Los conflictos de intereses en la contratación del Ayuntamiento de València parecen estar a la orden del día. Así lo atestiguan las sucesivas investigaciones de la Agencia Valenciana Antifraude, que ha recibido varias denuncias sobre contratos del consistorio.

La coalición Compromís ha revelado este martes una resolución del organismo antifraude, ya publicado en su página web como informe final de actuaciones, que aprecia irregularidades en un contrato de suministro de sistemas y equipos informáticos para los bomberos de València, canalizado por el Ayuntamiento. Los valencianistas denuncian, en base a la información de Antifraude, que el contrato se hizo “a medida” de la empresa que finalmente se llevó la contratación. Se trata de un contrato para de 153.420 euros para equipar los vehículos de Bomberos de València con tabletas y sistemas embarcados, suscrito en 2023.

La denuncia fue archivada en Fiscalía, pero la Agencia Antifraude destaca problemas en los mecanismos de control del Ayuntamiento de València.

El informe de Antifraude señala que los pliegos técnicos “coinciden con la propuesta de colaboración remitida meses antes por la empresa adjudicataria” y constata que la firma participó en su elaboración, algo que negó en las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. “Existen evidencias documentales de que la empresa adjudicataria participó en la determinación de los requisitos técnicos y en la fijación del precio estimado antes de la convocatoria de la licitación”, dice el informe de Antifraude, que a continuación señala: “Esta participación previa sitúa a la empresa en una posición de ventaja competitiva que vulnera los principios de igualdad de trato y discriminación”. La empresa firmó una declaración de ausencia de conflicto de intereses, por lo que Antifraude cree que “pudiéndose exigir responsabilidades administrativas y/o penales”.

Entre las irregularidades destacadas, el organismo que dirige Eduardo Beut señala un incremento en casi 15.000 euros del contrato, que no están justificados. Pero se detiene especialmente en un acuerdo para pactar los precios entre el fabricante y la adjudicataria: “La existencia de un acuerdo de precios entre el fabricante y la adjudicataria meses antes de que la licitación fuera pública, prueba un acceso anticipado a información confidencial”, subraya el organismo. “El operador económico disponía de información anticipada sobre las especificaciones técnicas”, recalca la resolución. En el expediente, Antifraude acredita con correos electrónicos y testimonios que la empresa hinchó el precio de la licitación.

La Agencia también abronca al consistorio la falta de procedimientos de control. Reclama que se revise el contrato de oficio y que se activen los planes de prevención del fraude municipal. Como ya sucedió con contratos del concejal José Marí Olano, el organismo recuerda que existe un plan de integridad y ética en la contratación, con unos procedimientos y canales que se tienen que cumplir.

Los valencianistas señalan al concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, por el expediente: “Es la mano derecha de Catalá y, por tanto, el responsable de este contrato que ya tarda en dar todas las explicaciones”, según denuncia la portavoz de Compromís, Papi Robles. El también concejal valencianista Ferran Puchades destaca que Antifraude describe un acceso a información privilegiada, un pacto de “precio protegido” entre el fabricante y la adjudicataria, específico para el Ayuntamiento de València y cerrado antes de que la licitación fuera pública.

El Ayuntamiento de Valencia destaca que la Fiscalía ya archivó la supuesta denuncia. Además, el Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil ofreció toda la información requerida por la Agencia Antifraude y atenderá las peticiones que se le requieran como ha hecho siempre.

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa, del PP, pagó más de 300.000 euros sin contrato a la empresa que presta el servicio de socorrismo en las playas. Lo hizo sin pasar por procedimientos de contratación pública y sin fiscalización previa, al menos en tres ocasiones, y con un tirón de orejas de la Intervención municipal, que apreció un riesgo de fraccionamiento de contratos sin justificar y varias irregularidades.

Así consta en las resoluciones a las que ha tenido acceso elDiario.es, donde los servicios jurídicos municipales recogen una serie de malas prácticas en la contratación del servicio en 2025. Ambas responden tres autorizaciones del reconocimiento extrajudicial de crédito y omisión de la función interventora, tres pagos por los servicios del pasado verano -junio, julio y agosto-, una fórmula que puede emplearse pero ha de ser excepcional. En concreto, es un pago de 76.230 euros -que corresponden a la mitad de junio- y dos de 126.636 euros, por dos meses concretos. La empresa a la que se dirigen las facturas es la Asociación de Ayuda en Carretera-DYA, que ya había prestado otros servicios al municipio y lo hace en otras ciudades de Alicante.

En las resoluciones, la Intervención señala que se ha contratado un servicio “sin expediente de contratación, sin licitación pública, sin contrato formalizado y sin fiscalización previa. El servicio se ha venido prestando mediante contratos menores reiterados con el mismo objeto, proveedor y condiciones”. La Intervención apunta que se da una “utilización indebida del contrato menor y fraccionamiento”, y señala: “El recurso reiterado a contratos menores con el mismo objeto, proveedor y condiciones evidencia una fragmentación indebida del contrato y una elusión del procedimiento legal de licitación, infringiendo lo dispuesto en el artículo 118.3 y vulnerando los principios del artículo 1 de la LCSP”.

La Intervención afea también una falta de planificación y la “vulneración de los principios rectores de la contratación pública”; en concreto, el principio de transparencia, “al evitar la publicidad mediante procedimientos abiertos”; la libre concurrencia, “al limitar el acceso de posibles licitadores mediante adjudicaciones directas no justificadas” y el “principio de eficiencia y economía, al impedir la optimización de recursos públicos mediante licitación competitiva”. Asimismo, concluye, no se remitió el expediente previamente para su control, como marca la norma. Con todo, pese a que la contratación podría declararse nula, el proceso no se revisó de oficio.

Desde el ayuntamiento que dirige el popular Marcos Zaragoza explican que durante ese periodo el consistorio estaba realizando la nueva licitación del contrato de socorrismo y se produjo una demora en los plazos debido a cuestiones administrativas. “Al ser un servicio que garantiza la seguridad en las playas, el Ayuntamiento prorrogó por urgencia el servicio con la empresa adjudicataria hasta ese momento. En 2026, el servicio de socorrismo se está desarrollando con el contrato actual con total normalidad”, señalan.

L'Ajuntament de la Vila Joiosa, del PP, va pagar més de 300.000 euros sense contracte a l'empresa que presta el servei de socorrisme a les platges. Ho va fer sense seguir els procediments de contractació pública i sense fiscalització prèvia, almenys en tres ocasions, amb un advertiment de la Intervenció municipal, que va apreciar un risc de fraccionament de contractes sense justificar i diverses irregularitats.

Així consta en les resolucions a les quals ha tingut accés elDiario.es, en què els serveis jurídics municipals recullen una sèrie de males pràctiques en la contractació del servei l'any 2025. Ambdues resolucions responen a tres autoritzacions de reconeixement extrajudicial de crèdit i d'omissió de la funció interventora, corresponents a tres pagaments pels serveis prestats l'estiu passat —juny, juliol i agost—, una fórmula que pot emprar-se però que ha de ser excepcional. En concret, es tracta d'un pagament de 76.230 euros —corresponent a la segona meitat de juny— i de dos més de 126.636 euros cadascun, corresponents a dos mesos concrets. L'empresa destinatària de les factures és Asociación de Ayuda en Carretera-DYA, que ja havia prestat altres serveis al municipi i també ho fa en altres ciutats d'Alacant.

En les resolucions, la Intervenció assenyala que s'ha contractat un servei “sense expedient de contractació, sense licitació pública, sense contracte formalitzat i sense fiscalització prèvia. El servei s'ha prestat mitjançant contractes menors reiterats amb el mateix objecte, proveïdor i condicions”. La Intervenció apunta que hi ha una “utilització indeguda del contracte menor i fraccionament” i assenyala: “El recurs reiterat a contractes menors amb el mateix objecte, proveïdor i condicions evidencia una fragmentació indeguda del contracte i una elusió del procediment legal de licitació, infringint el que disposa l'article 118.3 i vulnerant els principis de l'article 1 de la LCSP”.

