Pintado con simbología nazi y mensajes de odio. Así ha amanecido este domingo un mural con la bandera LGTBI situado en el barrio San Antonio-Puente Romano de Talavera de la Reina, tal y como ha informado la asociación LGTBora en un comunicado.

Las pintadas, en la que pueden leerse 'Talavera Nacional, fuera escoria' junto a una esvástica, es “el sexto ataque contra este mural en apoyo a la diversidad desde que fuera pintado en 2023”. En ataques anteriores aparecieron también esvásticas, siglas de Vox y otros símbolos habitualmente utilizados por violentos grupos neonazis.

Desde LGTBora han anunciado que presentarán un escrito ante la Fiscalía especializada en Delitos de Odio de Toledo para que se investiguen estos hechos.

“Intento de intimidación” contra el colectivo

La agresión se produce, según señala esta asociación, en la misma semana en la que LGTBora ha presentado la programación del Orgullo 2026 en Talavera, lo que desde se interpreta como “un intento de intimidación contra el colectivo y contra todas las personas que defienden una ciudad diversa, libre y segura”.

Desde la asociación resaltan que precisamente “el Orgullo en Talavera de este año reivindica la necesaria lucha antifascista para frenar a quienes quieren devolvernos al momento más oscuro y violento de nuestra historia”.

En este sentido, la asociación señala la “impunidad con la que desde perfiles vinculados a la extrema derecha se están difundiendo comentarios de odio y burlas lgtbifobicas contra el anuncio de las actividades del Orgullo en la ciudad”.

Denuncian que estos mensajes, como el ataque contra el mural, busca deshumanizar a las personas LGTBI y frenar su presencia en el espacio público. Para LGTBora, este preocupante avance de actos violentos e intolerantes en la ciudad puede ser “la antesala a una agresión física o un acto aún más trágico”.

LGTBora recuerda que la violencia contra el colectivo LGTBI en la ciudad no se limita a este mural: “también se arrancan y destrozan los carteles del Orgullo de forma sistemática; en el pasado se vandalizaron en menos de 48 horas los tótems que instaló el ayuntamiento anterior en defensa de los derechos LGTBI; también se quemó intencionadamente la bandera arcoíris que el PSOE había instalado en la fachada de su sede, entre otros ataques, como diversas agresiones en lugares de ocio, institutos”.

Para la asociación LGTBI, estos hechos forman parte de un hostigamiento que no puede normalizarse. “Talavera es una ciudad abierta, acogedora y llena de buena gente que quiere una vida tranquila. La inmensa mayoría de sus vecinas y vecinos conviven sin problemas con la diversidad y rechazan la violencia. Pero no podemos ignorar que hay un grupo de radicales que quiere envenenar esta convivencia, y las instituciones tienen la obligación de tomar partido”.

Exigen al Ayuntamiento que condene los hechos

LGTBora ha exigido al Ayuntamiento de Talavera, gobernado por PP y Vox, y en especial a su alcalde, José Gregorio, una condena pública de estos ataques, así como medidas concretas para proteger a las vecinas y vecinos de Talavera frente a la violencia.

La asociación recuerda que el equipo de gobierno se ha negado desde su llegada a colocar la bandera arcoíris en el balcón municipal durante el Orgullo, pese a que el Tribunal Supremo ha avalado la presencia de esta bandera en los edificios públicos.

Para LGTBora, esta negativa es claramente un posicionamiento político contra las personas LGTBI en la ciudad y supone un balón de oxígeno para los violentos, ya que el Ayuntamiento cuelga en su balcón pancartas en apoyo a múltiples causas y colectivos a lo largo de todo el año, pero se niega, sin explicar el porqué, a colocar la bandera arcoíris. “Este abandono institucional está empezando a tener consecuencias negativas en la convivencia en Talavera”.

La 'coach' Elena Lorenzo se sentará en el banquillo acusada de un delito de odio por fomentar terapias de conversión para homosexuales. La Audiencia Provincial de Madrid, según ha podido saber elDiario.es, ha avalado el futuro enjuiciamiento de esta mujer al entender que las afirmaciones que hace en su página web y sus cursos sobre la homosexualidad pueden llegar a constituir un delito. La acusada, mientras tanto, defiende que sus expresiones han sido “malinterpretadas o sacadas de contexto” y que esta decisión no resuelve el fondo del asunto. Una web en la que se ofrecía para “recuperar la heterosexualidad” de sus clientes y ayudarlos a superar el inexistente “Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual”.

Elena Lorenzo Rego se presenta como una 'coach de identidad' y en su página web presume de que lleva más de una década “trabajando” con hombres y mujeres que “experimentan atracción hacia personas de su mismo sexo y desean vivir su heterosexualidad plenamente”. Su nombre trascendió por primera vez en 2016 cuando fue denunciada ante la Comunidad de Madrid por promover, en esencia, terapias contra la homosexualidad. La multa de 20.000 euros que le impuso el ejecutivo regional tras años de procedimiento terminó anulada por defectos de forma pero, en paralelo, un juzgado abrió un proceso penal contra ella por delito de odio.

Fue la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión la que llevó la página web de esta 'coach' a la Fiscalía de Madrid en 2023 al entender que había podido incurrir hasta en cuatro ilícitos del Código Penal. Además del delito de odio, la denuncia inicial planteó también la posibilidad de que hubiera incurrido en intrusismo profesional, un delito publicitario y otro de asociación ilícita. El Ministerio Público entendió que, al menos, podía ser acusada del primer delito por su forma de abordar la homosexualidad como algo a tratar desde el punto de vista patológico.

Tres años después de la apertura de diligencias y de que Lorenzo declarase varias veces como imputada la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado su auto de pase a procedimiento abreviado por un posible delito de odio. Los jueces, según ha podido comprobar este periódico, rechazan el principal argumento de la supuesta terapeuta para evitar el banquillo: que sus palabras e iniciativas sobre la homosexualidad no han sido bien entendidas. “Se han interpretado erróneamente sus afirmaciones”, explicaba en su recurso ahora rechazado.

La Audiencia Provincial de Madrid entiende que el caso de Elena Lorenzo debe zanjarse en un juicio y no de forma previa. Negar ahora que su página web constituya un delito de odio contra los homosexuales y archivar la causa de plano, dice el tribunal, sería prematuro y constituiría una “predeterminación” de la sentencia del caso. Desde la defensa de la 'coach' Elena Lorenzo apuntan, de hecho, a que la Audiencia Provincial no entra a valorar el fondo del asunto ya que el delito de odio es “esencialmente valorativo” y que tres de los delitos planteados por la acusación han sido descartados por el momento.

Terapias prohibidas por ley

El rechazo institucional a las denominadas “terapias de conversión” es transversal a las instituciones autonómicas, estatales e incluso europeas. El Parlamento Europeo lleva una década mostrando su condena “enérgica” contra este tipo de prácticas. Casi una decena de comunidades autónomas prohíben estas terapias bajo amenazas de sanción y, a nivel estatal, la Ley Trans y LGTBI aprobada en 2023 también las proscribe. Su promoción o práctica es considerada una infracción administrativa muy grave y acarrea multas de 10.0001 a 150.000 euros.

La Comunidad de Madrid, entonces gobernada por Cristina Cifuentes, fue la primera autonomía en aprobar una norma de protección al colectivo LGTBI que prohibía este tipo de prácticas. Una ley que dividió internamente al PP madrileño y que llegó en 2016. Elena Lorenzo Rego fue la primera persona denunciada, en aquel entonces por la asociación Arcópoli, por ofrecer este tipo de falsas terapias.

Su caso tardó años en tramitarse por parte de la Comunidad de Madrid y terminó con una sanción de 20.000 euros impuesta en 2019. Una multa que fue anulada poco después por defectos formales y que, según ha sabido elDiario.es, acaba de ser enterrada de forma definitiva por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 2021 los jueces ya tumbaron la multa porque la Comunidad de Madrid pasó demasiado tiempo analizando el caso y vulneró los derechos de Lorenzo. Más recientemente los magistrados han rechazado la petición de la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión de reabrir el expediente al entender que no están legitimados para pedirlo.

La causa contra Elena Lorenzo es el primer caso conocido de una supuesta terapeuta que ofrece un tratamiento contra la homosexualidad en llegar a juicio por la vía penal. Pero no es la única de estas terapias que ha sido denunciada públicamente, algunas de ellas incluso vinculadas a la Iglesia. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es en 2019, el obispado de Alcalá de Henares ofreció cursos y legales y clandestinos para curar la homosexualidad. Unas prácticas que el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso mantuvo impunes al no imponer ninguna sanción a pesar de que son prácticas prohibidas por la ley madrileña.

El año pasado la Asociación que ejerce la acusación popular en este caso también presentó una denuncia ante el Ministerio de Igualdad contra varias diócesis españolas que ofrecen este tipo de terapias de conversión. Diversos curas pertenecientes a la 'fachosfera católica' también han sido denunciados por participar en este tipo de terapias aún activas.

Solo en abril de 2020, con once días de diferencia y en pleno confinamiento por el covid, tres personas fueron asesinadas en el Eixample de Barcelona. Tenían dos cosas en común: el hombre que los mató, Thiago Fernandes, y que dormían en la calle. La aporofobia –el rechazo hacia los más desfavorecidos, especialmente a los sintecho–, está en el origen de numerosos crímenes en la historia de España, también de la más reciente. 

