El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— queda ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, dependerá del juicio de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Juan Carlos Peinado. Durante los más de dos años que dura la investigación, esos tres jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Este tribunal ha avalado una parte importante de las pesquisas de Peinado, pero también ha corregido algunos de sus excesos. Le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas —como el rescate de Air Europa— por basarse en meras conjeturas, o levantar la imputación de cuatro investigados –el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual Delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia– o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley (…) La resolución no justifica los motivos que llevan a registrar el domicilio (…) tampoco se justifica la necesidad de que el registro se practique a la media hora de la firma del auto, y todo ello considerando que se limitan los derechos del investigado, quien se encontraba ingresado en el Hospital 12 de octubre, tampoco se comprende una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la instrucción (…) Son producto de un juicio de inferencia absolutamente ilógico y arbitrario”, le advirtieron ya entonces los magistrados de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo rechazó con un portazo la exposición razonada donde Peinado pretendía la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver ahora están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular, o su última decisión de abrir juicio oral por el procedimiento del jurado e imponer medidas cautelares a Begoña Gómez —retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes—. La motivación del juez para justificar el riesgo de fuga —que los policías que la escoltan diariamente o sus jefes superiores pueden ayudar a huir a la mujer del presidente— desencadenó una denuncia del ministro del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Isabel Perelló, propuso a la comisión permanente abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. Ese órgano debatirá hoy la propuesta.

Las diligencias del caso Begoña Gómez arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en diversas informaciones de prensa sobre un supuesto tráfico de influencias, sin acreditar, más un bulo sobre una subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Begoña Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional desde que su marido fue elegido presidente del Gobierno. Desde sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde 2012, antes de que Sánchez fuera siquiera líder del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta vinculación con el rescate de Air Europa a través de una supuesta amistad con su entonces consejero delegado Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de la pareja del presidente.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos masters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El juez Peinado llegó a citar a Pedro Sánchez como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito “sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo”. Aunque Gómez estaba imputada por un delito de tráfico de influencias, que solo puede cometer porque su marido es presidente del Gobierno, el juez justificó su decisión en que quería interrogar a Sánchez sobre “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” y logró interrogarle en un despacho de Moncloa, aunque sin ningún resultado. El presidente se acogió a su derecho a no declarar y, pese a ello, el juez Peinado facilitó el vídeo de ese testimonio fallido a las partes. La Audiencia Provincial se lo afeó: “Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que solo contenía determinados formalismos”.

La tormentosa instrucción llegó a provocar incluso que las acusaciones populares de ultraderecha pidieran al juez que motivara mejor sus autos para evitar que prosperaran los recursos de la defensa de Gómez y el resto de imputados. Hazte Oír, Vox o Manos Limpias, presentes en la causa, recurrieron en reforma tras la imputación de la asistente de Begoña Gómez con una censura insólita al juez instructor, exigiéndole que aportara “mayor argumentación, todo ello con el propósito de evitar riesgo innecesario de futuras nulidades que pudieran poner en peligro la progresión de la causa”.

Peinado llegó a sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho, defensor de Gómez, por hacer declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado ha tomado la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

El Partido Popular y las acusaciones ultra que sustentan la causa contra el hermano de Pedro Sánchez han defendido este lunes sus conclusiones finales en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. En contraposición a las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que, en las últimas sesiones, han puesto en entredicho las deducciones incriminatorias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los letrados han ensalzado las “demoledoras” conclusiones del instituto armado, que apuntan a que la plaza adjudicada al músico estaba amañada. 

Así, los informes de las acusaciones populares han tratado de desacreditar los testimonios de los testigos que, a excepción de una contrincante del hermano del presidente del Gobierno en el concurso de selección, han apuntalado las tesis de las defensas. Especialmente duro ha sido el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, que ha buscado atacar su credibilidad. “Los testigos han aportado bastante poco. O son inducidos, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor, y premiados por su futura declaración en el seno de este plenario”, ha aseverado. 

“No podemos pretender que un informe realizado por la UCO tenga la misma validez que las declaraciones realizadas por personas con el carnet del PSOE que trabajan para la Diputación y que tienen una dependencia orgánica”, había dicho previamente la letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), que participó en el volcado de los correos electrónicos de los empleados de la Diputación de Badajoz, compareció la semana pasada ante el tribunal. Este mando policial aseguró que de la lectura de esos correos se infiere que la decisión de crear ese puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”.

En concreto, señaló al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera David Sánchez ocupara el puesto.

El letrado del PP, Alberto Durán, ha defendido que son esos correos los que “dicen la verdad de lo que aquí ha ocurrido”, dado que “nadie deja por escrito en un expediente administrativo su propósito delictivo”. Previamente, el abogado del partido minoritario Iustitia Europa, Luis María Pardo, había definido ese expediente administrativo como “el envoltorio de una voluntad omnímoda ya consumada”. “Se ha convertido la potestad reglamentaria y administrativa en una herramienta de vasallaje al servicio de intereses particulares y también de intereses políticos”, ha añadido este mismo abogado. 

“Lo que nos dice la UCO es que hay un impulsor que va más allá del área de Recursos Humanos, que también está implicada, que va más allá del área de Cultura, que es el área de Presidencia del señor Gallardo”, ha defendido Polonia Castellanos, la representante de Abogados Cristianos, que ha calificado las conclusiones del instituto armado de “demoledoras” y “aplastantes”. “La UCO hace una relación de acciones y responsabilidades de cada uno de los autores que ponemos en valor y que entendemos que es correcto”, ha añadido otro de los letrados, Alexis Aeneas, representante de Liberum, un colectivo antivacunas.  

Por su parte, la representante de Vox, Marta de Castro, ha sacado a colación la declaración del teniente coronel Balas, quien defendió que “el motivo del impulso y el núcleo de decisiones” está en la Diputación de Badajoz. Basándose en los atestados de la UCO, la letrada ha defendido que esa institución tenía la “capacidad política” y que desde ahí fue descendiendo por todos los órganos necesarios para conseguir la finalidad perseguida: “crear un puesto a medida del máximo beneficiado de David Sánchez, adaptarlo a sus preferencias profesionales y personales, incluyendo incluso una nueva contratación mediante un procedimiento similar”.

Además, al inicio de la sesión, el tribunal ha rechazado la petición de la defensa del hermano de Pedro Sánchez de volver a declarar después de que todas las acusaciones populares menos Manos Limpias duplicaran su petición de pena hasta los seis años. Las acusaciones argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.

Al considerar el tribunal que ese hecho estaba prescrito, Emilio Cortés, el abogado del principal investigado no le hizo preguntas al respecto. Este lunes, tras el cambio en la petición de pena, el letrado ha solicitado poder interrogar de nuevo a su cliente. Tras retirarse brevemente a deliberar, el tribunal ha rechazado su petición al considerar que no hay una modificación sustancial de los hechos que justifique una nueva declaración. 

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto jefe de una trama corrupta enriquecida gracias al tráfico de influencias. La principal operación bajo sospecha en la que supuestamente intervino la red delictiva es el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021 la concesión a la compañía de dos préstamos por 53 millones de euros a devolver en siete años. El PP denuncia por sospechosa la rapidez en la aprobación de ese rescate. En realidad se hizo ocho días más tarde del plazo máximo para resolver –seis meses– establecido en el decreto que regulaba estas ayudas extraordinarias. Calama interpreta algunos mensajes de directivos de Plus Ultra para situar a Zapatero como la principal vía de influencia que triunfó para que se aprobara el rescate. Esos mensajes se produjeron cuando la compañía se reunió con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para conocer detalles del Fondo creado para ayudar a empresas en pandemia.

El expediente completo de la tramitación del rescate de Plus Ultra, remitido por la SEPI al juzgado de instrucción número 15 de Madrid que investigó la operación tras una querella de Manos Limpias, detalla los múltiples controles internos y externos que superó la solicitud de ayuda de la compañía aérea sin hallar rastro de intervención política.

