“Aquí no hay justicia ni verdad”, clamaba uno de los carteles de la concentración de apoyo a dos jóvenes a los que la Audiencia de Barcelona debía juzgar este jueves por disturbios en un desahucio. La verdad, al menos la judicial, tendrá que esperar. El tribunal ha decidido suspender la vista para que la Fiscalía, que inicialmente pide hasta seis años de cárcel a los activistas, concrete de qué les acusa.

Es la cuarta vez que, por distintas razones, se suspende el juicio por los altercados que hubo en el desahucio de una familia en el barrio de Sants de Barcelona en febrero de 2020, solo un mes antes del confinamiento. Casi cinco años después, el derecho a la vivienda monopoliza la lucha vecinal de la ciudad, con el desahucio del primer inquilino de la Casa Orsola previsto para este viernes.

En el caso de los vecinos de Sants, la Fiscalía acusa a uno de los dos jóvenes de intentar lanzar una puerta de madera a un agente, mientras que al otro lo señala por “lanzar, al menos, una botella de vidrio” contra los agentes mientras “los increpaba de manera agresiva y altisonante”.

Todo ello en el marco de una concentración de vecinos que “insultaron e increparon” a los Mossos d'Esquadra, además de “obstaculizar” el trabajo policial colocando mesa para evitar que la policía llegara hasta el inmueble, destaca el Ministerio Público.

La traducción penal de este comportamiento, para la Fiscalía, merece ser castigado con seis años de cárcel (dos por desórdenes públicos y cuatro por atentado a los agentes de la autoridad).

En cambio, esta acusación resulta, a juicio de la defensa de los acusados, demasiado imprecisa y desproporcionada, toda vez que en fase de instrucción a los jóvenes solo se les informó de que estaban imputados por desórdenes públicos.

Por ello, al inicio de la vista, las letradas Eva Pous y Norma Pedemonte, de Alerta Solidària, han alegado que la Fiscalía “no concretaba” de qué acusaba a los dos jóvenes. Las abogadas también han reclamado la nulidad de la causa por otras vulneraciones de derechos que el tribunal no ha estimado.

La petición de las abogadas se ha producido durante el trámite de cuestiones previas. Se trata del momento inicial de los juicios, en el que los abogados pueden denunciar vulneraciones de derechos o pedir la inclusión de pruebas de última hora.

Normalmente, los tribunales rechazan la mayoría de cuestiones previas o las resuelven en la sentencia, una vez celebrado el juicio. Pero no ha sido así este jueves. Tras un breve receso, el magistrado Ignacio González Vega, que presidía el tribunal de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona, ha comunicado que la vista quedaba suspendida.

“Debemos suspender el juicio y dar un plazo de cinco días para remediar estos defectos advertidos”, ha dicho el magistrado. Ahora el balón vuelve al tejado de la Fiscalía, que, en atención a lo reclamado por el tribunal, tendrá que volver a presentar un nuevo escrito de acusación.

Uno de los precedentes recientes de una imputación inconcreta admitida por un tribunal es la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió, en 2021, a un grupo de estudiantes acusados de disturbios en una manifestación.

En su resolución, los jueces concluyeron que la investigación de ese caso vulneró los derechos fundamentales de los jóvenes al imputarles “de forma indiscriminada e imprecisa” los disturbios. El “quebranto de garantías procesales” de los jóvenes vivido durante la fase de instrucción del caso, adujeron los magistrados, les generó una “material indefensión” y motivó la anulación de toda la causa.

El caso del desahucio de Sants todavía está lejos de saber su desenlace. La última vez que se suspendió este juicio se tardó casi un año en volver a señalarse.

La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se ha convertido este martes en el primer tribunal en España en aplicar la ley de amnistía. Lejos del foco mediático de casos como el de Carles Puigdemont, que se dirimirá en el Tribunal Supremo, los jueces catalanes han extinguido las condenas al exconseller de Interior Miquel Buch y de una veintena de personas desconocidas para el gran público y condenadas por disturbios y atentados a los agentes de la autoridad durante las protestas del procés. Entre ellas, Sergi V., que atiende a elDiario.es por teléfono horas después de ser amnistiado.

Las primeras palabras de Sergi V. –que pide no desvelar al completo su identidad por la “mediatización” de su caso que, denuncia, hicieron sindicatos de los Mossos d'Esquadra– son de agradecimiento para el colectivo antirrepresivo Alerta Solidària, que asumió la defensa de su caso, saldado con una condena de cinco meses de cárcel por los altercados ocurridos durante la investidura fallida de Puigdemont en 2018.

Sergi V. destaca que la amnistía es “una victoria popular” y se muestra especialmente satisfecho porque el TSJC haya amnistiado a jóvenes que sí tenían un riesgo real de entrar en la cárcel de haberse confirmado sus sentencias, ya que habían sido condenados a hasta tres o siete años de cárcel. “Es la mejor noticia”, asegura. Además, recuerda que el grueso de potenciales beneficiaros de base son “represaliados” por causas relacionadas con manifestaciones del procés.

¿Cómo ha recibido la noticia de que lo habían amnistiado?

Estaba comiendo y he empezado a ver noticias de que el exconseller Buch era el primer amnistiado, por lo que ya he pensado que mi sentencia no tardaría mucho. Y así ha sido. Estaba esperándola durante todo el día, pero no tanto por mi caso, sino que tenía la vista más puesta en otros que también se han resuelto este martes y que eran más graves porque tenían penas que podían comportar el ingreso en prisión de los condenados.

¿Le preocupaban más esos casos que el suyo?

Vivir la noticia estando pendiente de casos más graves es un síntoma de que el tema de la amnistía va para largo, porque la Fiscalía o los mossos que ejercieron de acusación pueden recurrir la decisión de este martes del TSJC ante el Tribunal Supremo. Hay muchas personas represaliadas que se merecen la amnistía. Además, creo que la represión continuará.

¿Lo mejor de la amnistía es que ya no entrará nadie más en la cárcel por el procés?

Sí. Creo que la mejor noticia es que jóvenes que han estado represaliados durante muchos años, como los casos de Verdejo y Oleksander o los tres de Granollers, no entrarán en la cárcel. Tenemos que reivindicar y celebrar la amnistía como una victoria popular porque ha sido una demanda de la gente.

¿La amnistía es una victoria política del independentismo?

En Catalunya, más que en una agenda del reencuentro que quiere el PSOE, los consensos estaban en que la represión tenía que terminar. Además, en este momento cuesta mucho que los políticos articulen institucionalmente consensos sociales. Que uno de estos consensos se haya conseguido, aunque sea con matices, es una buena noticia.

Vayamos a su caso concreto. Fue condenado a cinco meses de cárcel por unos disturbios ocurridos durante la investidura fallida de Carles Puigdemont de 2018. ¿Cómo vivió todo el proceso?

En mi grupo éramos cinco condenados a penas de entre un año y cinco meses de cárcel. He vivido el proceso con mucha incertidumbre y con una pena de banquillo porque el procedimiento ha durado mucho y me ha comportado una exposición pública que no he escogido. Además, sindicatos de los Mossos d'Esquadra mediatizaron mucho nuestro caso y jugaron con difundir nuestros nombres. Nos pusieron en la causa en otoño de 2018, casi un año después de los hechos. Ha sido un caso plagado de irregularidades de los Mossos d'Esquadra.

La amnistía es una victoria popular, no de un partido

¿Por ejemplo?

Nuestra sentencia se basó solo en el testimonio policial. En mi caso, los hechos probados se limitaron a decir que me encaré a los mossos, aunque admitieron que no agredí a ningún agente. Después los jueces, cuando tuvieron que razonar la sentencia, escribieron que los mossos no tenían por qué mentir, aunque dejaron la puerta abierta a que hubiera más personas que no éramos los condenados que hubieran agredido a los agentes. Prevaleció más la palabra de un mosso.

¿Siguió con interés el debate parlamentario de la amnistía?

