El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en su recurso contra la compañía Cepsa, propietaria de la antigua Refinería, a la que ha obligado a pagar 406.500 euros por el servicio de recogida de basura durante el año 2014.

En primera instancia un juzgado estimó el recurso de Cepsa, que actualmente se denomina Moeve, y consideró que no estaba obligada a pagar la tasa dado que en ese ejercicio los alrededores de las instalaciones carecían de contenedores de basura, por lo que el servicio lo tenía que prestar la propia empresa.

El fallo se basaba en actas notariales en las que se acreditaba que el servicio nunca se prestó de forma “real y efectiva”, pero el Ayuntamiento mantuvo que las actas se correspondían a ejercicios posteriores y a momentos puntuales.

La corporación local sostuvo que en las cercanías de este recinto desde 2007 sí existían contenedores e incluso uno estaba situado en el interior de la refinería, que eran utilizados cada día tal y como confirman informes técnicos de 2023 y actas notariales emitidas desde 2018 a 2023.

Los documentos de Cepsa iban en sentido contrario y demostrarían que se vio obligada a asumir este servicio, que el Ayuntamiento incumplió su compromiso de 2013 de instalar 6 recipientes y que los informes municipales se refieren al periodo 2019 a 2021, por lo que no serían considerados “relevantes”.

El TSJC sentencia que lo decisivo en esta cuestión es determinar que el servicio estaba establecido en la zona de influencia de las instalaciones, al margen de que la industria se aprovechara o no del mismo, y cree errónea la conclusión que va en sentido contrario de la sentencia inicial.

Inicialmente se dio la razón a las actas notariales aportadas por Cepsa, en las que se indica que ningún contenedor se encuentra en el perímetro de la Refinería pero sí en la puerta donde se realizaba el vertido.

Sin embargo, el Ayuntamiento presentó un documento en el que se refleja que a la entidad le fue revocada la autorización de autotraslado de residuos en 2012, sin que luego se volviera a conceder y alude a la colocación de contenedores según propuesta de la empresa en 2007.

En concreto, se considera que el punto más adecuado era la puerta donde irían 6 contenedores de 3.200 litros cada uno, lo que determinó el informe del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) que obliga a pagar esta tasa, aunque ahora es posible recurrir ante el Tribunal Supremo (TS).

La guerra iniciada en Oriente Medio, tras los ataques de EEUU e Israel y la respuesta de Irán, ha disparado los precios del gas y del petróleo en los mercados internacionales y estas alzas ya se están repercutiendo en el litro de gasolina que compran los ciudadanos en España. Los datos muestran las cifras justo después de la rebaja del IVA y del impuesto de hidrocarburos aprobada por el Gobierno.

Las cifras del mapa anterior provienen de los datos remitidos por más de 12.000 estaciones de servicio españolas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualizan cada media hora y que muestran cómo está reaccionando los precios a la escalada bélica.

La paralización del Estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que pasa una cuarta parte del tráfico mundial de materias primas, es clave.

Los precios del gasóleo en las estaciones de servicio ya superan niveles que no se veían desde finales de 2022. En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona el promedio del precio del diésel y la gasolina 95 en todas las gasolineras de España.

En el mapa puedes ver los datos en tiempo real con las últimas cifras remitidas por cada estación. El siguiente gráfico te muestra además la brecha de precio medio del diésel en cada provincia, según los últimos datos disponibles:

¿Sabes cuánto cuesta la gasolina en las estaciones de servicio de tu municipio? Busca tu localidad o provincia y descubre cuáles son los establecimientos que venden el combustible más caro y más barato en tu zona.

La evolución de los precios energéticos y su traslación al resto de los costes, con un nuevo empuje al alza de inflación, son algunas de las principales preocupaciones económicas como consecuencia de esta nueva guerra en Oriente Medio, aún en sus primeros días y de futuro incierto.

Como ya ocurrió con el corte del gas ruso hace cuatro años, el encarecimiento de la energía puede traducirse después en un incremento de los precios de la cesta de la compra que descuadre las cuentas de los hogares justo cuando estaban empezando a recuperar poder adquisitivo.

La energética Moeve (antes Cepsa) ha aprobado una inversión inicial de más de 1.000 millones de euros para poner en marcha su Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. El megaproyecto cuenta con la participación de dos socios minoritarios, el gigante de las renovables de Abu Dabi Masdar y Enalter, participada por Enagás Renovable, según han adelantado Financial Times y Expansión y han confirmado a la agencia Efe fuentes de la compañía.

Esta primera fase, bautizada como Proyecto Onuba, supone una inversión de 1.000 millones de euros y estará localizada en La Rábida, la instalación industrial que Moeve tiene en la localidad onubense de Palos de la Frontera. Allí se construirá un electrolizador de 300 megavatios, junto con una nueva generación solar y eólica.

Moeve tendrá un 51% de la primera fase, mientras Masdar, el grupo de renovables de Abu Dabi, y Enalter, en la que participa también Pontegadea, la sociedad de inversión del fundador de Inditex, Amancio Ortega, se repartirán el resto, según la información publicada en los periódicos especializados. Para Masdar se trata del primer gran proyecto de hidrógeno en Europa.

En diciembre de 2022, Moeve, aun bajo la denominación de Cepsa, anunció que invertiría 5.000 millones de euros en su Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, en los parques energéticos de San Roque (Cádiz) y Palos de la Frontera (Huelva), para liderar la producción de ese tipo de combustible en Europa.

La firma avanzó entonces que el proyecto, que es la iniciativa más ambiciosa del sector en España y una de las más importantes a nivel europeo, generaría 10.000 puestos de trabajo, mil de ellos directos, además de dinamizar la actividad de 400 pymes y autónomos.

Hace casi un año, el Gobierno adjudicó de manera definitiva un total de 1.214 millones de euros de fondos NextGenEU en ayudas a la creación de grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable, de los cuales 303 millones de euros correspondieron al Proyecto Onuba.

Esta nueva infraestructura suministrará hidrógeno verde tanto a las propias instalaciones industriales de la compañía como a terceros, contribuyendo de manera significativa a la descarbonización de la industria y del transporte pesado terrestre, marítimo y aéreo.

De hecho, hace una semana el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adjudicó 928 megavatios (MW) de acceso a la red eléctrica a grandes proyectos industriales, asociados a una inversión de 3.105 millones de euros, en el primer concurso de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte. Entre estos proyectos seleccionados figuraban más de 257 MW para Moeve en los nudos onubenses.

Esta decisión de Moeve se produce en un momento en el que la apuesta por el hidrógeno verde parecía estar cayendo en una ralentización en toda Europa, antes las incertidumbres respecto a su competitividad más en el corto-medio plazo.

No obstante, en el caso de España, la apuesta del Gobierno para hacer del hidrógeno verde una de las palancas de la política energética, clave para la descarbonización de la industria, transporte pesado y otros sectores productivos, es firme.

La interconexión entre España y Portugal es una realidad cotidiana, de un calado muy superior a cualquier otro vecino. En 2024, los portugueses compraron en España el 33% de los productos que importaron, lo que equivale a todo lo adquirido en la suma de potencias como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y China. Si se miran las exportaciones, España es el destino del 25% de sus ventas, tanto como el agregado de Alemania y Francia. Por tanto, la frontera entre los dos países ibéricos es prácticamente inexistente desde muchos puntos de vista y, sin duda, desde el económico.

Cuando se entra a ver qué productos protagonizan el comercio exterior de las empresas portuguesas, resulta que más del 31% de lo que venden y un 28% de lo que compran fuera son productos químicos y energéticos. La porosidad de la raya con Portugal en esta industria tiene que ver con la fusión que acaban de anunciar la española Moeve (antigua Cepsa) y la portuguesa Galp de sus negocios de refino y de gasolineras. Moeve tiene dos complejos petroquímicos en España, en San Roque (Cádiz) y en Palos de la Frontera (Huelva), mientras que Galp cuenta con una instalación en Sines (en la costa, a 160 km al sur de Lisboa). Además, sumarán 3.500 gasolineras repartidas por los dos países.

La conexión y solapamiento de mercados facilita entenderse y obtener sinergias en la integración, pero lo determinante es la necesidad de ambas compañías de ganar escala en un negocio en plena transformación desde los hidrocarburos a la generación de energía con fuentes alternativas e infinitas (sol, agua, aire, etc.). Moeve y Galp tienen que invertir miles de millones en su transformación. Este proceso implica el achatarramiento de buena parte de los activos productivos actuales (refinerías) y la construcción de otras factorías de energía. Al tiempo, tendrán que reconvertir las actuales gasolineras en electrolineras, hidrolineras y centros de movilidad. Esta mudanza es costosa y muy compleja, puesto que se tiene que realizar sin parar. Es como cambiar la rueda a un coche con el vehículo en marcha.

La actitud valiente de Moeve y Galp en los últimos años, con decisiones difíciles y aparentemente contradictorias, es el preludio de esta fusión. En 2021, Galp cerró la otra refinería que tenía en Matosinhos, al norte de Oporto. Primero fue un cierre temporal atribuido a la caída de demanda y con los almacenes a rebosar, consecuencia de la reducción de la movilidad durante la pandemia. En 2023, el cierre se convirtió en definitivo y empezó el desmantelamiento de las instalaciones, proceso que aún no ha terminado. El plan es levantar en esos terrenos una “ciudad de la innovación”, centrada en energías renovables y nuevas tecnologías.

Al tiempo, Moeve acordó a finales de 2023 la compra de las gasolineras de bajo coste Ballenoil, lo que supuso una inversión de alrededor de 300 millones de euros en una red de 220 gasolineras. Esta operación la realizaba a la vez que diseñaba un cambio de nombre y de imagen que supone abandonar de su marca dos palabras que la han definido durante casi un siglo: España y Petróleo. ¿Es contradictorio? Es pragmatismo. Las empresas de gasolineras low-cost están aumentando su participación en el mercado y Moeve no solo no quiere perder ese mercado, sino que quiere duplicar. A finales de junio pasado, el 44% de las 12.685 gasolineras que había en España eran de empresas independientes, no tenían a un petrolero detrás.

Moeve tiene planes ambiciosos, que suponen inversiones de más de 3.000 millones, en sus instalaciones en La Rábida, Palos de la Frontera (Huelva), donde quiere crear el Valle Andaluz del Hidrógeno, unas obras que tenían que haber comenzado ya. La Planta Onuba tendrá una capacidad inicial de 400 megavatios (MW) y se espera que llegue a 1 gigavatio (GW) en 2028.

Es muy posible que las tres refinerías que suman Moeve y Galp sean irreconocibles en una década. Que el perfil industrial que hoy muestren sea parte de la arqueología industrial del mundo. Ya ha pasado con otras industrias recientemente. En qué han quedado los Altos Hornos de Vizcaya y Sagunto: en nada. La cuestión es saber adaptarse a los tiempos y contar con el capital suficiente para hacer la reconversión sin perder capacidad de producción energética y empleo.

Por tanto, el movimiento de Moeve y Galp no es más que el inicio de un gran baile que va a afectar a diferentes sectores europeos. Cuanto antes suene la música, menos oportunidades se pierden. Hace un mes, Repsol y la francesa Total Energies anunciaron la integración de sus negocios de explotación de petróleo y gas en el Mar del Norte, en Reino Unido, donde suman una capacidad de producción de 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día.

Recientemente se publicaba el ranking de las 100 mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, lo que refleja su capacidad de levantar dinero en el mercado para financiar su crecimiento. España solo tenía dos empresas (Inditex y Banco Santander), pero es que Europa solo colocaba una entre las 25 primeras, el fabricante de microchips holandés ASML.

El dominio de Estados Unidos es brutal y Europa solo podrá competir a escala global si se comporta de verdad como un mercado único y se facilita la integración de compañías por sectores. La fusión Moeve-Galp seguro que ha sido más fácil porque los gobiernos de España y Portugal pintan poco. En Moeve manda Mubadala (fondo soberano de Abu Dabi) y en Galp, la familia portuguesa Amorim, uno de los grandes patrimonios lusos, si bien su segundo accionista es el Estado luso con un 8,2%. La realidad aprieta y es urgente pasar de las musas al teatro.

Las cifras del mapa anterior provienen de los datos remitidos por más de 11.000 estaciones de servicio españolas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualizan cada media hora.

En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona el promedio del precio del diésel y la gasolina 95 en todas las gasolineras de España.

En el mapa puedes ver los datos en tiempo real con las últimas cifras remitidas por cada estación. El siguiente gráfico te muestra la brecha de precio medio del diésel en cada provincia, según los últimos datos disponibles:

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EAJ PNV y Junts han confirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados su rechazo a la prórroga al impuesto a las energéticas. Los socios de las derechas nacionalistas del Gobierno de coalición se unen al PP, Vox y UPN en contra de la prórroga del gravamen a los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy, lo que significa que las ‘arcas públicas’ dejarán de ingresar cerca de 1.000 millones. El Congreso ha rechazado el real decreto-ley que contenía esta medida fiscal con 183 votos en contra, frente a 165 a favor y la abstención de José Luis Ábalos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en la Cámara Baja que la prórroga del impuesto a las grandes energéticas era “un compromiso político”. Aunque ha admitido que “la realidad del arco parlamentario de esta legislatura es compleja”, y ha advertido que “existen posicionamientos políticos respecto a intereses”, en este caso, los de grandes empresas.

“Cada uno tendrá que responder de su voto, pero no hay justificación para que se imponga el interés partidista frente al interés de la mayoría”, ha enfatizado María Jesús Montero. “La fiscalidad tiene detrás el modelo de sociedad al que cada grupo aspira. El nuestro es que quienes más ganan más tienen que contribuir al sostenimiento del sistema social y el estado de bienestar”, ha incidido, y ha recordado que la contribución fiscal [el peso de la recaudación de impuestos y las cotizaciones sociales respecto al PIB] en España está “entre tres o cuatro puntos por debajo de la media de la eurozona”.