La Intervenció també retreu una manca de planificació i la “vulneració dels principis rectors de la contractació pública”; en concret, del principi de transparència, “en evitar la publicitat mitjançant procediments oberts”; de la lliure concurrència, “en limitar l'accés de possibles licitadors mitjançant adjudicacions directes no justificades”, i del “principi d'eficiència i economia, en impedir l'optimització de recursos públics mitjançant una licitació competitiva”. Així mateix, conclou que l'expedient no es va remetre prèviament per al control preceptiu, tal com estableix la norma. Amb tot, malgrat que la contractació podria declarar-se nul·la, el procediment no es va revisar d'ofici.

Des de l'Ajuntament, que dirigeix el popular Marcos Zaragoza, expliquen que durant aquest període el consistori estava tramitant la nova licitació del contracte de socorrisme i que es va produir una demora en els terminis per qüestions administratives. “Com que es tracta d'un servei que garanteix la seguretat a les platges, l'Ajuntament va prorrogar per urgència el servei amb l'empresa adjudicatària fins a aquest moment. El 2026, el servei de socorrisme s'està desenvolupant amb el contracte actual amb total normalitat”, assenyalen.

El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, no ha puesto en marcha los controles antifraude en materia de contratación pública previstos en los códigos éticos de la Administración. En tres años de mandato, el gobierno que dirige María José Catalá no ha creado el órgano encargado de vigilar los conflictos de intereses en los contratos municipales, un Comité Ético previsto en el Plan de Integridad Municipal, que se aprobó en mayo de 2023.

A este comité le corresponde estudiar y canalizar las denuncias que puedan llegar en materia de contratación pública, los posibles conflictos de intereses en materia de integridad y proponer mejoras o medidas de “sanción” y “persecución” de los incumplimientos. Es, grosso modo, el órgano competente en hacer seguimiento del plan de integridad.

La Agencia Valenciana Antifraude lo reseña en su informe sobre las abstenciones del concejal de contratación, José Marí Olano, que han sido trasladadas a un órgano de la Intervención General del Estado encargado del fraude en proyectos europeos. En el documento, que señala una serie de irregularidades en los haceres del concejal que presidió la mesa de contratación entre abril y diciembre, y sigue siendo delegado de contratación municipal, Antifraude observó “una falta de diligencia al no comunicar el conflicto de interés al Comité ético o Unidad de Integridad”, previsto en la ley de contratos del sector público. Antifraude pidió un informe sobre la comunicación del posible conflicto de interés al comité ético del Ayuntamiento de Valencia, que el consistorio nunca remitió, pero alegó que “se han adoptado las medidas para abordar el conflicto de interés”.

Meses después, el consistorio reconoce por escrito que no se ha creado el órgano. Así consta en una respuesta remitida a Compromís, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que la delegación de Transparencia, que dirige Juan Carlos Caballero, admite que en tres años “el plan no ha sido objeto de actualización alguna” y que “el Comité Ético no ha llegado a constituirse”. En la respuesta de Caballero al concejal Ferran Puchades —que tuvo que recurrir a dos departamentos y a un recurso de amparo por la falta de información—, Transparencia señala que aunque no se haya actualizado el plan se colabora con la Agencia Antifraude, hay una norma para contratos europeos y se han realizado acciones formativas.

Como el Comité Ético no se ha constituido, no existe informe alguno sobre la evaluación o el seguimiento del plan. Mucho menos sobre el concejal de contratación, que se ha abstenido de numerosos procesos públicos para evitar conflictos de intereses con empresas con las que trabaja o ha trabajado como abogado, y que sigue ocultando cuáles son amparándose en el secreto profesional. La opacidad del consistorio le ha valido una investigación del Síndic de Greuges, otra de la Agencia Valenciana Antifraude y está por ver si del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, dado que hay contratos cuestionados que se han financiado con fondos europeos. 

“Si se hubiera puesto en marcha, no tendríamos a Antifraude o a la Fiscalía pidiendo explicaciones” sobre contratos del Ayuntamiento, ha denunciado este miércoles la portavoz de Compromís, Papi Robles. Los valencianistas reclaman un informe público sobre los contratos firmados por Marí Olano y su posible conflicto de interés, que afecta a grandes contratos y a financiación europea de proyectos. “El gobierno de PP y Vox ha dejado este Plan en un cajón para poder seguir con el oscurantismo que les acompaña”, insiste la portavoz, que también señala al edil de Vox José Gosálbez, que trabaja con el colegio de Ingenieros y oculta el contrato.

El Plan de Integridad fue aprobado por el gobierno de coalición de Compromís y el PSPV que dirigía Joan Ribó en su última junta de gobierno local, como guinda al reglamento de Gobierno abierto que impulsó la izquierda en las instituciones, siguiendo la ley de Transparencia. Según el texto, que se aloja en la web municipal, corresponde a la concejalía delegada de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto presidirlo, contando con la Secretaría General y del Pleno, la Intervención General y los jefes de servicio de Contratación, Evaluación y Personal. La edil del ramo, Júlia Climent, es también quien firma los contratos cuando Marí Olano se abstiene.

L'Ajuntament de València, governat pel PP i Vox, no ha posat en marxa els controls antifrau en matèria de contractació pública previstos en els codis ètics de l'Administració. En tres anys de mandat, el govern que dirigeix María José Catalá no ha creat l'òrgan encarregat de vigilar els conflictes d'interessos en els contractes municipals, un Comitè Ètic previst en el Pla d'Integritat Municipal, que es va aprovar el maig de 2023.

A aquest comité li correspon estudiar i canalitzar les denúncies que puguen arribar en matèria de contractació pública, els possibles conflictes d'interessos en matèria d'integritat i proposar millores o mesures de “sanció” i “persecució” dels incompliments. És, a grans trets, l'òrgan competent per a fer el seguiment del pla d'integritat.

L'Agència Valenciana Antifrau ho esmenta en el seu informe sobre les abstencions del regidor de Contractació, José Marí Olano, que han estat traslladades a un òrgan de la Intervenció General de l'Estat encarregat del frau en projectes europeus. En el document, que assenyala una sèrie d'irregularitats en l'actuació del regidor, el qual va presidir la mesa de contractació entre abril i desembre, i continua sent delegat de Contractació Municipal, Antifrau va observar “una falta de diligència en no comunicar el conflicte d'interés al Comitè Ètic o Unitat d'Integritat”, previst en la Llei de contractes del sector públic. Antifrau va demanar un informe sobre la comunicació del possible conflicte d'interés al comité ètic de l'Ajuntament de València, que el consistori mai va remetre, però va al·legar que “s'han adoptat les mesures per a abordar el conflicte d'interés”.

Mesos després, el consistori reconeix per escrit que no s'ha creat l'òrgan. Així consta en una resposta remesa a Compromís, a la qual ha tingut accés elDiario.es, en què la delegació de Transparència, que dirigeix Juan Carlos Caballero, admet que en tres anys “el pla no ha estat objecte d'actualització alguna” i que “el Comité Ètic no ha arribat a constituir-se”. En la resposta de Caballero al regidor Ferran Puchades —que va haver de recórrer a dos departaments i a un recurs d'empara per la manca d'informació—, Transparència assenyala que, encara que no s'haja actualitzat el pla, es col·labora amb l'Agència Antifrau, hi ha una norma per a contractes europeus i s'han dut a terme accions formatives.