No mucho. El debate parlamentario ha sido muy poco interesante, parecía más una competición entre Junts y ERC para ver quién sacaba más pecho de la ley. Para mí lo esencial es que la amnistía es una victoria popular, no de un partido.

¿Temía de que los jueces no le aplicaran la amnistía?

Después de ver cómo algunos jueces y fiscales querían ir por libre con la amnistía, un poco de miedo sí tenía. Se ha visto como un 'deep state' dentro del 'deep state': fiscales oponiéndose al fiscal general del estado, jueces diciendo que no aplicarían la amnistía... Ello ha contribuido a incrementar la incertidumbre, aunque al final los jueces de mi caso han hecho lo que tocaba. Pero creo que a la ley de amnistía le faltaban más garantías de no repetición y de reparación para los represaliados.

¿De cara a los políticos del procés, confía en que Puigdemont pueda volver? ¿O le da igual?

Que Puigdemont y el resto de exiliados –que no han dejado de crecer por el caso Tsunami– puedan volver es una buena noticia. Lo importante de la amnistía es que beneficie a todo el mundo, a políticos y a manifestantes de base. No hay que personificarla en Puigdemont, sino que tiene carácter transversal. De hecho, el grupo más numeroso de afectados somos manifestantes represaliados.

Se jugaba ocho años de prisión y ha terminado condenada solo a una multa mínima. Este ha sido el resultado del juicio para una joven acusada de provocar disturbios y agredir a agentes de los Mossos d'Esquadra durante los altercados en Girona en 2021 por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. La reducción del castigo penal a la joven gerundense se explica en buena medida por la cazadora Harrington que llevaba.

El caso juzgado en Girona reúne los elementos comunes de los casos de desórdenes públicos y atentado a los agentes de la autoridad. El tribunal de la Audiencia de Girona analiza unos disturbios en situaciones de caos y la credibilidad de la palabra de los agentes que señalaron a los procesados, que se contrastan con vídeos y otros testigos para determinar si se puede enervar su presunción de inocencia.

Resulta relevante la valoración de las declaraciones de los mossos que realizan los jueces. Lejos de dar por buena sin más la versión policial, el tribunal de la sección 4ª de la Audiencia de Girona realiza un pormenorizado análisis del testimonio de los agentes sobre los disturbios por los que se sentaron en el banquillo cuatro acusados. Tres de ellos, defendidos por el letrado Benet Salellas, han logrado bien la absolución bien la condena mínima de 2.400 euros de multa.

En cambio, el cuarto acusado ha sido condenado a tres años y medio de cárcel, que han sido sustituidos por su expulsión de España, por lanzar piedras “del tamaño del puño” a la línea policial, sin herir a ningún agente, precisa la sentencia.

Aunque la llevaron hasta Elvis Presley y James Dean en los cincuenta, la cazadora Harrington estará para siempre ligada a los 'mods' y los 'skins' de los sesenta y setenta. La popularidad de esta chaqueta de entretiempo hecha de algodón en el exterior y lana escocesa en su interior sigue hasta nuestros día: jóvenes de izquierda lucen la cazadora como expresión política, si bien también forma parte del catálogo de grandes multinacionales de la moda sin planteamientos progresistas conocidos.

La joven de la chaqueta Harrington estaba acusada de arrojar una botella a los agentes mientras detenían al condenado, pero los jueces inciden en que “no ha quedado acreditado” que la procesada fuera la autora del lanzamiento. La acusación se basaba en tres agentes de los Mossos d'Esquadra.

Los antidisturbios identificaron en el juicio a la acusada por su vestimenta y color de pelo. “Chaqueta negra con estampado escocés, pantalones grises, mascarilla y pelo castaño claro”, dijo uno de los mossos. “Pantalones grises, chaqueta negra escocesa, mascarilla gris y pelo castaño claro”, reiteró el segundo mosso.

La descripción de la ropa de la joven que realizaron los agentes, zanja el tribunal, no es suficiente para condenar a la joven, ya que “no es descartable que en los incidentes participara una persona con vestimenta similar” a la acusada. A esa conclusión llegan los jueces tras valorar el alegato de la defensa, que adujo que la acusada llevaba una chaqueta tipo Harrington que se repite en muchos jóvenes de la misma estética, por lo que no se podía concluir solo por su vestimenta que la procesada lanzó la botella.

La Harrington, “habitual en la estética 'mod'”

A la falta de identificación de la acusada, escriben los magistrados, ayuda “el argumento de la defensa y desconocido por la Sala de la chaqueta tipo Harrington que portaba es habitual en la estética 'mod'”. Además, la acusada fue perdida de vista unos minutos desde que se produjo el lanzamiento de la botella hasta su detención, que se produjo únicamente por el tipo de ropa que llevaba, remarca el tribunal.

Recuerdan los jueces que a la hora de analizar los testigos no pueden “asumir acríticamente” su relato por su condición de funcionarios policiales, sino que como magistrados están constitucionalmente obligados a “utilizar criterios objetivos que desde una perspectiva metodológica presenten un alto grado de seguridad”. Para dictar sentencia, agregan, tampoco pueden recurrir a “impresiones personales o convencimientos íntimos”, sino que deben emplear “elementos objetivos verificables que hayan resultado probados”.

No se dan todos estos elementos en el caso de la joven M. La “percepción” de los agentes de que fue la acusada quien lanzó la botella a los antidisturbios “no ha podido ser corroborada por imágenes”, ni siquiera por el mosso a quien el objeto le pasó más cerca. En consecuencia, expresa la Sala, “no se puede descartar que, en el tumulto, fuera otra persona y no la acusada la que llevara a cabo el lanzamiento contra los agentes”.

“Concurre una duda razonable sobre los hechos, en concreto sobre su autoría, lo que debe concluir con una sentencia absolutoria del delito de atentado por falta de identificación”, resuelve la sentencia.

La credibilidad policial

Pese a salvar esa primera acusación, los jueces sí condenan a la joven a la pena mínima de multa por resistirse a su detención la misma noche de autos. En este caso, sí ha resultado decisiva y totalmente creíble la declaración de los mismos mossos cuyas palabras no han servido para condenar por atentado a los agentes de la autoridad.

Destaca la sentencia que la declaración de los tres agentes ahora sí presenta una “minuciosidad y coincidencia que ofrece total credibilidad”. En concreto, la joven se resistió a su detención forcejeando con los agentes, moviendo los brazos para evitar ser esposada y lanzando patadas al aire. En el trascurso del forcejeo, dos agentes resultaron heridos leves, uno en el pie y la muñeca derechas y otro en el pie izquierdo.

Por contra, no es suficiente la palabra policial para condenar a los otros dos acusados de desórdenes públicos, porque lo que relataron los agentes sobre el comportamiento de ambos acusados en la noche de disturbios no es delictivo. Así, los dos mossos que los detuvieron dijeron que no se acordaban de su ropa pero que siguieron “claramente” a ambos acusados, quienes, según su versión, apilonaban tablones, sin prenderles fuego, hacían añicos una baldosa y movían una jardinera.

“De las declaraciones de los agentes se extrae que los acusados no queman objetos ni contenedores, simplemente apilan tablones y algún material de obra, en una calle prácticamente peatonal, sin que en el lugar se estuvieran ejerciendo actos de violencia”, aseveran los jueces.

Por contra, las declaraciones de los mossos sí son válidas para condenar al cuarto acusado a tres años y medio de cárcel por atentado contra los agentes de la autoridad por haber arrojado piedras a la línea policial. Los tres agentes que lo señalaron se pronunciaron “con claridad”, destaca la Sala, y lo detuvieron en el mismo momento del lanzamiento. “La identificación es clara, lo ven sin ningún género de dudas lanzar piedras”, remarca la sentencia, que además destaca que el joven llevaba piedras en los bolsillos al ser arrestado, lo que sirve de elemento de “corroboración” a la versión policial.

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La Audiencia de Lleida ha absuelto al rapero Pablo Hasel y a otras 10 personas de desórdenes públicos y lesiones a agentes de Mossos durante una protesta el 25 de marzo de 2018, tras la detención del expresidente del Govern Carles Puigdemont.