La solicitud pasó la revisión de la auditora financiera DAIWA CORPORATE ADVISORY, de la auditora jurídica DELOITTE, de la dirección general de Aviación Civil, de la Agencia de Seguridad Aérea y de la auditora Price Waterhouse (contratada por Plus Ultra para avalar el cumplimiento de todos los requisitos del rescate). La propuesta que finalmente hizo la SEPI, con la resolución estimatoria del Fondo de Ayuda, se basó “en las conclusiones de los informes” de las dos auditoras externas que analizaron la solicitud “sin incluir valoraciones de carácter discrecional”, según explica la Abogacía del Estado en un extenso informe remitido al juzgado. La instructora Esperanza Collazos investigó el rescate durante 19 meses y acabó archivando la querella presentada por Manos Limpias contra los principales directivos de la SEPI.

Sin el aval de esos dos informes, la ayuda no se habría aprobado. No consta ninguna intervención o presión política sobre esas dos empresas en la investigación abierta por el juez Calama en la Audiencia Nacional ni en los informes policiales que analizaron el caso. Los principales directivos de la SEPI encargados de gestionar el Fondo de Ayuda a empresas, Bartolomé Lora y José Ángel Partearroyo, han declarado en el Senado que no recibieron presiones de ningún ministro del Gobierno.

Plus Ultra es una sociedad anónima con domicilio en Alcobendas (Madrid) que inició sus operaciones en 2015 tras obtener el certificado de operador aéreo durante el mandato del PP. El año anterior a la crisis del coronavirus, la compañía transportó 176.396 pasajeros y 3.461 toneladas en sus cuatro rutas regulares (Madrid-Lima, Madrid-Caracas, Madrid-Quito-Guayaquil y Tenerife-Caracas) con una cuota de mercado del 11% en dichas rutas y una plantilla de 403 empleados (228 entre pilotos y personal de cabina). Ese año 2019 tuvo unos ingresos de 100 millones de euros y aprobó un presupuesto para 2020 con un resultado neto positivo por primera vez desde su fundación.

El Fondo de Ayuda que el Gobierno creó para ayudar a determinadas empresas con problemas de solvencia por la crisis del coronavirus establecía dos condiciones principales: la solvencia financiera antes de presentar la solicitud y que fueran “compañías estratégicas”.

El expediente remitido al juzgado acredita cómo se cumplieron ambos requisitos para aprobar el rescate de Plus Ultra. Pero las informaciones publicadas en algunos medios cuestionando la aprobación del préstamo a Plus Ultra obligaron al Gobierno a “extremar la prudencia”, según explicó la Abogacía del Estado, y se bloqueó el pago del 60% de los 53 millones. 

El 18 de marzo de 2021 se desembolsó únicamente el préstamo ordinario de 19 millones, “el más urgente para la cobertura de la tesorería de acuerdo con el Plan de Viabilidad, así como el de más fácil recuperación, si fuese preciso, por su menor importe y carácter no subordinado”. Sin embargo, el préstamo participativo de 34 millones quedó bloqueado. La compañía se quejó dado que tenía una “urgente necesidad de recibir la ayuda” para liquidar las deudas contraídas como consecuencia de su inactividad. Los 34 millones de euros se liberaron más de tres meses después, algo que comunicó la Abogacía del Estado a la juez que investigaba el rescate: “Deloitte ha remitido carta de 8 de junio de 2021 en la que, además de ratificar su informe emitido en el curso del expediente, manifiesta que, a su criterio no existe óbice legal para acometer el desembolso pendiente, sin perjuicio de que en caso de algún tipo de falsedad u ocultación por parte de la compañía quepa aplicar las causas de vencimiento anticipado que en el contrato se contempla”.

La juez Esperanza Collazos siguió investigando y 16 meses después archivó el procedimiento abierto tras la querella de Manos Limpias con la siguiente conclusión: “El delito de obtención de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieses impedido, previsto y penado en el artículo 308 del Código Penal, requiriéndose como elemento del tipo el que sea cometido de forma dolosa, no cabe la comisión imprudente, lo que lleva a considerar, a la vista de las periciales practicadas que por parte de la empresa no se ocultaron datos, con el ánimo de defraudar, y deduciéndose de la prueba del careo que la interpretación contable siembra una duda sobre ese ánimo defraudatorio que la parte querellante afirma existir. Una cosa son prácticas contables no ortodoxas y otra, la comisión de un tipo penal”.

La cronología del préstamo que ahora cuestiona la Audiencia Nacional en el caso Zapatero es como sigue:

Una de las primeras solicitudes para el rescate: 1 de septiembre de 2020. Plus Ultra fue una de las primeras empresas en solicitar apoyo financiero acogiéndose al plan de rescate aprobado por el Gobierno. La propuesta fechada el 1 de septiembre de 2020 incluía un Plan de Viabilidad (elaborado por la consultora PriceWaterhouseCoopers) e información financiera y jurídica, así como las correspondientes declaraciones responsables y certificados para justificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para acceder al apoyo temporal con cargo al Fondo.

Tres requerimientos de subsanación en octubre, noviembre y diciembre de 2020. La comunicación entre los responsables del Fondo y Plus Ultra fue muy intensa en los primeros cuatro meses de tramitación de la solicitud, como ocurría con el resto de propuestas de empresas en dificultades. Se remitieron a la compañía aérea tres requerimientos de subsanación, mejora, complemento y aclaración de la solicitud. Plus Ultra atendió a todos los requerimientos, según el informe de la Abogacía remitido al juzgado. El fondo reclamaba a la aerolínea “más información económico-financiera y jurídica, necesaria para hacer la revisión de la solicitud por parte de auditoras externas”.

Los fundamentos del “carácter estratégico de la compañía”

La Abogacía del Estado justificó así el carácter estratégico de la compañía en el informe remitido al juzgado:

La solvencia financiera de Plus Ultra

Los asesores externos financiero y jurídico concluyeron “inequívocamente” que la empresa no estaba “en situación de crisis”. “El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019 no resulta inferior a la mitad del capital social suscrito (incluyendo un préstamo participativo de 6.304.000 euros, que representa el 63% del capital suscrito). La potencial beneficiaria no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente y no ha recibido ayuda de salvamento ni ayuda de reestructuración (…) Los ratios de Deuda/Capital y de EBITDA/Intereses que presenta la potencial beneficiaria al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 (inferior a 7,5 y superior a 1,0, respectivamente) no superan los umbrales que determinan la calificación de ”empresa en crisis“, cumpliendo ampliamente con dichos ratios”.

Plus Ultra conoce con antelación la concesión del préstamo y lo aprueba en sus órganos sociales. “El Consejo Gestor, habiendo sido informado previamente en varias reuniones sobre la evolución del procedimiento administrativo de la solicitud, el 2 de marzo de 2021 adoptó resolución estimatoria de la solicitud condicionando la misma a la aprobación de los citados acuerdos por los órganos sociales de Plus Ultra y a la posterior autorización del Consejo de Ministros, de modo que tras la correspondiente aprobación por los órganos sociales de Plus Ultra en fecha 3 de marzo de 2021 se elevó la resolución a autorización del Consejo de Ministros”, que lo aprobó el 9 de marzo de 2021.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha inadmitido una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, por la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los presos de ETA Soledad Iparragirre, alias 'Anboto', y Garikoiz Aspiazu, 'Txeroki'. Este artículo permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. El tribunal vasco afirma que no existe ningún “elemento o principio de prueba que avale razonablemente” la denuncia.

En un auto que ya es firme, el TSJPV destaca que la denuncia interpuesta por esta asociación “viene a decir que las resoluciones por las que se ha adoptado el modelo de ejecución previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario”, de flexibilidad en el régimen carcelario, respecto a los dos presos han sido adoptadas “en fraude de ley”, al “no cumplirse los requisitos legales” previstos para ello y, por tanto, se habría cometido un delito de prevaricación, según recoge Europa Press.

El alto tribunal vasco señala que en la denuncia se hace constar que ninguna de las dos resoluciones “ha sido firmada y adoptada por la consejera”. “El título de imputación a nivel de autoría sería, según la denuncia, que la resolución no se concibe sin la anuencia, el beneplácito, incluso el mandato de la consejera”, destaca. Por ello, el TSJPV responde que el título de imputación que hace Manos Limpias en su denuncia es “una mera opinión o suposición del denunciante, sin ningún apoyo o corroboración objetiva de dichas manifestaciones y sin que exista ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, por lo que no cabe admitir a trámite la denuncia”, y decreta el archivo de las actuaciones.

