La batalla del Obispado de Mallorca para echar de un local abandonado y “peligroso” a una mujer con dos hijos
El antiguo restaurante Miranda se alza en lo alto de na Burguesa, a más de 300 metros sobre el nivel del mar. Desde esta sierra, Palma se despliega como una maqueta luminosa: el perfil de la bahía, el vívido azul del Mediterráneo, los barrios que se deshilachan hasta perderse en el horizonte. Salvo por el zumbido ocasional de algún coche que alcanza el mirador, la cima permanece sumida en el silencio. El interior del local abandonado, sin embargo, es hoy metáfora de un mercado inmobiliario que aprieta y expulsa: dentro del recinto, ahora cercado por vallas metálicas, una madre y sus dos hijos menores encontraron hace meses refugio ante la crisis habitacional que atraviesa Mallorca y la creciente precarización. El Obispado de Mallorca, propietario del inmueble, ha recurrido a los tribunales para desalojar a la familia y recuperar el edificio alegando que el inmueble no reúne los requisitos básicos exigidos para ser utilizado como vivienda.
En concreto, el inmueble pertenece a la Parroquia de la Transfiguración del Señor de la barriada de Gènova y forma parte de un conjunto religioso protegido que incluye un santuario, una capilla y “la imagen venerada de la Mare de Déu”, lo que convierte el espacio en “un lugar de culto y de especial significado espiritual para la comunidad y para el vecindario”, tal como señaló la diócesis en un comunicado remitido la semana pasada a los medios de comunicación. La curia afirma haber ofrecido alternativas habitacionales en colaboración con los servicios sociales diocesanos, pero, a preguntas de este periódico, no concreta de cuáles se tratan.
ElDiario.es se ha desplazado hasta la zona para intentar hablar con la mujer, pero ha declinado hacer declaraciones remitiéndose a las que realizó a la televisión autonómica IB3. En el vídeo difundido por el ente público, la afectada explica que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que no dispone de alternativa habitacional estable. Según explica, el Obispado le ha ofrecido pagar entre 600 y 800 euros por el alquiler temporal de un espacio, un precio que asegura que no puede asumir con su nómina. La mujer asevera que su prioridad son sus hijos y que necesita una solución estable que garantice condiciones adecuadas para la familia.
Este medio se ha puesto en contacto con el Obispado para constatar el ofrecimiento de un inmueble a precio de mercado, pero elude ofrecer detalles al respecto y remite a la nota de prensa que difundió el pasado jueves después de que Diario de Mallorca informase de la intención de la diócesis de desalojar a la madre y sus dos hijos, so pretexto de que el local no reúne condiciones estructurales mínimas de habitabilidad: no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas y carece de “servicios esenciales que garanticen la salud y seguridad”. En el comunicado, el obispado reitera, con todo, su “compromiso permanente de ofrecer ayuda a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, poniendo a su disposición los recursos y medios que la diócesis tiene al servicio de quienes lo necesitan”.
Según declaraciones del Obispado al mismo periódico local, la diócesis ha trabajado junto a Cáritas en la búsqueda de una salida, si bien la familia habría rechazado “las soluciones que se le han ofrecido”. eDiario.es se ha puesto en contacto con la entidad social para contrastar esta información, pero deriva a la diócesis la confirmación de cualquier dato relativo a este asunto, y la diócesis no quiere aclararlo.
Desde el punto de vista jurídico, nada impide que el Obispado de Mallorca pueda cobrar por ceder el uso de uno de sus inmuebles. Como titular registral, la diócesis puede celebrar contratos de alquiler sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, especialmente cuando se trata de dependencias que no están destinadas directamente al culto. Sin embargo, el debate trasciende lo estrictamente legal en un contexto de crisis habitacional y especialmente tras la llamada del Obispo, Sebastià Taltavull, a ser más sensibles ante quienes no tienen casa o sufren el “drama” de la migración. Asimismo, el Papa Francisco instó en su momento a la Iglesia a que ponga espacios vacíos al servicio de personas con dificultades de acceso a la vivienda.
