez , directora de acceso al mercado y relaciones institucionales de Amgen España; y Carlota Gómez, directora Ejecutiva de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Hipra, la conversación trazó una hoja de ruta que sitúa a España en una posición de privilegio, aunque no exenta de desafíos urgentes.

La sesión comenzó con un diagnóstico optimista pero realista del Secretario de Estado. “La posición de España es sólida y de liderazgo en este ámbito, y eso nos lo tenemos que creer”, aseguró de forma tajante Juan Cruz Cigudosa, que fundamentó esta afirmación en tres pilares: una producción científica que sitúa a España entre los diez mejores países del mundo, una infraestructura universitaria de primer nivel y, sobre todo, una recuperación histórica de capital humano. “Hemos revertido la tradicional idea de que el talento se iba de nuestro país. Del 18 al 24 estamos ya en 23.000 científicos recuperados”, señaló, destacando que el 81% de las nuevas incorporaciones de excelencia son extranjeros.

Este ecosistema tiene su base de operaciones en los hospitales. Laura García Bermejo, desde su experiencia en el Hospital Ramón y Cajal, subrayó que España es el primer país europeo en ensayos clínicos, una ventaja competitiva que nace de la cercanía con el enfermo. “Los pacientes nunca son un inconveniente, siempre son una ventaja. Nos hacen focalizar las preguntas de investigación en la mejora de la sanidad”, afirmó Bermejo, recordando que el objetivo final debe ser “dar más vida, pero darla con calidad”.

A pesar del potencial científico, la industria biotecnológica global advierte sobre las barreras en el acceso al mercado. Desde Amgen España, María Fernández Jiménez puso sobre la mesa la enorme inversión que requiere un fármaco biotecnológico: “Para producir un fármaco biotecnológico tenemos que invertir más de 2.000 millones de euros o de dólares y el tiempo que requiere es de entre 10 y 12 años.

Por lo tanto, es una inversión muy grande y una decisión que es de mucho calado si invertir aquí en España o invertir en Europa“. Comparó estos datos con los de Alemania para ejemplificar la disparidad en los tiempos asegurando que allí ”a los 4 meses hay acceso a la innovación“, cuando en España el mismo proyecto podría tardar más de 12 meses, lamentó. Fernández Jiménez redujo la cuestión a los conceptos de ”agilidad, predictibilidad y el reconocimiento al valor de la innovación“.

Por su parte, Carlota Gómez recordó la gran hazaña de Hipra como la única compañía española en desarrollar una vacuna propia contra la Covid-19, un éxito que calificó como “un hito de país”. No obstante, advirtió sobre la falta de compañías con escala suficiente en comparación con otros socios europeos y reclamó un marco regulatorio diferenciado para las empresas de tamaño medio. “Si no podemos escalar es porque nos aplican las mismas normas que a las compañías exageradamente grandes y esto no nos beneficia”, explicó Gómez.

España, epicentro de los ensayos clínicos

Fue en este punto cuando el debate alcanzó uno de sus puntos álgidos al abordar la joya de la corona del ecosistema español: los ensayos clínicos. Durante la discusión se puso de manifiesto que España no es solo un participante, sino el primer país europeo en ensayos clínicos. El dato ofrecido por Cigudosa es rotundo: “Uno de cada dos ensayos clínicos internacionales de Europa, España o lo coordina o lo lidera”.

El Secretario de Estado advirtió, sin embargo, que no hay que bajar la guardia frente a la pujanza de China, que ha dado un “salto potentísimo” en este ámbito, aunque insistió en la calidad del sistema español, garantiza estándares que otros mercados aún no alcanzan.

Los marcos regulatorios

El debate avanzó hacia las herramientas legislativas que deben blindar el crecimiento del sector. Cigudosa introdujo un tema crítico en la negociación de los presupuestos europeos: el Régimen 28. Este marco permitiría que las empresas de innovación en Europa operen bajo las mismas reglas financieras y fiscales, evitando que el continente sea “un mercado persa”, donde los países compiten entre sí por atraer inversiones.

Los ponentes coincidieron también en que la futura Ley de Biotecnología es una oportunidad de oro. Para García Bermejo, esta ley permitirá a los investigadores organizarse y distinguir desde el inicio qué ideas deben seguir el camino de la investigación básica y cuáles deben entrar en la vía de la innovación inmediata. Fernández Jiménez añadió que es fundamental para “incentivar todo el ecosistema y proteger la propiedad industrial”.

Las lecciones de la pandemia

Uno de los momentos más destacados de la mesa fue la reflexión sobre cómo la tecnología, en especial la Inteligencia Artificial, está acelerando procesos que antes eran agónicos. María Fernández Jiménez reveló un dato sorprendente: “En la presentación de un dossier de registro y aprobación hemos pasado de un producto de 36 meses a 9, es un salto cualitativo muy grande y es la prueba de que realmente se pueden agilizar tiempos para que las aprobaciones sean más rápidas”. 

Esta aceleración conecta con lo aprendido durante la crisis de la Covid-19. Tanto Carlota Gómez como Laura García Bermejo coincidieron en que la pandemia demostró que es posible acortar tiempos sin comprometer la seguridad si hay coordinación y voluntad política. Cigudosa discrepó en este aspecto y calificó aquel periodo como “la subida a la Luna de la investigación biomédica”, destacando la cesión de conocimiento compartido sin precedentes. “Eso nunca había pasado y no creo que vuelva a pasar”, aseguró.

Hacia una autonomía estratégica

Ya en el tramo final del debate, se abordó la competencia global, especialmente frente a China. “Autonomía estratégica no quiere decir independencia estratégica, hay que estar abiertos a la coordinación y a la cooperación”, matizó el Secretario de Estado sobre la importancia en la elección de las palabras. “Yo no creo que podamos competir en el sentido de aniquilar nuestra competencia, sino que tenemos que utilizar lo que están aprendiendo ellos y la forma en la que lo hacen”, valoró, con los demás ponente de acuerdo.

María Fernández Jiménez apuntó al Espacio Europeo de Datos en Salud como la ventaja competitiva definitiva de Europa frente a EEUU y China, gracias a nuestros sistemas sanitarios universales y el volumen de datos sólidos de los que disponemos.

Deberes mutuos

La mesa concluyó con una ronda de peticiones cruzadas que evidenció la necesidad de una colaboración público-privada real y sin fisuras. Carlota Gómez pidió “pensar como sistema”. María Fernández Jiménez, por su parte, instó a no dar por sentado el liderazgo actual y asegurar la rentabilidad para reinvertir en ciencia. Laura García Bermejo abogó por mantener siempre los objetivos comunes centrados en el paciente. 

La última palabra fue para Juan Cruz Cigudosa que, tras recordar que España ha alcanzado una inversión histórica en I+D+i de 24.000 millones de euros, señaló una debilidad: “El equilibrio bueno es que un tercio de la financiación proceda de fondos públicos y dos tercios de la parte privada; ahora mismo estamos en el 50%”. Un mensaje de optimismo, pero con deberes claros para que España no solo investigue, sino que lidere la industria del mañana.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, ha actualizado las recomendaciones destinadas a las explotaciones ganaderas con el fin de reforzar la prevención y el control de la lengua azul, una enfermedad vírica que afecta principalmente a rumiantes, especialmente ovinos y bovinos, y cuya transmisión se produce a través de pequeños insectos del género culicoides.

Estas recomendaciones, elaboradas en coordinación con organizaciones profesionales agrarias, Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y el Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla La Mancha, se han enviado a las delegaciones provinciales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que a su vez las han remitido a las OCAS y veterinarios de explotación. De forma paralela, se han enviado también a las organizaciones profesionales agrarias, ADSGs y al Colegio de Veterinarios, ha señalado la Congejería a través de una nota de prensa.

La enfermedad, considerada de declaración obligatoria, requiere que cualquier sospecha sea comunicada de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales. Por eso, y para facilitar esta gestión, la Consejería recuerda que los ganaderos disponen de un formulario específico en la sede electrónica para comunicar casos sospechosos.

En el documento con la información actualizada, la Dirección General subraya que existe un riesgo real de infección en toda la península debido a la circulación de los serotipos 1, 3, 4 y 8 del virus. En Castilla-La Mancha en particular, el cambio climático está contribuyendo a que la enfermedad mantenga un carácter endémico, incrementando la necesidad de aplicar medidas de prevención continuada en las explotaciones ganaderas.

Recomendaciones

En primer lugar, la Consejería recalca que la vacunación es la herramienta más eficaz para proteger a los animales, dado que no existe tratamiento curativo para el virus y, por tanto, es la única manera de proteger a la cabaña ganadera y disminuir el impacto sanitario y económico.

Los serotipos circulantes en el año 2025 en España y en Castilla-La Mancha han sido, mayoritariamente, el 3 y el 8, produciéndose detecciones puntuales del serotipo 1. Se recomienda, puesto que no existe inmunidad cruzada, que los animales se vacunen de todos los serotipos circulantes todos los años, dado que la vacunación generalizada es la única forma de conseguir una inmunidad de rebaño.