Esta es una de las conclusiones que refleja el trabajo que realizan desde 2015 los periodistas Miquel Ramos y David Bou para documentar los crímenes de odio. Su investigación, plasmada en un mapa, ha identificado al menos 91 víctimas mortales desde 1990 en episodios marcados por el racismo, la homofobia, la transfobia, la aporofobia y otras formas de discriminación. 

Ambos reporteros han publicado este miércoles la última actualización del mapa, que incluye el período de 2020 a 2025. En este tiempo han registrado siete crímenes mortales más con signos de odio. Tres de ellos son los asesinatos aporofóbicos en serie de la capital catalana, que tuvieron como víctimas a Imad Allous, Juan Ramón Barberán Giner y Jean Pierre Herbillon. Su autor fue condenado recientemente a 63 años de cárcel. 

Pero sin duda el asesinato que más indignación ha suscitado recientemente ha sido el de Samuel Luiz. La paliza mortal que recibió este joven de 24 años en A Coruña en 2021, mientras recibía insultos de “maricón”, desató protestas sociales y el rechazo de dirigentes políticos e instituciones. La sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las penas de cárcel ratificó en este caso también el agravante de discriminación por orientación sexual. 

“Hay una serie de casos que han tenido una repercusión social singular, casos muy reconocidos y que han causado conmoción, pero nuestro trabajo consiste sobre todo en poner sobre la mesa muchos otros desconocidos que evidencian que hay más asesinatos racistas y neonazis de los que conocemos”, señala el periodista Miquel Ramos. 

Además de Guillem Agulló, símbolo de la violencia neonazi en los 90 en la Comunitat Valenciana; o de Lucrecia Pérez, el primer asesinato racista de España, existe una larga lista de víctimas que no trascendieron en su día. O que si lo hicieron, pero fueron desvinculadas de motivos de odio que hoy se han podido acreditar.

Este fue, de hecho, el origen del proyecto de Ramos y Bou. “Vimos que había una serie de crímenes que no estaban reconocidos por su especificidad propia, que es la animadversión hacia determinados rasgos de la víctima”, afirma Ramos. 

El criterio de los autores del informe para incluir a las víctimas en su mapa no tiene solo en cuenta si la Justicia constató la agravante de discriminación. El motivo, explican, es que aunque aparezca en el Código Penal desde 1995, la práctica judicial ha tardado más años en reconocerlo. Ramos y Bou tienen también en cuenta los detalles publicados en prensa, los testimonios recabados por su cuenta, o la valoración de los colectivos afectados. 

Esto les ha llevado también a revisar casos de años anteriores. Por un lado, han eliminado del mapa 19 que procedían de un informe del Movimiento contra la Intolerancia que no estaban suficientemente documentados (de ahí que el recuento de 2020 fuera más abultado). Del otro, han añadido dos asesinatos de la década de los 90 que antes desconocían. 

Estos últimos son los de Silveiro Aragonés y Mariano Gómez Higuera. El primero era un sintecho de Madrid que fue pateado hasta la muerte por cuatro jóvenes en 1991. El segundo, de 30 años, fue apuñalado once veces por la espalda en 1993, en la Casa de Campo, a manos de dos menores de edad que iban a la caza de homosexuales. 

De los 91 casos acreditados en el proyecto Crímenes de Odio, la mitad, 46, sucedieron en la Comunidad de Madrid y Catalunya. Las motivaciones más habituales son el racismo, la xenofobia y la aporofobia, que afloran en el 42% de los asesinatos. Ambos están también entre los últimos ejemplos recogidos en la investigación: Younes Bilal, marroquí de 39 años que fue asesinado en Mazarrón en 2021 entre improperios contra los “moros”, y Miguel Ángel Calvo, de 51 años, que recibió una paliza mortal en 2023 simplemente porque dormía en la calle. 

A pesar de que en los últimos años parecen haberse reducido estos crímenes, Ramos advierte que los discursos de odio han irrumpido en la esfera pública como no lo habían hecho antes. “Detrás de los crímenes vemos siempre prejuicios, a veces campañas racistas muy evidentes y, ahora que estos discursos de odio se están normalizando, tenemos que alertar de cuáles pueden ser sus consecuencias”, advierte el periodista y autor del estudio. 

“Hay menos víctimas mortales ahora, pero el odio está ahí”, insiste Ramos. Por ello, añade, además del mapa han puesto en marcha otras iniciativas para divulgar la existencia de los crímenes. Por ejemplo, el documental La xarxa ultra, de Bou, o el podcast Crímenes de Odio, de Ramos en la Cadena SER. 

La última novedad de su investigación ha sido añadir un informe sobre los crímenes con discriminación en el Sur Global, a cargo de Nora Rodríguez. Financiado por el Instituto de las Desigualdades y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, analiza la legislación y el trabajo de los colectivos locales para documentar homicidios y asesinatos racistas o LGTBIfóbicos en países como Colombia, Senegal, Brasil, Argentina, Marruecos o Ecuador. 

Al margen de la falta de información en algunos casos, recogen cifras alarmantes como las cerca de 300 muertes violentas de personas del colectivo LGTBI (más de la mitad, travestis). En Marruecos, las entidades sociales han recopilado 600 muertes por el mismo motivo desde 1993. 

Los delitos de odio han crecido un 46,2 % en Castilla y León en 2025, con 136 infracciones penales, la cifra más alta de la serie histórica -que arrancó en 2021-, y Segovia presenta la tasa provincial más alta del conjunto del país, con 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes.

Son datos del informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España del Ministerio del Interior, que se ha presentado en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en Madrid, que muestra un incremento del 23,6 % en España hasta las 2.414 infracciones, también con récord histórico.

En Castilla y León se registraron el pasado año 136 hechos delictivos frente a los 93 del 2024, con una subida del 46,2 %, y unos datos que superan los de 2023, que con 115 infracciones penales era hasta el momento la cifra más alta de la serie histórica.

Destacan los delitos por xenofobia o racismo, con 48 infracciones (37 del año anterior), y por orientación sexual e identidad de género, con 20 (fueron 17 en 2024); se han registrado también 7 por creencias o prácticas religiosas (uno el año anterior), 2 por antisemitismo (la mitad) y uno por islamofobia (el doble).

Los delitos de antigitanismo han pasado de 4 a uno, pero han subido de 2 a 5 los de por aporofobia; han sido 6 los delitos de discriminación por razón de género o sexo (9 en 2024), 3 por disfobia (uno más) y 9 por cuestión de ideología (frente a los 15 del año anterior).

El informe del Ministerio del Interior recoge igualmente que en 2025 se esclarecieron 70 delitos de odio, cifra similar a la de 2024, cuando fueron 76; de ellos, un delito corresponde a antigitanismo, 2 a aporofobia, 5 por creencias o prácticas religiosas, 4 por discriminación de género o sexo, 1 por disfobia, 4 por ideología, 12 por orientación sexual o identidad de género y 41 por xenofobia o racismo.

Además, se registraron 116 victimizaciones, frente a las 92 del año anterior. Y se detuvieron o investigaron a 37 personas por delitos de odio, cuando en 2024 fueron 55.

Segovia, la tasa provincial más alta del país

Los datos del informe muestran que Castilla y León cerró el 2025 con una tasa de 5,67 delitos de odio por cada 100.000 habitantes, a la mitad de una tabla que encabezan Melilla, con 21,9, por delante de Navarra, con 15,6, y de la otra ciudad autónoma, Ceuta, con 10,8.

Sin embargo, analizando los datos por provincias, Segovia presenta la tasa provincial más alta, de 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes, tras pasar de 6 infracciones penales en 2024 a 35, la cifra más alta de todas las provincias de Castilla y León.

Entre las diez provincias con las mayores tasas se encuentra también Zamora, que con 9,68 delitos por cada 100.000 habitantes ocupa el puesto número seis, tras registrar 16 delitos frente a los 12 del año anterior.

En Ávila se contabilizaron 10 delitos de odio, el doble que en 2024, mientras que los 19 de Burgos están por debajo de los 30 del año anterior; fueron 14 en León (12), 7 en Palencia (8), 12 en Salamanca (2), 2 en Soria (1) y 21 en Valladolid (17).

En España suben prácticamente todos los delitos

En el conjunto del país, aunque han subido todos los delitos de odio excepto la discriminación generacional, los incidentes de racismo y xenofobia se sitúan a la cabeza de la lista, con 934 hechos, lo que supone un aumento del 16,1 % con respecto al año anterior.

En segundo lugar se sitúan los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571 contabilizados, mientras que en tercer lugar aparecen los delitos por ideología, con 241 y que representan un incremento del 64 % respecto al año anterior.

El mayor incremento en la tipología de delitos se produce en la islamofobia, con un aumento del 133 % con respecto al año anterior, y después le siguen la disfobia -odio a personas con discapacidad-, con un 90 %, y el antisemitismo, con un 86,5 %.

El informe apunta a un incremento de los hechos de islamofobia en el ámbito digital, con un aumento del 450 %, y también aumenta la participación de los menores en los delitos, tanto a nivel de víctimas como de autores.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detuvieron o investigaron por delitos de odio a un total de 1.018 personas, un 78,5 % hombres, y que representa un aumento del 12,5 % con respecto a 2025 en cifras totales.

Además, el 65,6 % de los casos han sido esclarecidos, según los datos de Interior.

Marlaska ve preocupante el número de menores implicados

En su intervención al inicio de la reunión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que es “especialmente preocupante” el aumento de la participación de los menores tanto en calidad de víctimas -un 17 % más- como de autores de los delitos, con un incremento del 20 %.

