“No es tan sencillo”: el cierre de prostíbulos planteado por el ministerio de Igualdad se topa con la “impunidad” de la industria de la explotación sexual

Hace un mes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, instó a las comunidades autónomas a cerrar los prostíbulos y locales de alterne para frenar la expansión de la COVID-19 como medida complementaria a las que se han ido adoptando en España con bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. Dos de ellas, Castilla-La Mancha y Catalunya, ordenaron su clausura, y otras como Aragón aprobó una iniciativa en esa línea.

La Junta de Andalucía, por su parte, comparte la preocupación de la ministra “por las mujeres que son víctimas de trata” en estos establecimientos pero argumenta que los prostíbulos, como tales, están ya prohibidos y que se trata de un asunto de una “gran complejidad legal” al estar abiertos al público bajo otra denominación (con una licencia de hotel, local de ocio nocturno o centro de masajes). Mientras, las prostitutas claman por que se les ofrezcan “alternativas” a esos posibles cierres que, por el momento, no han cuajado. “La pandemia nos está afectando a todos pero sobre todo a las pobres y, entre las pobres, las putas”, denuncia María José Barrera, portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

Desde el Instituto Andaluz de la Mujer piden al Gobierno central “altura de miras” y abogan, más allá de la cuestión de salud pública por un “aumento potencial” de contagios en estos lugares y un “difícil rastreo”, como dijo Montero, por una ley de ámbito estatal para la erradicación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Fuentes del IAM apuntan a este periódico que “en España no hay ningún negocio abierto como prostíbulo, y así lo expusieron todas las comunidades” el pasado 4 de septiembre durante la reunión quincenal que el Ministerio de Igualdad viene manteniendo con las autonomías desde el comienzo de la crisis sanitaria. “No es tan sencillo” cerrar prostíbulos, insisten desde el IAM que, en todo caso, remiten a la Consejería de Salud, con competencias en salud pública, cuestión concreta a la que se refería la ministra en aquella carta a las comunidades autónomas.

El ministerio de Igualdad corrobora la versión andaluza. “Las propias comunidades autónomas han manifestado la dificultad de perseguir a la industria de la explotación sexual, no solo por la pandemia y la dificultad de control de los contagios, sino que algunas se han referido a la propia impunidad para perseguir la explotación sexual”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Montero.

La propia ministra de Igualdad “ya ha manifestado la intención de legislar para acabar con dicha impunidad de la industria de la explotación sexual en España en colaboración con el ministerio de Justicia y a través de la Ley de Libertad Sexual”, añaden las fuentes, que señalan que esa “impunidad” ya la ha señalado la Fiscalía General del Estado en su memoria relativa al ejercicio 2019 y otros anteriores como 2018 o 2017, donde indicaban que la persecución del proxenetismo es “una necesidad vinculada no solo con la necesidad de salvaguardar los derechos más elementales de la mujer, sino también para impedir formas encubiertas de explotación criminal”, recuerdan las fuentes.

Hotel o centro de masajes

En la Consejería de Salud de Andalucía, pese a que la Junta informó de que el asunto planteado por Montero se iba a tratar, “no hay ninguna novedad”, indican fuentes oficiales. La Junta, como dijo el IAM, seguiría “buscando la fórmula legal para poder llevar a cabo su clausura” porque el Gobierno andaluz “no tiene competencias para la persecución, cierre y detención de los responsables de delitos como la trata con fines de explotación sexual que se puedan estar cometiendo en esos establecimientos”. Sobe el papel, “su actividad económica es la de hotel o centro de masajes”. “¿Cómo cierras un establecimiento hotelero y otro no?”, se preguntan desde el IAM. “Para eso habría que mandar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, porque habría una actividad delictiva, y ya eso es una cuestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”, argumentan en consonancia, aseguran, con el resto de comunidades autónomas ante la solicitud de la ministra.

“Nos encontramos ante una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y, por tanto, es necesario una actuación integral y coordinada entre las distintas administraciones, así como una legislación específica de ámbito nacional para su abordaje y erradicación”, apuntan desde la Junta.

La Policía Nacional se apoya en argumentos similares a los de la administración andaluza. Fuentes oficiales apuntan igualmente que “no es asunto sencillo”. “La prostitución, como tal, no es delito, pero sí lo es ser un proxeneta, es decir, la persona que se aprovecha económicamente de la actividad sexual de otra”, explican. Por otro lado están “las mafias que trafican con personas para 'venderlas' a los prostíbulos”, contra las que actúa la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). E insisten, estos establecimientos “están registrados como hoteles, en su mayoría, y allí trabajan algunas chicas porque quieren trabajar allí, alquilando habitaciones o lo que sea”.

Pero, ¿cómo lo han hecho otras comunidades para seguir la propuesta de Montero? “Era una incoherencia tener cerrado el ocio nocturno y mantener abiertos este tipo de locales”, ha dicho la consellera catalana de Salud, Alba Vergés. La Generalitat se adelantó a la solicitud de Montero al incluir los “establecimientos públicos con reservados anexos” entre los lugares que se debían clausurar desde el pasado 17 de agosto, dentro del paquete de medidas pactadas con el Ministerio de Sanidad. En Castilla La Mancha, el mismo día de la propuesta de la ministra, la Junta incluyó entre sus nuevas medidas el cierre completo, las 24 horas del día, de los lugares de alterne o prostíbulos con independencia de su licencia de actividad. En Aragón, por ejemplo, el pleno de las Cortes ha instado al Ejecutivo a controlar y cerrar los lugares donde pueda haber sospecha de situaciones de prostitución y a habilitar un plan de alternativa habitacional.

