La magistrada Mercedes Compostizo, encargada de la instrucción del ataque con artefactos explosivos contra la sede del PSOE de Cantabria -ubicada en la calle Vargas 45 de Santander- ha dado por concluida la investigación y considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a Miguel Toribio y René Odriozola, a quienes atribuye la planificación y ejecución del asalto ocurrido el 25 de abril de 2025, durante un acto sobre memoria democrática.

Según ha adelantado este martes el diario El País, la magistrada sostiene en su resolución que ambos actuaron impulsados por una ideología “radical” y que el objetivo de la acción era alterar el desarrollo de una reunión política en la que participaban más de medio centenar de personas.

La resolución judicial da un paso más respecto a las primeras fases de la investigación al incorporar de forma expresa el posible móvil ideológico de los hechos. Según la instructora, los dos investigados actuaron de común acuerdo y las diligencias practicadas apuntan a su vinculación con La Falange, extremo que también sostiene la acusación particular ejercida por el PSOE.

Uno de los procesados es hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), circunstancia que trascendió meses después de las detenciones. La regidora remitió un comunicado a los medios en el se desvinculaba de la actuación de su hijo “mayor de edad” y que calificaba lo ocurrido como “un hecho deleznable” que “debía ser rechazado sin matices”, aludiendo igualmente a la acción de la justicia para depurar responsabilidades pese al “profundo dolor” que la situación le causaba “como madre”.

Los hechos se produjeron mientras la sede socialista acogía una conferencia dedicada a explicar el cambio de denominación de varias calles de Santander, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Según el relato que recoge el auto, uno de los acusados accedió al interior del local con el rostro cubierto y dejó dos garrafas que contenían explosivos de fabricación casera elaborados con ácido clorhídrico y aluminio. Los dispositivos fueron activados pocos segundos después desde el exterior, aunque una asistente consiguió sacarlos del edificio antes de que explosionaran.

La magistrada destaca que la rápida intervención de esa mujer evitó consecuencias mucho más graves. Tanto el auto como el escrito de acusación del PSOE inciden en que, de haber detonado los artefactos en el interior del local, se habría generado un importante riesgo para los asistentes, no solo por el carácter corrosivo de las sustancias empleadas, sino también por la posible situación de pánico que podría haberse desencadenado en un espacio cerrado y concurrido. El PSOE sostiene que la mujer que retiró las garrafas sufrió posteriormente lesiones psicológicas por las que precisó tratamiento.

La investigación policial reconstruyó la preparación del ataque mediante distintos indicios. Entre ellos figuran las grabaciones de cámaras de seguridad de un hotel cercano que muestran a los dos investigados transportando bolsas con los componentes utilizados para fabricar los explosivos, el posicionamiento de sus teléfonos móviles en las inmediaciones de la sede socialista y las pesquisas sobre la elaboración de los artefactos. Además, una de las garrafas contenía una nota con el mensaje “Frente a mentiras revanchistas, PSOE Satanás”, elemento que tanto la jueza como la acusación consideran revelador de la motivación política del ataque.

Concluida la instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formalizar sus escritos antes de la apertura del juicio oral. El PSOE solicita para ambos acusados una condena de 14 años y nueve meses de prisión al apreciar delitos de fabricación de explosivos, atentado contra la autoridad, lesiones, delito de odio y tentativa de impedir el ejercicio del derecho de reunión. La jueza, por su parte, aprecia indicios de fabricación de explosivos, alteración del derecho de reunión en grado de tentativa y lesiones.

El ataque provocó una amplia condena institucional cuando se produjo hace más de un año y fue considerado por los socialistas como uno de los episodios más graves de violencia política registrados en Cantabria en las últimas décadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó entonces su apoyo al PSOE cántabro y defendió que la respuesta frente al odio debía ser “memoria, respeto y justicia”, mientras que dirigentes de distintos partidos expresaron su rechazo a una acción que estuvo a punto de tener consecuencias personales entre los asistentes al acto.

L'acusat d'haver arrancat unes banderes del col·lectiu LGTBI de la façana de l'Ajuntament d'Albaida per substituir-les per una ensenya franquista va arribar aquest dimarts passat a un pacte de conformitat i va assumir davant el tribunal de la secció quarta de l'Audiència Provincial de València una pena de sis mesos de presó i una multa per un delicte d'odi, així com una altra multa per un delicte lleu de danys.

Els fets van succeir la nit de l'1 de juliol de 2023 quan, segons el Ministeri Fiscal, l'home va escalar per la finestra del consistori i va penjar l'estendard preconstitucional per, a continuació, acudir a les dependències de la Policia Local i dir a dos dels agents que no pararia fins a retirar les banderes LGTBI.

A més, davant els agents s'hauria dirigit al col·lectiu amb expressions humiliants com “maricons de merda” o “gais cabrons”. Hores després, l'home es va despenjar per una de les finestres de l'edifici consistorial per arrancar les dues banderes, fet que va danyar-ne les subjeccions.

Posteriorment, la bandera LGTBI va tornar a ser col·locada al balcó del consistori després de la celebració d'un acte públic.

D'altra banda, una dona que va proferir insults racistes contra una doctora de l'Hospital General de València ha acceptat aquest dimecres una pena d'un any i tres mesos de presó, a més de l'allunyament de la víctima durant dos anys, com a autora d'un delicte contra la integritat moral amb l'agreujant d'obrar per motius racistes.

Insults racistes a Urgències: “Maldita negra”

L'acusada, segons la Fiscalia, esperava el 13 d'octubre de 2023 ser atesa al servei d'Urgències del centre hospitalari i va entrar al despatx de la facultativa, d'origen dominicà i de pell negra, i “amb l'ànim de menysprear-la i humiliar-la” li va reballar: “Maleïda negra, morta de fam, han de fer-te fora d'Espanya perquè et muigues de fam, no hauries d'estar treballant, eres una mala persona, només et veig passejant i no atens les persones”.

La doctora, segons el Ministeri Públic, es va sentir “profundament menyspreada i humiliada” i aquell mateix dia va denunciar els fets. La Fiscalia destaca que l'acusada va etzibar a la facultativa els insults racistes en un hospital públic, en presència d'altres treballadors i de pacients que esperaven ser atesos.

El acusado de haber arrancado unas banderas del colectivo LGTBI de la fachada del Ayuntamiento de Albaida para sustituirlas por una enseña franquista alcanzó este pasado martes un pacto de conformidad y asumió ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia una pena de seis meses de prisión y multa por delito de odio y otra multa por delito leve de daños.

Los hechos sucedieron la noche del 1 de julio de 2023 cuando, según el Ministerio Fiscal, el hombre trepó por la ventana del consistorio y colgó el estandarte preconstitucional para, a continuación, acudir a las dependencias de la Policía Local y decirles a dos de los agentes que no pararía hasta retirar las banderas LGTBI.

Además, ante los uniformados se habría dirigido al colectivo con expresiones humillantes como “maricones de mierda” o “gais cabrones”. Horas después, el hombre se descolgó por una de las ventanas del edificio consistorial para arrancar las dos banderas, hecho que dañó las sujeciones de las mismas.

Posteriormente, la bandera LGTBI volvió a ser colocada en balcón del consistorio tras la celebración de un acto público.

Por otro lado, una mujer que profirió insultos racistas contra una doctora del Hospital General de València ha aceptado este miércoles una pena de un año y tres meses de prisión, además de alejamiento de la víctima durante dos años, como autora de un delito contra la integridad moral con agravante de obrar con motivos racistas.

Insultos racistas en Urgencias: “Maldita negra”

La acusada, según la Fiscalía, esperaba el 13 de octubre de 2023 a ser atendida en el servicio de urgencias del centro hospitalario y entró en el despacho de la facultativa, de origen dominicano y piel negra y “con el ánimo de menospreciarla y humillarla” le espetó: “Maldita negra, muerta de hambre, deben echarte de España para que te mueras de hambre, no debes estar trabajando, eres mala persona, solo te veo paseando y no atiendes a las personas”.

La doctora, según el Ministerio Público, se sintió “fuertemente menospreciada y humillada” y ese mismo día denunció los hechos. La Fiscalía destaca que la acusada espetó a la facultativa los insultos racistas en un hospital público, en presencia de otros trabajadores y de pacientes que esperaban a ser atendidos.

Susana Gisbert és fiscal delegada de delictes d'odi i memòria democràtica a València, amb una llarga trajectòria també en matèria de violència de gènere. Escriptora i articulista habitual en diversos mitjans de comunicació, Gisbert (València, 1966) publica Contra l'odi (Vincle, 2026), una mena de guia enfocada a un públic ampli sobre una matèria de la qual s'ha convertit en una referència.

En aquesta entrevista amb elDiario.es, celebrada poques hores abans del partit de la semifinal del Mundial de futbol entre les seleccions francesa i espanyola, la fiscal dubta que les polèmiques declaracions de l'expresident Mariano Rajoy constituïxquen un delicte d'odi i celebra que els clubs de futbol cada vegada col·laboren més amb la justícia quan es produeixen incidents racistes.

La fiscal Susana Gisbert també destaca la recent sentència del Tribunal Suprem que fixa el criteri sobre l'existència de delicte d'odi per insults racistes i per raó de ser immigrants, dictada en una causa instruïda a València. “En els delictes d'odi, el nostre major entrebanc és la infradenúncia”, alerta Gisbert.

Quin balanç fa de la seua etapa com a fiscal delegada de delictes d'odi?

M'agrada molt la matèria, és molt enriquidora i tens possibilitat de fer coses que no s'havien fet per la novetat. Però després, la veritat és que també ho he viscut amb certa sorpresa, perquè encara que penses que aquestes coses passen, no et pots imaginar que passen tant, i coses tan grosses i tan inversemblants com que una persona pel carrer n'ataque una altra pel fet de veure-la besar-se amb algú del mateix sexe. La veritat és que és una matèria molt enriquidora, perquè reps molt feedback de les víctimes. Les víctimes de seguida estan molt agraïdes. També tens l'altra part, que reps molts haters de l'altre costat, però bé, en aquesta part molt contenta.

Quin balanç fa de la seua etapa com a fiscal delegada de delictes d'odi?

M'agrada molt la matèria, és molt enriquidora i tens possibilitat de fer coses que no s'havien fet per la novetat. Però després, la veritat és que també ho he viscut amb certa sorpresa, perquè encara que penses que aquestes coses passen, no et pots imaginar que passen tant, i coses tan grosses i tan inversemblants com que una persona pel carrer n'ataque una altra pel fet de veure-la besar-se amb algú del mateix sexe. La veritat és que és una matèria molt enriquidora, perquè reps molt feedback de les víctimes. Les víctimes de seguida estan molt agraïdes; també tens l'altra part, que reps molts haters de l'altre costat, però bé, en aquesta part molt contenta.

A poc a poc sembla que es va consolidant.

També tens aquest prurito d'anar creant coses que no s'han fet mai, com el de [la condemna pels insults racistes al futbolista] Vinicius. Ara ja hi ha més condemnes en el tema de la violència racista i homòfoba en el futbol i en els estadis, però fins aleshores no hi havia cap condemna. El de [les agressions ultres en] la manifestació del 9 d'Octubre també va ser molta faena, i tampoc hi havia prèviament una condemna per discriminació per ideologia en una manifestació pública. A poc a poc anem fent coses: l'última sentència que ha creat molta jurisprudència i doctrina és del magistrat Vicente Magro en matèria de delictes d'odi; també ve d'una causa que portem ací.

Sent fiscal delegada de delictes d'odi, també ha patit molts discursos d'odi en contra seua a les xarxes socials. Com ha viscut aquesta experiència?

La part dolenta és que, a més del feedback, reps una part considerable de haters. Si eres visible a les xarxes socials, jo ho soc (és una decisió personal i no canviaré per això), de tant en tant t'emportes un disgust, com el que ha passat amb [les amenaces de l'eurodiputat ultra] Alvise o amb algun altre. Però bé, crec que tant de bo no s'haguera de pagar, però és part del que toca. Si la gent et coneix i es dirigeix a tu perquè has fet determinada cosa, doncs era perquè aquesta cosa pica.

La part dolenta és que, a més d'un 'feedback' de les víctimes, reps una part considerable d'haters

Quin és el ventall de víctimes dels delictes d'odi?

Cal dir que guanyen per golejada la xenofòbia en totes les seves → seues vessants (homofòbia, antigitanisme, racisme i altres) i, per altra banda, l'homofòbia i la LGTBI-fòbia. Però sí que és veritat que, pel que fa a les víctimes, hi ha dos grups importants. Hi ha un grup de víctimes que estan més o menys empoderades i acudixen als serveis públics, manifesten, denuncien (o, si no denuncien, són conscients de les coses).

Això passa en una part important de les víctimes d'homofòbia, hi ha una part del col·lectiu LGTBI que està empoderat (i una altra part que no). I passa també amb les víctimes d'un altre tipus de delictes, com passa amb la ideologia. I hi ha un altre grup de víctimes, la població migrant, sobretot la que està en una situació de precarietat econòmica, que no té papers (amb l'aporofòbia i la discapacitat), que són persones molt vulnerables i que ni tan sols són conscients o → ni tan sols s'atrevixen a denunciar.

Però bé, una vegada venen sí que és molt important la tasca de les ONG que els acompanyen. En molts casos, si no hi haguera ONG o entitats del tercer sector acompanyant-los, no denunciarien.