La sentencia constata que todos participaron en la manifestación, que terminó con altercados, pero en las imágenes de la jornada el tribunal “no identifica a ninguno de los acusados en actitud o conducta penalmente antijurídica sin perjuicio de identificar a alguno de ellos en el seno de la manifestación”, según recoge Europa Press.

Los magistrados concluyen que no hay ninguna prueba en el juicio “que permita concluir a la sala de una actuación plural, conjunta y consciente de esa alteración de la paz pública por los acusados”, necesaria para que haya un delito de desórdenes, ni tampoco está probado que se pusieran de acuerdo para causar altercados.

 El tribunal “no duda de que los agentes recibieran patadas y golpes, como estos refirieron”, pero no ve probado que lo hicieran los acusados. Hasel, para quien la Fiscalía pidió una condena de cinco años y nueve meses de prisión, negó haber empujado a Mossos o haber incitado a otros manifestantes a hacerlo. Para el resto de acusados, la Fiscalía pedía cinco años y tres meses

Uno de los casos de disturbios con una pena de cárcel en juego más larga ha terminado con una condena mínima. La Audiencia de Barcelona ha impuesto un año de cárcel a un joven por resistirse a su detención durante las protestas por la sentencia del procés. El acusado se enfrentaba a una petición de hasta nueve años y medio de cárcel por lanzar un cohete a un helicóptero de los Mossos d'Esquadra, acción que finalmente ha quedado sin castigo penal.

Nadie negó en el juicio que el acusado lanzó un cohete rojo que no llegó a impactar en el helicóptero, pero sí pasó cerca de la aeronave la noche del 16 de octubre en pleno Eixample de Barcelona, durante la semana de disturbios que siguió a la sentencia del procés del Tribunal Supremo. El conflicto estaba en si el disparo tenia intención de dar a la policía. Fiscalía y Generalitat creían que sí, pero la defensa lo negó.

El tribunal concluye de forma más partidaria a las tesis de la defensa, que ejerce la letrada Mireia San Nicolás. “Objetivamente el cohete no pudo golpear al helicóptero”, resuelve el tribunal, que se basa en especial en la declaración como testigo del piloto del avión, quien precisó que no se nota nada si la explosión de cualquier artefacto ocurre a diez metros de la nave.

Eso fue precisamente lo que ocurrió, a criterio del tribunal: el cohete no pudo llegar a dar al helicóptero porque la aeronave volaba a 100 metros del suelo y la distancia a la que llega el artefacto solo es de 40. El vídeo de los hechos lo corrobora.

“El cohete no iba dirigido al helicóptero y en ningún caso lo pudo colisionar”, zanja el tribunal. Tampoco ve suficientes pruebas el tribunal de la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona de que el acusado estuviera formando barricadas antes o después del lanzamiento.

De lo que no tiene dudas el tribunal es que el joven se resistió de forma activa a su detención por parte de agentes de paisano de los Mossos, lo que constituye un delito de atentado a los agentes de la autoridad. En base al testimonio de los mossos, los jueces establecen que el acusado causó lesiones en el codo izquierdo y la rodilla derecha a uno de los policías de paisano, llegando a tirarlo al suelo en dos ocasiones.

A renglón seguido, el acusado realizó “un llamamiento a la masa de gente que estaba en la manifestación”, destaca la sentencia, lo que obligó a los agentes a abortar la detención. Los jueces aplican una atenuante de reparación del daño porque el acusado ingresó en la cuenta del juzgado la responsabilidad civil antes del juicio.

Además del año de cárcel, el joven ha sido condenado a una multa de 270 euros por lesiones leves y a indemnizar al mosso a 280 euros. Pero se ha salvado de la pena más grave que le pedía la Fiscalía al no ver los jueces intención de que quisiera dar al helicóptero.

Más sombras que luces. Esta es la primera conclusión a la que penalistas bregados en decenas de defensas a manifestantes han llegado tras leer la reforma del Código Penal del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos pactada con ERC. Los abogados consultados por elDiario.es celebran la eliminación de la sedición, pero advierten de que la nueva redacción del delito de desórdenes públicos sigue “criminalizando” el derecho a la protesta pacífica y abre una vía “peligrosa” al castigar no solo los actos de violencia sino también los de intimidación.

A diferencia de la sedición, un delito sobre el que hasta el juicio del procés apenas había condenas en la historia reciente de España, los desórdenes públicos están a la orden del día en los juzgados. Junto al atentado a los agentes de la autoridad forman la pareja delictiva más habitual en los juicios por disturbios en manifestaciones. No hay semana que una Audiencia Provincial catalana no celebre un juicio por los altercados que sucedieron a la sentencia del Supremo en octubre de 2019.

“Eliminar la sedición está bien y era necesario, pero se ha hecho a costa de una mala reforma de los desórdenes públicos”, mantiene Eduardo Cáliz, de Arrels Advocats. “Es positivo que se derogue la sedición porque es un delito desproporcionado y decimonónico, pero la reforma de los desórdenes es peligrosa”, valora desde el centro Irídia Anaïs Franquesa. “Es evidente que la sedición tenía que quitarse del Código Penal, pero no para una reforma peligrosa del delito de desórdenes que se aplica a la población general”, apostilla la letrada Laia Serra.

Tanto Serra como Cáliz apuntan a un elemento de “gran preocupación” en el nuevo Código Penal, que, de no cambiar durante el debate en el Congreso, complicará mucho el trabajo de las defensas en los casos de disturbios. Se trata de la introducción del concepto de “intimidación”. Hasta ahora los desórdenes públicos castigaban la alteración de la paz pública mediante actos de violencia o la amenaza de la misma. “Una cosa es actuar con actos de violencia, pero el concepto de intimidación permite interpretaciones muy subjetivas y es especialmente preocupante”, reflexiona Serra.

A juicio de Cáliz, hay un origen claro en la inclusión de la “intimidación” en los desórdenes públicos: “Se introduce en el Código Penal la 'intimidación ambiental' que el magistrado Manuel Marchena patentó para el caso de 'Aturem el Parlament' y repitió para el procés”. El abogado se muestra especialmente crítico con el concepto de “intimidación” aplicado a los desórdenes por ser un concepto “difuso” y muy abierto a la interpretación de los jueces. Y recuerda, además, que la “intimidación ambiental” definida por el Supremo todavía está pendiente de examen ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tanto en el caso Aturem el Parlament como en el de los independentistas.

Serra además alerta del potencial “foco de inhabilitaciones” en que puede convertirse el delito de desórdenes “para electos que participen en manifestaciones”, ya que la nueva redacción del Código Penal contempla hasta cinco años de inhabilitación para cargos públicos. “La inhabilitación no es la cárcel pero también tiene un impacto democrático”, recuerda.

Tres años de pena mínima en desórdenes graves

Otra crítica de Cáliz se refiere al aumento de la pena mínima de los desórdenes graves, que pasa de uno a tres años. Ello convierte en “imposibles”, a juicio del letrado, los acuerdos con la Fiscalía que se venían dando en algunos casos al fijar la pena mínima por encima de los dos años con los que se puede evitar la entrada en la cárcel. Y si bien es cierto que la pena máxima pasa de seis a cinco años, Cáliz recuerda que en la práctica diaria, la Fiscalía raramente eleva sus peticiones de pena a los seis años por desórdenes, sino que las suele situar entre los dos y los cuatro años.

Por su lado, Franquesa hace hincapié en la “ambigüedad” del nuevo redactado de los desórdenes agravados. La reforma elimina la agravante de cometer los desórdenes en una manifestación que introdujo el PP, pero castigará a partir de ahora los que “se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”. “Esta definición es peligrosa porque resulta muy indeterminada. Se tendría que incluir, por lo menos, una referencia clara a que la actuación fuera violenta y especificar conductas punibles concretas para no dejar tanto margen de maniobra a los jueces”, asevera la letrada.

