La secció cinquena de l’Audiència Provincial de València jutja dimecres un home acusat d’un presumpte delicte d’odi per haver publicat en la xarxa social X (antic Twitter) missatges contra l’exconsellera de Justícia i Interior del Govern autonòmic del Pacte del Botànic, Gabriela Bravo. 

La Fiscalia sol·licita per a l’acusat una pena d’un any i tres mesos de presó com a autor d’un presumpte delicte comés en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució.

El ministeri públic al·ludeix a missatges en la xarxa social publicats “amb la intenció de menysprear-la i humiliar-la per la seua condició de dona”. 

Els missatges es van publicar el 27 d’abril de 2023, en l’última etapa de l’executiu valencià del Pacte del Botànic.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo miércoles a un hombre acusado de un presunto delito de odio por haber publicado en la red social X (antiguo Twitter) mensajes contra la exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno autonómico del Pacte del Botànic, Gabriela Bravo.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de un año y tres meses de prisión como autor de un presunto delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

El Ministerio Público alude a mensajes en la red social publicados “con la intención de menospreciarla y humillarla por su condición de mujer”.

Los mensajes se publicaron el 27 de abril de 2023, en la última etapa del Ejecutivo valenciano del Pacte del Botànic.

Más de la mitad de las personas LGTBI han experimentado en el último año algún incidente de odio y rechazo por pertenecer al colectivo. Así lo revela un nuevo estudio presentado este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), que en base a encuestas a 800 personas realizadas a inicios de 2026 por 40dB, dibuja una radiografía actual sobre la discriminación y violencia que siguen sufriendo quienes son LGTBI. A pesar de los avances en derechos de los últimos años, persisten y, a ojos de la FELGTBI+, también amentan las situaciones de rechazo en una especie de “paradoja social” sobre la que la organización quiere llamar la atención.

El informe Estado del odio 2026 destaca que un 54% de las personas del colectivo declaran haber sido víctimas de agresiones, acoso o discriminación, una “proporción significativa” que continúa enfrentándose a este tipo de ataques: un 36% aseguran haber sufrido acoso, seguido de la discriminación (29%) y agresiones físicas (22%). Sin embargo, no son situaciones que suelan producirse de forma aislada, sino que un gran número de encuestados declara haber sido víctima de más de una, alcanzando el 11% en el caso de quienes han experimentado las tres.

El objetivo del análisis es “mostrar la arquitectura del odio en cifras”, según apunta el estudio, que “refleja que los discursos de odio han encontrado grietas por las que calar en la sociedad” a pesar de que “la mayor parte de la sociedad rechaza la discriminación”. El informe, elaborado por la FELGTBI+ y el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, destaca una estabilización de los indicadores respecto a 2025, la edición anterior del informe, pero las cifras ya sufrieron un “gran aumento” ese año con respecto a 2024, lo que lleva a la organización a hablar de un fenómeno “en auge”.

Entre los incidentes calificados como acoso, se encuentran los insultos y trato degradante, que ha denunciado un 17% de los encuestados, seguido del aislamiento y rechazo (13%) y de las amenazas, chantaje o coacciones. El 6% asegura haber sufrido agresiones físicas leves como agarrones o empujones mientras que un 4% ha sido víctima de ataques de mayor intensidad. Por su parte, el 4 y el 5% declaran haber sufrido agresiones sexuales con violencia o con intimidación respectivamente. Un 9% asegura que se le ha negado el acceso a un derecho por ser LGTBI y un 7% dice haber experimentado un “trato desigual” en el trabajo por esta misma causa.

La violencia online

El informe pregunta por primera vez por la violencia en los entornos digitales, donde un 44% de las personas encuestadas asegura haberla sufrido. El estudio hace referencia a las características propias de las redes sociales y al contexto social y político para llamar la atención sobre un espacio que está reproduciendo “hostilidad” hacia la comunidad LGTBI. En parte, analiza la publicación, por la presencia y expansión en Internet “de comunidades que promueven discursos antifeministas o antiLGTBI”, así como la “articulación” de “respuestas colectivas” que pueden derivar en “hostigamiento coordinado”.

Los insultos constituyen la forma más frecuente de ataque a las personas LGTBI, algo que reporta un 18% de la comunidad, pero también el aislamiento y el rechazo (13%). Instagram es la red social que mayoritariamente señalan las víctimas como espacio en el que ocurrieron estos hechos, seguida de X y Facebook. Aún así, el estudio llama la atención sobre la posibilidad de que esta variable esté condicionada por el mayor o menor uso de cada una de las plataformas, aunque apunta a que Whatsapp, que es la más utilidada, concentra solo el 10% de los casos.

El informe analiza el perfil de las víctimas y apunta a que el rechazo y la discriminación no se distribuye de forma uniforme, sino que “afecta de forma más intensa a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, explica María Rodríguez, responsable de investigación de la FELGTBI+. Así, las personas trans son quienes reciben una mayor proporción del odio en todas sus manifestaciones, con datos como que el 52% de ellas han sufrido una agresión física en el último año, más del doble de la media del resto del colectivo.

El estudio también ahonda en el “efecto multiplicador” de la interseccionalidad que se traduce en datos como que tener una discapacidad eleva el riesgo de sufrir una de estas situaciones en unos 20 puntos porcentuales. Además, ser una persona racializada o pertenecer a alguna “minoría religiosa” hace que el acoso sufrido pase del 30% de media para quienes no pertenecen a estos grupos a un 70%. También las pesonas jóvenes y quienes viven en hogares de menos de 1.000 euros al mes tienen una mayor exposición a casi todas las formas de rechazo y exclusión.

Más allá de las experiencias personales, la investigación también ha analizado cuál es la percepción de la situación por parte de las personas LGTBI y concluye que la idea de que el odio ha aumentado se ha incrementado desde 2024. “En 2026, la tendencia hacia una creciente percepción de que la situación ha empeorado se acentúa”, señala el estudio, que apunta a una visión “negativa y pesimista” que es “generalizada” y extensiva tanto al acoso como a la discriminación o las agresiones físicas. En todos los casos, el porcentaje de personas que aseguran que la situación es peor supera al menos en 8 puntos a quienes lo dijeron en 2024, sobre todo en lo relativo al acoso: entonces, lo pensaba un 27% y ahora un 40%.

En mi época de estudiante en las copisterías solía haber un tablón de anuncios donde academias, tiendas, cuidadores de niños, y propietarios de pisos en B, peleaban por unos centímetros de visibilidad que duraban horas. Dependía de la bondad del tipo de las fotocopias y la feroz competencia alrededor.

Un truco habitual era el conocido 'Sexo Gratis'. Luego, en letra más pequeña, explicaban: “Ahora que he llamado tu atención, ofrezco clases particulares de dibujo técnico, química, alquilo piso solo a chicas”.

En una época lejana los preocupados progenitores alertaban a gritos de la maldad y diabólica influencia del rock and roll; luego la televisión fue la perdición de niños y adolescentes. Ahora no preocupa, ni después de haber reducido a mínimos su nivel sociocultural tras el apagón digital, y la venta de licencias de manera aleatoria y grisácea.

Llevo tres párrafos y no he respondido a la pregunta que te interesa y por la que has pinchado este enlace: sí, el presidente del Gobierno micciona mientras se ducha.

¿Cómo lo sé? No lo sé; pero, como en otras épocas, ahora las invenciones y mentiras no están sancionadas, salvo que estés en el lado equivocado de la balanza, donde incluso con las verdades y los hechos más tozudos podrían incriminarte y sancionarte. ¿Cuál es ese lado de la balanza? Lo deciden los actos de cada uno. (No es ironía).

Incluir en un titular el nombre del presidente del Gobierno -el actual- es clickbait (ciberanzuelo) seguro, porque genera odio visceral en un porcentaje tan elevado como carente de imaginación y educación político- democrática. Si es mentira, idiotez o incluso ilegalidad, poco importa. Importa que genere odio, maldad o incluso violencia: viene bien a las redes sociales y a Internet en general. Viene bien a una multitud de personas que, arropadas por la chanza generalizada, disfruta compartiendo comentarios, generalizaciones, falsedades o ilegalidades manifiestas.

Dos anécdotas al azar que llaman más la atención que la teoría, como el sexo gratis: Un conocido mío estuvo en un restaurante donde había un camarero muy salao. A mi conocido se le cayó un tenedor al suelo. Dijo: “Vaya”. El camarero salao, sonriendo y en voz muy alta dijo: “Tranquilo, no es ninguna desgracia. La mayor desgracia de España es el Pedro Sánchez”. Una señora, en medio de una reunión de una asociación de barrio dijo: “Ojalá se muriera Pedro Sánchez”. Son anécdotas ciertas, las has escuchado; es posible que, incluso, las hayas compartido y reído.

¿Sucedía antes que se lanzaba el odio como herramienta, arma o incluso broma camuflada? ¡Claro! Solo hay que echar la vista atrás y analizar discursos de otras épocas, otros grupos políticos. Solo es necesario entender que, tanto en esta como en otras épocas, la psicología nos influye a la hora de simpatizar y empatizar con el conflicto. ¿Has escuchado alguna vez aquello de 'nunca le doy la espalda a una buena discusión'?

Simplificando muchísimo podría decir que insultamos con más facilidad que abrazamos o alabamos. Ni es crítica ni es sociológico, lo sé, pero…

…Pedro Sánchez mea en la ducha, luego coge la alcachofa, apunta en la dirección del desagüe y comprueba cómo el dorado líquido desaparece. Sé que lo hace; como sé que lo hace Feijoo, con gesto casi idéntico. ¿Me lo estoy inventando? A ti te da igual, porque la mayoría de nosotros nos estamos acostumbrando, arropando y regodeando en afirmaciones sin pensar, como si hubiéramos sufrido un apagón digital televisivo y nos hubieran colado canales enteros de teletienda, de estadounidenses barbudos que construyen o derriban casas, venden objetos de segunda mano o arreglan coches para revenderlos.