Com que el Comité Ètic no s'ha constituït, no hi ha cap informe sobre l'avaluació o el seguiment del pla. Encara menys sobre el regidor de Contractació, que s'ha abstingut en nombrosos processos públics per a evitar conflictes d'interessos amb empreses amb les quals treballa o ha treballat com a advocat i que continua ocultant quines són emparant-se en el secret professional. L'opacitat del consistori li ha valgut una investigació del Síndic de Greuges, una altra de l'Agència Valenciana Antifrau i està per veure si també del Servei Nacional de Coordinació Antifrau, atés que hi ha contractes qüestionats que s'han finançat amb fons europeus.

“Si s'haguera posat en marxa, no tindríem Antifrau o la Fiscalia demanant explicacions” sobre contractes de l'Ajuntament, ha denunciat aquest dimecres la portaveu de Compromís, Papi Robles. Els valencianistes reclamen un informe públic sobre els contractes signats per Marí Olano i el seu possible conflicte d'interés, que afecta grans contractes i finançament europeu de projectes. “El govern de PP i Vox ha deixat aquest pla en un calaix per poder continuar amb l'obscurantisme que els acompanya”, insisteix la portaveu, que també assenyala l'edil de Vox José Gosálbez, que treballa amb el Col·legi d'Enginyers i oculta el contracte.

El Pla d'Integritat va ser aprovat pel govern de coalició de Compromís i el PSPV que dirigia Joan Ribó en la seua última Junta de Govern Local, com a cirera del pastís del Reglament de Govern Obert que va impulsar l'esquerra en les institucions, d'acord amb la Llei de Transparència. Segons el text, que s'allotja a la web municipal, correspon a la regidoria delegada de Participació Ciutadana i Govern Obert presidir-lo, comptant amb la Secretaria General i del Ple, la Intervenció General i els caps de servei de Contractació, Avaluació i Personal. L'edil del ram, Júlia Climent, és també qui signa els contractes quan Marí Olano s'absté

La interventora del Parlamento Vasco, Ana Isabel Barriuso, ha emitido en los últimos meses varios informes de “reparo” que figuran en la liquidación de los presupuestos de la institución en 2025, que se está formalizando ahora. En ellos, la alta funcionaria alerta de irregularidades en la tramitación de tres contratos. Cita, por ejemplo, el de traducción del diario de sesiones, que es el acta del pleno, la compra de prensa diaria y la elaboración de un 'dossier' de prensa. También cuestiona algunos gastos del Ararteko, la Defensoría del Pueblo, que es, en realidad, una institución dependiente del poder legislativo.

Sobre el servicio de traducción, la interventora expone que estaba adjudicado a la empresa Maramara Taldearen Hizkuntza Zerbitzuak y que finalizó en octubre de 2024. Sostiene que, después, se siguió “realizando la prestación sin formalización previa del contrato, ni solicitud de retención de crédito adecuado y suficiente”. No se podía prorrogar y se optó por mantenerlo con facturas emitidas “mensualmente”, a modo de “concatenación” de “contratos menores”. Estos contratos son los que se adjudican sin concurso y no pueden superar los 15.000 euros anuales con la misma empresa. La interventora sostiene que “no se puede” emplear este procedimiento para las traducciones porque el montante total supera esa barrera.

¿Qué opina la Cámara? “En lo relativo a la no adjudicación de los contratos de traducción de los diarios de sesiones a partir de 2025, en 2024, al finalizar el contrato vigente y dado el alto coste del mismo, se decidió cambiar el sistema de acta y se va a implantar a un sistema de vídeo-acta con subtítulos”. “No obstante, la anterior empresa adjudicataria tenía trabajos que habían sido encargados antes de finalizar el contrato. Esos trabajo se realizaron y el Parlamento los pagó en 2025. Ésas son las facturas [cuestionadas por la interventora]. El trabajo estaba ya hecho, porque había un retraso acumulado, y había que pagarlo porque, de otro modo, sería un enriquecimiento injusto por nuestra parte”, explican fuentes de la Presidencia.

La funcionaria menciona también que no se ha hecho una adjudicación ordinaria para el suministro de periódicos. “No existe contrato que sustente la adquisición de la prensa diaria a Bestpress”, recalca. Igualmente, “el contrato con la empresa Rebold Marketing and Communication para la elaboración del dossier de prensa finalizó el 30 de junio de 2025, por lo que se está ejecutando la prestación sin contrato en vigor, mediante contratos menores mensuales”. “Se van encadenando contratos menores”, concluyen los informes internos.

Sobre la compra de periódicos, el Parlamento entiende que se pueden contratar por la vía del contrato menor “prescindiendo del límite cuantitativo” por la especial naturaleza de un producto de precio cerrado. Mencionan la existencia de otras resoluciones sobre disquisiciones similares en los que se ha dado por buena esta forma de proceder. Por otro lado, recalcan que en 2026 ya se regularizó el contrato del dossier, con una nueva adjudicación de unos 42.000 euros a la misma compañía, Rebold Marketing and Communication.

La Mesa del Parlamento, el órgano de dirección de la institución, dio inicio la pasada semana al proceso de liquidación y cierre de las cuentas de 2025, el último ejercicio completo. Es un proceso que incluye también la información sobre el Ararteko, que precisamente en 2025 vio la salida de su anterior titular, Manuel Lezertua, y la llegada del nuevo defensor, Mikel Mancisidor. Se señalan algunos problemas con nóminas, justificación de gastos y designaciones. En este proceso de liquidación se ha abierto un plazo para que los partidos puedan presentar alegaciones antes de que, en su caso, el dictamen sea enviado a la comisión de Reglamento y Gobierno, que es el mismo órgano que cada año aprueba los presupuestos. Los grupos tienen de plazo hasta el 12 de junio para presentar sus “objeciones”.

L’Agència Valenciana Antifrau considera que els mecanismes de control de l’Ajuntament de València no funcionen correctament. Almenys, no els que han de garantir processos nets en la contractació pública.

En l’informe que l’organisme ha elaborat arran d’una denúncia sobre el regidor de contractació, que es va abstindre almenys en sis contractes per haver treballat amb empreses que concorren a les licitacions, l’Agència veu “febleses” en el sistema d’autoprotecció del consistori. En concret, adverteix que les declaracions d’absència de conflicte d’interessos “no van operar amb l’eficàcia preventiva requerida”. José Marí Olano, president de la Mesa de Contractació entre abril i desembre del 2025, no va identificar les empreses que podrien provocar aquest conflicte, cosa que l’Agència retrau en un informe provisional, que falta completar amb les al·legacions del regidor responsable de contractació. En concret, censura que no s’identifique l’empresa ni hi haja un acord sobre la decisió d’abstenció: “Ha de poder saber-se en l’expedient la causa concreta”, afig l’informe.

Les declaracions d’absència de conflicte d’interessos (DACI) són un document obligatori en la gestió de fons europeus que “suposa una manifestació explicita del seu compromís d’imparcialitat i objectivitat en el seu acompliment professional”. Són obligatòries per a totes les persones que intervenen en els processos de contractació, que a més han de comunicar al seu superior jeràrquic qualsevol potencial conflicte d’interessos perquè adopte una decisió. Els que participen en l’òrgan de contractació han de subscriure la DACI una vegada coneguts els licitadors i amb caràcter previ a la valoració de les ofertes.