La abogada también alerta de que la nueva redacción del artículo que castiga las ocupaciones de despachos u oficinas es “una criminalización clara de las acciones de protesta de la PAH o los Sindicatos de Inquilinas” en sedes bancarias al introducir específicamente que no hará falta que medie “violencia o intimidación” para que sea delito entrar en un local sin el permiso de su propietario. Hasta ahora este tipo de acciones se perseguían mediante las coacciones pero resultaban muy difíciles de probar en un juicio, lo que abocaba casi todos los casos a la absolución. “Es una reforma insuficiente para garantizar plenamente el derecho de reunión y manifestación”, resume Franquesa.

Los tres penalistas también critican que la derogación del delito de incitación a los desórdenes públicos que introdujo al PP (y por que se acusó a la activista de los CDR Tamara Carrasco) no es completa al mantenerse, con penas más bajas, la “provocación, conspiración y proposición” a los desórdenes. “El resultado no es positivo: no se modifica la ley mordaza y se empeora el delito de desórdenes que es el que se aplica al manifestante de a pie”, concluye Serra.

Medida cautelar inusual contra el rapero Morad. La jueza que investiga al artista por desórdenes públicos le ha prohibido “entrar y permanecer” en su barrio natal, la Florida de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). “Callar no sirve con gente con maldad”, ha replicado Morad en Instragram.

La jueza ha acordado el destierro como medida cautelar hasta que se dicte sentencia firme o finalice la causa por cualquier otra resolución tras dejar en libertad este jueves al rapero, detenido este miércoles por su presunta relación con unos desórdenes públicos en el barrio de la Florida, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Tras una noche en comisaría y pasar a disposición judicial, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de L'Hospitalet ha acordado la libertad provisional para el rapero, que tendrá que estar a disposición del juzgado siempre que sea requerido. La causa está abierta por un delito de desórdenes públicos y otro de daños.

Morad fue detenido este miércoles por, presuntamente, haber pagado a un grupo de jóvenes para que quemaran contenedores, después de una discusión con agentes de la Guardia Urbana de L'Hospitalet.

El barrio de La Florida es donde creció el rapero y es el escenario de la mayoría de sus videoclips, como el que estaba grabando la madrugada del pasado jueves, cuando ocurrieron los hechos por los que ha acabado arrestado.

El cantante, el artista de España que más escuchas acumula en Spotify, se habría encarado con los agentes de la Guardia Urbana de L'Hospitalet que se acercaron al lugar ante las quejas de los vecinos por el ruido que hacían él y su grupo y acabó denunciado.

En esa discusión, fuentes cercanas al caso indicaron que Morad habría indicado a los agentes que daría dinero a jóvenes para que incendiaran contenedores. Horas después, en zonas cercanas al lugar aparecieron tres coches y diversos contenedores quemados.

Tras conocerse la decisión de la jueza, Morad ha publicado en su cuenta de Instagram un texto dirigido a sus seguidores. “De lo que digan no te creas nada y de lo ves solo la mitad”, ha indicado para a renglón seguido añadir: “Todo bien, pronto volveremos”.

“No tengo que insistir en noticias de gente que solamente van a querer hacerme daño”, ha abundado el rapero en otra publicación. “Daño personalmente no me hace, pero me duele que intentéis hacer creer a los niños cosas que no son buenas porque solo les hacéis pensar que vuestro odio es verdadero”, ha agregado. “Pronto se dejará claro todo esto porque callar no sirve con gente con maldad”, ha concluido.

Morad fue absuelto el pasado mes de marzo tras ser acusado de un intento de robo con fuerza en un domicilio de Barcelona el febrero del 2018.

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la absolución de Tamara Carrasco, acusada por la Fiscalía de formar parte de los Comités de Defensa de la República y de haber instigado diversas protestas violentas en 2018. Con 11 votos a favor y 5 en contra, la sala de lo penal ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra su absolución.

El pleno de la sala de lo penal se ha dividido, por tanto, para tomar la decisión. El primer ponente, Ángel Hurtado, apostaba por condenar a Carrasco y se ha quedado en minoría así que la ponencia ha pasado a manos de Javier Hernández. Cinco magistrados harán votos particulares contra la decisión: el presidente Manuel Marchena, Antonio del Moral, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena y Vicente Magro.

El periplo judicial de Carrasco arranca hace más de cuatro años con su detención en abril de 2018. En ese momento la Fiscalía lanzó una acusación por terrorismo y rebelión contra ella y llegó a pedir su ingreso en prisión sin fianza. El juez Diego de Egea rebajó esas acusaciones y dejó la imputación en desórdenes públicos. Para el Ministerio Público, ella había ejercido como coordinadora de cortes de carreteras y sabotajes llevados por los CDR en esa Semana Santa. La base de la acusación era un audio en el que Carrasco hablaba de este tipo de acciones, que en algunos casos ya habían sido convocados y en otros casos nunca llegaron a producirse.

Varios meses después, en noviembre de 2018, la Audiencia Nacional enterró definitivamente la acusación por terrorismo y envió la causa a los juzgados catalanes mientras Carrasco permanecía confinada: por orden judicial no pudo abandonar la localidad barcelonesa de Viladecans hasta mayo de 2019. Esa causa, que llegó a limitar al máximo la movilidad de Tamara Carrasco durante más de un año, terminó en nada: en octubre de 2020 fue absuelta por un juzgado de lo penal de Barcelona y en enero de 2021 la decisión fue confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los argumentos de ambas resoluciones cargaban con dureza contra la Guardia Civil y combatían frontalmente las acusaciones de la Fiscalía. “Remitir un audio a un grupo de amigos no entraña difusión de consignas de incitación a los desórdenes públicos”, dijo el tribunal barcelonés sobre la principal prueba esgrimida por el Ministerio Público para atribuirle, en un primer momento, un delito de terrorismo. Previamente, la magistrada que firmó la primera sentencia absolutoria dijo que “resulta poco serio” cimentar una acusación, por parte de la Guardia Civil , en base a un audio reenviado por Carrasco a un grupo de WhatsApp.

Cinco meses en prisión provisional, petición de la Fiscalía de seis años de cárcel... y absolución. La jueza ha exculpado por falta de pruebas a Charles P., el sintecho estadounidense acusado de intentar quemar un contenedor que no ardió en las protestas contra la sentencia del procés de 2019.

En su sentencia, la magistrada del juzgado penal 2 de Barcelona constata que las declaraciones de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona que declararon en el juicio no son suficientes para acabar con la presunción de inocencia de Charles P. Los tres agente que testificaron señalaron a Charles P. como autor del pequeño incendio –“llamita”, en palabra de una de las uniformadas– si bien reconocieron que no lo vieron directamente iniciar el fuego.

“Existen dudas racionales en cuanto a que fuera el acusado quien prendiera fuego al contenedor”, resuelve la jueza. La sentencia resalta que no puede descartarse la versión del acusado, defendido por el letrado David Aranda del colectivo Alerta Solidària, de que buscaba material para “reciclar” en el contenedor.

Charles P. ha resultado exculpado de unos hechos que no fueron ni mucho menos los más graves de los ocurridos en los disturbios, pese a lo cual llegó a pasar cinco meses en prisión provisional por un supuesto riesgo de fuga incompatible con su falta de recursos económicos. Solo la llegada de la pandemia lo libró de estar encarcelado sin sentencia.

El juicio fue el primero celebrado en Barcelona por los disturbios tras la sentencia del procés. La Fiscalía mantuvo su respuesta penal dura que ha llevado a otros acusados a alcanzar acuerdos con el Ministerio Público para evitar exponerse a altas penas de prisión.

La jueza, tal y como alertó la defensa de Charles P., destaca que ninguno de los agentes que testificó vio a Charles P. con un mechero en la mano para prender fuego al interior del contenedor, y que al acusado tampoco le fue incautado ningún mechero en las manos o los bolsillos en el momento de su detención, que se produjo cuando tenía medio cuerpo dentro del contenedor.