“Las putas se están quedando atrás”

“Aquí todos y cada uno son cómplices de lo que está pasando con la prostitución”, sentencia María José Barrera. “Lo que ha dicho la ministra me suena a lo mismo que se planteó en 2003 en el convenio de Salud de la Junta, o en las ordenanzas municipales de Málaga de hace seis años, o en los planes regionales de 2010 o 2017. Son las mismas promesas incumplidas. Si un tipo está en un ERTE y tiene que seguir pagando facturas, está claro que no se va a ir de putas. No tenemos derecho a nada, ni a comer en tiempos de pandemia ni a alternativa. El 'contexto de la prostitución' del que hablaba la ministra no se ha visto por ningún lado en el BOE en las medidas contra la COVID”, apunta la portavoz del colectivo, que se ha manifestado a las puertas de la Presidencia de la Junta hace unos días para reclamar “alternativas”.

Para Barrera, la situación no ha cambiado. “¿Dónde están las entidades? Da igual que lo cierren o que no lo cierren, porque las mujeres que están allí no trabajan la mitad de los días. Aquí se prometió un escudo social para todas las mujeres y que nadie se iba a quedar atrás. Y las putas se están quedando atrás. ¡Ya está bien de fotos y de postureo!”, denuncia la portavoz. Según denuncia, la Junta sigue aprobando subvenciones públicas que “siguen sin contemplar la figura de la mediadora en materia de prostitución contemplada desde 2003, que sería un puesto de trabajo para las mujeres que quieren dejar de ejercerla, para víctimas de trata o exprostitutas”. ¿Otra vez se nos ve como 'transmisoras'? ¿Otra vez nos van a repartir condones cada 15 días? ¿Otra vez nos van a hacer la prueba del SIDA o les van a dar un papelito a las inmigrantes como tarjeta sanitaria?“, asegura.

Para Rosa Hermoso, psicóloga experta en prostitución, “la premisa básica de un país democrático es que las mujeres no tengan un precio” pero en España “todavía pueden ser compradas y vendidas mientras se benefician los proxenetas”. Para esta psicóloga, “lo que hay que hacer es cerrar los prostíbulos y crear un plan integral para víctimas, que están destruidas física y mentalmente”, abogando por “una ley abolicionista que contemple la eliminación de la prostitución”. “Esas mujeres están en peligro y la abolición es la única manera de que vivan libres y de que todos tengamos una sociedad en igualdad, donde la mitad de la población no pueda ser comprada ni vendida. Es un atentado diario de los derechos humanos”, sentencia Hermoso.

Rechazo a los test

La organización Médicos del Mundo ya valoró positivamente la propuesta del Ministerio pero consideró que sería “insuficiente si no va acompañada de una serie de medidas que garanticen los medios de vida de las personas en situación de prostitución, uno de los colectivos más castigados en esta crisis sanitaria, por falta de alternativas reales”. En ese sentido, Carmen Domínguez, presidenta de la organización en Andalucía, coincide con lo expuesto desde las administraciones en cuanto a lo complicado de cumplir la propuesta. “Es bastante difícil”, dice a este periódico aludiendo a la experiencia de trabajo de Médicos del Mundo “en el terreno, no en la teoría sino en la práctica”. “Lo que queremos es que haya alternativas reales para asegurar los medios de vida de estas personas. Si este es su único medio de vida, se van a buscar otros recursos. Si no hay alternativa, no hemos hecho nada”, resume la representante andaluza de Médicos del Mundo, que apuesta por una estrategia integral de abolición de la prostitución.

Respecto al caso concreto andaluz, Domínguez confirma que “en Andalucía no se ha optado por cerrar nada”. “Los grandes clubes, los que se ven claramente desde la carretera, siguen abiertos. Hemos visitado unos seis y hemos hablado con las chicas y con los encargados, que nos decían que tienen categoría de hotel, con habitaciones, y que no tienen por qué cerrar”. Según explica, algunos dueños están permitiendo que algunas chicas se queden a vivir en los prostíbulos porque no tienen dinero para pagarse un techo fuera de su lugar de trabajo. Médicos del Mundo ha repartido alimentos, productos de higiene e incluso tests para detectar coronavirus, rechazados por algunas de ellas “para no arriesgarse a perder sus ingresos si daban positivo”. “Está muy bien la propuesta de la ministra y que se aplicara, pero no sirve de nada si a la vez no se dan los recursos necesarios para que esas mujeres puedan vivir con dignidad. Todo sigue igual que antes de la pandemia, con el agravante de que hay un gran riesgo de contagios en estos lugares”, lamenta.

La cuestión también ha llegado estos días al Parlamento de Andalucía. La diputada de Adelante Andalucía Ana Villaverde ha planteado la petición de la ministra. “Por no tener, no está claro ni el acceso al Ingreso Mínimo Vital, que deja fuera a quienes no se acreditan como víctimas de violencia y trata”, ha denunciado, considerando que el cierre de clubes que puso encima de la mesa el Ministerio “es fundamental para proteger a las trabajadoras sexuales” al ser las que más “se exponen a riesgos para su salud”, tanto en el marco de esta pandemia como antes de que ésta se iniciara. Por su parte, el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, señaló en su momento que “Andalucía no puede ser un destino seguro para puteros”, demandando que a la Junta que siguiera la petición de Irene Montero para cerrar los prostíbulos “y tapiarlos si es posible”, enfatizó.