Las vacunas se aplicarán siguiendo las indicaciones del fabricante de la vacuna, si bien en el caso de las vacunas frente al serotipo 3 se recomienda aplicar una dosis de refuerzo entre 5 y 6 meses después. La Dirección General recalca que las vacunas no causan la enfermedad, aunque pueden producir fiebre leve tras su administración, reflejo de la activación del sistema inmunitario.

Se deben vacunar los rebaños que estén sanos, que no muestren signos de infección, y en un adecuado momento reproductivo. El buen estado sanitario del rebaño reduce sensiblemente los síntomas y consecuencias de la enfermedad, en su caso. En este punto, se recomienda que los animales estén desparasitados antes de su vacunación.

Por último, en relación con la vacunación, es conveniente hacerlo antes del inicio de la actividad del vector para garantizar la inmunidad protectora a tiempo, recomendando que, como máximo, sea entre los meses de abril y mayo.

Para explotaciones orientadas a la exportación, la Consejería recomienda verificar los requisitos sanitarios específicos del país de destino, ya que algunos exigen vacunación frente a determinados serotipos.

En cuanto al control de vectores, desde la Consejería se recuerda que el periodo de mayor actividad del vector se concentra a finales del verano y durante el otoño. Para minimizar su presencia, se recomienda aplicar repelentes o desinsectantes en animales, instalaciones y vehículos de transporte de ganado; instalar telas mosquiteras en puntos sensibles de las explotaciones y evitar agua estancada y la acumulación de estiércol, factores que favorecen la proliferación de estos insectos. Por último, se recuerda que, sin la presencia del vector, la enfermedad no puede transmitirse entre animales, por lo que estas medidas son esenciales.

Compromiso institucional

Con la actualización de estas recomendaciones, el Gobierno regional refuerza su compromiso con la sanidad animal, la prevención de enfermedades emergentes y la protección del sector ganadero de Castilla-La Mancha y recuerda que la colaboración entre ganaderos, técnicos y veterinarios sigue siendo clave para minimizar el impacto de la lengua azul y garantizar la continuidad de la actividad productiva en el territorio.

Un equipo de investigadores chinos ha diseñado una innovadora estrategia para evitar que los murciélagos propaguen y actúen como reservorios de virus letales: inmunizarlos mediante la liberación en su hábitat de “mosquitos-vacuna” que les transfieran la protección al picarlos o al ser ingeridos. En el trabajo, publicado en la revista Science Advances, los autores han demostrado experimentalmente que es posible prevenir la transmisión zoonótica de patógenos letales, como el virus Nipah y la rabia, mediante lo que denominan “vacunación ecológica”.

“Inmunizar a los murciélagos, particularmente a los que se encuentran en la naturaleza, podría servir como una medida proactiva para disminuir la transmisión zoonótica en su origen”, escriben los investigadores. El objetivo es impedir que las colonias de estos mamíferos actúen como reservorios naturales de una amplia variedad de virus interviniendo en su ecosistema.

Para ello, los autores usaron dos aproximaciones; además de usar mosquitos portadores de la vacuna, implementaron bebederos con una solución salina con la vacuna para lograr la vacunación por vía oral de los zorros voladores (huéspedes naturales del virus Nipah), que no se alimentan de insectos, sino de fruta. El virus Nipah, poco frecuente y transmitido por murciélagos, ha provocado infecciones humanas en distintos países de Asia y puede alcanzar una letalidad de hasta el 75%. Estos animales también pueden ser portadores de la rabia, una enfermedad que en personas resulta prácticamente mortal en todos los casos una vez se manifiestan los síntomas.

Una vacuna en la saliva

El primer paso del experimento se produjo en el laboratorio, donde los investigadores criaron mosquitos de la especie Aedes aegypti y los alimentaron con sangre que contenía la vacuna basada en el virus rVSV. Una vez ingerida, el equipo comprobó que el virus atenuado se replicaba en el interior del insecto y viajaba hasta sus glándulas salivales. A continuación, los científicos sometieron a los mosquitos a una dosis de radiación que los dejó completamente estériles y garantiza que no puedan reproducirse en el medio ambiente ni transmitir la vacuna a su descendencia. 

Para comprobar la eficacia de esta técnica, los investigadores realizaron primero experimentos controlados en el laboratorio: los animales expuestos a estos mosquitos (por picadura o ingestión) desarrollaron anticuerpos neutralizantes y sobrevivieron a dosis letales del virus. Además, para comprobar su viabilidad en la naturaleza, llevaron a cabo ensayos de cohabitación en espacios confinados donde los murciélagos interactuaron libremente con los mosquitos, induciendo respuestas inmunitarias robustas. De cara a un despliegue en el mundo real, los autores proponen liberar a los mosquitos esterilizados en hábitats específicos (como cuevas o árboles de descanso) utilizando barreras físicas o repelentes en los alrededores para evitar que se dispersen.

Para los murciélagos que se alimentan de fruta, los autores buscaron una alternativa oral. Las pruebas de laboratorio confirmaron que, al administrar la vacuna a través de pipetas, tanto ratones como hámsteres y murciélagos desarrollaron altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Al ser expuestos a dosis letales del virus de la rabia, el 100% de los ratones y murciélagos vacunados sobrevivió, logrando resistir incluso a un segundo desafío meses después. De igual manera, los hámsteres inmunizados oralmente contra el letal virus Nipah lograron sobrevivir a la infección. Para lograr aplicar esta estrategia en la naturaleza, el equipo diseñó trampas de solución salina que aprovechan la necesidad innata de los murciélagos de buscar minerales, construyendo bebederos que emiten una neblina de sal para atraerlos. 

Los intentos de frenar enfermedades transmitidas por mosquitos mediante su modificación se centran sobre todo en especies del género Aedes, responsables de propagar virus como el dengue, el zika o el chikunguña. Hasta ahora, las dos principales estrategias han sido la liberación de mosquitos modificados genéticamente para que su descendencia no sobreviva, o bien hacerlos inofensivos, inoculados con la bacteria Wolbachia, que bloquea la replicación de virus en su interior. La primera estrategia tiene la limitación de que hay que liberar mosquitos de forma continua y a gran escala para mantener el efecto, y la segunda, aunque es más autosostenible, requiere un despliegue inicial complejo y un seguimiento prolongado para asegurar que la infección se establece y se mantiene. Con este planteamiento se suma una tercera estrategia en la que son los mosquitos los que portan la medicina para frenar la transmisión. 

Aplicaciones y dudas

Christian Gortázar, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), considera un gran logro que los autores hayan conseguido generar anticuerpos frente a rabia o Nipah en murciélagos tras alojarlos con mosquitos y tras ofrecerles agua salina con virus modificado. “Eso supone descubrir una nueva forma de administrar vacunas a murciélagos”, afirma. Sobre la aplicación que podrían tener estas tecnologías, cree que no sería factible aplicarlo a los miles de coronavirus “candidatos a emerger” que existen en múltiples reservorios. En otros casos, como el problema endémico de rabia transmitida por murciélagos vampiros (Desmodus rotundus) de América del sur, sí sería interesante. “Si fuese posible vacunarlos, podrían modificarse las estrategias de control actuales”, asegura. “E igual de interesante sería disponer de herramientas para prevenir los casos de Nipah y otros virus similares asociados a murciélagos frugívoros”.

David Roiz, también investigador del IREC, cree que es una idea atractiva e interesante, pero con una aplicación real muy limitada. “Me parece positivo en el sentido de que hay que buscar estrategias innovadoras”, explica a elDiario.es. “Recordemos que la primera vez que se propuso introducir mosquitos con Wolbachia para reducir la transmisión de dengue pareció una idea muy complicada y actualmente se está demostrando efectiva y rentable, al menos por un período”. 

Hay problemas de bioseguridad y la aceptabilidad social será limitada. Es una idea original, pero con evidencias débiles de que sea viable y efectiva

David Roiz — Investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)

Sin embargo, advierte el experto, la estrategia tiene algunos inconvenientes, como que podría afectar a otros animales y a personas, además de poder ocurrir potencialmente contaminación ambiental, a través de agua, heces u otros reservorios, dependiendo del virus. “Los efectos pueden ser limitados y no se sabe qué proporción debería vacunarse habiendo colonias de miles de murciélagos”, señala. “Además, hay problemas normativos de bioseguridad, hay que estudiar los costes económicos y la aceptabilidad social, que será limitada y no está ni mucho menos asegurada. En resumen, es una idea original, pero con evidencias débiles de que sea viable y efectiva”.

“Jeringuillas voladoras”

Elisa Pérez Ramírez, viróloga del CISA-INIA-CSIC experta en salud animal, coincide en que la propuesta es muy interesante, pero tiene algunas posibles limitaciones éticas, regulatorias y ecológicas. “Ya se inmuniza a los zorros contra la rabia con cebos orales y se han hecho otros experimentos para usar mosquitos como jeringuillas voladoras contra leishmania o zika, aunque en algunos casos no ofrecían protección completa y no se siguió investigando”, apunta. A su juicio, intervenir en los sistemas siempre tiene implicaciones ecológicas importantes y hay que tener mucho cuidado. 