Que eliminen los programas culturales -como Culturas 2- de la televisión pública es mera anécdota entre estas palabras, como si los canales socioculturales dejaran de importarnos y solo importaran esos que, maquillados de debate, democracia, sociedad y entretenimiento, se dedican a lanzarse gritos desmesurados, generar odio, violencia y falsedades camufladas de certezas.

Caemos en la trampa con la facilidad del 'no tengo tiempo, no ponen otra cosa; todos son lo mismo, así me entretengo un rato' y tantas otras frases hechas. Repetimos argumentos y dejamos nuestra conciencia arroparse y cobijarse en brazos de breves esquemas de fácil digestión; reposando de manera vaga en la creencia de que el 'sexo gratis' no termina de llegar por más que esperemos hasta el final de un cartel en la copistería, un programa de televisión un sábado por la noche, un vídeo corto en tu red social favorita, un artículo en la web del diario elegido para ti por Google.

¿Meas tú o alguien en la ducha?

Sabes de sobra que ese es el menor de tus problemas. Pero, como el buen discutidor que se abalanza sobre su presa, podrías argumentar con pasión fanática hasta desgañitarte.

Enredo procesal previo al juicio que afronta el próximo martes el humorista Jair Domínguez, por una intervención radiofónica contra la extrema derecha. La Audiencia de Barcelona ha ordenado la detención del cómico para entregarle formalmente la citación para la vista oral que se celebra el próximo martes después de que todos los intentos para lograrlo hayan sido infructuosos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Barcelona ha ordenado la localización de Domínguez por parte de las fuerzas de seguridad después de constatar que el acusado se encuentra “en ignorado paradero” y que no ha sido posible entregarle la citación para la vista.

La resolución destaca que la oficina judicial y los Mossos d'Esquadra han realizado “diversos avisos telefónicos” al propio Domínguez y a su abogado, sin obtener respuesta. Tampoco se ha localizado al humorista en el domicilio que designó durante la fase de instrucción del caso.

De llegar a producirse, la eventual detención se limitaría tan solo a que los agentes llevasen a Domínguez de su domicilio al juzgado de guardia más próximo a su municipio para entregarle la citación para la vista del próximo martes. Esto es, los jueces no ordenan que Domínguez tenga que comparecer detenido al juicio, sino tan solo entregarle la comunicación oficial del mismo tras no lograrlo por las vías habituales.

En una entrevista a RAC-1 tras decir en X que se encontraba en su casa de Banyoles (Girona), Domínguez no ha mencionado los intentos fallidos para localizarle expresados por el tribunal y ha criticado el lenguaje del auto, pues, a su juicio, “está redactado como si estuviésemos en el siglo XIX”. Además, ha querido dejar claro que comparecerá en la vista del martes: “Iré porque soy una persona ordenada”.

Más allá de la polémica generada previa al juicio, lo que se verá en la sala de vistas el próximo martes es un ejemplo de manual del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

Hasta en dos ocasiones la jueza instructora archivó el caso, al constatar que no había delito en las palabras de Domínguez. Pero la Audiencia de Barcelona revocó ambos archivos al considerar que el discurso del humorista en la radio era una llamada real a la violencia. La Fiscalía no acusa al humorista, que se sienta en el banquillo para hacer frente a la acusación de Vox, que pide dos años de cárcel para él.

Las imágenes y mensajes escuchados el pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium de Cornellà—durante el amistoso entre España y Egipto— no son solo un asunto deportivo. Son un síntoma preocupante de una realidad más amplia: la normalización de discursos excluyentes que están encontrando eco, especialmente entre muchos jóvenes.

Como exdocente, he visto cómo las palabras que repetimos, las bromas que toleramos y las actitudes que dejamos pasar en el día a día terminan por configurar la forma en que las nuevas generaciones entienden la convivencia.

Lo ocurrido no es un hecho aislado ni inocuo. Es parte de una deriva social e ideológica que exige una respuesta educativa, política y cívica colectiva.

El peligro de legitimar el rechazo

Los mensajes de exclusión no surgen de la nada. Se alimentan de relatos que simplifican la realidad, enfrentan identidades y presentan a determinados colectivos como amenazas.

En este contexto, es especialmente preocupante el papel de dirigentes como Ignacio Garriga, secretario general de Vox, cuyas declaraciones públicas tras los hechos llegaron a relativizar o incluso justificar comportamientos claramente discriminatorios, racistas e islamófobos. Cuando desde posiciones de responsabilidad política se normaliza o se presenta como “comprensible” el rechazo a grupos sociales o religiosos, esos mensajes dejan de ser marginales para convertirse en referentes para una parte de la población, incluidos los más jóvenes.

Y ahí radica el verdadero peligro: cuando los discursos excluyentes se repiten sin contrapeso, dejan de percibirse como extremos y terminan por integrarse en la conversación cotidiana, contribuyendo a una cultura social más hostil.

Del estadio al aula: el impacto silencioso

Quienes hemos trabajado en educación sabemos que lo que sucede fuera de las aulas entra en ellas de manera inevitable. Un comentario, un meme, o una cantinela que se repite en redes sociales termina convertida en parte de la conversación entre niños y adolescentes.

Los cánticos escuchados aquel día no fueron solo palabras en un estadio. Fueron modelos de conducta que algunos jóvenes repitieron después como si fueran expresión legítima de identidad. Y eso tiene consecuencias educativas profundas: cuando la línea entre el humor, la provocación y la discriminación se vuelve borrosa, los límites éticos también lo hacen.

Por eso, educar exige algo más que transmitir contenidos. Requiere, cada vez más en este mundo de bulos,enseñar a pensar, a analizar, a cuestionar. Requiere fomentar la capacidad de mirar más allá de lo inmediato y comprender el efecto que nuestros actos y palabras tienen sobre quienes nos rodean.

La incoherencia que enseña para mal

Mientras ciertos sectores de la grada coreaban consignas excluyentes, en el terreno de juego brillaba Lamine Yamal, símbolo de una España diversa y plural. Esa contradicción es reveladora: se celebra el talento de una joven promesa de la selección, pero se cuestiona o se ridiculiza la identidad de quienes comparten esa fe o ese origen.

¿Qué mensaje reciben nuestros jóvenes de esa discrepancia? ¿Qué aprenden cuando la realidad diversa de nuestra sociedad choca con discursos que intentan reducirla a una supuesta 'identidad homogénea'?

La incoherencia, cuando no se señala, también educa, y no siempre en la dirección correcta.

Silencio o posicionamiento: una elección educativa

Es cierto que muchos aficionados no participaron en los cánticos e incluso mostraron su rechazo. Pero en un contexto de creciente polarización, la pasividad no basta. En educación sabemos que no participar en algo injusto es distinto a posicionarse activamente en contra.

Si los discursos excluyentes ocupan espacio sin una respuesta clara y firme, no desaparecen. Se consolidan. Y los jóvenes observan, aprenden y reproducen, consciente o inconscientemente, los comportamientos que perciben como tolerados por su entorno.

Una responsabilidad social compartida

No podemos cargar toda la responsabilidad sobre la escuela. La familia, los medios de comunicación, los referentes culturales, el discurso público , las redes sociales... también juegan un papel decisivo.

Cuando desde posiciones de responsabilidad política se minimizan o se justifican actitudes discriminatorias —como ha ocurrido con algunas interpretaciones de los incidentes en el RCDE Stadium— se envía a la sociedad, y en particular a los jóvenes, un mensaje peligroso: que excluir puede ser aceptable.

Eso no puede quedar sin respuesta.

Conclusión: educar para convivir

La educación en valores no es una asignatura más. Es la base de una convivencia democrática y respetuosa. Y ante la proliferación de discursos que señalan al diferente como problema, la respuesta educativa debe ser clara, firme y constante.

Lo que hoy se tolera, mañana define la sociedad en la que viviremos. Y eso es algo que no podemos permitirnos ignorar.

Que la historia se repite es el gran tópico que, no por reiterado, es menos cierto. Cambia el contexto, cambian las víctimas y los poderes, los discursos y las retóricas, las herramientas y las armas, las mentiras y las verdades, los vencedores y los vencidos. Pero la maquinaria de poder se mantiene, siempre dispuesta a disfrazar sus privilegios de orden y progreso, a blindarse tras discursos de salvación y seguridad, a convertir los intereses propios en supuestos intereses comunes, y a repetir, bajo nuevas banderas, las mismas viejas dinámicas de dominación.

El siglo XXI no es el siglo XX. Pero al igual que en la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, hoy vivimos una crisis del capitalismo y de las instituciones democráticas incapaces de hacer frente a esta crisis. A comienzo del siglo XX eran las democracias liberales, hoy, el estado de bienestar, pero en ambos casos, una democracia debilitada cede espacio a actores que ofrecen alternativas y fórmulas simples, fáciles de digerir y que, muchas veces enmascaran, cuando no ocultan, las verdaderas dinámicas de las crisis y los intereses de unos pocos, por encima del bien colectivo.

De nuevo el empobrecimiento de la clase media, el aumento de la desigualdad, el auge de las políticas expansionistas de grandes potencias, la incapacidad para integrar a la ciudadanía en la vida política, la percepción de falta de legitimidad de las instituciones políticas, la movilización emocional y el triunfo de narrativas simples y falsas, ultra individualistas y ultra nacionalistas son campo de cultivo de retóricas autoritarias y antidemocráticas.

Los paralelismos con el contexto europeo donde arraigó el fascismo son, cuanto menos, inquietantes. De todos ellos quizá el más permeable y, que parece mentira que volvamos a aceptar, es la retórica que canaliza el malestar social hacia un “afuera”.

