Hay una “gran disparidad de datos” sobre las mujeres que son víctimas de trata, tanto en el todo el país como en Castilla-La Mancha. Así lo ha denunciado la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, quien ha lamentado que existan tan pocas cifras sobre la explotación sexual, una realidad a la que “nuestra sociedad todavía no ha querido afrontar o no ha querido mirar”.

Concretamente, ha afirmado que, según datos del Ministerio de Interior, en el año 2023 en Castilla-La Mancha solamente hubo 10 víctimas de trata. Por otro lado, asociaciones que han estado trabajando sobre el terreno, en concreto In Género, estiman que en el año 2024 hubo en Castilla-La Mancha 1.963 víctimas de trata, mientras que Médicos del Mundo arroja la cifra de 400.

“Esto significa que hay una gran disparidad de datos sobre la mesa y que es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región”, ha reclamado con motivo de la reunión en Toledo de la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

Los datos de los que dispone el Gobierno castellanomanchego apuntan que las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha rondan entre los 23 y los 32 años, proceden en su mayoría de países de Latinoamérica y la deuda que mantienen con las personas que las explotan tiene más que ver con su situación de “irregularidad”.

Respecto a la procedencia, ha insistido en que están llegando más mujeres procedentes de Latinoamérica y las redes que estaban traficando o que ejercían este delito en los países del Este “están dejando de funcionar”.

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver “con la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran”. Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte y “la situación de indefensión que tienen es muy grande”.

También, es destacable las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando “de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil, por otra parte, poder acceder o poder llegar a estas mujeres”.

Muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento

Se ha detectado “el traslado de la obligación de ejercer la prostitución en puticlubs a pisos particulares”, a los que “es muy difícil acceder” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo”, ha precisado la consejera del ramo.

En este punto, ha señalado que cuando “los proxenetas ven que en un piso están llegando, por ejemplo, personas que pertenecen a una entidad y que están trabajando con las mujeres”, las cambian o trasladan a otros entornos.

Asimismo, ha demandado “avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales” que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución. “No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución”, ha afirmado.

Tierra “de paso” y “de destino” para las redes de trata

En lo que también hay que trabajar, según Simón, “es en que no haya demanda de prostitución, porque solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta”. “No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico”, ha aseverado.

Castilla-La Mancha es “una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual”, un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y también, por supuesto, en la carretera de Levante.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque “no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer”. Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

La Policía Nacional ha detenido, en el barrio zaragozano de Delicias, a dos personas --un hombre y una mujer-- como supuestos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, coacciones y contra la integridad moral, en una operación que ha logrado liberar a cuatro mujeres extranjeras víctimas de trata. La investigación, desarrollada por agentes especializados en la lucha contra la trata, se inició en enero tras la detección de dos mujeres extranjeras que presentaban claros indicadores de explotación, ha informado la Policía Nacional.

Tras una entrevista especializada y bajo la protección de identidad reservada, ambas relataron haber sido captadas en su país de origen en una situación de extrema vulnerabilidad económica, donde se les ofreció un supuesto empleo y una oportunidad de comenzar una nueva vida en España.

La organización se encargaba de gestionar el viaje, facilitando billetes de avión y dinero para el desplazamiento. Sin embargo, una vez en España, eran trasladadas a un piso en el barrio de Delicias de Zaragoza, donde les retiraban la documentación y les comunicaban que habían contraído una deuda de 7.000 euros por los gastos del viaje, que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La denominada 'madame' les obligaba a realizar sesiones fotográficas con ropa íntima y a anunciarse en páginas web de contenido sexual. Las víctimas permanecían vigiladas de forma permanente mediante cámaras de seguridad, sin libertad para abandonar la vivienda o tomar decisiones.

Estas mujeres eran sancionadas económicamente por cualquier queja, lo que incrementaba la deuda, y en ocasiones eran incluso forzadas a consumir sustancias estupefacientes con los demandantes de prostitución y las amenazaban con represalias hacia sus familias y con su supuesta deportación, generando un clima constante de miedo y sometimiento.

Finalmente, lograron recuperar sus pasaportes y abandonar la vivienda sin dinero ni apenas efectos personales. En una situación de absoluta desprotección, acudieron a una entidad social especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, donde recibieron acogida y asesoramiento y fueron acompañadas a una comisaría para denunciar los hechos.

Además, la investigación permitió detectar la inminente llegada de otras dos mujeres en idénticas circunstancias, estableciendo un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización del piso y la liberación de estas nuevas víctimas.

En este mismo operativo, el pasado 3 de febrero, los agentes detuvieron la mujer que ejercía el control directo sobre ellas y, posteriormente, del segundo implicado en las inmediaciones.

La Policía Nacional ha recordado que la trata de seres humanos es un delito grave que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas, castigado con penas de prisión elevadas. Este tipo de organizaciones se aprovechan de situaciones de necesidad y vulnerabilidad, utilizando el engaño, la deuda y la intimidación como mecanismos de control. Asimismo, ha reiterado que cualquier información relacionada con posibles situaciones de trata o explotación puede comunicarse de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico 'trata@policia.es', habilitado específicamente para la colaboración ciudadana en este ámbito.

El Ministerio de Igualdad quiere incluir un nuevo requisito para las asociaciones que pretendan acceder a dos de las subvenciones que concede periódicamente: que se declaren abolicionistas de la prostitución. Así lo especifica en las órdenes ministeriales que quiere aprobar para modificar las bases reguladoras de las líneas de crédito, en las que asegura que reclamará a las entidades que quieran concurrir que reconozcan “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. Las subvenciones afectadas son las que otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata.

Ambas ayudas públicas se regulan en dos órdenes que el departamento de Ana Redondo quiere actualizar y que están en fase de audiencia pública hasta este lunes. Los cambios son más amplios y afectan a varios ámbitos, pero, en general, buscan “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a “la perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, justifica el Ministerio, que apunta a que estos son dos elementos que “orientan” sus políticas públicas. Para ello, pretende reformar el artículo que establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones para acceder las ayudas.

Así, a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores y que tienen que ver con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, se añaden además “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”. La nueva redacción apunta a que ello, o bien está recogido “entre los fines y objetivos” de los estatutos de la entidad, o esta debe “acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho”.

La primera de las órdenes regula las ayudas destinadas a poner en marcha proyectos de “concienciación, prevención e investigación” de la violencia contra las mujeres y la segunda está dirigida a programas de apoyo a mujeres o niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio, son las dos líneas de ayudas que mantiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que no están dirigidas a una entidad en particular, como la Fundación Anar o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las transferencias a comunidades y ayuntamientos para la atención a víctimas y para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se gestionan aparte.

Igualdad explica en los documentos que acompañan la consulta pública que los cambios se producen después de “un proceso interno de evaluación” tras las últimas convocatorias en el que “se ha constatado la necesidad” de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. “Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”, añade el texto.

El Ministerio justifica que “es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco” para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado. Precisamente es este último objetivo el que asegura que se pretende lograr con la inclusión de la prostitución, según la memoria de impacto de las modificaciones legislativas. Los cambios incluyen también el deber de acreditar que las entidades cumplen con las obligaciones de prevención de la violencia sexual contenidas en la ley del solo sí es sí o contar con Plan de Igualdad si tienen más de 50 empleados.

Además, la convocatoria de subvenciones para los proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia machista, con la que se repartieron en la última convocatoria casi siete millones de euros, incorpora como criterio para valorar a las entidades si la actividad principal del programa “se alinea de forma clara” con alguna de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

La intención de Igualdad ha provocado la oposición de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y las preguntas parlamentarias de Sumar. Preguntado por ello, el ministerio afirma que “se revisarán” las objecciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”.

Igualdad ahonda así en la posición abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Redondo se ha comprometido en varias ocasiones con llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros, pero aún está pendiente. Es este un tema que atraviesa al movimiento feminista e incluso al propio Gobierno, en el que conviven diferentes posiciones. Los socialistas, de hecho, no lograron los apoyos suficientes en el Congreso en las anteriores ocasiones en las que intentaron aprobar una ley para perseguir el proxenetismo y que incluía medidas como las multas a los clientes.

“Una imposición ideológica”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al ministerio que “reconsidere” la redacción propuesta porque “introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente” y que es “contraria” a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.

Las alegaciones apuntan a que los cambios “conculcan” la seguridad jurídica porque incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas “claramente tipificadas como violencia” –como son la explotación sexual y reproductiva– “genera una indeterminación conceptual incompatible” con el principio, consideran. El texto sostiene que la prostitución “no está tipificada como delito” en España ni existe “una definición legal estatal que la califique como violencia de género” ni tampoco “se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo”.

Las entidades reconocen que comparten “los objetivos” de las órdenes sobre prevención y erradicación de la violencia machista, de la trata y de “cualquier forma basada en el género”, pero creen que los cambios “introducen un condicionamiento ideológico indirecto”. Por eso, proponen una redacción alternativa en la que, a la frase “otras formas de violencia contra las mujeres”, se añada “incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución y la explotación reproductiva”. Lo contrario, apuntan, supone “anticipar una opción normativa no consolidada legislativamente”, algo que es “impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, añaden las asociaciones en un manifiesto público.

Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones al proyecto en el mismo sentido y alertan de que un cambio de estas características “dejaría fuera” a asociaciones feministas en las que “no se ha llegado a un acuerdo” al respecto de la prostitución. “Porque es un tema que no es objeto de debate, porque hay diferentes posturas o porque tienen una posición” que no es abolicionista.

En sus alegaciones, estas entidades –varias de las cuales han suscrito también las de CATS– reclaman que se retire el precepto, que consideran inconstitucional. “La introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos es incompatible con el mandato del artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento a la ley”.

Sumar también se ha referido al asunto en varias preguntas registradas en el Congreso, en las que afirma que la modificación “genera dudas jurídicas” y también sobre “su impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia contra la violencia hacia las mujeres”.

La Guàrdia Civil ha desarticulat a Mallorca una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones en situació administrativa irregular, la majoria joves procedents de Sud-amèrica, principalment de Colòmbia. L'entramat captava les víctimes mitjançant falses ofertes de feina a Espanya i, un cop al país, les sotmetia a prostitució forçada sota un règim d'amenaces, coaccions i control permanent.

En el marc de l'operació, els agents de l'Institut Armat han alliberat dotze dones que feia anys que eren explotades sexualment i han detingut cinc persones –quatre homes i una dona–, tots residents a Mallorca, per la seva presumpta implicació en delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

La investigació apunta que l'organització podria haver explotat al voltant de mig centenar de dones. Les víctimes eren obligades no només a exercir la prostitució, sinó també a transportar i consumir substàncies estupefaents per poder treballar, en molts casos per exigència directa dels clients.

Les dones vivien en un clima de por constant, sotmeses a amenaces, intimidacions i vigilància contínua per part dels membres de la xarxa. La seva situació administrativa irregular les impedia acudir als serveis sanitaris, policials o assistencials, cosa que reforçava el seu aïllament i vulnerabilitat.

El control sobre les víctimes era absolut: havien de romandre disponibles en tot moment per a la prestació de serveis sexuals. L'organització obtenia beneficis tant del cobrament directe d'aquests serveis com de la venda de potenciadors sexuals i drogues, consumides habitualment pels clients.

Un cop identificats els responsables i esclarit el funcionament de l'entramat delictiu, la Guàrdia Civil va dur a terme tres entrades i registres en diferents domicilis de Mallorca, cosa que va permetre la desarticulació definitiva de l'organització, que operava en diversos municipis de l'illa.

Durant els registres, els agents van intervenir diners en efectiu, dosis de substàncies estupefaents preparades per a la venda i diverses armes de foc, entre elles escopetes i rifles.

Falses ofertes de feina com a mètode de captació

La investigació ha revelat que les dones eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes laborals, en les quals se'ls prometia feina al sector de l'hostaleria a Espanya. No obstant això, a la seva arribada eren obligades a exercir la prostitució.

Després de les detencions, es va activar el protocol de protecció a les víctimes. Les dones van ser traslladades a dependències segures, on se'ls va informar dels seus drets i es va iniciar un procés d'assistència integral.

La Guàrdia Civil no descarta que noves declaracions permetin esclarir altres mètodes de captació i trasllat, així com la possible implicació de més persones en l'organització. L'operació ha estat desenvolupada per l'Àrea de Delictes contra les Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a les Balears, amb la participació del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) i la Unitat Tècnica de Policia Judicial (UTPJ), amb seu a Madrid.

