Begoña Gómez no acude al juzgado y su defensa pide a Peinado el archivo de la malversación: “Ni nombró, ni paga a la asesora”

La defensa de Begoña Gómez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron en la tarde de este sábado al juez Juan Carlos Peinado que archive la causa por malversación que sigue contra la mujer del presidente del Gobierno, su asistente y el actual delegado del Gobierno en Madrid. Así se pronunciaron las tres partes durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación del procedimiento por la Ley del Tribunal del Jurado. La acusación popular, que engloba a varias organizaciones ultras y dirige HazteOir, solicitó que declare como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informan fuentes presentes en la comparecencia.

Durante su intervención, el abogado de Begoña Gómez defendió que no se puede acusar por malversación a su clienta porque, en el caso de que hubiera delito, algo que negó, ella no nombró a la asistente ni se encarga del pago, extremos estos necesarios para mantener la imputación contra ella. “Ni hay nombramiento ni hay pago”, dijo Camacho, según informan fuentes jurídicas. Peinado sostiene que la asesora envió correos de parte de Begoña Gómez sobre cuestiones privadas. En concreto, relacionadas con la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense y por la que la mujer del presidente no cobraba, y que eso sería un delito de malversación.

Camacho defendió que Gómez no es funcionaria pública, requisito indispensable para cometer malversación. “La jurisprudencia ha señalado que el concepto de funcionario público es funcional, no es una condición que la persona que es funcionario público lleva consigo las 24 horas”, dijo Camacho. Esta fue la exposición al respecto de la defensa: “Podemos discutir que en la Universidad Complutense y como directora de la cátedra extraordinaria, pudiera tener esa condición, pero como mujer del presidente del Gobierno no era funcionaria. Y si no era funcionaria nunca podría cometer el delito de malversación”. 

El letrado Camacho rebatió los argumentos expresados someramente por el juez en el auto por el que ordenó la transformación del procedimiento por la Ley del Jurado y en el que mostró la puerta para que un tribunal compuesto por ciudadanos juzgue a Gómez. El magistrado alegaba que Gómez no quiso contestar a sus preguntas cuando la citó en septiembre. La esposa del presidente contestó a su abogado todas las preguntas que explicaban su supuesta participación en los hechos. Este sábado, Camacho defendió: “Difícilmente un derecho constitucionalmente protegido [el de negarse a declarar al juez], cuando además hubo contestación a todas las cuestiones que se plantean en este procedimiento, puede ser considerado como un indicio de la comisión de un delito”.

De otro lado, Peinado utilizó un auto de la instancia superior, la Audiencia Provincial, para defender que sigue adelante con la acusación por malversación. Camacho empezó diciendo que le cuesta entender cómo un auto puede ser utilizado como “un indicio” contra su clienta. Y, a continuación, insistió en que el auto de la Audiencia Provincial, lejos de apuntalar los indicios contra ella, expone argumentos que se le pueden aplicar para dejar de estar investigada.

Para comenzar, dijo, la asesora no puede ser acusada de malversación porque, según la misma Audiencia Provincial, “el subordinado” no comete ese delito. “Y además, ese auto mencionado señala que un delito de malversación solo cabría plantear en el caso de que se cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las cuales está contratada”, continuó Camacho, en referencia a Cristina Álvarez. “La señora Álvarez tenía una disposición 24 horas, siete días a la semana”, remató el letrado de la defensa de Gómez.

“Planteamientos ridículos”

De Francisco Martín, el abogado de Gómez defendió: “Ni participó en el nombramiento ni controla ese puesto porque no depende del secretario general y además no le pagaba a ninguna retribución”. “En estas condiciones, el planteamiento de una imputación a Martín es lo mismo de ridículo que los anteriores, pero con una intensidad especial”, añadió.

El tercer indicio aportado por Peinado en su auto fue la aportación de nuevos correos —en este caso del ex vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio— que demostrarían que la asesora le escribía de parte de la mujer del presidente. Camacho denunció “indefensión” porque el juez ni siquiera ha dejado a las partes consultar el contenido antes de citarlas. Y también reprochó a la acusación popular que no haya solicitado la suspensión por este motivo. En cualquier caso, explicó, el hecho de que no se conozca su contenido invalida ya de por sí el argumento de estos supuestos nuevos indicios.

Camacho llegó a contar una anécdota para rebatir que escribir unas líneas de parte de su jefa para un asunto privado de esta roza “el absurdo”. El letrado dijo que un amigo suyo, juez, le ha comentado que según el razonamiento de Peinado, él mismo cometería malversación cada vez que uno de los agentes de su juzgado baja a comprar tabaco y el juez le pide que le compre un paquete.

El fiscal, durante su intervención, trasladó que había podido leer esos correos antes de la comparecencia. El fiscal dijo que se trata de 121 correos, pero que la mayoría tienen que ver con lo que Begoña Gómez ya explicó al juez en su comparecencia. Esto es, cuestiones que le competían a la asistente, que coordinaba la agenda de Gómez, también para actos no relacionados con la Moncloa, por cuestiones de seguridad. Entre sus tareas está hacer de nexo con los policías asignados a la mujer del presidente.

Los ultras quieren oír a Sánchez y Bolaños

La acusación popular solicitó igualmente que declaren como testigos, además de Sánchez, el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la actual secretaria general de Presidencia, Judith González. Bolaños era secretario general de Presidencia en el momento de la contratación de Cristina Álvarez en 2018 y el Tribunal Supremo rechazó la imputación contra él que pretendía Peinado. También solicitó que ex vicerrector Doadrio declare de nuevo como testigo. Respecto a Sánchez, consideran “imprescindible” su comparecencia para esclarecer el grado de “supervisión, consentimiento o tolerancia” respecto a las actividades de la asesora.