En otras palabras, nuestro país tiene margen de hasta 45.000 millones para elevar los ingresos del Estado y ponerse a la altura de los socios comunitarios. Los impuestos son la principal palanca con la que cuenta el Estado para redistribuir los beneficios históricos que han conseguido sectores oligopolísticos como la banca o la energía en los últimos años. Ambos han aprovechado sus posiciones dominantes en la crisis de inflación para elevar sus márgenes y aumentar sus ganancias. También se han aprovechado de ayudas públicas como el descuento de 20 céntimos en los carburantes, de las bajadas de impuestos o de las subidas de los tipos de interés del BCE. Con la intención de gravar estos beneficios “extraordinarios” el Gobierno de coalición diseñó los gravámenes temporales sobre estas empresas en 2022.

Las dos figuras fueron prorrogadas a finales de 2024. El impuesto a la banca, que recaudó 1.500 millones el año pasado, por tres años más, dentro de una Ley que aprobó por el Congreso y que incluyó el grueso de la “reforma fiscal” a la que se había comprometido el Ejecutivo. En cambio, los socios de derechas del Gobierno, PNV y Junts, se alinearon con los intereses de Repsol, Iberdrola, Cepsa, Naturgy o Endesa y sacaron el impuesto a las energéticas de la reforma fiscal. Este gravamen recaudó algo menos que el de la banca en 2024, unos 1.000 millones. 

En el último Consejo de Ministros de 2024, el Gobierno lo prorrogó mediante un real decreto-ley para cumplir con sus socios a la izquierda, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Una prórroga ‘in extremis’ ante la que mantuvieron su oposición PNV y Junts. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, llegó a calificar este decreto de “purito paripé”. 

En este tributo se introducía una novedad respecto al diseño de 2022: “Una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás”, según detalló Hacienda.

“Beneficios obscenos”

Esta “adaptación”, según la ha descrito la ministra de Hacienda este miércoles, no ha sido suficiente para convencer a las derechas. “Las grandes empresas energéticas llevan años forrándose a costa de las familias”, ha lamentado la portavoz de Podemos, Ione Belarra. “Los beneficios de las empresas se han disparado en la crisis de inflación. Beneficios extraordinarios, dicen. Yo digo beneficios obscenos”, ha remarcado José Manuel Lago Peñas, parlamentario de Sumar.

“Beneficios récord para las energéticas, y pérdidas inasumibles para los trabajadores de nuestro país. Esta desigualdad es pura violencia económica”, ha incidido Ione Belarra. “Este Gobierno se comprometió con Podemos a que habría impuesto a las energéticas, pero la traición no es solo a nosotros, es a todos los que les votaron”, ha dicho. “Nuestro partido no se va a asentar a negociar los Presupuestos hasta que no haya impuesto a las energéticas”, ha amenazado.

“Señora Belarra, sabía perfectamente que este impuesto no iba a salir adelante”, ha comentado Idoia Sagastizabal, parlamentaria de EAJ PNV. “Pero usted necesita relato”, ha proseguido. Por otra parte, cambiando de interlocutor a EH Bildu, ha señalado que “no podemos apoyar estas figuras que no se pueden concertar [en el régime fora del Euskadi]”.

Lo cierto es que el real decreto-ley recogía que “el Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra”. Oskar Matute, de EH Bildu, ha respondido que “no hacemos políticas al servicio del CEO de Repsol, sabemos bien a quien representamos. Ha venido a ensalzar la figura del PNV por encima de los intereses del país, para EH Bildu por encima está el país y luego el partido”.

Cuando nació, hace casi un siglo, en 1929, se puso un nombre muy adecuado a aquellos tiempos: Cepsa, acrónimo de Compañía Española de Petróleos S. A. La industria del petróleo era por entonces una de las más pujantes y de las punteras en lo tecnológico, y llevar ese sustantivo en el propio nombre societario le daba a este un plus de modernidad, de vanguardia y de reputación positiva. Cepsa era una empresa privada, y la rival con la que quería competir en su sector, la semipública Campsa, nacida dos años antes, en 1927, también llevaba el petróleo en su nombre de pila: Campsa era el acrónimo de Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S. A.

Ahora, casi un siglo después, la palabra petróleo ya no cuenta con aquellos atributos positivos. En el imaginario colectivo actual, el petróleo se asocia más con la contaminación, con el deterioro del medio ambiente y con el cambio climático. El petróleo mancha ahora incluso las marcas y la reputación.

La semana pasada, Cepsa anunció que pasaba a denominarse Moeve. El CEO de la compañía, Maarten Wetselaar, explicaba el porqué del cambio: “Para decirle al mundo que nos estamos transformando en otro tipo de organización, Moeve, en la que la mayor parte de sus beneficios provengan de actividades sostenibles a final de esta década”. La nueva marca, añadía Wetselaar, “refleja nuestro firme compromiso para ser un referente de la transición energética en Europa, en especial en el campo del hidrógeno verde, los biocombustibles 2G y la movilidad eléctrica ultrarrápida”. Sostenibilidad, transición energética, hidrógeno verde… Nuevos términos con reputación positiva para el público actual sustituyen a los ya desgastados.

En los nombres del resto de grandes petroleras que operan en España aún hay rastros de petróleo. Repsol nació como marca en 1968, y al principio se refería a un lubricante de motor que fabricaba la empresa, que entonces se denominaba Refinería de Petróleos de Escombreras. BP son las siglas del nombre anterior, British Petroleum, creado en los años cincuenta del siglo pasado. Había nacido con el nombre de Anglo-Persian Oil Company, en Irán, en 1908. Galp, portuguesa de origen, es heredera de dos compañías creadas tras la Revolución de los Claveles de 1974: Petrogal y Gás de Portugal.

¿Abandonará alguna de ellas en el futuro la p delatora de petróleo, para buscar nombres más afines a los nuevos valores de la sociedad? Es posible. O no, nunca se sabe. Cada marca tiene su propia vida, y evolucionan para bien o para mal las percepciones con las que el público las recibe, los atributos que transmiten. Y si algo hacen absolutamente todas las grandes empresas es medir al milímetro esas percepciones, esos atributos. Pero si una, Cepsa, ya se ha movido, es muy probable que las restantes estén ya preguntándose qué hacer.  

Las Administraciones españolas subvencionaron el año pasado con más de 500 millones de euros a empresas energéticas en las que participan Estados extranjeros, según un análisis de los datos agregados de ayudas públicas que publica el Ministerio de Hacienda. El 87,5% de ese importe fueron fondos europeos y el grueso de las ayudas fue para Iberdrola, Naturgy, EdP, Repsol, Cepsa y Endesa, que tienen capital público foráneo a través de empresas del sector o fondos soberanos

El análisis de las grandes subvenciones concedidas en España en 2023 (las cerca de 1.700 empresas que recibieron al menos un millón de euros en subsidios) refleja que 100 compañías de sectores como energía, automoción, formación, ‘telecos’, tecnología o transporte coparon más de la mitad de las mayores ayudas el pasado ejercicio. 

En pleno reparto de los fondos del Plan de Recuperación, las energéticas absorbieron el 20% de los mayores subsidios en 2023, con más de 1.500 millones. Y un tercio de ese dinero fue a parar a compañías en las que participan gobiernos extranjeros. De esos 500,9 millones, 437 millones, el 87,5%, correspondió a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El dato no debería sorprender si se tiene en cuenta que todas las grandes compañías de este sector tienen en mayor o menor medida accionistas estatales foráneos presentes en su capital, a través de empresas específicas o mediante fondos soberanos. En un país sin eléctrica pública desde que se privatizó Endesa hace ya casi tres décadas, el gobierno llegó a poner esta idea sobre la mesa en agosto de 2021, en los albores de la crisis energética, al sugerir la vicepresidenta Teresa Ribera que una empresa pública gestionase las presas hidroeléctricas conforme caduquen sus concesiones, pero acabó descartándola. Luego el asunto ha vuelto periódicamente al debate público sin demasiado eco. En septiembre, PSOE y PP tumbaron en el Congreso una proposición no de ley de Sumar para crear una entidad pública empresarial que gestione esas concesiones.

A la cabeza en el reparto de esos 500,9 millones en subvenciones para energéticas con participación de Estados extranjeros figura la mayor empresa española de este sector, Iberdrola, que el año pasado recibió 121,6 millones en ayudas. El mayor accionista de la multinacional vasca (aunque no tiene presencia en su consejo de administración) es el Emirato de Qatar. Tiene un paquete del 8,694% que, según varios medios, esta petromonarquía absolutista se está planteando ampliar hasta el 10% o más. Otro accionista relevante de Iberdrola (también sin presencia en la gestión) es el fondo soberano de Noruega (3,116%), uno de los mayores del mundo, a través de Norges Bank.

A finales del año pasado, Iberdrola firmó con Masdar, la empresa estatal del emirato de Abu Dhabi, una alianza para coinvertir 15.000 millones en eólica marina e hidrógeno verde en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Masdar firmó hace unas semanas la compra de la plataforma de energías renovables Saeta Yield, al fondo canadiense Brookfield, por casi 1.300 millones. Y el pasado mes de julio firmó otro acuerdo con Endesa para coinvertir en una cartera de proyectos fotovoltaicos y baterías de hasta 2.500 megavatios, valorada en 1.700 millones.

A continuación figura Naturgy, que recibió 79,10 millones en ayudas en 2023. En la mayor gasista española, tercera empresa del sector eléctrico, el gigante estatal argelino Sonatrach tiene un 3,85%, consecuencia de un arbitraje por el precio del gas resuelto en contra de la española en 2010. La antigua Gas Natural tiene a dos de sus principales accionistas, los fondos GIP y CVC (en alianza con la familia March), buscando vender su 40% desde hace tiempo por considerar agotado su ciclo de inversión. Naturgy ha sido objeto de negociaciones este año para la entrada en su capital de Taqa, la eléctrica estatal de Emiratos. El movimiento despertaba recelos de Argelia, proveedor clave de gas a España. La operación se iba a articular mediante una oferta pública de adquisición (opa) conjunta con Criteria Caixa, brazo inversor de la Fundación La Caixa, pero se acabó descartando en junio.

Ante la incertidumbre sobre el futuro de ese 40% del capital de Naturgy se ha especulado con una entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en su capital, al estilo de la realizada en Telefónica tras la entrada de la saudí STC, en un movimiento que ha reclamado abiertamente Sumar.

Como dijo hace unos días en una entrevista en La Vanguardia el consejero delegado de Criteria Caixa, Ángel Simón, sustituir a los fondos que quieren salir de Naturgy “es un tema complejo”: Es una empresa “estratégica para el país, para el Gobierno, el de ahora y el que pueda venir, y también para unos socios de referencia e históricos como nosotros. Pero encontraremos la solución”.

La tercera energética con participación pública que más ayudas recibió en 2023, con 66,2 millones, es la portuguesa EdP, en la que el Estado luso tuvo que vender su último paquete de acciones en el año 2013 por exigencia del rescate de la Troika. En el accionariado de esta empresa, que es la cuarta distribuidora eléctrica española y uno de los cinco operadores dominantes del sector, sobresale la china estatal Three Gorges (21,08%), junto a una gran fortuna española, la familia Masaveu (6,8%), y de nuevo, el noruego Norges Bank (5%). 

A continuación, con 60,7 millones en subvenciones en 2023, figura Repsol, primera petrolera española, quinto operador eléctrico y la energética más afectada por el impuesto extraordinario al sector que acaba de decaer por el rechazo de Junts y el PNV a prorrogarlo. “Afortunadamente, el problema se ha acabado”, decía el jueves su consejero delegado, Josu Jon Imaz. La petrolera, cuya privatización culminó el gobierno de José María Aznar en 1997, solo tiene en la actualidad dos accionistas significativos: el gigante de la inversión Blackrock (6,2%) y Norges Bank (5%). Este año, Repsol ha entablado negociaciones con el gigante estatal saudí Aramco para darle entrada en su filial de energías renovables, valorada en unos 6.000 millones.

Y tras Repsol, con otros 60,5 millones en ayudas públicas en 2023, figura la segunda petrolera española, Cepsa, recién rebautizada como Moeve para ilustrar su giro verde. La histórica compañía también había condicionado hace unos días su multimillonaria inversión en el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno (con millonarias subvenciones públicas) al futuro de ese gravamen. El mayor accionista de Moeve (63%) es el emirato de Abu Dhabi a través de Mubadala, que en 2021 y 2022 se repartió dividendos de 1.400 millones procedentes de Cepsa junto a su socio, el fondo Carlyle, aprovechando los beneficios récord de la petrolera y tras la venta de la mitad de sus activos de Exploración y Producción. 

Mubadala también tiene un pequeño paquete en Enagás, dueña de la red de gasoductos, ahora volcada en el desarrollo del hidrógeno verde, y que en 2023 recibió 18,3 millones en ayudas públicas, según los datos de Hacienda. Enagás es una de las pocas energéticas en las que el Estado español tiene presencia, con un 5% del capital a través de la SEPI. El holding público es el único accionista que no tiene limitados sus derechos políticos en el operador gasista.

Otro nombre destacado es Endesa. La antigua eléctrica estatal privatizada en 1997, junto a su matriz, la eléctrica semipública italiana Enel, recibió el año pasado 58,3 millones en ayudas públicas de la Administración española. 

El listado de energéticas con capital público extranjero que recibieron subvenciones públicas millonarias en 2023 se completa con la regasificadora de Reganosa (17,9 millones), participada por la Xunta de Galicia (59,64%) y Sonatrach (11,76%); la eléctrica estatal noruega Statkraft (12,355 millones) y la francesa Engie (2,42 millones). 

Otros 27,67 millones en subsidios recibió Basquevolt, iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno vasco en la que también participan Iberdrola, CIE Automotive o Enagás; y Biscay Marine Energy Platform, participada por el Ente Vasco de la Energía (75%) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), con 2,63 millones.

Cepsa, la petrolera controlada por el emirato de Abu Dhabi, ha anunciado este miércoles que abandona la marca que ha utilizado desde su creación hace 95 años para convertirse en Moeve e ilustrar así su giro renovable.

La empresa fue fundada como Compañía Española de Petróleos SA en septiembre de 1929 como primera corporación privada del entonces emergente mercado español de los hidrocarburos. Más de 35.000 días después, se convierte en Moeve “como consecuencia del avance de su transformación, derivada de la estrategia Positive Motion, que está implementando desde hace dos años para convertirse en el referente de la energía y la movilidad sostenibles”.

