“Necesitamos un lugar donde dormir”: Palma activa el desalojo de más de 200 personas que malviven en su antigua cárcel

Silvino nació en Langreo, en el corazón minero de Asturias. Tenía 15 años cuando ayudaba a su padre a acarrear sacos de carbón y a repartirlos entre los vecinos antes de emigrar y dar inicio a una vida errante que, entre otros destinos, lo llevó a Finlandia, a Canarias y, finalmente, a Mallorca. Con el frío de la mañana todavía agarrado a la ropa, relata su historia mientras, a su alrededor, técnicos municipales y un amplio dispositivo de la Policía Local identifican a quienes, como él, malviven desde hace años en la antigua prisión de Palma: más de 200 personas entre residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. El Ayuntamiento ha reactivado el desalojo de todos ellos, pero Silvino, cocinero hoy jubilado, lo tiene claro: “No pienso quedarme en la calle”.

El próximo viernes, una vez completados los controles iniciados este miércoles, el Consistorio prevé notificarles la orden de expulsión, presentada como una actuación necesaria por razones de seguridad y salubridad. A lo largo de la mañana, sus nombres eran anotados en formularios e incorporados, uno a uno, en un procedimiento administrativo tan meticuloso como impersonal. Mientras tanto, a las afueras del inmueble, el primer teniente de alcalde de Palma, Javier Bonet (PP), aseguraba que lo que al gobierno municipal le preocupa es que “ninguna persona de las que viven aquí dentro puedan morir calcinadas”, en alusión a los cuatro incendios registrados en las instalaciones el pasado fin de semana y que, a su juicio, fueron “probablemente provocados”.

Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación -cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros- y resistirán, entre los escombros y los muros desconchados del viejo recinto carcelario hasta que se agote el plazo legal. Tras la notificación del desalojo, los ocupantes dispondrán de cinco días para presentar alegaciones. Después, se dictará una orden que les obligará a abandonar el lugar en un máximo de cuatro días. De no hacerlo, el Ayuntamiento solicitará autorización judicial para ejecutar el desahucio colectivo. Una vez desocupado el espacio, el Consistorio prevé limpiarlo, tapiarlo y, posteriormente, demolerlo para urbanizar el solar con la construcción de un acceso a la autovía de Palma y de un proyecto de viviendas.

“Quizás coja un carro y lo pasee por la calle”

Silvino cuenta que llegó a la vieja prisión después de que la propietaria de la habitación donde vivía le subiera el alquiler de 200 a 250 euros, una cifra imposible para alguien que entonces cobraba poco más de 400. “Cogí los trastos y me fui”, recuerda. Una mujer lo vio en la calle y le habló de este lugar. Sin agua, sin electricidad y entre muros derruidos que apenas protegen del frío del exterior, el hombre encontró un 'refugio'. Recrimina que, con una media pensión que apenas alcanza para sobrevivir, no sabe adónde irá: “Quizás coja un carro y pasee por la calle”.

A escasos metros, otro 'residente' de la antigua prisión, de origen italo-tunecino, explica que lleva tres años viviendo en el recinto. “Aquí los políticos hablan mucho, pero no hacen nada. Y la policía viene aquí a hablar, pero no pone una solución”, lamenta, mientras insiste en que nadie le ha explicado con claridad qué ocurrirá después. “Aquí no hay agua ni luz. Y me dicen que tengo que irme. ¿Qué puedo hacer yo? No cometo delitos, soy una persona trabajadora, voy al trabajo y vuelvo”, apunta, por su parte, Felipe, otra de las personas que se enfrentan a la incertidumbre de la salida forzosa con el temor de perder el único techo del que dispone.

En términos similares se pronuncia Antonio, mallorquín que lleva seis meses viviendo en la antigua cárcel y recrimina que el desalojo se está llevando a cabo “con nocturnidad y alevosía”. “No nos dan ninguna solución. Muchos somos trabajadores. ¿Qué van a conseguir con esto? Un censo. ¿Y si nos echan mañana? ¿Adónde nos vamos? Vosotros sabéis lo que cuesta alquilar un piso”, incide, dirigiéndose a los periodistas que a primera hora se han desplazado hasta el recinto. Un vistazo al portal inmobiliario Idealista permite comprobar cómo, en estos momentos, tan solo una decena de pisos se anuncian en Palma por menos de 1.000 euros al mes. Solo uno de ellos supera los 50 metros cuadrados: mide 55.