Antifrau assenyala que es dona “una contradicció amb la declaració inicial de la DACI” en un dels contractes, cosa que “podria ser interpretada com una deficiència en els protocols preventius”. Segons un dels expedients analitzat, relatiu als horts urbans d’Orriols (amb finançament europeu), en la sessió del 15 de maig, de l’obertura de l’oferta econòmica, se subscriu una declaració d’absència de conflicte d’interés a l’inici de la reunió. Aquell dia la Mesa, segons figura en la Plataforma de Contractació de l’Estat, acorda proposar l’adjudicació del contracte de 316.000 euros a Agricultores de la Vega. El 5 de juny, abans de qualificar la documentació, es dona una incidència: “El president no pot subscriure una declaració d’absència de conflicte per a aquest punt i manifesta la seua abstenció formal”, per haver prestat serveis professionals a una de les empreses en els dos últims anys. L’edil se n’adona tard i remet un escrit als serveis jurídics, com ja va informar elDiario.es.

“El sistema d’integritat dels fons europeus exigeix que la DACI siga un compromís real. La falta de manifestació de la causa d’abstenció des del primer moment, havent subscrit el document, afebleix la traçabilitat del control preventiu”, assenyala el text en l’anàlisi. Recorda en aquest cas la resolució del Síndic de Greuges, que ja va plantejar a l’Ajuntament aquesta mateixa qüestió, instant el regidor a donar aquesta informació.

Malgrat això, i als múltiples intents de l’oposició per conéixer aquestes dades, el regidor no identifica les empreses. “Aquesta incoherència és una feblesa en el sistema d’autoprotecció de l’entitat local, en evidenciar-se que els mecanismes de la DACI no van operar amb l’eficàcia preventiva requerida”, subratlla l’informe d’Antifrau. A més, l’organisme subratlla que el Pla de Mesures Antifrau del consistori preveu que els possibles conflictes d’interessos han de comunicar-se immediatament a l’òrgan de contractació i al comité ètic. Per això veu una “vulneració” d’aquest protocol i denuncia una “falta de diligència” per “no comunicar el conflicte d’interés al comité ètic o unitat d’integritat”. Per a què estan les mesures si no s’executen, sembla que es pregunta el document.

En la investigació es ressenya la formació del regidor Marí Olano, que és advocat de l’Estat, on “rau” la “gravetat d’aquest cas”: “Es pressuposa un estàndard de diligència superior en la identificació de possibles conflictes d’interessos”, apunta. L’edil de contractació ha fet al·legacions a l’informe, que l’Ajuntament no ha fet públiques. Va ser apartat de la presidència de la Mesa de Contractació al desembre, més d’un mes després de l’inici de les investigacions d’Antifrau.

El protocol municipal recomana paralitzar processos

El pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de València recomana paralitzar els processos en qüestió. En el sistema de riscos, identifica el conflicte d’interessos com una “bandera roja”. Si se’n detecta una, el responsable de l’operació ha d’informar el Servei de Contractació, perquè paralitze el “procés de contractació”. Aquest sistema “no implica necessàriament l’existència de frau, però sí que indica que una determinada àrea d’activitat necessita atenció addicional per a descartar o confirmar un frau potencial”, diu el pla municipal. En el cas de Marí Olano, el mateix regidor es va abstindre per a evitar el conflicte d’interessos, encara que l’anàlisi rau en el fet de si ho va fer com calia.

La Agencia Valenciana Antifraude considera que los mecanismos de control del Ayuntamiento de València no funcionan correctamente. Al menos, no los que deben garantizar procesos limpios en la contratación pública.

En el informe que el organismo ha elaborado a raíz de una denuncia sobre el concejal de contratación, que se abstuvo en al menos seis contratos por haber trabajado con empresas que concurren a las licitaciones, la Agencia ve “debilidades” en el sistema de autoprotección del consistorio. En concreto, advierte que las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses “no operaron con la eficacia preventiva requerida”. José Marí Olano, presidente de la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025, no identificó a las empresas que podrían provocar ese conflicto, algo que la Agencia afea en un informe provisional, que falta completar con las alegaciones del concejal responsable de contratación. En concreto, censura que no se identifique a la empresa ni exista un acuerdo sobre la decisión de abstención: “Debe poder conocerse en el expediente la causa concreta”, añade el informe.

Las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI) son un documento obligatorio en la gestión de fondos europeos que “supone una manifestación explicita de su compromiso de imparcialidad y objetividad en su desempeño profesional”. Son obligatorias para todas las personas que intervienen en los procesos de contratación, que además deben comunicar a su superior jerárquico cualquier potencial conflicto de intereses para que adopte una decisión. Quienes participan en el órgano de contratación deben suscribir la DACI una vez conocidos los licitadores y con carácter previo a la valoración de las ofertas.

Antifraude señala que se da “una contradicción con la declaración inicial de la DACI” en uno de los contratos, algo que “podría ser interpretado como una deficiencia en los protocolos preventivos”. Según uno de los expedientes analizado, relativo a los huertos urbanos de Orriols (con financiación europea), en la sesión del 15 de mayo, de la apertura de la oferta económica, se suscribe una declaración de ausencia de conflicto de interés al inicio de la reunión. Ese día la mesa, según figura en la Plataforma de Contratación del Estado, acuerda proponer la adjudicación del contrato de 316.000 euros a Agricultores de la Vega. El 5 de junio, antes de calificar la documentación, se da una incidencia: “El presidente no puede suscribir una declaración de ausencia de conflicto para este punto y manifiesta su abstención formal”, por haber prestado servicios profesionales a una de las empresas en los dos últimos años. El edil se da cuenta tarde y remite un escrito a los servicios jurídicos, como ya informó elDiario.es.

“El sistema de integridad de los fondos europeos exige que la DACI sea un compromiso real. La falta de manifestación de la causa de abstención desde el primer momento, habiendo suscrito el documento, debilita la trazabilidad del control preventivo”, señala el texto en el análisis. Recuerda en este caso la resolución del Síndic de Greuges, que ya planteó al Ayuntamiento esta misma cuestión, instando al concejal a dar esta información.

Pese a ello, y a los múltiples intentos de la oposición por conocer estos datos, el concejal no identifica a las empresas. “Esta incoherencia es una debilidad en el sistema de autoprotección de la entidad local, al evidenciarse que los mecanismos de la DACI no operaron con la eficacia preventiva requerida”, subraya el informe de Antifraude. Además, el organismo subraya que el Plan de Medidas Antifraude del consistorio prevé que los posibles conflictos de interese deben comunicarse de inmediato al órgano de contratación y al comité ético. Por ello ve una “vulneración” de este protocolo y denuncia una “falta de diligencia” al “no comunicar el conflicto de interés al comité ético o unidad de integridad”. Para qué están las medidas si no se ejecutan, parece preguntarse el documento.

En la investigación se reseña la formación del concejal Marí Olano, que es abogado del Estado, donde “reside” la “gravedad de este caso”: “Se presupone un estándar de diligencia superior en la identificación de posibles conflictos de intereses”, apunta. El edil de contratación ha realizado alegaciones al informe, que el Ayuntamiento no ha hecho públicas. Fue apartado de la presidencia de la Mesa de Contratación en diciembre, más de un mes después del inicio de las investigaciones de Antifraude.

El protocolo municipal recomienda paralizar procesos

El plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de València recomienda paralizar los procesos en cuestión. En el sistema de riesgos, identifica el conflicto de intereses como una “bandera roja”. Si se detecta una, el responsable de la operación debe informar al Servicio de contratación, “para que proceda a la paralización del proceso de contratación”. Este sistema “no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una determinada área de actividad necesita atención adicional para descartar o confirmar un fraude potencial”, dice el plan municipal. En el caso de Marí Olano, el propio concejal se abstuvo para evitar el conflicto de intereses, aunque el análisis radica en si lo hizo como debía.