 Además, ha reclamado dar más visibilidad a los delitos de odio en la sociedad. “Sólo a través de la sensibilización social lograremos mejorar su detección”, ha apuntado el ministro.

“No debemos olvidar que este tipo de hechos constituyen un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales”, ha dicho Marlaska, que ha dejado claro que no permitirán que “el odio y la discriminación erosionen la convivencia”. 

Los delitos de odio aumentaron en España un 23,6% en 2025 en comparación con el año anterior y registraron la mayor cifra de la serie histórica. Un dato que también afecta a Andalucía, donde la tasa pasó del 2,59 al 3,40 con un total de 295 de hechos conocidos, entre los que destaca el repunte de la islamofobia, los actos relacionados con racismo y xenofobia y el ataque a la orientación sexual y de género. Frente al progresivo crecimiento que se ha dado en todo el país, la comunidad se sitúa por debajo de la media española (un 4,92) y ocupa el último lugar en el listado, lejos de la tasa por cada 100.000 habitantes que deja a Melilla con un 21,89 y a Navarra con el 15,65.

El Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, publicado por el Ministerio del Interior este miércoles, especifican la tipología de la infracción, el perfil de la víctima y también del atacante. En total, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, el mayor número registrado desde que se inició la serie en 2014. Además, suben todos los ámbitos, a excepción de la discriminación generacional. Los más numerosos fueron los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 934 hechos, a lo que siguen los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (571 hechos) y los delitos por ideología (241 hechos). En todo caso, el mayor incremento porcentual se produce con la islamofobia (un 133%).

Acerca de la la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (446) y las lesiones (441), seguidas por la promoción a la discriminación (319), daños (119) e injurias y trato degradante (113 en ambos casos). En cuanto a Andalucía, de los 295 hechos conocidos en 2025, de los que se investigaron 104, estos se distribuyeron así: racismo y xefonobia (102); orientación sexual y de género (75); discriminación por sexo o género (22); por ideología (14); islamofobia (10); creencias o prácticas religiosas (10); antisemitismo (9); aporofobia (8); disfobia (8); discriminación por enfermedad (6); antigitanismo (5); y uno por discriminación generacional.

Sevilla, la provincia más conflictiva

En comparación con el periodo anterior, los ámbitos en los que hubo un mayor incremento fue en ataques por racismo y xenofobia (78 en 2024); islamofobia (3) y por ideología (7); mientras que descendieron los actos por discriminación de sexo o género (78). Por provincias, la mayor parte de los delitos por odio se dieron en Sevilla (73), a la que sigue Málaga (66), Cádiz (40), Córdoba (31); Almería (28), Granada (24), Jaén (19) y Huelva (14).

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (62,3%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33,2%). Los menores de edad constituyen el 13% del total de victimizaciones. En este ámbito, el informe destaca el aumento de la participación de los menores en los delitos, tanto en calidad de víctimas —con un ascenso del 17%— como de autores, que se incrementa casi un 20%. Con respecto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,4% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (10%), por delante de Colombia (4,3%).

En un encuentro realizado en la sede de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, en Granada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseveró este miércoles que los retos prioritarios están en “hacer frente a la desinformación, como aquel fenómeno que utilizando situaciones concretas de algún tipo de crisis, pues quiere evidentemente también socavar los principios de la sociedad democrática”, además de trabajar en la prevención de los discursos de odio, ya que son la “antesala de todos los delitos de odio”. En este sentido, expresó su confianza en que la cooperación entre las instituciones permita “hacer frente a desafíos y a fenómenos tan importantes como los que tenemos, como es la migración, la lucha contra la radicalización, la desinformación y los delitos de odio”.

Canarias registró en 2025 una tasa de 3,82 delitos e incidentes de odio por cada 100.000 habitantes, frente a los 4,92 de media nacional, una cifra idéntica a la de Cataluña y solo superior a la registrada en Andalucía (3,40), según el último informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España.

El documento, basado en datos oficiales del Sistema Estadístico de Criminalidad, señala que el racismo y la xenofobia constituyeron el principal motivo de victimización en el archipiélago, con el 38,4% de los casos, seguidos de los delitos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género (26,7%).

Las comunidades autónomas con mayor tasa de delitos e incidentes de odio fueron Melilla (21,89), Navarra (15,65), Ceuta (10,77), País Vasco (8,65) y Asturias (7,01), mientras que las que registraron las tasas más bajas fueron Andalucía (3,40), Cataluña y Canarias (3,82), Aragón (4,05) y La Rioja (4,28).

En términos absolutos, en 2025 se registraron en Canarias 86 hechos conocidos relacionados con delitos e incidentes de odio, de los cuales 37 estuvieron vinculados al racismo o la xenofobia y 21 a la orientación sexual y la identidad de género.

Por estos delitos se practicaron 33 detenciones en el archipiélago: 15 por racismo o xenofobia, seis por orientación sexual e identidad de género, seis por creencias o prácticas religiosas, cinco por discriminación por sexo o género y una por disfobia.

Además, se esclarecieron 51 de los 86 hechos conocidos, 30 en la provincia de Las Palmas y 21 en la de Santa Cruz de Tenerife, la mayoría relacionados con racismo o xenofobia (24) y orientación sexual o identidad de género (17).

A nivel nacional, los hechos conocidos ascendieron a 2.416, de los que 1.585 fueron esclarecidos, con 1.018 detenciones o personas investigadas.

Por tipología, en el conjunto de España predominaron las amenazas, seguidas de las lesiones y los delitos de promoción o incitación al odio y la mayoría de las víctimas fueron hombres (62,34%), de entre 26 y 40 años (33,22%) y de nacionalidad española (60,46%).

Entre las víctimas extranjeras, que representaron el 39,54%, la mayoría procedían de África (16,16%), representando un 9,98% los marroquíes (9,98%) y un 1,14% los argelinos, y de América (15,65%), siendo principalmente los afectados colombianos (4,32%) y venezolanos (2,22%).

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación por un posible delito de odio a raíz de la denuncia presentada por dos mujeres judías estadounidenses, residentes en Barcelona, que aseguran se les denegó el acceso a una sauna de ambiente LGTBI de la capital catalana por llevar visible un colgante con una estrella de David.

Las denunciantes grabaron los hechos en vídeo, que se ha difundido en redes sociales y ha provocado que se haya empezado a señalar y a divulgar la identidad de algunas mujeres organizadoras de la fiesta. Las promotoras del evento forman parte del colectivo 'Bolleras al vapor', dedicado a defender los derechos del colectivo LGTBIQA+, el antirracismo y el anticolonialismo.

En declaraciones a elDiario.es, la abogada del colectivo, Laia Serra, ha manifestado que “en ningún caso se discriminó a nadie por su origen, sus símbolos su nacionalidad o su religión”, y que la gestión de la sauna cedida al grupo para un evento “activista, reivindicativo privado” se realizó “de forma explicativa”.

Una patrulla de Mossos d'Esquadra acudió el pasado viernes por la noche al local donde ocurrió el incidente, en el barrio barcelonés del Eixample, y recogió la denuncia que presentaron las dos mujeres, tras lo que han abierto una investigación para aclarar lo sucedido.

En el vídeo de los hechos difundido en redes, que no recoge la escena completa, una de las denunciantes pregunta a una supuesta responsable del acceso al local por qué motivos quería saber si era “sionista”, a lo que esta responde que no tiene nada en contra de que luzcan una estrella de David.

Empieza entonces una discusión sobre si el colgante era un símbolo “sionista” (asociado al Estado de Israel) o “semita” (vinculado al judaísmo). Una tercera mujer pide a las dos denunciantes que dejen de grabar en el local por estar expresamente prohibido, lo que acaba derivando en momentos de tensión que motivan la intervención de personal de seguridad.

A raíz del incidente, una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió a la sauna y trató de mediar en la discusión, como suelen proceder en los casos de posible denegación de acceso a locales públicos por motivos de discriminación.

Los hechos han provocado la reacción del Gobierno de Israel, que lo ha considerado como “otro ataque antisemita” en España. En un mensaje en 'X', el ministerio de Exteriores ha pedido a las autoridades españolas que actúen con decisión. “Señalar a los judíos por símbolos judíos y pedir que se distancien del sionismo para ser aceptados es antisemitismo descarado”, han afirmado.

Por su lado, la dirección del local ha lamentado “profundamente” y ha condenado “de forma categoría” los hechos ocurridos. Se han desvinculado “completamente” de las acciones y comentarios de las organizadoras del evento lésbico 'Bolleras al vapor'.

La sauna ha considerado que el colectivo lésbico impidió el acceso a las denunciantes “de una forma totalmente inaceptable”. “Queremos expresar con absoluta claridad que rechazamos cualquier forma de antisemitismo, racismo, xenofobia, discriminación o conducta que atente contra la dignidad de las personas”, han dicho en un mensaje en X.

Por su lado, la letrada del colectivo ha agregado que a pesar de que la situación fue documentada y presenciada por varias personas, “algunas innstituciones están queriendo sacar provecho político” de la misma “atribuyéndole una injusta y estigmatizante motivación antisemita, que ha sometido a las integrantes del colectivo a mensajes vejatorios e intimidatorios”.

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de València y miembro del equipo de Gobierno que preside la alcaldesa del PP, María José Catalá, como responsable de Responsabilidad Patrimonial, Cecilia Herrero, se sentará en el banquillo de los acusados.