El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, hizo una llamada a ser más sensibles ante quienes no tienen casa; mientras que el papa Francisco instó en su momento a la Iglesia a que ponga espacios vacíos al servicio de personas con dificultades de acceso a la vivienda
Otros desalojos
En Madrid, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, una institución religiosa con una amplia cartera de pisos, intenta desde hace meses desahuciar a Mariano Ordaz, un vecino de 67 años que vive en su casa –perteneciente a la entidad eclesiástica– desde que nació. La orden ha intentado ejecutar el lanzamiento en hasta cuatro ocasiones, alegando que el inmueble requiere reformas, pese a que el afectado, con una pensión de 600 euros al mes, está dispuesto a seguir pagando la renta y numerosos vecinos se han movilizado para paralizarlo. Los sindicatos de inquilinas señalan que el edificio presenta graves problemas estructurales derivados del abandono por parte de la propiedad y acusan a la orden religiosa de intentar forzar la salida del inquilino para poder explotar o rentabilizar el inmueble a través de procesos inmobiliarios más lucrativos.
Mientras tanto, el pasado mes de noviembre, alrededor de 100 inquilinos se concentraron frente al Arzobispado de Madrid para protestar contra el traspaso de 14 edificios de su propiedad a un fondo inmobiliario. La operación, que afecta a alrededor de 200 familias inquilinas, generó una fuerte contestación vecinal y abrió una causa judicial que llegó a paralizar cautelarmente la transacción. La polémica situó en el centro del debate el papel social de la Iglesia como gran tenedora de vivienda en un contexto de mercado tensionado.
Otras órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, gestionan viviendas y locales que se alquilan mediante contratos civiles estándar. En muchos casos se trata de antiguas casas rectorales, pisos heredados o locales anexos a parroquias que han perdido su uso original y se han integrado en el circuito inmobiliario ordinario.
La vía penal: más allá de un desahucio
Se da la circunstancia, además, de que el Obispado de Mallorca ha optado por acudir a la jurisdicción penal para recuperar el inmueble de Na Burguesa, a pesar de que la legislación ofrece vías menos lesivas para recuperar un inmueble –mediante un desahucio por precario o a través del procedimiento verbal sumario de tutela de la posesión previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil–.
Este periódico preguntó a la Diócesis por los motivos de utilizar la vía punitiva y, en respuesta el pasado viernes, fuentes de la Curia aseguraron que, entre otros motivos, “la via penal es más rápida”. En este sentido, justifican que se trata de una cuestión “urgente” porque “el sitio no es habitable y, sobre todo, es peligroso” por la presencia de instalaciones eléctricas y de alta tensión ubicadas en las proximidades, “especialmente tratándose de menores”. La vía penal no se limita a dirimir un conflicto posesorio, sino que abriría las puertas a una eventual condena si el juzgado apreciase la existencia de un delito de usurpación, con las consecuencias que ello implicaría, además, en términos de antecedentes y responsabilidad.
Al respecto, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, cuestiona abiertamente la decisión del Obispado de emplear esta vía para desalojar a la familia. “La PAH recibió una carta del Papa Francisco hace aproximadamente un año en la que precisamente recomendaba a las iglesias, a los obispados, a los cardenales y a todo aquel que pudiera que cobijara en sus iglesias, monasterios y otros inmuebles a personas con dificultades de vivienda”, recuerda. A su juicio, la actuación de la institución eclesiástica “no cuadra con lo que predica”.
