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Absueltos dos inquilinos de Barcelona y el portavoz de su sindicato acusados de protestar contra su propietaria

Los acusados, en el banquillo

Una jueza de Barcelona ha absuelto a dos inquilinos y al portavoz de su sindicato en la capital catalana, Jaime Palomera, por protestar contra su propietaria en un conflicto por la renovación de su contrato de alquiler y el mal estado en que la dueña mantenía la vivienda. La magistrada sentencia que la protesta no supone un delito de coacciones por el que la Fiscalía y los dueños del piso, la familia Mas-Beya Fradera, les pedían tres años de cárcel.

En su sentencia, la magistrada concluye que no se han disipado las "dudas" sobre las versiones enfrentadas de inquilinos y dueños sobre la protesta de seis horas en el centre de estética propiedad de la familia. Para los acusados (y los agentes de los Mossos d'Esquadra que acudieron al lugar) fue pacífica, pero la Fiscalía y la familia la veían violenta e intimidatoria. "Ante el estado de vacilación e incertidumbre que la duda provoca, resulta lógico, humano y prudente" absolver a los acusados, resuelve la jueza.

Más allá de constatar que la protesta duró menos de seis horas, que no causó daños ni hubo amenaza alguna, el juicio puso de manifiesto el deplorable estado en el que la familia Mas-Beya Fradera mantenía el piso que alquilaba a los dos acusados, hasta el punto que una de las propietarias reconoció que había una plaga de termitas. Los juzgados sin embargo fueron los inquilinos.

La magistrada destaca en su sentencia que los acusados llevaron a cabo dos concentraciones frente al local de estética propiedad de la familia en junio y julio de 2018 para "denunciar públicamente" la situación de los inquilinos, sin que formara parte de la "campaña de desprestigio, difamación y hostigamiento" contra los Mas-Beya Fradera pretendida por las acusaciones. Tres meses después, continúa la sentencia, un grupo de 30 personas, entre el que estaban los acusados, accedió al centro de estética y permaneció en el "de forma pacífica sin que se haya acreditado que se mantuvieran en el local con violencia e intimidación".

Las pruebas practicadas durante el juicio, en especial la declaración de los agentes, son para la jueza Silvia Pedrola "insuficientes" para acreditar que los acusados actuaran con la violencia o intimidación que requieren los delito de coacciones y de allanamiento de propiedad privada por los que estaban acusados.

El conflicto entre propiedad e inquilinos ya venía de antes: primero los Mas-Beya Fradera quisieron echar a la pareja alegando que un familiar tenía que ir a vivir al piso, algo que nunca ocurrió, pero finalmente los inquilinos lograron que la familia les renovara el contrato de alquiler gracias a su situación de vulnerabilidad. En medio, muchos problemas por el mal estado del edificio: termitas, tuberías que goteaban, inundaciones que le valieron a la familia una sanción de 180.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona por acoso inmobiliario y la insalubridad de las viviendas.

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