Fuentes del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) han informado este miércoles de que el Tribunal de Instancia de València ha decretado la apertura de juicio oral por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, coloquialmente conocido como delito de odio, para la concejal del Ayuntamiento de la capital encausada por sus manifestaciones en la red social X, antes denominada X (antes Twitter). La Fiscalía pide una pena de entre 14 meses y tres años de prisión.

En el auto por el que lo acuerda, que ha sido notificado este miércoles a las partes, el magistrado titular de la plaza número 15 de la Sección de Instrucción señala como órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa a la Audiencia Provincial.

Asimismo, emplaza a la acusada para que comparezca en el plazo de tres días con abogado y procurador. Una vez cumplido dicho trámite, se le dará traslado de las actuaciones para que formule escrito de defensa en el plazo de diez días.

El instructor tiene por dirigida la causa contra la edil por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales previsto y penado en los artículos 510.1 a), 510.3, 510.5 y 510.6 del Código Penal o, alternativamente por el mismo delito del mismo texto legal pero en sus apartados 510.2 a), 510.3, 510.5 y 510.6.

La edil difundió los mensajes entre los años 2020 y 2024 en su red social X, algunos de ellos tales como: “Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros”; “asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada”; “no son migrantes ni inmigrantes; son invasores”; “basta de patrocinar al moro; los recursos nacionales para los españoles” o “el moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor”.

Herrero lanzó el último mensaje el 19 de abril del pasado año contra el exdiputado de Podemos en Madrid Serigne Mbayé, quien compartió en la red X (antes Twitter) una serie de vídeos racistas, xenófobos y ofensivos de Daniel Esteve, el mediático líder de Desokupa, en el que él se preguntaba. “¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?”. Herrero contestó: “Sí. Falta que te vuelvas a tu país”.

Conflicto en el grupo municipal de Vox

Se da la circunstancia de que la pareja de Herrero y también concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, estuvo investigado por comentarios racistas, aunque finalmente el juzgado archivó la causa. El edil difundió un bulo en sus redes sociales en el que atribuyó a un inmigrante el asesinato de un hombre de 40 años en el Puente de las Moreras de València cuando el autor de los hechos era español. Sin embargo, el juez argumentó el archivo en “la poca relevancia de las declaraciones del político que solo aparecieron en dos medios de comunicación”, entre otros motivos.

Como informó este diario, ambos concejales fueron readmitidos en Vox y en el gobierno municipal tras pasar al grupo de no adscritos por unos contratos que investiga la Fiscalía. Sin embargo, pese a estar integrados en el grupo municipal de Vox, ya se han separado de la disciplina de voto del PP y de los otros dos concejales de extrema derecha haciendo perder diversas mociones al equipo de Gobierno en el pleno del pasado mes de mayo.

La exconcejala de Vox, Cecilia Herrero, está cada vez más cerca de banquillo de los acusados por sus tuits racistas. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado su procesamiento, desestimando el recurso de la defensa de Herrero contra el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado 31 de octubre por la plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia.

El auto, avanzado por El Español y al que también ha tenido acceso este diario, afirma que existen “suficientes indicios racionales de criminalidad” y emplaza a discernir sobre la calificación de los hechos en el eventual juicio oral. La Fiscalía pide tres años de cárcel para Herrero, que tras abandonar Vox sigue de edil, por sus tuits racistas, en los que tildaba a los migrantes de “salvajes” e “invasores”, entre otras lindezas.

La Audiencia de Valencia rechaza el recurso de la defensa de la edil, que ejerce la abogada Polonia Castellano (líder de Abogados Cristianos) y recuerda que el derecho fundamental a la libertad de expresión no es “absoluto”. En el ordenamiento jurídico español, se encuentra limitado por el respeto a los “derechos fundamentales de terceros”, entre ellos el honor, la dignidad y la no discriminación, “así como en la eventual concurrencia de ilícitos penales”.

Por otro lado, el auto, del que ha sido ponente el magistrado José Antonio Mora Alarcón, destaca que en la actual fase procesal “basta con apreciar la existencia de indicios de que las expresiones vertidas pudieran exceder los límites constitucionalmente protegidos, sin que corresponda aún efectuar un juicio definitivo de ponderación, reservado al plenario [el juicio oral]”.

También argumenta que el hecho de que algunos de los mensajes de X (antiguo Twitter) fueran posteriormente borrados, “no elimina la eventual relevancia penal de la conducta en el momento de su publicación, ni priva de eficacia a los indicios ya recogidos durante la instrucción”.

“Del mismo modo”, apostilla la resolución, “la circunstancia de que los hechos se hubieran producido con anterioridad a una eventual intervención del investigado en la vida política resulta jurídicamente irrelevante, ya que la eventual condición pública o privada del sujeto activo no constituye elemento del tipo ni excluye la apreciación de indicios de criminalidad”.

El PSPV y Compromís piden el cese de Herrero

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha responsabilizado directamente a la alcaldesa, María José Catalá, de “mantener en el Gobierno municipal” a la concejala de Vox Cecilia Herrero pese a los mensajes racistas por los que podría estar a punto de sentarse en el banquillo.

“No hace falta esperar a que lo diga un juez para saber que ser racista es incompatible con formar parte del gobierno de un ayuntamiento democrático”, ha afirmado Sanjuán, quien ha señalado que “los tuits de Cecilia Herrero tendrían que haber supuesto su expulsión inmediata del Gobierno municipal”.

El dirigente socialista ha insistido en que “la principal responsabilidad política” recae sobre Catalá, “que ha decidido proteger y mantener a una concejala que realizó acusaciones gravísimas contra la población migrante”. En este sentido, ha criticado que la alcaldesa anteponga su “tranquilidad” y su “comodidad política a la defensa de los valores democráticos y de convivencia de esta ciudad”.

La portavoz de Compromís ha exigido la salida inmediata de Cecilia Herrero después de que la Audiencia vea indicios de delito de odio en decenas de mensajes racistas y xenófobos: “Mantener a una racista en el gobierno por interés político es repugnante”. Así de contundente se ha mostrado hoy la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que ha vuelto a exigir a María José Catalá que aparte inmediatamente a Cecilia Herrero de cualquier responsabilidad institucional.

Después de que la Audiencia Provincial de València haya confirmado que existen “suficientes indicios racionales de criminalidad” y que continúe el procedimiento penal por los mensajes racistas, xenófobos y LGTBIfóbicos publicados por la exconcejal de Vox, Papi Robles lamenta el inmovilismo de la alcaldesa, como demostró ayer en el Pleno, cuando volvió a proteger a la concejala racista del gobierno “por puro cálculo, porque su gobierno es débil y tiene demasiadas mochilas tóxicas de Vox”, ha recordado.

El patio noble de la Asamblea de Extremadura ha sido el escenario este viernes del acto institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Una jornada marcada por la reivindicación de la igualdad y la diversidad, pero también por las alertas de los colectivos sociales ante el repunte de los discursos de intolerancia y por la visible ausencia de Vox, socio del PP en el gobierno del Ejecutivo regional, que no ha asistido a la conmemoración.

Durante su intervención, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado su compromiso con el colectivo: “Extremadura os necesita libres y visibles”, ha manifestado, dirigiéndose especialmente a quienes “alguna vez han tenido miedo por ser, han bajado la voz o han atenuado sus gestos”.

Para respaldar este compromiso “con hechos”, Guardiola ha anunciado la próxima creación de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio, orientada a coordinar “de manera más eficaz” las respuestas institucionales y ofrecer un mejor acompañamiento a las víctimas. Asimismo, ha avanzado el impulso de una Comisión de Coordinación Educativa en Igualdad para garantizar “aulas libres de violencia y discriminación” donde los menores puedan desarrollarse sin temor.

La dura realidad de los colectivos: “No todos estáis”

El plano político ha compartido protagonismo con la crudeza de los datos aportados por los colectivos. La presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, ha advertido de que los discursos de odio no son inocuos y están calando con fuerza en los centros educativos. “En el último mes hemos atendido tres intentos de suicidio en la Fundación, el cuarto se consumó”, ha revelado, sentenciando que negar que la LGTBIfobia existe “es como decir que la Tierra es plana”.

Tostado también ha hecho alusión directa a la ausencia de los diputados de Vox. “No todos estáis y es importante mencionarlo”, ha señalado, lamentando que la situación social actual sea “un poquito peor” que en 2015, cuando la ley LGTBI extremeña se aprobó por unanimidad.

En esta misma línea se ha pronunciado Alba, una joven trans de 30 años cuyo testimonio personal ha sobrecogido a los asistentes. “Llega un momento en el que empiezas a pensar en quitarte del medio. El silencio no protege tanto. hablar da miedo, pero puede ser el principio de volver a encontrarte contigo mismo”, ha relatado.

Por su parte, la vicepresidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos, ha aprovechado la coincidencia con el Día Internacional de las Familias para exigir la plena validación de los modelos familiares LGTBI frente al estigma tradicional y ha reclamado un Pacto de Estado contra los delitos de odio “por encima de ideologías”.

Consenso institucional por una democracia plena

El acto, que estuvo conducido por la periodista Isabel Casilda y amenizado por la música de Marta Carretera Mayal, ha contado con la intervención del presidente de la Asamblea de Extremadura. Manuel Naharro, que ha apelado a la responsabilidad directa de las instituciones públicas para combatir cualquier exclusión. “La democracia solo es plena cuando todas las personas pueden vivir en libertad, sin miedo y con dignidad”, ha defendido, incidiendo en que nadie debería pedir permiso para ser quien es.