Per lluitar contra la infradenúncia el primer que has de donar és confiança a les víctimes

Quin paper juga l'empatia?

Ací cal tindre empatia. Encara que la víctima, si està fora en el judici i no he anat jo a eixe judici o ha vingut per una altra via, jo sempre tracte de parlar amb ella i d'establir una relació personal i de donar-li una confiança. Perquè en els delictes d'odi, el nostre major obstacle és la infradenuncia. I per a lluitar contra això el primer que has de donar és confiança a les víctimes, que sàpien els drets que tenen i que tinguen un referent. Per exemple, el col·lectiu LGTBI durant el franquisme, no és que no podien defensar els seus drets, és que eren penats per això.

Cal canviar aquesta concepció, que ve de molt de temps: d'una desconfiança total al sistema a una confiança. Amb les persones migrants també pansa, moltes vegades tenen més por que emergisca la seua situació d'irregularitat que de defensar els seus drets.

Poc a poc, s'ha anat creant un cos de doctrina que cada vegada és més permeable als delictes d'odi

Com ha anat assentant-se la jurisprudència en matèria de delictes d'odi?

La veritat és que cada dia, afortunadament, es consolida més. Jo, al principi, deia moltes vegades que aquesta Fiscalia semblava la Fiscalia de pegar-se contra un mur. Era tot a base de recursos perquè tot ens ho arxivaven o tot ho declaraven delictes lleus. A poc a poc, s'ha anat creant un cos de doctrina que cada vegada és més permeable als delictes d'odi. I ja no es queda en el simple insult o en l'amenaça. La sentència de 'Magro' és molt coneguda, però ja n'hi ha diverses en aquest sentit en què els insults són constitutius, o poden ser constitutius, si es donen determinades circumstàncies, de delictes d'odi.

Què s'ha consolidat?

S'ha creat una important doctrina amb els delictes d'odi en els quals hi ha alguna part d'acció (un fet concret, unes lesions o unes amenaces). En el discurs d'odi encara ens queda camí. El xoc amb la llibertat d'expressió encara ha de recórrer molt de camí, perquè encara hi ha moltes absolucions. El tipus està redactat d'una manera que parla d'incitar (si això és incitació o no ho és, si la motivació no hi és i el límit amb la llibertat d'expressió...). Encara queda faena per fer.

A més, en un context d'auge global de l'extrema dreta.

És evident que es donen molts factors. Per una banda, un auge de l'extrema dreta a tot el món. Les persones que pensaven així no és que hagen aparegut com un bolet, hi havia gent que no se sentia legitimada i, en veure que hi ha persones exercint el poder que pensen aquestes coses, se senten legitimades per a determinats discursos. I després l'eina de les xarxes socials és un caldo de cultiu òptim perquè qui tinga aquests pensaments els aboque. Perquè, a més, encara que es manifesten a les xarxes socials amb el seu nom —també és un problema l'anonimat—, però fins i tot quan ho fan amb el seu nom (ho fan polítics i altres), el fet d'enfrontar-se a una pantalla i no a una persona, com que envalentona l'autor i diu coses que potser cara a cara no diria.

De fet, aquest límit amb la llibertat d'expressió ha propiciat absolucions com la de l'expolicia Ricardo Ferris, que va exposar les seues tesis racistes en un acte públic de Vox.

Està pendent del recurs de cassació de la Fiscalia. El discurs d'odi és més complicat. Sí que vam obtindre una sentència favorable en el cas de l'encarregat de xarxes d'Espanya 2000 (per relacionar la pigota del mico amb l'homosexualitat), que també està pendent del recurs interposat per ell.

Les tesis de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol podrien ser constitutives d'un delicte d'odi?

Anem a veure, aquestes coses s'han de pensar molt. És el que sempre diem: ni tot l'odi és delicte d'odi ni tan sols per a cometre un delicte d'odi cal odiar. Quan diuen “és que no és una persona racista”, no, no es jutja ningú per ser racista, es jutja per haver fet una manifestació racista. El que passa és que, és clar, estem parlant d'un discurs que no està escampant cap notícia ni cap fet que faça que la gent odie la selecció francesa o els integrants de la selecció francesa. Crec que s'hauria de pensar molt, però té un difícil encaix en el delicte d'odi; això no vol dir que no siga un acte discriminatori per racisme i reprovable, si més no a nivell moral, sens dubte, i potser a nivell polític.

Creu que ha millorat el panorama del racisme als estadis de futbol?

Potser soc molt optimista, però arran d'aquesta sentència els clubs s'han cuidat molt més. Han vist que la Llei de l'Esport és dura amb ells, amb coses que abans semblava que es mirava cap a una altra banda, els tanquen l'estadi, encara que els fets no siguen constitutius de delicte d'odi o no es troben els autors. I, per la seua pròpia conveniència, tant els clubs com les entitats esportives, com també els mateixos aficionats, jo crec que es tallen més. I, per un altre costat, crec que també s'és molt més col·laborador amb la justícia quan veuen que passa una cosa així. De fet, hi ha una causa oberta que és per l'activitat d'un periodista que, com a aficionat, va ser qui va interposar la denúncia [contra els crits racistes d'un aficionat a l'estadi de Mestalla].

La Llei de l'Esport és dura amb els clubs, amb coses que abans sembla que es mirava cap a una altra banda els tanquen l'estadi

Quins problemes plantegen les xarxes socials en relació amb els delictes d'odi?

Amb les xarxes socials els problemes que tenim són diversos. Primer, l'anonimat. Perquè hi ha gent que publica els seus posts amb el seu propi nom, però realment ni X ni cap xarxa social et demana més que un correu electrònic (i Gmail, per exemple, tampoc no et demana cap identificació). Sobretot tenim un problema processal, que és el de la competència: qui és competent, com ens dirigirem a Facebook o a X, com ens respondran (que normalment no responen o són molt reticents a respondre). És molt difícil obtindre la informació i, és clar, ací tenim unes dificultats tremendes. A més, la justícia té els seus temps, perquè la nostra justícia és garantista —afortunadament—, però la instantaneïtat de les xarxes socials és molt més ràpida que si obtenim un manament d'entrada i registre o de tancament d'un compte.

Moltes sentències de delictes d'odi inclouen un curs sobre igualtat. Per què s'inclou aquest tipus de cursos?

És molt important i el problema que tenim ací a València és que trobem molts problemes per veure on i qui realitza aquest curs. En el cas de la violència de gènere, que seria un cas parell, en ser obligatori per a concedir la suspensió de la pena, ja hi ha uns llocs concrets on anar, però en el cas dels delictes d'odi (que està previst, però no és obligatori) és una condició que es pot posar. Nosaltres la posem, a més per acord de les jornades de fiscals delegats en les quals així es va establir. Ho demanem, però moltes vegades ens trobem amb veritables problemes a l'hora d'executar-lo i això s'hauria d'implementar, perquè l'únic lloc on n'hi ha un que està clarament definit és a la presó. I si no entren a presó, és difícil que facen el curs. I si fan el curs per a evitar la presó, és difícil que vagen a la presó.

Com s'ha resolt a la pràctica?

Ací a València no està acabant de funcionar, estem trobant problemes en cada cas i, de vegades, cal buscar o improvisar una solució que vaja a tal lloc o que vaja a tal altre. Però caldria implementar un recurs concret que fora automàtic.

D'on va nàixer la idea de publicar l'assaig Contra l'odi?

M'ho va proposar Manolo Gil, que és el meu editor en molts dels llibres que he escrit des de fa temps. A més, per a l'editorial era un canvi complet de registre. Primer per l'idioma (Vincle sempre havia publicat en valencià) i després pel tema de l'assaig (no tenien una col·lecció) i pel format.

Aquesta realitat moltes vegades si no la veus, no te la creus

Es va pensar en un format que fora assequible, que no fora un assaig per a professionals, sinó que estiguera destinat a qualsevol persona, que el puguen llegir els juristes (i segur que els va bé), però sobretot està pensat per a persones no juristes, perquè qualsevol entenga aquestes idees que semblen essencials, però no sempre es saben: que no qualsevol persona que odie està cometent un delicte d'odi o que no es jutja el racisme, sinó que es jutja l'acte racista. Perquè es conega també aquesta realitat, que moltes vegades, si no la veus, no te la creus.

Susana Gisbert es fiscal delegada de delitos de odio y memoria democrática en València, con una larga trayectoria también en materia de violencia de género. Escritora y articulista habitual en varios medios de comunicación, Gisbert (València, 1966) publica Contra el odio (Vincle, 2026), una suerte de guía enfocada a un público amplio sobre una materia de la que se ha convertido en una referencia.

En esta entrevista con elDiario.es, celebrada pocas horas antes del partido de la semifinal del Mundial de fútbol entre las selecciones francesa y española, la fiscal duda de que las polémicas declaraciones del expresidente Mariano Rajoy constituyan un delito de odio y celebra que los clubs de fútbol cada vez colaboren más con la justicia cuando se producen incidentes racistas.

La fiscal Susana Gisbert también destaca la reciente sentencia del Tribunal Supremo que fija el criterio sobre la existencia de delito de odio por insultos racistas y por razón de ser inmigrantes, dictada por una causa instruida en València. “En los delitos de odio, nuestro mayor escollo es la infradenuncia”, alerta Gisbert.

¿Qué balance hace de su etapa como fiscal delegada de delitos de odio?

Me gusta mucho la materia, es muy enriquecedora y tienes posibilidad de hacer cosas que no se habían hecho por la novedad. Pero luego, la verdad es que también lo he vivido con cierta sorpresa, porque aunque piensas que estas cosas pasan, no te puedes imaginar que pasen tanto, y cosas tan gordas y tan inverosímiles, como que una persona por la calle ataque a otra por el hecho de verla besarse con alguien del mismo sexo. La verdad es que es una materia muy enriquecedora, porque recibes mucho feedback de las víctimas. Las víctimas están enseguida muy agradecidas, también tienes la otra parte, que recibes mucho hater del otro lado, pero bueno, en esa parte muy contenta.

Poco a poco parece que se va consolidando.

También tienes ese prurito de ir creando cosas que no se han hecho nunca, como lo de [la condena por los insultos racistas al futbolista] Vinicius, ahora ya hay más condenas en el tema de la violencia racista y homófoba en el fútbol y en los estadios, pero hasta entonces no había ninguna condena. Lo de [las agresiones ultras en] la manifestación del 9 d'Octubre también fue mucho trabajo, y tampoco había previamente una condena por una discriminación por ideología en una manifestación pública. Poco a poco vamos haciendo cosas: la última sentencia que ha creado mucha jurisprudencia y doctrina es del magistrado Vicente Magro en materia de delitos de odio, también viene de una causa que llevamos aquí.

Siendo fiscal delegada de delitos de odio, también ha sufrido muchos discurso de odio en su contra en redes sociales. ¿Cómo ha vivido esta experiencia?

La parte mala es que, además de un feedback, recibes una parte considerable de haters. Si eres visible en redes sociales, yo lo soy (es una decisión personal y no voy a cambiar por eso), de vez en cuando te llevas un disgusto, como lo que ha pasado con [las amenazas del eurodiputado ultra] Alvise o con otro tipo. Pero bueno, creo que ojalá no hubiera que pagarlo, pero es parte de lo que toca. Si la gente te conoce y se dirige a ti porque has hecho determinada cosa, pues era porque esa cosa pica.

La parte mala es que, además de un 'feedback' de las víctimas, recibes una parte considerable de haters

¿Cuál es el abanico de víctimas de los delitos de odio?

Hay que decir que ganan por goleada la xenofobia en todas sus vertientes (homofobia, anti-gitanismo, racismo y demás) y, por otro lado, la homofobia y la LGTBI-fobia. Pero sí que es verdad que en cuanto a las víctimas hay dos grupos importantes. Hay un grupo de víctimas que están más o menos empoderadas y acuden a los servicios públicos, manifiestan, denuncian (o si no denuncian son conscientes de las cosas).

Eso pasa en una parte importante de las víctimas de homofobia, hay una parte del colectivo LGTBI que está empoderado (y otra parte que no). Y pasa también con las víctimas de otro tipo de delitos, como pasa con la ideología. Y hay otro grupo de víctimas, la población migrante, sobre todo la que está en una situación de precariedad económica, que no tiene papeles (con la aporofobia y la discapacidad), que son personas muy vulnerables y que ni siquiera son conscientes o ni siquiera se atreven a denunciar.

Pero bueno, una vez vienen, sí que es muy importante la labor de las ONG que les acompañan. En muchos casos, si no hubiera ONG o entidades del tercer sector acompañándoles no denunciarían.

Para luchar contra la infradenuncia lo primero que tienes que dar es confianza a las víctimas

¿Qué papel juega la empatía?

Aquí hay que tener empatía. Aunque la víctima, si está afuera en el juicio y no he ido yo a ese juicio o ha venido por otra vía, yo siempre trato de hablar con ella y de establecer una relación personal y de darle una confianza. Porque en los delitos de odio, nuestro mayor escollo es la infradenuncia. Y para luchar contra esto lo primero que tienes que dar es confianza a las víctimas, que sepan los derechos que tienen y que tengan un referente. Por ejemplo, el colectivo LGTBI durante el franquismo, no es que no podían defender sus derechos, es que eran penados por ello.