La Guardia Civil ha desarticulado en Mallorca una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación administrativa irregular, la mayoría jóvenes procedentes de Sudamérica, principalmente de Colombia. El entramado captaba a las víctimas mediante falsas ofertas de trabajo en España y, una vez en el país, las sometía a prostitución forzada bajo un régimen de amenazas, coacciones y control permanente.

En el marco de la operación, los agentes del Instituto Armado han liberado a doce mujeres que llevaban años explotadas sexualmente y han detenido a cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, todos ellos residentes en Mallorca, por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la organización podría haber explotado a alrededor de medio centenar de mujeres. Las víctimas eran obligadas no solo a ejercer la prostitución, sino también a transportar y consumir sustancias estupefacientes para poder trabajar, en muchos casos por exigencia directa de los clientes.

Las mujeres vivían en un clima de miedo constante, sometidas a amenazas, intimidaciones y vigilancia continua por parte de los miembros de la red. Su situación administrativa irregular las impedía acudir a los servicios sanitarios, policiales o asistenciales, lo que reforzaba su aislamiento y vulnerabilidad.

El control sobre las víctimas era absoluto: debían permanecer disponibles en todo momento para la prestación de servicios sexuales. La organización obtenía beneficios tanto del cobro directo de dichos servicios como de la venta de potenciadores sexuales y drogas, consumidas habitualmente por los clientes.

Una vez identificados los responsables y esclarecido el funcionamiento del entramado delictivo, la Guardia Civil llevó a cabo tres entradas y registros en distintos domicilios de Mallorca, lo que permitió la desarticulación definitiva de la organización, que operaba en varios municipios de la isla.

Durante los registros, los agentes intervinieron dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su venta y varias armas de fuego, entre ellas escopetas y rifles.

Falsas ofertas de trabajo como método de captación

La investigación ha revelado que las mujeres eran captadas en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales, en las que se les prometía empleo en el sector de la hostelería en España. Sin embargo, a su llegada eran obligadas a ejercer la prostitución.

Tras las detenciones, se activó el protocolo de protección a las víctimas. Las mujeres fueron trasladadas a dependencias seguras, donde se les informó de sus derechos y se inició un proceso de asistencia integral.

La Guardia Civil no descarta que nuevas declaraciones permitan esclarecer otros métodos de captación y traslado, así como la posible implicación de más personas en la organización. La operación ha sido desarrollada por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Balears, con la participación del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.

Desactivada una organización criminal que se dedicaba a traer mujeres desde distintos países de América del Sur, entre ellos Venezuela y Colombia, a la localidad de Roquetas de Mar, en Almería, para su explotación sexual. En el operativo han sido liberadas seis víctimas y ha habido ocho detenidos, a los que se les atribuye los delitos de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal.

En el marco de la operación Alaragua, la Guardia Civil inició la investigación en octubre del 2024 gracias a la colaboración ciudadana que puso en conocimiento de las autoridades la existencia de una posible organización criminal de este tipo en el sur andaluz. Cuatro de los detenidos se encuentran en prisión provisional.

'Modus operandi' del grupo criminal

Trasladaban a mujeres desde Venezuela y Colombia hasta España, y una vez en territorio nacional las dirigían hasta el municipio almeriense. Desde ese punto eran transportadas a diferentes ciudades, ejerciendo un control constante sobre ellas.

En algunas ocasiones las acompañaban y en otras, a través de teléfonos móviles, les indicaban las instrucciones sobre los lugares a los que ir, sus hospedajes y los servicios que tenían que prestar. De esta forma, mantenían la organización, el control y la gestión del dinero recaudado por sus servicios.

Tras descubrir estos hechos se organizó un dispositivo en el que los agentes llevaron a cabo registros en los domicilios de los presuntos autores, localizando pruebas e indicios importantes relacionados con la actividad criminal que llevaban a cabo.

Esta operación, en la que ha colaborado el Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Almería, está tutelada por los Juzgados de Roquetas de Mar y la Fiscalía Delegada de Extranjería. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Hace mucho tiempo que lo que ocurre entre las paredes del número 127 del Paseo de las Delicias, el portal que nunca se cierra, dejó de ser un secreto. Ni bien guardado ni a voces, la actividad del bloque es sencillamente una realidad que conocen la inmensa mayoría de vecinos en esta zona del barrio de Legazpi, en el corazón del distrito de Arganzuela. Las primeras quejas vecinales e informaciones en medios de comunicación se remontan a principios de los noventa. Desde entonces, aparecen periódicamente noticas sobre denuncias de residentes o intervenciones policiales. La última, el pasado octubre, dejó seis clientes detenidos por la Policía Nacional. Pero nada erradica el negocio de explotación sexual en el edificio.

Al menos, ninguna de las actuaciones desarrolladas hasta ahora por las autoridades. Porque la actividad ha vuelto a pleno rendimiento solo un mes después de que los agentes identificaran a 140 personas. El jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid, Víctor de las Heras, relató en declaraciones recogidas por Europa Press que al edificio acudían numerosas personas que buscaban beneficiarse de la prostitución. Las inspecciones en las viviendas comprobaron que en algunas se instalaron temporizadores en las puertas para que los proxenetas controlaran la duración de los servicios de las mujeres. Además, había cámaras de seguridad para seguir sus movimientos.

Es lo que encontraron en un importante dispositivo con agentes de la Brigada de Extranjería, la Unidad de Intervención Policial, la de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además de los seis antes citados, hubo diez arrestos más por infringir la Ley de Extranjería. Una dinámica policial enfocada en el componente migratorio que no ha servido para frenar el problema en un edificio que las mafias han hecho suyo y que ha vivido repetidas redadas en las últimas décadas, la mayor en 2018.

Un problema enquistado por el garantismo de la legislación y la connivencia de la propiedad

La falta de una legislación que castigue el consumo de prostitución y la necesidad de que sean las víctimas de trata (o su representante legal si son menores) quienes denuncien, como recoge el artículo 191 del Código Penal, dificultan el desarrollo de los procedimientos judiciales. El Consejo de Seguridad de la Junta Municipal de Arganzuela ha abordado igualmente la cuestión en repetidas ocasiones, sin dar con un modo de atajarlo. Burdeles similares han ido retrocediendo en la zona, como el del portal 10 de la calle Enrique Trompeta. Pero en los bloques colindantes al Paseo de las Delicias, 127 (con 16 pisos dedicados en su totalidad a la explotación sexual), la indignación vecinal ha pasado a convertirse en un hartazgo resignado. Ahora, una palabra de siniestras implicaciones para la mayoría de barrios se presenta aquí como una última bala después del escaso éxito de las administraciones: un fondo de inversión.

Es la comidilla del entorno: un comprador mexicano estaría interesado en adquirir el inmueble y rehabilitarlo, en una zona en expansión revitalizada gracias a la renaturalización de la M-30 y el empuje cultural de Matadero Madrid. El reverso negativo ha sido el imparable aumento del precio del alquiler en Arganzuela: un 50% en cinco años y un 4,4% estos últimos doce meses (hasta un 6% en el barrio de Legazpi), según recoge el portal inmboliario Idealista.

La cuestión es clave, ya que la connivencia e incluso el amparo de la propiedad de la familia propietaria del bloque con la actividad que en él se desarrolla ha sido clave para mantenerla. “A mí personalmente no me molesta”, llegó a declarar un dueño en palabras recogidas por la prensa. El bloque pertenece a tres hermanos, que cuentan con todos los papeles en regla y contratos de arrendamiento por vivienda, en las que posteriormente se ejerce la prostitución en cada habitación de los 16 apartamentos. Según una vecina, “uno de los hermanos ha estado siempre muy implicado y lleva años enfrentado a los otros dos”.

Rumores y quejas: “Sigue el trasiego de gente”

Durante los 45 minutos que Somos Arganzuela permanece en el portal, acceden al bloque unos ocho hombres y lo abandonan cinco. Lo hacen a plena tarde y, la mayoría de ellos, con botellas o latas de cerveza en la mano. Se les puede ver entrar y salir con total naturalidad, incluso comenzar a subir la escalera. Al fondo del portal, una pintada recoge el mensaje “toca el timbre”. Casi nadie lo hace.

En un momento dado, un hombre cambia los cubos de residuos. Preguntado acerca de si trabaja en el lugar, lo niega: “Solamente me dedico a esto [sacar la basura], barro y hago compra. Me gano la vida”. Acepta la definición de “una especie de conserje”. Antes de ser inquerido sobre el futuro del negocio ilegal, saca el tema de la venta del edificio a la palestra: “Esto de aquí a mañana ya se cierra”, asegura. Un “mañana” que fija después en “enero o febrero”, una vez completada la cesión. “Esto lo heredaron varios hermanos y ahora hay unos mexicanos que están locos por el edificio. Desde la pandemia ha empezado a valer mucho más”, cuenta.

“Ya no hay problemas”, asegura este individuo en declaraciones a este periódico. Indica que desde la última intervención policial “las chicas trabajan con la puerta cerrada, antes la tenían abierta”. Sostiene que “ahora viene menos gente” y “ya no se meten los pillos que había antes”, aunque ello suponga que “las chicas ganan menos”. Cifra el número de mujeres en “quince o veinte”.

Siguen los ruidos, sigue la suciedad, siguen las redadas cada dos por tres, sigue el trasiego continuo de gente y sigue lo de tener que aguantar una cosa así al lado de tu casa todos los días

Los vecinos del Paseo de las Delicias son menos optimistas. Algunos también han oído “rumores” sobre la posible venta, pero después de tantos años no se hacen grandes esperanzas. Tampoco comparten esa supuesta normalización de la situación: “Siguen los ruidos, sigue la suciedad, siguen las redadas cada dos por tres, sigue el trasiego continuo de gente y sigue lo de tener que aguantar una cosa así al lado de tu casa todos los días”, lamenta un inquilino de una de las viviendas colindantes.

Otra residente es aún más dura: “A los cinco minutos de la última redada estábamos en las mismas. Yo no sufro los ruidos porque mi piso da al otro lado, pero la mierda en la entrada es una vergüenza. Aquí hay tráfico de personas, de drogas, se vende alchohol ilegalmente y en negro...”. En la visita de este medio, un camión comienza a descargar varias cajas de cerveza y unas jóvenes salen a recogerlas.

La vecina cree que hay “una mano negra” que evita el fin de la explotación sexual. Recuerda el caso de un edificio muy cercano, el número 133 de la misma vía, donde un negocio ilegal similar finalizó después de dos años y el bloque llegó a quedar sellado. “¿Por qué aquí no han conseguido lo mismo?”, se pregunta.

Pese a estas declaraciones vecinales, otras personas consultadas prefieren guardar silencio. En un negocio colindante, dedicado al sector inmobiliario, optan por no pronunciarse al respecto. Pertenecen a la marca más conocida en este campo. Todo un símbolo de otra lacra que corre por tantas zonas de Madrid y que aquí se presenta como la única solución a un problema enquistado que las administraciones no han resuelto. Como si a Legazpi, un barrio repleto de vida sociocultural, solo le quedara elegir susto o muerte entre la especulación y el estigma.

 Agentes de la Policía Nacional han liberado a siete mujeres explotadas sexualmente en Logroño en una operación contra una red dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las víctimas eran mujeres jóvenes procedentes de Brasil en situación de especial vulnerabilidad que tras ser captadas mediante el engaño eran forzadas a prostituirse en pisos prostíbulo.

El entramado las forzaba a mantener relaciones sexuales con menores, a consumir sustancias estupefacientes y a no rechazar ningún servicio aunque estuvieran con la menstruación. La operación ha terminado con la detención de los dos cabecillas de la red desmantelada.

La investigación se inició en el mes de junio de 2024 en Logroño, tras la interposición de una denuncia sobre un posible caso de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, poniendo de manifiesto la existencia de una posible red organizada. De forma prácticamente simultánea, se recibieron en Bilbao otras dos denuncias que presentaban un patrón delictivo coincidente con el caso de Logroño. 

La información obtenida a partir de las denuncias, sumado a las gestiones posteriores de los agentes, permitió detectar una organización criminal estructurada y jerarquizada con un reparto específico de funciones, dedicada a la captación, traslado, control y explotación sexual de mujeres.