“Habría que comprobar qué efecto tendría esto en humanos, así como la aceptación social, si la gente se entera de que están liberando mosquitos que podrían picarlos y vacunarlos”, señala Pérez Ramírez. Por eso, frente a la estrategia de los mosquitos, que es irreversible, suministrar la vacuna en bebederos le parece menos problemático, porque siempre se podrían retirar. En general, la idea de una vacuna voladora le parece muy sugerente y cree que el enfoque — además de ser de bajo coste— va en la línea acertada de considerar la salud global y actuar en las poblaciones animales. “Se trata de actuar antes de que se produzca el salto de la enfermedad a los humanos”, concluye.

La portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha elevado el listón y ha pedido ya “responsabilidades” en la cúpula del Departamento de Salud por la crisis de las vacunas caducadas. Esta semana ha trascendido que ha habido casos desde 2017. En la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, Ubera ha remarcado que mes y medio después de que desde un ambulatorio de Errenteria se diera la primera alerta no se ha abierto un solo expediente. “¿Quién va a asumir las responsabilidades? ¿La directora de Osakidetza? ¿Usted? ¿Quién es el responsable de este caos? ¿Aquí nadie ha sentido la necesidad de abrir un expediente?”, ha lanzado desde la tribuna. Se da la circunstancia de que otra fuerza de la oposición, el PP, ya había manifestado también esta semana la necesidad de que se depuren “responsabilidades” en el Servicio Vasco de Salud.

Ubera ha lamentado que el Gobierno siga llamando “incidencia” a un problema que es “estructural” y que se repite desde hace años. Ha indicado, asimismo, que el comité de investigación creado 'ad hoc' solamente ha revisado los problemas con un tipo de inyección, la hexavalente, cuando los ha habido también con la triple vírica, una tetravalente y una pentavalente. La mayoría de receptores de esas dosis son bebés y niños de muy corta edad. “Incidencia, incidencia, incidencia. Minimizan un problema sistemático. Lo esconden con medias verdades”, ha insistido la parlamentaria de EH Bildu, que fue quien informó públicamente del asunto antes de que lo hiciera la propia Osakidetza.

El consejero, Alberto Martínez, no se ha salido del guion y ha insistido en que “el 99,85%” de las vacunas administradas en 2025 fueron correctas. “No resto importancia a lo sucedido, pero simplemente lo sitúo en su dimensión. No ha habido daño [para la salud de los afectados] y no consta dolo”, ha agregado en la Cámara.

Martínez ha indicado que la cifra más desfavorable de casos estaría “por debajo” de la horquilla más baja de afectados por vacunas caducadas en el único país que ha hecho un estudio similar, el Reino Unido. Además, ha defendido que se irán adoptando “medidas correctoras” para intentar hacer desaparecer los fallos. Ha apelado a que los profesionales tengan en cuenta los “siete correctos” -siete pasos que hay que cumplir- a la hora de inocular una vacuna,ha recordado que en mayo habrá una cartilla totalmente digital con alertas frente a los procedimientos manuales que se puedan mantener y ha asegurado que logísticamente se trabajará para ofrecer antes las dosis que tengan una fecha más corta.

Según Martínez, el Gobierno ha sido “proactivo” en la resolución de la “incidencia”. Ha insistido en que tras la alerta en Errenteria se pasó a mirar si el problema se había podido dar en los cerca de 400 ambulatorios de Osakidetza y que, en vez de quedarse con los “dos meses” en que estuvo circulando la hexavalente pasada de fecha, se miraron 170.000 actos vacunales de 2025 y, sin que haya aclarado el cómo, también de años anteriores. “En ningún país del mundo se ha hecho”, ha recalcado.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha admitido ahora la administración de vacunas caducadas en Euskadi desde 2017. Se ha indicado que son casos “esporádicos”, que más del 99% de las inoculaciones se hacen con todas las garantías, pero la crisis abierta en enero ha llevado a encontrar casos que afectan a los tres consejeros precedentes a Alberto Martínez, Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui. En concreto, hay 17 casos de una vacuna pentavalente administrada fuera de fecha en 2017 la comarca sanitaria del Alto Deba (OSI Debagoiena) y, sobre todo, 89 casos de una triple vírica caducada en la zona de la OSI Uribe tanto en 2023 como en 2024, alguno de cuyos ejemplos adelantó este periódico. Los afectados son, en su gran mayoría, bebés y niños de muy corta edad.

Esto se suma a 266 casos ya confirmados de 2025 y que son de tres tipos de vacunas diferentes, la hexavalente, una tetravalente y la triple vírica, una vez completadas todas las revisiones. Euskadi insiste en compararse con un estudio del Reino Unido en el que se encontraron del orden de 170-250 casos por cada 100.000 habitantes cuando, en 2025, habrían sido 157 en el caso vasco.

El Departamento de Salud ha dado estos datos después de una larguísima comparecencia para explicar las conclusiones de un comité de investigación creado 'ad hoc' para analizar una parte de las incidencias conocidas en enero, un documento ya adelantado para este periódico. Después de más 60 minutos de exposición del consejero, de la directora de Osakidetza, Lore Bilbao, del coordinador del comité, David Cantero, de la doctora Margarita Viciola y del viceconsejero Aritz Uriarte. Solamente en el turno del viceconsejero Gontzal Tamayo han salido estas cifras nuevas.

El “patrón” que explica estos episodios, según las autoridades sanitarias vascas, es que se hicieron en variados momentos compras de gran volumen de dosis, “por encima de las necesidades reales”. Y que para darles salida y aprovechar el presupuesto se siguen suministrando. Eso es también lo que explica que en la OSI Donostialdea (la que afecta a zonas como Donostia o la cercana Errenteria) en los últimos meses se hayan administrado hexavalentes de la marca Vaxelis fuera de fecha, según se estima.

El consejero no ha terminado de aclarar qué conscuencias tendrá la detección de casos tan antiguos o si se exigirán responsabilidades por ello. Sin embargo, sí ha indicado que las familias afectadas han sido contactadas en todos los supuestos, llamando a la revacunación cuando es necesario. El sistema “funciona” y es “robusto” aunque haya “margen para el error”. Por ello, asume las medidas propuestas por el comité investigador y también las ya anunciadas, sobre todo para ir a una trazabilidad digital y garantizar el sistema de “siete correctos” para comprar siete pasos del proceso.

El comité de investigación y trazabilidad de vacunas creado 'ad hoc' tras la crisis de las dosis caducadas que estalló en Osakidetza en enero tiene ya un dictamen. El consejero de Salud, Alberto Martínez, lo presentará este martes en Vitoria, en medio de la vorágine de actos con motivo del quincuagésimo aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976. El documento, adelantado por 'Gara' y al que también ha tenido acceso este periódico, se limita exclusivamente a revisar el lote de la hexavalente Vaxelis que dio origen al caso y no toca las otras dos vacunas caducadas que se ha acreditado que fueron distribuidas también, una tetravalente y la triple vírica. Como conclusión principal, señala que “se han distribuido vacunas con un margen de caducidad más breve de lo habitual”.

En el Parlamento Vasco, el viceconsejero de Salud, Gontzal Tamayo, manifestó en febrero que “en el momento de distribución” a los ambulatorios de las vacunas se ofrecen lotes con “al menos doce meses” de vigencia. Es más, “si el período es inferior a seis meses” por alguna circunstancia, debería registrarse como “deficiencia mayor”, con “posibilidad de rechazar” el pedido o, de lo contrario, un compromiso de “ajustarse” a la fecha con pulcritud.

El análisis forense del grupo de expertos creado para analizar la incidencia indica que hubo una compra de Vaxelis a finales de 2023 para su administración en 2024, pero “se han seguido suministrando hasta mediados de 2025, cada vez con tiempos más cortos para su utilización”. Se buscaba aprovechar el dinero gastado, se viene a decir. En concreto, “desde mayo a octubre de 2025 se distribuyeron 15.655 [unidades] de la vacuna Vaxelis, de las cuales 6.535 corresponden al lote X019675 (con una caducidad inferior a seis meses)”. Y “el 28%” de esas inyecciones, 1.840 exactamente, fueron a la OSI Donostialdea, la comarca sanitaria de Donostia y sus alrededores, “entre los meses de julio y octubre”. El lote tenía octubre como fecha de caducidad, aunque luego se dio por buena su eficacia en noviembre, si bien el dictamen señala que la referencia ha de ser el último día del mes indicado en el envase.

Todavía en septiembre, salieron a la OSI Donostialdea 340 unidades de la vacuna hexavalente a punto de caducar. Es más, se volvieron a enviar 40 en octubre y “fueron desechadas desde el servicio de Farmacia” y “no se distribuyeron a los centros”. Como los problemas se han concentrado en los ambulatorios de Iztieta en Errenteria, el que dio la voz de alarma, y Ondarreta en Donostia, se ha analizado su casuística y se ha visto que los pedidos se dejaron de hacer mensualmente y, al concentrarlos en dos períodos, en verano llegó una cantidad “importante” de Vaxelis de expiración próxima. Asimismo , se alude incluso a un cambio de frigorífico y profesional de vigilancia como causas adicionales.

