Las familias de Castilla-La Mancha podrán tener apoyo económico público para contratar a una persona que cuide de los hijos e hijas menores de 14 años o de un familiar en situación de dependencia.

El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles un esquema de ayudas dotado con un millón de euros de presupuesto que puede llegar a cubrir, en determinados casos, hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional, en función del nivel de renta de cada familia.

Según ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, el plan se plantea a lo largo de tres años. Durante el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100 por ciento del salario mínimo; en el segundo, se sitúa sobre una base del 75 por ciento; y en el tercero, sobre el 50 por ciento, siempre ajustándose a los ingresos familiares.

El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que compaginar trabajo, crianza, y cuidados sea viable para las familias, “quienes tienen que hacer malabares” para atender todas sus responsabilidades.

Contratación de personas desempleadas

Por otro lado, Padilla ha hecho hincapié en que las ayudas están vinculadas a la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social.

La portavoz ha incidido en que la medida prioriza a las familias con menos recursos y sube la cuantía hasta el 80 por ciento en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales, al frente de los que, en la mayoría de los casos, se encuentra una mujer.

Este decreto se integra en una línea de actuación más amplia, junto a otras medidas ya en marcha como los incentivos a la contratación, el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, las deducciones fiscales para las familias, la ampliación de la red de escuelas infantiles o el Plan Corresponsables, ha enumerado la consejera.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios establecidos contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, ha desarrollado la operación ‘Caprines’, una investigación que ha culminado con la investigación de dos personas por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. En explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han detectado la presencia de ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato.

La investigación se inició cuando dos ciudadanos extracomunitarios pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que se encontraban trabajando sin contrato en una explotación caprina, ubicada en el término municipal de Lorca.

Los dos trabajadores comunicaron a los agentes que, además, estaban alojados en unas caravanas, dentro de la finca, donde vivían en pésimas condiciones de higiene.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que el titular de la empresa contaba con otra granja en el término municipal de Puerto Lumbreras.

En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Guardia Civil llevó a cabo la inspección simultánea de ambas fincas.

Las visitas resultaron con la identificación de otros seis trabajadores extranjeros, en situación irregular en el país, uno de los cuales, además, tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Operación 'Caprines'

La operación ‘Caprines’ finalizó con la investigación de dos personas: el propietario de la empresa y un encargado. Según se desprende de la investigación, este último, de la misma nacionalidad que los trabajadores, facilitaba su captación y los distribuía a diario en cada una de las fincas.

Los ahora investigados, al parecer, se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en precarias condiciones laborales y de alojamiento.

Estos ocho trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

Por La Rioja solicita al Gobierno regional que acelere la concesión de ayudas para la contratación de personas desempleadas en los ayuntamientos para que éstas se puedan incorporar antes del verano. La formación regionalista pide que se acelere la aprobación y publicación de la orden de ayudas para la contratación de desempleados en los ayuntamientos riojanos. “A 8 de abril aún no han sido publicadas las bases, ”o que supone un grave problema para muchos consistorios a la hora de organizar sus estructuras laborales de cara al verano“. Y denuncian que ”un año más el Gobierno de La Rioja retrasa la concesión de unas ayudas que benefician a personas desempleadas y entidades locales“.

El año pasado, la orden se publicó en febrero, la cuantía 4,35 millones de euros a la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios en municipios. Así se ha acordadó en el Consejo de Gobierno del 18 de febrero en el que se explició que la finalidad de estos programas de inserción laboral es fomentar la empleabilidad y favorecer la adquisición de experiencia y competencias profesionales a personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo.

Los regionalistas señalan que no se han publicado las bases y que tampoco ha pasado por Consejo de Gobienro la dotación presupuestaria lo que “implica que los ayuntamientos no podrán incorporar personal antes del verano, ya que desde el Ejecutivo regional deben resolver, aprobar o denegar las peticiones que presentan los ayuntamientos riojanos”. Y recueran que “este personal es básico en el medio rural para cubrir necesidades como limpieza, atención social, servicios culturales, turísticos o reparación de averías en las infraestructuras públicas o mantenimiento de las mismas”. 

Por esta razón consideran que la publicación de la orden de ayudas debe realizarse inmediatamente “de forma rápida, ágil, y con una dotación económica justa y suficiente, que cubra realmente las necesidades de los pueblos riojanos”. Y califican esta tardanza de “un nuevo ejemplo de abandono de los pueblos de La Rioja cuando el Ejecutivo riojano dispone de los mayores recursos económicos de la historia por el aumento de la recaudación impositiva tanto del gobierno regional como del central”.

La formación regionalista subraya que en años anteriores han sido casi 400 personas contratadas y 300 proyectos avalados, “lo que pone de relieve el interés de las entidades locales riojanas en este programa de ayudas, que supone que muchos pueblos del entorno rural puedan prestar servicios básicos o no cuenten con ellos, al no tener capacidad para financiarlos”.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias escenificó este miércoles la firma de un contrato de 16,8 millones de euros para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a unas 1.500 personas en situación de dependencia en las islas de Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. “Vamos a garantizar que a toda persona usuaria que lo necesite, con independencia del lugar donde viva, se le preste el servicio”, dijo la consejera del ramo, Candelaria Delgado, en un acto en el que también estuvo presente Franciso Cruz, representante de BCM Gestión de Servicios S.L., la empresa adjudicataria. 

Lo que la foto oficial no muestra -ni tampoco la consejera explicó- es el rocambolesco proceso de adjudicación de ese contrato. Antes de llegar a ese apretón de manos con el que Delgado y Cruz sellaron el acuerdo, el caso pasó por el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias, que forzó a la administración a rectificar tras haber dejado fuera a esa empresa por un retraso burocrático provocado por la propia Consejería. 

El concurso fue convocado en julio de 2025. El presupuesto base de licitación es de 16,8 millones de euros (un año de contrato), aunque el valor estimado del concurso asciende a 36,5 millones, incluyendo esta cantidad no sólo una posible prórroga (de un año), sino otro lote destinado a la supervisión y control de calidad de estos servicios.

Tras evaluar las ofertas, la Consejería de Bienestar Social otorgó la máxima puntuación a BCM Gestión de Servicios, una empresa constituida en 1997 y que tiene su sede social en Málaga. Esta licitadora fue propuesta como adjudicataria en octubre del año pasado. La administración le concedió entonces un plazo de diez días para presentar la documentación final requerida. Es en ese momento cuando se evidencia el conflicto. La ganadora no cumplía uno de los requisitos fijados en el pliego, el de contar con acreditación empresarial para prestar servicio a personas dependientes, según un decreto de 2012. 