La Fiscalía reclamaba, además de la pena de prisión, expulsar de España al acusado por los delitos de desórdenes públicos y daños, pero la jueza descarta ambos tipos: Charles P. estuvo solo buscando basura en el contenedor, algo incompatible con la actuación en grupo que requiere el delito de desórdenes.

Tampoco cabe una condena por daños porque no se presentó prueba pericial alguna que acreditara “el tiempo que se precisa para que las bolsa de basura que se depositan en los contenedores empiecen a quemar”, agrega la jueza. En suma, no basta con la palabra de los agentes de la Guàrdia Urbana que vieron a Charles P. introducirse en el contenedor y le acusaron de intentar quemarlo.

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución de Tamara Carrasco, la CDR que fue detenida en 2018 acusada de terrorismo, al entender que el audio de Whatsapp que envió a un grupo de amigos animando a ocupar el puerto o Mercabarna fue un “punto de partida en el proceso hacia la violencia real” y contribuyó a “crear un entorno social violento e intimidatorio”.

En su escrito, la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que revoque la absolución de Carrasco, dictada por un juzgado de lo penal de Barcelona y después confirmada por la Audiencia de Barcelona, y la condene a una pena de siete meses de cárcel por un delito de incitación a los desórdenes públicos. Se trata de un tipo penal introducido por el PP en su reforma de 2015 y del que no hay jurisprudencia.

La activista fue detenida por la Guardia Civil acusada de terrorismo y permaneció más de un año confinada en Viladecans (Barcelona) por orden de la Audiencia Nacional, pero finalmente fue juzgada por un delito de incitación a los desórdenes públicos por enviar un audio sobre movilizaciones independentistas planeadas para la Semana Santa de 2018, entre ellas la ocupación del puerto y el aeropuerto, que no llegaron a consumarse.

La jueza absolvió a la CDR, defendida por el abogado Benet Salellas, al concluir que enviar mensajes o consignas a un grupo de amigos en un chat no constituye una difusión o distribución pública de su contenido. En cambio la Fiscalía mantiene que, con independencia del número de miembros del chat al que la acusada envió sus mensajes, Whatsapp es “un potencial canal de distribución a gran escala”.

El fiscal carga contra la magistrada que absolvió a Carrasco porque, a su juicio, desconoce la “realidad social” en Catalunya durante los años 2017, 2018 y 2019, y recuerda que lo habitual para convocar actos masivos es recurrir a la mensajería instantánea por whatsapp. “Convocar a un número indeterminado de personas a ocupar el puerto o el aeropuerto necesariamente significa asumir que el grupo será muy grande y que es seguro que habrá violencia, porque son instalaciones protegidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que necesariamente van a reaccionar”, añade.

El mensaje remitido por la acusada, concluye el fiscal, generó un “gran peligro, debido a que era el punto de partida en el proceso hacia la violencia real”, como así lo demuestran, a su parecer, “los hechos acaecidos con posterioridad” en Catalunya, sin más concreción.

Por su lado, Salellas ha reprochado que la Fiscalía reclame “una reinterpretación muy expansiva” del delito de incitación a los desórdenes públicos, y ha alertado de que si el Supremo condena a Carrasco cualquier mensaje en un grupo de Whatsapp podría considerarse difusión pública. Según la defensa, la postura del fiscal implica “que se tiene que castigar con independencia de lo que pase después o de si hay o no incidentes provocados por ese mensaje”.

Una de las investigaciones abiertas sobre Tsunami Democràtic se ha cerrado casi por completo este jueves. El juez de Girona que instruía la causa sobre el corte en la autopista AP-7 a la altura de Salt en noviembre de 2019 ha dado carpetazo a la causa contra 48 personas al constatar que bien no estaban en el lugar de los hechos bien no realizaron conducta violenta alguna que pueda suponer un delito de desórdenes públicos. La resolución supone un revés a las pesquisas de Policía Nacional, que vinculó a los investigados con actos violentos tan solo por estar en la protesta o incluso en base a cómo iban vestidos.

De los 48 exculpados, media docena fueron identificados por la policía en Salt “simplemente por la vestimenta que llevaban, sudaderas, mochilas, etc.”, destaca el juez, al tiempo que constata que no se ha podido acreditar que realizaran actos violentos contra los agentes. Respecto a otros cuatro investigados, fueron incluidos en la causa por la Policía, pero el juez destaca que en las fotografías que les tomaron durante la protesta “no se aprecia que estén realizando actuación violenta alguna”. “Tan solo participaban en la manifestación”, enfatiza el instructor en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es

Tal era la falta de pruebas que la Fiscalía llegó a adherirse a la petición del abogado Benet Salellas para que quedaran exculpadas 15 personas. El juez destaca de algunos de ellos que no hay constancia de que llegaran a estar físicamente en la manifestación que cortó la autopista, mientras que de los que sí estaban no existen indicios de que cometieran actos violentos. Y de los 23 investigados restantes el juez concluye que no hay “indicios sólido que permitan penar con un mínimo de seriedad que prosperará una acusación”.

En suma, para el juez Juan Carlos Godoy se trata de ahorrar la “pena de banquillo” a los investigados en un eventual juicio que, de celebrarse, conduciría a la absolución ante los problemas para situar a los investigados en el lugar de los hechos y para demostrar que cortaron la carretera con vallas y contenedores o agredieron a los agentes. No ocurre lo mismo en cambio con uno de los investigados, contra el que se continuará la causa porque “fue visto ejecutando actos violentos” en Salt. Otros tres encausados, cuya investigación ha recaído en los Mossos d'Esquadra, también irán a juicio.

La de Girona era una de las causas sobre Tsunami Democràtic que permanecen abiertas en los juzgados. En Figueres, por el mismo corte pero a la altura de la frontera hispano–francesa, permanecen imputadas más de 200 por desórdenes públicos, mientras que la Audiencia Nacional también tiene abierta una causa sobre los supuestos promotores de Tsunami Democràtic.

“Retirar una valla que daba acceso a una calle desde la que se podía acceder al Palacio de Justicia de Tarragona”. Por este hecho ha permanecido tres años imputada la diputada de la CUP Laia Estrada. Hasta este viernes. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha archivado la causa por desórdenes públicos y desobediencia contra la diputada abierta por una jueza de Tarragona que llegó a ordenar la detención de Estrada pese a su condición de aforada ante el alto tribunal catalán.

La Sala Civil y Penal del TSJC pone punto y final al caso con reproches hacia la magistrada instructora. Señalan los togados que la petición de la jueza de Tarragona para imputar a Estrada presenta “un déficit argumental” al no recoger “la presunta actividad delictiva” de la parlamentaria. En otras palabras, que la jueza pedía investigar a Estrada sin describir qué delito cometió.

El único hecho atribuido a Estrada por la jueza y el atestado de los Mossos d'Esquadra era retirar una valla en la protesta en la ciudad de Tarragona contra el Consejo de Ministros de 2018 de Barcelona. De este hecho, abunda la Sala, “no se puede inferir la presunta comisión de un delito de desórdenes públicos y/o de desobediencia”. La Fiscalía ya había pedido el archivo del caso.

La jueza de Tarragona ordenó el pasado mes de mayo la detención de Estrada para tomarle declaración como investigada, si bien un día después dejó sin efecto el arresto tras la polémica levantada. La magistrada del juzgado de instrucción 6 de Tarragona, Milagros Nieto, indicó que “reexaminado” el caso y a la vista de “las dudas suscitadas” sobre la instrucción del propio TSJC, procedía actuar “prudencialmente” y “dejar sin efecto” la detención de Estrada.

La magistrada de Tarragona tomó esta decisión tras enviar toda la causa al TSJC y recibir una primera negativa del alto tribunal catalán a asumirla. La Sala Civil y Penal del TSJC consideró “prácticamente inexistente” la investigación de la jueza respecto a Estrada, y la calificó de “totalmente insuficiente” para atribuir a la diputada su participación en un presunto delito de desórdenes públicos.