El Ministerio Fiscal también informó a favor de inadmitir la denuncia al considerar que no “existen elementos de naturaleza penal que justifiquen” su admisión. Manos Limpias interpuso asimismo denuncia ante el TSJPV, por los mismos hechos, contra el director de Servicios Penitenciarios del Gobierno vasco, Pablo María Martínez Larburu, pero el Superior vasco recuerda no es competente para resolver sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio de la persona que ejerce ese cargo.

El sindicato Manos Limpias está en la génesis de la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. No en vano fue quien interpuso la primera querella que sirvió al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para abrir diligencias. Pero desde el inicio, y dado que no logró hacerse con la dirección letrada de las acusaciones populares tras la unificación de las mismas, la participación del sindicato dirigido por Miguel Bernad quedó desdibujada. Al menos hasta ahora.

En un nuevo escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal del sindicato pide al juez que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señala, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

Manos Limpias indica que “en plena sintonía con lo que han manifestado las defensas y el Ministerio Fiscal” no se está en condiciones de proseguir la instrucción frente a ella. Advierte de que se corre el riesgo de poner en peligro “el buen fin del proceso” porque su declaración como testigo podría ser “determinante para que exista prueba de cargo suficiente” contra Gómez y contra el tercero de los imputados, el empresario Juan Carlos Barrabés.

A esto suma que también discrepa con la calificación jurídica de los hechos que hace Hazte Oír como dirección letrada de las acusaciones populares. Entiende que solo puede prosperar la acusación por los delitos de malversación y tráfico de influencias, y si acaso por un delito de prevaricación. Pero advierte de que “ni remotamente” es posible inferir la comisión de los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional. Por ello, señala que más allá de que el juez Peinado comulgue con las tesis de Hazte Oír, debe darle a Manos Limpias la oportunidad de escindirse y conformar una nueva agrupación a la que se puedan sumar acusaciones que vean más ajustada su línea de actuación.

Este escrito del sindicato de Bernad llega después de que se celebrara el pasado Miércoles Santo una vista en la que el juez comunicó a las partes que de nuevo procedía a seguir la causa por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Ese mismo día trascendía que Manos Limpias no estaba de acuerdo con la imputación de Cristina Álvarez y consideraba prematuro llevar el asunto por la vía del jurado popular.

Vox ya advirtió en febrero de 2025

Cabe recordar que en febrero de 2025, cuando era Vox quien dirigía la acusación popular ya trasladó por escrito al juez Peinado su preocupación por las consecuencias que pudiera tener imputar a la asesora sin fundamentar la decisión. Hasta entonces habían sido las defensas de los acusados quienes habían tratado de poner límite, sin apenas éxito, en los excesos de la instrucción de Peinado, pero ese movimiento de Vox alertaba del carácter contraproducente de adoptar medidas sin respeto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Meses más tarde, en noviembre, Peinado llegó a expulsar de la causa al sindicato porque no había consignado en el juzgado el importe exigido para ser tenido como parte en el procedimiento. Esta decisión, que acabó revocando, se produjo después de que Carlos Perales, su abogado en la causa y redactor de la querella que dio pie a Peinado para abrir la investigación en 2024, renunciara a llevar a Manos Limpias al entender que existían fines políticos en la acción de esta acusación popular en el caso Begoña Gómez.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado los recursos de Manos Limpias, la Fiscalía y la Diputación de Valencia, presidida por el popular Vicente Mompó, y ha reabierto la causa contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, por la presunta falsificación de su título académico en la institución provincial. El auto cuestiona la prescripción del delito esgrimida por el juez de instrucción que dictó el pasado 8 de octubre el sobreseimiento libre de la causa y pone en duda que no se tomara declaración al denunciado.

Mientras que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València afirmaba que los hechos denunciados por el pseudosindicato habrían prescrito “cuanto menos hace 30 años”, la Audiencia de Valencia sostiene, tras repasar la jurisprudencia, que “cada vez que el funcionario pide a prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar”.

El auto se escuda en que, según la documentación aportada por la Diputación de Valencia, “el denunciado habría solicitado sendas prórrogas en el servicio activo en los últimos años, siendo los dos últimos los de 2023 y 2024”.

Sin la “necesaria claridad de hechos”

Por otro lado, considera que “debe esgrimir de forma expresa o por remisión, expresa o tácita, los títulos que le amparan”. “La exigencia es tan evidente que de formular la petición excusándose de la titulación, la respuesta habrá de ser negativa por no ser apto para el destino en función de los requisitos normativos exigidos al efecto”, agrega.

El auto de la sección tercera de la Audiencia de Valencia concluye que “no siendo descartable que la persona denunciada haya hecho valer su título falso en demostración del cumplimiento de su preparación, de su condición de apto para acceder a las prórrogas en el servicio activo, es manifiesto que no se dispone de la necesaria claridad de hechos para poder ceñir el cómputo de la prescripción al momento de su inicial presentación en la década de los ochenta”.

La resolución revoca el auto de sobreseimiento libre dictado por el juez y ordena el inicio de la instrucción de la causa.

La organización Manos Limpias, cuya denuncia fue la que motivó que el juez Peinado abriera en abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, rechazó este miércoles la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular. Manos Limpias se desmarcó así del resto de acusaciones populares durante la sesión en la que Peinado trasladó a las partes su decisión de volver a dirigir el caso a un jurado popular si finalmente llega a juicio. La Fiscalía y las defensas de los tres investigados en la causa han vuelto a pedir que archive el caso.

Posteriormente, la organización ultra ha emitido un comunicado en el que niegan haber “reculado” en su posición: “Decimos que es precipitado porque faltan diligencias por practicar”, sostienen sobre la competencia del tribunal del jurado.

Además, Manos Limpias ha pedido al juez que les permita actuar al margen del resto de acusaciones, no bajo la tutela de Hazte Oír, que ejerce la dirección letrada. Así lo ha hecho según un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que asegura que no encuentra “motivos siquiera indiciarios” del delito de intrusismo profesional, señala que el de apropiación indebida de marcas “no se encuentra tipificado como tal” y rechaza el de corrupción en los negocios: “En tanto nos encontramos en el marco de relaciones y organismos de derecho público, y dicho precepto tipifica hechos relativos a los negocios entre particulares”.

Pero sí que comparte “plenamente” que hay “indicios” en la causa de malversación y tráfico de influencias, si bien subraya que para la comisión de esos presuntos delitos “resulta imprescindible el concurso del delito de prevaricación —no investigado—, cuyo enjuiciamiento no puede ser atribuido al tribunal del jurado”. “Debe recordarse que si bien la competencia del tribunal del jurado radicaría en una imputación verosímil de los delitos de malversación y tráfico de influencias, en el estado de la causa no es menos verosímil la imputación del delito de prevaricación”, añadía.

Y apostillaba que sobre ese supuesto delito “no se han practicado suficientemente diligencias de instrucción”, avanzando que las “propondrá” y sosteniendo que, una vez practicadas, “impediría por conexidad la continuación del procedimiento por los cauces del jurado”.

Además, Manos Limpias se ha mostrado a favor de que Peinado archive de manera provisional la causa para la asesora de Gómez, “en la medida en que no resulta de la instrucción la existencia de elementos que conduzcan a su incriminación indiciaria” en malversación.

La organización apunta que, según la Audiencia Provincial de Madrid, el delito de malversación “solo podría plantearse frente a quien cobrando un salario público no prestase ninguna de las funciones para las ha sido nombrado”. “No pudiendo deducirse de su participación en las cuestiones relativas a la cátedra que Álvarez participase de modo más o menos directo en el plan concebido por Gómez, resultando más razonable asumir que obedeciendo órdenes de quien entiende su superior jerárquico —a efectos materiales, que no formales— se viera inmiscuida en las actividades privadas de Gómez, al margen de sus actividades públicas”, sostiene.