La Mesa de Contratación dio la oferta por retirada y excluyó a BCM Gestión de Servicios del concurso. En diciembre de 2025, adjudicó el contrato a la segunda clasificada en el concurso, Formas Nivaria S.L., una pequeña empresa radicada en La Laguna.  

La empresa excluida, BCM Gestión de Servicios, recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Esta licitadora contó que, entre la documentación presentada, figuraba una declaración responsable en la que indicaba que había solicitado la acreditación para prestar servicios a personas dependientes el 23 de junio de 2025 y que, al no haber recibido respuesta, la había obtenido “por silencio administrativo” tres meses después. 

En su resolución, el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias explica que la ley establece con claridad que las empresas deben contar con la habilitación empresarial exigida en la fecha límite de presentación de ofertas. En el caso del concurso de ayuda a domicilio, el 11 de septiembre de 2025. La empresa que recurrió la habría obtenido, por silencio positivo, el día 23 de ese mismo mes. Es decir, doce días después. 

Sin embargo, en este caso concurre una circunstancia excepcional. Y es que la administración competente para otorgar esa habilitación empresarial es la propia Consejería de Bienestar Social, el órgano que contrata el servicio de Ayuda a Domicilio. 

Por lo tanto, el tribunal de contratos concluye que si la empresa no disponía de la habilitación requerida se debía, única y exclusivamente, a la “inacción” de la propia administración que la había excluido. Dejar fuera a una licitadora por un error propio hubiera sido “completamente contrario” al principio de proporcionalidad que rige la contratación pública y, por tanto, contrario a derecho, recoge la resolución fechada el 17 de marzo. 

En consecuencia, el tribunal de contratos estimó el recurso presentado por BCM Gestión de Servicios, declaró la nulidad del acuerdo que la excluyó del proceso y de la orden de adjudicación a Formas Nivaria y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a la revisión de la documentación de la licitadora que había obtenido la máxima puntuación. 

La resolución obligaba a la mesa de contratación a volver a calificar las propuestas teniendo por presentada la habilitación empresarial de BCM Gestión de Servicios, que volvió a ser de esta manera la adjudicataria del contrato del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en las islas de Tenerife, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. 

El caso de las ambulancias

El caso del contrato de ayuda a domicilio tiene ciertas similitudes con el de otro servicio público esencial en Canarias, el de ambulancias, aunque con un matiz y un resultado distinto. En aquella ocasión, el órgano contratante (la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias, vinculado con la Consejería de Sanidad) adjudicó uno de los lotes, por importe de 44,5 millones de euros, a una empresa (la UTE Acciona-Icot) que, a la fecha de presentación de la oferta, no disponía de la habilitación empresarial exigida para prestar el servicio, al igual que BCM Gestión de Servicios. 

Esa autorización debía darla el Servicio Canario de Salud (SCS), también dependiente de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, la administración entendía que esa habilitación empresarial para operar en el sector de las ambulancias no era necesaria y que era suficiente con que cada vehículo dispusiera del permiso, algo que sí cumplía la empresa que obtuvo la mayor puntuación. Sin embargo, la segunda clasificada (Tasisa) recurrió a la justicia y el Supremo, en una reciente sentencia, le dio la razón, anulando esa adjudicación y obligando a Sanidad a indemnizar a la perjudica por el lucro cesante, en un expediente que, entre adjudicación y prórrogas, ya rozaba los 53,7 millones de euros. 

L'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 706 persones al febrer a les Balears en relació amb el mes anterior (-2,52%) i en 2.068 persones en relació amb el segon mes de l'any passat (-7,03%), i se situa en 27.339 aturats, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Al febrer, els sectors amb més aturats són Serveis (20.357, amb 862 menys que al gener) i Construcció (3.095, amb 7 més), mentre que els sectors amb menys aturats són Agricultura (330, amb 23 menys) i Indústria (1.187, amb 22 menys).

Per sexes, dels 27.339 aturats registrats al febrer, 15.560 són dones i 11.779 són homes. L'atur entre els joves menors de 25 anys se situa en 3.697 persones, de les quals 2.024 són homes i 1.673 són dones.

En el segon mes de l'any, l'atur entre els estrangers es va situar en 6.173 persones després de baixar un 6,71% respecte del gener i un 4,50% en comparació amb l'any anterior.

Contractació

Al febrer es van registrar 22.553 contractes a les Balears, un 5,45% menys que l'any anterior. De tots ells, 15.514 van ser indefinits (-2,60%) i 7.039, temporals (un 11,19% menys).

Per altra banda, l'arxipèlag va registrar el passat mes de febrer 505.280 afiliats a la Seguretat Social, 13.529 més que el mes anterior (+2,75%), segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En termes interanuals, l'afiliació a la Comunitat Autònoma s'ha incrementat en 9.742 treballadors respecte del febrer de 2025, un 1,97% més.

A les Balears, el règim general de la Seguretat Social compta amb 401.866 cotitzants, dels quals 7.874 estan registrats com a treballadors de la llar i 2.266 com a treballadors agraris. A més, hi ha 101.550 persones inscrites en el règim d'autònoms i 1.864 en el de treballadors del mar.

Per altra banda, al febrer hi havia a l'arxipèlag balear 122 treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), 61 dones i 61 homes.

En el conjunt d'Espanya, el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat en 21.670.636. El mercat laboral ha sumat 474.482 treballadors en l'últim any i 97.004 en l'últim mes.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 706 personas en febrero en Balears en relación al mes anterior (-2,52%) y en 2.068 personas en relación al segundo mes del año pasado (-7,03%) y se sitúa en los 27.339 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En febrero, los sectores con más parados son Servicios (20.357 con 862 menos que en diciembre), Construcción (3.095 con 7 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (330 y 23 menos) e Industria (1.187 y 22 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 27.339 desempleados registrados en febrero, 15.560 fueron mujeres y 11.779, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.697 personas de los cuales 2.024 son hombres y 1.673 son mujeres.

En el segundo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 6.173 personas tras bajar un 6,71% respecto a enero y un 4,50% en comparación con el año anterior.

Contratación

En febrero se registraron 22.553 contratos en Balears, un 5,45% menos que el año anterior. De todos ellos, 15.514 fueron contratos indefinidos (-2,60%) y 7.039, contratos temporales (un 11,19% menos).

Por otro lado, el archipiélago registró en el pasado mes de febrero 505.280 afiliados a la Seguridad Social, 13.529 más que el mes anterior (+2,75%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 9.742 trabajadores respecto a febrero de 2025, un 1,97% más.