El TSJC también recordó a la magistrada que la forma correcta de actuar era elevar una exposición razonada sobre los motivos por los que el alto tribunal catalán debía asumir la investigación contra Estrada, y no enviar toda la causa como hizo la instructora de Tarragona, en la que están investigadas otras cinco personas que no son aforadas. Pero el resultado, una vez enviada la exposición razonada, ha sido el carpetazo a la causa.

No es frecuente que una acusación recurra una sentencia pidiendo menos pena para el condenado. Pero es lo que ha pasado en el caso del activista independentista Marcel Vivet, condenado por la Audiencia de Barcelona a cinco años de prisión por golpear con un palo a un mosso d'esquadra en una manifestación. La Generalitat pidió al terminar el juicio cuatro años y nueve meses de cárcel contra el joven, pero ahora el Govern ha recurrido la sentencia y ha pedido rebajar la pena de cárcel a solo seis meses. La maniobra no ha sido del agrado del joven, que ha tildado al Govern de “cínicos desgraciados”.

La Generalitat intenta así superar la contradicción de tener que acusar –por ley está obligada– a los presuntos causantes de las lesiones de funcionarios y de pedir pena de cárcel a los independentistas a los que ha pedido previamente movilizarse en las protestas por el procés. En el caso de Marcel Vivet además los grupos parlamentarios de Junts y ERC reclamaron al Govern una rebaja de la petición de pena antes de terminar el juicio que no obstante los servicios jurídicos de la conselleria de Interior desoyeron. El pacto entre CUP y ERC por la investidura de Aragonès incluía la retirada de la Generalitat de las acusaciones contra independentistas.

En cualquier caso el recurso a la baja del Govern no supone una reducción automática de la pena de Vivet, ya que previsiblemente la Fiscalía pedirá mantener la pena de cinco años de prisión a la que el activista fue condenado por un delito de desórdenes públicos, otro de atentado a la autoridad y otro de lesiones.

La Generalitat, que acusó por desórdenes públicos durante el juicio, dice ahora que “no toca” al Govern pedir una sanción penal por este delito. “La condena resulta desproporcionada en una evaluación global de los hechos”, alega el Govern, que pide además que la pena de seis meses de prisión no suponga el ingreso en prisión de Vivet. Respecto al delito de atentado, el Govern pide rebajar la pena a medio año de cárcel porque el palo con el que golpeó al mosso “no reúne las características objetivas para ser considerado un objeto peligroso”.

En un comunicado, la conselleria de Interior ha defendido que con el recurso “garantiza la defensa de todos los servidores públicos” y mantiene a la vez “un criterio de proporcionalidad” en las causas contra manifestantes ante una condena “desproporcionada”. Pero los argumentos del Govern no han convencido al activista, que ha acusado al Ejecutivo catalán de “cínicos desgraciados” y ha instado a “decírselo a la cara” al nuevo secretario general de la conselleria de Interior, Oriol Amorós.

“De Irene disponíamos de imágenes previas y por eso yo mismo la voy a detener”. Con esta naturalidad se ha expresado un agente de los Mossos d'Esquadra en el juicio contra 13 estudiantes universitarios acusados de provocar altercados en una manifestación para reclamar la rebaja de las tasas universitarias. El agente ha explicado al tribunal que la policía autonómica dispone de un archivo y de un banco de imágenes de protestas de estudiantes –no ha aclarado si se trata de un archivo meramente policial o que forma parte de investigaciones judiciales– que le sirve para cotejar a eventuales implicados en desórdenes.

La identificación de los responsables de altercados suele ser una de las cuestiones controvertidas en los juicios entre acusaciones y defensas. Más en uno en el que la Fiscalía pide penas muy altas –hasta ocho años y medio de cárcel– si se tiene en cuenta que ningún agente resultó atacado o herido. En el caso de los 13 estudiantes acusados en el juicio que ha arrancado este jueves en la Audiencia de Barcelona se ha sumado el elemento del archivo policial de protestas.

La forma más sencilla de establecer si un acusado participó en un altercado es seguirle e identificarle, para después compararlo con las imágenes del momento de los disturbios. Pero según ha explicado el agente instructor de los atestados, respecto a algunos de los 13 estudiantes los Mossos ya disponían de imágenes previas a la manifestación de marzo de 2017 en Barcelona, pues algunos de los universitarios acusados habían participado unos meses antes en el encierro en la Secretaría de Universidades para protestar también contra las tasas. Una protesta que, según fuentes jurídicas, no ha sido judicializada.

“El encierro había sido grabado y esto nos sirvió de base”, ha explicado el agente al tribunal, que ha detallado que algunos de los acusados por quemar un contenedor y destrozar una sucursal bancaria “aparecieron” en los archivos de vídeo que ya tenían los Mossos de protestas anteriores, como la ocurrida en la Secretaría de Universidades. En el caso de una de las acusadas ello permitió situarla en los disturbios de los que se la acusa sin identificarla el día de los hechos.

Lo mismo ocurrió con un segundo acusado, a quien los Mossos no identificaron el mismo día de los altercados sino comparando los vídeos de un grupo de estudiantes que se manifestó con la cara tapada y otra protesta anterior convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), al que pertenecen la mayor parte de los acusados. “Participó en un acto de de reivindicación, lo colgaron en redes sociales y lo reconocí”, ha dicho otro mosso que ha testificado.

Según el mosso instructor de los atestados, existe una unidad de la policía autonómica, llamado grupo de obtención y aseguramiento de la prueba, que graba las protestas y sus archivos son los que permitieron cotejar las imágenes e identificar a los acusados. Además de los vídeos previos, los Mossos usaron imágenes de redes sociales y seguimientos y vigilancias posteriores para determinar que los estudiantes participaron en los disturbios. La única testigo que no era policía, una empleada del banco cuyo escaparate fue destrozado, tampoco ha servido para esclarecer los hechos. Ha explicado que tres personas encapuchadas golpearon con martillos la sucursal, pero como iban tapados “era imposible saber quiénes eran”.

Además de cuestionar el método por el que fueron identificados los acusados, las defensas critican que la Fiscalía y los Mossos atribuyen una participación “genérica” de los acusados en los disturbios, sin determinar cuál de ellos prendió fuego al contenedor o golpeó a martillazos la sucursal bancaria. La declaración testifical de un mosso propuesto por la Fiscalía que participó en la investigación ha servido, paradójicamente, para corroborar la tesis de la defensa: el agente ha reconocido que respecto a una acusada no podía concretar “qué tipo de acción realizó”, mientras que de otro acusado ha limitado su participación en los hechos a “aguantar una mochila”.

El Ministerio Público considera a todos los acusados bien autores bien cooperadores necesarios de los delitos de desórdenes públicos y daños, al entender que actuaron conjuntamente para cometer los altercados. Los jóvenes, según la Fiscalía, movieron un contenedor a la calzada de la calle Pelai y le prendieron fuego, quedando “totalmente calcinado”. Después, en la plaza Catalunya, la fiscal relata que los acusados lanzaron globos de pintura contra la tienda Movistar y contra los agentes de los Mossos d'Esquadra. Ya en Via Laietana, continúa la Fiscalía, los jóvenes “golpearon con martillos y otros objetos contundentes” los vidrios y el cajero automático de una oficina bancaria “causando el deterioro de los mismos”. También habrían lanzado huevos y pintura contra la fachada. Ninguno de los altercados dejó heridos.

Antes de arrancar el juicio, el abogado de algunos acusados, Eduardo Cáliz, ha denunciado el “seguimiento” de los Mossos a miembros del sindicato universitario independentista SEPC y “la orgía punitiva” de la Fiscalía contra, según ha opinado, “la sociedad organizada y el derecho a la protesta”. A las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona se han concentrado decenas de estudiantes en apoyo a los acusados así como los vicerrectores de varias universidades catalanas y representantes de Òmnium Cultural y la ANC. El juicio quedará visto para sentencia este viernes.

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la absolución de Tamara Carrasco, la CDR que fue detenida en abril de 2018 acusada de terrorismo, y ha insistido en que se la condene por un delito de incitación a los desórdenes públicos.