A su entender, “cuestión distinta es el comportamiento de Gómez, que hizo uso del medio público puesto a su disposición para sus negocios particulares, así como de la autoridad que la nombró y lo toleró”.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, al estimar recursos de las defensas contra esa decisión. Los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había “indicios racionales de criminalidad” que justificaran esa decisión.

Bolaños: “No lo ven claro ni los ultras que presentaron la querella”

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha tildado de “despropósito” la causa después de que Manos Limpias haya rechazado la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular y haya pedido el archivo de la causa para la asesora, Cristina Álvarez.

“Casi dos años después, no lo ve claro ni la organización ultra que presentó la querella que ha dado lugar a este despropósito”, ha afirmado el ministro en un mensaje publicado este miércoles a través de la red social 'X'. Y ha asegurado que la querella “debió de ser inadmitida el primer día” según “la doctrina pacífica del Tribunal Supremo”.

El titular de Justicia ha denunciado el “daño” que “se sigue causando” con esta investigación, que ya llevó a Sánchez y a su esposa a presentar una querella contra Peinado por prevaricación y que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el pseudosindicato Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala popular de Urbanismo, Rocío Gómez; la directora general María Pérez-Hickman, y otros empleados municipales.

Manos Limpias también denunció al jefe del servicio de Viviendas y Protección Oficial del consistorio; al notario José María Izaguirre, fedatario de las escrituras de adjudicación de los pisos y con dos hijos agraciados con viviendas, y a la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret. También denunció a cuatro directivos de la cooperativa impulsora de las viviendas.

El abogado José María Bueno Manzanares, que ejerce la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en la causa de la dana, figura en la denuncia de las viviendas de protección pública como “letrado director” de Manos Limpias.

Como ha venido informando elDiario.es, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. El escándalo también forzó la dimisión del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio y excoordinador de Ciudadanos, Miguel Ángel Sánchez.

La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal.

Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Alicante por los presuntos delitos de falsedad en documento público mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios por el escandalo de la viviendas protegidas del residencial 'Les Naus' de la capital alicantina contra la exconcejala Rocío Gómez, la directora de Contratación en el Ayuntamietno, dos arquitectos municipales, el jefe de servicio de Viviendas y Protección Oficial, un notario, y contra el administrador único, el presidente, la vicepresidenta y la secretaria de la cooperativa Fraorgi; unos por ser beneficiarios de viviendas, y otros por estar implicados en el proceso en el proceso de adjudicación.

Según argumentan, “no se hizo publicidad de esas viviendas con la justificación de que ya había listas de espera” y la Generalitat “amplió el límite de los ingresos totales de la unidad familiar para acceder a la vivienda”. Así mismo, detallan que las viviendas, “en varios casos y una vez escrituradas”, han sido puestas a la venta por el doble de su adquisición, con la intervención de una agencia inmobiliaria que “en un vídeo manifiesta que una aproximada de 175.000 euros debe darse en B”.

Además, Vox ha solicitado la convocatoria de una comisión de investigación en las Corts Valencianes sobre esta promoción de viviendas protegidas de la playa de San Juan de Alicante, “así como todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren”. Esta comisión, en el caso de constituirse, deberá elaborar un dictamen con las conclusiones en el plazo de doce meses como máximo.

Hay que recordar que Compromís ya registró el pasado lunes la petición de que se cree una comisión de investigación en el Parlamento autonómico y el PSPV también ha denunciado estas supuestas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción por la comisión de cinco presuntos delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración.

El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha rechazado la querella de Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por los disturbios acaecidos en la última etapa de La Vuelta, dentro de la protesta ciudadana contra la participación de un equipo israelí, en pleno genocidio en Palestina. La jueza Luisa María Prieto Ramírez razona que el delito que atribuye el pseudosindicato ultra a Martín, desórdenes públicos y desobediencia, no existe en su modalidad de “imprudente”.

Manos Limpias quería hacer responsable al delegado del Gobierno de las lesiones que habrían sufrido algunos agentes. Para haber cometido ese delito, tiene que explicar la juez al querellante, “es preciso el dolo sobre los hechos”, es decir, la voluntad del delegado de que los policías fueran heridos, así como la “falta de diligencia respecto del resultado”.

“En la denuncia se atribuye responsabilidad penal al Delegado del Gobierno, por los desórdenes causados con motivo de unas determinadas protestas ciudadanas durante el desarrollo de un evento deportivo, se hace responsable penal al mismo, de los actos realizados por otros, que provocaron, se dice, lesiones a los agentes durante el ejercicio de sus funciones, dirigidas a garantizar el desarrollo del evento. Se está en realidad, en presencia de una queja de un tercero, el denunciante, a las directrices del denunciado frente al desarrollo de un evento, que tiene su cauce al margen del derecho penal”, explica el auto.

El Tribunal Supremo inadmitió en noviebre otra denuncia similar de Manos Limpias contra Sánchez en la que acusaba al presidente del Gobierno de promover el odio contra el equipo ciclista israelí IPT. El Supremo rechazó de plano esta acusación contra Sánchez: “Lo que se denuncia es la paralización de la Vuelta Ciclista sin tomar las medidas oportunas para ello, lo que, evidentemente, este comportamiento no supone un delito de odio”

Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se convirtió esta semana en el tercer investigado en la causa que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta contra Begoña Gómez al que la instancia superior retira la imputación. Los tres magistrados de la Audiencia Provincial que revisan las decisiones de Peinado suscribieron un auto en el que afirman que no hay ni “el más mínimo indicio” contra el alto cargo del Ejecutivo. A pesar de ello, ha permanecido imputado durante medio año. 

El nombre de Francisco Martín se une a los de otros damnificados a los que el juez Peinado investigó de forma injustificada, según la instancia superior. Se trata del directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor a la esposa de Pedro Sánchez. Estuvo seis meses investigado. 

El tercero es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, al que llegó a mantener imputado durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa. Goyache se desvinculó de la creación de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Complutense y siempre negó haberle dado trato de favor. La Audiencia Provincial afirmó que la decisión del juez de investigarle carecía de “fundamento” y levantó su imputación ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios”. 

En el caso de Francisco Martín el juez acordó imputarlo el pasado mayo tras admitir una querella que Vox había presentado en diciembre de 2024. Esa querella se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asesora Cristina Álvarez envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, entidad aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Complutense en relación con un evento en el que iba a participar. Según la formación de extrema derecha, el envío de esos dos correos era suficiente para atribuir al actual delegado al Gobierno, a la asesora y a Begoña Gómez delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. 

Peinado admitió la querella solo contra Francisco Martín y únicamente por el delito de malversación, aunque meses después, en pleno agosto, cambió de criterio e implicó también por este delito a la esposa de Sánchez y la asistente. El juez argumentó que el delegado —que entre 2021 y 2023 fue secretario general de la Presidencia del Gobierno— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” en las que Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. 

La Audiencia Provincial le dice ahora al magistrado que la querella de la formación de Santiago Abascal no proporcionaba ni “el más mínimo indicio” de que Francisco Martín hubiera participado en el presunto delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por la asesora y tampoco de que tuviera una “supuesta función de control” sobre esas tareas, por lo que debió rechazarla de plano. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia. 

“Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quién debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada”, dicen los jueces de la instancia superior. Esta afirmación parece contradecir lo afirmado por estos mismos jueces en mayo, cuando sostuvieron que la asistente no podía ser investigada por un delito de malversación, pues ese delito solo puede cometerlo quien “destina, aprovecha o consiente” ese mal uso de los servicios públicos, pero no “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado”. La atribución a Begoña Gómez y su asistente de un delito de malversación también está recurrida por sus defensas a la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado al respecto. 

El revés del Supremo

La decisión de la Audiencia Provincial obligará al juez a mover ficha y levantar la imputación de Francisco Martín. Hasta ahora, Peinado no había dado este paso a pesar del revés que encajó el pasado julio, cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también en la ramificación del caso relativa a la asesora de Begoña Gómez. Bolaños era secretario general de Presidencia cuando la asesora fue contratada y Francisco Martín fue su predecesor. Los jueces del Supremo acusaron a Peinado de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al ministro, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado. 