El proceso de captación se iniciaba en Brasil, donde miembros del entramado seleccionaban a mujeres jóvenes que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, necesidad y precariedad económica. Esta circunstancia aumentaba la probabilidad de aceptación de las falsas ofertas laborales que la organización ofrecía en España.

Una vez captadas, las víctimas eran puestas en contacto telefónico con la principal cabecilla de la red, residente en la ciudad de Logroño. Ella informaba a las mujeres sobre supuestos trabajos en nuestro país y les ofrecía cubrir los costes de viaje en caso de que no dispusieran de recursos económicos suficientes. Estos gastos se convertían posteriormente en una deuda que las víctimas debían saldar mediante el ejercicio forzado de la prostitución.

Control y normas estrictas

Ya en territorio español, las víctimas eran recogidas y trasladadas a un domicilio de la capital riojana utilizado para que las víctimas pernoctasen. Como medida de control, a su llegada al piso-prostíbulo se les retiraba el pasaporte, que quedaba bajo custodia de la líder de la organización y solo se les devolvía una vez cancelada la deuda adquirida. Desde allí debían trasladarse diariamente a otro inmueble cercano utilizado como piso-prostíbulo, donde se llevaba a cabo la explotación sexual.

Las víctimas estaban sometidas a normas estrictas y abusivas. La organización criminal, que se quedaba el 50% de los beneficios que generaban, las obligaba a estar disponibles en una jornada ininterrumpida de 10:00 a 23:00 horas, sin posibilidad de abandonar el piso salvo para servicios externos. Tenían prohibido cocinar, por lo que se veían obligadas a solicitar comida a domicilio, que además debía ser baja en calorías para no ganar peso y resultar así más atractivas a los puteros.

La explotación sexual era impuestos por el entramado sin posibilidad de que las mujeres pudieran rechazar ninguno de los abusos, incluso aquellos que solicitaban los clientes sin preservativo o durante los periodos de menstruación.

Relaciones sexuales con menores

En ocasiones, las víctimas fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con menores de edad, a sabiendas de la condición de estos. Además, en el interior del piso se traficaba con sustancias estupefacientes, que eran proporcionadas a petición de los clientes. La organización incluso incitaba al consumo por parte de las propias víctimas para mejorar su comportamiento ante la clientela.

Como parte del proceso de explotación, las mujeres eran obligadas a acudir a un fotógrafo designado por la red para la realización de fotografías en ropa sensual. Dichas imágenes eran utilizadas para la publicación de anuncios en plataformas de contenido sexual en Internet, controladas también por la organización.

Una vez finalizada la fase de investigación se puso en marcha un operativo en la ciudad de Logroño que permitió la detención de dos personas, la principal investigada y su pareja sentimental, identificados como integrantes de la cúspide de la organización y principales beneficiarios económicos de la explotación. Durante el operativo se intervino diversa documentación relacionada con la actividad ilícita y 3.400 euros en efectivo, además de localizarse y liberarse a cuatro víctimas que en ese momento estaban siendo explotadas sexualmente. A lo largo de la investigación se han detectado y liberado siete víctimas en total. 

“Con la trata no hay trato”

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

A lo largo de este 25N han sido muchos los actos que se han organizado para poner el foco en la Violencia contra la Mujer. El Parlamento de La Rioja ha sido uno de ellos. Acto en el que se ha podido escuchar el testimonio de Paula (nombre ficticio). Una mujer que consiguió recuperar su vida con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta. Y es que este año, la campaña se ha centrado en la trata con fines de explotación sexual. Paula se ha presentado en el Parlamento regional como una “superviviente de explotación sexual, pero sobre todo como una mujer que ha logrado reconstruirse gracias al acompañamiento de otras”.

“Pensé que ese era mi destino”

“Yo llegué a este país como muchas personas, buscando una oportunidad, una vida mejor, un futuro distinto para mí y para mi familia, pero ese sueño muy pronto se convirtió en pesadilla, ya que caí en una red de explotación sexual, que me arrebató todo, mi libertad, mi salud, mi vida y mi confianza”. Y en su relato, ha recordado que durante mucho tiempo pensó que no existía salida. “Pensé que ese era mi destino, pero un día algo cambió”, cuando se cruzó la Unidad Móvil de APRAMP -en la que ahora colabora-, y “me dieron una mirada que yo no recibía, me miraban como persona, no como mujer, no como un producto”. Ellas, “se acercaron a mí sin juzgarme, sin presionarme, sin hacerme sentir culpable y me ofrecieron información, apoyo, escucha y sobre todo una puerta abierta”, por lo que a partir de ahí “empecé a reconstruirme, a recuperar mi salud, mi autonomía, mi capacidad de decidir”.

Rocío Mora es la directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) y antes de la intervención de Paula ha aseverado que “una de las realidades más duras y persistentes en nuestra sociedad, como es la trata de seres humanos, que tiene rostro de mujer”. Una situación que genera “violencia extrema y organizada que destruye identidades, que destruye vidas y que destruye sueños”. Y la Asociación, ha dicho, “lleva más de tres décadas trabajando para centrar todas las actividades en la protección de los derechos de estas víctimas de explotación sexual y de otras formas de explotación, ofreciéndoles un apoyo, una asistencia integral a través de varios programas que son específicos y que están adaptados a sus necesidades”. Los protocolos logrados, muchos de ellos con el trabajo unido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con otras administraciones han sido destacados por Mora, que les ha permitido “ser eficaces”. “Si es difícil que cualquier mujer salga de la violencia en el ámbito de la pareja, muchísimo más difícil es salir del ámbito de la esclavitud, de la trata de seres humanos”, ha apostillado.

Y en este sentido, ha valorado que “en lo que va de año, hemos conseguido abrir 1.235 lugares, que son los nichos en los que se esclaviza los cuerpos de las mujeres, y donde nos hemos encontrado a entre 15 y 20 mujeres. A ello, ha unido que ”hemos recibido 987 llamadas de emergencia“. No obstante, para Mora ”si queremos avanzar en la lucha contra la trata necesitamos una Ley integral; una ley que garantice la especialización, que prevea la prevención, que garantice la reparación del daño, pero sobre todo que den mayores instrumentos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado“.

También han intervenido en el acto el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, que han estado acompañados por otros responsables políticos como el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

Fernández Cornago, que ha abierto el acto, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva e individual “porque juntos podemos construir una comunidad capaz de garantizar la libertad y la dignidad de las víctimas”. Se ha referido al tema que ha centrado la campaña de este año: la trata con fines de explotación sexual y ha advertido de que es “una afrenta para la dignidad humana y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y toda comunidad”. “Una lacra que requiere un abordaje integral situando a la víctima en el centro, porque hablamos de violencia contra mujeres y niñas, de vulnerabilidad de las víctimas y de violencia de los derechos humanos”, ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que una de las principales conclusiones del III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos celebrado el pasado mes de octubre en Madrid fue “clara y contundente” y es que “la trata de seres humanos es una forma de esclavitud contemporánea que exige respuestas inmediatas, coordinadas y globales”.

Además, ha expresado, para concluir, su deseo de que “este acto sea un recordatorio de que las víctimas no están solas, pero también un reconocimiento de la enorme dificultad que enfrentan”. “El camino hacia la recuperación y la libertad no es fácil. Es un proceso largo, doloroso y lleno de obstáculos”, ha añadido. En este sentido, ha asegurado que “este mensaje no es una promesa vacía, ni una respuesta rápida; es un compromiso real, respaldado por el trabajo incansable de todos los profesionales y agentes involucrados, que día a día luchan para que las víctimas encuentren un camino hacia una vida diferente, hacia la libertad y hacia la dignidad”.

“Luchar sin fisuras”

Gonzalo Capellán ha cerrado el acto institucional quien ha recordado que la campaña institucional “se centra en la trata de mujeres y la explotación sexual, que es la esclavitud del siglo XXI”, ante lo que hay que “luchar sin fisuras”. Ha asegurado que “no es un problema de personas de regiones, de países de España, es un problema global de conjunto de la sociedad en todo el mundo ya que según ha indicado la ONU más de 840 millones de mujeres en todo el mundo sufren algún tipo de violencia sexual o lo han sufrido”.

Para concluir, Capellán ha indicado que esta “esclavitud” de la trata de seres humanos “es la cosificación del ser humano, reducirla a un objeto”. De ahí, que en este día, “todas las personas, en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las manifestaciones tenemos que redoblar ese compromiso para seguir luchando, para estar juntos y para dar fuerza a todas las personas, tanto las que lo habéis sufrido como todas las potenciales mujeres en cualquier momento la pueden sufrir”. El acto ha estado amenizado por el Coro Joven de la Escuela Piccolo y Saxo.

El número 127 del Paseo de las Delicias vuelve a protagonizar una operación contra la trata. La Policía Nacional ha iniciado este viernes un segundo operativo por explotación sexual en este bloque de pisos, situado en el distrito madrileño de Arganzuela y que hace siete años ya fue inspeccionado por los agentes por esta misma razón. Esta ocasión se ha saldado con 16 detenidos, seis acusados de ser clientes de un negocio ilícito y el resto, por infringir la Ley de Extranjería. Hasta 140 personas han sido identificadas.

La operación se llevó a cabo a finales del mes de octubre gracias a la colaboración ciudadana, que permitió situar el foco sobre una persona que podía ser víctima de trata de blancas. En 2018 y en el mismo edificio del Paseo de las Delicias se liberó a una veintena de mujeres por ser víctimas de lo que ya entonces se investigó como una trama de explotación sexual.

Con esta última denuncia se inició la vigilancia del edificio en una investigación que aún sigue en curso. Según ha relatado el jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, el inspector jefe Víctor de las Heras, al edificio acudían numerosas personas que buscaban beneficiarse de la prostitución que se ejercía en los 16 apartamentos del bloque.

El bloque de edificio es propiedad de tres personas diferentes, que cuentan con todos los papeles en regla y contratos de arrendamiento por vivienda, en las que posteriormente se ejercía la prostitución en cada habitación.

Las inspecciones en las viviendas han permitido comprobar que en algunas había instalados temporizadores en las puertas para que los proxenetas controlaran la duración de los servicios de las mujeres. Además, había instaladas cámaras de seguridad para seguir sus movimientos.

En el dispositivo han participado agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enviado una carta al rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, ante la “sorpresa y preocupación” que le ha generado la existencia de lo que asegura que es “un ‘taller’ en dicho centro universitario que podría interpretarse como una guía para identificar mecanismos que permitan eludir la prohibición legal vigente en España” de los vientres de alquiler. Se trata de un curso dirigido al alumnado que desee adquirir “las competencias profesionales necesarias para ayudar a los padres o madres que quieren inscribir en el Registro Civil español” a bebés nacidos de vientres de alquiler en el extranjero. Así figuraba en la descripción original —ahora eliminada— de su página web a la que tuvo acceso elDiario.es esta misma semana a raíz de una denuncia de CCOO.

En respuesta a las preguntas de este diario, el centro defendió la existencia de este curso argumentando que “la universidad pública es y debe ser un espacio de respeto de los derechos y libertades protegidos constitucionalmente: libertad académica o de cátedra, de investigación y de estudio, así como la libertad de expresión”. “Tal respeto incluye la investigación y el estudio de todas las disciplinas jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Universidad, y en concreto, respecto de esta formación, la impartida desde el área de conocimiento del Derecho Internacional Privado”, argumentan. Además, esta tesis fue avalada por la Unidad de Igualdad de la Universidad y por una de las docentes que impartirá la formación. 

Ante esta justificación, el Ministerio responde que la libertad de cátedra “no puede tener como objetivo el otorgar herramientas para el incumplimiento del ordenamiento jurídico, y menos aún para el incumplimiento de normas que se encargan de evitar el abuso de situaciones de necesidad y la mercantilización de las mujeres y los menores”. En su carta, Bolaños hace un repaso de la normativa española y recuerda que “tanto la legislación como la jurisprudencia” se basan en dos consideraciones esenciales sobre la gestación subrogada: “Que implica una explotación de la mujer contraria a su dignidad y un daño a los intereses superiores del menor”. Por ello, el ministro reclama que el rector “actúe para impedir que su institución pueda amparar este tipo de prácticas”. 

La formación lleva por título “Microcredencial Universitaria Grandes Novedades en la Validez de la Gestación Subrogada en España”. Está prevista para el próximo diciembre y la impartirán la directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado, Esperanza Castellanos Ruiz, y la vicedecana de Orientación, María José Castellanos Ruiz. La matrícula cuesta 300 euros y consta de 16 horas de clase que se dan de manera no presencial, según figura en la página web. No se requiere de titulación universitaria para ser admitido y ofrece dos créditos a quienes la completen.