En Balears, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 401.866 cotizantes, de los cuales 7.874 están registrados como trabajadores del hogar y 2.266 como trabajadores agrarios. Además, hay 101.550 personas inscritas en el régimen de autónomos y 1.864 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, en febrero había en el archipiélago balear 122 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 61 mujeres y 61 hombres.

En el conjunto de España, el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 21.670.636 afiliados medios. El mercado laboral ha sumado 474.482 trabajadores en el último año, 97.004 solo en el último mes.

La oposición en el Ayuntamiento de València vuelve a aliarse. Esta vez, a razón de las permutas de solares a cambio de vivienda protegida en la ciudad, que los socialistas ya han llevado a la Fiscalía. Compromís y el PSPV exigen al consistorio un informe jurídico sobre el acuerdo mediante el que el Ayuntamiento adquiría 39 viviendas de la promotora Domio Desarrollos II y entregaba a cambio cuatro solares para construir 200 viviendas protegidas, después de conocer que había familias que ya habían señalizado los pisos.

La oposición también recalca que uno de los concejales que impulsó la permuta, José Marí Olano -entonces en Patrimonio- fue compañero en la Abogacía de la Generalitat de la apoderada de la empresa matriz, que es, a su vez, la mujer del promotor. El propio concejal reconoció en el pleno que se conocían y habían tenido buena relación profesional -“Es muy maja”, dijo-.

PSPV y Compromís reclaman al Ayuntamiento que revise tanto el expediente de la permuta como la documentación presentada por las familias afectadas, en la que se acreditaba que las viviendas estaban ya prerreservadas. El objetivo es que la Asesoría Jurídica analice toda la información relevante, incluidas las pruebas que demuestran que el Ayuntamiento conocía la situación de esas viviendas antes de adjudicar la operación. “No vamos a permitir que el Gobierno de María José Catalá remita a los servicios jurídicos información sesgada para impedir que se analice lo sucedido de manera transparente y objetiva”, ha advertido Borja Sanjuan, portavoz del PSPV

La alcaldesa de València y líder del PP municipal, María José Catalá, ha considerado que el portavoz del PSPV “Construye un relato intentando forzar la máquina”. La dirigente ha defendido a Olano y cree que no es “un bombazo” que se conozcan de la Abogacía de la Generalitat. Sobre la permuta, ha insistido, “hemos pedido explicaciones a la empresa” sobre las reservas de las viviendas. De haber estado comercializadas, podría suponer un incumplimiento de los pliegos del contrato, además de introducir información errónea en la declaración responsable.

El 2025 ha sido un año que desde el punto de vista laboral en Navarra ha estado marcado por el cierre de la planta de BSH en Esquíroz, en la que trabajaban 660 personas. Con todo, la comunidad foral ha cerrado el año con buenas cifras de empleo: 5.405 afiliados más a la Seguridad Social que al cierre del 2024 y el número de parados más bajo desde el año 2007.

Navarra finalizó el 2025 con 315.741 afiliaciones, que según la afiliación media, son 5.405 personas afiliadas más que hace un año, lo que supone un crecimiento anual del empleo del 1,7%. Navarra cierra el año con balance positivo pese a que, en el mes de diciembre la afiliación media registró un descenso de 1.793 personas respecto a noviembre, un 0,56% menos. Desde el Gobierno navarro señalan que este último dato sigue la tendencia habitual del último mes del año en el que se registra una ralentización de actividades en diversos sectores clave en la comunidad Foral como la industria.

Respecto al paro registrado, en términos interanuales, el número de personas desempleadas ha bajado en 872, lo que representa un descenso del 2,9%. Al cierre del año se contabilizan 29.483 personas desempleadas, la cifra de paro de cierre anual más baja desde el 2007. Sin embargo, en diciembre el número de parados aumentó en 271 personas. “Es importante reseñar que diciembre suele ser un mes desfavorable para el empleo en Navarra, debido principalmente al descenso de la actividad en sectores como la industria y determinados servicios públicos por las vacaciones navideñas (desde 2007, únicamente en dos ocasiones, 2018 y 2023, se ha registrado un descenso del paro en este mes)”, apuntan desde el Ejecutivo foral.

Por sectores, el sector primario ha sido el único que ha mostrado un descenso en el número de parados con 14 personas desempleadas menos que en noviembre. La mayor subida se ha registrado en el sector industrial, con 152 personas paradas más. En segundo lugar, se encuentra la construcción, con un aumento del 2,8% (34 personas paradas más), seguido por el sector servicios con un incremento de 0,6% (127 personas más).

En cuanto a la contratación, en diciembre se han registrado 21.907 contratos, un 0,9% menos que en el mes anterior (207 contratos menos). En términos anuales se ha producido un incremento del 4,3% respecto al mes de diciembre de 2024 (913 contratos más). Por tipo de contrato, se han formalizado 3.771 contratos indefinidos y 18.136 contratos temporales. De esta forma, del total de los contratos registrados en noviembre, el 17,2% han sido indefinidos.

La Inspección de Trabajo vasca ha detectado este año posibles irregularidades en 2.558 contratos de carácter temporal o fijo discontinuo, y que podrían suponer fraude laboral, lo que ha derivado en el envío de 1.281 comunicaciones a distintas empresas a las que se concede un plazo de un mes desde su recepción para regularizar la situación. Si transcurrido ese plazo no se han realizado las correcciones necesarias, se inicia la correspondiente actividad inspectora. 

Las presuntas irregularidades se han detectado gracias a la herramienta de lucha contra el fraude, un sistema que permite la colaboración entre el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo de Euskadi, pero cada vez tiene más importancia en la labor inspectora las denuncias anónimas que llegan a través del buzón antifraude. Las actuaciones de la inspección a través de esta vía, que se puso en marcha en 2018, se han duplicado este año: En 2023, la Inspección realizó por esta vía un total de 42 actuaciones, registró dos infracciones y seis requerimientos; en 2024, se realizaron 58 actuaciones, siete infracciones y 13 requerimientos; y en lo que va de año 2025, se han realizado ya 117 actuaciones, 11 infracciones y 30 requerimientos, según los datos que ha proporcionado la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo.

En cuanto a las empresas a las que se han mandado las cartas de preaviso por presuntas irregularidades, se han detectado casos de un “uso sistemático y reiterado” de distintas modalidades de contratación temporal -obra o servicio, eventual, interinidad, prácticas, formación o relevo- con el mismo personal, alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses en los últimos cuatro años y una vinculación laboral superior al 65% en ese periodo en un total de 867 empresas, que afectan a 1.778 personas trabajadoras en Euskadi. 134 de estas empresas son de Álava, 450 de Bizkaia y 283 de Gipuzkoa. 