“Me ilusiona comunicar el cambio de una gran marca, Cepsa, que ha estado con nosotros más de 90 años, para decirle al mundo que nos estamos transformando en otro tipo de organización, Moeve, en la que la mayor parte de sus beneficios provengan de actividades sostenibles a final de esta década”, ha indicado en un comunicado el consejero delegado de Moeve, el holandés Maarten Wetselaar.

“Ante estos avances y los que daremos en el futuro, presentamos una nueva marca que refleja nuestro firme compromiso para ser un referente de la transición energética en Europa, en especial en el campo del hidrógeno verde, los biocombustibles 2G y la movilidad eléctrica ultrarrápida”, ha dicho el primer ejecutivo de la compañía, que la semana pasada condicionó el futuro de su inversión de 3.000 millones de euros en el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno a la supresión o modificación del impuesto extraordinario a las energéticas, que el Gobierno da prácticamente por perdido ante la falta de apoyos parlamentarios.

Según Cepsa, este cambio también responde a su objetivo de acelerar su descarbonización y la de sus clientes, mediante una inversión de hasta 8000 millones de euros, “de los que más del 60% se destinará a negocios sostenibles, como la producción de hidrógeno verde, biocombustibles de segunda generación (2G) y productos químicos sostenibles, así como la recarga eléctrica ultrarrápida”.

Desde el lanzamiento de su estrategia Positive Motion en marzo de 2022, la compañía ha avanzado en un gran número de proyectos y ha desarrollado un ecosistema de alianzas con más de 60 compañías de varios sectores para impulsar las distintas cadenas de valor y la implementación de estos proyectos.

La compañía está desarrollando el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto presentado hasta la fecha en Europa, que en 2030 espera contar con una capacidad de 2000 MW. Además, ha impulsado la creación del primer corredor marítimo entre los puertos de Algeciras y Huelva con el puerto de Róterdam para unir el sur y el norte de Europa y está trabajando en el desarrollo de nuevas plantas de metanol y amoniaco verdes junto con sus socios.

Asimismo, desarrolla el que será el mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa, en Palos de la Frontera (Huelva), con una capacidad anual de producción de un millón de toneladas de combustible sostenible para la aviación -SAF- y diésel renovable -HVO-.

Actualmente, Moeve ya comercializa estos combustibles sostenibles en siete de los principales aeropuertos españoles y en más de 60 puertos. También desarrolla con otros socios cerca de 30 plantas de biometano en España y proyectos para valorizar residuos para la producción de este biogás, sustituto del gas natural.

La red de estaciones de servicio de Moeve ya cuenta con más de 160 puntos de carga ultrarrápida operativos y espera terminar el año con 400 construidos, para el desarrollo de “una de las mayores redes de recarga eléctrica ultrarrápida en el conjunto de España y Portugal”. En paralelo, está llevando a cabo “una ambiciosa transformación de los puntos de contacto con los clientes, ampliando su oferta de alternativas energéticas, así como nuevos servicios de restauración, recogida de paquetes y tienda”.

La compañía ya produce y comercializa LAB (base para la fabricación de detergentes biodegradables) y fenol a partir de materias primas y fuentes de energía renovables. Además, está construyendo en Huelva una planta de alcohol isopropílico (IPA), base para la fabricación de geles hidroalcohólicos, que será la primera instalación de este tipo en España que utilice hidrógeno verde y que sea capaz de sustituir materias primas de origen fósil por materias sostenibles.

Este año ha anunciado la venta de sus activos de exploración y producción en Colombia y Perú, después de la desinversión realizada en Abu Dabi en 2023, lo que supone la venta de cerca del 70% de sus activos de producción de petróleo respecto a 2022. En agosto anunció la venta de su filial de butano, propano y autogás (Gasib).

La nueva marca, desarrollada con la colaboración de la agencia Landor, refleja movimiento, optimismo y evolución a través de diferentes colores, texturas y dimensiones, con un diseño pensado para el mundo digital. La nueva marca se implantará de forma progresiva en todas sus estaciones de servicio, en un proceso que arrancará en noviembre, a un ritmo de unas 600 estaciones al año, hasta llegar a las más de 1800 que la compañía tiene en España y Portugal. Moeve lanzará en los próximos días una nueva campaña de  publicidad a nivel global.

La compañía petroléfera Cepsa amenaza con “ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países” si el impuesto extraordinario a las energéticas se convertierte en un gravamen permanente, como está recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, según ha adelantado Expansión y ha confirmado elDiario.es.

Fuentes de la compañía, la segunda petrolera del país, indicaron que “está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente”. Las mismas fuentes señalan que si la permanencia del impuesto se materializa, “provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, tenía planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico 'Positive Motion'”.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha relativizado el anuncio de la petrolera de paralizar sus inversiones en España. Montero ha apelado a “vivir con normalidad” estas reacciones del sector empresarial que se vea afectado por una nueva tributación, de manera que su reacción ante este impuesto sea que “sobreactúe, hiperventile y haga afirmaciones de este tipo”.

La vicepresidenta y ministra ha esgrimido como un ejercicio de “justicia social” que las empresas que presentan “un mayor rendimiento en su cuenta de beneficios”, de lo que ha puesto como ejemplo los beneficios conocidos de las empresas energéticas, “abonen más al erario público”, con la premisa de que ese incremento de la recaudación tributaria del Estado propiciará que esos nuevos recursos “se redistribuyan en términos de mejora de los servicios públicos en la sanidad, en la educación y en la dependencia”.

3.000 millones

El grupo controlado por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, y el fondo de inversión estadounidense Carlyle cuenta como proyecto emblema con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que está previsto que se erija en uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde de Europa. Este proyecto prevé una inversión de 3.000 millones de euros.

Las mismas fuentes precisaron que la transformación en marcha de Cepsa “es irreversible para lograr que más de la mitad de su beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030”. Cepsa tiene ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que van a acelerarse si finalmente quedan liberados recursos en España.

La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de “manera permanente” de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca.Inicialmente aprobados para dos ejercicios -2023 y 2024- debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha ingresado más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años.

Rechazo del sector

Este jueves, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -la patronal de las grandes petroleras de la que forman parte la propia Cepsa, Repsol, Galp, Disa o BP, entre otras- ya mostró su rechazo a un impuesto permanente al sector energético. La patronal petrolera advirtió de que este gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal podía “desalentar las inversiones en el país”, poniendo en peligro los 16.000 millones de euros que prevé abordar el sector para su descarbonización hasta 2030.

Además, Cepsa sigue así los pasos de Repsol en su oposición frontal a la posibilidad de que este tributo pueda perpetuarse en el tiempo. La compañía dirigida por Josu Jon Imaz anunció esta misma semana su decisión de invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable en su Complejo Industrial de Sines, en Portugal.

Ya hace un año, había dejado clara su amenaza de situar en 'barbecho' las inversones en algunos de sus proyectos industriales en distintas zonas del territorio español hasta contar con “unas condiciones estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad”.

elDiario.es organiza este jueves en Madrid sus IV Jornadas sobre Fondos Europeos, con el foco en su impacto en temas como el impulso de energías sostenibles, la descarbonización y la transformación de la industria o retos en materia de seguridad y aeroespacial, así como los principales avances en la digitalización del tejido económico de nuestro país.

Esta nueva edición ha arrancado con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que precisamente ha anunciado que pedirá una extensión de los fondos europeos a partir de 2026, año en el que finaliza el periodo de las ayudas actuales. “Hoy los fondos europeos representan una oportunidad histórica que España está aprovechando para modernizar nuestro tejido productivo”, ha enfatizado el presidente, que ha resaltado que España “no solo dio esa batalla” sino que “la ganamos”.

Sánchez ha recordado su intervención en las III Jornadas sobre Fondos Europeos de elDiario.es, cuando afirmó que la economía española iba “como una moto” y cómo “algunos se llevaron las manos a la cabeza” y ha asegurado que este año “la economía no va como una moto, va como un cohete”, haciendo hincapié en los niveles históricos de baja temporalidad en el sector privado o en la creación de empleo en nuestro país.

A continuación, el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ha entrevistado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha advertido ante la disyuntiva entre “tener un modelo de democracia y derechos o de sálvese quién pueda” de cara a las elecciones europeas del 9 de junio. “Uno en el que la modernización y la respuesta unida dan voz a Europa en el mundo u otro en el que cada cual, cada país, se las apaña en un sálvese quien pueda como abogan algunas familias políticas”, ha enfrentado.

“Esa capacidad de dar la vuelta al modelo de producción y consumo requiere una continuidad por lo que, aunque la mayoría de las partidas estarán desplegadas para 2026, deberíamos empezar a negociar una proyección hacia el futuro del plan de fondos”, ha dicho la vicepresidenta, en línea con la intervención anterior de Pedro Sánchez que ya ha adelantado la intención del Gobierno de pedir un segundo tramo de fondos europeos a partir de ese año. Ribera ha vaticinado que “España está bien posicionada” en el ámbito del hidrógeno verde, que ha calificado como “una oportunidad muy importante” y que el Ejecutivo quiere que sirva “para descarbonizar la industria”.

El primero de los temas que se han abordado esta mañana ha sido el del hidrógeno verde, en una mesa muy nutrida, en la que se ha hablado mucho de innovación y en la apuesta por la colaboración del sector público y el sector privado, también en cuanto a las inversiones de futuro. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha destacado la contundencia de la estrategia desplegada por el Gobierno en línea con el plan del Clima europeo y con la intención de que tanto los consumidores como las pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar los precios bajos de la energía para la transformación energética y digital de las empresas.

La responsable de Energía del Ministerio de Transición Ecológica ha destacado que ya se han destinado 350 millones de euros al hidrógeno verde renovable y cómo España ha sido siempre protagonista, e incluso se ha convertido en el “buque insignia” de esta transformación, elevando el objetivo de producción hasta los 11 Gigawatios.

Carlos Barrasa, director de Clean Energies de Cepsa, ha destacado también la importancia de la independencia energética que ha aumentado desde la guerra de Ucrania: “tenemos fortalezas en Cepsa y en España que nos posicionan a nivel europeo y a nivel mundial” y ha destacado las oportunidades que se presentan de cara al futuro en el desarrollo de combustibles para el transporte marítimo, en la industria pesada o en el uso del llamado hidrógeno verde en productos como los fertilizantes.

“Somos y queremos ser un vector de la descarbonización”, ha afirmado el presidente de ENCE, Ignacio Colmenares, al inicio de su intervención. Ha destacado la apuesta de la empresa desde hace 10 años por la biomasa y la apuesta actual de ENCE por el biometano y el desarrollo de hasta 30 plantas para inyectar este combustible en la red aprovechando la infraestructura existente; pero también la apuesta por apoyar a otras empresas, como grandes cerveceras o productoras de alimentación, en su descarbonización a través de calor industrial renovable y la producción de biocombustibles.

También ha estado presente en esta mesa Natalia Latorre, directora general de Transición Energética de Enagás, que ha destacado el importante papel de los fondos europeos para desarrollar todo el ecosistema energético en torno al hidrógeno verde. “El hidrógeno verde todavía no existe como tal y para ello es fundamental que estos fondos ayuden en su desarrollo”, ha arrancado Latorre, que ha valorado que “el éxito en España es bastante elevado”. De los 720 millones de euros de fondos europeos para siete grandes proyectos sobre hidrógeno verde, un total de 250 millones están destinados a los tres proyectos desarrollados en territorio español.

Rocío Prieto González, directora general de Energía de la CNMC, ha reconocido que existe un “gran reto” para la administración como es el de supervisar que este nuevo mercado energético del hidrógeno verde se desarrolle “en competencia” y que “tengan acceso los electrolizadores a la red eléctrica”. La secretaria de Estado ha puntualizado que en los próximos meses arrancará el proceso de trasposición de la normativa europea sobre hidrógeno verde y gas natural que ayudará con parte de este trabajo normativo y a supervisar los proyectos ya existentes en nuestro país.

Uno de los momentos de mayor debate ha surgido cuando el moderador de elDiario.es, António M. Vélez, ha planteado la posibilidad de que el mercado del hidrógeno verde pueda convertirse en una nueva burbuja, una posición defendida por Ana Barreira, directora fundadora del IIDMA, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que ha aportado algunos “bocados de realidad” y ha recordado que algunas de las proyecciones establecidas no se han cumplido. Por ejemplo, la Unión Europea había propuesto que, para 2030, se produjeran 10 millones de toneladas de hidrógeno verde en España, pero la previsión actual ha quedado en apenas 2 millones de toneladas.

Barreira además ha alertado por la situación del proyecto H2MED, el gasoducto que unirá la península ibérica con Francia, ya que en su opinión “está sobredimensionado, por su viabilidad técnica” y ha recordado que en este momento todavía no hay certificaciones, estándares internacionales para la construcción de los ductos marinos o no se conocen los detalles sobre las implicaciones medioambientales para el ambiente marino de las costas catalana y francesa.

La secretaria de Estado Sara Aagesen ha quitado importancia a algunas de estas preocupaciones y ha recordado que España tiene “un gran potencial” gracias a las renovables, a los precios estables y baratos de la energía y ha pedido no “cortar las alas” a un gran proyecto como el del hidrógeno verde. En esta línea también se ha manifestado el representante de Cepsa, que se ha mostrado “optimista” ante el gran interés de clientes del norte de Europa que, según ha dicho, estarían dispuestos a comprar los productos energéticos españoles a los precios disponibles a día de hoy.

A continuación, en la segunda mesa de la mañana, se han tratado las cuestiones del ecodiseño, los nuevos envases y las tendencias en la economía circular, moderada por la periodista de elDiario.es Marta Barandela, y en la que ha quedado clara la importancia de los PERTE tanto en la empresa como en la innovación destinada a la transición ecológica, como ha destacado Carmen Avilés Palacios, coordinadora del máster de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid, en el caso de la universidad: “permite que se puedan unir la investigación y la innovación para poder incrementar esta innovación en la propia industria”.

Carmen Avilés ha reconocido que “en muchos casos el acceso a este tipo de ayudas puede ser complicado” pero apuesta por simplificar este tipo de actuaciones para generar “un elemento dinamizador” y promover la utilización de residuos también en la elaboración de nuevos productos y, tal vez, nuevos materiales.