Volvemos a buscar un chivo expiatorio que cargue con las culpas de todo; el de otro sitio, de otra etnia, de otra raza, de otro país. Y, sobre todo, que desvíe la carga hacia las personas más vulnerables y que peor se pueden defender

Reproducimos la historia y volvemos a buscar un chivo expiatorio que cargue con las culpas de todo; el de otro sitio, de otra etnia, de otra raza, de otro país. Y, sobre todo, que desvíe la carga hacia las personas más vulnerables y que peor se pueden defender. Es más efectivo arremeter contra los de abajo que contra los de arriba.

Los discursos criminalizadores de la migración y las personas migrantes están calando peligrosamente y pudriendo los cimientos de una sociedad democrática y sana. La culpa de la violencia contra las mujeres, de los inmigrantes (no de una sociedad que sigue sin superar el patriarcado); la culpa de la criminalidad y la inseguridad, de los inmigrantes (y de paso, todos y todas tenemos más miedo y somos más sumisos y sumisas); la culpa del mal funcionamiento de los servicios públicos, de los inmigrantes (y no de la falta de financiación y además, legitimamos el negocio privado del bienestar); la crisis del Estado, de la falta de control de las fronteras (y así, no exigimos responsabilidades y reformas estructurales) y quizá la más digerible: la culpa del precio de la vivienda, de los inmigrantes.

Toda esta construcción de mentiras, manipulaciones, y maldades cala mucho más de lo que pensamos, y silenciosamente va creando un peligroso imaginario. Peligroso para la democracia y para nosotros y nosotras mismas porque nos deshumaniza.

Pienso sobre todo en los niños y las niñas, que están en pleno proceso de construcción de su identidad y entender el mundo que los rodea

¿Nos hemos parado a pensar cómo se sienten nuestros amigos y amigas, vecinos y vecinas, familiares, compañeros y compañeras de trabajo al vivir en una sociedad que les culpa de sus males? Pienso sobre todo en los niños y las niñas, que están en pleno proceso de construcción de su identidad y entender el mundo que los rodea. En la crueldad de percibir que su origen, su idioma o sus costumbres son motivo de rechazo.

Convivir con la sensación de que tú o tu familia sois responsables de los problemas de la gente que te rodea, y sentir el odio de la comunidad donde has puesto las esperanzas de una vida mejor, desde luego, debería hacernos pensar la clase de país y personas que queremos y debemos ser.

Cuidado con repetir la historia y sobre todo banalizar el mal; ser permeables a estos discursos y no combatirlos nos convierte en seres sin empatía y en cómplices de su éxito.

Las sociedades democráticas no se sostienen únicamente sobre instituciones, sino también sobre la capacidad colectiva de reconocer al otro como igual en derechos y en humanidad. Ignorar o minimizar los discursos que criminalizan a quienes migran, empobrece nuestros fundamentos éticos, erosiona nuestra propia cohesión social, y deteriora los fundamentos mismos de la convivencia democrática.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a penas de dos años de prisión y multas de hasta 2.700 euros a diez de los once acusados de la agresión homófoba en Basauri en 2021 a Ekain Perrino. En el caso de uno de ellos, la pena de cárcel es de 14 meses y 1.710 euros de multa al apreciarse en él la atenuante de anomalía psíquica por una discapacidad intelectual leve. Además, a todos ellos se les impone prohibiciones de comunicación y aproximación a la víctima y deberán indemnizarle de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros por daño moral y otros 350 euros en concepto de responsabilidad civil. No obstante, en España, una condena de dos años o menos permite generalmente evitar la cárcel sin antecedentes penales, aunque la suspensión no es automática y queda sujeta a la decisión del juez.

Tras el juicio, celebrado a principios de marzo, el tribunal estima probado que el joven fue objeto de un ataque físico y verbal, “en manada”, con una “indudable significación homófoba y discriminatoria”, que no provino de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión” por razón “únicamente de su orientación sexual”.

“Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”, sostuvo la víctima, Ekain Perrino durante su declaración.

Según detalló el joven, que en el momento de los hechos tenía 23 años, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, aseguró, mientras que las defensas de los acusados se limitaron a argumentar que “decir maricón no es delito de odio”.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 6 de junio de 2021 en un parque de Basauri. Según se recoge en la resolución, la víctima fue conminado a marcharse del lugar por los acusados porque “les iba a contagiar y les daba asco” y ante su negativa, el grupo le rodeó y, “actuando de forma conjunta y guiados con el ánimo de atentar contra la integridad física ajena”, le propinaron patadas y golpes por todo el cuerpo, al tiempo que, con “evidente ánimo de menospreciar, humillar y menoscabar su integridad moral y su dignidad por razón de su orientación sexual”, proferían expresiones de “maricón”, “esto te pasa por ser un maricón de mierda” y “sarasa”, entre otras.

El joven sufrió varias lesiones que necesitaron para su sanación una sola asistencia médica; así como un trastorno adaptativo ansioso reactivo con síntomas postraumáticos asociados por el que precisó de un tratamiento médico especializado. El tribunal concluye que ha existido prueba de cargo suficiente para condenar a los once acusados con base en la declaración de la víctima, a la que otorga “credibilidad y verosimilitud”, y a las corroboraciones periféricas que han existido de su relato, entre ellas las declaraciones de testigos de los hechos que coinciden en lo esencial entre sí y con el testimonio de este.

Además, los magistrados recuerdan que la víctima reconoció a todos los encausados en el plenario “sin ninguna duda como el grupo de personas que llevó a cabo” la agresión en su contra y precisan que las “alegaciones, excusas o coartadas” de los acusados son “bastante” inverosímiles y huérfanas de “todo atisbo de credibilidad”.

El tribunal afirma que los insultos empleados antes y durante la agresión física son de una “indudable significación homófoba y discriminatoria” y “responden al discurso del odio según el cual determinadas personas o colectivos no merecen consideración o respeto”. Añade que su intensidad y reiteración no permite concluir que esos insultos derivasen de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión (…) por razón únicamente de su orientación sexual”. La víctima “vio gravemente menoscababa su integridad moral, su dignidad, viéndose obligado a vivir una experiencia de suma humillación, vejación, descrédito y menosprecio por la sola razón de su orientación sexual absolutamente intolerable y enmarcable en el resultado exigido por el delito de odio”.

En este sentido, la Audiencia vizcaína recuerda que en los delitos de odio el sujeto activo ha de actuar con conocimiento y voluntad de cometer el hecho típico (dolo) pero solo es responsable penalmente si la conducta se realiza por un motivo de exclusión o discriminación contra determinado grupo o alguno de sus integrantes (motivación), como estima que sucede en este caso.

El tribunal reconoce que la “levedad” de la agresión se debió al “rápido fin del ataque colectivo, que no duró más que unos minutos ante la inmediata intervención de multitud de personas que se encontraban en el lugar y que impidieron sin lugar a duda un resultado lesivo de mayor gravedad”. Al mismo tiempo estima acreditado que el trastorno adaptativo ansioso sufrido por la víctima fue una consecuencia directa de ese “furibundo atentado” homófobo sufrido “en manada”, en “un espacio público, en presencia de una gran cantidad de personas y de forma absolutamente inesperada”, un hecho que justifica además su reparación moral.

En relación con la coautoría, el tribunal concluye que todos son responsables de los delitos imputados en concepto de autor porque “todos golpearon, todos profirieron expresiones homófobas convirtiéndose, dado su número, en una suerte de ‘jauría’ que golpeaba con brutalidad a la víctima al grito de ‘maricón’, ‘esto te pasa por maricón’” y mantiene que concurre la agravante de abuso de superioridad en la ejecución del delito leve de lesiones y no en el delito de odio al ser inherente a su comisión.

La Audiencia vizcaína rechaza, sin embargo, que se pueda apreciar alevosía en la agresión y también las circunstancias eximentes o atenuantes solicitadas por las defensas de legítima defensa, reparación del daño causado y dilaciones indebidas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Los resultados de las elecciones de Castilla y León no fueron positivos para la izquierda confederal, donde ni Podemos, ni IU ni Sumar consiguieron un solo escaño en el parlamento autonómico. Marina Echebarría (1963, Donostia), activista, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid y la primera catedrática trans de España, se presentó como número 2 por Sumar (en En Común, la coalición liderada por IU), y no oculta su decepción por el desenlace del 15-M. Echebarría atiende a elDiario.es en su despacho en la Universidad, pocos días después de la agresión de múltiples atacantes a una mujer trans en la Bañeza.

Esta semana una mujer trans ha sido víctima de una paliza por parte de un grupo de personas. ¿A qué atribuye ese incremento de la violencia?

Es una campaña orquestada. Es decir, esto es una guerra cultural, lo tienen muy claro. Determinados factores aglutinan gente que luego termina adoptando posiciones sociales y políticas. Y, por ejemplo, la población migrante es una bandera que se utiliza para que mucha gente se aglutine en un voto de ultraderecha o en una actitud de rechazo hacia las minorías. Pasa lo mismo con las personas trans. Mucha gente no nos entiende. No entiende nuestras vidas y, en consecuencia, este es un banderín de enganche para gente que tiene sus recelos o que cree que la vida está cambiando y que no entiende los cambios que se producen.

En definitiva, hay una instrumentalización para volver a intentar imponer unos modelos de vida del pasado, un modelo de familia del pasado, un modelo de relaciones que ya ha sido superado por la sociedad en esa política de retorno al orden natural, entre comillas. Y, claro, nos han puesto en la primera línea de frente.

Esta agresividad ha aumentado a medida que el colectivo trans, en este caso, ha ido ganando derechos. Hay una relación directa en ese sentido.