Además, se ha comunicado a 156 empresas que se han detectado supuestas irregularidades en 211 contratos por superar los periodos máximos legales o convencionales en la utilización de contratos temporales, como por ejemplo, en los contratos por obra o servicio en vigor desde hace más de 48 meses; contratos eventuales por circunstancias de la producción con una duración superior a 12 meses; contratos por obra o servicio en vigor desde hace más de 36 meses; o el encadenamiento de dos o más contratos temporales en los últimos 24 meses, alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses, directamente o a través de empresas de trabajo temporal (ETT), entre otros supuestos. Por territorios, 28 de estas empresas son de Álava, 75 de Bizkaia y 53 de Gipuzkoa. 

Por último, se han enviado cartas a 258 empresas por supuestas irregularidades en 569 contratos, al detectar que mantienen en alta a personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos que, en la práctica, prestan servicios de manera continuada o casi sin interrupción. Algo que no se ajusta a la legislación de este tipo de contratación que se corresponde a una actividad permanente y no intermitente.  En estos casos, las personas afectadas han permanecido en alta al menos 10 meses y medio durante los últimos 12 meses, ya sean contratadas directamente o a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), lo que supone una vinculación del 87,5% del tiempo. Por territorios, 28 empresas son de Álava, 125 de Bizkaia y 105 de Gipuzkoa.

“Perder el miedo a denunciar”

La viceconsejera, que ha presentado el balance de la campaña contra el fraude laboral junto a la subdirectora de Inspección de Trabajo de Euskadi, Iciar González, ha recordado la importancia de que los trabajadores sean conscientes de sus derechos y de la importancia de que se denuncien las posibles irregularidades. En este sentido, ha recordado que se disponen de “diversos canales oficiales para comunicar y denunciar posibles irregularidades o fraudes laborales en Euskadi”. Y, aunque la forma habitual es la denuncia oficial, realizada normalmente por los propios trabajadores o por los sindicatos, ha destacado la importancia de que existan canales anónimos para facilitar que cualquier trabajador que sufra una irregularidad “pueda informar de forma segura, sencilla y accesible, contribuyendo así a la prevención y detección del fraude laboral en el conjunto de la comunidad autónoma”.

Precisamente, para informar de la existencia de este canal anónimo, el departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña para reforzar la confianza en Buzón del Fraude como “herramienta cien por cien anónima para denunciar irregularidades en materia laboral o de prevención de riesgos”.  La campaña se llevará a cabo bajo el lema 'Tienes derecho a trabajar. Trabajar con derechos. Defiéndelos'. Barredo ha señalado que se trata de ayudar a los trabajadores a “perder el miedo a denunciar”. Ha recordado que este canal “permite aportar información sin identificación” y aunque no garantiza una respuesta individual ni la apertura directa de una investigación, las comunicaciones recibidas pueden ser valoradas dentro de las actuaciones de planificación de la Inspección“.

En el resto de los canales de denuncia, para garantizar una adecuada valoración de los hechos, las personas que presenten una denuncia identificada deben facilitar nombre, apellidos, DNI y datos de contacto (dirección y teléfono). Aunque si así se solicita, la identidad puede quedar preservada durante la tramitación.

La compañía Acciona ha informado de que suspende cautelarmente en sus funciones a sus dos empleados citados como investigados en el caso Cerdán, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, “sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad”.

Se trata del tercer trabajador de la empresa imputado en este asunto. El primero fue Justo Pelegrini, director de Construcción para España hasta el pasado junio, cuando fue despedido al trascender la vinculación de la empresa con las presuntas mordidas del exministro José Luis Ábalos y Koldo García gestionadas por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En las mismas fechas, Acciona anunció que ponía fin todos los contratos y los acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 S.L.

Olarte y García son directores de Zona norte y sur, respectivamente. Tanto ellos como Pelegrini declararán el próximo 3 de diciembre, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por “la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación” estas tres personas.

En el comunicado emitido hoy, Acciona Construcción alega que “los contratos y pedidos asociados a estos proyectos cumplen con los estándares exigibles que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial”.

La empresa añade que “todos los pagos realizados al amparo de esos contratos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas [...], sin que de ninguna manera puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública”.

La firma también señala que, de entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y/o proveedoras del grupo, mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con la empresa Servinabar 2000 en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs. La facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones.

Navarra registró su segundo mejor octubre en creación de empleo desde el año 2007, tan solo superado por el de año pasado. La comunidad foral ha ganado 2.787 trabajadores y ha alncanzado un nuevo récord de empleo con 317.152 personas afiliadas a la seguridad social, la cifra más alta de la serie histórica.

Por otro lado, el paro se incrementó en 579 personas, cifra similar a la del mismo mes en años anteriores. La cifra total de desempleados se sitúa en 28.959 personas, 1.129 menos que en octubre de 2024.

En todos sectores se ha producido un aumento del desempleo. Con la mayor subida en la variación intermensual nos encontramos con el sector primario, con 54 personas paradas más (un 5,2% más). En segundo lugar, se encuentra la industria con una subida del 4,8% (166 personas paradas más) seguida de la construcción, con un aumento del 1,6% (19 personas paradas más), el sector servicios con una subida de un 1,6% (313 más) y los que se encontraban sin empleo con anterioridad, con una subida del 0,8% (27 personas más).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en el sector primario (123 menos, un 10,1%), en la construcción (102 menos, un 7,9%), sector servicios (858 menos, un 4,1%), y finalmente con 122 personas menos (un 3,7%) en el grupo de sin empleo anterior. En cuanto a la industria con 76 personas desempleadas más es la única categoría en la que se registra un incremento anual, del 2,1%.

Por último, respecto al desempleo de larga duración, ha empeorado ligeramente, con 56 personas más paradas de larga duración que en septiembre (variación del 0,5%). Aunque, anualmente se ha producido un descenso de 149 personas paradas de larga duración, un 1,2% menos. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,9%, es decir, 12.142 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación de paro más de un año).

Por otro lado, el número de contratos registrados en octubre ha sido de 28.581, de los cuales 6.220 han sido indefinidos (21,8%). En lo que lva de año se han registrado 51.560 contratos indefinidos, un 169,2% más que en los primeros diez meses de 2021.

La Consejería de Educación y Empleo subvencionará por primera vez la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social con el objetivo de favorecer la integración laboral de este colectivo a través de empresas de inserción, como paso previo a su inclusión definitiva en la empresa ordinaria, así como facilitar la viabilidad y el desarrollo de la función social de estas empresas. 