Uno de los problemas acerca de esta transformación que se ha planteado durante la mesa es el del coste que puede suponer para los consumidores la aplicación de todos estos cambios tecnológicos y, como ha propuesto Ramiro Ortiz, managing director en Tetra Pak Iberia, es necesario un equilibrio para que el coste no sea absorbido ni únicamente por el comprador ni en solitario por la empresa. Más tarde, preguntado por los retos de la economía circular para el futuro, ha destacado la importancia de valorar esta solución ambiental y entender que tendrá “un coste en la cadena de valor”.

También ha sobrevolado la cuestión del greenwashing o ecopostureo sobre el debate. Ismael Aznar, socio responsable de Medio Ambiente y Clima de PwC, ha recordado que las nuevas directivas europeas consideran este tipo de actuaciones como competencia desleal, lo que está provocando en su opinión que las empresas estén cada vez más atentas a este tema, algo que ha sintetizado en que “no puedes decir que tu producto es ECO sin más”, sino que este tipo de afirmaciones genéricas sobre productos concretos tendrán que estar apoyadas en datos que deberán ser verificados y comprobados de forma independiente.

Irene Díez Ruiz, coordinadora del área de Economía Circular de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha llegado a elevar el greenwashing a la categoría de “circularwashing” en referencia a una excesiva promoción de proyectos de economía circular cuyos resultados puedan ser dudosos. Ha definido como “el talón de Aquiles en la gestión de residuos” la cuestión de los datos y su verificación y ha hecho un llamamiento también a los medios de comunicación para que se pueda devolver al consumidor “la confianza de que, cuando lee o escucha algo, esto sea razonablemente cierto”.

Después de la segunda mesa de la mañana, el periodista Carlos del Castillo ha entrevistado al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, quien ha declarado que “estamos apostando por que España esté bien posicionada en la nueva ola tecnológica de semiconductores”, para lo que ha anunciado que se incrementarán las ayudas para asesorar a pymes en este asunto, así como en la inteligencia artificial.

El evento de elDiario.es de este jueves ha coincidido con la aprobación, esta semana, de la estrategia de inteligencia artificial en el Consejo de Ministros. “Pretende combinar en su despliegue este tipo de tecnologías desde lo público, con la necesidad de reforzar determinados elementos para que se difunda en la economía y ayude a mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas y que también afecte en la vida de la ciudadanía de forma positiva”, ha explicado el ministro, que ha reclamado que debe hacerse “desde una perspectiva ética y responsable”.

Según ha destacado Escrivá, el Ejecutivo apuesta por “potenciar una serie de elementos para que la inteligencia artificial afecte positivamente en la vida de las personas y en la productividad de las empresas”. Ha destacado la supercomputación, a través del Centro Nacional de Barcelona, y la nube, que se regulará a través de un real decreto junto con el ministerio para la Transición Ecológica.

Después de la intervención del ministro, ha llegado el momento definitivo de la inteligencia artificial, la digitalización y sus principales avances, también con la moderación del periodista de elDiario.es Carlos del Castillo. Miguel Escassi, director de relaciones institucionales y políticas públicas de Google, ha arrancado la mesa destacando el peso específico que España ha alcanzado en la Unión Europea, como “la economía grande más digitalizada”, y ha señalado que, como país, “estamos haciendo muy bien ese camino”.

Mayte Ledo, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha pedido pasar de la investigación científica a un mundo que busque la implicación de todos los actores y los efectos beneficiosos de estas aplicaciones tecnológicas. “Aspiramos a que, frente a los modelos disponibles, nuestro modelo tenga más del 20% de castellano y de lenguas cooficiales en los corpus de entrenamiento”, algo que ha descrito como “importante para reducir los sesgos” y que, además, permitiría llegar a toda la comunidad hispanohablante en el mundo.

La secretaria de Estado ha pedido también dar la suficiente importancia a la transparencia y a lo poco que conocemos de los modelos de inteligencia artificial que después utilizamos como usuarios de forma masiva, en referencia a aplicaciones como ChatGPT. En esta línea, la lingüista computacional de la UNED, Elena Álvarez Mellado, ha recordado que esta aplicación “es muy espectacular” pero que, cuando uno entiende “por dónde van los tiros” tal vez merezca la pena “ser un poco más escépticos”. La divulgadora se ha mostrado muy interesada en saber “qué va a pasar con una lengua como el euskera” en estos modelos de IA ya que, según ha explicado, va a tener menos oportunidad en el desarrollo comercial y estará peor dotada en los textos disponibles para su entrenamiento.

Álvaro Uriarte, vicepresidente para Consumer Electronics de Samsung España, ha recordado la importancia de la colaboración público-privada al respecto ya que esta tecnología “avanza muy rápida”. Siguiendo con el ejemplo planteado por Elena Álvarez, ha dicho que “estamos en el amanecer de la adopción de una tecnología y creo que la IA puede ser una oportunidad para llevar al euskera al siglo XXII”, incluso, según ha añadido, que permita a las lenguas más minoritarias implantarse en la sociedad a prueba de desarrollos lingüísticos que puedan limitar a las lenguas menos desarrolladas.

A continuación ha intervenido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha anunciado que el Ejecutivo regulará la transparencia algorítmica y que se extenderá la Ley Rider más allá del sector del reparto, como por ejemplo para las plataformas que contraten a empleadas del hogar o servicios de limpieza o aquellas que sirven para canalizar la ayuda a domicilio. “Ya tenemos directiva y ahora continuamos nuestro trabajo”, ha dicho la líder de Sumar este jueves.

“Lo digo claro: no hay atajos con los derechos laborales, repartas comida o cuides de personas mayores. No vamos a admitir que las nuevas tecnologías sean una excusa para regresar al siglo XIX”, ha asegurado Yolanda Díaz en las IV Jornadas sobre Fondos Europeos de elDiario.es.

La líder de Sumar ha lanzado también críticas al Partido Socialista por votar a favor en Europa de las nuevas reglas fiscales. “Estamos en claro desacuerdo. No hemos negociado ni hemos aprobado estas nuevas reglas fiscales. Hay partidos, de derechas y progresistas, que sí lo han hecho. Están en su posición legítima de volver a esa austeridad 2.0, pero es una posición que nos lleva a un callejón sin salida”, ha dicho.

La tarde de estas IV Jornadas sobre Fondos Europeos de elDiario.es ha arrancado con una mesa sobre el transporte sostenible moderada por el periodista Gumersindo Lafuente ha puesto de manifiesto que, aunque el de la movilidad urbana es, al menos en teoría, el reto más sencillo de aquellos a los que nos enfrentamos, siguen existiendo dificultades. Según ha descrito Carmen Duce, coordinadora de Ecologistas en Acción y especialista en descarbonización de la movilidad, “la gran mayoría de las ciudades siguen siendo bastante compactas y más de la mitad de trayectos se hacen caminando o en combinación con el transporte público”, lo que facilita tanto las inversiones en este tipo de transporte como en la infraestructura necesaria.

Carmen Duce ha recordado, eso sí, la paralización o incluso reversión de algunas de estas medidas en ciertos ayuntamientos y espera que sea “algo temporal” ya que, en su opinión, ha quedado demostrado que estas medidas tienen un amplio apoyo social con casos como el de Pontevedra o el de Londres.

Ya sobre la cuestión del transporte ferroviario, ha intervenido Guillermo Castrillo, director de Estrategia y Sostenibilidad de Iryo, quien ha destacado que en algunos corredores la movilidad en tren ha aumentado hasta un 100% y España ha pasado de 20 a 30 millones de usuarios de alta velocidad, por lo que en esta compañía están “muy contentos” por este proceso y ha recordado que están trabajando ahora en la “multimodalidad” para integrar distintos medios de transporte.

Marta Serrano, secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha destacado que pese a la liberalización el transporte de mercancías por tren sigue siendo apenas del 4% frente al 10% que se alcanzaba en 1995, como ha recordado Carmen Duce, o al 18% que se alcanza de media en la UE. Sí que ha enfatizado que se están haciendo grandes inversiones como la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza. Además, la coordinadora de Ecologistas en Acción se ha mostrado muy escéptica respecto de la posibilidad de transformar el transporte de mercancías por carreteras con camiones eléctricos: “Ahora mismo, imaginar camiones de gran tonelaje con baterías eléctricas es poco probable”, ha resumido.

También ha salido a la palestra la cuestión de la descarbonización en el transporte. En palabras de Guillermo Castrillo: “Los objetivos de descarbonización son muy ambiciosos y es necesario que se establezcan herramientas para favorecer ese cambio, ya sean peajes, financiación... pero esta discusión hay que tenerla si queremos mover a la gente desde un modo a otro. Habría que favorecerlo abaratando los transportes más sostenibles y encareciendo los menos sostenibles”.

Otra cuestión de mucho interés en esta mesa ha sido la de la legislación de movilidad sostenible, que no pudo ser aprobada la pasada legislatura, pero que la secretaria general de Transporte Terrestre ha recordado que es uno de los compromisos con la Comisión Europea para la recepción de los fondos europeos acordados y que, desde el ministerio, tienen la convicción de que saldrá adelante este mismo año.

Entretanto, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha adelantado que convocará la tercera fase del PERTE para el vehículo eléctrico y conectado la próxima semana con un montante total de 500 millones. Durante su intervención, el ministro ha detallado que 200 millones se destinarán a subvenciones y 300 millones a préstamos. Además, ha explicado que en el segundo semestre de este año se lanzará el PERTE VEC IV, con 1.000 millones en préstamos y 250 millones en préstamos.

Hereu ha asegurado que nuestro país muestra “mucha consistencia”, y que es un “magnífico orgullo” de toda la sociedad española, que responde a las políticas del Gobierno, al despliegue del Plan de Recuperación y a los trabajadores y los empresarios, pese al contexto internacional “muy difícil”. “El gran objetivo es que se agoten los recursos, porque significará más transformación que para nosotros es fundamental”, ha concluido el ministro.

En la siguiente mesa, moderada por Cristina G. Bolinches, ha entrado a debate la cuestión del vehículo eléctrico y las distintas problemáticas que rodean a su implementación como son los puntos de recarga o el abaratamiento de las baterías. En una primera parte ha quedado claro, como ha resumido la catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha Gemma Patón que “no hay medida fiscal más revolucionaria” para la implantación del coche eléctrico que no sea “la deducción en la adquisición del vehículo a través del IRPF”. Además, ha planteado la posibilidad de que se dejen de subvencionar aquellos vehículos híbridos no enchufables.

José Antonio León, director de Comunicación y Relaciones Institucionales para Iberia en Stellantis, ha pedido centrar este tipo de ayudas en el cliente y ha puesto el ejemplo de Portugal, donde desde una posición similar a la española, se ha alcanzado una cuota de mercado del 15%, el triple de la española, que roza el 5%.

Otro punto de vista ha sido el aportado por el director general de Arval, Miguel Cabaça, quien ha destacado el renting de vehículos como una respuesta a este incremento y renovación del parque móvil eléctrico: “es un producto fácil, sencillo y que interesa mucho a los diferentes tipos de clientes en momentos de incertidumbre”.

Sobre si los puntos de recarga son suficientes, seguramente uno de los puntos más polémicos de la infraestructura alrededor del vehículo eléctrico, la secretaria de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Turismo, Rebeca Torró, ha destacado el incremento en un 10% hasta los 32.000 en el último año y asegura que se superarán los 40.000 puntos de recarga con los que están ya autorizados. Eso sí, ha reconocido que las instituciones aún deben hacer un trabajo para dar visibilidad y hacer pedagogía al respecto para que los ciudadanos lo conozcan.

Sin embargo, otros de los comparecientes como Gemma Patón han recordado la concentración existente de estos puntos de recarga en torno a las principales ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia frente a otras zonas con mucha menor infraestructura en el centro peninsular. Como ha resumido José Antonio León: “Tiene que ser igual de cómodo que cuando te quedas sin gasolina vas a una estación de servicio. Todo lo que sea una barrera para el coche eléctrico es negativo”.

A continuación se ha tratado la propia ejecución de los fondos europeos en el caso de España y como principal herramienta en los últimos años de transformación de la economía y del sistema productivo. En una mesa moderada por el redactor jefe de Economía, Rodrigo Ponce de León, el secretario de Estado de Asuntos Económicos y G-20 de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, ha destacado la “gran transformación” que estos fondos están suponiendo en la economía y la previsión de hasta 3 puntos de incremento del PIB a final de este periodo de ejecución y se ha mostrado “muy satisfecho” por cómo se están ejecutando los fondos de recuperación.

En este sentido, Ana Hermoso, técnica de la Secretaría Confederal de Empleo de CCOO, cree que todavía es pronto para comprobar si han influido o no en el desarrollo de un modelo productivo diferente, pero que “sí que es verdad que los datos nos muestran que hay una tendencia de transformación que es más intensa en los últimos años”. “Estamos viendo cómo está cambiando el empleo en sectores de mayor valor añadido, que ha supuesto la mitad del empleo creado desde 2018”, ha dicho Hermoso, quien ha pedido no conformarse y ha recordado que “esto no quiere decir que no tengamos que seguir apostando por estrategias de desarrollo”.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (la antigua Red Eléctrica Española) ha destacado que España se encuentra por primera vez en una posición de salida muy favorable gracias a la política energética que se ha llevado a cabo en los últimos 40 años y ha destacado el incremento en la producción de energía renovable y la necesidad de aprovechar los fondos de recuperación para mejorar la interconexión energética tanto con Francia como, por extensión, con el continente europeo.

Si bien en los últimos años se han lanzado numerosas dudas respecto de la ejecución e incluso el reparto de los fondos europeos, el secretario de Estado Manuel de la Rocha ha recordado que hay dos tipos de control de los fondos tanto a través de las auditorías exhaustivas que exige la Comisión Europea como de los sistemas de control tanto nacionales como europeos, lo que, según ha detallado, ha llegado incluso a retrasar la ejecución de parte de los fondos. “No ha habido ningún problema de uso inapropiado de los fondos, los sistemas de seguimiento funcionan perfectamente, Bruselas lo sabe, los medios están informados, y la ciudadanía debe estar satisfecha de que los fondos se están usando para lo que se deben usar”, ha asegurado De la Rocha.

Además, Asier González Linaza, director de Empresas de Santander España, ha resumido muy bien la situación de los fondos europeos y su relación con las empresas españolas de la siguiente manera: “Yo creo que aquí la clave es la colaboración entre todos”. “Sería la respuesta principal: que nos escuchemos, que colaboremos, flexibilidad donde se necesite y agilizar los trámites” para facilitar el acceso a las ayudas de las empresas, sea cual sea su tamaño.