Con esta conmemoración, que recuerda la histórica eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS en 1990, las principales instituciones extremeñas —a excepción de Vox— y la sociedad civil han cerrado filas para blindar los derechos conquistados y frenar el avance de la intolerancia en la región.

El menor de edad que creó el grupo de WhatsApp que bautizó como los 'Whiteboys' y que está considerado en medios policiales como la organización juvenil de extrema derecha más activa y violenta de Asturias ha reconocido que siguió instrucciones de “uno de los jefes de Núcleo Nacional” para “ir a reventar” una manifestación antifascista en Gijón/Xixón, en septiembre de 2024.

Esta banda ha sido desarticulada esta semana con la detención de 19 jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y 22 años, como presuntos autores de al menos 14 episodios violentos por delitos de odio y acoso. Unas agresiones que ellos mismos tildaban de “cacerías” y en las que elegían como víctimas a “moros y rojos”, en localidades asturianas de Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón, Avilés y Castrillón.

Del internamiento a la libertad vigilada

La Sección de Menores de la Fiscalía de Asturias solicitará medidas que van desde el internamiento en régimen semiabierto a la libertad vigilada para la prevención de comportamientos delictivos y tareas socioeducativas orientadas a la educación y la eliminación de prejuicios racistas para los menores que están acusados de formar parte del grupo autodenominado 'White Boys'.

La Fiscalía, una vez finalizada la instrucción del procedimiento, ha enviado su escrito de alegaciones (calificación) al Juzgado de Menores de cara a la celebración de la vista oral. En este escrito va detallando el modus operandi de la organización que organizaba “cacerías” en las que salían deliberadamente a buscar a sus víctimas para propinarles palizas.

Del WhatsApp a las “cacerías” en la calle

Según el relato de hechos de la Fiscalía, todo comenzó en julio de 2024, fecha en la que fija la creación por parte de un menor de edad de un grupo de WhatsApp llamado 'White Boys', en el que se integraron unos 40 jóvenes, siendo administradores del grupo, además de él mismo, otros dos menores y un joven mayor de edad.

En el grupo difundían consignas ideológicas y de simbología nazi, racista, de ensalzamiento de Hitler y de odio a los extranjeros, los homosexuales, los judíos, los socialistas y Testigos de Jehová, y tenían relaciones con otros grupos de extrema derecha.

Sus miembros organizaban lo que denominaban “cacerías de guarros” contra grupos izquierdistas o extranjeros, grabando muchas de sus agresiones en video y difundiéndolas en el grupo.

Armas y drogas

También hacían exhibición de diversas armas, varias de ellas prohibidas, ofreciendo entre ellos puñales, machetes, puños americanos, porras extensibles e incluso exhibían espadas y una pistola.

Otros dos miembros del grupo, en alguna ocasión se encargaron de conseguir hachís y cocaína para distribuirla entre varios integrantes de los 'White Boys'.

Catorce agresores contra una víctima

La mayoría de los hechos que la Jefatura Superior de Policia de Asturias y la Fiscalía de Asturias les imputa a los miembros de este grupo se produjeron entre los meses de agosto de 2024 y abril de 2025.

El 8 de julio de 2024, en el pasadizo del Paseo Marítimo con el parque Isabel la Católica, en Gijón/Xixón, dos jóvenes con sudaderas le dieron a su primera víctima un golpe en la cara, tirándole al suelo y le dieron patadas.

Otras cinco agresiones se produjeron en el mes de agosto de 2024. Según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el día 7, un menor de edad y uno de los jóvenes integrantes del grupo mayor de edad organizaron lo que ellos denominaban como una “cacería de guarros”, en la que participaron 14 miembros, agrediendo a una víctima.

Un agredido totalmente indefenso

Dos días después, uno de los menores implicados le pegó un fuerte bofetón a un joven no identificado, que “permaneció inmóvil en situación de sumisión e indefensión”.

La siguiente agresión ocurrió el día 13 de agosto cuando cuatro encapuchados, entre los que estaban dos de los menores arrestados, corrieron tras una persona junto a la Iglesia de la Resurrección de Gijón/Xixón y llegaron a agredir a dos jóvenes que sufrieron lesiones pero no formularon denuncia.

Alardeando de “pegar a un moro”

Seis días más tarde, uno de los menores alardeó en el grupo de haber pegado “a un moro” y mostró su camiseta con restos de sangre, “acción que fue aplaudida por varios miembros del grupo”, señala la Fiscalía.

El 28 de agosto, dos de los menores de edad del grupo amenazaron a una menor junto con un grupo de personas no identificadas que hacían ostentación de la ideología nazi. Por este hecho, la Fiscalía mantiene incoado otro expediente.

“Judío, voy a por tí”

En septiembre de 2024, los menores volvieron a actuar. El día 8, festivo en Asturias, dos de los menores -uno de ellos sin identificar- se dirigieron a la Oficina de Turismo de Gijón/Xixón donde preguntaron por mezquitas y centros de menores no acompañados, a la vez que gritaban: “Judío, voy a por ti”.

Al día siguiente, el mismo menor del episodio anterior junto a otro menor de edad se burlaron y acosaron a un joven con acento extranjero. El que está inmerso en la mayoría de estas agresiones y que parece ser el presunto cabecilla, se dirigió hacia la víctima y le espetó: “guarro de mierda, me cago en tu puta madre, putos rojos, Sieg Heil” y otro encapuchado no identificado pasó por delante, haciendo el saludo nazi, según consta en el escrito de calificación de Fiscalía.

El “sacrificio por Hitler”

El 16 de septiembre, de nuevo el presunto líder de los menores junto a otro menor y a un tercer menor no identificado, cogieron a un joven que “sollozaba mientras entre los tres lo llevaban en volandas”, al tiempo que gritaban: “Sacrificio por Hitler”.

El mismo menor, de nuevo, volvió a actuar cuatro días más tarde. El día 20, se acercó en la calle Lealtad de Gijón/Xixón a un joven no identificado y le dio una patada en la espalda con las dos piernas.

Violencia desde el suelo

Este menor, que es el mismo que a lo largo de toda la instrucción de la causa se ha mostrado con mayor agresividad, estuvo implicado en una pelea que tuvo lugar el día 22 y, en el transcurso de la misma, pisó la cabeza a un joven cuando está tirado en el suelo, según el relato fiscal.

Otras dos agresiones más ocurrieron los días 25 y 27 de septiembre. La primera tuvo lugar en la Plaza del Humedal, frente a la casa Rosa, en Gijón, cuando el mismo menor junto a otro joven con indumentaria nazi y cabeza rapada se dirigieron a otra víctima y a otros jóvenes del Sindicato de Estudiantes, diciéndoles la frase: “Sieg Heil, Hitler tenía razón, hay que acabar con todos los rojos”.

“Reventar la mani antifa de Gijón”

Su segunda intervención tuvo como escenario Gijón/Xixón. El menor de edad que lidera al resto de los menores afirmó que siguió instrucciones de “uno de los jefes de 'Núcleo Nacional', según las cuales, ”deben ir contra la manifestación antifa de Gijón“, según su manifestación literal.

Varios miembros del grupo acudieron encapuchados con intención de “reventar” la manifestación que se realizó el 28 de septiembre, aunque no llegó a haber enfrentamiento por la intervención de la Policía.

Planificación de las palizas

La Fiscalía de Menores tiene registradas otras tres actuaciones del mismo integrante del grupo en el mes de octubre que tuvieron lugar los días 6, 8 y 11. El día 6, este menor y otro mayor de edad persiguieron a un tercero no identificado, al que lanzaron una botella; dos días después junto a otro adulto planearon ir a por un “carterista” y darle una paliza, “por moro”. Igualmente planearon ir la noche de Halloween a pegar “a unos moros” y a por “los simaquiaris”, en alusión a los 'Symmachiarii,', el grupo ultra de seguidores del club de fútbol del Real Oviedo.

La última intervención, el día 11, fue con ocasión de una manifestación del Sindicato de Estudiantes en la Plaza del Parchís, también en la ciudad de Gijón/Xixón, donde en esta ocasión otros tres menores junto a otros miembros del grupo intercambiaron mensajes para “ir a liarla, a arrear a los comunistas”. En la manifestación se identificó a dos miembros del grupo, entre los que estaba uno de los menores.

Lesiones a estudiantes

Los episodios violentos continuaron en noviembre de 2024. El día 6, el líder de los menores junto a otro menor y uno de los jóvenes del grupo planearon ir al “Cabaré a pegar moros, a por guarros y al Bola 8 a reventarlos”.

En la tarde del día 9, tres menores de edad -entre los que estaba, de nuevo, su presunto cabecilla-, en compañía de otros menores no identificados, tras haber amenazado previamente a una víctima en redes sociales debido a su pertenencia al Sindicato de Estudiantes, le agredieron, causándole lesiones por las que precisó de asistencia médica e insultaron a su acompañante.

Pintadas e insultos en el instituto

Sobre las 21:20 horas del día 14 de noviembre de 2024, en un pasadizo en el paseo de Begoña de Gijón/Xixón, tres menores -entre los que estaba el líder- y otros miembros del grupo realizaron pintadas con la esvástica nazi y con ensalzamiento a Adolf Hitler y al grupo Ultra Boys, causando desperfectos en una comunidad de propietarios. Igualmente hicieron pintadas insultando a una profesora de un instituto de secundaria.

En la noche del 20 de noviembre , el mismo menor de otras ocasiones en compañía de otro menor no identificado, se dirigió a la zona donde pernoctaban transeúntes en la Avenida Carlos Marx de Gijón/Xixón y les grabó con el móvil.