Tras la reciente eliminación de la frase que figuraba en la descripción original del curso, esta ha sido reemplazada por otra que, en el fondo, expresa lo mismo, aunque de forma más indirecta y con un lenguaje más técnico: “Se desarrollarán competencias orientadas a la asesoría jurídica en relación con la gestación subrogada y los problemas legales que plantea en el ámbito del Derecho Internacional Privado, español y comparado”.

Una de las docentes que lo imparte es la catedrática Esperanza Castellanos Ruiz, que publicó en 2024 el trabajo titulado 'Novedades en torno a los efectos legales de la gestación subrogada según el derecho internacional privado español: El caso de Ana García Obregón'. En él, se analizan los conflictos normativos y los mecanismos del derecho internacional privado aplicables a esta materia, tomando como ejemplo un “supuesto extraordinario”: el caso de la presentadora, que decidió ser madre mediante gestación subrogada en Florida, a los 68 años, utilizando material genético de su hijo fallecido tres años antes.

Por su parte, María José Castellanos Ruiz ha escrito varios artículos académicos abordando la misma temática. En uno de ellos, habla de la posibilidad de adopción para los españoles que recurren a vientres de alquiler. Analiza la sentencia del Tribunal Supremo español del 31 de marzo de 2022 en relación con un caso de gestación por sustitución realizada en México. En ese fallo, el Supremo rechaza reconocer una filiación natural para una mujer española que había contratado un vientre de alquiler en el extranjero, dado que no existía conexión genética entre ella y el menor, pero concede la filiación mediante adopción. Es relevante señalar que este texto es anterior a la Instrucción del 1 de mayo de 2025.

La Universidad Carlos III de Madrid ofrece una formación dirigida a alumnos que quieran aprender a asistir legalmente a personas que recurren a la gestación subrogada, una práctica prohibida en España. Según figuraba en la versión original –ahora retirada– de la descripción del curso en la página web del centro, a la que ha tenido acceso elDiario.es tras la denuncia de CCOO, en él “se adquirirán las competencias profesionales necesarias para ayudar a los padres o madres que quieren inscribir en el Registro Civil español la filiación determinada en el extranjero por gestación subrogada”. Según han trasladado a este periódico, ni la universidad ni su departamento de Igualdad ven problema en la existencia de este curso.

Tras la reciente eliminación de la frase que figuraba en la descripción original del curso, esta ha sido reemplazada por otra que, en el fondo, expresa lo mismo, aunque de forma más indirecta y con un lenguaje más técnico: “Se desarrollarán competencias orientadas a la asesoría jurídica en relación con la gestación subrogada y los problemas legales que plantea en el ámbito del Derecho Internacional Privado, español y comparado”.

Esta formación, prevista para el próximo diciembre, la impartirán la directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado, Esperanza Castellanos Ruiz, y la Vicedecana de Orientación, María José Castellanos Ruiz. La matrícula cuesta 300 euros y consta de 16 horas de clase que se dan de manera no presencial, según figura en la página web. No se requiere de titulación universitaria para ser admitido y ofrece dos créditos a quienes la completen.

La abogada y activista feminista por los derechos de las mujeres y de los niños, Nuria González, se pregunta “qué utilidad tiene este curso”, ya que sostiene que “en realidad, no se explica la legalidad, porque esta es muy fácil en España, está prohibido”. Según expone González, la gestación subrogada no sólo es ilegal, sino que está penada con hasta cinco años de cárcel por el y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad durante hasta diez años. Esta misma pena también está contemplada “aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero”, según el Código Penal. Esa ilegalidad del contrato prevalece ante la posibilidad de que el padre biológico pueda reclamar al hijo como propio y adoptarlo. 

“Antes –continúa– se podía inscribir a los niños que nacidos por vientres de alquiler en los consulados de España de los países donde era legal”, pero “desde que se anuló la Instrucción del 5 de octubre del 2010 y se cambió por la del 1 de mayo de 2025, teóricamente ya no se puede hacer”. 

La Universidad avala el curso y argumenta “libertad de cátedra”

La Universidad Carlos III ha evitado responder a las preguntas remitidas por este periódico y se ha limitado a responder lo siguiente: “La universidad pública es y debe ser un espacio de respeto de los derechos y libertades protegidos constitucionalmente: libertad académica o de cátedra, de investigación y de estudio, así como la libertad de expresión. Tal respeto incluye la investigación y el estudio de todas las disciplinas jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Universidad, y en concreto, respecto de esta formación, la impartida desde el área de conocimiento del Derecho Internacional Privado”. Esa ha sido la respuesta remitida desde el Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Transparencia.

Asimismo, la Unidad de Igualdad tampoco ha respondido a las preguntas de este medio sobre cómo valoran esta formación en tanto que institución encargada de la defensa de los derechos de las mujeres en las aulas, o si consideran aceptable la banalización de la explotación reproductiva en la universidad pública. De hecho, María Carmen Pérez González, vicerrectora de Igualdad, se remite a la respuesta dada por la universidad, según ha comunicado a este medio.

La catedrática Esperanza Castellanos Ruiz, publicó en 2024 el trabajo titulado 'Novedades en torno a los efectos legales de la gestación subrogada según el derecho internacional privado español: El caso de Ana García Obregón'. En él, se analizan los conflictos normativos y los mecanismos del derecho internacional privado aplicables a esta materia, tomando como ejemplo un “supuesto extraordinario”: el caso de la conocida presentadora que decidió ser madre mediante gestación subrogada en Florida, a los 68 años, utilizando material genético de su hijo fallecido tres años antes.

Si bien la autora recurre a este caso “extraordinario” para ilustrar su análisis, no limita su estudio únicamente a él. El artículo aborda también la gestación subrogada en general, como práctica social. En las conclusiones, la catedrática señala: “Cerrar los ojos a la realidad y declarar nulos en España los contratos de gestación subrogada válidamente celebrados en el extranjero, sin más, puede suponer una solución desfasada con la realidad social, y debemos entenderla superada”.

Por su parte, María José Castellanos Ruiz ha escrito varios artículos académicos abordando la misma temática. En uno de ellos, habla de la posibilidad de adopción para los españoles que recurren a vientres de alquiler. Analiza la sentencia del Tribunal Supremo español del 31 de marzo de 2022 en relación con un caso de gestación por sustitución realizada en México. En ese fallo, el Supremo rechaza reconocer una filiación natural para una mujer española que había contratado un vientre de alquiler en el extranjero, dado que no existía conexión genética entre ella y el menor, pero concede la filiación mediante adopción. Es relevante señalar que este texto es anterior a la Instrucción del 1 de mayo de 2025.

“Cualquier hombre puede llegar a cualquier ciudad de España, colocarse en una parada de un taxi y preguntar dónde están las chicas. Seguramente, el taxista o la taxista, aunque le mire con un poco de estupefacción al principio, en 10 minutos le deja en un sitio de prostitución”.

Este ejemplo, que pone Elisa San Miguel, muestra hasta qué punto está normalizada la prostitución en España. “Que España sea el primer país en consumo de prostitución en la Unión Europea muestra hasta qué punto esto es un problema”. Ella es secretaria de Mujeres Siemprevivas, una asociación feminista que trabaja en Guadalajara para acabar con la prostitución. Precisamente, este 23 de septiembre, Día contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, este colectivo ha realizado una concentración para poner el foco sobre los consumidores de prostitución, los “puteros”, como responsables de esta lacra, ya que, como afirman desde la asociación, “sin demanda no hay prostitución. Sin prostitución no hay trata”.

Y es que los datos muestran que ser consumidor de prostitución es algo muy extendido en España. “Las encuestas señalan que cuatro de cada 10 hombres reconocen haber consumido o consumir prostitución en este país. Nosotras siempre sospechamos que de los otros seis, pues tal vez haya alguno más que no se atreve a reconocerlo en una encuesta”, afirma San Miguel.

De hecho, está tan extendido que no se atreve a dar un perfil del putero en España: “Es muy difícil identificarlo. Al final caemos en el estereotipo de hombre desaliñado, mayor y solitario, cuando esto no es así. Hay chavales jóvenes de 25 años que acaban en pisos de prostitución sus noches de fiesta o empresarios que acaban sus negocios en prostíbulos para cerrar grandes acuerdos económicos. Es decir, no hay un perfil exacto y esto nos pone en peligro como sociedad, a todos y a todas”.

Y es ahí donde ponen el foco desde Mujeres Siemprevivas. Su visión abolicionista se enfoca desde la prevención y la educación, para que ser consumidor de prostitución, ser putero, esté mal visto socialmente en todos los ámbitos: “Que ningún hombre pueda fardar entre su grupo de amigos de haber ido a un club la noche anterior sin ser señalado socialmente”, resume.

Además, muestra una preocupación: no ve un cambio de tendencia en las generaciones más jóvenes. A través de las intervenciones que su asociación hace, se han dado cuenta de que las nuevas generaciones también tienen normalizado el consumo de prostitución.

Algo que asocia sobre todo a dos factores. Por una parte, la pornografía supone la principal fuente de ‘aprendizaje’ afectivo-sexual para muchos jóvenes españoles. Por otra, ha surgido una contra reacción a la cultura del consentimiento sexual: hay hombres que encuentran en la prostitución el lugar donde tener esos comportamientos sexuales que en una relación sin dinero de por medio no podrían realizar.

“Cuando hablas con las mujeres prostituidas lo que cuentan precisamente es que muchas veces sienten miedo cuando ven llegar a jóvenes, porque son chavales que vienen a hacer en los cuerpos de las mujeres prostituidas lo que no pueden hacer con las mujeres fuera”, cuenta San Miguel. “Los chavales están aprendiendo qué es el sexo a través del porno, cuando lo único que hay ahí es violencia sexual. Pues luego lo reproducen en las relaciones con sus iguales y también con las mujeres prostituidas”.

Por eso, para Mujeres Siemprevivas, lo primero que hay que hacer para atajar la prostitución es invertir en educación sexoafectiva en el ámbito educativo. “Para mí es muy injusto criminalizar a la adolescencia. Los hemos dejado a su suerte navegando por un mundo virtual que les violenta. A todas las preguntas que ellos se han hecho sobre el sexo, han buscado respuestas en la pornografía, porque no tienen espacios en los que poder preguntar, hablar o plantear sus dudas”, concluye San Miguel.

En Ciudad Real, desde la Asociación de Mujeres Opañel también ponen el foco en los hombres que consumen prostitución. Dentro del proyecto ‘Se trata de igualdad’, difunden a través de las redes sociales mensajes contra la normalización que existe en España. “No soy putero, pero normalizo que en las despedidas de soltero se contraten mujeres” o “no soy putero, pero comparto memes que tratan a las chicas como objetos”, son mensajes de una campaña que denuncia ciertos comportamientos que fomentan la aceptación social de estas “violencias enmascaradas de servicios”.

También trabajan para prevenir que las mujeres y las niñas caigan en las redes de prostitución. “Todo forma parte de un mismo círculo. Si la sociedad ha normalizado la pornografía o determinadas plataformas tipo Onlyfans, porque hay una dulcificación en medios, en Internet o en televisión, pues como muchas niñas y jóvenes también van a normalizar o a ser más vulnerables a caer en estas redes de prostitución y trata”, explica Ana Hinchado, coordinadora de Proyectos de la Asociación de Mujeres Opañel.

“Tratamos de dar información fiable, de hablar de lo que es realmente la trata, de los distintos sistemas y métodos de captación que hay hoy en día muy asociados a las redes sociales para captar sobre todo a mujeres e incluso niñas”.

Según datos difundidos por la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, en España hay 114.576 mujeres en situación de prostitución y 92.496 en riesgo de trata. Para Hinchado, a pesar de que hay factores que pueden incrementar el riesgo de caer en estas redes (vulnerabilidad económica, víctimas de violencia de género o de violencia sexual…), ninguna mujer está exenta. “Las mujeres que tienen algunos factores de vulnerabilidad son más sensibles a poder caer, pero cualquiera somos susceptible. Hay muchas chicas jóvenes que no están en contextos de vulnerabilidad y que aun así también al final han caído en determinadas prácticas de explotación sexual.”, asegura.