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este jueves la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas, de las que podrán beneficiarse las empresas de inserción, así como las ordinarias que contraten a personas procedentes de itinerarios de inserción, siempre que los centros de trabajo se encuentren en el territorio de la Comunidad. 

Estas subvenciones, cuya finalidad es apoyar la creación y mantenimiento de las empresas de inserción, se establecen a través de cinco programas:

Los destinatarios finales de estas subvenciones son personas con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, que podrán estar desempleadas u ocupadas en empresas de inserción. 

La cuantía de las subvenciones que comprenden el Programa I, para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, alcanza los 12.120 euros por puesto de trabajo creado o mantenido para un periodo subvencionable de doce meses, con un máximo de 36 meses a contar desde la fecha de la primera contratación. 

La subvención por inversión fija generadora de empleo incluye el acondicionamiento y adaptación de las instalaciones de los centros de trabajo, el mobiliario y equipos de oficina necesarios, la maquinaria y utillaje, así como los equipos para los procesos de información y el software y aplicaciones informáticas. 

Por último, las cuantías de las subvenciones que podrán otorgarse por la contratación en el mercado ordinario de trabajo de participantes en itinerarios de inserción asciende a 2.600 euros, que recibirán las empresas de inserción, por cada persona que resulte contratada por cuenta ajena en entidades privadas. 

Las empresas y entidades privadas del mercado laboral ordinario recibirán una subvención de 2.600 euros por cada persona participante en un itinerario de inserción que contraten. Ambas ayudas se incrementarán en 500 euros cuando la persona incorporada al mercado laboral sea mujer y se reducirá proporcionalmente cuando el contrato sea inferior a 12 meses o a tiempo parcial, sin que pueda tener una duración inferior a 6 meses ni una jornada menor al 50 por ciento de la completa. También podrán incrementarse hasta 7.000 euros cuando la contratación sea de carácter indefinido y a jornada completa.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 86 personas en septiembre en Balears en relación al mes anterior (+0,3%) hasta los 26.054 desempleados , aunque a nivel interanual el paro bajó en la región un 6,8% (1.908 parados menos), según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la subida de septiembre, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2001. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Balears (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2023.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 91 menos (-2.6%); Industria, 17 menos (-1.43%), mientras que se incrementó en Servicios, 147 más (+0.78%); Agricultura, 23 más (+7.52%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (18.937), Construcción (3.415), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (329) e Industria (1.173).

En cuanto a sexos, de los 26.054 desempleados registrados en septiembre, 14.645 fueron mujeres, 139 menos (-0,9%) y 11.409, hombres, lo que supone un aumento de 225 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 707 parados más que a cierre del pasado mes (+28,9%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 621 desempleados (-2,64%).

Contratación

En septiembre se registraron 32.603 contratos en Balears, un 3,4% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 20.329 fueron contratos indefinidos, cifra un 5,8% superior a la de septiembre del año anterior y 12.274, contratos temporales (un 0,4% menos).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 37,65% fue temporal (frente a un 38,22% del mes anterior) y un 62,35%, indefinidos (el mes precedente fue un 61,78%).

El mercado laboral vasco tiene cada vez más trabajadores extranjeros. En el último año -desde este mes de julio hasta el mismo mes de 2024 -las contrataciones a extranjeros han crecido un 30,5%, frente al 10,5% de incremento entre los trabajadores autóctonos. De las contrataciones que se realizaron el mes pasado, una de cada cinco se hicieron a trabajadores extranjeros, la mayor parte de ellos, casi un 60%, de origen latinoamericano.

Los datos proporcionados este martes por el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, a través del informe de contrataciones correspondientes al mes de julio, muestran una realidad de la que se viene alertando desde hace tiempo por parte de las patronales vascas: la falta de trabajadores para completar la demanda del mercado de laboral vasco, y que se necesita cubrir con personas extranjeras. El número de extranjeros incorporados al mercado de trabajo vasco irá en aumento a lo largo de los próximos meses con la posibilidad de agilizar los permisos de trabajo tras la transferencia de la gestión al Gobierno vasco.

De hecho, en el momento de materializarse esta transferencia, el pasado 1 de julio, se estimaba que había un total de 5.000 extranjeros esperando la regulación de sus permisos tras haber realizado cursos de formación o capacitación en Lanbide, y que se podrán ir incorporando de forma paulatina al mercado laboral en un momento en el que se están encendiendo todas las alarmas por la falta de relevo generacional en la población trabajadora vasca. Hace unos días, un informe de la Fundación Adecco, constataba que en la próxima década Euskadi se enfrentará a la jubilación de 260.600 trabajadores con tan solo la incorporación de 56.990 jóvenes, lo que “evidencia un llamativo desequilibrio en el relevo generacional”. Es decir, por cada cuatro personas y media que se jubilan en Euskadi, solo una se incorporaría al mercado laboral en los próximos diez años.

Los datos del informe de Lanbide constatan un crecimiento de la contratación en general. En total se contrataron 58.033 personas, 3.017 personas más que en el mes junio, lo que supone un ascenso del 5,48%. Con relación a julio del año pasado, son 7.249 personas contratadas más, lo que implica un incremento del 14,27%, respecto al año anterior. El 21,5 % de las personas contratadas en julio tiene nacionalidad extranjera, lo que representa un aumento de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior. Del total de personas extranjeras contratadas, el 58,5% tiene nacionalidad de algún país latinoamericano, el 12,1% del norte de África, el 10,7 % de África subsahariana, el 6,2 % de Asia, el 6,0% de Europa no comunitaria y el 5,3 % de Europa comunitaria.

Si se pone la lupa en el último mes de julio, aumenta en 1.789 el número de personas extranjeras contratadas, lo que supone un 16,75% más, frente a un incremento de 1.228 en el caso de personas autóctonas, un 2,77% más. Si la comparación se realiza con el mes de julio de 2024, aumenta tanto la contratación de personas extranjeras, con 2.912 personas más, lo que supone un 30,47% de incremento, como de autóctonas, con 4.337 contratados más, aunque en este caso el incremento es menor y se queda en el 10,52% por cierto sobre los contratos del año pasado.