Obviamente. En la medida en que estábamos en la esquina de la sociedad, escondidas en tugurios, paseando de noche por las rotondas, no molestábamos tanto a mucha gente. Le resultábamos funcional a la hipocresía social. Y en la medida en que hemos querido hacer vida normal u ocupar espacios en la esfera pública, se produce esta reacción. Porque somos la visibilización de lo que ellos detestan.

Ahí, ¿cuál es la responsabilidad política que se debería tener para frenar este tipo de situaciones?

Tendría que haber un compromiso, un auténtico pacto de Estado contra los discursos de odio. Y también tendría que haber un compromiso político de las fuerzas democráticas en que las cuestiones de derechos humanos no deberían politizarse en una lucha partidista. Pero, por desgracia, parece que esto es mucho pedir en la situación actual. Primero, porque tenemos algún partido que no entra dentro de esa categoría de defensa de las políticas democráticas. O sea, su modelo social no tiene nada que ver con una vida sobre principios democráticos. Y, en segundo lugar, porque hay también algún partido que entiende que, al final, esto es una tendencia que puede asumir parcialmente —o que va a tener que entenderse— con esa parte de derecha antidemocrática y izquierda ultra muy antidemocrática y, en consecuencia, puede pactar con ellos. Y esto nos coloca en una situación muy mala a las minorías.

Cada vez que una persona trans aparece en un escenario público sufre algún tipo de ataque a su imagen, a su honor o linchamientos digitales

Durante la campaña usted ha denunciado haber sido víctima de acoso digital...

Yo no lo he denunciado, pero evidentemente el acoso digital se ha producido. Y no es la primera vez que ocurre. Este tipo de campañas, por desgracia, ya se han convertido en algo habitual y periódico. Cada vez que una persona trans aparece en un escenario público, normalmente sufre algún tipo de ataque a su imagen, a su honor, políticas de menosprecio o linchamientos digitales. Y claro, esto no es una casualidad. Esto es una política verdaderamente estructurada en redes.

Si tú coges ahora, por ejemplo, la última noticia que estaba leyendo hace cinco minutos sobre que están en busca y captura dos mujeres que han agredido a una chica trans en unos baños en Madrid, miras los comentarios de la noticia y la mayoría son a favor de las agresoras. Pero muchos de esos perfiles son bots o son elementos que están constantemente promoviendo ideas de ese estilo. Las cosas no son por casualidad. Hay una política mediática de estigmatización de las minorías y hay grupos que están muy directamente señalados, como la población migrante, los menores no acompañados, el colectivo LGBTI y, muy significativamente, las personas trans.

¿Y cómo ha gestionado, o cómo gestiona este tipo de situaciones?

Una tiene que asumir que evidentemente esto le va a pasar, que por desgracia es el precio que pagas por atreverte a defender una serie de principios. Viviría más tranquila haciendo una vida discreta, pero no defendería las ideas en las que creo. Así que pues lo asumes y ya está. Pero es muy triste porque estás diciendo que por defender tu identidad, tus derechos o una posición política hay una serie de señores que quieren hacerte pagar un precio vital y una violencia. Porque hay muchas formas de violencia. La violencia simbólica, la violencia en el tratamiento de la persona verbal, la violencia en redes, también es una forma de violencia. Y por desgracia estamos viendo que luego esto se concreta en violencias físicas.

Tenemos un incremento espectacular del nivel de agresiones homofóbicas o LGBT fóbicas en Castilla y León. Es que nos hemos convertido, en proporción a la población, de repente, en la comunidad que más casos tiene. Y hemos tenido algunos casos que podrían haber terminado muy mal. Hace meses un chico de Palencia no murió por los pelos porque llegó a tiempo a la unidad de cuidados intensivos de Valladolid. Pero estuvo a punto. Hemos tenido esta semana una agresión muy grave en la Bañeza. Ahora estaban operando de la mandíbula a la chica que había sido agredida. Casi pierde un ojo. Es decir, las violencias simbólicas y las violencias en redes normalmente preceden a algo peor, que es la ruptura de la convivencia.

El Partido Popular siempre deja la Ley LGBT en el cajón. Desde que está Vox en escena, mucho más

Castilla y León es la única comunidad autónoma que no tiene ley LGBT, salvo Asturias que lo está tramitando y que parece que va a salir adelante. No sé si cree que una ley podría cambiar las cosas.

Las leyes no son una panacea. No lo resuelven todo, obviamente, porque luego hay que cumplirlas. Pero son un instrumento, una herramienta de la que la gente puede valerse para reivindicar sus derechos. Aclaran situaciones de potencial conflicto que ya tienen un itinerario y una solución dada y, en consecuencia, facilitan la vida de la gente. Claro que nos hace falta esa ley por varias cosas.

Primero, porque efectivamente esta comunidad está convirtiéndose en una comunidad muy dura para los colectivos LGBTI. Segundo, porque tiene que cumplir la normativa estatal y hay que desarrollarla, implementarla. Este es un mandato que deriva de leyes estatales que tienen que cumplirse en este territorio también. Pero llevamos tres legislaturas negociando una ley LGBTI. El Partido Popular siempre la deja en el cajón. Desde que está Vox en escena, mucho más. No tiene ninguna intención de tramitar esto. Y corremos el riesgo, incluso, porque ya lo ha anunciado Feijóo tres veces, de que se apunten a una oleada de propuestas restrictivas de derechos. O sea, de intentar vaciar de contenido o contradecir las leyes estatales de Igualdad, como se ha intentado en Madrid, donde tuvieron que dar marcha atrás, o en Valencia, donde se ha presentado un proyecto que va a ir directamente al Tribunal Constitucional.

¿Y por qué cree que en Castilla y León todavía no se ha aprobado? Porque llevamos ya tres legislaturas. No solo con Mañueco, sino que deriva de gobiernos anteriores.

Nosotros negociamos durante dos años y medio, con el gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) y llegamos a un consenso con todos los actores profesionales, sociales y con la administración en el plano técnico, pero el sector más conservador del Partido Popular bloqueó aquel proyecto. Y desde entonces la situación no ha mejorado, ha empeorado. El gobierno de Mañueco ha sido mucho menos receptivo y desde que Vox está en escena, pues esta es una situación que no quieren ni tocar.

La izquierda confederal se ha quedado fuera del parlamento autonómico en de las elecciones del 15 de marzo. ¿Qué balance hace del resultado?

Ha sido objetivamente malo. No hemos logrado las expectativas que teníamos y no hemos mantenido el nivel de voto que tuvimos en 2022 o en 2023. Hay que asumir la realidad. Es decir, el electorado de Castilla y León es eminentemente conservador, esto ya lo sabíamos. Pero el efecto de vaciamiento a la comunidad lo está acentuando porque ha habido un incremento de la participación y, sin embargo, el volumen global de votos es menor. Esta comunidad ya ha perdido 150.000 jóvenes y sigue perdiendo gente joven bien formada que probablemente tendrían otro perfil sociológico. La gente mayor tiene un perfil mayormente conservador en el ámbito rural y en algunas zonas urbanas. Y la ultraderecha está subiendo. No es que sea una mayoría determinante, pero están ahí. Nosotros hemos estado muy invisibilizados en la campaña porque no tuvimos minutaje en televisión y tuvimos algún problema para poder hacer... comunicación de nuestras propuestas. El conjunto da el resultado que tenemos.

¿Por qué cree que Sumar no consigue asentarse en los territorios? Aquí en Castilla y León, por ejemplo, tiene muy poca base.

Estamos subiendo nuestra base discretamente, estamos aumentando nuestra militancia. El problema de Sumar fue que durante un tiempo éramos una marca paraguas y no nos constituíamos como partido. Cuando los partidos que integraban Sumar decidieron que tenía que ser una mesa de partidos se nos obligó a constituirnos como partido y se nos obligó a hacer una constitución territorial. Hemos estado en ese proceso durante un tiempo. Ahora ya tenemos una estructura que no será igual tan establecida como la que pueda tener Izquierda Unida, pero sí que hemos demostrado en esta campaña que tenemos voluntarios, que tenemos cosas que hemos integrado, que hemos aportado a la campaña, que han sido verdaderamente útiles. Hemos cumplido nuestros compromisos económicos y entendemos que tenemos muchas cosas que aportar.

Finalmente va a ser probablemente la ultraderecha la que marque las líneas de acción del gobierno

Probablemente volvamos a tener un gobierno de PP y Vox. ¿Qué cree que puede suponer una nueva legislatura con ambos partidos en el gobierno?

Ya tuvimos un adelanto de lo que puede ser un gobierno con la ultraderecha con el gobierno de 2022. Y vimos que era un gobierno muy poco operativo, en el que las consejerías de Vox hicieron realmente muy poco, pero bloquearon también a otras consejerías que no dirigía Vox. No dirigían directamente porque al final para el sostenimiento del pacto de gobierno era condición no agraviar o no molestar a la parte minoritaria del gobierno. Y ahora podemos temer una situación aún peor porque, probablemente, y ya lo ha anunciado así Abascal, cualquier disposición que se quiera aprobar necesitará el consentimiento previo o la aquiescencia de Vox. Y esto nos va a decir que finalmente va a ser probablemente la ultraderecha la que marque las líneas de acción del gobierno.

Estamos ante un cambio de ciclo en lo que es la economía y la vida social de Castilla y León

¿También en cuestiones LGBT?

Y no solamente, ese es el problema. Lla gente no se da cuenta de que esto afecta a todas las acciones del gobierno. ¿Qué política cultural ha habido en esta última legislatura? Arreglo de patrimonio histórico, fundamentalmente iglesias, subvención de toros y poco más. La cultura viva, la cultura más ciudadana, ha estado muerta. ¿Qué política industrial ha habido? Ninguna. Cuando ha habido grandes conflictos con las galleteras o con otras industrias tradicionales, a la Consejería de Industria no se la esperaba. Y no llegó. Tuvieron que desembarcar directamente los ministerios del Estado central para poder actuar. ¿Qué política va a haber en Sanidad? Pues probablemente, como estamos ante una comunidad que se está vaciando, y con una población envejecida... mantenimiento y tratamiento paliativo. Pero no prevemos un incremento de los servicios sanitarios.