A continuación, la subdirectora de elDiario.es, Natalia Chientaroli, ha entrevistado a la ministra de Ciencia, Diana Morant, que ha subrayado que los planes de recuperación son una “receta socialdemócrata” para salir de la pandemia y los escenarios posteriores, “a diferencia de la receta de la austeridad y los recortes” que siguió la Unión Europea en la crisis financiara de 2008.

Sobre los dos planes de recuperación que caen bajo su cartera, el de Salud de Vanguardia y el Plan Aeroespacial, Morant ha destacado que se trata de los dos sectores que más I+D generan en nuestro país y suponen “una puerta de futuro” para que el país sea más “resiliente” ante los restos que se han producido después de la pandemia, como los conflictos bélicos.

Morant también ha expresado la intención del Gobierno de romper con la dinámica de invertir en investigación para que se patente en otros países. “Ya no queremos que siga pasando como hasta ahora, que en nuestro país se hace la investigación y la patente te la hace una empresa norteamericana y adquirimos la patente por cantidades ingentes de dinero”, ha señalado la ministra.

Sin duda la última mesa de estas jornadas ha sido una de las más optimistas y centrada en el futuro a más largo plazo, tratando la cuestión del futuro aeroespacial. Moderada por la subdirectora de elDiario.es, Natalia Chientaroli, ha destacado por la confirmación del “momento de cambio”, en palabras de Sara Correyero, ingeniera aeronáutica y vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), que vive la actual carrera espacial y que, a diferencia de la carrera entre Estados Unidos y Rusia en los años sesenta, consiste ahora más en una carrera entre empresas que entre distintos gobiernos. “Muchos países están posicionándose y creemos que España puede ser uno de los principales vectores”, ha afirmado Correyero.

Varios de los intervinientes, como ha sido el caso de Jesús Serrano, director general de GMV, han querido aprovechar para agradecer la creación de la Agencia Espacial Española así como el compromiso de España con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) lo que ha permitido a las empresas españolas competir, no solo en el espacio europeo o de los grandes programas de la UE, sino también en el ámbito comercial y en el ámbito institucional en los cinco continentes. Serrano ha señalado cómo cada vez estamos viendo que el espacio influye más en la vida de la sociedad, en la mejora del medio ambiente, en la productividad, en nuevos modelos de empresa o en toda la sociedad y ha animado a que se siga apostando por el espacio por la repercusión que tiene, especialmente en las infraestructuras estratégicas.

Juan Carlos Cortés, recientemente nombrado director de la Agencia Espacial Española, ha enfatizado que “la comercialización es el cambio de paradigma que estamos viendo”, lo que, según sus palabras, se empezó a ver hace años y ha recordado que “todos pensamos que el cambio vendría de Asia, de China, de India”. Sin embargo, como ha explicado, “el cambio de paradigma ha venido de California y es una tendencia imparable. Y hay un componente de seguridad nacional, de servicio al ciudadano, que siempre estará en manos públicas”. En este sentido, Fernando García Martínez-Peñalver, director de la unidad de negocio de Espacio en Indra, ha recalcado que se ha pasado “de una cosa donde hablar de temas estratégicos y de defensa estaba casi prohibido” a que estos temas casi “monopolicen” la conversación.

Pensando en las aplicaciones de futuro que puede ofrecer el espacio, Miguel Ángel García Primo, CEO de Hisdesat, ha declarado que “va a ser uno de los sectores más importantes de la economía de aquí a 50 o 70 años”, ya que va a ser “fundamental para obtener inteligencia de cualquier parte del mundo” y ha recordado que, para ello, será necesario disponer de nuestros propios satélites.

“El espacio hasta ahora no era un medio contestado, pero la realidad es que cada vez vemos que va a haber más contestación, que va a haber denegación de servicios en el espacio, y que esto llevará a tener más tecnología y a necesitar determinados activos imprescindibles para la seguridad nacional”, ha dicho García Primo, que ha pedido que estos servicios estén especialmente protegidos frente “a otros actores que van a estar actuando” y que “pueden intentar que tus servicios no se puedan proveer”.

Pero si por algo ha destacado esta última mesa ha sido por su optimismo, tanto por la calidad de los ingenieros españoles, sobre los que no han faltado peticiones al mundo académico para incrementar y favorecer sus carreras y especialmente las de las mujeres en el ámbito de la ingeniería, pero también por el escenario que se ha abierto en los últimos años por la multiplicación exponencial de los satélites lanzados al espacio, que han pasado de menos de un centenar al año a más de un millar lanzados por empresas como SpaceX en los últimos años.

Para finalizar el acto, el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ha destacado que la IV jornada de elDiario.es “ha ido también como un cohete, y no solo por la última mesa de la industria aeroespacial española” y, tras agradecer tanto a los patrocinadores como a los lectores de elDiario.es, ha cedido la palabra a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

“Creo que la sociedad en conjunto coincide con este foro: aspira a seguir avanzando, a crear empleo de calidad y estable y a seguir creciendo de esta forma justa que permita también que todas y todos nos sigamos beneficiando”, ha comenzado la vicepresidenta, que ha destacado que este tipo de iniciativas deben ser “valientes” y también conseguir el objetivo final, que debe ser, en su opinión, el diálogo, en referencia a los resultados electorales del pasado 12 de mayo en las elecciones catalanas.

María Jesús Montero ha defendido que la existencia de los fondos europeos ha permitido “que podamos salir antes de la crisis” y que además “podamos hacerlo con más igualdad”. La ministra ha recordado la primera edición de las jornadas sobre fondos europeos de elDiario.es, en la que aún se utilizaban mascarillas de forma generalizada, y se hablaba del compromiso del Gobierno para alcanzar la inmunidad de grupo frente al COVID-19, y cómo ya había una previsión de 27.000 millones de euros para el plan de recuperación antes de haber recibido ningún desembolso para anticipar lo posible e impulsar la economía y la recuperación de la crisis generada por la pandemia.

“Hemos tenido que crear incluso nuevas formas de cogobernanza con las instituciones que tienen competencias en un Estado descentralizado como es el nuestro”, ha recordado Montero, que no ha negado la responsabilidad del Gobierno central en última instancia para el desarrollo y el cumplimiento de la ejecución de los fondos europeos. También ha querido compartir una segunda reflexión: que el Partido Popular entendió que si el plan de recuperación era un éxito, “se caía el falso mito de que la derecha gestiona mejor los asuntos económicos”, lo que ha calificado de un ejercicio de “enorme irresponsabilidad”.

“El PP se ha dedicado a torpedear por tierra, mar y aire el plan de recuperación”, ha acusado María Jesús Montero, que ha recordado cómo el principal partido de la oposición ridiculizó cuestiones como las ayudas al coche eléctrico o cómo votó en contra del decreto-ley de gestión de los fondos europeos o de la reforma laboral. También ha criticado las sospechas arrojadas por el PP sobre la ejecución de los fondos europeos y pese a “la multitud de controles que operan”.

La vicepresidenta del Gobierno ha concluido defendiendo los resultados del plan de recuperación en base a los datos de empleo y económicos y pese al cuestionamiento de la oposición parlamentaria, pero ha dicho también que queda mucho todavía por recorrer y que desde el Gobierno no se conforman y consideran que es necesario avanzar en el debate de la financiación de las inversiones que se consideran estratégicas para la propia autonomía y seguridad tanto de nuestro país como de la Unión Europea.

Las cinco grandes energéticas españolas (Iberdrola, Repsol, Endesa, Naturgy y Cepsa) aumentaron sus inversiones un 22% en 2023, hasta 23.529 millones de euros, pese al impuesto extraordinario al sector, que las compañías han recurrido y por el que han amenazado con congelar inversiones si se mantiene como está planteado.

En 2023, las cinco compañías abonaron 1.352 millones por ese impuesto, que consiste en una prestación pública temporal del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios de las energéticas. El Gobierno, que inicialmente planteó el gravamen como temporal (para los ejercicios 2023 y 2024), ante los beneficios extraordinarios derivados de la crisis energética por la invasión de Ucrania, luego anunció que el tributo se mantendría, aunque se comprometió en diciembre a suavizarlo con deducciones por inversiones en descarbonización.

La modificación quedó en el aire tras descartarse la elaboración de unos nuevos Presupuestos por la convocatoria de elecciones en Catalunya. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que el gravamen (también aplicado a la banca) se reformulará en una ley fiscal específica.

De esa cifra de inversión, aproximadamente el 72%, algo más de 17.000 millones, se destinó a descarbonización, en un ejercicio en el que el beneficio conjunto de estas cinco multinacionales descendió un 25%. Se situó en 10.466 millones, tras el récord histórico de 13.880 millones registrado en 2022, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y la explosión de precios del gas, el petróleo y la luz. Pese al descenso de los beneficios, los dividendos entregados en 2023 por las grandes energéticas españolas a sus accionistas aumentaron cerca de un 12%, hasta 8.253 millones.

De esos más de 23.500 millones de inversión, algo más de la mitad (11.382 millones) la concentró Iberdrola. Durante 2023, la mayor eléctrica española batió su récord de inversiones, al incrementarlas un 6%. Lo hizo tras alcanzar también un nuevo récord de beneficios, sexto consecutivo, con unas ganancias de 4.803 millones, un 10,7% más. De esos casi 11.400 millones de inversión, Iberdrola destinó el 47% (unos 5.349 millones) a renovables y el 46%, a redes. En España redujo su inversión el 22%, hasta 2.323 millones. Estados Unidos fue el primer destino, con 3.028 millones, un 14% más. 

La energética anunció el pasado jueves unas inversiones brutas de unos 41.000 millones en el periodo 2024-2026 para alcanzar un beneficio neto de 5.600-5.800 millones al final del periodo. La cifra incluye la compra del 18,4% que no controla en la estadounidense Avangrid. Los socios de la compañía en renovables -como el fondo soberano noruego Norges o Masdar- contribuirán con 5.000 millones, con lo que la inversión neta de Iberdrola será de 36.000 millones. El grupo destinará el 85% a mercados con rating 'A': Estados (35%), Reino Unido (24%), Iberia -España y Portugal-, (15%), Latinoamérica (15%) y Alemania, Francia, Australia y otros países de la Unión Europea (11%).

Y tras Iberdrola, Repsol, con la que la eléctrica vasca mantiene un enfrentamiento que ha llegado a los tribunales, donde Iberdrola ha presentado una demanda que acusa a la petrolera de greenwashing (lavado de imagen ecológico). La compañía que dirige Josu Jon Imaz, la más afectada por el impuesto a las energéticas (con un impacto de 443 millones en 2023), disparó el pasado ejercicio sus inversiones un 47%, hasta 6.167 millones, tras otro de sus mejores años. Su beneficio, de 1.368 millones, se redujo un 25,5%, pero fue el cuarto más elevado de su historia y el tercero si no se tienen en cuenta los extraordinarios.

Repsol, que ha condicionado inversiones multimillonarias en España al “marco regulatorio y fiscal”, destinó el 30% de la inversión total (unos 1.604 millones) a generación baja en carbono: principalmente a la adquisición de la plataforma de renovables Asterion y al desarrollo de proyectos de energía limpia en Estados Unidos, España y Chile. Repsol presentó hace unas semanas una actualización de su estrategia que contempla una inversión récord de hasta 19.000 millones entre 2024 y 2027 para acelerar su transformación hacia una compañía con cero emisiones netas.

También batió un récord de inversiones y beneficios en 2023 Naturgy. La primera gasista y tercera eléctrica española ganó 1.986 millones, un 20,4% más, pulverizando su segundo récord de ganancias consecutivo. El grupo que pilota Francisco Reynés disparó en 2023 sus inversiones un 52%, hasta casi 3.000 millones, cifra que previsiblemente se mantendrá este 2024.

“Un 90% de la inversión se dirigió a proyectos de transición energética”, según la compañía, que computa 2.136 millones de inversión orgánica y adquisiciones en renovables. El 90% se destinó principalmente a desarrollos de proyectos renovables -1.730 millones de euros- y redes (900 millones). España recibió el 66% del total.

Endesa, la segunda eléctrica española, es una de las dos grandes energéticas que no aumentó la inversión en 2023. Esta alcanzó 2.304 millones, ligeramente por debajo del récord de 2022 (2.343 millones), en un ejercicio en el que los beneficios de la filial de la italiana Enel se redujeron drásticamente, un 70,8%, hasta 742 millones, como consecuencia de factores extraordinarios relacionados con su negocio de gas, fundamentalmente, un laudo arbitral favorable al Estado de Qatar con un impacto negativo de 450 millones, y por el gravamen extraordinario al sector.

Endesa fue, con 1.678 millones en dividendos, la segunda energética que más dinero destinó a remunerar a sus accionistas, solo por detrás de Iberdrola (casi 3.182 millones) y ligeramente por delante de Naturgy (1.624 millones).

En el caso de Cepsa, los dividendos entregados a los dueños de la petrolera que controlan el emirato de Abu Dhabi y el fondo Carlyle se dispararon el año pasado un 47%, hasta 869 millones, lo que eleva a 1.400 millones la cifra entregada en los ejercicios 2022 (cuando batió récord de ganancias) y 2023. El pasado ejercicio, el grupo declaró unas pérdidas de 233 millones, frente a las históricas ganancias de 1.100 millones registradas en 2022. 

Las inversiones de Cepsa en 2023 alcanzaron los 732 millones, ligeramente por debajo de las de 2022, de los que destinó “cerca del 40% del total a proyectos sostenibles”. “Las inversiones sostenibles aumentaron un 56% en comparación con el ejercicio anterior, a medida que se ejecuta la estrategia Positive Motion”, dice en sus cuentas. Con un ambicioso plan de inversiones en hidrógeno, Cepsa aspira a tener una cartera de 4,5 GW renovables para 2030. Actualmente tiene 2 GW con permiso de conexión a la red. “En 2023 obtuvimos la Declaración de Impacto Ambiental para varios de nuestros proyectos”, pero no instalaron ni un MW.

