Badalona admite a la jueza que carece de protocolos para personas sin hogar tras dejar en la calle a decenas de migrantes
Los protocolos se han convertido en el día a día de la relación de la administración con la ciudadanía. Pero el Ayuntamiento de Badalona no dispone de ninguno para las personas más vulnerables: las que no tienen un hogar. Así lo ha admitido el consistorio que encabeza Xavier García Albiol a la magistrada que autorizó el desalojo de centenares de migrantes que malvivían en un instituto abandonado del municipio, en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es.
La abierta negativa de Badalona a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas. Muchos no tuvieron otra que acampar bajo de un puente de la C-31, al que acudieron otras personas sin hogar de Badalona o Barcelona hasta que, de nuevo, fueron desalojadas este miércoles.
La magistrada de lo contencioso-administrativo autorizó el desalojo solicitado por Albiol. No lo condicionó, tal y como había pedido la Fiscalía, a que el Ayuntamiento ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, sino que se limitó a obligar al consistorio a prestar “atención social” a los desalojados, sin más concreciones.
Una vez ejecutado el desalojo, la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, consideraron que el Ayuntamiento había incumplido igualmente la orden judicial, ya que no había personal de servicios sociales para atender a los migrantes. Sin embargo, la magistrada rechazó la petición del Ministerio Público para “verificar” si Albiol había actuado conforme le obligaba el auto.
De todas las peticiones planteadas por la defensa de los migrantes y la Fiscalía tras el desalojo, la magistrada solo aceptó una: requerir al Ayuntamiento de Badalona para que aportara el protocolo de atención a personas sin hogar. La sorpresa ha llegado con la respuesta del consistorio.
El informe ocupa tres páginas. El primero transcribe literalmente un artículo de la ley de Servicios Sociales de Catalunya. A renglón seguido, el jefe de los servicios sociales de Badalona reconoce que el consistorio no dispone del protocolo requerido por la jueza, si bien le adjunta medio folio de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar.
Según el responsable municipal, “dentro del marco legal”, en referencia a la normativa autonómica, “no existe una obligación específica que el Ayuntamiento de Badalona ni otra administración competente tengan que disponer de un protocolo de atención a personas sin hogar por parte de los servicios sociales”.
La interpretación de la ley que hace Badalona consiste en que sus obligaciones legales pasan por “disponer de un modelo de abordaje integral que proporcione una respuesta a las necesidades sociales de las personas sin hogar”.
Todo ello pese a que la norma citada por el Ayuntamiento como marco legal dispone que los ayuntamientos son los encargados de detectar las situaciones de vulnerabilidad, ofrecer asesoramiento e intervenir. Cabe recordar que el propio Albiol, el día del desalojo, aseguró que los servicios sociales habían dado “hospedaje temporal” a 16 migrantes.
De lo que sí dispone el Ayuntamiento es de una “metodología de intervención”, en palabras del jefe de servicios sociales a la jueza, para personas sin hogar, que consiste en cuatro puntos: detección de personas que duermen en la calle e información; valoración de los servicios sociales “con especial atención a los indicadores de vulnerabilidad”; apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia [Badalona cerró su albergue para personas sin hogar en 2024]; y seguimiento posterior.
La respuesta a la jueza de los servicios sociales de Badalona termina con otra confesión: el responsable municipal admite que ha solicitado apoyo a la Diputación de Barcelona para desarrollar un plan local de abordaje del sinhogarismo.
La colaboración con la Diputación, agrega el jefe de servicios sociales, “promoverá el diseño y la elaboración de un plan y, si cabe, un protocolo de atención” a personas sin hogar. En cualquier caso, tarde para los desalojados del B-9, que se han repartido en otros asentamientos informales, habitaciones de familiares o amigos o albergues proporcionados por la Generalitat y entidades sociales, aunque dentro de pocos días finalizará la estancia de varios de ellos.
La Fiscalía, indignada
La respuesta de los servicios sociales de Badalona ha provocado una reacción dura de la Fiscalía. En un escrito remitido a la jueza tras consultar la respuesta de Badalona, el Ministerio Público constata que el día del desalojo del B9 el consistorio no aplicó ni un protocolo de atención a personas sin hogar (porque no tiene) ni la “metodología de intervención” remitida al juzgado.
“En especial”, incide la fiscal, los puntos de la “metodología” que contemplan el apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia y seguimiento posterior de los migrantes. “La gran mayoría de las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional se quedaron en la calle”, zanja el Ministerio Público.
Es más, la Fiscalía destaca las condiciones meteorológicas adversas (lluvia y frío) de diciembre del año pasado cuando se ejecutó el desalojo. Los migrantes, concluye la fiscal, tuvieron que acampar primero en la plaza de al lado del B9 y luego bajo el puente de la C-31 “sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio”.
“No puede entenderse cumplido el auto” que autorizó el desalojo pero obligaba a Albiol a proporcionar atención social a los migrantes, apostilla la fiscal.
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