En transporte... la comunicación con otras comunidades autónomas gozará de buena salud. Pero dentro de la comunidad probablemente seguirá abandonado. Las políticas de promoción del empleo rural. Se acaban en el 2028 las subvenciones europeas. Y la comunidad de Castilla y León nunca ha suplido o aumentado esas políticas europeas. ¿Va a instaurar ahora un plan propio? ¿O va a seguir con esa idea que es tan propia de la derecha y ultraderecha de que la mejor política industrial, la mejor política estructural, es la que no se hace? Que sea el mercado el que provea donde las cosas prosperan y donde no.

Estamos ante un cambio de ciclo en lo que es la economía y la vida social de Castilla y León. Que previsiblemente, vamos a dejar de ser una comunidad centrada en lo agrario para convertirnos en una comunidad de carácter industrial en la producción de energía para las comunidades que nos rodean. Seguiremos viendo como nuestros jóvenes probablemente emigren a las grandes urbes que nos rodean. Y que probablemente continuará el deterioro de los servicios públicos fuera de los cascos urbanos. Es decir, a corto plazo, muchos pequeños municipios creo que se les está condenando a desaparecer.

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha defendido este viernes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid que el tuit sobre “deportar” a sacerdotes pederastas por el que Abogados Cristianos le reclama un año de cárcel por un posible delito de odio fue una “ironía”. “Es imposible que una persona que no odia a sacerdotes católicos emita un mensaje de odio hacia ese colectivo. Eso, sumado al verbo deportar, hace evidente el significado real del tuit. Juzgar una ironía como si fuera algo literal nos llevaría a un terreno complejo”, ha añadido el ex secretario de Organización de Podemos en su última palabra. 

La asociación ultracatólica denunció a Echenique por un tuit en el que comparaba los abusos en la Iglesia católica con los delitos sexuales que cometen los migrantes. “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, escribió Echenique en mayo de 2024. 

El exdiputado respondió con este comentario a un mensaje en el que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, afirmaba que España no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles porque, según dijo, “caben los que caben”. Durante la vista, la Fiscalía ha reclamado la absolución de Echenique al considerar que el comentario en ningún caso supuso un “peligro real” para los sacerdotes. “No todo lo odioso es un delito de odio”, ha sostenido el fiscal en el inicio de su informe. 

También la defensa de Echenique, que ejerce el abogado Gorka Vellé, ha solicitado la absolución de su cliente, así como la imposición de las costas a la entidad ultracatólica. Durante su informe, el letrado ha defendido que el exdirigente de Podemos se pronunció en “un sentido irónico, sarcástico” sobre un asunto de interés público que era objeto de debate. “La deportación de sacerdotes como tal no parece factible en la medida de que tienen la nacionalidad española”, ha aseverado.

Además, el letrado ha defendido que el colectivo de los sacerdotes españoles no es un grupo vulnerable, que es uno de los requisitos que exige la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para considerar que se ha cometido un delito de odio. Y ha insistido en que el comentario está amparado por el derecho a la libertad de expresión. 

En contraposición, la letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha sostenido que el comentario de Echenique no fue “fortuito” y ha dicho que se trató de un “ataque deliberado a la Iglesia católica, a la que tiene manía”. Según Castellanos, el exdiputado de Podemos hizo esa afirmación con la “intención particular de humillar”.

En la vista ha comparecido como testigo el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que ha contextualizado las conclusiones del informe Una respuesta necesaria, en el que el Defensor del Pueblo reconocía las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas respecto a los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia.

En su interrogatorio, la abogada de Abogados Cristianos ha tratado de desacreditar las conclusiones de ese documento, que incluyó una encuesta que reveló que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país. “En el informe no juzgamos a una institución, estamos pensando en las víctimas, en su reparación y su reconocimiento”, ha defendido Gabilondo.

La vista tuvo un momento tenso cuando la presidenta del tribunal, la magistrada Adela Viñuelas cortó el interrogatorio de uno de los testigos, el corresponsal en Roma de El País y uno de los periodistas que ha liderado en ese periódico la investigación sobre la pederastia en la Iglesia. El redactor viajó desde Italia para acudir a esta vista, pero el tribunal apenas le permitió responder a un par de preguntas. Tras haberla aceptado, la presidenta consideró que su declaración era “innecesaria” por la “dirección” que habían tomado las preguntas de la defensa. Y no permitió siquiera que entrara en la sala otro periodista que también había sido citado.

Cuando el abogado Gorka Vellé apuntó que se estaba generando una “indefensión absoluta”, la magistrada le pidió que se callara. “Yo ordeno el juicio y a la vista de lo que se pretende, la declaración es innecesaria”. “Esto no es un debate político, es un juicio”, apuntó después la otra magistrada del tribunal. 

La acusación había reclamado la comparecencia como testigo de María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Es una organización vinculada a la letrada de Abogados Cristianos, que forma parte de su consejo asesor. Ante el tribunal, García Ayuela ha asegurado que, según un informe realizado por su organización, en 2024 aumentaron un 25% los “ataques” a la libertad religiosa y dos de cada tres se producen contra personas cristianas.

Sin embargo, a respuestas de la defensa, García Ayuela ha admitido que su organización ha llegado a considerar como un caso de “laicismo beligerante” y un ataque a la libertad religiosa la denuncia contra varias diócesis españolas que estaban impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+.

Abogados Cristianos atribuyó al exdiputado un delito de odio al considerar que su comentario supuso una “incitación” al odio al “señalar a los sacerdotes católicos como agresores sexuales, realizando un señalamiento y una estereotipación negativa generalizada de todo un colectivo de manera evidente” y “pedir la deportación de los sacerdotes católicos españoles”. A juicio de esta organización, el mensaje de Echenique llegó incluso a generar “una situación de peligro abstracto para los sacerdotes católicos en España” y a “atemorizar” al conjunto de los fieles católicos españoles. 

El instructor del caso fue el magistrado Carlos Valle, el mismo juez que también intentó llevar al banquillo por el mismo delito al humorista Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé', por bromear en un programa de la Cadena SER con apedrear curas pederastas. En el caso de 'Quequé', la Audiencia Provincial archivó el caso al considerar que el comentario no incitaba al odio contra los religiosos.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre y una mujer de 21 años de edad, como presuntos responsables de un delito de odio y amenazas graves, tras agredir y hostigar de forma continuada a dos mujeres por razón de su orientación sexual. Las víctimas fueron acosadas, amenazadas y agredidas por sus familiares.

La investigación se inició tras la denuncia de las víctimas, quienes venían sufriendo un acoso persistente basado en insultos, vejaciones y amenazas dirigidas a menoscabar su dignidad por su condición sexual. Con el paso de los días, la situación fue escalando, intensificándose las amenazas y la presión sobre las víctimas, llegando incluso a difundirse mensajes en redes sociales para localizar su vehículo, generando un clima de intimidación constante.

Los hechos culminaron el pasado 23 de marzo, cuando los agentes fueron comisionados a las inmediaciones de un centro escolar, donde varias personas estaban golpeando violentamente un vehículo en cuyo interior se encontraban las víctimas, profiriendo amenazas de muerte.

Durante la intervención policial, uno de los detenidos esgrimió un arma blanca, con la que llegó a causar una lesión a una de las víctimas, mientras el resto participaba activamente en la agresión, golpeando el vehículo e intentando acceder a su interior. 

Los detenidos, pasaron a disposición de la autoridad competente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.  

Un delito de odio es aquel que se comete contra una persona o grupo motivado por prejuicios o rechazo hacia alguna de sus características personales, como su orientación sexual, identidad de género, origen, religión o cualquier otra condición. En estos casos, no solo se ataca a la víctima de forma individual, sino que se vulnera su dignidad y se genera un impacto sobre todo el colectivo al que pertenece, por lo que este tipo de conductas tienen una especial gravedad y reproche penal.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha alertado de que los discursos xenófobos “generan miedo, exclusión y debilitan la convivencia”, durante su participación en el encuentro ‘Voces sin Fronteras: Balance de una experiencia compartida’, celebrado este miércoles en Cáceres, en el auditorio del Museo Helga de Alvear.

La jornada, organizada por Accem y la Fundación ‘la Caixa’, con la colaboración del Museo Helga de Alvear, ha servido para reflexionar sobre el trabajo desarrollado en materia de inclusión social y convivencia intercultural, así como para compartir experiencias entre entidades, instituciones y ciudadanía.

Quintana ha defendido que la integración real pasa por garantizar oportunidades en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda y la participación social, “elementos fundamentales para una convivencia sólida”.

Además, ha destacado el papel de Extremadura y de ciudades como Cáceres como “ejemplo de convivencia entre personas de diferentes orígenes, fruto del trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil”.

Durante su intervención, Quintana ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para “detenernos, mirar el camino recorrido y reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más justa, más inclusiva y basada en el respeto”. En este sentido, ha agradecido la implicación de entidades sociales, administraciones públicas, centros educativos y espacios culturales.

El delegado del Gobierno ha incidido en que el odio y la discriminación no pueden abordarse únicamente desde el discurso, sino que requieren de políticas públicas activas centradas en la “prevención, la sensibilización y la protección de las víctimas de delitos de odio”.

En esta línea, ha recordado la puesta en marcha de la herramienta HODIO (Huella del Odio y la Polarización), impulsada por el Gobierno de España, que permitirá analizar y medir la presencia del discurso de odio en redes sociales con el objetivo de diseñar estrategias más eficaces frente al racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.