Cepsa y Bio-Oils, compañía de biocombustibles de Apical, han arrancado la construcción de la mayor planta de biocombustibles de segunda generación (2G) del sur de Europa. Esta instalación, que producirá anualmente de manera flexible 500.000 toneladas de combustible sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable (HVO), permitirá a la 'joint venture' formada por ambas compañías duplicar su capacidad de producción actual.

Según han indicado ambas compañías en una nota de prensa, la nueva planta de biocombustibles 2G, junto con las instalaciones que ya operan Cepsa y Bio-Oils en Huelva, formará “el segundo mayor complejo de combustibles renovables de Europa, con una capacidad de producción total de un millón de toneladas al año”.

La nueva instalación, cuya puesta en marcha está prevista para 2026, se va a construir en Palos de la Frontera (Huelva), junto al Parque Energético La Rábida. Su desarrollo supone una inversión de 1.200 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, durante las fases de construcción y operación.

El inicio de la construcción de este proyecto se ha celebrado este viernes en un acto que ha contado con la participación de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el presidente de la Junta de Anadalucía, Juanma Moreno; Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa; Anderson Tanoto, director general de RGE, que gestiona un grupo de empresas manufactureras basadas en recursos naturales, entre ellas Apical y Bio-Oils, y Pratheepan Karunagaran, director ejecutivo de Apical.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, ha subrayado que Andalucía “está lista para convertirse en la gran productora y distribuidora de energías limpias de Europa, desempeñando un papel clave en el objetivo irrenunciable de la descarbonización del Planeta”, por lo que esta futura planta de biocombustibles de Cepsa es “un claro y valioso ejemplo”.

“Un proyecto incluido en nuestra Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que ha permitido tramitarlo en seis meses, un tiempo mínimo, menos de la mitad de lo que normalmente hubiese tardado”, ha añadido.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha señalado que “no solamente basta con cambiar el color de las moléculas o los electrones”, sino que “las industrias que hay detrás, los servicios que hay detrás, son, precisamente, la gran oportunidad para reindustrializar y modernizar nuestro tejido productivo”.

“Por eso queremos que la atención a la cadena de valor industrial esté presente en el proceso de cambio, por eso queremos dedicar más de 750 millones de euros a este programa, de tal manera que la fabricación de los bienes de equipo que nos permita llegar a buen puerto sean producidos en España”, ha agregado.

Asimismo, el CEO de Cepsa ha destacado que se empieza a materializar “el primer gran hito de la estrategia Positive Motion con la construcción de nuestra nueva planta de biocombustibles de segunda generación”.

“Este proyecto estratégico para España y Andalucía nos permitirá ser un referente europeo en el campo de las moléculas verdes y facilitará la descarbonización inmediata de sectores no electrificables, como el transporte aéreo. Damos comienzo así a un proceso que generará empleo de calidad para esta región y que permitirá abrir una nueva etapa de reindustrialización”, ha explicado.

Por su parte, el director ejecutivo de Apical, ha señalado que se espera que la producción mundial de SAF “se triplique en 2024, en comparación con los niveles de 2023, alcanzando 1,5 millones de toneladas”. Sin embargo, la disponibilidad de materias primas sostenibles “sigue siendo un reto para muchos países”.

“Nuestra planta de biocombustibles 2G con Cepsa, que será la mayor instalación de producción de combustible de aviación del sur de Europa, es un excelente ejemplo de cómo los agentes del sector pueden unirse para fomentar el potencial del SAF y aumentar su adopción de forma asequible”, ha incidido.

Combustibles renovables

Esta nueva planta, que se construirá con la última tecnología para la producción de combustibles renovables, tendrá un mínimo impacto ambiental. Gracias al consumo de hidrógeno renovable, esta instalación emitirá un 75% menos de CO2 que una planta de biocombustibles tradicional y está diseñada para lograr las cero emisiones netas en el medio plazo. Asimismo, no consumirá agua dulce, sino que solo utilizará aguas recuperadas, y sus emisiones hídricas tendrán un mínimo impacto en el ecosistema, gracias a la potente planta de tratamiento de aguas que tendrá.

Por último, esta instalación será nativa digital e incorporará los últimos avances para la industria en inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT) y análisis de datos. Esta instalación habilitará el desarrollo de otros proyectos clave para el reposicionamiento de España y Andalucía en el panorama energético internacional.

Además de SAF y diésel renovable (HVO), la planta también producirá biogás, materia prima fundamental para la producción de hidrógeno verde, indispensable para la descarbonización de la industria, como esta misma planta o el parque energético junto al que se construye, o para la producción de fertilizantes. Adicionalmente, a partir del tratamiento del biogás, se captura otro producto, CO2 biogénico, indispensable para la producción de metanol verde, clave para descarbonizar el transporte marítimo. Por tanto, este proyecto es “una pieza clave” en todo el ecosistema del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que Cepsa está liderando.

Los primeros trabajos para el desarrollo de estas instalaciones se centrarán en el movimiento de tierras y mejoras del terreno, la urbanización y la cimentación de la infraestructura, además de iniciarse la obra marina en el muelle sur del Puerto de Huelva, ya que el proyecto también contempla del desarrollo de instalaciones auxiliares en el puerto necesarias para su operación.

La nueva planta se asegurará la mayoría del suministro de materia prima, procedente de residuos orgánicos como desechos agrícolas o aceites usados de cocina, a través de un acuerdo global y de largo plazo con Apical, permitiendo abordar uno de los principales desafíos que afronta la industria: el acceso a la materia prima.

Los biocombustibles 2G fomentan la economía circular, al utilizar para su producción residuos que de otro modo serían desechados o terminarían en vertederos. En comparación con los combustibles tradicionales, los combustibles renovables desarrollados en este complejo desarrollado por Cepsa y Bio-Oils evitarán la emisión de tres millones de toneladas de CO2 anuales, lo que equivale al 4% de las emisiones del transporte por carretera en España. Por otra parte, la construcción de esta instalación supondrá la instalación de 590 kilómetros de tuberías y 1.400 kilómetros de cable.

Eléctricas, fabricantes de coches, consumidores o estaciones de servicio reclaman que el Gobierno publique ya un mapa de electrolineras con información “fiable” como una de las medidas para impulsar la electrificación de la movilidad, en la que España está a la cola de Europa.

La Ley de Cambio Climático de 2021 establecía que “el Gobierno pondrá a disposición del público la información de los puntos de recarga eléctrica para vehículos de acceso público, dentro del año posterior a la entrada en vigor de esta ley, a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en tiempo real gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico”. 

“Para ello, con carácter previo, los prestadores del servicio de recarga eléctrica deberán remitir por medios electrónicos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información actualizada de la localización, características, y disponibilidad de dichas instalaciones, así como del precio de venta al público de la electricidad o del servicio de recarga”.

En abril, el departamento de Teresa Ribera publicó una orden que regula la información a remitir pero por ahora el geoportal de gasolineras del ministerio tiene una rudimentaria herramienta sin información sobre precios que se cuelga constantemente. La que debería recoger esta información no se ha lanzado por problemas técnicos, reconoce Transición Ecológica. La Dirección General de Tráfico (DGT) no ha atendido a elDiario.es

La falta de postes de recarga es, tras el precio, el principal factor que desincentiva la compra de estos vehículos, según la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Movilidad Eléctrica (Aedive), que agrupa a toda la cadena de valor del sector. Según la patronal de coches Anfac, a septiembre había 25.180 puntos de recarga de acceso público, cifra que Aedive eleva a más 27.000. Muy lejos de otros países europeos y los entre 80.000 y 110.000 que planteaba para 2023 el Plan de Recuperación. 

En España, segundo fabricante de coches europeo, circulan en la actualidad unos 150.000 eléctricos puros, tras sumar en 2023 sumó 62.800 matriculaciones, menos del 6% del total. A años luz de los 5,5 millones que prevé para 2030 el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) publicado en junio. Un estudio de Transport & Environment cifraba en 2021 entre 223.000 y 289.000 los puntos de recarga públicos necesarios en 2030 para alcanzar los 5 millones de eléctricos que plantea el PNIEC vigente.

Ese portal de información ya lo preveía el PNIEC original de 2020. Que se lance uno que sirva para algo es una de las peticiones que más se repiten en las respuestas de distintos agentes del sector a una consulta pública que lanzó en 2023 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para analizar los obstáculos que afectan a la recarga del vehículo eléctrico en España. 

Las respuestas que ha publicado recientemente el organismo muestran que es una de las observaciones más recurrentes, junto a otras como la complejidad y lentitud para cobrar las ayudas a la instalación de los postes, las trabas de muchas administraciones (sobre todo ayuntamientos), las dificultades para conectarlos a la red o la existencia de varios tipos de conectores.

Como señala la patronal eléctrica aelec, a la que pertenecen Endesa e Iberdrola, “el proceso de planificación del viaje y de las paradas de recarga tiene una mayor complejidad para el usuario de vehículo eléctrico y es necesario que pueda acudir a una fuente oficial con información fiable” sobre los puntos de recarga y su localización.

“Hoy en día no hay una fuente que aglutine toda la información sobre precios de diferentes operadores de forma oficial”. En los comparadores privados “no se confirma la actualización de la información”. Para ver los precios actualizados hay que descargar la aplicación de cada operador de puntos de recarga o proveedor de servicios de movilidad. 

“Es importante que la publicación de este Geoportal no se retrase”, dice la patronal eléctrica, que reclama prolongar “más allá de 2025” las tarifas específicas reguladas (3.0 TDVE y 6.1 TDVE) dedicadas a la recarga pública de vehículo eléctrico, ya que no se han cumplido los objetivos que se plantearon. También han reclamado ese portal de información la patronal Anfac y Aedive. La patronal de coches, además, pide un “precio competitivo” para las recargas. Cree que regularlo como en Portugal “es una opción”.

Problemas técnicos

Los operadores están obligados a subir la información de los puntos de recarga a la web del ministerio, pero según explica en sus comentarios a la CNMC Cepsa, la carga de esa información “genera continuos problemas, por lo que hay que hacerlo manualmente, lo cual dificulta esta comunicación. Una vez se solucionen los problemas técnicos, debe ser muy fácil que el propio Ministerio ponga dicha información a disposición de todos los usuarios”, dice la segunda petrolera española.

La Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEES) lamenta el “déficit histórico de información pública” sobre puntos de recarga, que “en teoría paliará” esa orden ministerial. El actual geoportal “sigue sin mostrar los precios de los diferentes puntos de recarga ni su disponibilidad”. Es “imprescindible” que indique “si el cargador está operativo o fuera de servicio de una manera clara, y figure el día y hora de actualización de la información”.

Según los empresarios de gasolineras, “las grandes compañías eléctricas se encargan de tener sus aplicaciones para que el titular de una estación de servicio con punto de recarga tenga difícil acceso a la información de ese cliente que recarga su vehículo”. Sin ese registro público, “es muy difícil para los usuarios poder comparar condiciones”.

“Por eso sería deseable que el Geoportal incluyera esa información sobre precios y disponibilidad”. Asimismo, “la interoperabilidad de los puntos de recarga es indispensable sin penalizaciones en el precio con respecto al acceso directo a través de la aplicación móvil del operador”.

En fuentes privadas, la calidad de los datos “depende de cómo se acceda a la información. Si es a través de la propia APP del Operador, la información suele ser fiable”. Con un “agregador”, la experiencia “no es tan buena. Se indican puntos de recarga que no existen, están en construcción, mantenimiento, ocupados o simplemente no funcionan”.

La CEES añade que a cierre de 2022 había menos de 110.000 eléctricos de batería en España, el 0,41% de los turismos registrados. “Esa escasísima demanda hace que las estaciones de servicio obligadas a instalar puntos de recarga” por su volumen de ventas, en cumplimiento de la Ley Climática, “sepan de antemano que su inversión va a ser ruinosa”, exponiéndose a un “rigurosísimo régimen sancionador” de no hacerlo y afrontando la “competencia desleal” de Administración, hoteles o centros comerciales “ofreciendo descargas gratuitas”.

Acciona, uno de los operadores de puntos de recarga, considera que una herramienta que informe de las electrolineras existentes, su operatividad, sus tipos de conectores, potencias y precios, “es prioritaria para poder planificar el despliegue de esta infraestructura de una manera eficiente y proporcionar información fiable, consolidada y precisa a los clientes que adquieren un vehículo electrificado”.

Falta de transparencia

La asociación de consumidores Facua ha criticado la falta de transparencia para comparar los precios ofrecidos por las estaciones de recarga. “Cada empresa que opera en este sistema proporciona su propia aplicación, con fórmulas de precios y modalidades de pago distintas. Esto crea una complejidad significativa para los consumidores”. 

Y “algunos operadores establecen tarifas más económicas para los vehículos eléctricos fabricados por ellos mismos, mientras que aplican precios más altos cuando los usuarios desean cargar vehículos de otros fabricantes. Esta discriminación de precios agrega una capa adicional de confusión y dificultad para los usuarios”. “El problema se agrava aún más debido a la falta de un conector universal que permita cargar todos los vehículos eléctricos en cualquier estación”.

Facua reclama “una aplicación estatal, que sirva como única herramienta para comparar los precios y cargadores disponibles en cada una de las electrolineras, así como el estado de funcionamiento de las estaciones de carga en tiempo real, evitando así que no se registren las averías que reportan las estaciones, indicando igualmente el modelo de conector disponible”. Y que una normativa comunitaria y estatal obligue a los fabricantes a disponer de un único cargador universal.

La asociación critica “el atraso y dejadez en el despliegue de esta infraestructura en las zonas rurales”. Subraya que en 2022 tenían el 18% de los puntos de carga y “ahora es del 14%. Mientras las áreas urbanas tienen casi 1.500 puntos de carga nuevos, y las carreteras principales casi 700, en un año, en el mundo rural hay apenas 34 más”.

La asociación de supermercados Asedas carga por su parte contra las “desproporcionadas” obligaciones que recogía un decreto de 2021 de instalar antes de 2023 un punto de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, adelantando dos años la transposición de una directiva europea. “Se adoptó sin consulta a los sectores afectados y sin que existieran los motivos de justificación, ni proporcionalidad señalados, y generando una distorsión y una discriminación para los operadores que ofrecen servicios de aparcamiento”. 