El juez también mantuvo imputada durante 11 días a la actual secretaria general de Presidencia, Judith González, a la que atribuyó el mismo delito de malversación que a sus dos predecesores en el cargo. En su caso, el juez acordó sacarla de la causa justo después de interrogarla. La alto cargo dijo que el puesto de la asesora no depende de la estructura que ella dirige, sino del Gabinete. Un día después, el juez confirmó esa decisión en un auto con una somera explicación. “Resulta plenamente acreditado que la investigada no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos”, escribió.

Esta misma semana, la Fiscalía pidió al juez que levantara la imputación de Francisco Martín dado que su situación es “idéntica” a la de Judith González, que fue quien lo sustituyó en el cargo. “Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente...”, escribió el fiscal. El juez optó por preguntar a las partes antes de tomar una decisión que ahora estará obligado a adoptar tras la resolución de la instancia superior.  

“Todos los actos”

La decisión de la Audiencia Provincial sobre el delegado del Gobierno es el último hito de una causa que Peinado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia. 

La causa ha ido expandiéndose después de que la querella inicial acusara a Begoña Gómez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario durante la pandemia por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la aerolínea; y de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet adjudicatario de contratos públicos. 

Las sospechas sobre Air Europa fueron refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios pese a la insistencia del juez en seguir investigando un asunto que el PP ha convertido en una de sus principales armas políticas. El juez siguió alimentando titulares de prensa durante meses hasta que la instancia superior le prohibió expresamente continuar con esa línea de investigación.

Tras el revés con Air Europa, Peinado también perdió el control sobre la segunda pata de la querella inicial, la relativa a la supuesta influencia en los contratos de Barrabés, porque la Fiscalía Europea asumió esa parte de las pesquisas. Peinado optó entonces por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en otros contratos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. La Audiencia Provincial avaló esa parte de la investigación, aunque también reprendió a Peinado por registrar la casa y la oficina del empresario mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces le advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio” y anularon ese registro. En su momento, el juez también intentó interrogarlo durante ese ingreso.

De ahí, el magistrado pasó a buscar irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Investigó primero si su contratación en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias, lo que motivó la citada imputación del rector. Esa línea ha derivado en una macroinvestigación en la que se indaga, por un lado, si incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la universidad y, por otro, si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en la Complutense y por los que cobraba 15.000 euros anuales. 

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del IE, donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial también le obligó a archivar la causa para Juan José Güemes. 

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado readmitir a Manos Limpias como acusación en la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, toda vez que el sindicato ha “consignado el importe requerido” para ejercer dicha acción popular. El juez apartó hace dos días al pseudosindicato por no haber abonado el importe exigido para ser parte en la causa que nació a raíz de su propia denuncia en 2024, basada en informaciones de prensa y un bulo, al que luego se sumaron querellas de Hazte Oír y Vox.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid avisa a Manos Limpias de que “condiciona su personación a que presente escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento” en favor de la procuradora. De igual forma, el instructor comunica al sindicato liderado por Miguel Bernad que quedará agrupado en las acusaciones populares unificadas bajo la dirección letrada de HazteOír.

Manos Limpias acusó a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés. La causa, con las distintas querellas agregadas, se fue ampliando hasta lo que es ahora, un procedimiento que se dirige contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Al margen de la decisión de Peinado de apartar —y ahora readmitir— a Manos Limpias, el abogado Carlos Perales Rey renunció vía burofax a representar al sindicato en la causa alegando que el “encargo jurídico” inicial “de naturaleza estrictamente técnica” ha ido “transformándose” en un asunto “cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”. Ya se ha nombrado a un nuevo abogado para el caso.

El pseudosindicato Manos Limpias se queda sin representación en el caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El abogado Carlos Perales Rey, que venía defendiendo los intereses de la organización ultra en este procedimiento, ha presentado su renuncia en un escrito en el que denuncia que “la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública”. Así consta en un burofax que el letrado envió al pseudosindicato el pasado 25 de septiembre y que acompaña a su escrito de renuncia, fechado este 24 de noviembre. 

En el escrito remitido al juzgado, el letrado aporta un justificante de Correos que acredita que el burofax no fue recogido por Manos Limpias e insiste en su petición de que “se tenga por formulada la renuncia conjunta a la representación procesal y defensa letrada”, así como su “desvinculación del mismo”.

El abogado Carlos Perales afirma en el burofax que lo que se inició como “un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica” ha ido transformándose “en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”. Así, explica que en el transcurso de los acontecimientos se ha podido observar cómo las “decisiones estratégicas” ya “no se inspiran en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”.

“La abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública. El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático. Mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal, supondría para este despacho quebrantar el mandato profesional asumido y diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso”, prosigue el burofax. 

El pseudosindicato que dirige Miguel Bernad desde mediados de la década de los noventa presentó en abril de 2024 una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno basada en ocho noticias publicadas en diversos medios de comunicación, una de ellas un bulo difundido por The Objective sobre una subvención inexistente a Begoña Gómez.

El juez Peinado dirige desde entonces una macrocausa que ha puesto bajo sospecha toda su actividad profesional desde que su esposo es presidente del Gobierno, esparcidas por una causa judicial que ya roza los 20 tomos de sumario y que avanza entre correctivos y empujones de la Audiencia Provincial de Madrid. 

La organización que dirige Bernad cuenta con un largo historial en el último lustro de denuncias a políticos y organizaciones progresistas. Constan causas archivadas por el Supremo contra Podemos por su financiación, contra Irene Montero y Alberto Garzón por declaraciones públicas o más recientemente contra el propio Pedro Sánchez por negociar la amnistía con Junts. El Supremo anuló la condena de cuatro años de cárcel que pesaba sobre el líder del pseudosindicato por las extorsiones que, según la Fiscalía, perpetró contra bancos y empresas de la mano de Ausbanc, cargos de los que fue finalmente absuelto. De forma reciente, Manos Limpias ha ejercido la acusación popular en la causa contra el recién dimitido fiscal general del Estado.

El Tribunal Supremo ha rechazado de plano una querella con la que el pseudo sindicato ultra Manos Limpias pedía la imputación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por enviar un buque de la Armada a escoltar a la flotilla de barcos que partió de España en septiembre para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los jueces recuerdan a Manos Limpias –que estos días ejerce la acusación en el juicio contra el fiscal general en el mismo tribunal– que la decisión de Defensa de enviar el patrullero fue “un acto de naturaleza política que desarrolla el gobierno en ejercicio de su política” que, en ningún caso, puede ser calificado de prevaricador o malversador.

La flotilla Global Sumud, una iniciativa con casi 40 navíos que tuvo un primer intento fallido de echarse a la mar por el mal tiempo, partió de Barcelona con rumbo a la Franja en octubre para llevar ayuda humanitaria a los gazatíes víctimas de los ataques de Israel y visibilizar el genocidio. Tras un mes de travesía por el Mediterráneo, las autoridades de Tel Aviv interceptaron los barcos y varios activistas fueron detenidos y maltratados antes de regresar a España.

Pedro Sánchez anunció a finales de septiembre que el buque P-46 'Furor', botado en 2017, con 93 metros de eslora y estacionado en Cartagena, para escoltar y proteger a la flotilla. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, acudió al Supremo pocos días después de que el buque zarpara para denunciar que Margarita Robles había cometido dos delitos con este movimiento: prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Los jueces de la Sala de lo Penal explican a Manos Limpias lo que ya han respondido a otras de sus denuncias y querellas: que no pueden criminalizar una decisión política. Enviar al Furor a proteger a la flotilla al Mediterráneo, dice el Supremo, es “un acto de naturaleza política que desarrolla el gobierno en ejercicio de su política, constitucionalmente atribuida”. Una acción que “puede ser debatida discutida, compartida, o no, pero no puede ser calificada de arbitraria”.