Finalmente, ha reiterado el compromiso del Gobierno para seguir avanzando hacia una sociedad “donde nadie sea discriminado por su origen, su cultura o sus creencias”, apostando por una convivencia basada en el respeto y en la igualdad de oportunidades. 

Una mujer ha sido detenida en Valladolid como supuesta autora de un delito de odio después de que insultará al responsable de un supermercado -al que había accedido su pareja, un delincuente autor de varios hurtos en ese establecimiento- y a quien le dijo de forma denigrante que se fuera a trabajar a su país y le llegó a abofetear en el rostro.

En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado este miércoles que el pasado lunes un hombre entró en un supermercado de Valladolid, donde era conocido por los empleados por haber cometido hurtos en otras ocasiones, por lo que uno responsable del comercio inició una estrecha vigilancia para evitar que lo volviera a hacer.

Al percatarse de ello, el hombre optó por salir del establecimiento sin hurtar nada y sin adquirir ningún producto, seguido por el trabajador.

La Policía ha detallado que en la calle, a la puerta del supermercado, esperaba una mujer, pareja del hombre, quien al darse cuenta de lo ocurrido se encaró inmediatamente con el responsable del supermercado, dirigiéndole frases tales como “vete a tu país, extranjero de mierda, vete a trabajar a tu puto país” llegando a abofetear posteriormente al trabajador en el rostro.

La pareja abandonó el lugar, seguidos por la víctima que se dispuso a llamar con su móvil a la Policía Nacional, mientras la mujer le seguía insultando con frases xenófobas e intentaba propinarle manotazos.

La pareja y el trabajador se encontraban ya en una plaza próxima, con varias personas a su alrededor pendientes de lo ocurrido, cuando apareció una patrulla.

Los agentes, al ver la aglomeración de ciudadanos, bajaron del vehículo policial y pudieron oír perfectamente a la mujer insultando al trabajador con expresiones como “panchito de mierda, dejadme que le pegue otra ostia”.

Tras mediar e identificar a ambas partes y tomar nota de la filiación de varios de los testigos presentes, recabaron información de lo ocurrido entrevistándose con la víctima, quien trasladó que iba a denunciar lo ocurrido, por lo que detuvieron a la mujer por un delito relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas con motivación xenófoba, comúnmente conocido como delito de odio.

A la mujer le constaban en las bases de datos policiales 22 detenciones anteriores, y según la víctima había protagonizado episodios anteriores de insultos por el mismo motivo.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia, hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial, que decidió su puesta en libertad.

Al menos dos jóvenes de extrema derecha interrumpieron las clases de dos facultades de la Universidad de Cantabria (UC) el pasado 12 de marzo para incitar a participar en una concentración xenófoba, ese día, que se realizó frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria contra los centros de menores no acompañados en la comunidad autónoma.

Dos de los jóvenes del grupo que interrumpió las clases hablaron, grabaron la situación y editaron un vídeo que fue subido a las redes de Juventud Combativa, que se presenta como la facción juvenil del colectivo de ultra derecha Frente Obrero.

Tras esto, la UC ha informado a elDiario.es de que ha elaborado un protocolo de comunicación y gestión para que los docentes afronten lo que la institución ha llamado “interrupciones de clase”, sin calificar ni valorar el tipo de discurso que ha provocado estos incidentes.

La inédita decisión de dos alcaldesas socialistas de Cantabria de hacer pública la ubicación en 2026 de dos centros de menores migrantes en sus municipios, estando una a favor y otra en contra, ha generado un caldo de cultivo en Cantabria para unos discursos que viven su momento de apogeo en España, tras convertirse los detalles de los menores que viven en los centros en materia de debate social y política entre partidos de diversas siglas.

Y es que no es el único vídeo subido a redes, pero en el citado vídeo, que está editado, los dos jóvenes invitan a los universitarios a sumarse a la protesta contra los centros de menores ya instalados en Cantabria y anuncian nuevos centros en dos municipios más, como si tuvieran información de primera mano. Y aducen, en plural mayestático, que “somos nosotros, la juventud, los que vamos a heredar el país” y “no queremos mas centros de 'menas' en nuestros barrios y no queremos inseguridad en nuestros barrios”.

En el post en redes se ve a dos docentes, una en cada aula, y una de ellas encara a los jóvenes y les reprocha que hablan “de ellos —los menores migrantes— como si no tuvieran rostro, como si fueran una masa que nos va a atacar”.

Una fuente docente que supo del incidente ha explicado a este medio que “se presentaban como representantes estudiantiles para entrar en las aulas, algo que pensamos que no es cierto, pero sí se cree que alguno pueda ser estudiante”.

UC: “Dos hechos aislados”

Desde el equipo de de gobierno de la UC, al que ha consultado elDiario.es, no se ha podido confirmar si eran universitarios de la UC, aseguran que no han podido identificar a los jóvenes y desconocen si son o no alumnos, pero piden trasladar “un mensaje de tranquilidad y serenidad”. “Esperamos que sea un hecho puntual: dos hechos aislados”, subrayan.

Preguntado por cómo califica el equipo de gobierno de la UC el contenido de las interrupciones, las fuentes consultadas han eludido valorarlo: “Es una interrupción de clase”, se limitan a valorar. 

Esta fue la “inédita” situación que el 19 de marzo, una semana después de los incidentes en las aulas y la concentracion xenófoba, de escaso seguimiento, frente a la Delegacion de Gobierno, motivó un correo interno dirigido a un número inconcreto de docentes de la UC. En el mail se pidió a los profesores que “debido a las interrupciones en las clases que se han producido”, sin especificar a qué hechos se refería, “se llamase a Seguridad si vuelven a repetirse”.

Pero varios profesores consultados desconocían los hechos, por lo que no establecieron una asociación entre el correo y el origen de los hechos. “De hecho, me llegó el mail y no le di más importancia, no sabía el motivo concreto”, dice un docente a preguntas de este periódico.

En paralelo, anuncian desde la UC, se ha elaborado un protocolo “de cero” de actuación y de comunicación para “interrupciones en general” porque, en el año de gobierno que lleva la rectora Conchi López, “no se había producido antes algo así”, indican. Otros dos docentes consultados confirman que “nunca” habían oído de interrupciones de tintes racistas de clases en la Universidad de Cantabria.

Sobre el nuevo protocolo, agrega una fuente oficial, “se ha podido verificar que en otras universidades tampoco había un protocolo tan estricto cuando que se interrumpen las clases de este modo”.

Un protocolo si se ven afectados “de este modo”

El protocolo que van a recibir los docentes, que da continuidad al correo interno, indicará cómo deben de actuar los profesores si se ven afectados “de este modo” y cómo deben comunicar los centros al equipo de gobierno si se dan “este tipo de incidencias”, explican desde la UC.

Conchi López, rectora de la UC, consultada durante una entrevista con elDiario.es, reconoció en 2025 que los discursos de odio estaban presentes en el espacio universitario. Sobre la detección de ese giro hacia posiciones más extremistas que indican algunos estudios recientes, la rectora aseguró que “es una realidad que todos vemos en el día a día. Las redes sociales han alterado las formas de comunicación y la universidad y las personas que estamos aquí, desde profesores a estudiantes, formamos parte de la sociedad en la que vivimos. Esas consecuencias también están aflorando aquí. Uno de los retos que tenemos por delante es que esas actitudes no proliferen”, señaló tras su toma de posesión.

Para muchos, las redes sociales han pasado de ser un nexo de unión entre personas y colectivos repartidas por todo el mundo a un caladero de críticas y odio. De forma fugaz se van difundiendo discursos cíclicos, en los que las figuras públicas, para bien o para mal, son objeto de discusión. Así le ha ocurrido al actor irlandés Barry Keoghan, que ha denunciado que se ha convertido en objeto de burla a lo largo y ancho de la red.

En una entrevista que Keoghan ha concedido a la revista estadounidense Entertainment Weekly, el intérprete ha confesado que las constantes críticas que ha recibido por su físico le han generado una gran ansiedad: “Hay muchos insultos sobre mi aspecto”, ha detallado. El acoso en redes es algo a lo que lamentablemente Keoghan está acostumbrado, pero ha confesado que la situación ha escalado en los últimos meses.

El actor irlandés teme que el acoso acabe afectando a su carrera. Acaba de estrenar proyecto con Peaky Blinders: El hombre inmortal, y ahora se encuentra inmerso en el proyecto de Sam Mendes sobre The Beatles, en el que encarnará a Ringo Starr. Antes de eso, participó en películas como The Killing of a Sacred Deer, The Batman o Saltburn.

“Cuando eso empieza a filtrarse en tu arte, se convierte en un problema, porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla”, ha explicado, incidiendo en que el acoso en redes sociales podría acabar interfiriendo en su libertad creativa como intérprete.

“Hay mucho odio en internet”, lamenta el actor, que ha abandonado las redes sociales después de que su aspecto físico se haya convertido en objeto de discusión. El odio vertido por usuarios anónimos no solo le han afectado en su vida online, también asegura que le han convertido en un recluso: “Me ha hecho encerrarme en mí mismo, no querer ir a sitios, no querer salir”. La exposición constante a comentarios negativos sobre él, denuncia, se ha traducido en problemas de autoestima y ansiedad.

“Se está convirtiendo en un problema. No tengo que esconderme porque ya me estoy escondiendo. De hecho, no voy a ciertos lugares por estas cosas”, ha abundado.

Ahora, el actor se ha retirado de forma parcial de las redes sociales, un equilibrio delicado, puesto que se encuentra involucrado en numerosos proyectos. Por el momento, solo consulta para ver “cómo se reciben” las reacciones de estrenos y eventos importantes. A menudo, ha lamentado, encuentra reacciones a sus apariciones públicas que son “nada agradables”.