La trata, “impedimento para lograr la igualdad”

Para tratar de prevenir, sensibilizar y actuar frente a la trata con fines de explotación sexual, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció este verano la creación de la Mesa Regional contra la Trata. Esta mesa se constituirá este viernes y tiene entre sus fines y funciones las de sensibilizar, educar, detectar posibles casos de trata y actuar de forma coordinada.

Está formada por representantes de numerosas instituciones y entidades, públicas y privadas, sin ánimo de lucro. Entre las personas que componen esta mesa, se encuentra la presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, Lourdes Nieto.

Nieto valora “muy positivamente” la creación de esta mesa y cuenta a este diario que, para ayudar a una mujer a salir de una situación de explotación sexual, hay que darles opciones reales.

“Por ejemplo, con planes de integración económica, sociolaboral y planes que trabajen en la recuperación psicosocial de estas mujeres. También pedimos la modificación de la ley de extranjería, porque la mayoría de estas mujeres son mujeres migrantes que están en situación irregular, con lo cual esto es una cuestión clave para que ellas puedan acceder a determinados recursos como víctimas de violencia que son”.

La presidenta regional de Médicos del Mundo también recalca la importancia de las políticas educativas, “que estén fundamentadas en valores de solidaridad, igualdad y justicia social”, para prevenir el consumo de prostitución. “Y luego también tienen que haber sanciones para puteros y proxenetas. Consumir prostitución es algo que no debería estar aceptado ni normalizado en la sociedad”, señala.

Desde AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos) Castilla-La Mancha, Angélica Matías se suma a las peticiones para ofrecer una alternativa a las mujeres que sufren la explotación sexual: “Apoyo a las víctimas, oportunidades de reinserción y un acompañamiento sociolaboral sin estigmas, porque en el caso de la trata son las víctimas las que son estigmatizadas, ya que esta forma de violencia prácticamente es normalizada en nuestra sociedad”, sintetiza.

Matías pide también “criminalizar a los proxenetas y a los demandantes de explotación sexual” y afirma que la trata es un impedimento para lograr la igualdad. “En Castilla-La Mancha tenemos la ley por una sociedad libre de violencia, pero nunca podremos conseguir esa sociedad mientras exista una mujer vulnerada de cualquier manera en nuestra sociedad. Y mucho más con el tema de la explotación sexual”.

La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres explotadas sexualmente por una organización criminal transnacional presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y distribución de medicamentos en las provincias de Toledo y Madrid, según ha informado Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La operación policial ha culminado con la detención de ocho personas, siete en las provincias de Toledo y una en la Madrid, incluidos los tres responsables de la organización que han ingresado en prisión provisional.

Las víctimas eran captadas mediante el engaño y adquirían con el entramado una deuda que podía alcanzar los 6.000 euros, que debían saldar en tres meses ejerciendo la prostitución en los pisos club de alterne durante las 24 horas al día, donde además vivían intimidadas y sometidas a constantes amenazas, según detalla la Policía Nacional.

La investigación policial se inició en octubre de 2024 en Melilla cuando una mujer denunció haber sido víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

A raíz de esta denuncia, los agentes identificaron a una organización criminal asentada en territorio nacional compuesto por personas latinoamericanas y españolas cuyo modo de vida radicaba en la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano que eran captadas en su país de origen, principalmente Colombia y Venezuela.

La red captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad económica mediante engaño, prometiéndoles un futuro laboral más favorable en España.

La organización criminal se hacía cargo de todas las gestiones y documentación necesaria para el viaje, informando a las víctimas que por ello contraerían una deuda que hasta 6.000 euros, la cual debían pagar en tres meses ejerciendo la prostitución.

Una vez en España, eran trasladadas a domicilios controlados por la red en la localidad de Torrijos (Toledo) y Madrid, donde eran desprovistas de su documentación y obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con la organización criminal.

Control total, coacciones y drogas

La red contaba con mujeres que actuaban como falsas “madres de piso, encargadas de ejercer un control sobre las víctimas, marcar los horarios, fijar las tarifas y gestionar el cobro de los clientes. Las víctimas tenían que tener disponibilidad de 24 horas al día y la obligación de repartir el 50% de los beneficios”, explica la Policía Nacional.

Además, en las zonas comunes del domicilio había ubicadas cámaras de seguridad que grababan todo lo que ocurría en la vivienda, estando las víctimas permanentemente vigiladas. En algunos casos, las víctimas eran conminadas a cambiar de lugares de explotación, siendo aprovechado el momento del traslado por una de las víctimas para escapar de esta red criminal, momento en el que empezó a recibir amenazas tanto desde España como desde su país de origen, para que regresara y abonara el importe de la deuda.

La coordinación de la explotación sexual iba acompañada de una segunda actividad delictiva: la distribución de drogas. En los mismos inmuebles, los clientes podían adquirir cocaína. Todo esto generaba elevados beneficios económicos que eran redistribuidos entre los miembros de la organización criminal.

Durante la fase final de la operación, en la que se ha clausurado uno de los pisos club de alterne, se ejecutaron cuatro registros en las provincias de Toledo (3) y Madrid (1), donde se hallaron evidencias de la actividad delictiva y material probatorio de gran relevancia para la investigación. Procediendo a la detención de ocho personas en las provincias de Toledo (7) y Madrid (1), tres de los cuales se encuentran en prisión provisional. En el interior de los inmuebles se localizó una suma superior a 7.000 euros en efectivo.

Asimismo, se intervinieron 2 kilogramos de cocaína, parte de ella en roca pura y otra ya preparada en dosis para su distribución. Los agentes hallaron un laboratorio secundario para la producción de dicha sustancia con materiales específicos para el corte, manipulación y empaquetado de droga.

Además, se incautó abundante documentación relacionada con la actividad criminal, así como material informático y seis teléfonos móviles de los principales investigados.

La Guardia Civil ha detenido a un varón por un presunto delito de trata de seres humanos y explotación sexual en la localidad toledana de Yuncos en una operación que ha permitido liberar a tres mujeres que estaban encerradas en una vivienda.

La investigación se inició tras recibir el instituto armando de Toledo una llamada de emergencia por parte de una de estas mujeres que denunciaba estar retenida junto a las otras dos, mientras un hombre intentaba acceder a la vivienda de forma violenta, amenazándolas de muerte.

La patrulla de la Guardia Civil acudió al domicilio, comprobando que el agresor ya no se encontraba en el lugar. Las tres mujeres, que lograron salir del inmueble, manifestaron a los agentes su deseo de abandonar la vivienda y denunciar que estaban siendo explotadas sexualmente en el interior de dicho piso.

Las primeras investigaciones por parte de la Policía Judicial de Illescas revelaron que una de las mujeres había sido pareja sentimental del ahora detenido y le había denunciado el pasado 6 de junio por violencia de género.

Las tres víctimas fueron engañadas aprovechando su situación de vulnerabilidad y estancia irregular en España, siendo obligadas mediante coacciones y falsas promesas de regularización de su situación, a ejercer la prostitución en viviendas particulares.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a captar mujeres para explotarlas sexualmente en un piso de Gandia, donde eran obligadas a trabajar “las 24 horas todos los días de la semana, sin descansos, y a consumir droga con los clientes si estos lo pedían”.

Según un comunicado conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional, las víctimas, en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica, eran captadas en su país de origen por parte de colaboradores de la organización criminal, que servían como enlace para esa primera captación para su posterior traslado y explotación sexual en España.

También captaban a mujeres ya residentes en España, colombianas y venezolanas, ofreciéndoles “plaza” en el piso donde, posteriormente, eran obligadas a ejercer la prostitución.

Durante la investigación se han podido identificar a un total de 38 potenciales víctimas, de las cuales seis ya han sido identificadas y han prestado declaración como testigos protegidos.

En la operación se han detenido a siete personas, seis hombres y una mujer, y se han realizado siete registros, cuatro en domicilios particulares, uno en el piso donde se explotaba sexualmente a las mujeres y dos en talleres mecánicos.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia el año pasado de una mujer que manifestó haber sido víctima de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Gandia, y se descubrió que los miembros de la organización pretendían expandir su actividad y poner en funcionamiento nuevos pisos de prostitución en la misma localidad.

Los investigados de origen colombiano, una pareja, eran los encargados de la captación de las mujeres desde el país de origen, con quienes el encargado realizaba una videollamada posterior “para cerciorarse de que cumplía ciertos requisitos para el ejercicio de la prostitución” y les prometían que ganarían altas cantidades de dinero.

Las víctimas, desde el mismo día en el que llegaban al piso, eran obligadas a trabajar las 24 horas todos los días de la semana, sin descansos, y no podían negarse a atender a los clientes o a la práctica de ciertos servicios sexuales.

En el supuesto de que un cliente solicitara los servicios sexuales fuera del piso, uno de los investigados era el responsable de desplazar a la mujer hasta el lugar concretado y, una vez finalizado el tiempo pactado por el cliente, era devuelta al piso, de manera que controlaban cualquier desplazamiento de las mujeres.

Las víctimas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes (cocaína o tusi) con los clientes si estos lo solicitaban, y los investigados también ofertaban entre los clientes que lo solicitaran potenciadores sexuales, como sildonafil o viagra.

Investigación de blanqueo

La Policía y la Guardia Civil afirman que la organización estaría realizando transacciones financieras de dudosa procedencia, haciendo uso de monederos virtuales de criptomonedas, y derivando el dinero obtenido de la actividad a ilícita a otros países como Bulgaria, donde estarían adquiriendo bienes muebles e inmuebles.

De igual forma, figuraban en situación de alta como autónomos en diferentes actividades laborales, aparentemente lícitas, como talleres mecánicos, destinados también a blanquear los beneficios obtenidos de la prostitución.

Los hombres detenidos tienen entre 35 y 54 años y nacionalidades búlgara y rumana, y la mujer tiene 20 años y nacionalidad colombiana. Se les atribuyen los delitos de organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y aparejada a blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, relativos a la prostitución y contra los ciudadanos extranjeros.

En los registros se han intervenido 15.870 euros en efectivo, 14 teléfonos móviles, una cámara de videovigilancia, una microsd, libretas de anotaciones y documentación incriminatoria relativa a los delitos investigados, billetes de tren, dos relojes, billetes de moneda colombianos, venezolanos y búlgaros, un ordenador portátil, 11 coches, y sustancias estupefacientes (32 gramos de cocaína y 15 monodosis de tusi), además de 250 pastillas de sildenafil (viagra) y otras sustancias anabolizantes y material de inyección.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Emume de la Guardia Civil (Equipo Mujer Menor) junto con el Grupo I de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos (BCTSH) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y el Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Málaga, Policía Nacional.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gandia.

A la Platja de Palma, epicentre del turisme alemany a Mallorca i un dels destins pioners en l'explotació del sol i platja, el soroll de les terrasses i la música que s'escapa dels quiosquets conviu amb una realitat que s'oculta al darrere de les llums de neó i els còctels amb palleta de colors. En un escenari en el qual es barregen oci i turisme massiu, els explotadors sexuals de menors operen de forma cada vegada més sofisticada, principalment a través de les tecnologies. No obstant això, es tracta d'una xacra que no es redueix a les Balears. Tampoc als països amb majors dificultats socioeconòmiques. Ni als més exòtics. “L'explotació sexual en els viatges i el turisme és una problemàtica global, no sols de països concrets. A Espanya també succeeix”, assevera Patricia Raduán, educadora social en la Fundació Rana, impulsada en 2005 amb l'objectiu d’actuar i erradicar els abusos sexuals a menors.

L'explotació sexual infantil i adolescent (ESIA), principalment en entorns turístics, continua sent una problemàtica invisibilitzada. “Quan penses en la violència cap als nens, un pensa en els centres educatius o d'oci. El turisme no sol associar-se a això, a pesar que darrere s'amaga una violència que ha de sortir a la llum”, incideix Raduán en declaracions a eldiario.es. Apel·la, principalment, a sensibilitzar a la població i a les empreses que operen en el sector: “La protecció és una responsabilitat i un deure de tota la societat. Mirar cap a un altre costat és ser còmplice”.