“Acabar con todos los rojos”

A la mañana siguiente, el líder y otro menor no identificado se dirigieron a dos miembros del Sindicato de Estudiantes frente a la Casa Rosa de Gijón/Xixón y, tras gritarles expresiones nazis, les dijo: “Hitler tenía razón, hay que acabar con todos los rojos”.

El 2 de diciembre de 2024, el líder y otros cuatro jóvenes de estética nazi agredieron en un instituto a otra persona.

Contra los Testigos de Jehová

Tras hacer comentarios en el grupo de WhatsApp otro menor y otros miembros del grupo contra los Testigos de Jehová, diciendo que “son la misma mierda que los judíos”, los días 27 de diciembre de 2024 y 5 de enero de 2025 un miembro del grupo de estética nazi pateó los exhibidores de los Testigos de Jehová en la calle Corrida y en la Plaza del Parchís, en Gijón/Xixón.

El 28 de febrero de 2025 hubo una riña multitudinaria en el Centro Comercial Los Fresnos, en la que, entre otros jóvenes de estética nazi, participó uno de los menores.

Los delitos imputados

La Sección de Menores de la Fiscalía asturiana considera que los hechos son constitutivos de un delito de participación en grupo delictivo; tres delitos de lesiones, un  delito de odio, un delito de tenencia ilícita de armas; dos delitos contra la integridad moral, otro delito de amenazas y un delito de tráfico de drogas.

La Fiscalía mantiene que de estos delitos responderían todos los menores, como coautores de un los delitos de integración de grupo delictivo y de odio. Al creador del grupo de WhatsApp, que siempre intervenía y se considera como presunto cabecilla del grupo de menores además se le imputan tres delitos de lesiones leves, del delito de tenencia de armas prohibidas, un delito de amenazas y dos delitos contra la integridad moral.

A los tres menores que participaron en otras agresiones se les añade además los siguientes delitos: a uno de ellos un delito contra la integridad moral y dos delitos de lesiones de carácter leve; al segundo de ellos un delito de tráfico de drogas y un delito de amenazas y al tercer menor un un delito de tráfico de drogas.

La banda juvenil de los “Whiteboys”, considerada como la organización de ultraderecha más violenta y activa de Asturias, ha sido desarticulada con la detención de 19 jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, en las localidades de Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón, Avilés y Castrillón.

Los arrestados, con edades comprendidas entre los 14 y 22 años, sembraron el terror en el Principado, ya que organizaban 'cacerías' en las que salían deliberadamente a buscar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables, ya fuera por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política para agredirlos.

La Policía Nacional atribuye a los detenidos su participación en al menos 14 agresiones físicas y actos de acoso. Inicialmente, se les imputa un delito de odio, otro de pertenencia a grupo criminal y a algunos de ellos además su autoría en delitos de tenencia y distribución de sustancias estupefacientes.

Dos años de investigaciones

Los agentes llevaban investigando a esta peligrosa organización desde hace dos años. La investigación no ha sido fácil hasta llegar a descabezar a este grupo. Los integrantes de las Brigadas de Información, que han contado con la colaboración de los Servicios Centrales, han seguido su pista desde septiembre de 2024, cuando comenzaron a detectarse el inicio de sus actividades delictivas en el Principado.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha informado este miércoles del importante operativo que ha permitido desarticular a la red y, a través de una nota oficial, ha descrito con detalle cómo este grupo mantenía una estructura de fuerte cohesión y disciplina interna que estaba basada “en una ideología radical supremacista”.

Difundían propaganda nazi

Según el relato policial, los miembros de esta banda utilizaban las redes sociales para comunicarse y difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del Tercer Reich.

“Esta actividad digital se complementaba con una presencia física agresiva en las calles, donde marcaban su territorio mediante numerosas pintadas en el mobiliario público de Gijón”, señalan desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Un arsenal de armas

La intervención policial se precipitó ante la observación de una “evidente escalada en la violencia” empleada por el grupo. Los agentes detectaron que los jóvenes habían adquirido diversas armas blancas y que incluso habían comenzado a fabricar artefactos incendiarios de tipo cóctel Molotov.

Al descubrir el arsenal de armas con el que contaban y el riesgo inminente que entrañaba que estuvieran preparando ataques de mayor gravedad, la Policía Nacional se decidió a establecer un amplio operativo que culminó con el registro de tres domicilios y la incautación de hachas, cuchillos, pasamontañas, una pistola de airsoft y abundante simbología nazi.

Una banda “totalmente” desmantelada

La Jefatura Superior de Policía de Asturias considera “totalmente desarticulado” al grupo. Los cuatro menores de edad han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Esta actuación policial forma parte del Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Seguridad contra los grupos organizados y violentos de carácter juvenil. La Policía Nacional ha destacado que, con esta operación, se reafirma su compromiso en la prevención y asistencia a las víctimas de delitos de odio.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto al humorista Jair Domínguez, al que Vox reclamaba dos años de cárcel. Los jueces concluyen que la intervención radiofónica del cómico en la que llamó a dar “un puñetazo” al fascismo no es un delito de odio, como sostenía el partido de extrema derecha, sino que se enmarca en la libertad de expresión.

El caso de Domínguez es un ejemplo del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal (aunque el caso termine en absolución) los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

La Fiscalía pedía absolver al humorista al considerar sus palabras enmarcadas en la libertad de expresión. Vox era la única acusación del caso y reclamaba para el cómico dos años de cárcel por un delito de odio, pese a que es un tipo penal pensado para protegera a minorías tradicionalmente discriminadas y no al fascismo.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

En su sentencia, la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona concluye que las palabras de Domínguez no tienen “relevancia penal” y que con ellas no llamó a la violencia. “De ninguna manera sus expresiones tienen intención de incitar al odio”, concluyen los magistrados, que destacan que la intervención del cómico no generó ningún “riesgo real” de violencia.

Remarca el tribunal el contexto postelectoral en el que el humorista las pronunció y que no puede hacerse una “interpretación literal propia de un acto violento”, sino que las palabras de Domínguez hay que interpretarlas “en un sentido metafórico, con el que viene a decir que al no haber podido ser combatido el fascismo en las urnas, tendría que hacerse suprimiéndoles el uso de la palabra”.

En suma, para el tribunal hay que enmarcar la intervención del humorista “dentro de la notable ampliación de los límites a la libertad de expresión” consagrada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y que Vox obvió en el procedimiento. “Una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático”, apostillan los jueces.

Agentes de la Guardia Civil de Toledo han investigado a un hombre y dos mujeres como presuntos autores de un delito de promoción e incitación al odio, la violencia y la discriminación, en la localidad de Fuensalida (Toledo).

Según informa el instituto armado, las personas investigadas habrían publicado, en un grupo de la red social Facebook con cientos de participantes, diverso contenido que promovía e incitaba al odio, la hostilidad y la violencia contra otras personas por motivos racistas y xenófobos.

Tras las investigaciones realizadas, el Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Toledo logró identificar plenamente a los presuntos responsables de la difusión de los contenidos discriminatorios.

Esta actuación, enmarcada en el Plan de Actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio, con el objetivo de prevenir y evitar la propagación de discursos de odio ilegales a través de Internet y las redes sociales.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros por un delito cometido con ocasión de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución (delito de odio) al camarero de un pub de Benidorm que se dirigió a dos clientes de forma humillante y con intención de menospreciarles por su orientación sexual.

La Sala la ha impuesto también otra multa de 1.080 euros como autor de dos delitos de lesiones, ya que el condenado golpeó a las víctimas cuando éstas trataron de abandonar el local. Además, deberá indemnizar a cada uno de los perjudicados con 440 euros por las lesiones y los daños morales que sufrieron a consecuencia de los hechos.

El camarero, que trabajaba en un pub de Benidorm especializado en espectáculos musicales en directo, se acercó la noche del 30 de octubre de 2022 a la mesa en la que estaba las víctimas y les preguntó “oye, ¿sois maricones?”, según declara probado el tribunal en la sentencia.

Posteriormente, cuando los perjudicados intentaron abandonar el local, el condenado, movido por sus prejuicios hacia su orientación sexual y con la finalidad de menospreciarles y ofender su dignidad, dijo, delante del resto de clientes, “ya se van los mariquitas”, mientras realizaba un gesto de burla.

A continuación, ya en la puerta del establecimiento, le propinó un fuerte puñetazo a una de las víctimas, que cayó al suelo, donde continuó dándole patadas. El otro perjudicado trató de mediar para que parara la agresión y entonces el camarero le dio un cabezazo en la sien. Ambas víctimas necesitaron asistencia sanitaria tras la agresión.

La sentencia, dictada después de que el condenado y la acusación pública alcanzaran un acuerdo de conformidad respecto de los hechos y la pena, ha sido declarada firme.

La madrugada del 3 de julio del 2021, en A Coruña, cuatro jóvenes golpearon a Samuel Luiz hasta matarlo. El suceso, por su trasfondo y su brutalidad, copó los titulares y la conversación de aquellas semanas: perplejidad, indignación e, incluso, algún intento de disimular las motivaciones homófobas de un asesinato cometido al grito de “maricón”.

Como ocurre en tantas otras tragedias, en el sitio donde asesinaron a Samuel se erigió pronto un altar espontáneo, compuesto por las pequeñas ofrendas que fueron dejando amigos y vecinos. También acudieron muchos desconocidos, como el escultor David Bestué, que viajó desde Barcelona movido por el horror que le causaba el crimen. Fruto de aquella pulsión, el artista acabaría realizando una obra: un monumento calculado y efímero que sería retirado por la brigada municipal apenas unas horas después de su colocación.