Hay que cambiar esta concepción, que viene de mucho tiempo: de una desconfianza total al sistema a una confianza. Con las personas migrantes también pasa, muchas veces tienen más miedo de que emerja su situación de irregularidad que de defender sus derechos.

Poco a poco, se ha ido creando un cuerpo de doctrina que cada vez es más permeable a los delitos de odio

¿Cómo ha ido asentándose la jurisprudencia en materia de delitos de odio?

La verdad es que cada día, afortunadamente, se consolida más. Yo, al principio, decía muchas veces que esta Fiscalía parecía la Fiscalía de pegarse contra un muro. Era todo a base de recursos porque todo nos lo archivaban o todo lo declaraban delitos leves. Poco a poco, se ha ido creando un cuerpo de doctrina que cada vez es más permeable a los delitos de odio. Y ya no se queda en el simple insulto o en la amenaza. La sentencia de Magro es muy conocida, pero hay varias ya en este sentido de que los insultos son constitutivos, o pueden ser constitutivos si se dan determinadas circunstancias, de delitos de odio.

¿Qué se ha consolidado?

Se ha creado una importante doctrina con los delitos de odio en los que hay alguna parte de acción (un hecho concreto, unas lesiones o unas amenazas). En el discurso de odio aún nos queda camino. El choque con la libertad de expresión todavía tiene que recorrer mucha vía, porque todavía hay mucha absolución. El tipo está redactado de una manera que habla de incitar (si esto es incitación o no es, si la motivación no es y el límite con la libertad de expresión...). Todavía queda trabajo por hacer.

Además en un contexto de auge global de la extrema derecha.

Es evidente que se dan muchos factores. Por un lado, un auge de la extrema derecha en todo el mundo. Las personas que pensaban esto no es que hayan aparecido como un champiñón, había gente que no se sentía legitimada y, al ver que hay personas ejerciendo el poder que piensan estas cosas, se sienten legitimadas para determinados discursos. Y luego la herramienta de las redes sociales es un caldo de cultivo óptimo para que el que tenga estos pensamientos los vierta. Porque, además, aunque se manifiestan en redes sociales con su nombre —también es un problema el anonimato— pero incluso cuando lo hacen con su nombre (lo hacen políticos y demás), el hecho de enfrentarse a una pantalla y no a una persona, como que envalentona al autor y dice cosas que a lo mejor cara a cara no diría.

De hecho, ese límite con la libertad de expresión ha propiciado absoluciones como la del expolicía Ricardo Ferris, que expuso sus tesis racistas en un acto público de Vox.

Está pendiente del recurso de casación de la Fiscalía. El discurso de odio es más complicado. Sí que obtuvimos una sentencia favorable en el caso del encargado de redes de España 2000 (por relacionar la viruela del mono con la homosexualidad), que también está pendiente del recurso interpuesto por él.

¿Las tesis de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol podrían ser constitutivas de un delito de odio?

Vamos a ver, estas cosas hay que pensarlas mucho. Es lo que siempre decimos: ni todo el odio es delito de odio ni ni siquiera para cometer un delito de odio hay que odiar. Cuando dicen 'es que no es una persona racista', no, no se le juzga a nadie por ser racista, se le juzga por haber hecho una manifestación racista. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un discurso que no está esparciendo ninguna noticia ni ningún hecho que haga que la gente odie a la selección francesa o a los integrantes de la selección francesa. Creo que habría que pensarlo mucho, pero tiene un difícil encaje en el delito de odio; que no quiere decir que no sea un acto discriminatorio de racismo y reprochable, por lo menos a nivel moral desde luego, y tal vez a nivel político.

¿Cree que ha mejorado el panorama del racismo en los estadios de fútbol?

Igual es que soy muy optimista, pero a raíz de esa sentencia los clubes se han cuidado mucho más. Han visto que la Ley del Deporte es dura con ellos, con cosas que antes parece que se miraba hacia otro lado les cierran el estadio, aunque los hechos no sean constitutivos de delito de odio o no se encuentre a los autores. Y, por la cuenta que les trae, tanto los clubes, como las entidades deportivas, como por otro lado los propios aficionados yo creo que se cortan más. Y, por otro lado, creo que también se es mucho más colaborador con la justicia cuando ven que ocurre algo así. De hecho, hay una causa abierta que es por la actividad de un periodista que, como aficionado, fue el que interpuso la denuncia [contra los gritos racistas de un aficionado en el estadio de Mestalla].

La Ley del Deporte es dura con los clubs, con cosas que antes parece que se miraba hacia otro lado les cierran el estadio

¿Qué problemas plantean las redes sociales en relación con los delitos de odio?

Con las redes sociales los problemas que tenemos son varios. Primero, el anonimato. Porque hay gente que pone sus posts con su propio nombre, pero realmente ni X, ni ninguna red social, no te pide más que un correo electrónico (y el correo electrónico Gmail, por ejemplo, no te pide tampoco una identificación). Sobre todo tenemos un problema procesal, que es el de la competencia: quién es competente, cómo nos vamos a dirigir a Facebook o a X, cómo nos van a responder (que normalmente no responden o son muy remisos a responder). Es muy difícil obtener la información y claro, ahí tenemos unas dificultades tremendas, y además la justicia tiene sus tiempos, porque nuestra justicia es garantista —afortunadamente— pero la instantaneidad de las redes sociales es mucho más rápida que si obtenemos un mandamiento de entrada y registro o de cierre de una cuenta.

Muchas sentencias de delitos de odio incluyen un curso sobre igualdad. ¿Por qué se incluye este tipo de cursos?

Es muy importante y el problema que tenemos aquí en València es que encontramos muchos problemas para ver dónde y quién realiza este curso. En el caso de la violencia de género, que sería un caso parejo al ser obligatorio para dar la suspensión de la pena, ya hay unos lugares concretos a donde ir, pero en el caso de los delitos de odio (que está previsto, pero no es obligatorio) es una condición que se puede poner. Nosotros la ponemos, además por acuerdo de las jornadas de fiscales delegados en las que así se estableció. Lo pedimos, pero muchas veces nos encontramos con verdaderos problemas a la hora de ejecutarlo y esto tendría que implementarse, porque el único sitio donde hay uno que está claramente definido es en la prisión. Y si no entran en prisión, es difícil que hagan el curso. Y si hacen el curso para evitar la prisión, es difícil que vayan a la prisión

¿Cómo se ha resuelto en la práctica?

Aquí en Valencia no está acabando de funcionar, estamos encontrando problemas en cada caso y, a veces, hay que buscar o improvisar una solución de que vaya a tal sitio o de que vaya a tal otro. Pero habría que implementar un recurso concreto que fuera automático

¿De dónde nació la idea de publicar el ensayo Contra el odio?

Me lo propuso Manolo Gil, que es mi editor en muchos de los libros que he escrito desde hace tiempo. Además, para la editorial era un cambio por completo de registro. Primero por el idioma (Vincle siempre había publicado en valenciano) y luego por el tema del ensayo (no tenían una colección) y por el formato.

Esta realidad muchas veces si no la ves, no la crees

Se pensó en un formato que fuera asequible, que no fuera un ensayo para profesionales, sino que estuviera destinado a cualquier persona, que la pueden leer los juristas (y seguro que les viene bien), pero sobre todo está pensada para personas no juristas, para que cualquiera entienda estas ideas que parecen esenciales, pero no siempre se saben: que no cualquier persona que odie está cometiendo un delito de odio o que no se juzga el racismo, sino que se juzga el acto racista. Para que se conozcan también esta realidad, que muchas veces si no la ves, no la crees.

La portavoz de Aliança Catalana, Silvía Orriols, ha incurrido en un “acoso sistemático” contra la diputada de ERC Najat Driouech. Así lo ha considerado la comisión del Estatut del Diputat, el órgano del Parlament encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta y que este martes debía revisar cuatro episodios llevados por los partidos ante esta instancia, uno de Aliança y tres de Vox.

Finalmente, tres de los expedientes han sido considerados infracciones leves, mientras que un cuarto se ha considerado dentro del derecho a la libre expresión que asiste a los diputados. Será ahora la Mesa quien, en vista de los dictámenes aprobados por la comisión, acabe imponiendo la sanción correspondiente, que en este caso podría quedarse en una amonestación o en una suma económica simbólica.

En el caso de Orriols, el primer expediente se abrió tras la queja de ERC por las reiteradas alusiones a la diputada Najat Driouech, que ha sido durante toda la legislatura blanco de Aliança por el hecho de profesar la fe musulmana y vestir un pañuelo hiyab en la sede legislativa.

En total, la comisión ha llegado a contar hasta siete alusiones directas de Orriols contra la diputada, en una legislatura que aún no ha cumplido los dos años. Según recoge la denuncia formulada por su partido, la lider de Aliança manifestó, por ejemplo: “No pueden denunciar la discriminación de la mujer y a la vez permitir la entrada de una diputada que hace ostentación de la misoginia islámica”.

Otra de las alusiones habituales es que Driouech y su partido apoyarían el “integrismo islámico” o que blanquearían las ideologías más radicales de una religión que profesan casi 2.000 millones de personas en el mundo.

La Comissió de l'Estatut del Diputat califica el hecho como leve, dentro de la adecuación al código de conducta, aprobado en 2016 y por el que en el pasado ya ha habido más de una sanción económica a miembros de la Cámara. Sin embargo, el Parlament recuerda a los partidos que pueden llevar estos casos a la justicia ordinaria si consideran que hay, además, vulneración legal, algo que se escapa de las atribuciones parlamentarias.

Junto a esto, la comisión del Estatut del Diputat reclama una reforma del reglamento de la Cámara, que es una ley, para que dé una mayor base jurídica al código de conducta, de forma que los dictámenes relacionados con este tipo de comportamientos puedan ser más contundentes.

Los otros casos expedientados

Los casos evaluados han sido en total cuatro, correspondientes a actuaciones de tres diputados: Silvia Orriols (Aliança), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox).

Los otros dos expedientes se dirigen contra Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament y autor de otras dos de las actuaciones examinadas. La primera, relativa a la acusación del diputado contra los socialistas, de quienes dijo que se gastaban el dinero público en “drogas y putas”, coincidiendo con los casos de corrupción que afectaban al exministro José Luís Ábalos. Aquellas palabras obtuvieron una amonestación por parte del presidente del Parlament, Josep Rull, pero el PSC optó por llevarlo tabién ante la Comisió de l'Estatut del Diputat, al entender que había vulnerado el código de conducta.

El otro expediente abierto contra Garriga tuvo origen en que el diputado colgó carteles en los que podía leerse “Companys asesino” durante el homenaje floral del Parlament al expresident de la Generalitat fusilado por el Franquismo en 1940. Posteriormente, el diputado ha reiterado en diversas ocasiones esas mismas palabras, tanto en la junta de portavoces como en el pleno.

Finalmente, la diputada de Vox Júlia Calvet, mantenía abierto otro de los litigios sobre el código de conducta, después de haber hecho directamente responsable a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament”, en relación a las irregularidades ocurridas en la DGAIA. Sin embargo, la comisión ha considerado que estas palabras están dentro de la expresión posible en un debate parlamentario y no vulneran el código de conducta.

Cuando Ismail salió de su casa la tarde del 11 de julio de 2025 no imaginaba que acabaría convirtiéndose en una de las víctimas más visibles de la violencia que sacudió durante casi una semana las calles de Torre Pacheco. A sus 15 años acudió a la concentración convocada por el Ayuntamiento del PP para condenar la agresión sufrida días antes por un vecino del municipio, Domingo, de 69 años. Quería solidarizarse con su pueblo. Pero al terminar la protesta el ambiente cambió.

Un año después, su madre, Kesia, reconstruye la historia con una mezcla de rabia e impotencia. Es sábado. Justo antes de la entrevista, Kesia se pega un chapuzón rápido en la piscina: “Perdona, pero llevo toda la semana trabajando sin parar y mañana me toca otra vez”, se excusa. Son las 11.30 de la mañana y el termómetro marca ya más de 30 grados. La sensación es agridulce. Por una parte, se cumple un año de uno de los momentos “más oscuros” para la familia. Por otro, celebran el cumpleaños de la hermana pequeña de Ismail. “El año pasado se quedó sin fiesta porque estuvimos denunciando en la comisaría”.

“Fue todo muy difícil; lo recuerdo como si fuera hoy”. Ese día habían montando el campamento familiar en la piscina para aplacar los calores del verano. “Sobre las 19:30 Ismail me dijo: ‘Mamá, me voy a la manifestación del pueblo contra la violencia por lo que le han hecho a Domingo’; se duchó, le di un beso y se fue”.

Veinte minutos después empezaron las llamadas. “Me llamó su amigo Moha y me dijo: ‘Lo han matado, lo han matado’. Yo no entendía nada. El único que faltaba en casa era Ismail y se me sobrecogió el corazón; poco después otra amiga me llamó para avisarme de que se lo habían llevado a comisaría”.

Cuando llegó a la comandancia encontró a su hijo en una habitación, sin su teléfono móvil, “como si fuera un delincuente”. Ismail le contó entonces lo ocurrido: “Mamá, me han pegado al grito de ‘moro de mierda”.

Tras la agresión sufrida por Domingo, grupos ultras convocados a través de redes sociales llegaron al municipio alentados por bulos y mensajes de odio, y la tensión se trasladó a las calles con persecuciones contra los vecinos de origen magrebí. “En un momento dado, algunas personas empezaron a increpar a Ismail, a insultarle e ir a por él; la policía le redujo para protegerle, supuestamente, y en ese instante se le echó encima 'la tribu' y empezaron a pegarle patadas, fue un milagro que saliera ileso”, cuenta dolida Kesia.