Para los centros y parques comerciales, ese decreto habría supuesto tener 16.000 puntos de recarga antes de 2023, según la Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (APRESCO), que planteó a la CNMC que los importantes cuellos de botella técnicos y administrativos provocan que instalar un cargador requiera “15 meses en el mejor de los escenarios” y “por encima de los 30 meses en muchos casos. Debido a esta situación, ha resultado imposible cumplir con el plazo establecido por la legislación vigente”.

También se han criticado las dificultades para conectar los postes a la red. La CNMC sacó a información pública antes del verano una propuesta de Circular con la metodología y condiciones de acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de demanda de energía eléctrica, con aspectos clave para el despliegue de los cargadores. Pero no prevé aprobarla hasta el segundo trimestre de este año, según la previsión que publicó el pasado miércoles.

¡Buenos días!

Empieza una nueva legislatura que va a ser difícil y determinante. Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han señalado durante el debate de investidura que será “la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores”. No es un objetivo menor, sabiendo que la CEOE ya ha anunciado su oposición frontal al acuerdo entre el PSOE y las fuerzas nacionalistas. No van a ser los únicos que pongan todos los palos en las ruedas para evitar nuevos avances laborales.

Una fuente del Gobierno admitía esta semana que hay cierta preocupación por la actitud de una parte del alto funcionariado, muy influenciado por el Partido Popular, para ralentizar y obstaculizar al nuevo Ejecutivo. El servicio público no debería tener ideología, pero en algunos niveles de la Administración Pública esa supuesta carencia ideológica se suplanta por supuestos criterios técnicos que casualmente coinciden con el argumentario de la derecha.    

Estamos ante la gran oportunidad para dar el salto final y acabar con la precariedad laboral en España. Pero también pueden ser el periodo político para facilitar el alquiler y tratar de reducir el grave problema de la vivienda que sufre nuestro país, conseguir una nueva financiación autonómica donde prevalezcan las inversiones públicas en educación y sanidad o convertir a España en un país moderno a través de la transición ecológica. Va a ser difícil pero es posible. En este enlace puedes leer la batería de compromisos de Gobierno que ha anunciado Pedro Sánchez.

Va a ser más complicado aún porque la situación económica se complica en la Unión Europea. Hay mucha incertidumbre. España será el país de los grandes europeos con mayor impulso económico en los próximos años y es de esperar que el empleo aguante. Sin embargo, hay algunos datos que llaman a la prudencia: el BCE alerta en su último Boletín Económico de que la inversión de la curva de tipos “apunta actualmente a elevadas probabilidades de una contracción de la actividad en el próximo año”.

Por su parte, la Comisión ha presentado las previsiones económicas del paquete de otoño en el que señala que el PIB europeo crecerá sólo el 0,6% en 2023, pero espera un repunte al 1,7% en 2025 tras dos años de menor crecimiento del esperado por la difícil coyuntura internacional. En el caso de España, crecerá dos décimas más este año (2,4%) respecto a las previsiones realizadas en verano, aunque las perderá el próximo año (1,7%). Aquí tienes más información sobre las previsiones para la economía Europea y española de los próximos años.

Cada vez que habla sube el pan

Estamos ante un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su propia prosperidad, por lo tanto creemos que esta huelga general es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar

Santiago Abascal — Presidente de Vox

Parece una broma, pero no lo es. El partido de ultraderecha que en su programa electoral llevaba como propuesta limitar el derecho a la huelga, que votó en contra de la reforma laboral, que votó en contra de derogar el despido por bajas médicas, que votó contra una ley para evitar la explotación laboral y el trabajo infantil, que votó contra la revalorización de las pensiones... Sí, Vox ahora respalda una huelga general porque le duele España. Su sindicato 'vertical', de nombre Solidaridad, ha registrado una convocatoria de huelga general el 24 de noviembre contra la amnistía.

Hay muchas dudas legales de que una convocatoria así sea permitida por ser un sindicato sin apenas presencia y por los motivos políticos del paro. Para empezar, el sindicato ultra asegura que tiene 250 delegados, lo que supone, si fuera verdad, una representación sindical del 0,09%. Además, la legislación considera ilegales las huelgas convocadas por “motivos políticos”. No obstante, varios juristas recuerdan que la huelga es un derecho fundamental, especialmente protegido por la Constitución, por lo que los jueces suelen hacer interpretaciones “amplias y garantistas”. Todo lo contrario de lo que pretendía Vox si hubiera ganado las elecciones.

El problema de Vox y su sindicato no es solo que sean de ultraderecha, es que además no se enteran. El Ministerio de Trabajo les ha conminado a que vuelvan a presentar la convocatoria de huelga porque su solicitud no cumple con los requisitos formales básicos necesarios y tiene “defectos de forma”. Aquí tienes más información sobre la incapacidad del sindicato de Vox de convocar una huelga en condiciones.  

 El Gráfico

Resta y sigue. El negocio de los planes de pensiones privados no para de perder clientes. En lo que llevamos de año son ya 65.000 personas las que han abandonado este tipo de ahorro, el nivel más bajo en 19 años. A pesar de que cada vez son menos atractivos (la rentabilidad suele ser baja, tienen altas comisiones y se redujeron los beneficios fiscales porque sólo beneficiaban a las rentas más altas), los bancos se han embarcado en campañas para tratar de vender pensiones privadas o robar clientes a otras entidades. Cualquier cosa menos pagar los depósitos como deberían. Aquí te explicamos cómo se desmorona el negocio de los planes de pensiones privados.

El Dato

1.400 millones de euros

En dividendos ha repartido Cepsa entre sus principales accionistas: el emirato de Abu Dabi (61,36%) y el fondo estadounidense Carlyle (38,41%) desde julio de 2022. Los resultados récord de 2022 (1.100 millones de beneficio) por la subida del precio de los carburantes debido la guerra en Ucrania y la venta del 50% del negocio de extracción y producción han llevado a la compañía a desembolsar una cantidad récord para sus propietarios. La media de dividendos repartidos en los últimos cinco años es de 500 millones. Aquí te explicamos el boyante negocio de la petrolera para sus propietarios. 

El día de la presentación de resultados de 2022, Cepsa anunció inversiones récord de 3.600 millones para los tres próximos años, la mitad para negocios “sostenibles”. Sin embargo, esta semana ha protagonizado el último movimiento de concentración en el sector al comprar la red de gasolineras Ballenoil, con la que supera las 2.000 estaciones de servicio. La petrolera asegura que pretende ampliar los puntos de recarga de coche eléctrico. Ahora solo cuenta con 130.

Entrepreneur

El 'entrepreneur' de la semana es Tomás Olivo, una de las mayores fortunas del país (la sexta, según la lista Forbes). Este empresario inmobiliario ha sido protagonista las últimas semanas por convertirse en el segundo mayor accionista del banco Unicaja, con el 9% del capital. Su imperio se empezó a forjar en Marbella con promociones inmobiliarias hasta edificar un imperio bajo el nombre de General de Galerías Comerciales, una compañía especializada en centros comerciales cuyo valor ronda los 3.700 millones de euros. El reverso de la historia. Detenido en 2006 por el caso Malaya, salió absuelto. En 2012 fue condenado a cinco años de prisión por malos tratos a su mujer, aunque la sentencia fue reducida por la Audiencia Provincial de Málaga a siete meses tras absolverlo de varios delitos. Ahora afronta con Juan Antonio Roca su último juicio por corrupción en la gestión urbanística de la Marbella de los años noventa y 2000.  En una entrevista aseguró: “A mí me fue bien con Franco” para explicar el origen de su fortuna. En este enlace tienes mucha más información sobre el millonario constructor de centros comerciales que asalta el accionariado de Unicaja.

Tenía que llegar. Un 'Se acabó' en el ámbito de la investigación económica lleva fraguándose varios días. No hay precedentes, pero la historia de presuntos abusos con un final terrible ha movilizado, de momento, a más de 600 economistas. Se trata de investigadores de alto prestigio como la premio Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin (en la foto), los que han firmado una carta contra el ascenso de un investigado por acoso sexual y abuso de poder, Armin Falk, en el instituto alemán de economía laboral, el IZA (Institute of Labor Economics). Aquí tienes mucha más información sobre un caso horroroso de presunto acoso sexual en el ámbito de la investigación económica. 

Bien público

El uso del móvil, pantallas y las redes “toca todo los receptores, de hecho contratan ingenieros para hacer cambios y que aumente nuestro tiempo de uso, de manera que hacen modificación de conductas y el móvil puede convertirse en adictivo”, explica el psicólogo Francisco Villar. Cada día aumenta la preocupación, especialmente por los menores, ante la dependencia de estar siempre conectados a una pantalla. La UE tiene en el punto de mira a las grandes plataformas para tratar de imponer “lo que es ilegal offline será ilegal online”.  El Parlamento Europeo quiere ir más allá y plantea a la Comisión Europea una legislación contra el diseño adictivo de las redes sociales que “proponga como derecho no ser molestado digitalmente” y que se acabe con el diseño adictivo. La principal reclamación es que las notificaciones de esas aplicaciones estén desactivadas por defecto. Más información sobre las estrategias para provocar adicción en los móviles y la lucha para limitar su utilización en este reportaje de Raquel Ejerique, Irene Castro y Carlos del Castillo. 

Nos gusta la competencia

Ahora os mostramos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

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Movimientos de concentración entre las grandes petroleras españolas tras los multimillonarios beneficios de 2022. Cepsa, la segunda compañía de este sector en Españaha anunciado este lunes un acuerdo para adquirir Ballenoil, el líder español del mercado de las denominadas gasolineras 'low cost', que cuenta a día de hoy con más de 220 gasolineras en España y un plan para alcanzar las 500 en 2027.

La petrolera que controlan el emirato de Abu Dhabi y el fondo estadounidense Carlyle no precisó el importe de la operación, sujeta a la aprobación de las autoridades competentes, entre ellas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con ella, la energética va a ampliar su negocio de estaciones de servicio superando las 2.000 gasolineras en el mercado ibérico, con unas 1.500 en España, y se consolida como el segundo operador del mercado nacional, tan solo por detrás de Repsol, el líder destacado, que suma más de 3.300 puntos de venta.

La compañía mantendrá la marca Ballenoil, así como su modelo de negocio y actual estructura, para consolidar su posición en el segmento low cost y “ofrecer al mercado una gama de combustibles con precios económicos que faciliten la movilidad en un contexto de alta volatilidad en el precio de la energía, mayor inflación y fuerte crecimiento en la demanda del modelo low cost”.

La transacción es la mayor en este sector desde 2007, cuando la portuguesa Galp compró 300 gasolineras de la italiana ENI que operaban con la marca Agip. Llega en pleno auge del modelo de gasolineras de bajo coste y después de un 2022 histórico para Cepsa, que el pasado ejercicio, al calor de la subida del petróleo y el gas por la guerra en Ucrania, batió su récord de beneficios, lo que le ha permitido repartir 1.400 millones en dividendos a sus accionistas tras desprenderse este año de la mitad de su negocio de Exploración y Producción.

En los últimos años, Cepsa había ido incrementado su red de estaciones de servicio con pequeñas adquisiciones, como las de IS-XXI o los grupos Villanueva, Mateo y Paz, consolidando su presencia en áreas puntuales. Pero nunca en una operación del tamaño de Ballenoil. Hace dos años también estudió la entrada de un socio financiero con una participación minoritaria para su negocio de estaciones de servicio. Finalmente lo descartó.

Plan de crecimiento

El acuerdo con Ballenoil recoge que esta enseña desarrollará un plan de crecimiento para alcanzar las 500 estaciones en 2027. La compañía dirigida por Maarten Wetselaar se fija como objetivo convertir a Ballenoil en “referente en materia de sostenibilidad en el segmento 'low cost', para lo que reforzará progresivamente la oferta de puntos de recarga eléctrica e incorporará la venta de biocombustibles”.

Ballenoil fue fundada en 2010 por David Querejeta -dueño de la empresa de autolavado de coches Ballena Azul- y Juan Sanz y cuenta con unos 350 empleados. Es el mayor exponente del boom de las gasolineras de bajo coste, que han pasado de 3.886 establecimientos en 2012 a las 5.941 a finales de 2022, con un aumento de casi un 53% en una década.

Ballenoil está actualmente presente en todo el territorio peninsular español, y especialmente en Cataluya, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia y País Vasco. Tiene un modelo basado en el servicio 24 horas, presencia del personal de las estaciones en horario comercial y servicio de autolavado.

Cepsa recuerda que tiene construidos más de 130 puntos de recarga ultrarrápida en sus estaciones de servicio, avanza en el desarrollo de otros 330 y su objetivo en 2030 es contar con este tipo de cargadores en más de 1000 en su red de estaciones. Estos cargadores de al menos 150kW permiten realizar la recarga en aproximadamente 10 minutos (para cargar aproximadamente el 80% de la batería), dependiendo del modelo de vehículo.

En el ámbito de la movilidad sostenible, Cepsa está transformando su red de estaciones de servicio en espacios digitalizados que ofrecen una amplia variedad de servicios de ultraconveniencia y restauración, así como soluciones multienergía para el repostaje en carretera y, al mismo tiempo, alternativas para el transporte pesado terrestre, marítimo y aéreo, a través del desarrollo de moléculas verdes, fundamentalmente biocombustibles de segunda generación e hidrógeno verde.

Cepsa, la segunda petrolera española, ha disparado este año los dividendos para sus principales accionistas, el emirato de Abu Dhabi (61,36%) y el fondo estadounidense Carlyle (38,41%), tras lograr en 2022 los mayores beneficios de su historia y vender hace unos meses cerca de la mitad de su negocio de Exploración y Producción.

Los resultados de Cepsa se han moderado mucho este ejercicio, por la depreciación del crudo y el gas, con pérdidas contables en la primera mitad del año. Pero el arranque de 2023 ha sido extraordinariamente lucrativo para los dueños de la energética.

Solo en marzo y abril los accionistas de Cepsa se han embolsado sendos dividendos por importe de cerca de 880 millones de euros, según cálculos a partir de las cuentas de la sociedad luxemburguesa con la que Carlyle vehicula su participación en la compañía. Fuentes cercanas a la compañía rebajan esa cifra a los 850 millones, que, aseguran, será el total de dividendos a abonar en este ejercicio.

Con ello, los dividendos distribuidos por la petrolera a sus accionistas se elevan ya a más de 1.400 millones desde julio de 2022, tras la explosión de los precios de los hidrocarburos por la guerra en Ucrania.