La historia la recoge en Samuel (Caniche, 2026), un libro a medio camino entre el ensayo visual, el cuaderno de campo y el catálogo, en el que Bestué se pregunta por la pertinencia del monumento en la contemporaneidad y si el arte sigue teniendo la capacidad articular la memoria colectiva en el espacio público. “Quizás”, escribe Bestué en la primera página del libro, “el único monumento posible es aquel que aparece por la necesidad que una persona o una comunidad siente por recordar algo, como acto de memoria y resistencia. […] Paradójicamente, en estos casos, la escultura en sí carece de importancia”.

¿Para qué sirve un monumento?

En un momento en el que el monumento se piensa más como algo que ha de ser derribado que como algo que debe construirse, ¿por qué pensar en uno para Samuel Luiz? “Me afectó que sucediese justo el primer o el segundo día que podíamos salir después de los confinamientos. Habían sucedido cosas muy graves durante la pandemia y quizás me encontraba en un estado vulnerable. Estábamos aislados y justo cuando puedes salir te matan, y con esa violencia. Me conmovió, como podían haberme conmovido casos anteriores y muchos otros posteriores, porque es un goteo que no se detiene”, explica el artista en conversación con elDiario.es.

“¿Qué haces con eso que te interpela? En un momento pensé: bueno, yo como artista tengo que responder con una escultura. Además, la escultura nace así en la antigüedad. Ante una ausencia, ante algo que desaparece hay que poner algo como sustitución”, añade.

A lo largo de Samuel, David Bestué relata este intento por “responder”, con un enfoque que va redefiniéndose y variando a medida que se distancia del momento del asesinato. El primer acercamiento, confiesa, fue hacer un libro sobre la vida del joven. “Incluso me planteé ir al juicio, como Carrère hizo con los atentados en Bataclan. Leía las crónicas y otras cosas que me podían servir de referencia, pero me di cuenta de que ni soy periodista ni escribo especialmente bien, así que si quería hacer algún tipo de homenaje debía ser desde mi propia práctica”, subraya.

En el libro quedan, sin embargo, algunos rastros de este primer propósito. Por ejemplo, varias fotos tomadas por el artista del lugar del asesinato y de las cárceles donde cumplen condena sus asesinos: “Al final, es hablar de cuerpos. Un cuerpo que está en un cementerio y otros cuerpos que están también detenidos en prisión, que no se pueden mover”.

El sentido del arte público

La investigación de Bestué se expande desde el suceso concreto hasta una indagación más amplia, centrada en qué y cómo se recuerda en el espacio público, y qué estrategias plásticas sirven para fijar esa memoria. Lo hace en un momento en el que el arte público está en retirada y en el que las pocas iniciativas que se producen en ese ámbito se orientan hacia estándares decimonónicos, como demuestra la estatua de Alatriste que prepara el Ayuntamiento de Cartagena o la dedicada a los últimos de Filipinas instalado recientemente en el madrileño barrio de Chamberí.

Cuando veo esos bancos pintados de colores pienso: ¿realmente sirven para algo? Pero funcionan como termómetro. Aunque nos parezcan tontos, fíjate cómo los destrozan

Daniel Bestué — Artista

En el intento de hacer una genealogía, en su libro aparecen santuarios y templos antiguos (por ejemplo, el ónfalo de Delfos, que señalaba “el ombligo del mundo”), meteoritos o conmemoraciones de la Guerra Civil. También otros más recientes, como los asociados a los muertos causados por la crisis migratoria, o las placas en recuerdo a Cristina “La Veneno” o a Sonia Rescalvo, mujer transexual asesinada en 1991.

“Son monumentos que no reflejan una identidad. Son lo más banal del mundo: una placa, el arcoíris, el triángulo invertido o el lazo rojo [símbolo de la crisis del sida]”, afirma el escultor. “Cuando veo esos bancos pintados de colores pienso: ¿realmente sirven para algo? Pero realmente funcionan como termómetro. Aunque nos parezcan tontos, fíjate cómo los destrozan. Llega Vox a un ayuntamiento y los manda repintar. Si eso genera problemas, imagínate lo que ocurriría con algo más complejo”, asevera.

“Cada cierto tiempo matan a alguien”, señala. En un libro anterior publicado en la misma editorial y dedicado al monasterio de El Escorial, el artista menciona un suceso contra unos chicos a los que pillaron teniendo relaciones homosexuales: “A uno lo quemaron. En este lugar de perfección en la tierra según Felipe II, sucede algo contra natura: algo que tiene que ser eliminado. Eso se me quedó en la cabeza. Tenemos una proyección ideal de lo que debe ser, y cuando algo se sale de ahí se lo elimina. Eso pasó con Samuel. Es alguien que tendría pluma, lo vieron en la calle y decidieron que eso no podía ser, que tenían que destruirlo”.

Bestué recuerda una triste retahíla de hechos similares: el asesinato de Lorca en los años 30 o el de Rescalvo en los 90. También el de Carlos Palomino, militante antifascista al que apuñalaron en el metro de Madrid en 2007. “Cada tanto tenemos a alguna de estas figuras y para mí es importante trabajar sobre ellas, para que lo que les ha sucedido no sea en vano. Para que de alguna manera sirvan de aviso de que, aunque parezca que todo está muy normalizado, sigue habiendo violencia”, apunta el artista. 

Hacia el final del libro se nos revela el monumento que Bestué erigió a la memoria de Samuel: una escultura que reproduce la estructura de un fémur, una tibia y un peroné, versión sintética de una Pietá, esa representación arquetípica de la madre sosteniendo al hijo muerto. Una anatomía que soporta. La pieza fue instalada en febrero del 2025 en lugar del asesinato, pero, al no contar con permisos, fue retirada por los servicios de limpieza.

Al escultor no le importó ese desenlace y admite que su acción (la de un desconocido, un artista barcelonés interpelado por un homicidio en Galicia) estaba “fuera de lugar”. “Desde hace unos años, el arte se ha vuelto muy educado. Hay cosas que parece que no puedes hacer y, al mismo tiempo, como artistas, nos encanta cuando la gente hace cosas ilegales. ¿Por qué no puedo hacer algo en la calle sin que me lo pidan?”, opina. 

Esta acción contrasta, sin embargo, con una de las ideas centrales del libro: la de la eficacia y el valor de la respuesta colectiva frente a la inoperancia de las decisiones individuales o verticales. Como ejemplo, el texto menciona que los monumentos populares que se erigieron tras los atentados del 11M están preservados en el Archivo Histórico Ferroviario mientras que el levantado en la estación de Atocha ha sido recientemente desmantelado. “Lo mío es algo individual, sin duda, pero si de alguna manera resuena o sirve para que haya cierto debate, pues bienvenido sea. Pero no puedo ir más allá”, dice el escultor.

¿Debería, entonces, el ayuntamiento dedicar un monumento a la memoria de Samuel Luiz? Bestué responde tajante: “Si eso llegara a suceder, la gente comenzaría a olvidar lo que le sucedió. La sociedad se tranquilizaría. ‘Ah, vale, ya está hecho, ya estamos todos de acuerdo’. Me parece más interesante el momento actual, en el que cierta gente pide un homenaje o se reúne cada año para reivindicarlo. Es preferible esa tensión. Que un friki que viene de fuera monte ahí una pieza una noche. Es mejor esa indefinición, que sea algo no resuelto, porque la violencia que causó esa muerte sigue ahí”.

La Audiencia de Barcelona ha rechazado investigar como delito de odio el incendio de la mezquita de Piera de julio de 2025 y tan solo ha acordado una reapertura parcial de la causa, condicionada a que los Mossos d'Esquadra valoren si será “eficaz” obtener el listado de teléfonos móviles que pasaron por la zona la noche de los hechos.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona estima tan solo en parte el recurso interpuesto por la comunidad islámica de Piera, representada por el abogado Benet Salellas, contra el archivo del caso decretado por el juzgado de Igualada.

Entendía la comunidad islámica que el juzgado había investigado de forma incompleta y mínima el incendio, lo que se apartaba de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a indagar a fondo en cualquier hecho que suponga un “menosprecio, humillación o descrédito” hacia un colectivo protegido por los delitos de odio, como es el caso de una comunidad religiosa.

Es más, los denunciantes remarcaban que el incendio de la mezquita no respondió tan solo a la voluntad de provocar daños materiales, sino que representó “un ataque directo contra una comunidad religiosa para promover el odio y la violencia contra sus signos religiosos”. Por ello querían que la unidad contra los delitos de odio de los Mossos se hiciera cargo de las pesquisas.

El ataque a la mezquita, recordó en su recurso la comunidad islámica de Piera, vino precedida de una oleada de protestas racistas en el municipio contra el centro de menores y los jóvenes tutelados que alojaba, de origen migrante. “Hay suficientes indicios para determinar que el incendio contra la mezquita fue promovido por el odio contra el conjunto de la comunidad”, sostenía su abogado.

La Audiencia de Barcelona rechaza la pretensión de la comunidad islámica de Pìera, ya que, a su juicio, “en este momento no hay razón para sostener” que la unidad de la policía catalana especializada en delitos de odio “pueda ser más eficaz” en la identificación de los autores. Es decir, antes de la motivación xenófoba, a criterio de los jueces, el “objetivo inmediato” de las pesquisas debe ser encontrar a los autores del incendio, algo que no ha ocurrido nueve meses después.