“Los lotes suministrados tienen habitualmente fechas de caducidad de más de doce meses. [En este caso se dio un] Volumen de vacunas almacenadas por encima de lo habitual. Se han distribuido vacunas con un margen de caducidad más breve de lo habitual”, se puede leer en el documento, de 89 páginas en su versión en castellano. Se refieren, igualmente, a la “variabilidad” entre las OSI o comarcas sanitarias a la hora de gestionar suministros. Además, “salvo excepciones, no hay un procedimiento unificado donde se establezca cómo y con qué periodicidad revisar los equipos refrigeradores en los centros de salud” y “tampoco está estandarizada la manera de registrar las caducidades”.

El informe alude también a la “comunicación” con las familias tras el estallido de la crisis. Desde Iztieta se alertó el 15 de enero internamente y no fue hasta el 27 de enero, luego de que EH Bildu lo denunciara desde la oposición, cuando se informó públicamente del asunto. Sin embargo, para el comité hubo “incertidumbre” y “desconfianza” pero no por la acción de la Administración -que en los primeros días ofreció varias versiones de lo sucedido- sino “debido a información cruzada en medios de comunicación”.

Como “conclusiones”, el informe señala que las vacunaciones son un éxito y tienen un “impacto extraordinario” en la prevención en Euskadi. “Sin embargo, incidentes de este tipo pueden contribuir a disminuir este nivel de confianza”, se admite. Por ello, se aboga por incrementar la “trazabilidad”. El comité fue creado por el propio consejero a los pocos días de estallar la crisis y lo ha coordinado David Cantero. Han formado parte de él también Laura García Álvarez, Borja Domingo, Margarita Viciola, Lander Hijona, Josune Iribar, Pello Latasa y Pedro Carrascal.

Según los datos oficiales, fueron 151 las vacunas caducadas administradas en 2025 y los primeros días de 2026, ya que se hizo una revisión de todos los actos vacunales salvo las campañas estacionales de gripe y COVID-19, 168.841. Pero este periódico ha conocido casos que se remontan a 2023. Los hechos no se limitan a la Vaxelis, sino que también afectan a una vacuna tetravalente y a la de la triple vírica. Los más afectados son bebés o niños de muy corta edad.

La Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, así como la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria han pedido a las administraciones que eviten la realización del congreso 'Daños por vacunas: autismo y enfermedades raras', que se celebrará el sábado 28 de febrero en Ciudad Real, por “vincular sin ningún aval científico, autismo con vacunación”. Un juzgado de Ciudad Real ha dictado auto que desestima la petición del Colegio de Médicos para paralizarlo.

Esta asociación afirma que los trastornos del espectro del autismo (TEA) son un grupo heterogéneo, “asociado a alteraciones en la conectividad neural o sinapsis, que pueden deberse a alteraciones genéticas que directamente producen TEA o que indirectamente generan susceptibilidad aumentada a que otros factores, aun en estudio, dirijan la expresión genética la expresión clínica del TEA”.

Entre estos factores ambientales están la edad elevada de los progenitores, factores relacionados con embarazo o el parto -como la prematuridad, la preeclampsia, las infecciones congénitas, el uso de algunos anticonvulsivantes en el embarazo- y otros como el tiempo entre embarazos y la exposición a tóxicos ambientales en el embarazo como la contaminación o los organofosforados.

Desde la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla-La Mancha subrayan que, “en ningún caso, el uso de vacunas se relaciona con la aparición del TEA, como sí avalan diversos estudios científicos”.

De ahí que exprese su disconformidad ante las autoridades por no haber desautorizado, como se ha solicitado, un congreso donde se vinculan vacunas y TEA.

“Los pediatras de atención primaria señalan su preocupación por que eventos como éste, que vinculan erróneamente autismo y vacunación, puedan llevar a la población a no vacunar correctamente a sus hijos, con los peligros para la salud infantil que todos conocemos y, en concreto, con la alarmante y nueva situación de epidemia de sarampión en España”, alertan.

En este contexto, la asociación ha aprovechado para animar a todos los padres a la vacunación completa de sus hijos de sarampión -se precisan tasas de vacunación con las dos dosis de triple vírica de más del 98% para que el virus del sarampión, altamente contagioso, no circule-, además de asegurar la cobertura de todos los nacidos a partir de 1978 con dos dosis de triple vírica, disponible, previa cita, en todos los centros de salud.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real ha dictado auto que desestima la medida cautelar solicitada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real para paralizar la celebración de un congreso esta ciudad este sábado, 28 de febrero, bajo el lema 'Daños por vacunas: autismo y enfermedades raras' en el que sus impulsores tratan de divulgar la idea - un bulo según la comunidad científica- de que ambas cosas están relacionadas.

La razón que esgrime el auto para no suspender el congreso está en la “hipótesis delictiva” que, añade, “se sitúa en el terreno de la eventualidad ni siquiera de probabilidad basada en indicios sólidos”, de ahí que se haya considerado que no hay “indicios suficientes” que justificar la cancelación preventiva del evento.

Pese a que no se suspende el congreso, el auto advierte en su parte dispositiva que dicha decisión se produce “sin perjuicio de que, durante la celebración del referido evento, y a la vista de hechos concretos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal, se adopten las medidas policiales que correspondan”, que puedan ser comunicadas al juzgado y que, en su caso, “se pudiera integrar un delito contra la salud pública, con puesta a disposición judicial de los responsables si procediere”, señala el documento judicial.

Y es que se ha tenido en cuenta el criterio del Ministerio Fiscal ya que “existen sospechas y antecedentes que justifican la vigilancia y el seguimiento del evento”, a pesar de no haber “elementos objetivos que acrediten la comisión inminente de un ilícito penal”. Se detalla que “si durante la celebración del congreso se produjeran conductas que pudieran integrar un delito, como la promoción efectiva o distribución de productos prohibidos o su comercialización”, se adoptarán las medidas “oportunas”.

Denunciaron el intento de difundir mensajes “falsos”

El pronunciamiento se enmarca dentro de las diligencias previas practicadas en este caso denunciado por los profesionales médicos de esta provincia que alertaron días atrás del intento de difundir mensajes “falsos” por parte de los organizadores de este evento.

Entre esos organizadores, se encuentran personas que, según la denuncia, en anteriores ocasiones han promovido el consumo del denominado MMS (Miracle Mineral Solution), un compuesto de clorito de sodio que ha sido objeto de alerta sanitaria por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los médicos trasladaron al tribunal la sospecha de que pudieran intentar vender este tipo de productos, según recoge el propio auto judicial.

Según la entidad colegial, el tribunal basa su decisión en “la falta de encaje penal suficiente en este momento procesal, sin perjuicio de actuaciones posteriores si se produjeran conductas susceptibles de reproche legal”.

Según el Colegio de Médicos, la resolución judicial “se circunscribe al ámbito procesal de las medidas cautelares y no supone en modo alguno un aval al contenido del congreso ni a los mensajes contrarios a la evidencia científica”.

Los médicos dicen lamentar “no haber podido impedir la celebración de este encuentro” y se reitera “la preocupación” por el impacto que determinados mensajes pueden tener sobre la confianza de la población en las vacunas y, en consecuencia, “sobre la salud pública”.

La organización médica colegial asegura tras conocer la resolución judicial que “mantiene firme su posición en defensa de la evidencia científica y la salud pública” y señala que se mantendrá “expectante ante cualquier denuncia o información que pudiera recibirse en relación con este evento”. También anuncia que “seguirá actuando en el ámbito de sus competencias, por las vías legales, institucionales y también deontológicas”, especialmente en aquellos casos en los que pudieran verse “comprometidos los principios de la buena práctica médica”.

La institución recuerda que las vacunas incluidas en el calendario oficial cuentan con un respaldo científico sólido y continuado, fruto de rigurosos ensayos clínicos, sistemas de farmacovigilancia y evaluación permanente por parte de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Las vacunas, “decisivas” para proteger la salud de la población

Asimismo, el Colegio subraya que la vacunación ha sido una herramienta “decisiva” para proteger la salud de la población y que la superación de la fase más crítica de la pandemia de COVID-19 no puede entenderse sin el papel fundamental de las vacunas.

En este contexto, la organización colegial hace un llamamiento a la ciudadanía para que confíe en la información procedente de fuentes científicas y sanitarias acreditadas y reitera su compromiso de seguir trabajando activamente contra la desinformación sanitaria, en defensa de los pacientes y de la salud pública.

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha mostrado su “profunda preocupación” y rechazo ante la próxima celebración, en Ciudad Real, de un congreso que cuestiona la seguridad de las vacunas y las vincula con el autismo, relación que la comunidad científica internacional ha descartado de forma concluyente desde hace más de dos décadas.

Esta organización, que ha asegurado que, ante la cita prevista para este 28 de febrero, ya se dirigió por escrito a la Consejería de Sanidad de la Junta y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para exigir su suspensión, ha reiterado que lo que se pretende difundir son mensajes contrarios a la evidencia científica y atentar contra la salud pública.

De hecho, el pasado 13 de febrero el Colegio de Médicos de Ciudad Real ya anunció que denunciaría este evento ante los tribunales. Ahora, la AEV asegura que “este tipo de iniciativas contribuyen a la desinformación y pueden tener consecuencias muy graves para la salud de la población”.