La Agencia Valenciana Antifraude pone contra las cuerdas al concejal de contratación de València, José Marí Olano, que compatibiliza su actividad como responsable de contratación con el ejercicio de la abogacía. El organismo señala en un informe provisional que la mano derecha de María José Catalá no motivó correctamente sus abstenciones como presidente de la Mesa de Contratación, órgano que presidió entre abril y diciembre del pasado año, porque no identificó a las empresas con las que trabajó. El órgano aprecia irregularidades en contratos que superan los 255 millones de euros y abre la puerta a la impugnación de los procesos por las empresas que concurrieron.

El edil, que tiene dedicación parcial y ejerce la abogacía de forma privada, fue apartado en diciembre de la presidencia de la Mesa de Contratación, el órgano colegiado que delibera sobre los contratos públicos, después de abstenerse en al menos seis procesos por trabajar o haber trabajado con empresas que concurrían a los concursos públicos. El propio edil comunicó las abstenciones a la mesa para evitar conflictos de intereses, pero no identificó a las mercantiles, alegando el secreto profesional de la abogacía. Ni siquiera a petición del Síndic de Greuges, que abrió una investigación e instó al edil a trasladar esos datos tras denuncias de la oposición.

No identifica a las empresas en las abstenciones

La coalición Compromís ha difundido algunos puntos del informe provisional de Antifraude, un texto “demoledor” que debe resolverse esta semana, atendiendo a las alegaciones que haya podido efectuar el edil de contratación. El organismo alerta del riesgo de conflicto de intereses en estos contratos, sujetos a financiación europea, por “la falta de resolución formal que resuelva la abstención en tiempo y forma real”.

“Para que una abstención sea plenamente eficaz (...) no basta una mención genérica. El concejal tiene la obligación de: identificar plenamente (nombre o razón social) a la persona física o jurídica afectada que motiva el conflicto”, dice el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, que añade que se debe “justificar de qué manera concreta” la abstención encaja con la ley “permitiendo verificar que la relación profesional o de interés es real y encaja en el tipo legal”.

“Actos viciados de irregularidad”

El organismo también aprecia “defectos en la constitución de la Mesa de Contratación por falta de quórum”. Apunta que la retirada del presidente de la Mesa (Marí Olano) tras manifestar su abstención “no habilita al resto de miembros a continuar la sesión de forma automática”. Al no haber una sustitución formal, dice el organismo, “la Mesa actuó sin el quórum de constitución necesario”, en referencia a una sesión del 5 de junio de 2025. Por tanto, prosigue, “los actos derivados de ellas [de la sesión cuestionada[ estarían viciados de una irregularidad administrativa por infracción de las normas de constituión de los órganos colegiados”.

El conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurado

Antifraude también recalca que el edil no realizó correctamente el procedimiento de abstención. “La mera manifestación de la abstención no es suficiente; es imperativa una comunicación formal al órgano que lo designó y la correspondiente resolución administrativa aceptando la abstención”, dice el informe, que recalca: “La inexistencia de ese acto administrativo supone que la situación de conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurada”.

“Riesgo en materia de integridad”

Asimismo, apunta, “la existencia de una causa de abstención preexistente (servicios profesionales prestados en los dos últimos años) contradice las declaraciones suscritas por el concejal al inicio d elas sesiones. Este hecho puede constituir un indicador de riesgo en materia de integridad, dado que las declaraciones iniciales no reflejaban la situación real de imparcialidad”.

“Vulneración del plan de medidas antifraude”

El informe, que afea a Marí Olano que con su formación haya obrado de este modo, observa “una falta de diligencia al no comunicar el conflicto de interés al Comité ético o Unidad de Integridad”, previsto en la ley de contratos del sector público. Tratándose de contratos sujetos a financiación europea, el defecto de constitución del órgano unido a “una gestión deficiente del conflicto de interés podría comprometer los fondos asignados”.

“Vicios que afectan a la legalidad”

Asimismo, dice el órgano, “si bien la intervención del presidente no parece haber sido determinante en el resultado (...) la participación de un miembro incurso en causa de abstención, sumada a la incorrecta constitución de la Mesa de Contratación tras su retirada, prevalecen como vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”.

Como ha venido informando elDiario.es, Marí Olano se ha abstenido en al menos seis procedimientos: la regeneración urbana de Pérez Galdós y Giorgeta, el servicio de mantenimiento del sistema de saneamiento, los huertos urbanos de Orriols o mejoras en equipamientos municipales como los mercados de Russafa y el Polideportivo de Natzaret.

“Un informe provisional”

El Ayuntamiento de València ha rechazado valorar el contenido del informe y acusa a Compromís de acometer “una operación política” con el objetivo de “embarrar”. El portavoz del gobierno, Juan Carlos Caballero, ha recalcado que “es un informe provisional” y “tiene carácter reservado”. El edil “ya dio las explicaciones correspondientes, se abstuvo cuando se tuvo que abstener”.

José Marí Olano también ha sido denunciado por Compromís y el PSPV en Anticorrupción tras desvelar elDiario.es unos audios en los que aparece ofreciendo plazas de empleo público a trabajadores del Consorcio Valencia 2007, plazas investigadas por esta Fiscalía.

Las familias de Castilla-La Mancha podrán tener apoyo económico público para contratar a una persona que cuide de los hijos e hijas menores de 14 años o de un familiar en situación de dependencia.

El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles un esquema de ayudas dotado con un millón de euros de presupuesto que puede llegar a cubrir, en determinados casos, hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional, en función del nivel de renta de cada familia.

Según ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, el plan se plantea a lo largo de tres años. Durante el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100 por ciento del salario mínimo; en el segundo, se sitúa sobre una base del 75 por ciento; y en el tercero, sobre el 50 por ciento, siempre ajustándose a los ingresos familiares.

El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que compaginar trabajo, crianza, y cuidados sea viable para las familias, “quienes tienen que hacer malabares” para atender todas sus responsabilidades.

Contratación de personas desempleadas

Por otro lado, Padilla ha hecho hincapié en que las ayudas están vinculadas a la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social.

La portavoz ha incidido en que la medida prioriza a las familias con menos recursos y sube la cuantía hasta el 80 por ciento en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales, al frente de los que, en la mayoría de los casos, se encuentra una mujer.

Este decreto se integra en una línea de actuación más amplia, junto a otras medidas ya en marcha como los incentivos a la contratación, el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, las deducciones fiscales para las familias, la ampliación de la red de escuelas infantiles o el Plan Corresponsables, ha enumerado la consejera.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios establecidos contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, ha desarrollado la operación ‘Caprines’, una investigación que ha culminado con la investigación de dos personas por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. En explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han detectado la presencia de ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato.

La investigación se inició cuando dos ciudadanos extracomunitarios pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que se encontraban trabajando sin contrato en una explotación caprina, ubicada en el término municipal de Lorca.

Los dos trabajadores comunicaron a los agentes que, además, estaban alojados en unas caravanas, dentro de la finca, donde vivían en pésimas condiciones de higiene.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que el titular de la empresa contaba con otra granja en el término municipal de Puerto Lumbreras.

En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Guardia Civil llevó a cabo la inspección simultánea de ambas fincas.

Las visitas resultaron con la identificación de otros seis trabajadores extranjeros, en situación irregular en el país, uno de los cuales, además, tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Operación 'Caprines'

La operación ‘Caprines’ finalizó con la investigación de dos personas: el propietario de la empresa y un encargado. Según se desprende de la investigación, este último, de la misma nacionalidad que los trabajadores, facilitaba su captación y los distribuía a diario en cada una de las fincas.

Los ahora investigados, al parecer, se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en precarias condiciones laborales y de alojamiento.