Un exintegrante de los Testigos de Jehová ha admitido que agredió a tres adeptos del grupo religioso cuando se los encontró en un trastero de Barcelona. El acusado ha aceptado seis meses de cárcel, que no cumplirá al carecer de antecedentes si no delinque en dos años, e indemnizar con 500 euros al testigo que abofeteó.

Así se ha solventado el caso en una vista de conformidad celebrada este jueves en la Audiencia de Barcelona. A cambio de admitir los hechos, el acusado ha visto rebajada su pena (de dos años solicitados por la Fiscalía a seis meses) y se ha suspendido su ingreso en prisión al carecer de antecedentes.

El acusado ha reconocido que el 1 de octubre de 2023 se encontró con tres testigos de Jehová en un trastero de Barcelona y les reconoció porque acudían a dejar sus publicaciones y carteles con los que habitualmente están en la calle.

Cuando los tres le contestaron que eran miembros del grupo, se abalanzó sobre ellos al grito de “hijos de puta, me habéis amargado la vida”, según recoge la sentencia de conformidad.

Además de gritarles, el hombre propinó un puñetazo en la cara a uno de los testigos y “acometió” contra los otros dos sin conseguir alcanzarles, pues el primer agredido se puso en medio y recibió otro manotazo. Durante el ataque, el extestigo espetó repetidamente “hijos de puta”.

Las invectivas siguieron en la calle en una agresión que estuvo motivada por los “sentimientos de rechazo e intolerancia hacia la confesión religiosa” de los Testigos de Jehová, un grupo considerado una secta por varios expertos y algunas sentencias, aunque la organización lo niega.

“El tono buscadamente audible de todas las expresiones, la exposición pública y la progresión del ataque, del verbal al físico, les hirió en su amor propio menoscabando su dignidad”, recoge la sentencia.

El acusado ha sido condenado a seis meses de cárcel por y una multa de 540 euros por un delito de odio, además de abonar una indemnización de 500 euros al testigo que abofeteó. También deberá pagar otra multa de 30 euros por un delito leve de maltrato. Tampoco podrá acercarse ni comunicarse a los tres testigos durante dos años y medio ni ejercer profesiones relacionadas con la enseñanza durante tres años.

Esta mañana se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial un acusado de humillar y discriminar a dos integrantes del colectivo LGTBI. El acusado ha aceptado 1 año, 7 meses y 15 días de prisión por delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución, por lesionar la dignidad de las personas por motivos discriminatorios en razón de su orientación sexual.

El acusado, vecino de Logroño, ha reconocido los hechos y deberá pagar una multa de 1.890 euros y una indemnización de 1.000 euros a cada una de las dos víctimas en concepto de responsabilidad civil. 

La sentencia también le impone la medida de alejamiento a menos de 200 metros de las víctimas, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio durante 3 años. También estará inhabilitado para ejercer profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por 4 años, 7 meses y 15 días.

El Tribunal ha concedido la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no vuelva a delinquir por un periodo de tiempo de 2 años y abone la multa y la responsabilidad civil impuestas en sentencia. Las víctimas denunciaron en 2024 que estaban recibiendo mensajes humillantes y discriminatorios por su orientación sexual a través de las redes sociales por parte del acusado.

Uno de los mensajes que el acusado envío desde su cuenta de Instagram y que se recoge en el escrito de calificación del Fiscal dice lo siguiente:  “El día que empiece a correr sangre en Europa por una rebelión, os garantizo que seréis los primeros en caer; algún día, más pronto que tarde, cuando la gente estalle y salga a la calle a cortar cabezas, acordaos que estaré en primera fila y a por los primeros que iré, seréis vosotros el día que Europa reviente, no seré yo el único que vaya arrancando cabezas, pero sí, me pido las vuestras….así seré yo lo último que veáis en vuestras miserables vidas; y ese día, cuando llegue, lo que te he dicho esta mañana, me encargaré yo mismo de arrancarte la cabeza, de momento me abstengo de hacer nada por las leyes…pero pido que haya un día de purga, sólo uno..; el día que haya una purga o que haya una revuelta nacional, ahí estaré en primera fila, con la catana preparada y bien afilada”.

Los mensajes de odio en redes sociales han aumentado. Aunque basta con echarles un vistazo, ya hay investigaciones que lo corroboran y analizan. La problemática preocupa y el Gobierno ha anunciado esta misma semana una herramienta que tratará de ponerle coto y acabar con la impunidad en redes sociales. Uno de los focos de los discursos de odio son las mujeres y, de hecho, el Monitor de Odio del grupo de investigación de UNIR Hatemedia, ya estudia el odio misógino como una de las cinco categorías en las que clasifica los mensajes de odio en redes sociales.

Esta investigación ha analizado, como explica Elías Said Hung, investigador principal del grupo Hatemedia, tanto los contenidos informativos de siete medios de comunicación y sus usuarios en la red social X como los comentarios alrededor de esos contenidos informativos compartidos por parte de terceros usuarios. 45.000 mensajes analizados que, según la comparativa de los períodos junio-diciembre de 2024 y junio-diciembre de 2025 confirman el aumento de los discursos de odio: “En solo un año han pasado del 38 al 40% de los mensajes analizados”.

Este grupo de investigación, que viene trabajando en esta cuestión desde 2020, ha desarrollado antes una librería de expresiones de odio. “Hay más de 7.000 lemas o palabras, simples y compuestas, en donde hemos asociado esas palabras a determinados tipos de odio”, explica Elías Said Hung. Después, han desarrollado tres algoritmos para facilitar la clasificación: odio, no odio, tipo de odio, intensidad de odio. Entre los tipos de odio, identifican un odio general, el mayoritario, “es el odio en el que no es claramente predominante sobre un determinado tipo de odio previo”, explica el investigador, y otros cinco tipos odio político, misógino, sexual, religioso y xenófobo.

Se normaliza un contexto dirigido a menoscabar la capacidad de competencia y generar estereotipos hacia las mujeres

Elías Said Hung — Investigador de UNIR

El Monitor de Odio clasifica según el odio prevalente en cada mensaje, aunque, como advierte su investigador principal, “hay interseccionalidad entre odios”. Los algoritmos identifican el tipo más predominante, pero la revisión manual de los investigadores detecta la interseccionalidad. “No hay un odio puro”. Y lo explica con un ejemplo: “Yo puedo apelar a Ione Belarra con un odio misógino y no deja de ser político también”

Por eso, que el odio misógino represente un 9% de los mensajes de odio analizados representa, según advierte el investigador de UNIR, “un proceso de normalización, pues hay un promedio regular de ese tipo de odio”. “Se normaliza un contexto que va dirigido a menoscabar la capacidad de competencia y generar estereotipos hacia las mujeres”, explica Said Hung. “Hay mensajes que hemos identificado que van hacia la ministra de Trabajo y le llaman tontas u otros términos. ¿Por qué es un odio misógino? ¿Es por la misoginia o por lo que representa ella como figura de poder”.

Este odio no busca solo dañar a la figura pública que lo recibe. Según Said Hung, existe una instrumentalización: se utiliza a mujeres en posiciones de poder como un puente para alcanzar al conjunto de las mujeres. “Hay una relación dentro del contexto del odio, a través de menoscabar las capacidades como persona, en este caso de mujeres se intenta desvirtuar el rol político que ellas están teniendo o que pueden tener. Existe una estrategia que busca utilizar descalificaciones hacia mujeres para desvirtuar su rol en la sociedad”, detalla.

El odio “invisible”

El aumento de la agresividad hacia las mujeres se ve favorecido por lo que Said Hung define como “odio de baja intensidad”. Se trata de mensajes que buscan la “prevalencia de estereotipos y prejuicios” mediante un lenguaje que esquiva los controles: “Los sistemas de moderación automáticos no los detectan porque no utilizan términos soeces, sino un discurso muy cuidado”.

Esta impunidad coincide con un retroceso en la seguridad digital. El investigador advierte que, desde 2023, las plataformas han venido “descuartizando y desinstalando todos los programas de moderación”, amparándose en una libertad de expresión que ha servido para “desmontar los mecanismos que permitían un entorno seguro”, dejando ahora todo el peso de la regulación en el propio usuario. Para el experto, este fenómeno responde a una “guerra cognitiva”, una estrategia que busca el “condicionamiento de la opinión pública a favor de narrativas que legitiman una determinada acción”.

El riesgo es, sobre todo, generacional, ya que el “70% de los jóvenes se informan a través de las redes sociales”. En un entorno condicionado y con usuarios que buscan contenidos afines, donde los algoritmos premian el sesgo, Said Hung alerta de que nos enfrentamos a una sociedad donde “las plataformas condicionan nuestra opinión pública”. En este escenario y con estos datos, la misoginia y los discursos de odio amenazan con consolidarse como marco de pensamiento, especialmente para los más jóvenes.

El primer tuit se publicó el 29 de agosto de 2019: “Eres la típica malfollada a la que nunca le han dado polla”. Lo que siguió fue un aluvión de mensajes durante cuatro años para “humillar”, en palabras de la Fiscalía, a una experta en videojuegos, conocida por denunciar las actitudes machistas del sector. El acusado se sienta en el banquillo este miércoles.

La Audiencia de Barcelona escuchará a una víctima de una realidad que no suele verse en una sala de vistas en España: el acoso machista de un incel a una mujer del sector de los videojuegos. Originaria de Estados Unidos, la comunidad incel está formada por hombres jóvenes y machistas que culpan a las mujeres de su falta de relaciones sexuales.