“Se trata de un acto de gobierno en virtud del cual destina un instrumento de defensa a asegurar el desplazamiento de unos barcos que se dirigían a una zona de conflicto”, recuerdan los jueces. Es, por tanto, una “acción de gobierno” que “puede ser debatida antes órganos de la representación popular, e incluso, en otros ámbitos en el que puedan realizarse control al ejercicio del poder”, pero no ante la jurisdicción penal.

Esta no es la primera querella con la que Manos Limpias, dirigido por el ultraderechista Miguel Bernad, busca la imputación de miembros del Gobierno atribuyendo delitos al ejecutivo por acciones de naturaleza política. Los jueces del Supremo han acusado a esta organización de intentar abrir causas contra Sánchez y su entorno usando “recortes de prensa”, de intentar abrir una “macrocausa general” contra el Gobierno y acceder así a “información sensible” o, directamente, “criminalizar el sistema político” con querellas “insólitas y descabelladas”.

Estos días el autodenominado sindicato ejerce la acusación popular en el mismo Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado. Un proceso en el que solicita cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz y en el que está representado por el letrado Víctor Soriano, a su vez asesor en el Senado de Eva Ortiz, secretaria primera de la Mesa por el Partido Popular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València ha inadmitido la recusación planteada por Manos Limpias contra el magistrado a raíz del sobreseimiento libre del excomisionado del Gobierno de la dana, José María Ángel. Se trata de Jorge Martínez Ribera, marido de la jueza instructora de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, quien expulsó a Manos Limpias del procedimiento que investiga a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias. A Martínez Ribera le cayó el procedimiento por reparto y el pasado 8 de octubre archivó la causa. En su auto de sobreseimiento libre, el juez reprochó al pseudosindicato que denunciara “de forma errónea” a José María Ángel. Manos Limpias formuló una recusación contra el magistrado. Sin embargo, el juez ha inadmitido la petición “por la simple razón de que no es parte en el procedimiento”, según indica un auto dictado el pasado 31 de octubre.

“Ni ha presentado querella ni tampoco, en el caso de que fuera admitida, se ha aportado la oportuna fianza”, afirma. Manos Limpias, por tanto, no figura en la causa.

“En definitiva”, explica la resolución, “ni ostentan legitimación la entidad denunciante dado que no se ha constituido como acusación popular hasta el momento ni puede ejercitar dicha función dado que está sobreseída libremente la denuncia, ni concurre ninguna de las causas de la LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial] de recusación dado que ni las denuncias o querellas contra este Juez no consta que se hayan admitido, ni existe elemento alguno que justifique una alegada enemistad manifiesta, ni se aporta un principio de prueba, constituyendo en definitiva un fraude procesal destinado a sortear el Juez ordinario predeterminado por la Ley, lo que ha de rechazarse de plano”.

Por otro lado, el instructor también ha inadmitido el recurso de reforma del fiscal contra el auto de sobreseimiento libre (en la práctica, una absolución). El Ministerio Público sostenía que en el procedimiento se investigaba “otros hechos y otras personas”.

Sin embargo, alega el juez, “en las diligencias preprocesales de investigación remitidas por la Fiscalía Provincial [de Valencia], que derivarían del expediente administrativo, no se incluye lo anteriormente expuesto”.

Y es que, apostilla el auto, la denuncia de Manos Limpias “se formuló exclusivamente” contra el excomisionado de la dana, “por lo que la inclusión de otras personas como responsables habría de fundarse en una conexidad que no aparece reflejada en las diligencias preprocesales remitidas a este órgano por el Ministerio Público”.

El magistrado reitera que el presunto delito de falsedad documental derivado de la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía está prescrito.

“No se trata de un delito continuado”, señala, y la documentación proveniente de la Diputación Provincial de Valencia remitida al juzgado por la Fiscalía, de la que se desprende que el denunciado no precisaba del título presuntamente falsificado para acceder a la Diputación, “confirma la procedencia del sobreseimiento libre de las actuaciones”.

El auto cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y recoge que el hecho de que los efectos del delito permanezcan en el tiempo “no quiere decir que deje de ser un delito instantáneo, y por tanto ha de computarse como día inicial de la prescripción la fecha en el que el delito quedó consumado”.

“La permanencia dilatada del título, operando en el tráfico jurídico, no puede transmutar la esencia de un delito de consumación instantánea en un delito permanente, ni tampoco en un delito continuado de falsedad, dado que el documento falsificado es solo uno”, abunda el instructor.

Asimismo, aunque la Fiscalía alude en su recurso al hecho de que se están investigando otros hechos y otras personas, en las diligencias preprocesales de investigación remitidas al juzgado por la acusación pública “no se incluye lo anteriormente expuesto”, matiza el juez.

La investigación del Ministerio Fiscal y las diligencias que se hayan encomendado por ésta a la Policía Judicial “no aparecen acordadas en el decreto remitido por la Fiscalía”, indica.

Es por ello, según el magistrado, que esas diligencias “han de recaer en consecuencia sobre otros extremos distintos al objeto de la denuncia, no sobre los que se ha acordado el sobreseimiento libre de las actuaciones: la falsedad el documento referido; o deberán versar sobre otros hechos y personas desligadas de lo resuelto en el auto por el que se archivaba la denuncia por prescripción”.

El instructor también analiza las alegaciones formuladas por la Diputación Provincial de Valencia en su solicitud de personación en este procedimiento y concluye que no consta ni se acredita que la carencia de titulación por parte del denunciado “redundara en perjuicio patrimonial para la Administración”.

“El denunciado realizó su trabajo como funcionario de la Diputación, por lo que habría de recibir la oportuna remuneración”, puntualiza el juez, que matiza a continuación: “Cuestión distinta es que no hubiera trabajado, o que la carencia de titulación que se alega hubiera producido un perjuicio patrimonial”.

“A lo anterior ha de sumarse que el delito de estafa precisa de un dolo inicial y, si para el acceso al concreto puesto de trabajo de la Administración, no precisaba de la titulación exigida, difícilmente se produciría dicho elemento esencial del delito de estafa”, según se establece en el auto, que puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha tumbado la querella de Manos Limpias contra la jueza instructora del procedimiento de la dana y ha archivado la causa. El auto reprocha al pseudosindicato que no aporte elementos objetivos para “justificar una investigación” a la jueza Nuria Ruiz Tobarra. La querella estaba compuesta por meros recortes de prensa, recuerda la resolución: “Se trata de artículos de opinión, que serán muy respetables, pero desde luego no podrán superponerse a los resultados obtenidos de la investigación, ni por sí mismo desacreditar a la instructora, ni mucho menos afirmar que ante esas opiniones en particular deba entenderse que ha incurrido en algún tipo de delito”.

Sobre la querella, el auto indica que “no basta la mera imputación personal, sin datos o circunstancias que la corroboren, requiriéndose la existencia de indicios fundados de responsabilidad”.

Por otro lado, Manos Limpias también amplió la querella con nuevos recortes de prensa, de medios vinculados a las derechas, que aludían al supuesto papel del marido de la jueza, también magistrado, en la instrucción de la causa de la dana. “Lo que realmente no encontramos censurable, dado que si como se dice son marido y mujer y ambos trabajan en el mismo edificio, no encontramos motivo para que con frecuencia pase a recogerla o la visite, o que compartan sus periodos de descanso”, afirma la resolución.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV, presidida por el magistrado Manuel Baeza, considera que el pseudosindicato, no aporta ninguna prueba sobre una supuesta “participación más activa” del marido, el juez Jorge Martínez Ribera.

“En cualquier caso”, concluye el auto, “las eventuales irregularidades que hayan podido producirse en algún acto procesal (las que ni siquiera nos constan) habrían de hacerse valer —en su caso— en el propio proceso y por los mecanismos legales al efecto; siendo que, por lo demás y aparte de ello, aquellas no pueden exceder del correspondiente ámbito administrativo; esto es, no tienen la relevancia penal que se les pretende atribuir en la querella, sin que puedan integrar ninguno de los tipos penales referidos en la misma”.