En su recurso el ministerio público no discute el relato de hechos probados de la sentencia absolutoria, pero considera que las acciones que esta atribuye a Tamara Carrasco encajan en el delito de distribución pública de mensajes o consignas que inciten a los desórdenes públicos, informa EFE.

Por ello el fiscal pide a la Audiencia de Barcelona que revoque la absolución de la CDR, acordada por el juzgado de lo penal 25 de Barcelona, y la condene por ese delito de incitación a los desórdenes, por el que la Fiscalía le pedía siete meses de prisión.

Tamara Carrasco fue detenida el 10 de abril de 2018 por la Guardia Civil en una causa abierta por los delitos de terrorismo, rebelión y sedición, pero la Audiencia Nacional remitió posteriormente el caso a los juzgados de Barcelona, al entender que los hechos que se le imputaban constituían desórdenes públicos.

Por orden judicial, Carrasco permaneció confinada sin poder salir del municipio de Viladecans (Barcelona) donde reside hasta mayo de 2019, cuando una jueza de instrucción de Barcelona resolvió levantarle esa medida cautelar.

En su sentencia del pasado 6 de octubre, la titular del juzgado de lo penal número 25 de Barcelona absolvió a Carrasco, al entender que en el mensaje de audio que difundió por WhatsApp a un grupo de amigos con el contenido de una asamblea de los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) no dio “ninguna consigna” para alentar a cometer desórdenes públicos.

En el juicio, celebrado el pasado 28 de septiembre, la Fiscalía pidió para Carrasco una pena de siete meses de prisión, al considerar que impartió “directrices” sobre los cortes de carreteras y otras acciones que los CDR llevaron a cabo durante la Semana Santa de 2018, mientras la acusada lo negó y se proclamó víctima de una “operación de Estado” y de un “escarnio”.

La juez sostiene en su sentencia que era “poco serio” que en una investigación por delitos “tan graves” como terrorismo, rebelión y sedición, la Guardia Civil no detallara cómo obtuvo el audio –en el que se basó toda la causa y la acusación contra la activista– que Carrasco difundió en un chat de WhatsApp con sus amigos.

Además, la sentencia subrayó que la Guardia Civil no acreditó que Carrasco, defendida por el abogado Benet Salellas, difundiera públicamente el mensaje ni que fuera distribuido por terceros, ya que el Instituto Armado se limitó a apuntar en su atestado que el audio había circulado ampliamente.

El primer juicio por las protestas contra la sentencia del procés que se sucedieron en Catalunya el pasado otoño ha terminado en absolución. La Audiencia de Girona ha absuelto a dos jóvenes, para los que la Fiscalía y la Generalitat pedían nueve y tres años y medio de cárcel respectivamente, al no poderlos considerar autores de los lanzamientos de piedras a una furgoneta policial.

Las pruebas de las acusaciones se basaban exclusivamente en el relato policial de los altercados. Sin embargo, los jueces concluyen que la identificación de los dos jóvenes por parte de los Mossos d'Esquadra presenta “una escasa calidad y una insuficiente capacidad probatoria”, por lo que procede exculpar a los acusados, defendidos por el letrado Benet Salellas.

Los tres mossos d'esquadra que observaron el lanzamiento de piedras a una furgoneta policial aseguraron haber identificado a los dos acusados, de origen marroquí, por su vestimenta –llevaban ropa negra con capucha– y sus “rasgos faciales”. Ambos acusados permanecieron en prisión provisional desde el 17 de octubre hasta el 2 de julio, cuando el tribunal, en la antesala de la sentencia absolutoria, ordenó su libertad.

Los jueces resuelven que el dato aportado por los mossos sobre la vestimenta de los acusados resulta “de escasa relevancia”, habida cuenta de que la mayoría de participantes en altercados viste “ropa de deporte oscura con capucha”.

Respecto a sus rasgos físicos, los jueces constatan las “contradicciones” de los agentes que supuestamente vieron a los dos acusados entre lo que declararon durante el juicio y en la fase de instrucciones. La primera minuta policial sobre los hechos, indica la sección 4a de la Audiencia de Girona, no realiza ninguna descripción sobre los autores del lanzamiento de piedras.

No fue hasta su declaración en fase de instrucción que los tres agentes afirmaron haber visto que dos jóvenes “de etnia marroquí” con vestimenta negra habían lanzado las piedras. “Es extraño que esta descripción no conste en el atestado policial”, advierte el tribunal.

La declaración durante el juicio de los agentes no hace más que incrementar las dudas de los jueces ya que solo uno de los tres agentes sostuvo haber visto la cara de los autores del lanzamiento de piedras. “La prueba relativa a los rasgos faciales de los autores de los lanzamientos de piedra se reduce a la declaración de un agente, lo que choca frontalmente con la ausencia de este dato en el atestado policial y resulta contraria con la monolítica versión aportada durante la instrucción”, abundan los togados.

Para los jueces hubiera sido “clarificador” contar con la grabación de las comunicaciones por radio de los Mossos de la noche de los hechos, ya que según los agentes describieron físicamente a los acusados, que fueron identificados y detenidos unas horas después por la calle. Sin embargo los Mossos no han proporcionado al tribunal las grabaciones por radio, por lo que los jueces indican que no pueden “corroborar” el relato de los agentes que testificaron.

De hecho, los jueces resaltan que la prueba practicada en el juicio va “en sentido contrario” a la corroboración de lo testificado por los agentes ya que apunta a que la identificación de los autores del lanzamiento de piedras se basó en la ropa que llevaban y no en sus rasgos faciales y étnicos.

“La cuestión es simple y relevante: si los agentes hubieran visto la cara de los autores y los hubieran identificado como de etnia magrebí, se hubieran difundido por radio estos datos, lo que no sucede en este caso”, zanja el tribunal.

No hubo un delito de desórdenes públicos. La Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto de todos los cargos a los autodenominados 'Once Solidarios del Reconquista' por la protesta laboral que realizaron en el famoso Hotel Reconquista de la capital ovetense en enero de 2018. La jueza María Elena González Álvarez, del juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, había condenado a diez de ellos a cuatro meses de cárcel por este delito. Además, uno de los manifestantes y el portavoz del grupo, el sindicalista Marco Antuña, había sido condenado también a multa por un delito leve de maltrato de obra, por una supuesta agresión que no causó lesión. 

La sentencia de la Audiencia provincial, cuyo ponente es el magistrado Francisco Javier Rodríguez Luengos y a la que ha tenido acceso eldiario.es, revoca el fallo de primera instancia y absuelve de todos los cargos a los acusados. Los jueces del tribunal analizaron la reivindicación de los manifestantes en el hotel de lujo y y rechazan que constituyera un delito de desórdenes públicos. 

Así fue la protesta

Los hechos se remontan al 11 de enero de 2018. Un grupo reducido de personas –entre las que se encuentran estudiantes, jubilados y sindicalistas– interrumpió la rueda de prensa de presentación de Fitur que se estaba celebrando en un salón del emblemático hotel ovetense.

Al grito de “Raquel somos todas”, los manifestantes entraron en la sala y desplegaron dos pancartas. Uno de ellos (Marco Antuña) tomó la palabra ante los asistentes para denunciar las prácticas laborales del Grupo Hotusa en el Hotel de la Reconquista en un discurso que duró solo unos minutos, como quedó reflejado en el vídeo de La Voz de Asturias de ese día.

Entre las prácticas laborales denunciadas por los manifestantes figuran la condena firme del Tribunal Supremo en 2017 por acoso laboral a una trabajadora y la del TSJ de Asturias que declaró nulo el despido de Raquel Agüeros, ex presidenta del comité de empresa de CCOO.

La protesta llegó a los tribunales con la denuncia de la entonces directora del hotel que, junto a otro trabajador delegado de UGT, pidió condenas de seis meses de cárcel para los acusados por un delito de desórdenes públicos y además denunciaron una agresión y amenazas contra la directora. Aunque la Fiscalía pidió en un primer momento multas de entre 2.200 y 2.500 euros para los imputados por varios delitos, entre ellos el desórdenes públicos, retiró todas las acusaciones el día del juicio tras escuchar a los manifestantes y valorar las pruebas.  