Como ejemplo de desinformación, la AEV indica que en los materiales promocionales, sus impulsores sostienen que muchas enfermedades raras eran desconocidas hasta que se empezaron a desarrollar los calendarios de vacunación o que existen terapias y tratamientos para revertir el autismo.

A juicio de la entidad denunciante, estas afirmaciones pueden inducir a error a familias y pacientes, ante lo que ha recordado que las vacunas, en los últimos 50 años, han salvado 154 millones de vidas en todo el mundo. Son los fármacos más seguros que existen y no guardan relación con el autismo, ha insistido.

En este sentido, la AEV ha destacado sobre estos compuestos que, una vez autorizados y en uso, se mantienen múltiples niveles de vigilancia de seguridad mientras se distribuyen, lo que reafirma que su utilización en la población es seguro. “Cuestionar sin base científica la seguridad vacunal puede tener consecuencias graves”, ha confirmado.

Abundando en la incorrecta vinculación con el autismo, esta asociación ha divulgado que se remonta a un artículo de una revista científica británica publicado en 1998, en el que se establecía falsamente una conexión entre la vacuna contra el sarampión y el desarrollo de este trastorno. Un articulo que, subrayan, “fue manipulado con datos falseados” y los editores de la publicación tuvieron que retractarse.

Sanidad se dirige a la población: “No escuchen voces sin soporte científico”

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha pedido este lunes a la población “que no escuche voces que no tengan soporte científico” de cara a la celebración este sábado del evento denominado 'Daños por vacunas: autismo y enfermedades raras' en Ciudad Real.

“En la información, lo que no tiene soporte y evidencia científica es desinformación”, ha subrayado, antes de inaugurar la jornada de presentación de la Estrategia Sanitaria y Sociosanitaria de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, y al ser preguntado por esta cita.

Tras asegurar que hay que “respetar a quien no piensa así”, y aclarar que los convocantes, en ese ámbito, “pueden hacer lo que consideren”, se ha mostrado “claramente de frente a la celebración de este evento y claramente de frente a las personas que están en desacuerdo con las vacunas”.

“Siempre el beneficio sigue siendo mucho mayor que cualquier otra cuestión que puedan poner de manifiesto y no quiero recordarles, las vacunas, lo que han sido a lo largo de la historia, la más reciente, el covid”, que permitió en menos de un año reducir “la fatal y letal consecuencia que estaba teniendo la enfermedad”, el virus respiratorio sincitial en niños o los síntomas de gripe que cada año son menores o incluso nulos por la vacuna de la gripe.

A juicio del consejero, “todo lo que se refiere a la vacunación, es decir, a la prevención primaria, no es discutible científicamente”, ha concluido.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha concertado una cita para revacunar en los próximos días en un ambulatorio de una localidad próxima a Bilbao a un niño que recibió en agosto de 2023 una dosis caducada de la vacuna M-M-RvaxPro, la conocida como triple vírica por inmunizar a la vez contra sarampión, rubéola y parotiditis. Este periódico ha podido comprobar esta circunstancia con documentación oficial. Según el testimonio de la familia del menor, no sería el único caso en esa zona. Se estima en cuatro los posibles niños afectados por este lote U026075 pasado de fecha.

La crisis de las vacunas caducadas en Osakidetza se conoció el 27 de enero, cuando EH Bildu lo denunció desde la oposición. En realidad, una enfermera de Errenteria dio la voz de alerta doce días antes, el 15 de enero. En un primer momento, se detectó un lote de la hexavalente de la casa Vaxelis, aunque luego aparecieron casos de la triple vírica y de otra vacuna tetravalente. Las incidencias se circunscribían al tramo final de 2025 y el arranque del nuevo año, pero el consejero de Salud, Alberto Martínez, anunció una revisión de todos los actos vacunales de 2025 para conocer posibles nuevos casos. Se revisaron 168.841 pinchazos, todos salvo los de la gripe estacional y la COVID-19, que son campañas anuales con suministros 'ad hoc'. Su concusión, expuesta el lunes en el Parlamento Vasco, fue que hubo 132 casos asociados a las denuncias de enero, otros 19 confirmados de la revisión y 137 adicionales pendientes de más comprobaciones.

En ningún momento se habló de revisiones de años anteriores ni, desde luego, de posibles incidencias nuevas. La familia entrevistada por este periódico, en cambio, refiere que el 6 de febrero recibió una llamada de su enfermera de referencia en la que le exponía que había saltado una “alarma en el ordenador” en relación a la primera dosis de la triple vírica, que se inocula al cumplir el año y que, en este caso, fue administrada el 21 de agosto de 2023, hace dos años y medio. Se les recomendó comprobarlo 'in situ' con la cartilla. “Fue mi mujer y, efectivamente, estaba caducada”, expone el padre del menor sobre esa consulta. Se les indicó que lo iban a notificar y analizar y que esperaran una nueva llamada. “Estábamos tranquilos porque esto de las vacunas no iba con nosostros. Tenemos otra hija pequeña y las suyas están bien. Pensábamos que ya estaba”, cuentan.

El 11 de febrero acudieron con la otra hija al ambulatorio y, estando allí, recibieron una llamada de un “administrativo” de Osakidetza en la que les confirmaban que tendrían que “revacunar” a su hijo. Preguntaron en el acto a la enfermera y desconocía la información. Solamente una hora después les llamó para confirmarles que, en efecto, había recibido la orden.

Un compañero de colegio del menor, de la misma edad, está en la misma situación. En su caso, sus padres no pudieron atender la llamada del administrativo. La devolvieron y nadie les atendió. Hasta ahora. “Estamos desconcertados. No sabíamos que estaban mirando eso”, aseguran desde la familia del niño. Añaden que, en principio, les han indicado que en agosto debería recibir una nueva dosis de la triple vírica con normalidad, la habitual de los cuatro años.

El cáncer de mama triple negativo se puede asociar con recaídas metastásicas, incluso en una etapa temprana. En un ensayo experimental se ha probado una vacuna de ARN mensajero personalizada en 14 pacientes con resultados positivos.

Los logros iniciales se publican en la revista Nature en un artículo en el que el equipo científico describe que la vacuna entrenó a las células inmunitarias de las pacientes para que atacaran proteínas mutantes específicas del cáncer, induciendo una inmunidad fuerte y duradera.

Según los investigadores, 11 de las mujeres permanecieron libres de la enfermedad. No obstante, se trata de resultados aún muy preliminares, con limitaciones, entre ellas el reducido número de participantes y la ausencia de grupos de control en el ensayo clínico.

Detrás de esta investigación está la empresa BioNtech, la compañía alemana que desarrolló durante la pandemia una de las vacunas contra la covid-19, y participaron varios hospitales de Alemania y Suecia.

Bajo la denominación de cáncer de mama se engloban varias enfermedades que presentan diferente pronóstico y respuesta al tratamiento, y la clasificación más aceptada por la comunidad internacional establece que estos tumores se dividen en tres grupos.

Así, están los que expresan receptores (proteínas) de hormonas femeninas (hormono-dependientes), los que contienen niveles exacerbados del receptor HER2 y los que carecen de estos marcadores (triple-negativos). Los dos primeros presentan buen pronóstico por disponer de tratamientos específicos que eliminan en gran medida las células tumorales, sin embargo, el tercero, el llamado triple negativo, sigue siendo el más agresivo.

En el nuevo estudio se evalúa una vacuna de ARNm individualizada en 14 pacientes con este último tipo, tras cirugía y terapia neoadyuvante -tratamiento antes de la cirugía- o adyuvante -terapia complementaria posterior-.

De acuerdo con los resultados, en la sangre periférica de casi todas las pacientes se detectaron respuestas de linfocitos T (glóbulos blancos) de alta magnitud inducidas por la vacuna, principalmente de novo, a múltiples neoantígenos (pequeñas nuevas proteínas que se producen cuando aparecen ciertas mutaciones en el ADN de un tumor).

Sin recaídas hasta seis años después 

Once pacientes permanecieron sin recaídas hasta seis años después de la vacunación. Se observó recurrencia en tres de ellas.

“Nuestro estudio demuestra la viabilidad clínica, la seguridad y la robusta inmunogenicidad de una vacuna individualizada de neoantígenos basada en ARNm en pacientes con cáncer triple negativo tras terapia adyuvante o neoadyuvante”, escriben los autores en su artículo.

Esta fue bien tolerada y provocó consistentemente fuertes respuestas de linfocitos T específicos de neoantígeno en casi todas las pacientes.

Estos hallazgos demuestran “la viabilidad” de las vacunas de ARN individualizadas en el cáncer de mama triple negativo, detallan los autores, y proporcionan información sobre posibles mecanismos de escape inmunitario que guiarán futuros enfoques.

“La alta inmunogenicidad de la vacuna de neoantígenos en la mayoría de los pacientes, la durabilidad de las respuestas de células T inducidas y los primeros signos de actividad clínica justifican la realización de más estudios clínicos en esta población”.

Los autores, entre ellos Ugur Sahin, señalan asimismo que esta investigación en cáncer triple negativo amplía descubrimientos previos en otros tipos de tumores -melanoma o páncreas- y demuestra que este enfoque de vacuna personalizada puede utilizarse ampliamente.