Estos ocho trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

Por La Rioja solicita al Gobierno regional que acelere la concesión de ayudas para la contratación de personas desempleadas en los ayuntamientos para que éstas se puedan incorporar antes del verano. La formación regionalista pide que se acelere la aprobación y publicación de la orden de ayudas para la contratación de desempleados en los ayuntamientos riojanos. “A 8 de abril aún no han sido publicadas las bases, ”o que supone un grave problema para muchos consistorios a la hora de organizar sus estructuras laborales de cara al verano“. Y denuncian que ”un año más el Gobierno de La Rioja retrasa la concesión de unas ayudas que benefician a personas desempleadas y entidades locales“.

El año pasado, la orden se publicó en febrero, la cuantía 4,35 millones de euros a la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios en municipios. Así se ha acordadó en el Consejo de Gobierno del 18 de febrero en el que se explició que la finalidad de estos programas de inserción laboral es fomentar la empleabilidad y favorecer la adquisición de experiencia y competencias profesionales a personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo.

Los regionalistas señalan que no se han publicado las bases y que tampoco ha pasado por Consejo de Gobienro la dotación presupuestaria lo que “implica que los ayuntamientos no podrán incorporar personal antes del verano, ya que desde el Ejecutivo regional deben resolver, aprobar o denegar las peticiones que presentan los ayuntamientos riojanos”. Y recueran que “este personal es básico en el medio rural para cubrir necesidades como limpieza, atención social, servicios culturales, turísticos o reparación de averías en las infraestructuras públicas o mantenimiento de las mismas”. 

Por esta razón consideran que la publicación de la orden de ayudas debe realizarse inmediatamente “de forma rápida, ágil, y con una dotación económica justa y suficiente, que cubra realmente las necesidades de los pueblos riojanos”. Y califican esta tardanza de “un nuevo ejemplo de abandono de los pueblos de La Rioja cuando el Ejecutivo riojano dispone de los mayores recursos económicos de la historia por el aumento de la recaudación impositiva tanto del gobierno regional como del central”.

La formación regionalista subraya que en años anteriores han sido casi 400 personas contratadas y 300 proyectos avalados, “lo que pone de relieve el interés de las entidades locales riojanas en este programa de ayudas, que supone que muchos pueblos del entorno rural puedan prestar servicios básicos o no cuenten con ellos, al no tener capacidad para financiarlos”.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias escenificó este miércoles la firma de un contrato de 16,8 millones de euros para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a unas 1.500 personas en situación de dependencia en las islas de Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. “Vamos a garantizar que a toda persona usuaria que lo necesite, con independencia del lugar donde viva, se le preste el servicio”, dijo la consejera del ramo, Candelaria Delgado, en un acto en el que también estuvo presente Franciso Cruz, representante de BCM Gestión de Servicios S.L., la empresa adjudicataria. 

Lo que la foto oficial no muestra -ni tampoco la consejera explicó- es el rocambolesco proceso de adjudicación de ese contrato. Antes de llegar a ese apretón de manos con el que Delgado y Cruz sellaron el acuerdo, el caso pasó por el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias, que forzó a la administración a rectificar tras haber dejado fuera a esa empresa por un retraso burocrático provocado por la propia Consejería. 

El concurso fue convocado en julio de 2025. El presupuesto base de licitación es de 16,8 millones de euros (un año de contrato), aunque el valor estimado del concurso asciende a 36,5 millones, incluyendo esta cantidad no sólo una posible prórroga (de un año), sino otro lote destinado a la supervisión y control de calidad de estos servicios.

Tras evaluar las ofertas, la Consejería de Bienestar Social otorgó la máxima puntuación a BCM Gestión de Servicios, una empresa constituida en 1997 y que tiene su sede social en Málaga. Esta licitadora fue propuesta como adjudicataria en octubre del año pasado. La administración le concedió entonces un plazo de diez días para presentar la documentación final requerida. Es en ese momento cuando se evidencia el conflicto. La ganadora no cumplía uno de los requisitos fijados en el pliego, el de contar con acreditación empresarial para prestar servicio a personas dependientes, según un decreto de 2012. 

La Mesa de Contratación dio la oferta por retirada y excluyó a BCM Gestión de Servicios del concurso. En diciembre de 2025, adjudicó el contrato a la segunda clasificada en el concurso, Formas Nivaria S.L., una pequeña empresa radicada en La Laguna.  

La empresa excluida, BCM Gestión de Servicios, recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Esta licitadora contó que, entre la documentación presentada, figuraba una declaración responsable en la que indicaba que había solicitado la acreditación para prestar servicios a personas dependientes el 23 de junio de 2025 y que, al no haber recibido respuesta, la había obtenido “por silencio administrativo” tres meses después. 

En su resolución, el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias explica que la ley establece con claridad que las empresas deben contar con la habilitación empresarial exigida en la fecha límite de presentación de ofertas. En el caso del concurso de ayuda a domicilio, el 11 de septiembre de 2025. La empresa que recurrió la habría obtenido, por silencio positivo, el día 23 de ese mismo mes. Es decir, doce días después. 

Sin embargo, en este caso concurre una circunstancia excepcional. Y es que la administración competente para otorgar esa habilitación empresarial es la propia Consejería de Bienestar Social, el órgano que contrata el servicio de Ayuda a Domicilio. 

Por lo tanto, el tribunal de contratos concluye que si la empresa no disponía de la habilitación requerida se debía, única y exclusivamente, a la “inacción” de la propia administración que la había excluido. Dejar fuera a una licitadora por un error propio hubiera sido “completamente contrario” al principio de proporcionalidad que rige la contratación pública y, por tanto, contrario a derecho, recoge la resolución fechada el 17 de marzo. 

En consecuencia, el tribunal de contratos estimó el recurso presentado por BCM Gestión de Servicios, declaró la nulidad del acuerdo que la excluyó del proceso y de la orden de adjudicación a Formas Nivaria y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a la revisión de la documentación de la licitadora que había obtenido la máxima puntuación. 

La resolución obligaba a la mesa de contratación a volver a calificar las propuestas teniendo por presentada la habilitación empresarial de BCM Gestión de Servicios, que volvió a ser de esta manera la adjudicataria del contrato del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en las islas de Tenerife, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. 

El caso de las ambulancias

El caso del contrato de ayuda a domicilio tiene ciertas similitudes con el de otro servicio público esencial en Canarias, el de ambulancias, aunque con un matiz y un resultado distinto. En aquella ocasión, el órgano contratante (la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias, vinculado con la Consejería de Sanidad) adjudicó uno de los lotes, por importe de 44,5 millones de euros, a una empresa (la UTE Acciona-Icot) que, a la fecha de presentación de la oferta, no disponía de la habilitación empresarial exigida para prestar el servicio, al igual que BCM Gestión de Servicios. 

Esa autorización debía darla el Servicio Canario de Salud (SCS), también dependiente de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, la administración entendía que esa habilitación empresarial para operar en el sector de las ambulancias no era necesaria y que era suficiente con que cada vehículo dispusiera del permiso, algo que sí cumplía la empresa que obtuvo la mayor puntuación. Sin embargo, la segunda clasificada (Tasisa) recurrió a la justicia y el Supremo, en una reciente sentencia, le dio la razón, anulando esa adjudicación y obligando a Sanidad a indemnizar a la perjudica por el lucro cesante, en un expediente que, entre adjudicación y prórrogas, ya rozaba los 53,7 millones de euros. 

L'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 706 persones al febrer a les Balears en relació amb el mes anterior (-2,52%) i en 2.068 persones en relació amb el segon mes de l'any passat (-7,03%), i se situa en 27.339 aturats, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Al febrer, els sectors amb més aturats són Serveis (20.357, amb 862 menys que al gener) i Construcció (3.095, amb 7 més), mentre que els sectors amb menys aturats són Agricultura (330, amb 23 menys) i Indústria (1.187, amb 22 menys).