En lo que se refiere al nivel formativo, el 41,6% de las personas contratadas en el mes de julio tiene un nivel formativo básico o estudios obligatorios, mientras que el 28,0% tiene estudios de bachiller, el 15% estudios de Formación Profesional y el 14,4% estudios universitarios. En la referencia mensual, el mayor crecimiento en valores absolutos se ha dado en las personas con estudios obligatorios, con 2.091 personas más que en el mes de junio (+9,48%). En cambio, en valores relativos, el mayor incremento lo experimentan las personas con estudios de bachiller, con un aumento del 12,67% (+1.830). Por el contrario, entre las personas con estudios de Formación Profesional se ha dado el mayor descenso, tanto en valores absolutos como relativos (-1.145, -11,61 %). En comparación con julio del 2024, en todos los grupos ha habido un aumento en el número de personas contratadas. El grupo en el que más aumenta la contratación, tanto en términos absolutos como en relativos, es el de personas con estudios de bachiller, con 3.178 personas más que el año anterior, lo que equivale a un crecimiento del 24,27%.

En la distinción por edades, la edad media de contratación en el mes de julio se establece en 33,93 años, siendo inferior entre los hombres (33,06) que entre las mujeres (34,78). Las personas contratadas más mayores lo han sido en Araba (34,96 años), mientras que las más jóvenes se han dado en Gipuzkoa (32,78). La edad media de las personas contratadas en Bizkaia ha sido de 34,22 años. La ocupación técnicos de apoyo es la que contrata personas más jóvenes, con una media de edad de 27,64 años. Las personas contratadas más mayores se dan en las ocupaciones directivas, con 44,87 años de media. Las personas contratadas a tiempo parcial son más jóvenes que las contratadas a tiempo completo (33,42 años frente a 34,25), siendo la diferencia más notable en el caso de los hombres (30,15 los parciales frente a los 34,12 años de los contratos a jornada completa). Por duración del contrato, la edad media de las personas con contratos indefinidos es algo superior a la media de edad de las personas con contratos temporales (35,28 años frente a 33,40, respectivamente).

En cuanto al tipo de contratos que se realizan, aunque la tasa de indefinidos está en el 23,2%, algo ya habitual desde que se aprobó en 2022 la reforma laboral, el 36,6 % de los contratos firmados en julio de 2025 son a tiempo parcial, con un 48,0 % en el caso de las mujeres y el 25,3 % en el de los hombres. Lanbide reconoce en su informe que “el mayor problema de este tipo de contratación es que en su mayoría lo es de carácter involuntario, evidenciando la escasa calidad de la relación contractual establecida”.

Las actividades económicas con mayor contratación a tiempo parcial son hostelería, con 4.175 contratos, y comercio y reparación de vehículos con 3.746, mientras que Industrias extractivas es la actividad con menor contratación a tiempo parcial. Por perfiles ocupacionales, el que más destaca por contratación a tiempo parcial es el de los trabajadores de servicios de restauración, con 8.664, mientras que el menor número de contratos se ha dado en el de los trabajadores cualificados en agricultura y pesca, con nueve contratos.

Los contratos en el sector de la hostelería han bajado en Extremadura un 6,6 % durante el primer semestre del año, hasta los 24.892, lo que supone el mayor descenso de todas las comunidades autónomas, según un informe de la empresa de recursos humanos Randstad.

En el conjunto del país, la contratación en hostelería ha caído un 1,5 % respecto al mismo periodo de 2023, con un total de 1,25 millones de contratos. Además de Extremadura, la Comunidad de Madrid registró una de las mayores caídas (-5,5 %), mientras que el crecimiento lo lideraron Asturias (+6,1 %) y Aragón (+5,5 %).

En términos absolutos, Andalucía se mantiene como la comunidad con más contratos firmados (251.075), a pesar de un ligero descenso del 1,4 %, seguida de Cataluña, con 163.854 y una bajada del 4,3 %. En el lado opuesto, La Rioja (8.591 contratos y +2,3 %) y Navarra (13.903 y -0,5 %) registraron los menores volúmenes de contratación.

Randstad destaca que los perfiles más demandados en hostelería son aquellos con alta disponibilidad horaria, incorporación inmediata y conocimientos de idiomas. Pese al incremento del turismo, la empresa señala una “contradicción” en los datos, al registrarse un descenso de la contratación frente al primer semestre del año pasado.

La directora regional de Randstad Trabajo Temporal para la zona Sur y Levante, Ana Hervás, apunta que esta bajada “podría estar relacionada con una estabilización del mercado turístico tras la recuperación postpandemia, así como con un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda”. No obstante, la compañía prevé un repunte de contratos durante los meses de julio y agosto.

Más críticas a la gestión del Ayuntamiento de Logroño de la Terraza de San Mateo por parte de los grupos de la oposición, PSOE y PR. Los primeros, PSOE Logroño, califican de “opaco, confuso y profundamente injusto” el procedimiento abierto por el Equipo de Gobierno. Los socialistas aseguran que “los precedente no eran halagüeños porque el concejal responsable del área, Miguel Sáinz, tiene procesos de revisión administrativa abiertos relacionados, precisamente, con las fiestas de San Mateo”. Y tras saber que solo un empresa se ha postulado a gestionar la terraza “tenemos serias dudas de que esta empresa vaya a ser capaz de cumplir con todos los criterios técnicos que exige el pliego”. Desde

El Partido Riojano por su parte critica que el “Gobierno de Escobar pida la colaboración a las peñas para la Terraza de San Mateo tras no contar con ellas”. Y es que el regionalista asegura haber tenido acceso a un correo electrónico en el que “el concejal Miguel Sainz cita a los colectivos de las fiestas para presentarles a la empresa que llevará la Terraza de San Mateo y les pide ayuda voluntaria después de haber privatizado su espacio sin contar con ellas (peñas)”.

Y el regionalista censura y no entiende que “reclame la colaboración de los y las peñistas, que participan en las fiestas de forma voluntaria, para el enriquecimiento de una promotora privada en la explotación de una actividad que ha sido privatizada”. Y además, en misiva “responsable de Promoción de la Ciudad da por hecha la licitación con una empresa concreta, antes de que el Ayuntamiento haya decidido su contratación”. Y es que no ha sido hasta este viernes cuando se ha conocido el nombre de la empresa que gesionará la Terraza de San Mateo. Tal y como recoge el acta de la apertura de proposiciones que se celebró el miércoles a que ha tenido acceso Rioja2, es BOAL Eventos SL, cuyo uno de los administradores solidarios es Borja Benito Marín, dirigente de la organización ultra en Logroño 'Nueva Época'.