Después de casi tres semanas sin respuesta a la primera notificación, la Fiscalía ha optado por enviar a la Ertzaintza a la dirección general de Osakidetza para que le sea entregada con carácter inmediato toda la documentación relativa a la crisis de las vacunas caducadas. El ministerio fiscal abrió una investigación tras una petición de la entidad de Madrid Defensor del Paciente, que estima que la administración de productos pasados de fecha puede comportar riesgos de salud y, por lo tanto, constituir un delito.

“No habíamos llegado a recibir la notificación”, ha argumentado el consejero de Salud, Alberto Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación. A la luz del requerimiento en mano de este miércoles, según ha expuesto, este mismo jueves “se va a mandar todo”. Y se hará por dos vías, telemáticamente y en papel, para que no haya problemas. “Disposición a todo lo que haga falta”, ha agregado el titular de Salud.

Según 'El Mundo', fue un agente de Policía el que entregó en mano a Lore Bilbao, la directora general del Servicio Vasco de Salud, el segundo requerimiento. Fuentes judiciales “quieren entender” que, en efecto, la primera notificación se perdió en el sistema telemático y confían en que, ahora sí, puedan recabar los datos requeridos. El plazo máximo es de diez días pero, a la luz de las explicaciones del Gobierno, se resolverá mucho más rápido.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía y Osakidetza ya tuvieron un encontronazo en otra causa penal de relevancia. En 2018, cuando arrancó la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas, la misma fiscal ahora lidera estas diligencias, Carmen Adán, pidió la información relativa a las actuaciones internas sobre los exámenes. En aquel caso, el equipo del entonces consejero, Jon Darpón, le envió una conclusiones propias exculpatorias y no el contenido íntegro de sus entrevistas y actuaciones, donde había testimonios que alertaban de la existencia de irregularidades.

Debate parlamentario

Martínez ha dado estas explicaciones justo antes del arranque de la sesión parlamentaria de este jueves en la que, como primer punto, EH Bildu y PP planteaban precisamente nuevas medidas para evitar casos como el sucedido. Por el contrario, la mayoría del Gobierno, PNV y PSE-EE, han contraprogramado con un texto genérico. En él se apunta a “agilizar” las medidas ya anunciadas por el consejero esta semana en la propia Cámara, en la comisión de Salud. “Ante hipotéticos casos de incidencias sanitarias vinculadas a vacunas, [se insta a] establecer un protocolo de comunicación ciudadana en el que se garanticen criterios científicos, de seguridad sanitaria y de prudencia, con el fin de transmitir una máxima confianza y seguridad hacia el sistema de salud, evitando incertidumbre que pudiera generar una alarma desproporcionada e innecesaria”, se puede leer en la resolución.

Desde la oposición, Rebeka Ubera de EH Bildu, quien destapó el asunto, ha insistido en que el Ejecutivo intentó “tapar” que existían estas vacunas caducadas. “Ni siquiera se ha habilitado un teléfono para las familias”, ha asegurado. Por eso, no confía en que esas medidas correctoras vaya a implementarse. Laura Garrido, del PP, ha criticado la falta de colaboración con la Fiscalía por parte de Osakidetza. “El asunto es grave”, ha apostillado, desde Sumar, Jon Hernández.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, y buena parte de su equipo han presentado este lunes en el Parlamento Vasco las primeras conclusiones de la revisión de 168.841 vacunas administradas por Osakidetza en 2025 -todas salvo las de la COVID-19 y la gripe estacional- a raíz de la crisis abierta hace unas semanas cuando trascendió que se habían inoculado hasta tres lotes caducados (de la hexavalente, de una tetravalente y de la triple vírica) durante los últimos meses. Por el momento, hay 19 casos nuevos confirmados y 137 “potenciales”. El Gobierno autonómico se queda en que, en el peor de los escenarios, serían 160 casos por cada 100.000 actos vacunales, por debajo de un estudio del NHS británico (con datos de 2013 a 2015) que dejaba ese indicador entre 170 y 250 y más alto incluso en la capital, en Londres.

Sin embargo, las “incidencias” iniciales que motivaron este estudio integral eran ya 115 en 2025. Aunque muchas menos que los 253, 49 y 29 casos, en función de la vacuna, que se estimaron en un primer momento, superan con creces los 19 supuestos indicados. En concreto, se administraron 132 vacunas caducadas de la hexavalente, tetravalente y triple vírica, 115 en 2025 y 17 en los primeros días de 2026. De ellos, 84 han optado por la revacunación, 40 hexavalentes, 30 tetravalentes y 14 de la triple vírica.

El Ejecutivo insiste en la tesis de que hay más problemas de registro que de vacunas pasadas de fecha. Por eso hay casos potenciales que luego se descartan, los que ahora se están investigando. El consejero Martínez, de hecho, ha presentado en la Cámara, con ayuda de una pantalla, algunos vídeos de cómo se hacen los registros de vacunas en Osakidetza para mostrar que pueden cometerse errores tanto por motivos humanos -que se introduzcan mal los datos- como porque el sistema 'recomienda' lotes ya introducidos.

Martínez ha despejado también la responsabilidad de los servicios centrales de Osakidetza. “En todos los casos, caducaron en los centros de salud”, ha señalado. Y ha agregado que las dosis caducadas se han “concentrado” en un punto concreto, el ambulatorio de Iztieta de Errenteria. Allí hay una cuarentena de casos, muchos más que en otros ambulatorios tanto de Donostialdea como del resto de la red. Se da la circunstancia de que es desde allí desde donde partió el 15 de enero el aviso de este problema, lanzado por una enfermera, cuando el lote circuló por doce de las trece comarcas de la red de Osakidetza. Los hechos trascendieron doce días después, el 27 de enero, y solamente después de que EH Bildu, desde la oposición, presentara unas preguntas en el Parlamento Vasco.

El viceconsejero Gontzal Tamayo, uno de los acompañantes de Martínez, ha indicado que “en el momento de distribución” a los ambulatorios se ofrecen lotes con “al menos doce meses” de vigencia. Es más, “si el período es inferior a seis meses” por alguna circunstancia, debería registrarse como “deficiencia mayor”, con “posibilidad de rechazar” o el pedido o, de lo contrario, un compromiso de “ajustarse” a la fecha con pulcritud.

Con todo, establecidas las conclusiones, Martínez ha señalado igualmente que “no ha existido ninguna actuación voluntaria por parte de nadie” en este caso, así como efectos negativos para la salud de los pacientes, bebés en su gran mayoría. “Se trata de un sistema que se halla en manos de humanis. Permite cometer errores. No es perfecto”, ha insistido el titular de Salud. Ha defendido también el “rigor” con que se ha respondido a la crisis, incluyendo consultas a organismos como la AEMPS (Agencia Española del Medicamento), el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE) o el fabricante de la primera vacuna caducada que trascendió, Vaxelis.

Acto seguido, el consejero ha enumerado una batería de 21 medidas para mejorar el sistema vacunal. Se precisará una inversón de 1,5 millones para implementarlas, ha expuesto. Algunas, en puridad, no son nuevas, ya que él mismo ha indicado que ya fueron comprometidas en verano, antes de la crisis, como parte de los acuerdos del denominado Pacto de Salud.

Entre lo planteado, ha indicado que habrá una garantía “FEFO”, siglas en inglés de 'first expired, first out', para que en el almacén “en primera línea” estén los lotes “con fecha de caducidad más próxima”. Quiere un modelo de “total trazabilidad”, aunque siempre desde la premisa de que, como en la aviación o la carretera -comparaciones reales escuchadas en la comisión- es imposible evitar accidentes. Se pedirán, igualmente, “notificaciones obligatorias”, incluso cuando haya incidencias “sin daño”. Se buscará un “control en tiempo real”, un “sistema de vacunación aún más robusto, con mayor capacidad de detección temprana de errores, trazabilidad digital completa y una cultura de seguridad compartida en todos los niveles”, ha indicado. Se establecerá una “cartilla digital de vacunación”.

Desde la oposición, no han convencido las explicaciones de Martínez. Rebeka Ubera, protagonista de este asunto al ser ella la que impulsó las explicaciones, ha definido como “caótica” la gestión de la crisis. Ha ironizado que un Eroski tiene controles totalmente automatizados de su logística para evitar distrubuir productos caducados y que no es razonable que Osakidetza, con mucha más responsabilidad, no lo tenga. “Nos preocupa que resten importancia” al asunto, ha estimado, y ha llegado a decir que ha habido centros de salud que han tenido que requerir la presencia de la Ertzaintza ante el malestar generado.

Desde el PP, Laura Garrido, con un tono muy duro en el que ha recordado que la Fiscalía ha abierto diligencias penales sobre este asunto, entiende que “para nada se puede decir que la situación esté bajo control” y ha lamentado que falten datos “concretos”. “¿Nos van a decir ya la verdad?”, se ha preguntado. También ha lamentado que se minimicen los efectos de salud de ofrecer dosis pasadas de fecha. Finalmente, Vox ha pedido que “no se haga de las enfemeras las cabezas de turco” y que las responsabilidades se asuman en la cúpula. Sumar no ha participado.