Como toda comunidad de Internet, pero guiados por el odio a las mujeres, los incels han construido un lenguaje propio. Algunas de estas expresiones se encuentran en los mensajes que el joven acusado profirió a la denunciante entre 2019 y 2022, e incluso los nombres de las cuentas que usaba, tal y como relata el abogado de la víctima, Daniel Amelang, en su escrito de acusación.

“El mundo del videojuego todavía sigue siendo parte de una tecnocultura machista tóxica muy fuerte, y el hecho de que empiecen a llegar mujeres les genera un rechazo muy fuerte y se coordinan para echarlas”, explica la filósofa de la tecnología e investigadora Eurídice Cabañes.

El joven está acusado de enviar, al menos, 13 mensajes en Twitter y 14 a través de Instagram a la víctima. De culpar a la denunciante del coronavirus se pasa a una escalada en la agresividad de los mensajes, con referencias explícitas a violarla o dejarla embarazada. También se arremete contra el feminismo de la denunciante y sus críticas al sesgo machista de algunos videojuegos.

Entre los términos empleados en los mensajes, se encuentran palabras habituales de los incels, como “cucks” (cornudos en inglés, pero que esta comunidad emplea para describir a los hombres que apoyan políticas igualitarias); “chad” (ejemplo de hombre atlético que despierta el deseo en las mujeres); “kek” (una forma de reírse); “alfa y beta” (la diferenciación entre hombres dominantes y sumisos); o “golden” (la referencia incel para describir el equilibrio entre dos personas).

La violencia que recibió la denunciante no fue solo verbal: el acusado también envió una fotografía de su pene sin el consentimiento de la experta en videojuegos.

La Fiscalía no tiene dudas: a través de sus mensajes públicos y privados, el acusado pretendió “menoscabar la dignidad” y “denigrar” a la denunciante “y a las mujeres por el mero hecho de serlo”, además de perjudicarla en el ejercicio de su profesión. El Ministerio Público solicita dos años de cárcel para el acusado por un delito de incitación al odio o bien por el delito de acoso y una indemnización de 3.000 euros.

La acusación particular de la víctima eleva la petición de pena a tres años de cárcel por un delito de odio por motivos misóginos y otro de acoso, además de una indemnización de 20.000 euros. La denunciante, recalca el abogado Amelang, se vio “vejada de forma grave y sostenida en el tiempo” ante toda la comunidad gamer por parte del acusado, y tuvo que contactar con la entidad Fembloc, de lucha contra las violencias digitales.

Las consecuencias para la denunciante fueron severas: se vio obligada a reducir su presencia en redes y a desactivar los mensajes privados, y tampoco participó en medios de comunicación tradicionales “para llamar menos la atención y minimizar el riesgo de que continuara el acoso”, sostiene su abogado.

Lo ocurrido a esta experta en videojuegos llega a un juicio, pero el acoso digital es una realidad para muchas mujeres jugadoras. Así lo expone el último estudio sobre diversidad en el videojuego en España de la asociación cultural Arsgames, del que Cabañes fue una de sus autoras: el 59% de las jugadoras ocultan su género para evitar el acoso, y el 77% lidian con comportamientos no deseados.

Todo ello pese a que en 2024, por primera vez, las mujeres representaron la mayoría del público jugador en España, alcanzando los 11,1 millones, un 50,5% del total tras un crecimiento del 77% desde 2019 en el número de jugadoras, según el estudio.

Cabañes recuerda la “responsabilidad” de las empresas a la hora de atajar los acosos machistas en el videojuego. “Igual que no se nos ocurriría permitir a un restaurante actitudes sexistas, tampoco pueden ocurrir en el espacio digital”, destaca la experta, que lamenta que algunos juegos que todavía no cuentan con formas de protección contra el acoso.

La experta pone como ejemplo lo ocurrido con el Gamergate, la campaña de ciberacoso machista de hace una década a distintas mujeres en la industria de los videojuegos, que perdió peso durante unos meses pero cuyos métodos fueron “precursores” de ataques como el asalto al Capitolio de EEUU. “El videojuego es un campo de innovación donde se puede redirigir a los hombres que ya son misóginos para que pasen a la acción”, resalta Cabañes.

Toca hablar de odio. Porque el Gobierno ha anunciado una herramienta con la que rastrear la huella de los discursos de la abominación en las redes sociales. Porque la derecha se ha mofado de ella. Porque acabamos de recordar los trágicos atentados del 11M de hace 22 años. Porque el día de tan terrible efeméride, de repente, se abrió el telón y aparecieron Aznar y Mayor Oreja —¿qué puede salir mal?—. Porque conviene no olvidar las mentiras del Gobierno de entonces durante los días que transcurrieron entre los atentados y las elecciones generales. Y porque allí empezó todo: la negación de la verdad, los bulos, la deshumanización del contrario y lo que hoy conocemos como el discurso del odio.

De aquellos polvos…. ¿Recuerdas? Un falso relato construido por la derecha y sus medios de referencia. Primero para ocultar la verdad sobre la autoría de los atentados con intención de manipular al electorado. Después, una campaña feroz con la que deslegitimar el resultado de las urnas que dio la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Mucho más tarde, llegaron las fake news, los bulos, los negacionistas, los pseudo medios, la fachosfera y el odio por encima de todo. Aquel 11 de marzo de 2004 fue el primer gran ensayo de lo que hoy padecemos. En la política, en los medios, en las redes sociales y en la conversación pública. 

Y, pese a todo, algunos protagonistas de aquel infame engaño aún reivindican el uso ilegal de la fuerza bruta como solución a los problemas. Aznar, el primero. El del apoyo a la guerra de Irak, el de las armas de destrucción masiva, el de “ha sido ETA”, el de las mentiras deliberadas tras la masacre y el que nunca pidió perdón por el engaño masivo, sale de nuevo a escena para legitimar otra invasión y certificar la defunción del orden internacional.

“Vivimos un cambio de era, no una era de cambio, sino un cambio de era en el que el orden internacional que hemos vivido hasta ahora se ha terminado. Se ha terminado, el viejo mundo se ha acabado. Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales. Y un país como España debería estar al lado de los aliados, y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios”. 

Son palabras del expresidente sobre la guerra en Irán desatada por los EEUU e Israel y sobre la negativa del Gobierno español a Trump para el uso de las bases de Rota y Morón.Y las ha pronunciado justo ahora, cuando entre los pliegues de la memoria colectiva aún asoma el dolor por los 193 fallecidos y más de 2.000 heridos en los atentados yihadistas del 11M que siguieron a aquella guerra ilegal. Si lo que pretende es expulsar aquel odio con más odio cuenta con el apoyo decidido de quien fuera uno de sus ministros de Interior y principal impulsor de la teoría de la conspiración sobre el 11M. Jaime Mayor Oreja ha escrito Una verdad incómoda: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026), donde insiste en que ETA “al menos” conocía que se iban a cometer los atentados de 2004 y desliza, sin prueba alguna, la participación del “Estado profundo” de Francia. Dos décadas después, los mismos embustes, el mismo odio y los mismos constructores de relatos alternativos.

Vindicar en el aniversario del 11M otra guerra ilegal o defender las teorías de la conspiración como hacen Aznar y Mayor Oreja es una dosis de recuerdo sobre hasta dónde es capaz de llegar la derecha para mantener el poder, deslegitimar al adversario, manipular a la opinión pública o esparcir aversión. De ahí la airada reacción de los populares y sus bots a la decisión del Gobierno de Sánchez de poner en marcha un medidor de la polarización en redes sociales. 

Se llama Huella del Odio y Polarización (HODIO) y es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) que medirá y analizará la presencia de discurso de odio y polarización en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. El objetivo es generar un ranking público y transparente que permita comparar el nivel de exposición al odio entre plataformas. España se convierte así en el primer país europeo en implementar un sistema de medición sistemática de estas características. Sin embargo, las derechas no solo se mofan, sino que además no encuentran motivo para poner freno al odio que se cultiva y se promueve desde las redes. Será porque es un hábitat que dominan con soltura. Basta con echar un vistazo a sus cuentas oficiales en X, a las de su sincronizada de guardia o a las de sus altavoces habituales, donde el insulto, la manipulación, la deshumanización, el bulo y el escarnio campan a sus anchas. 

Y eso que las cifras hielan la sangre: 

HODIO hará que estas diferencias sean públicas y comparables de forma sistemática. Pero, además de visibilizar el problema como pretende esta herramienta, en algún momento habrá que romper este ciclo del odio que en España empezó con aquel 11M desde el Gobierno y sus terminales mediáticas y hoy se fabrica, cultiva y promueve en las redes sociales, donde la violencia verbal es alarmante.

Sin duda, hace falta regulación y no porque lo diga o crea Sánchez, sino porque en Europa ya hay un consenso generalizado, sobre todo en lo que respecta a la protección de los menores en el espacio digital. En Naciones Unidas también se aprobó el pasado septiembre una resolución para crear el primer panel de la historia que discutirá sobre la Inteligencia Artificial en lo que se entiende que será un primer paso para su regulación. 

La toxicidad en la palabra no es libertad de expresión es una seria amenaza para la convivencia de la que se benefician no solo los tecno oligarcas, sino también aquellos que son incapaces de convencer a la ciudadanía de la bondad de sus proyectos políticos salvo desde la mentira, el insulto, el odio al diferente y la manipulación, como acostumbran algunos políticos. 

¿La última? La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, a quien seguro no se conoce ni por su gestión ni por su pensamiento político, pero sí por difundir este miércoles un vídeo falso hecho con IA en el que se escucha al ministro Óscar Puente llamar “retrasada” a Isabel Díaz Ayuso en un montaje de una entrevista en TVE. Si lo que pretendía era hacer méritos con una ingeniosa descalificación sobre la herramienta HODIO anunciada por el Gobierno, lo que logró fue el bochorno de propios y extraños, además de la difusión de una trola de tamaño considerable. Así andamos.