L'increment de la mobilitat de les persones i els moviments migratoris, l'accés gairebé universal a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i l'expansió de la indústria dels viatges i el turisme, les infraestructures de la qual poden acabar sent utilitzades per part dels agressors sexuals, són diversos dels factors que augmenten la vulnerabilitat dels nens, nenes i adolescents a l'explotació sexual. De fet, en les últimes dècades, el turisme ha experimentat una contínua expansió i diversificació fins a convertir-se en un dels majors sectors econòmics del món i de més ràpid creixement, la qual cosa el converteix en brou de cultiu per a l'explotació sexual infantil, com apunta la Federació d'Associacions per a la Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI) en un dels seus informes. D'acord amb el mateix document, s'estima que unes 250.000 persones viatgen cada any per a tenir contacte sexual amb persones menors d'edat, el que suposa la victimització de centenars de nens i nenes.

L'increment de la mobilitat de les persones i els moviments migratoris, l'accés gairebé universal a les TIC i l'expansió de la indústria dels viatges i el turisme són diversos dels factors que augmenten la vulnerabilitat dels nens, nenes i adolescents a l'explotació sexual

La Base de dades Internacional d'imatges i vídeos sobre Explotació Sexual de Nens (ICSE) desenvolupada per Interpol va identificar a més de 3.800 víctimes en 2020 (23.656 víctimes des que es va posar en marxa aquest instrument de recerca), i més de 10.752 agressors sexuals (més d'un 90% d'ells, homes). A Espanya, segons la mateixa plataforma, els delictes relatius a la ESIA creixen any rere any, victimitzant a més de 5.700 nens i nenes només en 2019. Mentrestant, d'acord amb la informació recollida per FAPMI, el 17,8% dels i les joves ha sofert algun tipus de victimització sexual, sent l'electrònica la més freqüent (12,1% dels casos) i afectant en grau més alt a les noies (més del 60% dels casos). Així mateix, les dades proporcionades pel Ministeri de l'Interior revelen que 3.928 menors van ser victimitzats en l'entorn online en 2023, un 24,28% d'ells en l'àmbit sexual.

En el cas concret de les Balears, destí que a penes supera els 1,2 milions d'habitants, en 2024 van recalar 18,7 milions de turistes, tal com es desprèn de les dades de l'Institut Balear d'Estadística (Ibestat). Les illes reben el doble de visitants que fa 25 anys. I, encara que no hi ha xifres concretes sobre quants menors són captats amb finalitats d'explotació sexual, diverses cadenes hoteleres han signat al llarg dels últims anys The Code–*ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes), un codi de conducta per a la protecció dels nens, nenes i adolescents enfront de l'explotació sexual en la indústria del turisme i els viatges.

Es tracta d'una iniciativa internacional promoguda principalment per ECPAT Internacional, UNICEF i l'Organització Mundial del Turisme per a combatre a tot el món l'explotació sexual comercial de menors. A Espanya, la representació de la Xarxa ECPAT International i de The Code és exercida des de gener de 2012 per la FAPMI.

Els hotelers: “Cal involucrar a tota la cadena de valor”

Conscient de les dimensions d'aquesta xacra, una de les cadenes adherides a The Code és la mallorquina RIU. Ho va fer en 2012 i, des de llavors, els seus directius van començar a establir protocols específics i a centrar-se en la formació periòdica dels seus empleats per a detectar conductes inadequades.

“Qualsevol empresa signant de l'Aliança ha de complir cinc compromisos: disposar d'una política de protecció a la infància; ha de tenir format al seu personal; ha de comptar amb protocols propis de prevenció i actuació en cas que es produeixi un cas d'explotació; ha d'anar més enllà del seu propi establiment i involucrar als proveïdors i, finalment, involucrar també al client”, explica a eldiario.es la directora de Responsabilitat Social Corporativa de RIU, Catalina Alemany, qui insisteix en la importància de fer extensiu aquest compromís “a tota la cadena de valor”, principalment davant el fet que “les xarxes de captació estan sofisticant-se a través de la tecnologia i les xarxes socials”.

Qualsevol empresa signant [del codi de conducta per a la protecció del menor] ha de disposar d'una política de protecció a la infància; ha de tenir format al seu personal; comptar amb protocols propis de prevenció i actuació; anar més enllà del seu propi establiment i involucrar als proveïdors i, finalment, també al client

Catalina Alemany — Directora de Responsabilitat Social Corporativa de RIU

La directiva assenyala que porten més d'una dècada de treball “transformant aquesta mentalitat i aquesta sensibilitat”. Alemany posa l'accent, a més, en el factor local: “El que estem fent a Mèxic no és el mateix que estem fent a Espanya. No cal treballar la problemàtica com si en tots els llocs fos igual, perquè les xarxes no funcionen igual i t'has d'adaptar a cada destí”. En aquest sentit, subratlla que “totes les destinacions turístiques tenen prostitució i totes les destinacions turístiques que tenen prostitució tenen prostitució infantil. I això inclou les grans ciutats i els països desenvolupats, fins i tot la mateixa zona en la qual treballem. Al sector li costa reconèixer això”, afirma.

Normalització de la prostitució en els viatges

Al·ludeix, de fet, a la Platja de Palma, on RIU posseeix la seva seu corporativa: la normalització del consum de prostitució com un oci més es percep en grups de joves que arriben a Mallorca amb paquets de vacances en els quals prioritzen l'alcohol, les discoteques i el sexe de pagament com a part de la seva experiència. “Veiem que hi ha grups de joves alemanys, dels qui pressuposem que han nascut i crescut en igualtat i han rebut una formació i una educació molt semblant a la que poden haver rebut altres turistes europeus, que acaben ficant dins del seu paquet turístic la prostitució com si fos una part més de les seves vacances. I això passa també en comiats de solter. La gent ara no fa les festes de comiat de solter en el seu territori, sinó que viatja i les inclou dins del paquet com una escapada de cap de setmana”, explica. “Si ho analitzem bé, és un retrocés en drets humans de llibre, però ho hem normalitzat”.

A la Platja de Palma veiem que hi ha grups de joves alemanys, dels qui pressuposem que han rebut una formació molt semblant a la d'altres turistes europeus, que acaben ficant dins del seu paquet turístic la prostitució com si fos una part més de les seves vacances

Catalina Alemany — Directora de Responsabilitat Social Corporativa de RIU

Alemany lamenta sobre aquest tema l'existència d'una “tolerància social a la prostitució lligada a la diversió o a l'oci”. “Ho veiem en els grans esdeveniments esportius, les grans fires, fins i tot la turística: aquests àmbits atreuen la prostitució com una part més de l'oci”, abunda, asseverant que hi ha una part de la indústria turística que creu que parlar d'això “repercuteix en una mala reputació”: “Nosaltres creiem que és just el contrari. Parlar d'això reforça al sector. Reconèixer el problema és el primer pas per a començar a donar solucions. Cal parlar amb claredat i amb transparència d'aquest problema. I, quant millor ho fem, més barreres els estem posant a totes aquelles persones que estan disposades a explotar a un menor”.

En aquesta línia, precisa que les xarxes de captació s'estan sofisticant a través de la tecnologia i, sobretot, a través de les xarxes socials. “Des de les aplicacions de contactes pot presentar-se aquest fals nuvi o aquesta falsa núvia que acaben sent un explotador. Tenim explotadors de tots dos sexes i s'està complicant moltíssim”.

Sobre això, la Memòria de la Fiscalia de 2023 –la de 2024 encara no ha estat presentada– apunta a taxes “realment preocupants” entorn de les conductes de clar risc en xarxes socials. D'acord amb l'informe, el 10,4% dels menors consultats reconeix haver enviat fotos o vídeos de caràcter sexual (sèxting actiu) i més del triple –el 31,2%– admet haver-los rebut (sèxting passiu). Encara que el sèxting és practicat tant per noies com per nois, el Ministeri Públic assenyala que existeix un clar biaix de gènere: el 22,2% de les joves s'ha sentit pressionada o somesa a xantatge per enviar continguts sexuals, enfront del 7,7% dels homes. Quant al conegut com a grooming, les dades són, segons la Fiscalia, igualment “alarmants”: el 58,4% dels joves ha acceptat alguna vegada a un desconegut en xarxes socials, i el 22,7% va arribar a quedar en persona amb gent que va conèixer exclusivament a través d'internet.

A més, les noies són objecte de proposicions sexuals per part d'adults molt més sovint que els nois, mentre que el consum de pornografia en línia es dispara entre els homes.

Alertes i indicadors de possibles casos d'abús

Des de la Fundació Rana, encarregada d'impartir tallers, xerrades informatives, campanyes de sensibilització i atenció terapèutica a persones adultes que van ser víctimes d'abús a la seva infància, Patricia Raduán incideix en la “invisibilització” de l'explotació sexual infantil en el turisme. “Record quan anàvem a alguns hotels per a fer una formació i, quan arribàvem, al principi ens responien: 'Però això què té a veure amb nosaltres?' No ho preguntaven amb maldat, era desconeixement”.

En aquest sentit, subratlla que el primer pas per a prevenir aquest tipus de casos és acudir als mateixos canals de la indústria turística, als hotels, les aerolínies i els turoperadors per a formar a tot el personal, siguin directius, cambreres de pis o treballadors de manteniment, perquè, a través de situacions pràctiques, coneguin els indicadors que poden portar-los a actuar. “Poden ser alertes com el fet que algú que està només de sobte demani un llit de matrimoni, que a les nits vegis en el bar a adults que sempre estan amb menors i no saps si són d'aquest grup”. “Potser és una falsa alarma, però cal estar atents. I, sobretot, que la resposta que doni el treballador estigui emparada per l'empresa”, afegeix.

El primer pas per a prevenir aquest tipus de casos és acudir als hotels, les aerolínies i els turoperadors per a formar a tot el personal perquè coneguin els indicadors que poden portar-los a actuar. Poden ser alertes com el fet que algú que està només de sobte demani un llit de matrimoni o que a les nits vegis en el bar a adults que sempre estan amb menors i no saps si són d'aquest grup

Patricia Raduán — Educadora social en la Fundació RANA

L'educadora social subratlla que si el personal no coneix el protocol a seguir “és impossible que actuï”, tenint en compte, a més, que “moltes empreses tenen por que això els danyi la imatge”. “Cal fer molt de recalcament perquè hi hagi aquest canvi de mirada, i això és el més difícil”, comenta. Raduán recalca la necessitat d'implicar en això a les administracions públiques, a més de col·laborar amb els agents de seguretat, els taxistes, els bars pròxims a l'hotel i els supermercats perquè no es promogui cap mena d'oci vinculat a l'explotació sexual.

Protocols

A les Balears, el Govern de Francina Armengol (PSOE) va adoptar l'agost de 2018 un protocol d'actuació en casos d'abús i explotació sexual infantil que complementava el Protocol marc d'actuacions de maltractament infantil que s'havia desenvolupat des de 2007. Amb aquest nou instrument, en constant modificació, l'Executiu autonòmic reforçava les mesures contemplades contra aquesta problemàtica en coordinació amb els cossos i forces de seguretat, la Fiscalia i altres nombrosos organismes socials, educatius i sanitaris. Consultat per eldiario.es, l'actual Govern de Marga Prohens (PP) no ha pogut precisar de quina forma s'aplica el protocol en l'actualitat, al·legant que la Conselleria d'Assumptes Socials, competent en la matèria, es troba en fase de reestructuració.

Una de les mesures posades en marxa per l'anterior Govern va ser una campanya publicitària pionera a escala nacional i dirigida a les adolescents de les illes per a informar-les dels riscos que corren i, al mateix temps, instar-los que denunciïn i diguin “no”. Tal com van assenyalar llavors fonts de la Conselleria d'Assumptes Socials a aquest mitjà, l'objectiu d'aquesta iniciativa exigia trencar amb la falsa idea que l'explotador sexual es mostra de manera explícita i, per tant, la víctima pot identificar molt clarament les seves intencions i pot posar límits.

El passat mes de juny, el Parlament Europeu va votar a favor d'incrementar les penes contemplades per als delictes d'abús sexual i explotació de menors, suprimir els terminis de prescripció, adaptar la legislació a les noves tecnologies i garantir que l'abús i l'embaucament puguin ser perseguits independentment de que es produeixin online o en la realitat. L'Eurocambra també advoca per millorar la capacitat dels països de la UE per a combatre eficaçment l'abús sexual infantil.

Absència d'eines de prevenció i formació

Per part seva, la coordinadora general de FAPMI, Selma Fernández, recorda a eldiario.es que el Codi per a la protecció dels nens, nenes i adolescents enfront de l'explotació sexual en la indústria del turisme i els viatges va dirigit a les empreses del sector amb l'objectiu que implementin una sèrie d'actuacions que ajudin a protegir la infància i l'adolescència, des de la formació fins a la inclusió en polítiques de responsabilitat social corporativa i sensibilització a clients.