“Me lo traje a casa y cuando iba a hablar con él empezó a venir mucha gente con palos y machetes; venían detrás de los marroquíes por mi calle, que está muy lejos de donde fue la manifestación. Los habían estado persiguiendo por el pueblo al grito de ‘moros de mierda, os vamos a matar’”.

Kesia recuerda también el ambiente de violencia que se respiraba en esos momentos: “Se escuchaban cosas como ‘Viva Franco’ o ‘moro muerto, abono 'pa' mi huerto’. Tú escuchabas eso y pensabas: ¿qué está pasando aquí?”. Muchos de los jóvenes que buscaron refugio eran menores: “Me gritaban ‘halti, halti’ —tía, en árabe— y empecé a meter gente en mi casa. Llegué a tener a unas 30 o 35 personas, chicos de 14 y 15 años, todos acurrucados en el salón. Eran niños del pueblo, niños de toda la vida, nacidos en España”.

La madre de Ismail rechaza que lo ocurrido pueda explicarse únicamente por la llegada de grupos ultras de fuera del municipio. “Sí, vino gente de fuera, pero también había gente de dentro. El pueblo se sintió apoyado por los forasteros y también influyó que hubiera un partido político, Vox, que avalara ese discurso”.

La madre de Ismail considera que ese respaldo político contribuyó a que algunos vecinos se sintieran legitimados. “La gente se envalentonó porque sentía que tenía un respaldo detrás”.

“Si lo llegan a pillar en otra calle, habría sido un drama”

Su abogado, Sergio Ramos Ruiz, también pone sobre la mesa que los hechos se produjeron dentro de un contexto de tensión social y política. “Hubo elementos relacionados con el odio que acabaron propagándose y desembocaron en agresiones. En el caso de Ismail, afortunadamente no fue a más; si lo llegan a encontrar en otra calle podría haber sido un drama”. Y señala que algunos de los agresores de Ismail “incluso conocían de vista al chico y todos eran mayores de edad”.

El atestado de la Guardia Civil recoge que el menor sufrió contusiones y hematomas. Su madre añade daños en el tímpano. Dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito leve de lesiones con agravante de discriminación y de un delito de desorden público, aunque quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial. Actualmente la causa se dirige contra ocho personas pero Kesia pide que se amplíe a una novena: “Es un hombre del pueblo que se ensañó mucho con él y me lo cruzo en el colegio todos los días porque tiene un hijo menor de edad, no está en la investigación y no sé si es por cuestión de poder o dinero, pero me da qué pensar”.

Ramos Ruiz sostiene que los hechos deben investigarse también como un posible delito de odio. “Esa es la parte más complicada del caso”, reconoce, aunque considera que existen indicios suficientes. “El contexto en el que ocurre, las convocatorias públicas que se hicieron aquellos días y la cantidad de vídeos grabados son elementos que apuntan a esa motivación”.

Aunque asegura confiar en la Justicia, Kesia denuncia que la historia de su hijo quedó eclipsada por la agresión a Domingo y por los disturbios posteriores. “El proceso judicial está bastante paralizado y mientras los agresores de Domingo pasaron por el calabozo y tuvieron medidas cautelares, no fue así en el caso de mi hijo”, se queja.

Memes, insultos y persecución en redes

La agresión del 11 de julio tampoco fue el final de la historia. Días después, Ismail sufrió una segunda victimización cuando su imagen comenzó a circular por redes sociales y se le señaló erróneamente como uno de los presuntos autores de la agresión a Domingo: “Se hicieron memes, se rieron de él, le acusaron de ser el agresor y le llamaron moro de mierda, escoria, lacra de la sociedad o infraser”.

Kesia recuerda que lo que más daño hizo a su hijo fue sentir que la gente lo estaba tratando como si hubiera cometido una atrocidad. “En los vídeos se escuchaba a personas diciendo ‘pégale, pégale, hijo de puta, maricón, moro de mierda’, pero él no había hecho absolutamente nada”.

Según su madre, Ismail llegó a explicarle que se sentía como “la gente que sale en la tele porque ha cometido un crimen y los demás quieren vengarse de él, como si hubiera hecho algo horrible”.

De madre española y padre marroquí, hasta entonces Ismail nunca había tenido problemas por su origen. “Era un crío que se sentía español y también marroquí. Había compartido las dos culturas. Celebraba la Navidad y hacía el Ramadán. Estaba integrado en su colegio, tenía sus amigos y era un chico muy sociable”.

Muy emocionada, Kesia recuerda que “le decía que era el gallito del corral porque en las tardes de verano se nos juntaban en la puerta 20 o 25 personas todos los días: españoles, colombianos, marroquíes, personas de etnia gitana, de todo, que venían a casa porque allí estaban a gusto”.

Ismail era un adolescente con una vida normal. “Era un apasionado del fútbol. Desde pequeño había estado en la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco: pasó por infantil, cadete, todas las etapas, y cuando sucedió todo se dejó el equipo”. También le encantaban las motos. “Se cogía el tren y se iba solo a Cartagena a comprar piezas, pero también dejó de hacerlo”.

El impacto psicológico fue profundo. “Este tema es tabú en casa. No se habla. Es como si esto no hubiera pasado; se ha quedado con esa sensación de que no está seguro; por eso al terminar el curso ha decidido irse fuera del pueblo”.

Prejuicios y estigmas: “El problema es la 'morofobia'”

Pese a todo, Kesia intenta transformar la experiencia en una oportunidad para trabajar con otros jóvenes. En sus ratos libres colabora como voluntaria con la comunidad magrebí de Torre Pacheco. “Me gusta trabajar con los jóvenes, guiarlos y ayudarles, sobre todo dentro de la comunidad magrebí por todos los estereotipos, prejuicios y estigmas que existen”. En su opinión, en España “el problema no es el racismo, es la morofobia”.

Por eso insiste a los jóvenes en que continúen estudiando. “Les digo que las cosas imposibles son solo un poco más difíciles, y que tienen que seguir estudiando y convertirse en fiscales, médicos, abogados, jueces o profesionales con peso en la sociedad, para que así cambie la mirada hacia ellos”.

También cree que queda pendiente una cuestión de pertenencia. “Muchos chicos han nacido aquí, tienen DNI español y pasaporte español, pero cuando les preguntas te dicen que se sienten marroquíes. Eso debería hacernos reflexionar como sociedad. Quizá no es que ellos no quieran integrarse, sino que nosotros no les dejamos integrarse”.

Kesia lamenta también la falta de apoyo que sintió por parte de algunos vecinos: “Si se hubieran unido, esto no habría pasado. O quizá habría pasado, pero habría sido menos grave. Yo no me he sentido apoyada por mucha gente del pueblo”. Y considera que “en Torre Pacheco no hay convivencia, sino coexistencia, que es diferente; no hay una verdadera integración, somos un municipio multicultural pero no intercultural”.

Pese al golpe que ha supuesto lo ocurrido, Ismail intenta mirar hacia delante. “Quiere formarse como profesional del deporte y su idea es después opositar para policía, piensa que así puede arreglar un poco las cosas, que puede ayudar a cambiar la sociedad”, sonríe su madre.

La Guardia Civil de la localidad de Almansa, en la provincia de Albacete, está investigando a tres hombres por la presunta agresión a un joven de 25 años, después de haberse burlado de él y de otro joven que le acompañaba. Los hechos se produjeron durante la celebración del Orgullo LGTBI de la localidad y el colectivo Almansa Entiende lo considera un nuevo episodio homófobo.

Este colectivo relata que el pasado sábado, día 4 de julio, tras estas celebraciones, tres hombres mayores de edad se acercaron a dos jóvenes, también mayores de edad, y comenzaron a lanzarles burlas “homófobas”. Posteriormente, agredieron presuntamente a uno de ellos, lo que le provocó lesiones de gravedad por las que tuvo que ser hospitalizado.

Este último ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de Almansa, lo que han confirmado a este medio fuentes municipales, que además han informado de que los tres presuntos agresores ya han sido identificados, aunque no detallan si han sido detenidos.

Desde el colectivo Almansa Entiende confían en que la investigación esclarezca plenamente lo sucedido y pruebe la motivación de “odio LGTBfóbico”, como, según apuntan, denuncian varios testigos.

Piden que se aplique el agravante de odio

En caso de que así fuera, pide que se aplique el agravante de odio previsto en la legislación vigente. “No podemos permitir que el odio, la intolerancia y la violencia encuentren espacio en nuestras calles. Es especialmente doloroso que una agresión de estas características se produjera precisamente después de una jornada que reivindica la libertad, la diversidad y el derecho de todas las personas a vivir y amar sin miedo. Ninguna persona debe sentirse insegura por ser quien es”.

Destaca que la LGTBIfobia no es un problema exclusivo de este colectivo. Es “un ataque a la convivencia, a la igualdad y a los valores democráticos que compartimos como sociedad”.

Frente al odio, más comunidad. Frente a la violencia, más derechos. Y frente al miedo, más orgullo

“Cuando se agrede a una persona por su orientación sexual o identidad de género, se intenta intimidar a todo un colectivo”, remarcan. Y frente a ese “mensaje de odio”, hace un llamamiento a toda la ciudadanía, a las asociaciones, entidades, partidos políticos e instituciones para tomar parte en la concentración de repulsa que tendrá lugar el próximo lunes 13 de julio a las 20.00 horas en el Ayuntamiento Viejo (Edificio de La Lonja).

El colectivo quiere que esta movilización sea una “una muestra clara” de que Almansa es un pueblo “que no mira hacia otro lado, que rechaza la violencia y que defiende la diversidad como un valor que nos enriquece”.

“Frente al odio, más comunidad. Frente a la violencia, más derechos; y frente al miedo, más orgullo”. Asimismo, anima a cualquier persona que sea víctima o testigo de este tipo de conductas a denunciarlas a través de los canales oficiales. “Denunciar es fundamental para combatir los delitos de odio y garantizar que ninguna agresión quede impune”. Por último, Almansa Entiende recuerda que Castilla-La Mancha dispone del Servicio de Atención Integral (SAI) a personas LGTBI que puede acompañar en estos procesos ofreciendo atención psicológica y jurídica a las víctimas.

“Esperamos la pronta recuperación de la persona agredida y reiteramos nuestra disposición para acompañar y apoyar a las víctimas durante todo el proceso. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con una Almansa libre de LGTBIfobia, donde todas las personas puedan vivir con dignidad y libertad, sin miedo”.

La madrugada del 9 de julio de 2025 un hombre salió muy temprano a andar por su pueblo, Torre Pacheco, en Murcia, cuando tres hombres se le acercaron y uno de ellos le agredió y dejó tirado en el suelo. Al día siguiente, la ultraderecha de toda España pondría el foco en aquel pueblo, y durante las tres noches siguientes, se vivieron escenas de altercados, violencia, hostigamiento, y asaltos a viviendas y comercios por parte de grupos de ultraderecha que, desde varios puntos de España, acudieron a la llamada para “cazar inmigrantes”. Era el brote racista más grave que había vivido España en 25 años, y nunca estuvimos tan cerca del precipicio.

Con Elisa Almagro, periodista de elDiario.es en la Región de Murcia, que ha vuelto a Torre Pacheco un año después de estos hechos, hacemos un balance de la situación social y de las consecuencias judiciales para algunos de los protagonistas de este grave estallido de violencia xenófoba. Con Oriol Solè, periodista de elDiario.es en Catalunya, actualizamos el estado en el que se encuentra la situación judicial de uno de los principales instigadores de estas campañas de linchamiento.

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Cuando las cámaras se marcharon y los últimos ultras abandonaron Torre Pacheco, no llegó la calma. Llegó el silencio. Un silencio que no tenía que ver solo con el verano, sino con el miedo. Durante meses, en las calles donde se había señalado, perseguido e insultado a vecinos por su origen, casi nadie quiso volver a hablar de aquellos días. “En octubre, cuando empezó otra vez la campaña y regresó la gente, algunos vecinos reconocían que lo habían pasado muy mal. Pero no muchos”, recuerda Nabil Moreno, presidente de la Comunidad Islámica Al Manar de Torre Pacheco, un municipio de 40.000 habitantes y 99 nacionalidades diferentes.

Hace un año, la agresión a Domingo, un anciano de 69 años, fue utilizada como detonante de una ola de violencia racista. Centenares de ultras llegaron al municipio, espoleados por mensajes de odio difundidos desde canales y perfiles de extrema derecha que llamaban abiertamente a la “cacería” de migrantes. Durante varios días, Torre Pacheco dejó de ser un pueblo agrícola para convertirse en el escenario de una persecución xenófoba.

Nabil lo recuerda en una cafetería a las afueras de Torre Pacheco. Desde la mesa se puede observar una panorámica del establecimiento. Una docena de parroquianos, de todas las edades, se refugian dentro del calor. En la barra se sirve té con menta y dulces típicos de Marruecos, expuestos en una enorme vitrina. Al fondo, pósteres madridistas adornan la pared, recuerdos de la Champions de 2016. “Distribuyen el pan marroquí, hacen dulces, cordero asado por encargo.También se celebran bodas. Antes esta era la única sala en todo el Campo de Cartagena, ahora hay muchas más”, explica Nabil.