Esta comunicación, en apariencia sencilla, permite ver que “el Gobierno de Conrado Escobar parece actuar como secretario y comercial de esta compañía al proponer a los colectivos realizar actividades en un espacio público cedido a una empresa privada”. El PR+ recuerda que en un concurso público, “hasta que no se abren los sobres, que en realidad son grupos de archivos digitales encriptados que contienen la documentación presentada por las empresas que optan al contrato y se comprueba que todos los parámetros exigidos están correctos, no se puede saber si el Ayuntamiento formalizará el contrato”. Y es que Antoñanzas insiste en que “si no se cumplen los pliegos, el contrato puede quedar desierto. Entonces, ¿cómo es posible que el popular Miguel Sáinz ya sepa que la empresa que se ha presentado cumple con las condiciones para ser la adjudicataria?”.

En concreto, la misiva remitida a los colectivos añade el dirgente del PR, “Miguel Sainz afirma que con el objeto de daros a conocer a la nueva empresa adjudicataria de la gestión de la ``Terraza de San Mateo´´ junto al parque de la Ribera y su propuesta de actividades, os convocamos a una reunión a mantener el próximo martes día 2 de septiembre a las 19:00 horas en el Ayuntamiento. Durante la misma la Fedederación de Peñas o cada peña en particular podrá plantear al Ayuntamiento y empresa contenidos y actividades a realizar en dicho espacio”. Una muestra más, concluye el regionalista, “que refuerza la sospecha de una presunta vinculación e intereses entre el Gobierno de Conrado Escobar y esta empresa”.

L'atur va baixar en 44.500 persones el segon trimestre a les Balears fins als 51.700 desocupats, un 46,25% menys que el trimestre anterior, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb la baixada del segon trimestre, la taxa d'atur a la regió se situa al 7,41%.

Aquesta xifra d'aturats és la més baixa en un segon trimestre des del 2023. Des de l'inici de la sèrie de l'INE, l'atur ha baixat el segon trimestre en totes les ocasions.

El segon trimestre es van crear a Balears 91.800 llocs de treball, i el total d'ocupats va portar a 646.300 persones, la xifra més alta d'ocupació en un segon trimestre des que hi ha registres.

Mentrestant, el nombre d'actius es va situar al tancament del segon trimestre en 698.000 persones a la regió, després d'augmentar els últims tres mesos en 47.300 persones (+7,27%).

L'últim any l'atur s'ha reduït en 2.700 persones (-5%) a les Balears i s'han creat 16.400 llocs de treball (+2,6%), mentre que el volum d'actius s'ha incrementat en 13.700 persones (+2%).

Per sexes, el segon trimestre la desocupació femenina va baixar en 28.600 dones (-54,6%), davant un avanç de l'atur masculí de 15.900 aturats (+36,3%). Amb aquestes dades, el nombre de dones a l'atur es va situar en 23.800 i la taxa d'atur femení al 7,17%. Per part seva, 27.900 homes estaven a l'atur al tancament del trimestre, amb una taxa d'atur masculina del 7,62%.

Pel que fa als joves, el nombre de menors de 25 anys a l'atur a Balears es va reduir en 6.300 persones els tres últims mesos fins a situar la taxa d'atur juvenil en un 13,99%.

Tipus de contractes

Segons l'INE, el nombre d'assalariats amb un contracte indefinit va pujar en 59.500 persones el segon trimestre a la regió i el de temporals es va incrementar en 26.100 assalariats. Després d'aquests canvis, el nombre d'assalariats es va situar en 532.800 persones, 454.200 dels quals tenien contracte indefinit (el 85,25%) i 78.600, temporal (el 14,75%).

La creació d'ocupació el segon trimestre a Balears va ser més gran al sector privat, que va generar 88.200 llocs de treball, un 18,65% més, fins a un total de 561.200 ocupats. Per la seva banda, el sector públic va crear 3.600 nous llocs de treball, un 4,42% més que el trimestre anterior fins a 85.100 llocs de treball.

El nombre d'ocupats a temps complet es va incrementar en 82.200 persones el segon trimestre (+16,48%) a la comunitat fins als 580.900 ocupats, mentre que els assalariats a temps parcial van augmentar en 9.600 (+17,20%), fins a sumar-ne 65.40.

Per sectors, l'atur va baixar a Serveis, 34.200 menys (-53,35%); aturats que busquen primera feina o han deixat la seva última feina fa més d'un any, 9.400 menys (-33,1%); Construcció, 900 menys (-47,37%); Indústria, 100 menys (-10%), mentre que es va incrementar a Agricultura, 200 més (+28,57%)

Per comunitats autònomes

L'atur va baixar a totes les comunitats respecte al trimestre anterior tret de Castella-la Manxa (+2.000) i Navarra (+2.000) . Madrid (-51.800) Andalusia (-50.600) i Balears (-44.500) van ser les comunitats on més es va reduir la desocupació.

Pel que fa a l'ocupació, durant el segon trimestre es van crear llocs de treball a totes les comunitats sent Catalunya (+94.600), Balears (+91.800) i Andalusia (+70.600), excepte a Melilla on l'ocupació es va reduir en 2.600 persones i a les Canàries amb un descens de 2.100 treballadors.

A tot el país, l'atur va baixar en 236.100 persones el segon trimestre, fet que suposa un 8,47% menys que el trimestre anterior, mentre que l'ocupació va augmentar en 503.300 persones (+2,31%), fins a superar per primera vegada els 22 milions d'ocupats.

El descens de l'atur el segon trimestre d'aquest any és inferior als registrats en el mateix període del 2023 (-365.300 desocupats) i 2022 (-255.300), però supera el registrat el 2021, quan va baixar en 110.100 persones i el va baixar en 110.100 persones 222.600 persones.

En finalitzar el segon trimestre, el nombre total d'aturats es va situar en 2.553.100 persones, la xifra més baixa des que hi ha registres, i el d'ocupats va assolir els 22.268.700 treballadors, pujant així de les xifres rècord 21,8 milions d'ocupats aconseguides en els dos últims trimestres.

En una valoració remesa als mitjans de comunicació, el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha celebrat el “nou màxim històric” a l'ocupació, amb més de 22 milions de persones ocupades.

“Mai abans hi ha hagut un percentatge tan alt de població treballant, segons les dades de l'Enquesta de Població . històric, un 68,3%”, han exposat des del Departament de Carlos Cuerpo.

El paro bajó en 44.500 personas en el segundo trimestre en Balears hasta los 51.700 desempleados, un 46,25% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 7,41%.

Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre en todas las ocasiones.

En el segundo trimestre se crearon en Balears 91.800 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 646.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 698.000 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 47.300 personas (+7,27%).