El PSE-EE, socio del PNV, no está haciendo sangre en este asunto. Aroa Jilete ha agradecido que se asuman “errores”, pero ha pedido no generar “alarmas” innecesarias. “Debilitar esa confianza [en Osakidetza] tiene consecuencias. Entendemos que se puedan pedir explicaciones, pero se ha de ser extremadamente cuidados. Pueden acabar conectando con marcos propios de los movimientos antivacunas”, ha indicado. El propio Eneko Andueza ya blindó expresamente al nacionalista Martínez en un contexto en el que mantienen tensiones por otras muchas materias.

En su último turno, el consejero Martínez ha insistido en su honestidad en esta crisis. “He llegado a la política muy tarde. Sólo hay una cosa que me importe, que es mi palabra. Yo no miento”, ha usado como cierre de la larga sesión parlamentaria, de más de tres horas, como respuesta a las acusaciones de la oposición.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha presentado una denuncia en relación con la anunciada celebración del 'Congreso Daños por Vacunas: Autismo, Enfermedades Raras', previsto para el próximo 28 de febrero en la capital, al considerar que su contenido “puede suponer un riesgo para la salud pública”.

Se anunciaba días atrás y ahora se ha hecho efectivo, dentro de lo que la entidad colegial define como “firme posicionamiento institucional” que busca defender “la evidencia científica, la deontología profesional y la seguridad de los pacientes y de la ciudadanía”.

La institución médica solo reconoce como válido el conocimiento científico contrastado y aceptado por la comunidad profesional y “rechaza de forma expresa las pseudoterapias y la difusión de mensajes sanitarios que cuestionen la seguridad, eficacia y utilidad de las vacunas”.

La denuncia solicita la apertura de diligencias previas para que se investiguen los hechos y se valore la posible adopción de medidas cautelares, al entender que “el congreso podría contribuir a la difusión de información sanitaria falsa o carente de base científica, especialmente sensible al dirigirse a población vulnerable, con el consiguiente riesgo de generar confusión, falsas expectativas y decisiones perjudiciales para la salud”.

Esta organización colegial considera que “vincular vacunas con autismo o enfermedades raras, sin respaldo científico, puede tener un impacto negativo directo en la salud pública”. Y es que, desde su punto de vista “favorece el descenso de las tasas de vacunación y aumentar el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles, además de retrasar diagnósticos y tratamientos eficaces”.

A la vía judicial se sumará las vías administrativa y sanitaria

Junto a la vía judicial, el Colegio está actuando “por las vías administrativa y sanitaria”, en coordinación con las autoridades competentes, para analizar posibles irregularidades relacionadas con la normativa de publicidad sanitaria, la captación de público vulnerable, la promoción encubierta de terapias sin evidencia científica, la titulación y cualificación de los ponentes y la eventual existencia de intrusismo profesional.

En este sentido, se están revisando las actuaciones que correspondan a la Consejería de Sanidad y a la Administración local, dentro de sus respectivas competencias.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real subraya que “esta actuación no pretende limitar la libertad de expresión ni el debate, sino cumplir con su obligación legal y ética de velar por la salud pública, la seguridad de los pacientes y el correcto ejercicio de la Medicina”.

La institución destaca, asimismo, la unidad de todas las entidades e instituciones implicadas, colegios profesionales sanitarios, administraciones públicas y asociaciones de pacientes, que comparten un mismo objetivo: proteger a la ciudadanía frente a la desinformación sanitaria y garantizar que cualquier información relacionada con la salud se base en la evidencia científica y el rigor profesional.

Esta actuación no pretende limitar la libertad de expresión ni el debate, sino cumplir con su obligación legal y ética de velar por la salud pública, la seguridad de los pacientes y el correcto ejercicio de la Medicina

El Colegio de Médicos reitera, en un comunicado que seguirá actuando “con responsabilidad, firmeza y prudencia, utilizando todas las herramientas legales, administrativas y deontológicas a su alcance” para evitar la difusión de “mensajes pseudocientíficos” que puedan poner en riesgo la salud de la población.

Repasando sus notas separados únicamente por un escaño vacío y casi solos en el hemiciclo, el consejero, Alberto Martínez, y la sombra de los cuatro últimos titulares de Salud del PNV desde la oposición, Rebeka Ubera, de EH Bildu, han velado armas durante unos pocos -pero a la vez larguísimos- minutos antes de que arrancara a las 9.30 horas la primera sesión de control al Gobierno en el Parlamento Vasco de 2026, monopolizada en su primera parte por la crisis de las vacunas caducadas, principalmente destinadas a bebés. El asunto, aunque estaba constatado desde el 15 de enero, se destapó el 27 después de una conversación telefónica entre ambos, a la que siguió el anuncio por parte de EH Bildu de las primeras incidencias. Martínez, ya en la tribuna, le ha dicho a Ubera que se valió de “información privilegiada” para obtener réditos políticos. “Una injerencia se cruzó en el protocolo sanitario”, ha dicho después. El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido expresamente la gestión de Martínez.

Fue una enfermera de Osakidetza la que, desde Errenteria, alertó de que un lote de la hexavalente de Vaxelis. Ocurrió el 15 de enero, cuando las dosis llevaban administrándose seis semanas ya caducadas. Constan actuaciones internas durante los siguientes días, si bien la comunicación pública y a las familias no llegó hasta después de que lo hiciera público EH Bildu. Ubera se ha preguntado qué habría pasado si su formación no hubiese dado el paso de comunicarlo.

“No se confunda. El problema no lo tiene con EH Bildu. Lo tiene con su modelo de gestión”, ha añadido Ubera, que ha usado mayoritariamente el castellano en sus intervenciones en el debate con Martínez. A su juicio, esta crisis ha mostrado que los problemas “estructurales” que arrastraba Osakidetza antes de la llegada del nuevo equipo “siguen ahí”, a pesar de los intentos de construir un “relato” y del “marketing”. “Se trata de que tenemos niños y niñas desprotegidos. Tenemos familias preocupadas. Tenemos trabajadoras muy afectadas”, ha diagnosticado la portavoz de la coalición abertzale. Y ha agregado que, aunque se insista en que las vacunas pasadas no generan “efectos nocivos”, sí dejan sin barreras a menores frente a las enfermedades ante las que inmunizan, como el sarampión.

“Desde mi condición de médico [pido que] no caigamos en alarmismos forzados y sobreactuados”, ha manifestado Martínez a lo largo de la sesión, en la que ha dado por controlada totalmente la “incidencia” y, además, recordando que los afectados finalmente son menos de los previstos. Esto es debido a que, en paralelo, se han descubierto errores generalizados en los registros informáticos, de modo que se asignó a muchas más personas que las que realmente lo recibieron el lote de Vaxelis pasado de fecha. Eso sí, después ha trascendido que, además de la hexavalente, otros dos tipos de vacunas han tenido también lotes caducados, la triple vírica y otra inyección tetravalente. Ahora, según Martínez, “es el momento de analizar las causas”. Se ha creado un comité de investigación 'ad hoc'.

Si Ubera -y también Vox- ha preguntado por el asunto directamente al consejero Martínez, el PP ha sacado el tema a relucir en una interpelación dirigida al propio lehendakari. Pradales, valiéndose de un titular favorable de 'Redacción Médica', ha recalcado que Martínez “ha dado la cara”, actuando “con transparencia” y “celeridad”. En una intervención que ha recordado poderosamente a las que hacía en la pasada legislatura Iñigo Urkullu cuando la oposición cercaba la gestión de Gotzone Sagardui en Osakidetza, ha tirado de una larga lista de datos para señalar las fortalezas de los servicios públicos vascos o poniendo en valor cómo se responde, deslizando que cuando las comunidades del PP tienen problemas sanitarios se reacciona de otra manera.

El líder del PP, Javier de Andrés, se ha preguntado en voz alta si el caso se habría ocultado de no haber estallado como lo hizo. Ha aludido al “profundo deterioro” de la Sanidad vasca y ha mencionado también que Pradales pidió perdón como “aita”, lo que no le parece suficiente. “Se ha querido poner el traje de aita, pero va siendo hora de que se ponga el de lehendakari”, ha demandado. Según Vox, el caso ha inoculado a la sociedad “grandes dosis de desconfianza”. Igualmente, Sumar ha lamentado en la Cámara vasca que las explicaciones ofrecidas no han sido suficientes. En su respuesta, Pradales ha usado su turno para atacar a la ministra de Sanidad, Mónica García, que es de esa coalición de izquierdas.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir una dosis de la vacuna Janssen contra el covid-19, en 2021.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de la Junta de Extremadura contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia extremeño que había ratificado una resolución de un juzgado de Cáceres.

El alto tribunal ha fijado como criterio jurisprudencial que “la Administración autonómica encargada de la vacunación contra el covid, -dado el carácter excepcional de la pandemia internacional declarada en marzo de 2020- únicamente deberá responder por la actuación administrativa que derivase de una mala praxis, resultase contraria a la lex artis ad hoc o respecto de la cual se acreditase la existencia de una falta de diligencia debida”.

Y ello, continúa, “sin que puedan imputársele todos los efectos adversos producidos, en algunas personas, por la inoculación de las vacunas en aquel contexto de emergencia sanitaria”.