“Ante todo somos de este pueblo, somos vecinos. Somos ciudadanos de aquí, tenemos hijos nacidos aquí y ahora vamos con la segunda generación”, explica Nabil. Al presidente de la comunidad islámica le cuesta recordar los disturbios del pasado año, no quiere volver a esos días que define como de inseguridad e incertidumbre: “Todo el mundo tenía miedo por la noche, a las siete la gente ya estaba entrando en su casa”.

“Vino mucha gente de fuera, ultras y algunos marroquíes a buscar líos, pero esto es un pueblo tranquilo, no somos gente violenta”, abunda. “Los niños estuvieron una semana sin salir en pleno verano, sin disfrutar de sus vacaciones. Yo tuve que irme a la baja una semana, explicarle a mi jefe que no podía trabajar teniendo al lado de mi casa a gente armada”.

Ahora, el hombre confiesa que llegó a temer la vuelta de los ultras. La semana pasada, Vox volvió a explotar un altercado en Torre Pacheco, en el que el presunto agresor atacó en repetidas ocasiones a otro hombre con un martillo en la cabeza y después agredió con una botella rota en el cuello a un tercer hombre: “No es exclusivo de Torre Pacheco que haya heridos graves en una pelea”, apuntó el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), a este diario. “No hay que meter a todo el mundo en el mismo saco”, añade Nabil.

“Torre Pacheco es un municipio con un alto porcentaje de trabajadores migrantes, fundamentalmente vinculado al campo. Estas son las condiciones que en su día alentaron a algunos colectivos de ultraderecha”, expone el profesor de Sociología en la Universidad de Murcia (UMU) Andrés Pedreño

Convivencia sin integración

138.204 comentarios de discurso de odio racista y xenófobo corrieron como la pólvora en redes sociales en apenas dos semanas tras la agresión el 9 de julio de 2025 a Domingo, según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De todo ese contenido, las plataformas solo retiraron el 22%. El informe analizó el periodo entre el 6 y el 22 de julio y concluyó que el 91% de los mensajes de odio detectados tuvieron como objetivo a personas del norte de África.

Los disturbios en Torre Pacheco fueron un problema importado, los ultras podrían haber invadido cualquier otro municipio para sus llamadas “cacerías” al migrante, pero lo ocurrido expuso la fragilidad de la integración en la localidad: “Cada uno va haciendo su vida, te ven como extranjero. Y lo peor de todo, te meten en el mismo saco que una persona que hace las cosas mal. La mayoría piensa que estamos invadiendo su país o quitándoles el trabajo”, observa Nabil.

Durante los peores momentos del conflicto, Nabil echó en falta el respaldo del resto de vecinos de Torre Pacheco: “Si hubieran salido más españoles aquí con nosotros, no hubiera pasado nada”. “Hay que ayudar al pueblo, seas de donde seas. Si pasa algo en España y necesitan sangre, soy el primero en donarla. No hay que distinguir entre españoles y no españoles. Somos de aquí y hay que ayudar en lo que haga falta”.

Entre el ajetreo de la cafetería, Moustafa saluda a algunos de los parroquianos. Ha llegado a recoger el pan, que repartirá en el resto de establecimientos de la localidad. La Glorieta de la Tinaja, señala, es una frontera invisible que divide al municipio: “Ellos [la población blanca] viven ahora en una urbanización. Antes, en el barrio de San Antonio estaban las casas de los locales, que acabaron comprando los migrantes”, explica. “La convivencia no ha cambiado desde el año pasado”, añade Moustafa.

El Miloud llegó a España en 1974 para trabajar en las minas del Llano del Beal. Con una experiencia migratoria y de integración muy distinta a la que suelen experimentar sus compatriotas en la actualidad, es optimista respecto a la convivencia. “Yo llegué de forma legal, tenía 20 años”, cuenta mientras muestra orgulloso una copia de su primer contrato y de su visado, que atesora en su teléfono. En la mina conducía los vagones del tren, recuerda, y ganaba “un buen sueldo”.

La experiencia de El Miloud con sus vecinos es positiva: “Entran en mi casa, toman té con nosotros y nos tratamos con respeto; aquí hay de todo como en todos sitios, gente buena y gente mala y yo tengo muchas amistades tanto con españoles como con africanos”.

En el caso de sus compatriotas, apunta, “es importante tener un buen comportamiento cuando tienes la oportunidad de estar aquí en Europa. Llegar hasta aquí no es fácil, muchas familias tienen que vender en Marruecos todo lo que tienen”. En su opinión, los inmigrantes vienen para trabajar y no “para crear problemas”. En el caso de los jóvenes -dice- hay algunos que “salen de fiesta, se meten con todo el mundo o roban”, pero considera que es un fenómeno que alcanza a todas las nacionalidades. “En Pozo Estrecho, por ejemplo, había una banda robando y todo el mundo decía que eran moros, pero mira, eran españoles”.

Recuerda El Miloud que terminó de instalarse en Torre Pachecho en el año 1989, “cuando empezó a cultivarse aquí a gran escala y necesitaban mano de obra, pero entonces el trato era mucho mejor, ahora hay que pagar hasta por trabajar”.

En España, reflexiona, “tienen que aprender un poco de los países que atesoran más experiencia migratoria como Inglaterra, Alemania o Francia, donde se trata al extranjero como un ciudadano, con todo tipo de oficios y se les considera ingleses, franceses o alemanes”.

La regularización “mejorará la vida de miles de familias”

Las calles de este barrio están, como suele ocurrir en estas fechas, desoladas y desprovistas de gente, con la salvedad de la eventual terraza de bar. En su cafetería, Allal Abbou, presidente de la Asociación Marroquí de Consulta y Participación, intenta construir puentes entre los vecinos: “Hay que activar el barrio, no hay muchos sitios de ocio”, explica. “Jugamos al ajedrez, o fuera a la petanca. Aquí no solo vienen los jóvenes marroquíes del pueblo. Viene mi hijo, mi hija, sus compañeros del colegio. Los vecinos son como mi familia”, abunda.

Una de las paredes de la cafetería está presidida por un televisor, que retransmite una tertulia del Mundial de fútbol en árabe: “Está siendo un Mundial cargado de sorpresas”, señala Allal. Una de las mesas junto al televisor está coronada por un jarrón con las banderas de España y Marruecos: “Ahora hay una nueva generación de diferentes nacionalidades, colores y religiones. Echamos en falta una colaboración entre el Ayuntamiento, Servicios sociales y los vecinos para mejorar la convivencia”, explica.

En Torre Pacheco hay censadas 99 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas. La llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura en 1979 vino acompañada de una enorme oferta de trabajo agrícola, que se suplió con población migrante. Nabil llegó en el 2001, cuando las multinacionales ya habían sustituido a las explotaciones de pequeño tamaño, y trabajó en el campo cuatro años: “Si no hubiera migración, este pueblo estaría en la lista de la España vaciada. Los inmigrantes lo han levantado muchísimo. Yo estuve trabajando 14 horas al día, cargando camiones para exportar a Europa los productos de la huerta murciana”, recuerda Nabil.

“Ahora gracias a Dios tengo un trabajo, tengo a mi familia, mi casa. Soy de Tetuán, cerca de España, me fui porque no veía un futuro allí. Nadie deja su país para buscar conflictos”, subraya.

“Algunos vecinos lo pasan mal, no tienen documentación, no tienen nada. No son el problema, pero su situación es parte del problema”, explica Nabil, que celebra la regularización extraordinaria: “Va a mejorar la vida de miles de familias”. Pedreño, por su parte, espera que mejore a la integración de la población local: “Esperemos que contribuya a la normalización e integración que todo proceso de regularización conlleva”.

Como presidente de una comunidad religiosa, Nabil ha sido testigo de los estragos que la falta de papeles puede causar entre sus vecinos: “Me marcó la situación de una mujer que llegó aquí hace tres años. Su hijo murió el año pasado y no tiene dinero para volver a Marruecos y despedirse. Lo está pasando muy mal en el campo, tiene que comprar contratos y se aprovechan de ella”, explica.

“Tener a personas sin papeles y sin estatutos de la ciudadanía condena a la población a situaciones de marginalidad y de sobreexplotación. En definitiva, sin derechos”, detalla Pedreño.

“[La regularización] va a ser buena para la seguridad del pueblo. Una persona que no tiene casa, ni trabajo, que no puede formarse, al final está abocada a la violencia”, añade Nabil.

“En el barrio de San Antonio se está desarrollando un proyecto de dinamización comunitaria que está desarrollando el Ayuntamiento del municipio con financiación de la Comunidad Autónoma. La gente migrante debe sentirse integrada, con derechos, con un reconocimiento de su ciudadanía. Creo que la regularización y el plan de dinamización son pasos en el buen camino”, apunta Pedreño.

La curva del odio

El estallido de julio no fue un hecho aislado. El observatorio traza una cronología de antecedentes que, sostiene el informe, contribuyeron a preparar el terreno: un intento de robo el 2 de mayo protagonizado por un presunto agresor norteafricano, viralizado como ejemplo de “defensa legítima”; la muerte a tiros de un hombre armado con un cuchillo en el aeropuerto de Gran Canaria, el 17 de mayo; la detención de un policía en Torrejón de Ardoz el 18 de junio, tras la muerte de un ciudadano norteafricano; y, sobre todo, la investigación abierta el 30 de junio por una presunta agresión sexual cerca de un centro de menores en Alcalá de Henares, que el propio documento identifica como detonante de manifestaciones con fuerte carga xenófoba, incluida la exhibición de simbología nazi.

Menos de 24 horas después de la agresión a Domingo, recoge el informe, ya circulaban vídeos manipulados y fotografías erróneas de los supuestos implicados; el 11 de julio grupos de Telegram lanzaron llamamientos a atacar a personas extranjeras y el Ayuntamiento (PP) convocó una manifestación bajo el lema 'Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia'.

Para el 12 y el 13 de julio la violencia dio el salto a las calles de Torre Pacheco, que registró los primeros episodios de violencia en el barrio de San Antonio, con al menos cinco detenciones y el ataque a un establecimiento regentado por una persona musulmana, pese al despliegue de más de 75 agentes. El informe documenta la participación del presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, en una manifestación paralela bajo el lema 'Defiéndete de la inseguridad', donde llegó a afirmar sobre la expulsión de inmigrantes que no iba a quedar “ni uno”. El 14 de julio se anunció la detención del líder del grupo ultra de Telegram 'Deport Them Now', donde germinó la “cacería” al migrante.

El 11 de julio ya se registraban, según OBERAXE, del orden de 6.824 mensajes de odio diario, pero el pico máximo llegó el 12 de julio, con 33.046, coincidiendo con la manifestación convocada en la localidad. Después, fue descendiendo poco a poco aunque se mantuvo elevado hasta el 17 de julio (con 8.247 mensajes).

El Observatorio incide en su informe en que el 33% de los mensajes eran deshumanizantes, un 27% presentó al colectivo como una amenaza, un 23% incitó directamente a la expulsión, un 13% incitó a la violencia y un 4% llegó a alabar a los agresores. El informe subraya además que el 78% de los contenidos de odio se articuló en torno al argumento de la inseguridad ciudadana, y que el lenguaje empleado fue explícitamente agresivo en el 88% de los casos, con un uso reiterado y peyorativo del término “moro”.

El vídeo que no era de Torre Pacheco

OBERAXE dedica un apartado específico a uno de los bulos centrales del caso: un vídeo de 25 segundos que circuló como supuesta prueba de la agresión original. Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil confirmaron que las imágenes correspondían en realidad a una agresión ocurrida en Almería a finales de mayo, sin relación alguna con los hechos de Torre Pacheco. En paralelo, circularon fotografías con identidades falsas de cinco supuestos agresores, que ni siquiera la víctima llegó a reconocer.

Coincide en este punto Alba Solla, redactora en Maldita.es. La fundación analizó durante esos días 50 publicaciones en X con desinformaciones sobre Torre Pacheco que sumaron más de 1,6 millones de visualizaciones. “A 18 de julio de 2025, ninguna tenía Notas de la Comunidad visibles; pero el bulo del vídeo de la agresión fue el detonante más viral y el primero en circular”.

“Este tipo de prácticas en situaciones impactantes y emergencias es una estrategia muy usual”, explica Solla, al tiempo que añade que desde Maldita.es documentaron también la participación de la red rusa Pravda, “una red de propaganda y desinformación que actúa como amplificadora”, que publicó casi 300 contenidos en cinco días, en varios idiomas.

Según la redactora de Maldita.es, “identificamos el primer bulo de Torre Pacheco en Telegram a las 10.00 horas del 10 de julio, y solo 13 minutos más tarde News Pravda ya lo estaba republicando, es algo muy rápido”.

“Identificamos contenidos de desinformación en Twitter o Telegram que seguían circulando días después y no tenían notas de la comunidad; ocurrió también con la dana en 2024, entonces también vimos que el sistema de notas no era suficientemente efectivo”.

“La desinformación se difunde muy rápido, no se contrasta, y en temas tan delicados y en los que hay un vacío informativo en los primeros momentos, es muy fácil que en ese hueco se cuelen los bulos”, explica Solla. Apelando a las emociones el medio o de la ira, el cóctel está servido. “Es muy rentable porque el pánico llama la atención del receptor y dificulta el razonamiento crítico, simplificando los procesos mentales”.