Fernández lamenta que un dels hàndicaps amb els que es topen a l'hora d'abordar aquesta xacra és la falta de dades objectives, que infereixen, entre altres vies, de les notícies que apareixen en mitjans de comunicació. A Barcelona, al costat de l'Ajuntament i Aethnic, han posat en marxa el projecte 'Turisme i drets de la infància', amb l'objectiu d'aconseguir xifres sobre l'abast de la violència sexual contra menors amb l'objectiu de treballar de forma més directa en aquesta problemàtica i promoure els drets de la infància i l'adolescència en el context del turisme. “És un diagnòstic molt local, centrat en la ciutat de Barcelona, però l'explotació sexual infantil en aquest sector succeeix en qualsevol ciutat en la qual hi hagi moviments de persones en general, no sols per part de turistes”, comenta.

“Parlem de qualsevol mena de desplaçament; tot aquest moviment el que provoca és l'augment del risc dels nens i nenes a veure's exposats a aquesta mena de situacions”, precisa l'especialista, qui assenyala que, a través del diagnòstic, des de FAPMI han detectat que “falta moltíssima formació en l'àmbit de tots els sectors”. Es refereix, en concret, a l'administració pública, als professionals de turisme i fins i tot al mateix sistema de protecció. “I també falten eines orientades a la prevenció. Quan preguntem a empreses de viatges i turisme, a part que els costa reconèixer aquest problema vinculat amb la seva activitat de negoci, no saben com intervenir davant un possible cas amb el qual es puguin enfrontar, el que dificulta la detecció d'aquesta mena de situacions i poder després reportar-les”, lamenta.

Quan preguntem a empreses de viatges i turisme, a part de que els costa reconèixer aquest problema vinculat amb la seva activitat de negoci, no saben com intervenir davant un possible cas amb el qual es puguin enfrontar, el que dificulta la detecció d'aquesta mena de situacions i poder després reportar-les

Selma Fernández — Coordinadora general de FAPMI- ECPAT Espanya

Les Comunitats Autònomes, de fet, no compten amb un pla integral específic que abordi l'explotació sexual de menors en l'àmbit turístic, més enllà dels protocols generals de detecció de víctimes de tràfic en aeroports i ports, o de les recerques que realitza la Policia Nacional o les campanyes de sensibilització per a alertar del tràfic en entorns de prostitució. Les recerques impulsades sobre aquest tema apunten al fet que els explotadors aprofiten la falta de controls, l'anonimat que ofereix el turisme massiu i les vulnerabilitats dels menors per a captar-los i explotar-los.

“Generalment, aquest tipus de situacions s'associen a països del sud global amb més dificultats socioeconòmiques, el que genera un estigma que ens porta a pensar que això no ocorre en la nostra realitat quotidiana, quan realment sí que succeeix”, afirma Fernández. I sentència: “No fa falta que tinguem la certesa com a ciutadans que s'està produint aquesta situació. Però si no donem aquesta primera veu d'alarma, el cas no arribarà on ha d'arribar”.

En la Playa de Palma, epicentro del turismo alemán en Mallorca y uno de los destinos pioneros en la explotación del sol y playa, el ruido de las terrazas y la música que se escapa de los chiringuitos convive con una realidad que se oculta tras las luces de neón y los cócteles con pajita de colores. En un escenario en el que se mezclan ocio y turismo masivo, los explotadores sexuales de menores operan de forma cada vez más sofisticada, principalmente a través de las tecnologías. Sin embargo, se trata de una lacra que no se reduce a Balears. Tampoco a los países con mayores dificultades socioeconómicas. Ni a los más exóticos. “La explotación sexual en los viajes y el turismo es una problemática global, no solo de países concretos. En España también sucede”, asevera Patricia Raduán, educadora social en la Fundación Rana, impulsada en 2005 con el objetivo actuar y erradicar los abusos sexuales a menores.

La explotación sexual infantil y adolescente (ESIA), principalmente en entornos turísticos, continúa siendo una problemática invisibilizada. “Cuando piensas en la violencia hacia los niños, uno piensa en los centros educativos o de ocio. El turismo no suele asociarse a ello, a pesar de que detrás se esconde una violencia que debe salir a la luz”, incide Raduán en declaraciones a elDiario.es. Apela, principalmente, a sensibilizar a la población y a las empresas que operan en el sector: “La protección es una responsabilidad y un deber de toda la sociedad. Mirar hacia otro lado es ser cómplice”.

El incremento de la movilidad de las personas y los movimientos migratorios, el acceso casi universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la expansión de la industria de los viajes y el turismo, cuyas infraestructuras pueden acabar siendo utilizadas por parte de los agresores sexuales, son varios de los factores que aumentan la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a la explotación sexual. De hecho, en las últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación hasta convertirse en uno de los mayores sectores económicos del mundo y de más rápido crecimiento, lo que lo convierte en caldo de cultivo para la explotación sexual infantil, como apunta la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) en uno de sus informes. De acuerdo al mismo documento, se estima que unas 250.000 personas viajan cada año para tener contacto sexual con personas menores de edad, lo que supone la victimización de cientos de niños y niñas.

El incremento de la movilidad de las personas y los movimientos migratorios, el acceso casi universal a las TIC y la expansión de la industria de los viajes y el turismo son varios de los factores que aumentan la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a la explotación sexual

La Base de Datos Internacional de imágenes y vídeos sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) desarrollada por Interpol identificó a más de 3.800 víctimas en 2020 (23.656 víctimas desde que se puso en marcha este instrumento de investigación), y más de 10.752 agresores sexuales (más de un 90% de ellos, hombres). En España, según la misma plataforma, los delitos relativos a la ESIA crecen año tras año, victimizando a más de 5.700 niños y niñas sólo en 2019. Mientras tanto, de acuerdo a la información recogida por FAPMI, el 17,8% de los y las jóvenes ha sufrido algún tipo de victimización sexual, siendo la electrónica la más frecuente (12,1% de los casos) y afectando en mayor medida a las chicas (más del 60% de los casos). Asimismo, los datos proporcionados por el Ministerio del Interior revelan que 3.928 menores fueron victimizados en el entorno online en 2023, un 24,28% de ellos a nivel sexual.

En el caso concreto de Balears, destino que apenas supera los 1,2 millones de habitantes, en 2024 recalaron 18,7 millones de turistas, tal como se desprende de los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat). Las islas reciben el doble de visitantes que hace 25 años. Y, aunque no hay cifras concretas sobre cuántos menores son captados con fines de explotación sexual, varias cadenas hoteleras han firmado a lo largo de los últimos años The Code–ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes), un código de conducta para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual en la industria del turismo y los viajes.

Se trata de una iniciativa internacional promovida principalmente por ECPAT Internacional, UNICEF y la Organización Mundial del Turismo para combatir en todo el mundo la explotación sexual comercial de menores. En España, la representación de la Red ECPAT International y de The Code es ejercida desde enero de 2012 por la FAPMI.

Los hoteleros: “Hay que involucrar a toda la cadena de valor”

Consciente de las dimensiones de esta lacra, una de las cadenas adheridas a The Code es la mallorquina RIU. Lo hizo en 2012 y, desde entonces, sus directivos comenzaron a establecer protocolos específicos y a centrarse en la formación periódica de sus empleados para detectar conductas inadecuadas.

“Cualquier empresa firmante de la Alianza tiene que cumplir cinco compromisos: disponer de una política de protección a la infancia; debe tener formado a su personal; tiene que contar con protocolos propios de prevención y actuación en caso de que se produzca un caso de explotación; debe ir más allá de su propio establecimiento e involucrar a los proveedores y, finalmente, involucrar también al cliente”, explica a elDiario.es la directora de Responsabilidad Social Corporativa de RIU, Catalina Alemany, quien insiste en la importancia de hacer extensivo este compromiso “a toda la cadena de valor”, principalmente ante el hecho de que “las redes de captación están sofisticándose a través de la tecnología y las redes sociales”.

Cualquier empresa firmante [del código de conducta para la protección del menor] debe disponer de una política de protección a la infancia; debe tener formado a su personal; contar con protocolos propios de prevención y actuación; ir más allá de su propio establecimiento e involucrar a los proveedores y, finalmente, también al cliente

Catalina Alemany — Directora de Responsabilidad Social Corporativa de RIU

La directiva señala que llevan más de una década de trabajo “transformando esa mentalidad y esa sensibilidad”. Alemany hace hincapié, además, en el factor local: “Lo que estamos haciendo en México no es lo mismo que estamos haciendo en España. No hay que trabajar la problemática como si en todos los sitios fuese igual, porque las redes no funcionan igual y te tienes que adaptar a cada destino”. En este sentido, subraya que “todos los destinos turísticos tienen prostitución y todos los destinos turísticos que tienen prostitución tienen prostitución infantil. Y esto incluye las grandes ciudades y los países desarrollados, incluso la propia zona en la que trabajamos. Al sector le cuesta reconocer eso”, afirma.

Normalización de la prostitución en los viajes

Alude, de hecho, a la Playa de Palma, donde RIU posee su sede corporativa: la normalización del consumo de prostitución como un ocio más se percibe en grupos de jóvenes que llegan a Mallorca con paquetes de vacaciones en los que priorizan el alcohol, las discotecas y el sexo de pago como parte de su experiencia. “Vemos que hay grupos de jóvenes alemanes, de quienes presuponemos que han nacido y crecido en igualdad y han recibido una formación y una educación muy parecida a la que pueden haber recibido otros turistas europeos, que acaban metiendo dentro de su paquete turístico la prostitución como si fuera una parte más de sus vacaciones. Y eso pasa también en despedidas de soltero. La gente ahora no hace las fiestas de despedida de soltero en su territorio, sino que viaja y las incluye dentro del paquete como una escapada de fin de semana”, explica. “Si lo analizamos bien, es un retroceso en derechos humanos de libro, pero lo hemos normalizado”.

En la Playa de Palma vemos que hay grupos de jóvenes alemanes, de quienes presuponemos que han recibido una formación muy parecida a la de otros turistas europeos, que acaban metiendo dentro de su paquete turístico la prostitución como si fuera una parte más de sus vacaciones

Catalina Alemany — Directora de Responsabilidad Social Corporativa de RIU

Alemany lamenta al respecto la existencia de una “tolerancia social a la prostitución ligada a la diversión o al ocio”. “Lo vemos en los grandes eventos deportivos, las grandes ferias, incluso la turística: estos ámbitos atraen la prostitución como una parte más del ocio”, abunda, aseverando que hay una parte de la industria turística que cree que hablar de ello “repercute en una mala reputación”: “Nosotros creemos que es justo lo contrario. Hablar de ello refuerza al sector. Reconocer el problema es el primer paso para empezar a dar soluciones. Hay que hablar con claridad y con transparencia de este problema. Y, cuanto mejor lo hagamos, más barreras les estamos poniendo a todas aquellas personas que están dispuestas a explotar a un menor”.

En esta línea, precisa que las redes de captación se están sofisticando a través de la tecnología y, sobre todo, a través de las redes sociales. “Desde las aplicaciones de contactos puede presentarse ese falso novio o esa falsa novia que acaban siendo un explotador. Tenemos explotadores de ambos sexos y se está complicando muchísimo”.

Sobre ello, la Memoria de la Fiscalía de 2023 –la de 2024 aún no ha sido presentada– apunta a tasas “realmente preocupantes” en torno a las conductas de claro riesgo en redes sociales. De acuerdo al informe, el 10,4% de los menores consultados reconoce haber enviado fotos o vídeos de carácter sexual (sexting activo) y más del triple –el 31,2%– admite haberlos recibido (sexting pasivo). Aunque el sexting es practicado tanto por chicas como por chicos, el Ministerio Público señala que existe un claro sesgo de género: el 22,2% de las jóvenes se ha sentido presionada o chantajeada para enviar contenidos sexuales, frente al 7,7 % de los varones. En cuanto al conocido como grooming, los datos son, según la Fiscalía, igualmente “alarmantes”: el 58,4 % de los jóvenes ha aceptado alguna vez a un desconocido en redes sociales, y el 22,7 % llegó a quedar en persona con gente que conoció exclusivamente a través de internet.