Otro de los afectados, cuyo testimonio ha recogido la agencia EFE, asegura ser “una persona trabajadora con un sueldo en B de 1.200 euros en la construcción” y que su jefe le exige 3.000 euros para contratarle, una práctica ilegal que ilustra la explotación y la indefensión a las que numerosos trabajadores se encuentran sometidos, atrapados entre la economía sumergida y un mercado inmobiliario que les cierra las puertas. “Necesito un lugar donde dormir”, sentencia.

Contactos con el Obispado y el Ejército

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que está intentando encontrar una solución con el Obispado de Mallorca -que recientemente ha recurrido a los tribunales para desalojar a una madre y sus dos hijos de uno de sus locales apelando a la “peligrosidad” del inmueble- y el Ejército con el objetivo de que nadie quede a la intemperie. “Es un problema de ciudad y un problema de país”, ha aseverado Bonet en referencia a la actual crisis habitacional, agravada en los últimos años por la especulación inmobiliaria, la irrupción masiva de fondos de inversión internacionales y la turistización, factores que han empujado a cientos de personas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma.

Lucía Muñoz, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, quien se encontraba presente junto a otros integrantes de la formación morada para tratar de aclarar a los afectados qué ocurrirá cuando el procedimiento administrativo agote sus plazos, se ha mostrado severamente crítica con la actuación municipal y con la “política criminal” del alcalde, Jaime Martínez, que supone “dejar en la calle a personas que ya viven en unas condiciones que nadie desearía”. Asimismo, lamenta la ausencia de un acompañamiento real por parte de los técnicos municipales: “Hay una mesa de servicios sociales que está ayudando a desahuciar a 200 personas, más de la mitad de ellos sin papeles, sin que se les esté explicando el proceso ni las alternativas disponibles”.

Muñoz ha propuesto al Consistorio reconvertir la antigua prisión en viviendas sociales así como en una residencia pública de estudiantes, y ha llamado al alcalde a abandonar la idea de construir una rotonda.

Las entidades sociales advierten, por su parte, de las consecuencias inmediatas del desalojo. Médicos del Mundo calcula que unas 250 personas residen en el recinto en situación de extrema vulnerabilidad -muchas de ellas con graves problemas de salud física y mental- y denuncia que no se han habilitado recursos suficientes para acogerlas. La organización alerta de que, si se ejecuta en las condiciones actuales, todas ellas “quedarán directamente abocadas, todavía más, a una realidad marcada por la inseguridad, la ruptura de sus procesos terapéuticos y sociales, el deterioro acelerado de su salud” así como a “una mayor exposición a situaciones de violencia, exclusión y estigmatización”.

Ante este escenario, Médicos del Mundo ha instado al Ayuntamiento a “asumir su responsabilidad institucional y a actuar con carácter urgente”, habilitando alternativas habitacionales dignas, suficientes y adecuadas antes de proceder al desalojo o, en su defecto, aplazándolo “hasta garantizar una solución definitiva que proteja los derechos fundamentales de las personas afectadas y evite la generación de una emergencia social que, a día de hoy, sigue siendo prevenible mediante voluntad política y planificación responsable”.

Quienes hoy sobreviven en el viejo penal -algunos desde hace unos meses, otros desde hace años- habitan las mismas paredes que durante décadas encerraron a los presos comunes que ocuparon el complejo desde su inauguración en 1968. Hasta entonces, la prisión provincial se encontraba en el convento de ses Caputxines. La cárcel cuya posesión el Ayuntamiento quiere recuperar permaneció en funcionamiento hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario de Palma y los estrechos pasillos, las celdas y los patios quedaron sumidos en el abandono, condenados a un deterioro lento que hoy sirve de refugio precario para quienes no tienen otro lugar donde vivir.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears, cuyos elevados precios se han convertido en un obstáculo para la población local frente a la elevada demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera, han llevado a la población más vulnerable a buscar alternativas como esta para poder sobrevivir. En Palma, una de las ciudades españolas con el mercado inmobiliario más tensionado, los datos ilustran la magnitud de la crisis habitacional, el incremento del sinhogarismo y las dificultades de acceso al mercado residencial: mientras los precios continúan disparándose -en enero el metro cuadrado alcanzó los 5.131 euros frente a los 2.650 euros de media estatal, según Idealista-, un total de 9.346 pisos permanecen vacíos, de acuerdo a los datos del mismo portal inmobiliario. Palma concentra, asimismo, la mayor parte de las viviendas de Balears en manos de grandes tenedores -aquellos que poseen más de diez inmuebles-, con 8.652 bajo su control, de las cuales 2.621 pertenecen a titulares con carteras superiores a cien propiedades, según refleja la investigación llevada a cabo el año pasado por elDiario.es con datos inéditos del Catastro.