En el último año el paro se ha reducido en 2.700 personas (-5%) en Balears y se han creado 16.400 empleos (+2,6%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 13.700 personas (+2%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 28.600 mujeres (-54,6%), frente a un avance del paro masculino de 15.900 parados (+36,3%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 23.800 y la tasa de paro femenino en el 7,17%. Por su parte, 27.900 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,62%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Balears se redujo en 6.300 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 13,99%.

Tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 59.500 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 26.100 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 532.800 personas, de los que 454.200 tenían contrato indefinido (el 85,25%) y 78.600, temporal (el 14,75%).

La creación de empleo en el segundo trimestre en Balears fue mayor en el sector privado, que generó 88.200 puestos de trabajo, un 18,65% más, hasta un total de 561.200 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 3.600 nuevos empleos, un 4,42% más que en el trimestre anterior hasta 85.100 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 82.200 personas en el segundo trimestre (+16,48%) en la comunidad hasta los 580.900 ocupados, mientras que los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 9.600 (+17,20%), hasta sumar 65.400 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 34.200 menos (-53,35%); parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 9.400 menos (-33,1%); Construcción, 900 menos (-47,37%); Industria, 100 menos (-10%), mientras que se incrementó en Agricultura, 200 más (+28,57%)

Por Comunidades Autónomas

El paro bajó en todas las comunidades respecto al trimestre anterior salvo en Castilla-La Mancha (+2.000) y Navarra (+2.000) . Madrid (-51.800) Andalucía (-50.600) y Balears (-44.500) fueron las comunidades en donde más se redujo el desempleo.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+94.600), Balears (+91.800) y Andalucía (+70.600), excepto en Melilla en donde la ocupación se redujo en 2.600 personas. y en Canarias con un descenso de 2.100 trabajadores.

En todo el país, el paro bajó en 236.100 personas en el segundo trimestre, lo que supone un 8,47% menos que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 503.300 personas (+2,31%), hasta superar por primera vez los 22 millones de ocupados.

El descenso del paro en el segundo trimestre de este año es inferior a los registrados en el mismo periodo de 2023 (-365.300 desempleados) y 2022 (-255.300), pero supera el registrado en 2021, cuando bajó en 110.100 personas y el de 2024, cuando retrocedió en 222.600 personas.

Al finalizar el segundo trimestre, el número total de parados se situó en 2.553.100 personas, la cifra más baja desde que hay registros, y el de ocupados alcanzó los 22.268.700 trabajadores, subiendo así de la cifras récord 21,8 millones de ocupados logradas en los dos últimos trimestres de 2024, y logrando un máximo histórico.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha celebrado el “nuevo máximo histórico” en el empleo, con más de 22 millones de personas ocupadas

“Nunca antes ha habido un porcentaje tan alto de población trabajando, según los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de ocupación alcanzó su máximo histórico, un 68,3%”, han expuesto desde el Departamento de Carlos Cuerpo.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha notificado y publicado este miércoles la propuesta de adjudicación del acuerdo marco de procedimientos quirúrgicos por un valor estimado de 231 millones de euros y una duración inicial de dos años, con prórroga de otros dos, con lo que su valor estimado máximo alcanza los 533 millones de euros. La propuesta se conoce después de que una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía hubiera obligado al Gobierno de Juan Manuel Moreno a anular la adjudicación previa de este ambicioso plan para volver al concierto público con la sanidad privada.

Según informa la Junta en una nota de prensa, con la celebración este acuerdo marco, el SAS establece los términos y condiciones generales para la contratación de estos servicios con el “objetivo principal” de “seguir reduciendo las listas de espera y mejorar los tiempos medios de respuesta”.

El SAS recuerda que los acuerdos marco “constituyen una herramienta especialmente útil para racionalizar la contratación pública, aportando numerosas ventajas tanto en términos de agilidad como de eficiencia”. “En primer lugar, agilizan los procedimientos de contratación, ya que permiten establecer con carácter previo las condiciones que regirán futuras contrataciones con uno o varios empresarios. De este modo, se evita tener que repetir todo el proceso licitador cada vez que se precise un bien o servicio, lo que supone una notable reducción de la carga administrativa”, dice la nota.

Asimismo, “garantizan una mayor eficiencia y economía, al facilitar la centralización de compras o servicios recurrentes. Esto permite obtener mejores condiciones en precios y plazos gracias al efecto volumen, optimizando así el uso de los recursos públicos”. “Otra ventaja destacable es que mejoran la planificación y previsión del gasto, al fijarse de antemano los términos contractuales, lo que permite a los órganos de contratación prever con mayor certeza sus necesidades presupuestarias y facilitar una gestión económica más ordenada”.

Por último, apunta el SAS que los acuerdos marco “fomentan una contratación más transparente y competitiva. Su licitación pública asegura la igualdad de oportunidades entre licitadores y la libre concurrencia. En este caso han concurrido un total de 53 empresas que han presentado oferta de 75 centros sanitarios”.

Una vez seleccionadas las empresas admitidas al acuerdo marco, las adjudicaciones derivadas o contratos basados en aquel, se determinarán por los distintos órganos de contratación de las ocho provincias en función de las necesidades de contratación de procedimientos quirúrgicos, y se realizarán conforme a criterios objetivos establecidos previamente, reforzando la seguridad jurídica y la confianza en el procedimiento.

 La Junta de Extremadura destinará 3,6 millones de euros, financiados al 85% con fondos europeos, a la contratación de jóvenes como personal de apoyo a la investigación por un año, dentro del Programa Atraigo Talento. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional ha aprobado este martes el decreto que regula las bases reguladoras de las subvenciones y su primera convocatoria. La iniciativa está financiada al 85 % con cargo al Programa Fondo Social Europeo Plus Extremadura 2021-2027.

Las ayudas están destinadas a las contrataciones de jóvenes desempleados por parte de los agentes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y las entidades con centro de investigación, ciencia e innovación pertenecientes a la red del Mapa Integral de Recursos para la Empresa y el Empleo en Extremadura (MIREE).

El objetivo es potenciar el desarrollo del talento de estos jóvenes investigadores y se perfeccione su formación, con la finalidad de favorecer su incorporación al mercado de trabajo.

Los contratos, para la obtención de práctica profesional con una duración de doce meses, deberán hacerse a menores de 30 años con título universitario o de técnico superior del Grado D o de Especialista o Máster Profesional incluidos en el Grado E del sistema de Formación Profesional.

Otro de los objetivos de estas subvenciones es proporcionar “información de retorno” tanto a la propia Administración, con el fin de valorar las tendencias del mercado de trabajo, como a la Universidad de Extremadura para la adaptación de sus programas al mercado extremeño, recoge la Junta en la reseña del Consejo de Gobierno.