 La querella de Manos Limpias simplemente pone “en evidencia su discrepancia sobre la orientación que se le ha dado a la investigación”. El pseudosindicato fue expulsado como acusación popular de la causa de la dana por la incompatibilidad con el ejercicio de la defensa de uno de los investigados por parte del letrado José María Bueno Manzanares, quien se había definido en una entrevista en La Razón como “jefe de los servicios jurídicos” de la organización liderada por Miguel Bernad.

La actuación “contradictoria” de Manos Limpias

Manos Limpias recurrió en un principio el auto de expulsión de la causa. Sin embargo, luego desistió en su recurso. “En el presente caso”, recuerda el TSJ-CV, “el querellante inicialmente actuó de una manera correcta interponiendo un recurso de apelación contra dichas resoluciones, lo que hubiera permitido que un tribunal situado en un plano superior hubiera revisado jurídicamente esa resolución”.

Sin embargo, “posteriormente la parte desistió de ese recurso, de tal forma que dichas resoluciones adquirieron firmeza. Por lo que realmente resulta contradictoria la actuación del querellante que después de haber consentido de forma voluntaria ser excluido del proceso, ahora en cierta medida yendo contra sus propios actos, no pretenda que se rectifique esa resolución, sino que se someta a un juicio penal a la Magistrada querellada”. 

En todo caso, el auto del alto tribunal autonómico recuerda que Bueno Manzanares “es precisamente quien ha llegado a afirmar ser el jefe de su asesoría jurídica, lo que naturalmente desnaturalizaría su papel como acusador”.

La resolución incluso desliza que el letrado “pudiera llegar a incurrir en un delito” previsto en el artículo 467.1 del Código Penal (de deslealtad profesional de los abogados), “dado que en principio podrían existir intereses contrapuestos entre quien ejerce una acusación y uno de los investigados”.

La oposición del Ministerio Público

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana se opuso a la estimación de la querella,  “al no concurrir en su actuación ninguno de los elementos integradores del delito de prevaricación judicial”.

El pseudosindicato que dirige Miguel Bernad denunció el pasado 24 de junio a la jueza. Sin embargo, el alto tribunal autonómico inadmitió la denuncia al requerir la ley una querella para enjuiciar a jueces y magistrados. Posteriormente, Manos Limpias se querelló por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones. El escrito de la querella, tal como informó este diario, incluía recortes de prensa desmentidos por la Fiscalía.

La causa penal que Juan Carlos Peinado dirige desde hace año y medio contra Begoña Gómez va camino de convertirse en un juicio ante un tribunal popular por hasta cinco delitos distintos. Querellas y denuncias de la extrema derecha que arrancaron hace ya más de dos años y que pusieron bajo sospecha toda su actividad profesional desde que su esposo es presidente del Gobierno, esparcidas por una causa judicial que ya roza los 20 tomos de sumario y que avanza entre correctivos y empujones de la Audiencia Provincial de Madrid. El pseudo sindicato ultra Manos Limpias abrió la senda que sigue a trompicones Peinado, pero las primeras querellas, que pasaron inadvertidas y no llegaron a nada, aterrizaron un año antes en los juzgados de Madrid.

La esposa del presidente del Gobierno llevaba más de un lustro colaborando con la Universidad Complutense de Madrid cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura de 2018. Las primeras informaciones en medios como OkDiario sobre sus títulos, su cátedra extraordinaria o su máster llegaron durante la pandemia y se fueron acercando a los tribunales en los primeros meses de 2023, cuando un abogado pidió a la Complutense que justificara por qué contaba con Begoña Gómez como colaboradora.

La Universidad Complutense, que acaba de personarse como acusación contra ella, contestó a este abogado en los primeros meses de ese año con una defensa cerrada del fichaje de Gómez. Fue puesta al frente de la cátedra de Transformación Social Competitiva por “su formación en el impacto social y la transformación social competitiva y por su acreditada experiencia profesional”. Los motivos, explicaba entonces el centro, “se basan en la trayectoria de Begoña Gómez, que coincide plenamente con el tema de la cátedra” después de haber empezado su colaboración en 2012.

La respuesta de la Universidad terminó en los juzgados en distintas querellas firmadas por este abogado en representación de varias personas distintas, pero siempre con el mismo objetivo: que Begoña Gómez y el rector Joaquín Goyache fueran imputados. Dos de las querellas fueron interpuestas a lo largo de 2023 y no se tradujeron en la apertura de una causa, por no aportar la documentación necesaria o por no pagar la fianza necesaria. Una se presentó en nombre del canal ultra Distrito TV y otra de Pilar Baselga, conocida conspiranoica denunciada por difundir bulos como el del 'Bar España' o que Begoña Gómez es una mujer transexual.

Baselga volvió a la carga en febrero de 2024, representada por el mismo abogado y con el mismo material: las sospechas de enchufe y trato de favor a Begoña Gómez en la Complutense. Esa querella fue firmada el 23 de febrero de 2024, calificaba de “grotesco” que hubieran creado la cátedra y entendía que la razón por la que se había puesto en marcha era por ser “la esposa del Presidente del Gobierno”. Una querella que murió cuando Baselga desistió del proceso por no pagar la fianza, pero son los mismos argumentos con los que Peinado, meses después, abrió su propia línea de investigación.

Para cuando Manos Limpias llevó a Begoña Gómez al juzgado en abril de 2024 con una denuncia plagada de recortes de prensa y un bulo, por tanto, ya había más denuncias y querellas contra ella, algunas con un año de antigüedad. Y la Fiscalía de Madrid ya se había interesado por ellas: un mes antes, la fiscal provincial Pilar Rodríguez había pedido a su equipo de prensa información sobre la querella de Baselga, remitiendo un enlace de El Distrito anunciando su interposición. El medio que, con el mismo abogado, se había querellado también contra Begoña Gómez por lo mismo un año antes.

Esa conversación de la fiscal provincial con su equipo se plasmó en un post-it en su agenda, junto con otra anotación: “Restaurante Manuel Becerra”. Porque varios periodistas habían pedido información sobre la causa judicial que investigaba la tragedia del restaurante Burro Canaglia un año antes, cuando un incendio causó dos muertos. La Guardia Civil decidió que esta nota debía ser incorporada a la causa del Tribunal Supremo, aunque no guardaba relación, y ha servido para que la derecha difunda el bulo de que la fiscal Pilar Rodríguez y Begoña Gómez se reunieron en un restaurante para trazar una estrategia de defensa ante la inminente apertura de casos judiciales contra ella.

La supuesta reunión por la que el PP pide explicaciones nunca existió, el restaurante en cuestión llevaba un año calcinado, y la documentación a la que ha tenido acceso este periódico prueba que la Fiscalía sí estaba reuniendo información sobre estas primeras querellas ultras contra Begoña Gómez. El 13 de marzo de ese año, el día en que está colocado el post-it en la agenda, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, explicó por escrito a la Fiscalía General en una dación de cuentas qué había pasado con todas esas querellas “con idéntico contenido” contra la esposa del presidente y su trabajo en la Complutense. HazteOir, la organización ultracatólica que ejerce la acusación popular contra Begoña Gómez y el fiscal general, ha sido la primera en intentar judicializar este bulo.

De las querellas fracasadas a la causa de Peinado

Los primeros movimientos contra Begoña Gómez llegaron en 2023 con una estrategia conjunta de un abogado que pidió información a la Complutense y, después, convirtió esa información en querellas a través de un medio ultra y una tertuliana conspiranoica, pero ninguna cristalizó en una causa judicial. Hubo que esperar a que Juan Carlos Peinado abriera diligencias a petición de Manos Limpias, diera entrada a todos los partidos y organizaciones ultras que lo pidieron y llegara al mismo punto: investigar la vida laboral de Begoña Gómez.

La causa –su versión inicial– arrancó cuando la organización ultra de Miguel Bernad presentó una macedonia de informaciones de prensa con las que acusaba a Begoña Gómez de favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas millonarias con cartas de recomendación, de intervenir en el rescate a Air Europa, y finalmente una noticia de The Objective que exponía ambiguamente que existía una subvención a nombre de Begoña Gómez: una hostelera cántabra con el mismo nombre que la esposa del presidente.