Per sexes, dels 27.339 aturats registrats al febrer, 15.560 són dones i 11.779 són homes. L'atur entre els joves menors de 25 anys se situa en 3.697 persones, de les quals 2.024 són homes i 1.673 són dones.

En el segon mes de l'any, l'atur entre els estrangers es va situar en 6.173 persones després de baixar un 6,71% respecte del gener i un 4,50% en comparació amb l'any anterior.

Contractació

Al febrer es van registrar 22.553 contractes a les Balears, un 5,45% menys que l'any anterior. De tots ells, 15.514 van ser indefinits (-2,60%) i 7.039, temporals (un 11,19% menys).

Per altra banda, l'arxipèlag va registrar el passat mes de febrer 505.280 afiliats a la Seguretat Social, 13.529 més que el mes anterior (+2,75%), segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En termes interanuals, l'afiliació a la Comunitat Autònoma s'ha incrementat en 9.742 treballadors respecte del febrer de 2025, un 1,97% més.

A les Balears, el règim general de la Seguretat Social compta amb 401.866 cotitzants, dels quals 7.874 estan registrats com a treballadors de la llar i 2.266 com a treballadors agraris. A més, hi ha 101.550 persones inscrites en el règim d'autònoms i 1.864 en el de treballadors del mar.

Per altra banda, al febrer hi havia a l'arxipèlag balear 122 treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), 61 dones i 61 homes.

En el conjunt d'Espanya, el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat en 21.670.636. El mercat laboral ha sumat 474.482 treballadors en l'últim any i 97.004 en l'últim mes.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 706 personas en febrero en Balears en relación al mes anterior (-2,52%) y en 2.068 personas en relación al segundo mes del año pasado (-7,03%) y se sitúa en los 27.339 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En febrero, los sectores con más parados son Servicios (20.357 con 862 menos que en diciembre), Construcción (3.095 con 7 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (330 y 23 menos) e Industria (1.187 y 22 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 27.339 desempleados registrados en febrero, 15.560 fueron mujeres y 11.779, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.697 personas de los cuales 2.024 son hombres y 1.673 son mujeres.

En el segundo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 6.173 personas tras bajar un 6,71% respecto a enero y un 4,50% en comparación con el año anterior.

Contratación

En febrero se registraron 22.553 contratos en Balears, un 5,45% menos que el año anterior. De todos ellos, 15.514 fueron contratos indefinidos (-2,60%) y 7.039, contratos temporales (un 11,19% menos).

Por otro lado, el archipiélago registró en el pasado mes de febrero 505.280 afiliados a la Seguridad Social, 13.529 más que el mes anterior (+2,75%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 9.742 trabajadores respecto a febrero de 2025, un 1,97% más.

En Balears, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 401.866 cotizantes, de los cuales 7.874 están registrados como trabajadores del hogar y 2.266 como trabajadores agrarios. Además, hay 101.550 personas inscritas en el régimen de autónomos y 1.864 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, en febrero había en el archipiélago balear 122 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 61 mujeres y 61 hombres.

En el conjunto de España, el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 21.670.636 afiliados medios. El mercado laboral ha sumado 474.482 trabajadores en el último año, 97.004 solo en el último mes.

La oposición en el Ayuntamiento de València vuelve a aliarse. Esta vez, a razón de las permutas de solares a cambio de vivienda protegida en la ciudad, que los socialistas ya han llevado a la Fiscalía. Compromís y el PSPV exigen al consistorio un informe jurídico sobre el acuerdo mediante el que el Ayuntamiento adquiría 39 viviendas de la promotora Domio Desarrollos II y entregaba a cambio cuatro solares para construir 200 viviendas protegidas, después de conocer que había familias que ya habían señalizado los pisos.

La oposición también recalca que uno de los concejales que impulsó la permuta, José Marí Olano -entonces en Patrimonio- fue compañero en la Abogacía de la Generalitat de la apoderada de la empresa matriz, que es, a su vez, la mujer del promotor. El propio concejal reconoció en el pleno que se conocían y habían tenido buena relación profesional -“Es muy maja”, dijo-.

PSPV y Compromís reclaman al Ayuntamiento que revise tanto el expediente de la permuta como la documentación presentada por las familias afectadas, en la que se acreditaba que las viviendas estaban ya prerreservadas. El objetivo es que la Asesoría Jurídica analice toda la información relevante, incluidas las pruebas que demuestran que el Ayuntamiento conocía la situación de esas viviendas antes de adjudicar la operación. “No vamos a permitir que el Gobierno de María José Catalá remita a los servicios jurídicos información sesgada para impedir que se analice lo sucedido de manera transparente y objetiva”, ha advertido Borja Sanjuan, portavoz del PSPV

La alcaldesa de València y líder del PP municipal, María José Catalá, ha considerado que el portavoz del PSPV “Construye un relato intentando forzar la máquina”. La dirigente ha defendido a Olano y cree que no es “un bombazo” que se conozcan de la Abogacía de la Generalitat. Sobre la permuta, ha insistido, “hemos pedido explicaciones a la empresa” sobre las reservas de las viviendas. De haber estado comercializadas, podría suponer un incumplimiento de los pliegos del contrato, además de introducir información errónea en la declaración responsable.

El 2025 ha sido un año que desde el punto de vista laboral en Navarra ha estado marcado por el cierre de la planta de BSH en Esquíroz, en la que trabajaban 660 personas. Con todo, la comunidad foral ha cerrado el año con buenas cifras de empleo: 5.405 afiliados más a la Seguridad Social que al cierre del 2024 y el número de parados más bajo desde el año 2007.

Navarra finalizó el 2025 con 315.741 afiliaciones, que según la afiliación media, son 5.405 personas afiliadas más que hace un año, lo que supone un crecimiento anual del empleo del 1,7%. Navarra cierra el año con balance positivo pese a que, en el mes de diciembre la afiliación media registró un descenso de 1.793 personas respecto a noviembre, un 0,56% menos. Desde el Gobierno navarro señalan que este último dato sigue la tendencia habitual del último mes del año en el que se registra una ralentización de actividades en diversos sectores clave en la comunidad Foral como la industria.

Respecto al paro registrado, en términos interanuales, el número de personas desempleadas ha bajado en 872, lo que representa un descenso del 2,9%. Al cierre del año se contabilizan 29.483 personas desempleadas, la cifra de paro de cierre anual más baja desde el 2007. Sin embargo, en diciembre el número de parados aumentó en 271 personas. “Es importante reseñar que diciembre suele ser un mes desfavorable para el empleo en Navarra, debido principalmente al descenso de la actividad en sectores como la industria y determinados servicios públicos por las vacaciones navideñas (desde 2007, únicamente en dos ocasiones, 2018 y 2023, se ha registrado un descenso del paro en este mes)”, apuntan desde el Ejecutivo foral.

Por sectores, el sector primario ha sido el único que ha mostrado un descenso en el número de parados con 14 personas desempleadas menos que en noviembre. La mayor subida se ha registrado en el sector industrial, con 152 personas paradas más. En segundo lugar, se encuentra la construcción, con un aumento del 2,8% (34 personas paradas más), seguido por el sector servicios con un incremento de 0,6% (127 personas más).

En cuanto a la contratación, en diciembre se han registrado 21.907 contratos, un 0,9% menos que en el mes anterior (207 contratos menos). En términos anuales se ha producido un incremento del 4,3% respecto al mes de diciembre de 2024 (913 contratos más). Por tipo de contrato, se han formalizado 3.771 contratos indefinidos y 18.136 contratos temporales. De esta forma, del total de los contratos registrados en noviembre, el 17,2% han sido indefinidos.