Sí aceptan los magistrados, aunque no al completo, la segunda propuesta de la comunidad islámica: obtener el listado de teléfonos móviles que se encontraban en la zona cercana a la mezquita la noche de su incendio, el 12 de julio de 2025.

Antes de pedir los datos de las antenas cercanas a la mezquita a las operadoras de telefonía, la Audiencia de Barcelona solicita un informe a los Mossos sobre la “eficacia” de la medida, que solo será válida si permite “ubicar terminales móviles en el recinto del oratorio o en una zona muy próxima”. De lo contrario, se obtendrían de forma masiva números de teléfono, algo que vulneraría la intimidad de sus titulares y que los jueces reclaman evitar.

Una sentencia dictada por un juzgado de Gijón reconoce la aporofobia como motivo para la comisión de un delito de odio en la causa abierta contra un hombre que agredió a una persona sin hogar en 2022 y que ha sido condenado a 15 meses y un día de prisión, aunque la pena ha sido suspendida durante tres años siempre que no delinca y se someta a un tratamiento de desintoxicación.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 26 de noviembre de 2022 cuando el acusado, de común acuerdo con otra persona, se dirigió al portal donde se hallaba su víctima guiado por la intención de denigrar su integridad física y moral por su animadversión hacia las personas por su situación socioeconómica.

Grabaron la agresión

Según la sentencia, en ejecución del plan previamente ideado, le propinó varias patadas en la espalda sin provocarle lesión y le despojó de sus ropas de abrigo y del saco de dormir mientras su acompañante grababa los hechos con su teléfono móvil, unas imágenes que fueron colgadas días después en la red social Instagram por un tercero con su conocimiento y consentimiento.

“Mucha polémica por el vídeo anterior pero no quiero indigentes en mi portal que me asusta a los niños y antes de eso le corto la cabeza, a dormir a las puertas del ayuntamiento, ellos son los culpables sin ponte a pasar farlopa o peta a una tienda que fácil es quejarse maricona di no te gusta trabajar haz algo”, señalaba el texto adjunto a las imágenes.

Motivo de aporofobia

El tribunal condena al acusado como autor de un delito de odio por motivo de aporofobia en concurso de normas con un delito contra la integridad moral y otro leve de maltrato sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad y le impone además una indemnización de 2.000 euros a su víctima.

Un precedente jurídico

Según el colectivo HOGAR SÍ, que se personó como acusación popular en el procedimiento, la sentencia consolida el artículo 510 del Código Penal como herramienta efectiva para perseguir graves actos aporofóbicos contra las personas en situación de sinhogarismo.

A su juicio, no se trata únicamente de una condena individual, “sino de un precedente jurídico que ayuda a nombrar, acreditar y perseguir una violencia históricamente invisibilizada” y hace que la inclusión de la aporofobia en dicho artículo “no sea un concepto accesorio, sino una herramienta real y efectiva de protección de derechos”.

Un aficionado ha sido condenado a nueve meses de cárcel por un delito de odio por los insultos racistas que dirigió al jugador del FC Barcelona Marcus Rashford durante el partido de fúbol que el equipo blaugrana disputó contra el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, el 25 de septiembre de 2025.

Cuando el futbolista iba a realizar un saque de esquina, el acusado le gritó desde su asiento “negrata”; una expresión que fue “claramente audible y perceptible” por los demás asistentes al encuentro, generando en el futbolista “sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca”, como ha resaltado la Fiscalía este miércoles durante una audiencia preliminar, celebrada ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias.

Tres años sin pisar un estadio

Durante esta audiencia preliminar, el acusado ha asumido su responsabilidad en los hechos imputados por el Ministerio Fiscal y ha alcanzado un acuerdo de conformidad por el que se le impone una condena de nueve meses de cárcel.

No obstante, la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad condicionada a que se someta a un programa formativo contra el odio y la discriminación, abone la totalidad de la responsabilidad civil que se cuantifica en 2.000 euros y la prohibición de acudir al campo ovetense, así como a los estadios donde se celebren partidos de fútbol de la Liga Profesional de 1ª y 2ª división, durante 3 años.

La ofensa al futbolista

Esta condena incluye además su inhabilitación especial para ejercer profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 3 años y 9 meses.

El acusado comparecía esta mañana ante el tribunal de la Sección Segunda para justificar las razones que le llevaron a insultar al jugador del Barça. En su descargo, admitió que cometió un delito contra la dignidad de las personas por motivos racistas cuando dirigió hacia él ese comentario despectivo que, a juicio de la Fiscalía, tenía como finalidad “ofender públicamente a futbolistas de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol”.

Pudo ser identificado gracias a que su imagen se difundió en una red social. El post llegó a alcanzar 24 horas después de publicado 28.894.400 visualizaciones a través de distintas redes sociales y plataformas, además de periódicos, revistas, noticias en línea, televisión, radio, blogs, foros, Reddit, X, Google Plus, Youtube, Flickr, Foursquare, Mixcloud, Pinteres, Twich, Google Play, Tik Tok y podcasts, "con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación del jugador", según ha confirmado la Fiscalía asturiana

Su imagen, en una red social

La Policía logró identificarle gracias a que justo ese momento preciso había sido recogido por la cámara de otro aficionado que subió la imagen a la red social X.

Según ha confirmado la propia Fiscalía, ese post llegó a alcanzar a las 24 horas de publicado nada menos que 28.894.400 visualizaciones a través de distintas redes sociales y plataformas, además de periódicos, revistas, noticias en línea, televisión, radio, blogs, foros, Reddit, X, Google Plus, Youtube, Flickr, Foursquare, Mixcloud, Pinteres, Twich, Google Play, Tik Tok y podcasts, “con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación del jugador”, señala el representante de la acusación pública.

La reparación del daño

Este miércoles, la Fiscalía imputó al acusado su autoría en un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas en concurso con un delito contra la integridad moral.

A este delito le aplicó la circunstancia atenuante de reparación del daño ya que, previamente a la celebración de esta audiencia preliminar, el acusado había consignado en la cuenta judicial la cantidad de 600 euros para cubrir parte de la responsabilidad civil.

Al tratarse de un acuerdo de conformidad, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias ya es firme.

El odio es viscoso, como la grasa se pega a la suela de los zapatos y te impide tocar tierra, es envolvente, mancha, ensucia, se cuela por las rendijas envolviendo con su espesor hasta la pared más encalada. Y así lo vimos esta semana en la Fundación Ruy López en forma de pintada, “STOP INVASIÓN”, con tilde incluida porque quienes se atrevieron a tremendo atentado eran xenófobos pero atildados, con la gramática en una mano y el espray en la otra escribieron y escupieron su odio contra quienes trabajan por una sociedad más rica, justa e igualitaria. 

He escuchado a muchas amigas y amigos estos días lamentando que la rendija por la que se cuela ese odio viscoso hasta las instituciones sea precisamente Extremadura, una tierra de migración. De aquí salieron a lo largo del siglo XX miles de personas buscando un porvenir mejor para sus familias, un trabajo digno, pan caliente y un salario. Se fueron con una mano delante y otra detrás a Barcelona, Madrid, País Vasco, pero también a Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, Canadá, hasta a Hawái. Desde cada pueblo de esta región a cualquier lugar del mundo en el que necesitaran mano de obra barata, con capacidad de trabajo hasta la extenuación y hambre mucha hambre.

Y de repente en esta tierra de migración se cuela ese odio viscoso a través de esa rendija y mancha una pared blanca y entra en las instituciones, porque, lo maquillen como lo maquillen, el acuerdo de la vergüenza entre el Partido Popular de María Guardiola y Vox es racista, clasista y xenófobo, además de anticonstitucional. 

Es injustificable que la nueva y flamante presidenta de la Junta de Extremadura haya abrazado sin miedo y sin complejos (ya saben que la derecha y la extrema derecha carecen de complejos) eso de la “prioridad nacional”, o “prioridad nazi-onal”, porque las cosas hay que empezar a llamarlas y verlas como lo que son, sin medias tintas. 

La prioridad nacional, concepto racista, clasista y xenófobo ha condicionado la creación de un gobierno en Extremadura, del primer gobierno en nuestro país, tras él, Aragón y detrás, Castilla y León, Andalucía se librará según Juanma Moreno, porque para él lo que sí vale en Extremadura, no vale para Andalucía. 

Somos, tristemente, el laboratorio en el que se verá hasta qué punto se puede extender el odio, hasta dónde llega lo de los españoles primero. Ya se está viendo que con el eslogan American first, Trump está llevando a su país y al mundo entero a la hecatombe más absoluta, pero aquí estamos copiando al ICE y a las políticas disparatadas de un psicópata, además de pedófilo como el señor Trump, líder y gurú de Abascal y los suyos. Los más patriotas que en realidad son unos vende patrias. 

Lloramos por el niño Liam Conejo que con tan solo cinco años fue arrestado por esa pseudo policía que amenaza y persigue a la población inmigrante en EE.UU. Y lloramos hoy porque sin apenas darnos cuenta se nos coló el odio, a través de esa rendija casi imperceptible, hasta llegar a nuestras instituciones de mano del “altísimo” y se coronaron casi a lomos de un caballo en un acto de investidura propio de emperadores, sonrojante y vergonzante. 

Y vuelvo a recordarles a quienes se dan golpes de pecho en procesiones las palabras de Mateo 25:35, “Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me acogisteis…”.

Aún guardo la esperanza de que odiar, de que ser mala persona, vuelva a dar vergüenza.