Miedo, frustración, cansancio, enfado, agotamiento… son algunas de las sensaciones que aparecen cuando se le pregunta a personas del colectivo LGTBIQ+ cómo perciben y cómo viven estos tiempos en los que, pese a los avances en derechos conseguidos en los últimos años, la ultraderecha crece e instala sus discursos de odio en parlamentos, en medios de comunicación y en la calle.

Este episodio está hecho de los testimonios, las experiencias cotidianas y las percepciones que nos han enviado oyentes como Miguel, Marta, Eva, Carlos, Cristian, Sabrina, Rafael, Alex, Leo, Adriana, Andrés, Claudia, Harold o David, entre otros.

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Como cada año, el 28 de junio celebramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Una efeméride que no nace de una fiesta, sino de una revuelta, de personas que no aguantaron una opresión injusta continuada. El Orgullo LGTBI nació de personas que un día decidieron que ya no aceptarían vivir escondidas, avergonzadas o perseguidas por el simple hecho de existir y no ocultarse.

Casi seis décadas después, el Orgullo continúa como una celebración, sí, pero también sigue siendo una reivindicación. Porque los derechos nunca son definitivos, una vez que se conquistan se deben de consolidar, porque también pueden perderse y hoy en día vuelve la intolerancia con más fuerza desde algunos sectores de influencia y poder.

España ha recorrido un camino extraordinario. Fuimos uno de los primeros países del mundo en reconocer el matrimonio igualitario y hoy seguimos siendo un referente internacional en igualdad y derechos LGTBI. Y Castilla-La Mancha forma parte de ese éxito, ya que estamos avanzando con la implantación de políticas reales, frente a quienes solo cercenan derechos y derogan leyes. Precisamente porque conocemos nuestra historia y lo que pasa en otros territorios, sabemos que ningún avance está garantizado para siempre.

Vivimos un momento en el que los discursos de odio vuelven a ocupar espacios públicos e institucionales, sin ningún tipo de filtro. Se cuestionan derechos que parecían consolidados, se intenta presentar la igualdad como un privilegio y se banaliza la discriminación que todavía sufren miles de personas.

La realidad, sin embargo, es otra. Hay jóvenes que siguen teniendo miedo de decir quiénes son en su instituto; personas que abandonan sus pueblos porque sienten que allí nunca podrán vivir libremente; familias que continúan enfrentándose a prejuicios; personas mayores LGTBI que conviven con el peso de toda una vida de discriminación, que condiciona su bienestar y su salud mental; personas trans que siguen encontrando más obstáculos para acceder al empleo; y demasiadas personas que siguen sufriendo insultos, agresiones o discriminación simplemente por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

Por eso el Orgullo sigue siendo necesario en las grandes ciudades, pero también en nuestros pueblos. Quizá especialmente en ellos. Porque la igualdad no puede depender del código postal. Defender los derechos LGTBI también significa garantizar que cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida en Castilla-La Mancha sin tener que marcharse para sentirse libre.

Nuestra tierra ha demostrado que es posible avanzar desde las políticas públicas. La aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha supuso un paso histórico, pero las leyes solo transforman la realidad cuando se convierten en servicios, recursos, educación, prevención y acompañamiento.

Por eso, desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha reivindicamos el compromiso político de Emiliano García-Page con una región que avanza en derechos, también en materia de diversidad LGTBI. Bajo su liderazgo, Castilla-La Mancha cada día es una tierra más orgullosa: orgullosa de su diversidad, de sus gentes, de sus avances y de no dejar a nadie atrás.

La igualdad no es únicamente responsabilidad de las instituciones sino a las familias que educan en el respeto; al profesorado que convierte las aulas en espacios seguros; a las empresas que entienden que la diversidad mejora las organizaciones; a los medios de comunicación que informan con responsabilidad; a las asociaciones que llevan décadas sosteniendo esta lucha y a cada persona

Una Castilla-La Mancha Orgullosa que consolida servicios especializados LGTBI de atención psicológica, jurídica y social, impulsa espacios institucionales de participación y trabaja para garantizar entornos seguros, tanto en las instituciones como en el ámbito empresarial. Porque cuando la igualdad en la diversidad forma parte de la agenda política, los derechos dejan de ser una declaración de intenciones y se convierten en recursos, acompañamiento y protección real.

Pero la igualdad no es únicamente responsabilidad de las instituciones. También pertenece a las familias que educan en el respeto; al profesorado que convierte las aulas en espacios seguros; a las empresas que entienden que la diversidad mejora las organizaciones; a los medios de comunicación que informan con responsabilidad; a las asociaciones que llevan décadas sosteniendo esta lucha y a cada persona que decide no guardar silencio cuando presencia una discriminación.

Porque el odio no desaparece solo, se combate. Y la mejor herramienta para hacerlo sigue siendo la democracia, que no consiste únicamente en votar, sino en garantizar que todas las personas puedan vivir con la misma libertad, la misma dignidad y las mismas oportunidades.

Desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha seguiremos defendiendo que la igualdad nunca puede entenderse como una concesión ideológica, sino como un principio democrático. Los derechos humanos no pertenecen a una parte de la sociedad. Nos pertenecen a todas y a todos.

Este 28 de junio celebramos lo conseguido y lo que vamos a alcanzar. Recordando a quienes abrieron camino cuando hacerlo significaba jugarse la libertad, el empleo o incluso la vida. Y renovamos un compromiso: seguir avanzando.l verdadero Orgullo llegará el día en que nadie tenga que explicar quién es para ser tratado con el mismo respeto que cualquier otra persona.Hasta entonces, seguiremos caminando con Orgullo. Con igualdad. Y sin dar ni un solo paso atrás.

La Policía Nacional ha detenido a doce personas, siete de ellas menores de edad en el momento de los hechos, e investiga a una decimotercera por su presunta implicación en dos agresiones homófobas ocurridas en Palencia en septiembre de 2025. Los investigadores ha explicado que las víctimas fueron captadas a través de una aplicación de contactos y citadas en las inmediaciones del parque Ribera Sur, donde fueron golpeadas, humilladas y vejadas por un grupo que actuó con el mismo patrón en ambos casos.

Los arrestados están acusados de presuntos delitos de lesiones graves y trato degradante por motivación de odio, robo con violencia, daños, daños en vehículo y pertenencia a grupo criminal. Todos ellos son de nacionalidad española, residen en Palencia y carecían de antecedentes policiales y penales.

La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Palencia con el apoyo de la Comisaría General de Información y de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, ha concluido con la puesta de los detenidos a disposición judicial, aunque el procedimiento sigue abierto y no se descartan nuevas actuaciones.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha explicado que se trata de “dos casos distintos, pero con el mismo patrón y la participación de las mismas personas”. Según ha detallado, en la primera agresión participaron doce personas, siete de ellas menores de edad en aquel momento y que actualmente ya son mayores, mientras que en la segunda intervino ese mismo grupo junto a un adulto más, que también está siendo investigado.

La primera de las agresiones se remontan al 13 de septiembre de 2025. La víctima había concertado una cita mediante una aplicación de contactos. Al llegar al punto de encuentro se encontró con un joven que actuaba como “cebo” y que la condujo hasta una zona apartada, donde aguardaba el resto del grupo.

Fue allí donde, según la investigación, comenzó una agresión que se prolongó durante un largo periodo de tiempo. La víctima recibió golpes con puñetazos y palos, fue humillada y vejada y los agresores trataron sustraer su vehículo, robarle efectos personales y causar daños materiales, según han explicado la Policía Nacional.

Una semana después, el 20 de septiembre, se produjo una segunda agresión con un procedimiento prácticamente idéntico. Los investigadores ha afirmado que la mayoría de los implicados repitieron su participación y que las dos víctimas sufrieron lesiones de extrema gravedad.

El subdelegado ha querido recalcar que no son hechos aislados. “No hablamos de una pelea, no hablamos de un altercado aislado. Hablamos de dos agresiones muy graves con víctimas previamente captadas por su orientación sexual, con actuaciones conjuntas de varias personas, con violencia física, con humillaciones prolongadas y con una motivación homófoba que, según los investigadores, quedó reflejada desde el inicio”, ha afirmado.

La investigación policial considera que la orientación sexual de las víctimas fue determinante para su elección y que el componente homófobo estuvo presente desde el primer momento, motivo por el que ambos casos se investigan como delitos de odio.

Durante su intervención, Santiago ha explicado además que los investigados conformaban un grupo “muy heterogéneo”, sin una ideología definida ni vinculación política concreta. No obstante, ha avisado de que esa circunstancia “no resta gravedad a los hechos” y ha llamado a reflexionar sobre la influencia de determinados contenidos violentos que circulan por internet.

“Los propios investigados han explicado que actuaban emulando contenidos violentos que veían en redes sociales. Esa explicación naturalmente no justifica nada, pero sí nos obliga a alertar sobre un riesgo real. Las redes sociales no pueden convertirse en una escuela de violencia, de odio y de humillación al diferente”, ha indicado.

El subdelegado ha mostrado su apoyo a las víctimas y ha pedido respetar su intimidad tras “las lesiones, el miedo y la exposición pública” sufridas. Asimismo, ha agradecido el trabajo de la Brigada Provincial de Información por una investigación “rigurosa, discreta y sostenida en el tiempo” y destacó la colaboración ciudadana, que ha calificado de “fundamental” para identificar a los presuntos responsables.

“Quien crea que puede agredir, humillar o perseguir a otra persona por ser distinta, se equivoca”, ha zanjado.

La comisaria provincial de la Policía Nacional, Montserrat Marín, ha animado a las víctimas de este tipo de delitos a denunciar. “Es una lástima que no hayamos podido prevenir, pero al menos ojalá con esto reparemos en parte el daño que han sufrido”, ha apostillado.

IU pide políticas que protejan a víctimas

IU en Palencia ha pedido a la sociedad e instituciones un posicionamiento claro con acciones y políticas que defiendan los logros del colectivo LGTBIQA+ y que protejan a las víctimas de sus agresores. “Espero que paguen por lo ocurrido con todo el peso de la ley porque este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestra sociedad y la condena debe ser ejemplar”, ha manifestado en un comunicado el concejal de IU en el Ayuntamiento, Rodrigo San Martín.

El edil ha destacado la labor de la Policía Nacional y señalado “la crueldad de este tipo de agresiones movidas por el odio y promovidas por quienes día tras día lanzan, públicamente y desde posiciones de poder, mensajes que tienen como consecuencia la deshumanización del colectivo”.

La Ertzaintza registró en 2025 193 incidentes de odio, frente a los 236 de 2024. Es un descenso del 18% que, sin embargo, ha de interpretarse con cautela, dado que una parte importante de este tipo de incidentes no llegan a denunciarse, según recoge el 'Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025', que indica que los incidentes por racismo y xenofobia continúan siendo los más numerosos, al representar el 56% del total.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presentado el informe este miércoles en el Parlamento Vasco. Está elaborado con la colaboración de la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU, dirigida por Jon Mirena Landa. Ya hay datos de diez años en este observatorio.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la Ertzaintza registró 193 incidentes de odio potencialmente delictivos en Euskadi, un 18% menos respecto a 2024, cuando se registraron 236. Se trata del tercer año consecutivo de reducción tras el máximo alcanzado en 2022, con 435 incidentes.

No obstante, según recoge el propio estudio, estos datos deben interpretarse con cautela, ya que la estadística policial refleja únicamente los hechos que llegan a conocimiento de la Ertzaintza. Los autores del informe advierten, por lo tanto, de la relevancia de la denominada 'cifra negra'; es decir, los incidentes que no se denuncian o que no llegan a registrarse como delitos de odio. Por ello, la evolución descendente de los registros no permite concluir, por sí sola, que el fenómeno haya disminuido en la misma proporción.

Según el informe presentado en el Parlamento, entre los factores que contribuyen a la infradenuncia destacan la situación administrativa irregular de muchas víctimas, la falta de recursos económicos o conocimiento del procedimiento, la normalización de la cultura de la violencia, la baja confianza en el sistema judicial y policial, así como el miedo a represalias por parte de los agresores o incluso de las propias autoridades.

Los delitos de carácter racista o xenófobo, en la línea de años precedentes, siguen concentrando la mayor parte de los delitos de odio registrados. Durante el 2025 fueron 108 casos, el 56% del total, con una bajada del 6% con respecto al año anterior. En segundo lugar se sitúan los incidentes motivados por la orientación o identidad sexual, con 40 casos, el 21% del total. Les siguen los vinculados a ideología u orientación política, con 18 casos, el 9%. El informe recoge también 9 incidentes por discapacidad, 7 por creencias o prácticas religiosas, 4 por físico o apariencia, 2 por género, 2 por enfermedad, 1 por antisemitismo y 1 por aporofobia.

El documento destaca, asimismo, la existencia de siete casos de motivación múltiple, en los que concurren varias características protegidas. La mayoría de estos supuestos (4) combinan racismo o xenofobia con orientación o identidad sexual. En cuanto a la tipología delictiva de los delitos de odio registrados el pasado año en Euskadi, el informe constata que las lesiones y amenazas concentran más de la mitad de los incidentes registrados.