La PAH recibió una carta del Papa Francisco hace aproximadamente un año en la que precisamente recomendaba a las iglesias, a los obispados, a los cardenales y a todo aquel que pudiera que cobijara en sus iglesias, monasterios y otros inmuebles a personas con dificultades de vivienda. No cuadra con lo que está haciendo el Obispado
Pons subraya que, más allá de los detalles concretos del caso –que asegura no conocer de primera mano porque la familia no se ha puesto en contacto con la plataforma–, hay una línea roja clara: es necesario ofrecer una alternativa habitacional a una familia con niños. “Eso está clarísimo”, comenta. Lo resume apelando a los propios principios cristianos: “Uno de los mandamientos de la Iglesia Católica, precisamente, emplaza a ayudar al prójimo como a uno mismo. Eso lo dice todo. Es flagrante que la iglesia no ayude allí donde tendría que dar más ejemplo: la vivienda”. Para Pons, se trata de una escalada judicial innecesaria en un conflicto que debería abordarse desde la protección social y no desde el castigo.
Un enclave degradado y disputas patrimoniales
El edificio, que en su día funcionó como restaurante bajo el nombre de Miranda Na Burguesa, forma parte de un entorno natural frecuentado por excursionistas y vecinos de Gènova. La zona ha sido objeto de controversia por la acumulación de residuos y el deterioro del paraje. En 2024, el Obispado denunció a la empresa que explotaba el restaurante para dirimir quién debía encargarse de la limpieza, alegando carecer de medios suficientes más allá de batidas puntuales organizadas por la parroquia.
La pugna judicial por la titularidad y la gestión de bienes inmuebles no es nueva para la diócesis. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) avaló la decisión del Ajuntament de Calvià de denegar a una parroquia la licencia para reconstruir un restaurante y cambiar su uso a religioso en un enclave próximo al litoral. La Sala confirmó que el suelo no reunía la condición de solar exigida por la normativa urbanística y respaldó la valoración municipal sobre el impacto visual del proyecto en un entorno de elevada sensibilidad paisajística. La sentencia, consultada por elDiario.es, recordaba que las licencias son actos reglados: si no se cumplen estrictamente los requisitos legales, deben denegarse. La resolución evidenciaba así que las entidades eclesiásticas, cuando promueven actuaciones urbanísticas, quedan sometidas al mismo escrutinio técnico y normativo que cualquier otro titular privado.
El edificio, que en su día funcionó como restaurante bajo el nombre de Miranda Na Burguesa, forma parte de un entorno natural frecuentado por excursionistas y vecinos de Gènova
Más recientemente, en noviembre de 2024, la Audiencia Provincial de Palma se pronunció en un litigio en el que el Obispado defendía su posición como titular registral frente a quien ocupaba una finca vinculada a un oratorio. En su sentencia, el tribunal recordó el alcance del principio de legitimación registral: quien figura inscrito en el Registro de la Propiedad, en aquel caso la diócesis, goza de una presunción de titularidad que prevalece frente a la mera posesión material, salvo causas de oposición tasadas. El procedimiento del artículo 41 de la Ley Hipotecaria, explicaba la Audiencia, ofrece una tutela rápida al titular inscrito y limita los motivos de defensa del ocupante.
Ese mismo año, la Audiencia Provincial de Balears ratificó que el Monasterio de Santa Isabel, en el casco antiguo de Palma, pertenecía a la comunidad de religiosas jerónimas y no al Obispado, que lo había inmatriculado en 2014. El tribunal ordenó cancelar la inscripción registral practicada a favor de la diócesis, en un fallo que reavivó el debate sobre las inmatriculaciones en Mallorca y en el conjunto de España. En 2018, la Audiencia también dio la razón al Ajuntament de Artà frente a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor de ese municipio y declaró que las murallas y patios interiores del recinto amurallado de Sant Salvador eran de titularidad municipal, obligando a cancelar la inscripción eclesiástica en la parte que incluía bienes públicos.
El conflicto en na Burguesa se produce en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario balear. El encarecimiento sostenido de los alquileres y la presión turística han reducido la oferta residencial, especialmente en Palma y su área metropolitana. Los precios medios superan ampliamente la media estatal y el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago. Desde lo alto del mirador, la bahía transmite calma. Abajo, sin embargo, la crisis habitacional continúa tensionando derechos y propiedades. “Es algo durísimo”, sentencia la portavoz de PAH Mallorca.
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