La lupa de Peinado no se puso sobre la Universidad Complutense y la década de trabajo que Gómez había desarrollado allí hasta semanas después, cuando la asociación ultracatólica HazteOir presentó su propia querella pero esta vez apuntando a su cátedra y su máster. El rector Goyache fue finalmente imputado y, con el paso de los meses y las nuevas querellas de la extrema derecha, Begoña Gómez pasó a estar triplemente investigada por su relación con la Complutense: por supuestamente conseguir la cátedra usando su matrimonio con Pedro Sánchez, por apropiarse de un software y, finalmente, porque su asistente en Moncloa envió correos a sus interlocutores en la Universidad.

La Audiencia Provincial ha ido limando estas imputaciones mientras Peinado ha adaptado sus diligencias hasta dejar a Begoña Gómez al borde de juicio. Los magistrados supervisores del proceso levantaron la imputación del rector ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. El último movimiento de Peinado, después de haberse pronunciado en dirección opuesta hace menos de un año, es dar entrada como acusación a la Universidad Complutense de Madrid. La misma institución que hace dos años, a respuestas del abogado cuyas querellas abrieron la veda, defendió a capa y espada las colaboraciones de Begoña Gómez.

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana se ha opuesto a la querella que presentó Manos Limpias contra la jueza de la dana por los supuestos delitos de prevaricación y coacciones. El Ministerio Fiscal pide que se inadmita o, subsidiariamente, que se desestime “al no concurrir en su actuación ninguno de los elementos integradores del delito de prevaricación judicial”.

Así, el Ministerio Público descarta que la actuación de la jueza encaje en un supuesto delito de coacciones, al considerar que la magistrada instructora dictó “en el ejercicio de su función” los autos por los que se expulsó a Manos Limpias del procedimiento (por incompatibilidad con la defensa de Emilio Argüeso, que ejerce un letrado que se definió como “jefe de los servicios jurídicos” del pseudosindicato). Frente a las resoluciones, la organización que lidera Miguel Bernad “pudo rebatir lo decidido mediante el sistema de recursos que articula la norma procesal penal”.

El escrito de la Fiscalía cuestiona que el rechazo a las pretensiones del pseudosindicato “pueda equivaler, aun en su interpretación más vasta, a la violencia” que contempla en el Código Penal el delito de coacciones. Además, “como la magistrada resolvió en el ejercicio de su cometido”, ahonda el Ministerio Fiscal, por lo que tampoco concurre el requisito de obrar “sin estar legítimamente autorizado” que contempla el artículo 172 del Código Penal.

Sobre el delito de prevaricación por el que se querelló el pseudosindicato, la Fiscalía considera que “en este procedimiento no procede (...) valorar con plenitud si lo resuelto es o no ajustado a Derecho, pues ese cometido habría correspondido al tribunal encargado de resolver los recursos de apelación de los que la querellante ha desistido”, afirma en referencia a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, encargada de resolver los numerosos recursos en el marco de la causa de la dana.

Manos Limpias recurrió en apelación en un primer momento la decisión de la jueza, pero desistió finalmente de su recurso y optó por querellarse contra la jueza. El Ministerio Público concluye que la resolución de la jueza “haya o no errado en la valoración de los hechos concurrentes y en la aplicación de la ley, no constituye una decisión que quede totalmente al margen de lo jurídicamente admisible y solo obedezca a la arbitraria decisión de la proveyente [la magistrada]”.

Manos Limpias también se querelló en relación con un auto en el que la magistrada solicitó a las acusaciones que se pronunciaran sobre si apreciaban indicios de delito en los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso. Una resolución llamativa que respondía al hecho de que varias de las acusaciones populares defendían directamente las tesis de ambos imputados.

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana reconoce que el “requerimiento que efectúa la instructora a las acusaciones personadas podría parecer extravagante, dado el momento procesal en que se efectúa”. Sin embargo, que se haya instado a las acusaciones personadas a pronunciarse sobre si aprecian indicios de criminalidad respecto de los dos investigados “no es una decisión que, en sí misma considerada, alcance el grado de contradicción con el Derecho que justifique su catalogación como injusta”.

Una querella con recortes de prensa desmentidos

Manos Limpias presentó una denuncia contra la jueza el pasado 24 de junio. El líder del pseudosindicato aprovechó una visita a València para cuestionar la cifra oficial de fallecidos, un bulo que se había inventado, según reconoció él mismo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) inadmitió la denuncia al exigir la Ley Orgánica del Poder Judicial una querella para causas contra jueces y magistrados en el ejercicio de su cargo.

Posteriormente, el pseudosindicato interpuso por fin una querella, que al supuesto delito de prevaricaciones sumaba el de coacciones. Ambos descartados por la Fiscalía. Además, Manos Limpias usaba recortes de prensa desmentidos oficialmente por el propio Ministerio Fiscal.

Rapapolvo al pseudosindicato Manos Limpias. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València ha acordado el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución) de la denuncia contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel. La resolución reprocha a Manos Limpias, representado por el letrado castellonense Miguel Bernat Cortés, que denunciara un presunto delito de falsedad fechado por el pseudosindicato en 1983. “No se trata de un delito continuado, como de forma errónea se expresa en la denuncia formulada”, afirma el magistrado.

El pseudosindicato ultra denunció a José María Ángel por una presunta falsificación de un supuesto título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía. Sin embargo, el auto considera “indudable” que los supuestos hechos, en caso de ser ciertos, habrían prescrito desde hace, al menos, tres décadas. El juez ni siquiera entra a valorar el fondo del asunto.

La denuncia fallida del sindicato nace a raíz de la investigación 'exprés' de la Agencia Valenciana Antifraude, que incumplió su propia ley al denunciar al entonces comisionado de la dana sin haberle dado ni siquiera audiencia. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas unas diligencias a consecuencia del informe de Antifraude.

Sin embargo, Manos Limpias presentó por su cuenta y riesgo una denuncia que recayó, por reparto, en el Juzgado de Instrucción número 4 de València, cuyo titular es el magistrado Jorge Martínez Ribera. Se trata del marido de la jueza instructora de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, contra quien el pseudosindicato liderado por Miguel Bernad se ha querellado por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones, tras ser expulsado como acusación popular de la causa que se instruye en Catarroja por los 229 fallecimientos del pasado 29 de octubre.

Manos Limpias arremetió contra la jueza de la dana con meros recortes de prensa, alguno incluso desmentido por la Fiscalía, a pesar del aval unánime de la Audiencia Provincial de Valencia a las principales decisiones que ha acordado la magistrada. Bernad, secretario general del pseudosindicato, se permitió cuestionar la cifra de fallecidos en una esperpéntica comparecencia del pasado 24 de junio, con ocasión de la presentación pública de las acciones contra la jueza, en la que reconoció que se había inventado el infundio de que el Gobierno ocultaba muertos de la tragedia.

A pesar de la ofensiva liderada por Manos Limpias, el juez Jorge Martínez Ribera tumba la denuncia en términos estrictamente jurídicos, en un auto breve con numerosas referencias a la naturaleza del delito de falsedad.

Sin “efectos ulteriores” del título

La resolución, citando abundante jurisprudencia, argumenta que los supuestos hechos denunciados por Manos Limpias estarían, en todo caso, “notoriamente prescritos”.

El pseudosindicato sostenía que el título supuestamente falsificado en 1983 habría tenido una “serie de efectos ulteriores” vinculados a la trayectoria profesional de José María Ángel como funcionario de la Diputación de Valencia, una tesis que no modifica “el hecho de que se trata de un delito que se consuma de forma instantánea con efectos permanentes”.

“Los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años, por lo que ha de acordarse el sobreseimiento libre de las actuaciones por prescripción del delito”, afirma la resolución.

El auto no es firme. Sin embargo, para recurrirlo, Manos Limpias se tendría que personar en la causa como acusación popular, al ostentar únicamente la condición de denunciante. “La interposición de recurso de reforma por el denunciante exigirá en consecuencia el cumplimiento de los requisitos propios de la acción popular”, indica la resolución.

La “simple y llana formulación de denuncia”, recuerda el juez, “no supone que el denunciante se constituya como parte en el proceso”.