Por territorios históricos, Bizkaia y Gipuzkoa registran 85 incidentes cada una, el 44% del total en ambos casos. Álava contabiliza 23 incidentes, el 12%. Esta distribución rompe el patrón de los últimos años, en los que Bizkaia concentraba de forma más destacada el mayor número de registros. Respecto a los municipios siguen destacando las capitales y los municipios con mayor concentración de población. Donostia registra 35 incidentes, el 18% del total; Bilbao, 29, el 15%; Irún, 19, el 10%; y Vitoria 18, el 9%. También aparecen Barakaldo y Portugalete, con 7 incidentes cada uno, y Hernani y Getxo, con 4 cada uno.

En relación con el lugar de comisión, la vía pública es el espacio en el que más delitos de odio se producen, el 45% del total. Le siguen los centros docentes, con el 11%, los domicilios con el 9% y los establecimientos hosteleros, también con el 9%. Los incidentes cometidos a través del ciberespacio o por vía telefónica representan el 4%. Según recoge el 'Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025', casi la mitad de los incidentes se producen entre el viernes y el domingo, y el 75% entre la tarde y la noche.

El informe recoge en 2025 un total de 284 personas investigadas en relación con incidentes de odio. La mayoría son hombres, el 78%, y la media de edad de las personas investigadas se sitúa en 32 años. 76 de las personas investigadas son menores de edad. En cuanto al origen, 182 personas investigadas son de nacionalidad española, el 64%, y el 19% son de origen extranjero. Durante 2025 se produjeron 9 detenciones, menos de la mitad que en 2024, cuando se contabilizaron 25. En lo que se refiere a las víctimas, el informe registra 225 victimizaciones, lo que supone un descenso del 17% respecto al año anterior. El 55% de las víctimas son de origen extranjero. Por edad, destacan las personas de entre 18 y 29 años, aunque el rango de edad abarca desde los 8 hasta los 82 años. El 57% de las víctimas son hombres.

En su intervención, el director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU, Jon Mirena Landa, se ha referido a la memoria que en torno a esta misma cuestión realiza la Fiscalía, unos estudios sobre los que ha lamentando su “pobreza” de datos. En este sentido, ha indicado que en el ministerio público existe voluntad de mejora en lo que se refiere a estos informes, pero que esa intención choca con los importantes “déficits estructurales” que padece la institución.

Pintado con simbología nazi y mensajes de odio. Así ha amanecido este domingo un mural con la bandera LGTBI situado en el barrio San Antonio-Puente Romano de Talavera de la Reina, tal y como ha informado la asociación LGTBora en un comunicado.

Las pintadas, en la que pueden leerse 'Talavera Nacional, fuera escoria' junto a una esvástica, es “el sexto ataque contra este mural en apoyo a la diversidad desde que fuera pintado en 2023”. En ataques anteriores aparecieron también esvásticas, siglas de Vox y otros símbolos habitualmente utilizados por violentos grupos neonazis.

Desde LGTBora han anunciado que presentarán un escrito ante la Fiscalía especializada en Delitos de Odio de Toledo para que se investiguen estos hechos.

“Intento de intimidación” contra el colectivo

La agresión se produce, según señala esta asociación, en la misma semana en la que LGTBora ha presentado la programación del Orgullo 2026 en Talavera, lo que desde se interpreta como “un intento de intimidación contra el colectivo y contra todas las personas que defienden una ciudad diversa, libre y segura”.

Desde la asociación resaltan que precisamente “el Orgullo en Talavera de este año reivindica la necesaria lucha antifascista para frenar a quienes quieren devolvernos al momento más oscuro y violento de nuestra historia”.

En este sentido, la asociación señala la “impunidad con la que desde perfiles vinculados a la extrema derecha se están difundiendo comentarios de odio y burlas lgtbifobicas contra el anuncio de las actividades del Orgullo en la ciudad”.

Denuncian que estos mensajes, como el ataque contra el mural, busca deshumanizar a las personas LGTBI y frenar su presencia en el espacio público. Para LGTBora, este preocupante avance de actos violentos e intolerantes en la ciudad puede ser “la antesala a una agresión física o un acto aún más trágico”.

LGTBora recuerda que la violencia contra el colectivo LGTBI en la ciudad no se limita a este mural: “también se arrancan y destrozan los carteles del Orgullo de forma sistemática; en el pasado se vandalizaron en menos de 48 horas los tótems que instaló el ayuntamiento anterior en defensa de los derechos LGTBI; también se quemó intencionadamente la bandera arcoíris que el PSOE había instalado en la fachada de su sede, entre otros ataques, como diversas agresiones en lugares de ocio, institutos”.

Para la asociación LGTBI, estos hechos forman parte de un hostigamiento que no puede normalizarse. “Talavera es una ciudad abierta, acogedora y llena de buena gente que quiere una vida tranquila. La inmensa mayoría de sus vecinas y vecinos conviven sin problemas con la diversidad y rechazan la violencia. Pero no podemos ignorar que hay un grupo de radicales que quiere envenenar esta convivencia, y las instituciones tienen la obligación de tomar partido”.

Exigen al Ayuntamiento que condene los hechos

LGTBora ha exigido al Ayuntamiento de Talavera, gobernado por PP y Vox, y en especial a su alcalde, José Gregorio, una condena pública de estos ataques, así como medidas concretas para proteger a las vecinas y vecinos de Talavera frente a la violencia.

La asociación recuerda que el equipo de gobierno se ha negado desde su llegada a colocar la bandera arcoíris en el balcón municipal durante el Orgullo, pese a que el Tribunal Supremo ha avalado la presencia de esta bandera en los edificios públicos.

Para LGTBora, esta negativa es claramente un posicionamiento político contra las personas LGTBI en la ciudad y supone un balón de oxígeno para los violentos, ya que el Ayuntamiento cuelga en su balcón pancartas en apoyo a múltiples causas y colectivos a lo largo de todo el año, pero se niega, sin explicar el porqué, a colocar la bandera arcoíris. “Este abandono institucional está empezando a tener consecuencias negativas en la convivencia en Talavera”.

La 'coach' Elena Lorenzo se sentará en el banquillo acusada de un delito de odio por fomentar terapias de conversión para homosexuales. La Audiencia Provincial de Madrid, según ha podido saber elDiario.es, ha avalado el futuro enjuiciamiento de esta mujer al entender que las afirmaciones que hace en su página web y sus cursos sobre la homosexualidad pueden llegar a constituir un delito. La acusada, mientras tanto, defiende que sus expresiones han sido “malinterpretadas o sacadas de contexto” y que esta decisión no resuelve el fondo del asunto. Una web en la que se ofrecía para “recuperar la heterosexualidad” de sus clientes y ayudarlos a superar el inexistente “Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual”.

Elena Lorenzo Rego se presenta como una 'coach de identidad' y en su página web presume de que lleva más de una década “trabajando” con hombres y mujeres que “experimentan atracción hacia personas de su mismo sexo y desean vivir su heterosexualidad plenamente”. Su nombre trascendió por primera vez en 2016 cuando fue denunciada ante la Comunidad de Madrid por promover, en esencia, terapias contra la homosexualidad. La multa de 20.000 euros que le impuso el ejecutivo regional tras años de procedimiento terminó anulada por defectos de forma pero, en paralelo, un juzgado abrió un proceso penal contra ella por delito de odio.

Fue la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión la que llevó la página web de esta 'coach' a la Fiscalía de Madrid en 2023 al entender que había podido incurrir hasta en cuatro ilícitos del Código Penal. Además del delito de odio, la denuncia inicial planteó también la posibilidad de que hubiera incurrido en intrusismo profesional, un delito publicitario y otro de asociación ilícita. El Ministerio Público entendió que, al menos, podía ser acusada del primer delito por su forma de abordar la homosexualidad como algo a tratar desde el punto de vista patológico.

Tres años después de la apertura de diligencias y de que Lorenzo declarase varias veces como imputada la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado su auto de pase a procedimiento abreviado por un posible delito de odio. Los jueces, según ha podido comprobar este periódico, rechazan el principal argumento de la supuesta terapeuta para evitar el banquillo: que sus palabras e iniciativas sobre la homosexualidad no han sido bien entendidas. “Se han interpretado erróneamente sus afirmaciones”, explicaba en su recurso ahora rechazado.

La Audiencia Provincial de Madrid entiende que el caso de Elena Lorenzo debe zanjarse en un juicio y no de forma previa. Negar ahora que su página web constituya un delito de odio contra los homosexuales y archivar la causa de plano, dice el tribunal, sería prematuro y constituiría una “predeterminación” de la sentencia del caso. Desde la defensa de la 'coach' Elena Lorenzo apuntan, de hecho, a que la Audiencia Provincial no entra a valorar el fondo del asunto ya que el delito de odio es “esencialmente valorativo” y que tres de los delitos planteados por la acusación han sido descartados por el momento.

Terapias prohibidas por ley

El rechazo institucional a las denominadas “terapias de conversión” es transversal a las instituciones autonómicas, estatales e incluso europeas. El Parlamento Europeo lleva una década mostrando su condena “enérgica” contra este tipo de prácticas. Casi una decena de comunidades autónomas prohíben estas terapias bajo amenazas de sanción y, a nivel estatal, la Ley Trans y LGTBI aprobada en 2023 también las proscribe. Su promoción o práctica es considerada una infracción administrativa muy grave y acarrea multas de 10.0001 a 150.000 euros.

La Comunidad de Madrid, entonces gobernada por Cristina Cifuentes, fue la primera autonomía en aprobar una norma de protección al colectivo LGTBI que prohibía este tipo de prácticas. Una ley que dividió internamente al PP madrileño y que llegó en 2016. Elena Lorenzo Rego fue la primera persona denunciada, en aquel entonces por la asociación Arcópoli, por ofrecer este tipo de falsas terapias.

Su caso tardó años en tramitarse por parte de la Comunidad de Madrid y terminó con una sanción de 20.000 euros impuesta en 2019. Una multa que fue anulada poco después por defectos formales y que, según ha sabido elDiario.es, acaba de ser enterrada de forma definitiva por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 2021 los jueces ya tumbaron la multa porque la Comunidad de Madrid pasó demasiado tiempo analizando el caso y vulneró los derechos de Lorenzo. Más recientemente los magistrados han rechazado la petición de la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión de reabrir el expediente al entender que no están legitimados para pedirlo.

La causa contra Elena Lorenzo es el primer caso conocido de una supuesta terapeuta que ofrece un tratamiento contra la homosexualidad en llegar a juicio por la vía penal. Pero no es la única de estas terapias que ha sido denunciada públicamente, algunas de ellas incluso vinculadas a la Iglesia. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es en 2019, el obispado de Alcalá de Henares ofreció cursos y legales y clandestinos para curar la homosexualidad. Unas prácticas que el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso mantuvo impunes al no imponer ninguna sanción a pesar de que son prácticas prohibidas por la ley madrileña.

El año pasado la Asociación que ejerce la acusación popular en este caso también presentó una denuncia ante el Ministerio de Igualdad contra varias diócesis españolas que ofrecen este tipo de terapias de conversión. Diversos curas pertenecientes a la 'fachosfera católica' también han sido denunciados por participar en este tipo de terapias aún activas.

Solo en abril de 2020, con once días de diferencia y en pleno confinamiento por el covid, tres personas fueron asesinadas en el Eixample de Barcelona. Tenían dos cosas en común: el hombre que los mató, Thiago Fernandes, y que dormían en la calle. La aporofobia –el rechazo hacia los más desfavorecidos, especialmente a los sintecho–, está en el origen de numerosos crímenes en la historia de España, también de la más reciente. 

Esta es una de las conclusiones que refleja el trabajo que realizan desde 2015 los periodistas Miquel Ramos y David Bou para documentar los crímenes de odio. Su investigación, plasmada en un mapa, ha identificado al menos 91 víctimas mortales desde 1990 en episodios marcados por el racismo, la homofobia, la transfobia, la aporofobia y otras formas de discriminación. 

Ambos reporteros han publicado este miércoles la última actualización del mapa, que incluye el período de 2020 a 2025. En este tiempo han registrado siete crímenes mortales más con signos de odio. Tres de ellos son los asesinatos aporofóbicos en serie de la capital catalana, que tuvieron como víctimas a Imad Allous, Juan Ramón Barberán Giner y Jean Pierre Herbillon. Su autor fue condenado recientemente a 63 años de cárcel. 

Pero sin duda el asesinato que más indignación ha suscitado recientemente ha sido el de Samuel Luiz. La paliza mortal que recibió este joven de 24 años en A Coruña en 2021, mientras recibía insultos de “maricón”, desató protestas sociales y el rechazo de dirigentes políticos e instituciones. La sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las penas de cárcel ratificó en este caso también el agravante de discriminación por orientación sexual. 

“Hay una serie de casos que han tenido una repercusión social singular, casos muy reconocidos y que han causado conmoción, pero nuestro trabajo consiste sobre todo en poner sobre la mesa muchos otros desconocidos que evidencian que hay más asesinatos racistas y neonazis de los que conocemos”, señala el periodista Miquel Ramos. 

Además de Guillem Agulló, símbolo de la violencia neonazi en los 90 en la Comunitat Valenciana; o de Lucrecia Pérez, el primer asesinato racista de España, existe una larga lista de víctimas que no trascendieron en su día. O que si lo hicieron, pero fueron desvinculadas de motivos de odio que hoy se han podido acreditar.

Este fue, de hecho, el origen del proyecto de Ramos y Bou. “Vimos que había una serie de crímenes que no estaban reconocidos por su especificidad propia, que es la animadversión hacia determinados rasgos de la víctima”, afirma Ramos. 