En este caso, la mujer recibió la vacuna Janssen el 1 de julio de 2021 y, casi dos meses después, acudió a urgencias con un cuadro grave de trombosis que requirió intervención quirúrgica, por lo que la reclamación de responsabilidad patrimonial se fundamentaba en la supuesta relación causal entre la vacuna y la trombosis.

La Junta destacó que no existió mala praxis médica y que el efecto adverso descrito para esta vacuna es extremadamente infrecuente y se manifiesta, según la Agencia Europea del Medicamento, entre 5 y 24 días tras la inoculación, un plazo muy inferior a los 56 días transcurridos en este caso.

Añadía la Administración extremeña que la sentencia del TSJ, pese a estos datos, estimó la reclamación aplicando una doctrina de responsabilidad por riesgo, imputando el daño al Servicio Extremeño de Salud por el mero hecho de haber administrado la vacuna.

El Supremo destaca que el marco regulador de la vacunación tuvo como nota esencial y común su voluntariedad, por lo que la opción de inocularse la vacuna era una decisión estrictamente personal.

Explica que los daños derivados de un proceso generalizado de vacunación, y más atendiendo a las singulares condiciones en las que la fabricación y autorización de la comercialización y distribución de las vacunas se produjo, podrían haberse evitado si los márgenes temporales hubiesen sido otros, similares a los procedimientos ordinarios seguidos en otros procesos de vacunación.

“Y, desde luego –indican los magistrados- como efectivamente se hubiesen evitado es si las Administraciones responsables, en una decisión de aplicación de mayor cautela -que seguramente hubiese tenido un gran rechazo social-, hubiesen optado por prohibir o rechazar la aplicación de este tratamiento preventivo”.

Lo que ocurre, continúa, es que, “muy probablemente, en esa hipotética situación, los daños hubiesen sido muy superiores a los derivados de la aplicación de la vacuna”, por lo que “tanto las Administraciones como los individuos que optaron por someterse a la vacunación aceptaron el inherente riesgo que esta comportaba”.

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que las administraciones autonómicas sólo pueden responder por una actuación de mala praxis en la vacunación contra el coronavirus, sin que puedan imputárseles todos los efectos adversos producidos en algunas personas. A través de una sentencia, recogida por Europa Press, el TS estima un recurso de la Junta de Extremadura y revoca una resolución de un juzgado de Cáceres que la condenó a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir una dosis en 2021.

La mujer concretamente recibió una dosis de la vacuna Janssen en julio de 2021 y en agosto del mismo año acudió a urgencias con un cuadro grave de trombosis mesentérica que requirió intervención quirúrgica, por lo que reclamó ser indemnizada apuntando a la supuesta relación causal entre la vacuna y la trombosis.

Por su parte, la Junta extremeña destacó que el informe de la inspección sanitaria incluido en el expediente administrativo concluyó que no existió mala praxis médica y que el efecto adverso descrito para esa vacuna --trombosis con trombocitopenia-- es extremadamente infrecuente y se manifiesta, según la Agencia Europea del Medicamento, entre 5 y 24 días tras la inoculación, un plazo muy inferior a los 56 días transcurridos en el caso de la mujer.

La Administración extremeña avisaba de que la sentencia recurrida estimó, pese a ello, la reclamación aplicando una doctrina de responsabilidad por riesgo, imputando el daño al Servicio Extremeño de Salud por el mero hecho de haber administrado la vacuna.

El Supremo señala que “la Administración autonómica encargada de la vacunación contra el Covid-19, --dado el carácter excepcional de la pandemia internacional--, únicamente deberá responder por la actuación administrativa que derivase de una mala praxis, sin que puedan imputársele todos los efectos adversos producidos, en algunas personas, por la inoculación de las vacunas en aquel contexto”.

Los perros de asistencia son animales entrenados por profesionales para auxiliar a personas con discapacidad física, sensorial o intelectual. Consiguen mejorar su autonomía, seguridad y calidad de vida. Estos perros reciben una certificación oficial, tienen acceso a lugares públicos y se especializan en tareas como guiar, alertar o realizar labores domésticas. 

Pero también implican una serie de gastos que en ocasiones pueden suponer una traba para las personas con discapacidad que los necesitan.

Ahora, Castilla-La Mancha ha decidido adoptar una medida “pionera” para reducir estos obstáculos. El Consejo de Gobierno regional ha dado luz verde una nueva deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF del 30% por los gastos derivados de los controles veterinarios y vacunación de estos perros.

De esta forma, cada contribuyente, en su declaración de la renta, puede ahorrarse hasta un máximo de 100 euros, según ha detallado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Una petición histórica

Se trata una petición histórica de algunos colectivos como la ONCE. Precisamente, José Martínez, presidente del Consejo Territorial de esta organización en Castilla-La Mancha, ha celebrado la medida. “Es muy social y la celebramos abiertamente”, ha dicho.

Castilla-La Mancha ya fue pionera a la hora de incorporar una ley autonómica específica para amparar a los perros de asistencia tanto en activo como jubilados. Ahora, esta medida “viene a incorporar una percha que ya preveía esta norma y que sirve para aliviar los gastos derivados de estos magníficos compañeros y auxiliares”. “Es algo único y muy positivo, y ojalá que esta medida se pueda extender a más territorios”, ha concluido.  

Los perros de asistencia han ido adquiriendo cada vez más protección en España, como sucedió igualmente con la Ley de Bienestar Animal aprobada en marzo de 2023.

Son animales que pueden ser adiestrados para guiar a personas con discapacidad visual o sordoceguera, auxiliar en la vida diaria a personas con discapacidad física (abrir puertas, recoger objetos, ayudar a la movilidad), avisar de sonidos ambientales, detectan cambios orgánicos como convulsiones o niveles de glucosa, algo vital para personas con diabetes; o mejorar la seguridad y reducir la ansiedad en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El Patronato Municipal de Personas con Discapacidad ha convocado este martes una reunión de urgencia para abordar las “medidas legales” a tomar para “impedir la celebración de un encuentro pseudocientífico que vincula las vacunas con el autismo y enfermedades raras en Ciudad Real” y que está previsto para el próximo 28 de febrero en una sala privada de la capital provincial.

La cita ha contado con representantes de la Delegación Provincial de Sanidad, de los colegios profesionales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería, y de las asociaciones Autismo España, Poco Frecuentes y Alianza de Enfermedades Raras, además del resto de entidades que integran el Patronato, un total de 32.

Posición unánime de “rechazo” al evento

La posición de rechazo a este evento ha sido unánime por parte de todos ellos, y así ha quedado recogido en un comunicado conjunto, tal y como ha explicado la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo.

“Ciudad Real ha dicho frontalmente que no, no va a entrar en el juego, no quiere la celebración de un congreso pseudocientífico, y de esta reunión ha salido ese manifiesto en el que mostramos nuestro rechazo”, y es que ese firme respaldo ha sido contundente, “una imagen vale más que mil palabras: todos unidos, todos a favor de la ciencia. Ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, las entidades lo saben, trabajan 365 días al año y no podemos tirar por tierra ahora con bulos, con desinformación y con pseudociencia esa labor que tantas y tantas personas han realizado y ha costado mucho reconocer”.

Ciudad Real ha dicho frontalmente que no, no va a entrar en el juego, no quiere la celebración de un congreso pseudocientífico, y de esta reunión ha salido ese manifiesto en el que mostramos nuestro rechazo

Aurora Galisteo — Concejala de Servicios Sociales de Ciudad Real

La Consejería de Sanidad estudia elevar la denuncia a la Fiscalía

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ciudad Real están estudiando las medidas legales que se puedan adoptar contra la sala que tiene previsto acoger el evento y que figura en la cartelería como organizadora del mismo. Igualmente, desde la Consejería de Sanidad también se está trabajando para elevar la correspondiente denuncia a la Fiscalía, una denuncia que el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, por su parte, ya tiene prácticamente ultimada.

En este sentido, tal y como ha explicado su presidente, Manuel Rayo, se ha trabajado con la Organización Médica Colegial y con el Consejo General de Colegios de Médicos, y ya se han perfilado actuaciones que han funcionado previamente en otras provincias como Alicante y Málaga donde se logró impedir la celebración de un encuentro de estas características.

“Desde el punto de vista del código deontológico estamos dispuestos a hacer las denuncias oportunas para que los médicos colegiados que participen en este tipo de actividades tengan las sanciones correspondientes de inhabilitación si a ello hubiese lugar. Hemos hablado con los Colegios de Médicos de Madrid, Gerona, Alicante, Málaga y Palma para que estos médicos que se apartan de la ética profesional, y que algunas de ellos ya han sido inhabilitados y sancionados de forma permanente en algún caso o temporal tengan el cumplido castigo en esta línea”, ha indicado Rayo, que ha asegurado que su organización permanecerá vigilante ante la posibilidad de que alguno de estos médicos carezca de la titulación necesaria para decir que son especialistas en alguna cosa.

La alarma en torno a este evento la dio Autismo España y su federación en Castilla-La Mancha que pidieron a las administraciones públicas impedirlo por la falsedad de sus argumentos.