La entrada de los manifestantes al salón de actos era uno de los momentos clave en el procedimiento judicial, ya que la exdirectora del hotel aseguró que recibió un empujón por parte de Antuña y este fue condenado por un delito de maltrato de obra en primera instancia.

Descarta el delito de desórdenes públicos

La Audiencia Provincial analiza los hechos y recuerda que “la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan de un amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para que puedan desenvolverse sin angostura, esto es, sin temor”. 

Los magistrados exponen que el delito de desórdenes públicos castiga “a los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal”. 

La protesta de 'Los Once del Reconquista' no incurrió en este delito, concluyen los jueces. Aunque los manifestantes interrumpieron el acto, “accedieron al hotel y al salón, ocupándolo, pese a la oposición mostrada por la persona que en ese momento era la responsable del establecimiento”, su acción “tenía una finalidad sindical y reivindicativa, que duró apenas unos 5 minutos”, desalojaron voluntariamente las dependencias y que el acto se reanudó con la presencia de casi todos los asistentes. 

Así, los hechos “no tienen la trascendencia, la gravedad y la entidad suficientes para  considerarlos constitutivos del delito por el que se ha condenado” a los manifestantes, “aún los inconvenientes y molestias que hayan podido causar a alguno de los participantes en el acto”. La sentencia recoge que “debe primar el ejercicio” de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación “al no atisbarse que en ese ejercicio hayan incurrido en un evidente y claro exceso o abuso”. 

También absuelven a Marco Antuña del delito de maltrato de obra, ya que el empujón dado a la responsable de establecimiento que se considera probado en los hechos de la anterior sentencia, “fue dado cuando se interpuso en el camino de los manifestantes para que no accedieran al salón del hotel” y “falta en su acción el dolo de agredir o maltratar, de menoscabar su integridad”.

Marco Antuña celebra la sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo. El sindicalista del CSI valora la resolución de la Audiencia Provincial como un “varapalo a la criminalización de la protesta por parte de quienes pretender aplicar el código penal contra la lucha de los trabajadores rescatando conceptos casposos y franquistas como los desórdenes públicos”.

Antuña añade que están valorando presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la magistrada de primera instancia, “por lo que consideramos que constituye abuso de poder y la falta de respeto a nuestros derechos durante la vista del juicio”, así como denunciar a la fiscal de instrucción del caso ante la Fiscalía General “por su lamentable desempeño”. 

De terrorismo y rebelión a un delito de “distribución o difusión pública de consigna que incite a la comisión de un delito de desórdenes públicos”. Este ha sido el recorrido penal menguante de la causa contra la activista de los Comités de Defensa de la República Támara Carrasco, detenida el 10 de abril de 2018 en Viladecans (Barcelona). El Ministerio Público ha presentado este viernes su escrito de acusación contra Carrasco, para la que pide siete meses de prisión por enviar un audio por Whatsapp en el que llamaba a cortar carreteras y vías de tren.

Fue el mismo mensaje de audio el que provocó la detención y el registro de la casa de Carrasco por presuntos delitos de terrorismo o rebelión. El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo llegó a pedir prisión provisional para la activista, pero el juez instructor rechazó de plano los presuntos delitos de terrorismo y rebelión y limitó la causa a unos desórdenes públicos.

El descarte de los delitos más graves no impidió que pesara sobre Carrasco hasta mayo de 2019 la prohibición de salir de su pueblo, con la excepción de acudir a su puesto de trabajo. Y es que la Audiencia Nacional, antes de enviar la causa a los juzgados catalanes, argumentó que “la actividad de los CDR no había cesado” para mantener a Carrasco confinada en Viladecans, denegándole incluso un permiso para visitar a su madre cuando se rompió una pierna.

La Fiscalía finalmente ha formulado acusación contra Carrasco por el delito de incitación a cometer desórdenes públicos por el citado audio de whatsapp, si bien en su escrito el Ministerio Público no es capaz de situar a Carrasco en ninguno de los cortes de carreteras a los que habría llamado a asistir. De esta forma Carrasco no entraría en prisión aunque fuera condenada, ya que la pena solicitada es menor a dos años y carece de antecedentes.

En su escrito, la Fiscalía considera que el 25 de marzo de 2018, Carrasco ejercía “funciones de coordinación” en los CDR y que “impartió directrices para las acciones de reivindicación” independentista durante la Semana Santa de 2018. En este marco el fiscal asegura que Carrasco difundió a través de Whatsapp un mensaje de audio en el que anuncia que durante varios días se realizarán “cortes” así como “una especie de sabotajes” a la espera de una convocatoria de huelga general indefinida de los sindicatos independentistas para apoyar al expresident Carles Puigdemont, por entonces detenido en Alemania.

“De conformidad con las consignas lanzadas por la acusada”, concluye la Fiscalía, la noche del 26 de marzo y todo el día 27 de marzo hubo protestas en varias carreteras catalanas, y en algunas se llegaron a quemar neumáticos “previo uso de aceite”, tal y como Carrasco apuntaba en el audio.

El fiscal vincula el audio de Carrasco con siete cortes de carreteras –la A-2 en Soses (Lleida), la AP-7 en La Jonquera y Figueres y la N-11 en Llers (Girona), la N-340 entre Camarles y L'Ampolla y en Alcanar (Tarragona) y las avenidas Diagonal y Meridiana en Barcelona– así como la concentración que rodeó la estación barcelonesa de Sants. Sin embargo, la Fiscalía no sitúa a la acusada físicamente en ninguna de las protestas. Tan solo en un audio de Whatsapp.

Los altercados que sucedieron a la sentencia del procés han terminado, pero no las causas penales derivadas de las detenciones que los cuerpos policiales practicaron durante los disturbios. Las cuatro audiencias provinciales catalanas llevan semanas analizando las decisiones de los jueces de guardia que encarcelaron de forma preventiva a 30 de los arrestados o impusieron otras medidas cautelares a los detenidos que dejaron en libertad provisional.

Al margen de la prisión provisional, la medida cautelar más discutida por las defensas es la prohibición a acudir a manifestaciones que impusieron los jueces a la mayoría de los arrestados a los que dejaron en libertad provisional. Entienden los abogados y abogadas defensores que se trata de una medida contraria al derecho fundamental de reunión y manifestación.

En un auto, al que ha tenido acceso este diario, los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona dan la razón a una de las defensas y revocan la prohibición de acudir a manifestaciones que impuso la jueza de guardia a un joven investigado por desórdenes públicos y atentado a los agentes de la autoridad por los disturbios del pasado 18 de octubre.

Los magistrados de la Audiencia aducen que la jueza de instrucción decretó el veto a acudir a concentraciones y manifestaciones en base a un artículo del Código Penal pensado para imponer medidas de protección (como las prohibiciones de comunicación o acercamiento) para víctimas de delitos como el intento de homicidio o el maltrato (una de sus aplicaciones más frecuentes son las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista), pero en ningún caso por delitos de desórdenes públicos o el atentado a los agentes de la autoridad por los que está investigado el joven.

“Evidentemente los delitos contra el orden público no están incluidos en los delitos por los que se puedan adoptar medidas de protección a la víctima como medidas cautelares”, ha valorado Xavier Monge, que ejerce la defensa del investigado.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una persona por su presunta implicación en el lanzamiento de pirotecnia al helicóptero de la policía catalana y a otro por presuntos desórdenes públicos el lunes en el Aeropuerto de Barcelona.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles durante los disturbios en la zona de la conselleria de Interior de la Generalitat, en la que manifestantes lanzaron objetos a la línea policial que protegía la sede del departamento, en el que está el Centro de coordinación policial.

La detención se ha producido la mañana de este lunes, y que está vinculada al lanzamiento de pirotecnia --hubo hasta cinco lanzamientos--, y que en total se han detenido a 201 personas vinculadas con los incidentes de toda la semana en las protestas por la sentencia en Catalunya.