El criterio de los autores del informe para incluir a las víctimas en su mapa no tiene solo en cuenta si la Justicia constató la agravante de discriminación. El motivo, explican, es que aunque aparezca en el Código Penal desde 1995, la práctica judicial ha tardado más años en reconocerlo. Ramos y Bou tienen también en cuenta los detalles publicados en prensa, los testimonios recabados por su cuenta, o la valoración de los colectivos afectados. 

Esto les ha llevado también a revisar casos de años anteriores. Por un lado, han eliminado del mapa 19 que procedían de un informe del Movimiento contra la Intolerancia que no estaban suficientemente documentados (de ahí que el recuento de 2020 fuera más abultado). Del otro, han añadido dos asesinatos de la década de los 90 que antes desconocían. 

Estos últimos son los de Silveiro Aragonés y Mariano Gómez Higuera. El primero era un sintecho de Madrid que fue pateado hasta la muerte por cuatro jóvenes en 1991. El segundo, de 30 años, fue apuñalado once veces por la espalda en 1993, en la Casa de Campo, a manos de dos menores de edad que iban a la caza de homosexuales. 

De los 91 casos acreditados en el proyecto Crímenes de Odio, la mitad, 46, sucedieron en la Comunidad de Madrid y Catalunya. Las motivaciones más habituales son el racismo, la xenofobia y la aporofobia, que afloran en el 42% de los asesinatos. Ambos están también entre los últimos ejemplos recogidos en la investigación: Younes Bilal, marroquí de 39 años que fue asesinado en Mazarrón en 2021 entre improperios contra los “moros”, y Miguel Ángel Calvo, de 51 años, que recibió una paliza mortal en 2023 simplemente porque dormía en la calle. 

A pesar de que en los últimos años parecen haberse reducido estos crímenes, Ramos advierte que los discursos de odio han irrumpido en la esfera pública como no lo habían hecho antes. “Detrás de los crímenes vemos siempre prejuicios, a veces campañas racistas muy evidentes y, ahora que estos discursos de odio se están normalizando, tenemos que alertar de cuáles pueden ser sus consecuencias”, advierte el periodista y autor del estudio. 

“Hay menos víctimas mortales ahora, pero el odio está ahí”, insiste Ramos. Por ello, añade, además del mapa han puesto en marcha otras iniciativas para divulgar la existencia de los crímenes. Por ejemplo, el documental La xarxa ultra, de Bou, o el podcast Crímenes de Odio, de Ramos en la Cadena SER. 

La última novedad de su investigación ha sido añadir un informe sobre los crímenes con discriminación en el Sur Global, a cargo de Nora Rodríguez. Financiado por el Instituto de las Desigualdades y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, analiza la legislación y el trabajo de los colectivos locales para documentar homicidios y asesinatos racistas o LGTBIfóbicos en países como Colombia, Senegal, Brasil, Argentina, Marruecos o Ecuador. 

Al margen de la falta de información en algunos casos, recogen cifras alarmantes como las cerca de 300 muertes violentas de personas del colectivo LGTBI (más de la mitad, travestis). En Marruecos, las entidades sociales han recopilado 600 muertes por el mismo motivo desde 1993. 

Los delitos de odio han crecido un 46,2 % en Castilla y León en 2025, con 136 infracciones penales, la cifra más alta de la serie histórica -que arrancó en 2021-, y Segovia presenta la tasa provincial más alta del conjunto del país, con 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes.

Son datos del informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España del Ministerio del Interior, que se ha presentado en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en Madrid, que muestra un incremento del 23,6 % en España hasta las 2.414 infracciones, también con récord histórico.

En Castilla y León se registraron el pasado año 136 hechos delictivos frente a los 93 del 2024, con una subida del 46,2 %, y unos datos que superan los de 2023, que con 115 infracciones penales era hasta el momento la cifra más alta de la serie histórica.

Destacan los delitos por xenofobia o racismo, con 48 infracciones (37 del año anterior), y por orientación sexual e identidad de género, con 20 (fueron 17 en 2024); se han registrado también 7 por creencias o prácticas religiosas (uno el año anterior), 2 por antisemitismo (la mitad) y uno por islamofobia (el doble).

Los delitos de antigitanismo han pasado de 4 a uno, pero han subido de 2 a 5 los de por aporofobia; han sido 6 los delitos de discriminación por razón de género o sexo (9 en 2024), 3 por disfobia (uno más) y 9 por cuestión de ideología (frente a los 15 del año anterior).

El informe del Ministerio del Interior recoge igualmente que en 2025 se esclarecieron 70 delitos de odio, cifra similar a la de 2024, cuando fueron 76; de ellos, un delito corresponde a antigitanismo, 2 a aporofobia, 5 por creencias o prácticas religiosas, 4 por discriminación de género o sexo, 1 por disfobia, 4 por ideología, 12 por orientación sexual o identidad de género y 41 por xenofobia o racismo.

Además, se registraron 116 victimizaciones, frente a las 92 del año anterior. Y se detuvieron o investigaron a 37 personas por delitos de odio, cuando en 2024 fueron 55.

Segovia, la tasa provincial más alta del país

Los datos del informe muestran que Castilla y León cerró el 2025 con una tasa de 5,67 delitos de odio por cada 100.000 habitantes, a la mitad de una tabla que encabezan Melilla, con 21,9, por delante de Navarra, con 15,6, y de la otra ciudad autónoma, Ceuta, con 10,8.

Sin embargo, analizando los datos por provincias, Segovia presenta la tasa provincial más alta, de 22,09 delitos por cada 100.000 habitantes, tras pasar de 6 infracciones penales en 2024 a 35, la cifra más alta de todas las provincias de Castilla y León.

Entre las diez provincias con las mayores tasas se encuentra también Zamora, que con 9,68 delitos por cada 100.000 habitantes ocupa el puesto número seis, tras registrar 16 delitos frente a los 12 del año anterior.

En Ávila se contabilizaron 10 delitos de odio, el doble que en 2024, mientras que los 19 de Burgos están por debajo de los 30 del año anterior; fueron 14 en León (12), 7 en Palencia (8), 12 en Salamanca (2), 2 en Soria (1) y 21 en Valladolid (17).

En España suben prácticamente todos los delitos

En el conjunto del país, aunque han subido todos los delitos de odio excepto la discriminación generacional, los incidentes de racismo y xenofobia se sitúan a la cabeza de la lista, con 934 hechos, lo que supone un aumento del 16,1 % con respecto al año anterior.

En segundo lugar se sitúan los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571 contabilizados, mientras que en tercer lugar aparecen los delitos por ideología, con 241 y que representan un incremento del 64 % respecto al año anterior.

El mayor incremento en la tipología de delitos se produce en la islamofobia, con un aumento del 133 % con respecto al año anterior, y después le siguen la disfobia -odio a personas con discapacidad-, con un 90 %, y el antisemitismo, con un 86,5 %.

El informe apunta a un incremento de los hechos de islamofobia en el ámbito digital, con un aumento del 450 %, y también aumenta la participación de los menores en los delitos, tanto a nivel de víctimas como de autores.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detuvieron o investigaron por delitos de odio a un total de 1.018 personas, un 78,5 % hombres, y que representa un aumento del 12,5 % con respecto a 2025 en cifras totales.

Además, el 65,6 % de los casos han sido esclarecidos, según los datos de Interior.

Marlaska ve preocupante el número de menores implicados

En su intervención al inicio de la reunión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que es “especialmente preocupante” el aumento de la participación de los menores tanto en calidad de víctimas -un 17 % más- como de autores de los delitos, con un incremento del 20 %.

 Además, ha reclamado dar más visibilidad a los delitos de odio en la sociedad. “Sólo a través de la sensibilización social lograremos mejorar su detección”, ha apuntado el ministro.

“No debemos olvidar que este tipo de hechos constituyen un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales”, ha dicho Marlaska, que ha dejado claro que no permitirán que “el odio y la discriminación erosionen la convivencia”. 

Los delitos de odio aumentaron en España un 23,6% en 2025 en comparación con el año anterior y registraron la mayor cifra de la serie histórica. Un dato que también afecta a Andalucía, donde la tasa pasó del 2,59 al 3,40 con un total de 295 de hechos conocidos, entre los que destaca el repunte de la islamofobia, los actos relacionados con racismo y xenofobia y el ataque a la orientación sexual y de género. Frente al progresivo crecimiento que se ha dado en todo el país, la comunidad se sitúa por debajo de la media española (un 4,92) y ocupa el último lugar en el listado, lejos de la tasa por cada 100.000 habitantes que deja a Melilla con un 21,89 y a Navarra con el 15,65.

El Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, publicado por el Ministerio del Interior este miércoles, especifican la tipología de la infracción, el perfil de la víctima y también del atacante. En total, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, el mayor número registrado desde que se inició la serie en 2014. Además, suben todos los ámbitos, a excepción de la discriminación generacional. Los más numerosos fueron los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 934 hechos, a lo que siguen los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (571 hechos) y los delitos por ideología (241 hechos). En todo caso, el mayor incremento porcentual se produce con la islamofobia (un 133%).

Acerca de la la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (446) y las lesiones (441), seguidas por la promoción a la discriminación (319), daños (119) e injurias y trato degradante (113 en ambos casos). En cuanto a Andalucía, de los 295 hechos conocidos en 2025, de los que se investigaron 104, estos se distribuyeron así: racismo y xefonobia (102); orientación sexual y de género (75); discriminación por sexo o género (22); por ideología (14); islamofobia (10); creencias o prácticas religiosas (10); antisemitismo (9); aporofobia (8); disfobia (8); discriminación por enfermedad (6); antigitanismo (5); y uno por discriminación generacional.

Sevilla, la provincia más conflictiva

En comparación con el periodo anterior, los ámbitos en los que hubo un mayor incremento fue en ataques por racismo y xenofobia (78 en 2024); islamofobia (3) y por ideología (7); mientras que descendieron los actos por discriminación de sexo o género (78). Por provincias, la mayor parte de los delitos por odio se dieron en Sevilla (73), a la que sigue Málaga (66), Cádiz (40), Córdoba (31); Almería (28), Granada (24), Jaén (19) y Huelva (14).

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (62,3%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33,2%). Los menores de edad constituyen el 13% del total de victimizaciones. En este ámbito, el informe destaca el aumento de la participación de los menores en los delitos, tanto en calidad de víctimas —con un ascenso del 17%— como de autores, que se incrementa casi un 20%. Con respecto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,4% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (10%), por delante de Colombia (4,3%).

En un encuentro realizado en la sede de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, en Granada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseveró este miércoles que los retos prioritarios están en “hacer frente a la desinformación, como aquel fenómeno que utilizando situaciones concretas de algún tipo de crisis, pues quiere evidentemente también socavar los principios de la sociedad democrática”, además de trabajar en la prevención de los discursos de odio, ya que son la “antesala de todos los delitos de odio”. En este sentido, expresó su confianza en que la cooperación entre las instituciones permita “hacer frente a desafíos y a fenómenos tan importantes como los que tenemos, como es la migración, la lucha contra la radicalización, la desinformación y los delitos de odio”.

Canarias registró en 2025 una tasa de 3,82 delitos e incidentes de odio por cada 100.000 habitantes, frente a los 4,92 de media nacional, una cifra idéntica a la de Cataluña y solo superior a la registrada en Andalucía (3,40), según el último informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España.

El documento, basado en datos oficiales del Sistema Estadístico de Criminalidad, señala que el racismo y la xenofobia constituyeron el principal motivo de victimización en el archipiélago, con el 38,4% de los casos, seguidos de los delitos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género (26,7%).

Las comunidades autónomas con mayor tasa de delitos e incidentes de odio fueron Melilla (21,89), Navarra (15,65), Ceuta (10,77), País Vasco (8,65) y Asturias (7,01), mientras que las que registraron las tasas más bajas fueron Andalucía (3,40), Cataluña y Canarias (3,82), Aragón (4,05) y La Rioja (4,28).

En términos absolutos, en 2025 se registraron en Canarias 86 hechos conocidos relacionados con delitos e incidentes de odio, de los cuales 37 estuvieron vinculados al racismo o la xenofobia y 21 a la orientación sexual y la identidad de género.

Por estos delitos se practicaron 33 detenciones en el archipiélago: 15 por racismo o xenofobia, seis por orientación sexual e identidad de género, seis por creencias o prácticas religiosas, cinco por discriminación por sexo o género y una por disfobia.

Además, se esclarecieron 51 de los 86 hechos conocidos, 30 en la provincia de Las Palmas y 21 en la de Santa Cruz de Tenerife, la mayoría relacionados con racismo o xenofobia (24) y orientación sexual o identidad de género (17).

A nivel nacional, los hechos conocidos ascendieron a 2.416, de los que 1.585 fueron esclarecidos, con 1.018 detenciones o personas investigadas.

Por tipología, en el conjunto de España predominaron las amenazas, seguidas de las lesiones y los delitos de promoción o incitación al odio y la mayoría de las víctimas fueron hombres (62,34%), de entre 26 y 40 años (33,22%) y de nacionalidad española (60,46%).

Entre las víctimas extranjeras, que representaron el 39,54%, la mayoría procedían de África (16,16%), representando un 9,98% los marroquíes (9,98%) y un 1,14% los argelinos, y de América (15,65%), siendo principalmente los afectados colombianos (4,32%) y venezolanos (2,22%).