Además, las chicas son objeto de proposiciones sexuales por parte de adultos mucho más frecuentemente que los chicos, mientras que el consumo de pornografía online se dispara entre los varones.

Alertas e indicadores de posibles casos de abuso

Desde la Fundación RANA, encargada de impartir talleres, charlas informativas, campañas de sensibilización y atención terapéutica a personas adultas que fueron víctimas de abuso a su infancia, Patricia Raduán incide en la “invisibilización” de la explotación sexual infantil en el turismo. “Recuerdo cuando íbamos a algunos hoteles para hacer una formación y, cuando llegábamos, al principio nos respondían: '¿Pero esto qué tiene que ver con nosotros?' No lo preguntaban con maldad, era desconocimiento”.

En este sentido, subraya que el primer paso para prevenir este tipo de casos es acudir a los propios canales de la industria turística, a los hoteles, las aerolíneas y los turoperadores para formar a todo el personal, sean directivos, camareras de piso o trabajadores de mantenimiento, para que, a través de situaciones prácticas, conozcan los indicadores que pueden llevarles a actuar. “Pueden ser alertas como el hecho de que alguien que está solo de repente pida una cama de matrimonio, que por las noches veas en el bar a adultos que siempre están con menores y no sabes si son de ese grupo”. “Quizás sea una falsa alarma, pero hay que estar atentos. Y, sobre todo, que la respuesta que dé el trabajador esté amparada por la empresa”, añade.

El primer paso para prevenir este tipo de casos es acudir a los hoteles, las aerolíneas y los turoperadores para formar a todo el personal para que conozcan los indicadores que pueden llevarles a actuar. Pueden ser alertas como el hecho de que alguien que está solo de repente pida una cama de matrimonio o que por las noches veas en el bar a adultos que siempre están con menores y no sabes si son de ese grupo

Patricia Raduán — Educadora social en la Fundación RANA

La educadora social subraya que si el personal no conoce el protocolo a seguir “es imposible que actúe”, teniendo en cuenta, además, que “muchas empresas tienen miedo de que esto les dañe la imagen”. “Hay que hacer mucho hincapié para que haya ese cambio de mirada, y eso es lo más difícil”, comenta. Raduán recalca la necesidad de implicar en ello a las administraciones públicas, además de colaborar con los agentes de seguridad, los taxistas, los bares próximos al hotel y los supermercados para que no se promueva ningún tipo de ocio vinculado a la explotación sexual.

Protocolos

En Balears, el Govern de Francina Armengol (PSOE) adoptó en agosto de 2018 un protocolo de actuación en casos de abuso y explotación sexual infantil que complementaba el Protocolo marco de actuaciones de maltrato infantil que se venía desarrollando desde 2007. Con este nuevo instrumento, en constante modificación, el Ejecutivo autonómico reforzaba las medidas contempladas contra esta problemática en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Fiscalía y otros numerosos organismos sociales, educativos y sanitarios. Consultado por elDiario.es, el actual Govern de Marga Prohens (PP) no ha podido precisar de qué forma se aplica el protocolo en la actualidad, alegando que la Conselleria de Asuntos Sociales, competente en la materia, se encuentra en fase de reestructuración.

Una de las medidas puestas en marcha por el anterior Govern fue una campaña publicitaria pionera a nivel nacional y dirigida a las adolescentes de las islas para informarles de los riesgos que corren y, al mismo tiempo, instarles a que denuncien y digan “no”. Tal como señalaron entonces fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales a este medio, el objetivo de esta iniciativa pasaba por contribuir a romper con la falsa idea de que el explotador sexual se muestra de forma explícita y, por tanto, la víctima puede identificar muy claramente sus intenciones y puede poner límites.

El pasado mes de junio, el Parlamento europeo votó a favor de incrementar las penas contempladas para los delitos de abuso sexual y explotación de menores, suprimir los plazos de prescripción, adaptar la legislación a las nuevas tecnologías y garantizar que el abuso y el embaucamiento puedan ser perseguidos independientemente de que se produzcan online o en la realidad. La Eurocámara también aboga por mejorar la capacidad de los países de la UE para combatir eficazmente el abuso sexual infantil.

Ausencia de herramientas de prevención y formación

Por su parte, la coordinadora general de FAPMI, Selma Fernández, recuerda a elDiario.es que el Código para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual en la industria del turismo y los viajes va dirigido a las empresas del sector con el objetivo de que implementen una serie de actuaciones que ayuden a proteger a la infancia y la adolescencia, desde la formación hasta la inclusión en políticas de responsabilidad social corporativa y sensibilización a clientes.

Fernández lamenta que uno de los hándicaps con los que se topan a la hora de abordar esta lacra es la falta de datos objetivos, que infieren, entre otras vías, de las noticias que aparecen en medios de comunicación. En Barcelona, junto al Ayuntamiento y Aethnic, han puesto en marcha el proyecto 'Turismo y derechos de la infancia', con el objetivo de lograr cifras sobre el alcance de la violencia sexual contra menores con el objetivo de trabajar de forma más directa en esta problemática y promover los derechos de la infancia y la adolescencia en el contexto del turismo. “Es un diagnóstico muy local, centrado en la ciudad de Barcelona, pero la explotación sexual infantil en este sector sucede en cualquier ciudad en la que haya movimientos de personas en general, no solo por parte de turistas”, comenta.

“Hablamos de cualquier tipo de desplazamiento; todo este movimiento lo que provoca es el aumento del riesgo de los niños y niñas a verse expuestos a este tipo de situaciones”, precisa la especialista, quien señala que, a través del diagnóstico, desde FAPMI han detectado que “falta muchísima formación a nivel de todos los sectores”. Se refiere, en concreto, a la administración pública, a los profesionales de turismo e incluso al propio sistema de protección. “Y también faltan herramientas orientadas a la prevención. Cuando preguntamos a empresas de viajes y turismo, aparte de que les cuesta reconocer este problema vinculado con su actividad de negocio, no saben cómo intervenir ante un posible caso con el que se puedan enfrentar, lo que dificulta la detección de este tipo de situaciones y poder después reportarlas”, lamenta.

Cuando preguntamos a empresas de viajes y turismo, aparte de que les cuesta reconocer este problema vinculado con su actividad de negocio, no saben cómo intervenir ante un posible caso con el que se puedan enfrentar, lo que dificulta la detección de este tipo de situaciones y poder después reportarlas

Selma Fernández — Coordinadora general de FAPMI- ECPAT España

Las Comunidades Autónomas, de hecho, no cuentan con un plan integral específico que aborde la explotación sexual de menores en el ámbito turístico, más allá de los protocolos generales de detección de víctimas de trata en aeropuertos y puertos, o de las investigaciones que realiza la Policía Nacional o las campañas de sensibilización para alertar de la trata en entornos de prostitución. Las investigaciones impulsadas al respecto apuntan a que los explotadores aprovechan la falta de controles, el anonimato que ofrece el turismo masivo y las vulnerabilidades de los menores para captarlos y explotarlos.

“Generalmente, este tipo de situaciones se asocian a países del sur global con más dificultades socioeconómicas, lo cual genera un estigma que nos lleva a pensar que esto no ocurre en nuestra realidad cotidiana, cuando realmente sí sucede”, afirma Fernández. Y sentencia: “No hace falta que tengamos la certeza como ciudadanos de que se está produciendo esa situación. Pero si no damos esa primera voz de alarma, el caso no llegará a donde tiene que llegar”.

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se ofrece a formar parte de la Mesa contra la Trata de Castilla-La Mancha con fines de explotación sexual. Según la portavoz de la formación, Isabel Álvarez, como fuerza política abolicionista, “IU no podría dejar pasar la oportunidad de colaborar en cualquiera de las acciones y trabajos encaminados a acabar con la esclavitud sexual en la región y en cualquier parte del mundo”. Esta proposición la realizan después de que ayer la consejera de Igualdad, Sara Simón, presentase la creación de esta instancia de participación que se constituirá formalmente en el mes de septiembre. Este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la orden que regulará las funciones.

“Si lo que se busca en esta mesa es una representación diversa, tal y como ha manifestado en nota de prensa la Consejera de Igualdad, se necesita contar con todos los agentes y fuerzas en la región comprometidos con esta lucha, y ahí, IUCLM, como fuerza política con amplia trayectoria y representación en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, no puede quedarse fuera de la mesa”, ha continuado Isabel Álvarez. “Pero si lo que se busca es una mesa de fotos y perfil bajo, entonces nuestra presencia no será necesaria porque el firme compromiso de IUCLM con la abolición de la prostitución no puede entretenerse en reuniones estériles”, ha sentenciado.

La Mesa estará constituida, tal y como aparece reflejado en artículo 8 del documento que se ha publicado en el DOCM, por representantes de: Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha, de Policía Nacional y Guardia Civil, Colegios Oficiales de Abogacía, Psicología, Educación social y Trabajo social; de las universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá, de entidades públicas y privadas que luchan contra la explotación sexual en la región, de diferentes consejerías como Bienestar social, Educación y Sanidad, o del SESCAM, entre otros.

La consejera de Igualdad, ha pedido al Gobierno central y al conjunto de fuerzas políticas del Estado que España cuente “al fin” con “una legislación que persiga a los hombres que pagan por violar a mujeres”. Sin embargo, para IUCLM no sería adecuado pedir el apoyo de todas las fuerzas políticas a nivel estatal mientras “se desprecia a las fuerzas regionales con una trayectoria en la lucha contra las violencias machistas”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la primera Mesa Regional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, con una orden que fija su labor y regula el funcionamiento de este nuevo órgano, cuya constitución inicial producirá el mes de septiembre.

Así lo ha explicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que espera “que esta mesa sea un poderoso instrumento regional de coordinación para la prevención, la sensibilización y la actuación frente a la trata con fines de explotación sexual”. Se trata de una iniciativa que ha contaba con un precedente en 2023, cuando se empezó a gestar.

“El Gobierno regional, atendiendo al compromiso del presidente, Emiliano García-Page, está más que decidido a actuar contra la esclavitud del siglo XXI, y lo hacemos creando esta gran Mesa, con una amplia representación, y al mismo tiempo trabajando en la puesta en marcha de un centro específico para la atención de mujeres víctimas de la trata y de la prostitución”.

Una realidad que permanece 'alegal'

En este sentido, la titular de Igualdad ha vuelto a hacer un “llamamiento” al Gobierno de España y al conjunto de las fuerzas políticas “para que en España haya al fin una legislación específica que acabe con la prostitución y que persiga a los hombres que pagan por violar a mujeres, porque ese es el motivo fundamental por el que sigue habiendo mucha trata, aunque sea invisible”.

Simón se ha referido a documentos como el reciente estudio del Ministerio de Igualdad que apunta a la existencia de más de 114.000 mujeres en riesgo de trata en España, o aquí en la región a que 2.358 mujeres se enfrentan a la prostitución, recordando datos como que cuatro de cada diez hombres recurren a la misma.

La Mesa Regional contra la Trata tiene entre sus fines y funciones las de sensibilizar, educar, detectar posibles casos de trata y actuar de forma coordinada, atendiendo siempre a las víctimas y asegurando un trato especializado.

Además, este nuevo órgano “elaborará un protocolo de coordinación para la detección y atención de víctimas que incluya procedimientos normalizados, mecanismos eficaces de intervención integral y especializada, así como criterios comunes de actuación institucional, garantizando una respuesta coherente, ágil y centrada en los derechos de las víctimas”, según explican desde la Junta de Castilla-La Mancha.

La orden firmada por la consejera determina el funcionamiento y la composición de esta Mesa, en la que estarán representados distintos departamentos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además del SESCAM, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-la Mancha, entidades sociales y sin ánimo de lucro o los colegios profesionales de la abogacía, la psicología o el trabajo social, junto a las dos universidades públicas de la región, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá.

La Mesa elaborará una Estrategia Regional contra la Trata, evaluará el impacto de distintas políticas públicas, elaborará informes y prestará asesoramiento, y dedicará un apartado específico a la investigación y el análisis.

La consejera ha recordado que “aunque estamos ante un problema social al que es difícil poner cifras”, España está reconocida desde hace varios años como un “territorio utilizado como tránsito para las mafias y redes de trata”, siendo, según varios organismos internacionales como la ONU, “uno de los países con el mayor número de víctimas de trata y es uno de los tres países con mayor prostitución”. Ante esta realidad “oculta”, Simón confía en que la Mesa aporte datos y permita “actuar con mayor contundencia”.