Entre las diligencias solicitadas por la acusación popular está también un careo entre la asesora y el exvicesecretario general de Presidencia Alfredo González, quien realizó su propuesta de nombramiento. Reclaman asimismo que se investigue su patrimonio desde 2018, que aporte sus declaraciones de la renta, así como el detalle de sus retribuciones durante 2025. También hacen un “requerimiento exhaustivo” de “todos” los correos electrónicos “cruzados” entre Begoña Gómez y su asistente desde su diferentes cuentas, tanto personales como profesionales.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no acudió al juzgado. La citación fue atendida por su abogado, posibilidad que acoge la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, asistido por la Abogacía del Estado, tampoco se presentó. Idéntica decisión adoptó la asistente, que es representada por un abogado particular.

La Ley del Tribunal del Jurado especifica que, para este trámite, los imputados deben ser citados y estar “necesariamente asistidos de letrado de su elección o, caso de no designarlo, de letrado de oficio”. Sin embargo, no impone su presencia de forma expresa como sí lo hace para otras fases del procedimiento, como la celebración del juicio.

La circular 4/1995 de la Fiscalía General del Estado, en aclaración de la Ley del Tribunal del Jurado, establece que “la presencia del imputado no es indispensable”, dado que ya conoce que se le está investigando. Añade, además, que en la comparecencia no se practican diligencias de instrucción y, por tanto, tampoco su declaración. Tan solo se concretan los términos de la imputación y siempre ante la presencia de su letrado. Según esta circular, la inasistencia del imputado no debe derivar siquiera en la suspensión de la comparecencia, lo que aleja otros escenarios como la declaración en rebeldía en caso de ausencia.

El servicio de seguridad de Moncloa, con una comisaria de la Policía Nacional al frente, había solicitado la entrada de Begoña Gómez por el garaje alegando motivos de seguridad. Como en ocasiones anteriores, la decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, accedió a la medida. Incluso policías nacionales destinados en Moncloa han acudido al juzgado y se han retirado minutos después de las 18:00 horas.

La Policía volvió a situar en la tarde de este sábado a los manifestantes en la acera de enfrente de los juzgados. Desde casi una hora antes de la citación a Gómez y los otros dos investigados, medio centenar de personas respondieron a la convocatoria de HazteOir, la organización ultracatólica que dirige la acusación popular y que dirige las protestas en el exterior cuando la esposa del presidente acude a los juzgados. A la hora en la que estaba fijada la vista, a las 18:00 horas, los manifestantes ya eran un centenar. La manifestación se disolvió antes de las 19:30 cuando la comparecencia todavía no había acabado.

Durante las apenas dos horas que duró la protesta, los concentrados gritaron las consignas habituales contra Sánchez y el PSOE, como “¿Dónde está Cerdán? En Soto del Real. ¿Quién será el siguiente? La mujer del presidente”. O “Pedro, Pedro, Pedro, tu mujer es una corrupta y tú también”. Mientras, el camión pagado por HazteOir daba vueltas a Plaza de Castilla con la música de 'El Padrino' y una foto de Begoña Gómez. “Hoy, la Cosa Nostra está acusada”.

El Tribunal del Jurado

La decisión de citar a Begoña Gómez de nuevo en el juzgado para “concretar” la imputación del delito de malversación que podría derivar en un juicio ante un jurado popular es el último hito de una causa que el magistrado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia. 

Desde entonces, la causa ha ido expandiéndose a otras derivadas como la posible malversación en relación con las labores de la asesora de la Moncloa que se encarga de gestionar la agenda y la seguridad de la mujer del presidente del Gobierno. Esta es la vía que ha explorado el juez para elevar la causa al Palacio de la Moncloa y donde trató sin éxito de implicar a Bolaños en una maniobra que frenó el Tribunal Supremo. Los jueces del Alto Tribunal lo acusaron incluso de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al titular de Justicia, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial. 

Tras el revés del Supremo, Peinado optó por enmendarse a sí mismo y acordó en pleno agosto investigar por ese delito tanto a Begoña Gómez como a la asesora tres meses después de rechazarlo de forma expresa. En su última resolución de este martes, Peinado reconocía que en un primer momento consideró que “no procedía” investigar a Begoña Gómez y a su asistente por ese delito. Pero no explicó su cambio de criterio y se limitó a decir que los procesos judiciales están sometidos a un proceso de “cristalización progresiva”. 

Peinado había admitido en mayo, tres meses antes, que no había base para atribuir a Begoña Gómez delito alguno por el trabajo de la asesora porque no había indicios de que participara en su nombramiento y porque se había limitado a “hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales”. Respecto a la asesora, el juez escribió que “no se alcanza a percibir en qué medida” pudo malversar dinero público “por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada”.

Diligencias pendientes

El viernes, Peinado dictó un nuevo auto en el que daba traslado al presidente de la Audiencia Provincial la transformación del procedimiento en el Tribunal del Jurado. En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, admitían que restan por practicar varias diligencias importantes, pese a lo que el magistrado ha dictado ya la transformación del procedimiento.

Estas diligencias pendientes son un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los citados correos aportados por el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, la aportación por la Moncloa de los mensajes de lo que Peinado llama “correo institucional” de la mujer del presidente; y otras comunicaciones que debería aportar la Presidencia del Gobierno con el Instituto de Empresa.