La Inspección de Trabajo vasca ha detectado este año posibles irregularidades en 2.558 contratos de carácter temporal o fijo discontinuo, y que podrían suponer fraude laboral, lo que ha derivado en el envío de 1.281 comunicaciones a distintas empresas a las que se concede un plazo de un mes desde su recepción para regularizar la situación. Si transcurrido ese plazo no se han realizado las correcciones necesarias, se inicia la correspondiente actividad inspectora. 

Las presuntas irregularidades se han detectado gracias a la herramienta de lucha contra el fraude, un sistema que permite la colaboración entre el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo de Euskadi, pero cada vez tiene más importancia en la labor inspectora las denuncias anónimas que llegan a través del buzón antifraude. Las actuaciones de la inspección a través de esta vía, que se puso en marcha en 2018, se han duplicado este año: En 2023, la Inspección realizó por esta vía un total de 42 actuaciones, registró dos infracciones y seis requerimientos; en 2024, se realizaron 58 actuaciones, siete infracciones y 13 requerimientos; y en lo que va de año 2025, se han realizado ya 117 actuaciones, 11 infracciones y 30 requerimientos, según los datos que ha proporcionado la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo.

En cuanto a las empresas a las que se han mandado las cartas de preaviso por presuntas irregularidades, se han detectado casos de un “uso sistemático y reiterado” de distintas modalidades de contratación temporal -obra o servicio, eventual, interinidad, prácticas, formación o relevo- con el mismo personal, alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses en los últimos cuatro años y una vinculación laboral superior al 65% en ese periodo en un total de 867 empresas, que afectan a 1.778 personas trabajadoras en Euskadi. 134 de estas empresas son de Álava, 450 de Bizkaia y 283 de Gipuzkoa. 

Además, se ha comunicado a 156 empresas que se han detectado supuestas irregularidades en 211 contratos por superar los periodos máximos legales o convencionales en la utilización de contratos temporales, como por ejemplo, en los contratos por obra o servicio en vigor desde hace más de 48 meses; contratos eventuales por circunstancias de la producción con una duración superior a 12 meses; contratos por obra o servicio en vigor desde hace más de 36 meses; o el encadenamiento de dos o más contratos temporales en los últimos 24 meses, alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses, directamente o a través de empresas de trabajo temporal (ETT), entre otros supuestos. Por territorios, 28 de estas empresas son de Álava, 75 de Bizkaia y 53 de Gipuzkoa. 

Por último, se han enviado cartas a 258 empresas por supuestas irregularidades en 569 contratos, al detectar que mantienen en alta a personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos que, en la práctica, prestan servicios de manera continuada o casi sin interrupción. Algo que no se ajusta a la legislación de este tipo de contratación que se corresponde a una actividad permanente y no intermitente.  En estos casos, las personas afectadas han permanecido en alta al menos 10 meses y medio durante los últimos 12 meses, ya sean contratadas directamente o a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), lo que supone una vinculación del 87,5% del tiempo. Por territorios, 28 empresas son de Álava, 125 de Bizkaia y 105 de Gipuzkoa.

“Perder el miedo a denunciar”

La viceconsejera, que ha presentado el balance de la campaña contra el fraude laboral junto a la subdirectora de Inspección de Trabajo de Euskadi, Iciar González, ha recordado la importancia de que los trabajadores sean conscientes de sus derechos y de la importancia de que se denuncien las posibles irregularidades. En este sentido, ha recordado que se disponen de “diversos canales oficiales para comunicar y denunciar posibles irregularidades o fraudes laborales en Euskadi”. Y, aunque la forma habitual es la denuncia oficial, realizada normalmente por los propios trabajadores o por los sindicatos, ha destacado la importancia de que existan canales anónimos para facilitar que cualquier trabajador que sufra una irregularidad “pueda informar de forma segura, sencilla y accesible, contribuyendo así a la prevención y detección del fraude laboral en el conjunto de la comunidad autónoma”.

Precisamente, para informar de la existencia de este canal anónimo, el departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña para reforzar la confianza en Buzón del Fraude como “herramienta cien por cien anónima para denunciar irregularidades en materia laboral o de prevención de riesgos”.  La campaña se llevará a cabo bajo el lema 'Tienes derecho a trabajar. Trabajar con derechos. Defiéndelos'. Barredo ha señalado que se trata de ayudar a los trabajadores a “perder el miedo a denunciar”. Ha recordado que este canal “permite aportar información sin identificación” y aunque no garantiza una respuesta individual ni la apertura directa de una investigación, las comunicaciones recibidas pueden ser valoradas dentro de las actuaciones de planificación de la Inspección“.

En el resto de los canales de denuncia, para garantizar una adecuada valoración de los hechos, las personas que presenten una denuncia identificada deben facilitar nombre, apellidos, DNI y datos de contacto (dirección y teléfono). Aunque si así se solicita, la identidad puede quedar preservada durante la tramitación.

La compañía Acciona ha informado de que suspende cautelarmente en sus funciones a sus dos empleados citados como investigados en el caso Cerdán, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, “sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad”.

Se trata del tercer trabajador de la empresa imputado en este asunto. El primero fue Justo Pelegrini, director de Construcción para España hasta el pasado junio, cuando fue despedido al trascender la vinculación de la empresa con las presuntas mordidas del exministro José Luis Ábalos y Koldo García gestionadas por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En las mismas fechas, Acciona anunció que ponía fin todos los contratos y los acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 S.L.

Olarte y García son directores de Zona norte y sur, respectivamente. Tanto ellos como Pelegrini declararán el próximo 3 de diciembre, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por “la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación” estas tres personas.

En el comunicado emitido hoy, Acciona Construcción alega que “los contratos y pedidos asociados a estos proyectos cumplen con los estándares exigibles que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial”.

La empresa añade que “todos los pagos realizados al amparo de esos contratos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas [...], sin que de ninguna manera puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública”.

La firma también señala que, de entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y/o proveedoras del grupo, mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con la empresa Servinabar 2000 en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs. La facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones.

Navarra registró su segundo mejor octubre en creación de empleo desde el año 2007, tan solo superado por el de año pasado. La comunidad foral ha ganado 2.787 trabajadores y ha alncanzado un nuevo récord de empleo con 317.152 personas afiliadas a la seguridad social, la cifra más alta de la serie histórica.

Por otro lado, el paro se incrementó en 579 personas, cifra similar a la del mismo mes en años anteriores. La cifra total de desempleados se sitúa en 28.959 personas, 1.129 menos que en octubre de 2024.

En todos sectores se ha producido un aumento del desempleo. Con la mayor subida en la variación intermensual nos encontramos con el sector primario, con 54 personas paradas más (un 5,2% más). En segundo lugar, se encuentra la industria con una subida del 4,8% (166 personas paradas más) seguida de la construcción, con un aumento del 1,6% (19 personas paradas más), el sector servicios con una subida de un 1,6% (313 más) y los que se encontraban sin empleo con anterioridad, con una subida del 0,8% (27 personas más).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en el sector primario (123 menos, un 10,1%), en la construcción (102 menos, un 7,9%), sector servicios (858 menos, un 4,1%), y finalmente con 122 personas menos (un 3,7%) en el grupo de sin empleo anterior. En cuanto a la industria con 76 personas desempleadas más es la única categoría en la que se registra un incremento anual, del 2,1%.

Por último, respecto al desempleo de larga duración, ha empeorado ligeramente, con 56 personas más paradas de larga duración que en septiembre (variación del 0,5%). Aunque, anualmente se ha producido un descenso de 149 personas paradas de larga duración, un 1,2% menos. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,9%, es decir, 12.142 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación de paro más de un año).

Por otro lado, el número de contratos registrados en octubre ha sido de 28.581, de los cuales 6.220 han sido indefinidos (21,8%). En lo que lva de año se han registrado 51.560 contratos indefinidos, un 169,2% más que en los primeros diez meses de 2021.