El pasado ejercicio la compañía abonó a sus accionistas cerca de 583 millones en dividendos, un 11% más, en sendos pagos aprobados el 15 de diciembre (332,5 millones, a razón de 0,62 euros por acción) y en julio (250,3 millones), tal y como explica en sus últimas cuentas.

A esos pagos se suman otros dos dividendos abonados en marzo y abril y este año, según consta en las cuentas de Matador Bidco, la sociedad que Carlyle tiene en Luxemburgo para vehicular su 38% en Cepsa. En sus cuentas, formuladas el 28 de abril, explica que en marzo, su única participada en España (es Cepsa, aunque el documento no la nombra) le distribuyó un primer dividendo a cuenta por importe de 222,17 millones, “libre de retenciones fiscales”. 

A ese primer pago en marzo le siguió un segundo en abril, de carácter extraordinario, por el que Carlyle cobró otros 104,5 millones, lo que equivale a un pago total de 272 millones para el conjunto de accionistas. Este segundo pago, según fuentes del mercado, se explica por la venta, el pasado 15 de marzo, del negocio de Exploración y Producción de Cepsa en Emiratos Árabes a la francesa TotalEnergies. Esta operación, cuyo importe no se desveló, supuso la venta del 50% del negocio de Upstream de Cepsa.

Este año se ha adelantado el cobro de los dividendos de Cepsa, que en los últimos años se había venido produciendo en los meses de julio y diciembre. Fuentes cercanas a la petrolera descartan que vayan a abonarse más pagos a los accionistas de aquí a fin de año, tras los 850 millones repartidos este año y los 583 millones de 2022.

Las mismas fuentes destacan que la media de dividendos repartidos en los últimos 5 años es de 500 millones. En el peor año, 2020, el año uno del coronavirus, esos dividendos se quedaron en 196 millones, un 60% menos. En ese ejercicio, en el que el petróleo llegó a cotizar en negativo durante la gran reclusión, la compañía perdió 919 millones.

El vehículo del fondo estadounidense explica en sus cuentas que, tras recibir ese dinero, ha decidido repartir este año otros 200 millones de dólares en dividendos a su único accionista, otra instrumental de Carlyle en el Gran Ducado. Esta, a su vez, conduce a una cadena de sociedades cuyo final, como suele ocurrir en el capital riesgo, acaba en el paraíso fiscal de Islas Caimán. 

“Exceso de flujo de caja”

Matador explica en sus cuentas que se ha encontrado este año con “un exceso de flujo de caja” que se ha traducido en la amortización anticipada de 76,34 millones de dólares de un préstamo que esa instrumental contrajo con varias entidades en 2019, cuando Carlyle compró a Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi, su paquete en Cepsa por 4.000 millones. 

Esta lluvia de dividendos de 2023 llega después de que en 2022 la petrolera, que no cotiza en Bolsa y no anuncia su política de retribución al accionista, pulverizase su récord de ganancias, con 1.100 millones, un 66% más, como consecuencia de la subida exponencial de los precios del petróleo y el gas por la guerra en Ucrania. 

Por su parte, los miembros del personal directivo de Cepsa duplicaron su retribución. Recibieron 14,197 millones entre fijo y variable, frente a los 7,634 millones de 2021, aunque las magnitudes no son comparables.

Cepsa dice en sus cuentas que “el incremento en la retribución del ejercicio 2022 se debe, fundamentalmente, al mayor número de personas que, en media, formaron parte de este colectivo”, por cambios en su composición que la empresa no precisa, “así como al incremento de retribución variable, vinculada a los resultados del Grupo”, que afirma, en 2021 todavía se vieron afectados por el COVID.

La compañía, como contó El Confidencial, reservó el año pasado casi 100 millones para un plan de incentivos aprobado en 2021. Cepsa no precisa el alcance, duración ni cuantía de ese bonus.

Los casi 900 millones que han cobrado solo en la primera mitad de este año los accionistas de Cepsa no tienen precedentes, con excepción de 2019, cuando Mubadala se embolsó dividendos récord de la petrolera, que ese año repartió cerca de 1.100 millones. La mitad correspondió a un pago en especie de 550 millones en octubre de 2019, justo antes de dar entrada a Carlyle, por la venta del 42% del gasoducto Medgaz a Naturgy.

Este lunes, fuentes cercanas a la compañía matizaban que este año no va a haber más reparto de dividendos. En 2023 los beneficios de Cepsa han caído con fuerza por los menores precios del crudo y el gas y por el impacto que, asegura, ha tenido el impuesto extraordinario a las energéticas.

Un tributo “mal diseñado”, según la compañía, que lo ha recurrido en los tribunales. En fuentes del sector aseguran que ese tributo le supone a Cepsa un 25% del beneficio, frente al 15% de Repsol y el 1% de Acciona.

Pérdidas hasta junio

Hasta junio, la empresa registró un beneficio neto ajustado (que mide específicamente el desempeño de los negocios) de 145 millones, un 69% menos con respecto a los 463 millones de 2022, y unas pérdidas netas de 393 millones, que atribuyó “principalmente a los cambios en las valoraciones de inventarios y el impacto del impuesto extraordinario sobre las compañías energéticas”. 

La multinacional, que este año ha aumentado sus inversiones en tecnologías limpias un 30% y ha hecho una potente apuesta por el hidrógeno verde, con inversiones de 8.000 millones hasta 2030, ha anunciado este lunes la compra de la cadena Ballenoil, líder español de las gasolineras low cost. La compañía presentará sus resultados del tercer trimestre el próximo 16 de noviembre.

Cepsa ha mantenido hasta ahora un perfil bajo tras el acuerdo de PSOE y Sumar para mantener y readaptar el impuesto extraordinario al sector, a diferencia de Repsol, que ha amenazado con llevarse inversiones fuera de España tras ganar 2.785 millones hasta septiembre.

La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), a la que pertenecen Cepsa y Repsol, aseguró hace unos días que la prórroga de ese gravamen “pone en riesgo 16.500 millones de inversiones para la transición energética”.

Según AOP, ese tributo “condiciona la capacidad de generar nuevas inversiones, ralentizando las estrategias de descarbonización de un sector clave” y “penalizaría la competitividad de la industria española, frente a operadores extranjeros e industrias importadoras”.

La patronal asegura que mantener ese gravamen tendría un “impacto negativo” en el empleo, en el desarrollo de nuevas inversiones, así como en la autonomía y garantía de abastecimiento energético de España.

Algunos de los fondos soberanos más importantes del mundo se congregan en Madrid desde el domingo a puerta cerrada. Concretamente, en el Eurostars Madrid Torre, uno de los gigantes del final de la Castellana. Allí, Cofides, una sociedad público-privada adscrita a la secretaria de Estado de Comercio (del Ministerio de Industria), es la anfitriona de la cumbre anual del IFSWF (el Foro internacional de fondos estatales, por sus siglas en inglés), que termina este miércoles, con una visita turística a Toledo y que este lunes incluyó una visita al estadio de fútbol Santiago Bernabéu.

Los gestores del dinero de Abu Dabi, Singapur, Kuwait o Catar y de otros fondos soberanos, la mayoría de dictaduras enriquecidas por la venta de petróleo y de otras materias primas, están discutiendo sus decisiones de inversión en la torre de la Castellana, con la transición energética y digital como las principales inclinaciones para los 5 billones de euros que controlan en total (casi 4 veces toda la economía de España).

En el IFSWF no están incorporados tres de los fondos estatales más grandes: ni el de Noruega, presente en media docena de empresas del Ibex; ni el de Arabia Saudí, que recientemente entró en el capital de Telefónica con la compra de un 9,9% (el límite para evitar un veto legal del Gobierno); ni el de Argelia, que posee un 4% de Naturgy y el 51% del gaseoducto Medgaz.

En la jornada de este lunes de la cumbre, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, participó en una mesa dedicada a “encontrar y crear oportunidades en la transición energética”, junto a un representante de Mubadala, uno de los fondos de inversión de Emiratos Árabes Unidos (que ya es el principal accionista de la petrolera Cepsa), a otro del fondo de jubilación de Nueva Zelanda, o dos analistas de las gestoras privadas Jefferies y Neuberger Berman, y al responsable de relaciones con inversores de Iberdrola, Ignacio Cuenca, cuyo principal accionista es el Qatar Investment Authority, con casi un 9% del capital.

El despliegue de las energías renovables es uno de los principales atractivos de España para los fondos de inversión. Una predilección que, según ha podido saber elDiario.es, quedará reflejado en el Informe de fondos soberanos 2023 que el ICEX (el organismo público España exportación e inversiones) presentará este mismo jueves, 28 de septiembre.

“Efectivamente, la inversión en energía renovable es uno de los capítulos del estudio”, dice Javier Capapé, director del programa de investigación en fondos soberanos de IE University, que participa en la elaboración del informe, que recopilará los datos de las inversiones en 2022. “Lo mejor que pueden hacer los inversores es invertir en un modelo energético limpio y eficiente”, resaltó la propia Ribera según las declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Las cifras de 2021 apuntaron a que “España captó 2.800 millones a través de inversiones [de fondos soberanos] en 12 empresas”, una cifra solo superada en 2011 y en 2019, cuando la emiratí Mubadala se hizo con el control de Cepsa. El desembolso este 2023 de Arabia Saudí para comprar las acciones de Telefónica es de 1.200 millones de euros (aquí se recogen con detalle las inversiones de los petroestados en España).

“Hay unos cuantos fondos soberanos que quieren invertir en España. Y algunos ya lo han hecho”, admiten fuentes del Ministerio de Transición Energética. “La inversión en energías limpias ha aumentado de forma constante durante la última década, superando a los combustibles fósiles por primera vez en 2019”, apunta el documento que recoge las líneas maestras de la cumbre. El sector de la salud es otro de los que más interesan a los fondos estatales, junto a un clásico, el inmobiliario, “pese a las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales”, añade.

Calviño sustituye a Sánchez y defiende el despliegue del Plan de Recuperación

Ribera no fue la única alta representante del Gobierno de coalición en funciones que acudió este lunes a la cumbre de los fondos soberanos. Inicialmente, estaba previsto que interviniera el presidente Pedro Sánchez, que declinó la invitación para preparar el debate de investidura del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de este martes. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sustituyó a Sánchez y basó su discurso “en la fortaleza de la economía española y en el impulso para la inversión que suponen los fondos europeos del Plan de Recuperación”, según fuentes presentes en la cumbre, de la que apenas ha transcendido más información.

Justo antes de participar en la cumbre de los fondos soberanos, Calviño defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “el 80% de los fondos que hemos recibido (30.000 millones de 37.000) ya han sido adjudicados en convocatorias y licitaciones”.

Además, en su discurso, la vicepresidenta económica destacó que “la política económica que hemos venido desarrollando desde 2018 ha reforzado la confianza de los inversores internacionales. Una política fundamentada en los principios de responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales mirando al futuro”. También incidió en “la competitividad de las empresas españolas, en parte por el progreso en la transición verde y digital y la reducción de los costes energéticos”.

El documento que sirve de presentación de la cumbre explica que “los fondos soberanos se enfrentan a los retos de un entorno de inversión complejo. La forma en que evolucionarán los bloques económicos, las sanciones internacionales y los controles de las exportaciones reviste una importancia capital para los inversores a largo plazo”.

“Muchos gobiernos, no sólo las economías tradicionalmente dirigidas por el Estados, como China, siguen hoy un planeamiento de política industrial. Financian grandes proyectos. Este enfoque puede ser un arma de doble filo para los fondos soberanos. Este impulso industrial necesita capital privado y paciente a largo plazo, lo que ofrece nuevas oportunidades de inversión. Sin embargo, las consideraciones de seguridad están llevando a más gobiernos de todo el mundo a endurecer los criterios de controlo de las fusiones y de revisión de las inversiones extranjeras”, aborda el documento.

Cepsa, segunda petrolera española, ha anunciado este viernes un beneficio neto de 1.100 millones de euros en 2022, el mayor de su historia y un 66% superior al de 2021. 

En el año en el que los precios del petróleo y el gas se dispararon como consecuencia de la guerra en Ucrania, los beneficios de las empresas de este sector han roto todos los techos. Cepsa no ha sido la excepción, con un incremento de sus ganancias en el ejercicio similar al de su principal competidora, Repsol, que las aumentó un 70%, tras lograr los mayores márgenes de su historia.

En el caso de Cepsa, nunca hasta ahora había superado la cota de los 1.000 millones de beneficios. Y con estos resultados, las ganancias conjuntas de las cinco grandes energéticas españolas (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy) se han situado en la cifra récord de 13.880 millones, un 43% más que en 2021.

En el caso de Iberdrola, Endesa y Naturgy, el aumento de esos beneficios fue sensiblemente inferior al de las petroleras: del 30,5%, hasta más de 8.529 millones. Todas estas empresas, salvo Naturgy, han anunciado ya que van a recurrir el nuevo impuesto al sector. Sin embargo, Cepsa todavía no ha presentado ese recurso. Según fuentes del grupo, “se está valorando, pero no hay una decisión tomada”.

La petrolera, propiedad del vehículo de inversión del emirato de Abu Dabi, Mubadala Investment (63%), y del fondo estadounidense Carlyle (37%), disparó el pasado ejercicio su beneficio bruto operativo (ebitda) un 62%, hasta 2.939 millones, “como consecuencia de la mejora de las condiciones de mercado”, mayores precios del crudo, márgenes de refino más elevados “y las iniciativas de optimización desarrolladas por la compañía, que siguieron contribuyendo a mejorar los resultados en todos los negocios y áreas funcionales”, según explica en una nota de prensa. 

El margen de refino, la magnitud clave para medir el pulso de los negocios del grupo, prácticamente se multiplicó por tres en 2022, hasta 9,6 dólares por barril, frente a los 3,7 dólares de 2021. En el último trimestre, se recuperó al alcanzar 8,7 $/barril, un 10% más respecto a los 7,9 dólares del tercer trimestre de 2022, pero lejos del récord de 19,1 $/barril del segundo trimestre, tras la invasión rusa de Ucrania.

El beneficio neto ajustado del grupo (CCS), que mide el desempeño de los negocios, se duplicó con creces el pasado ejercicio al alcanzar 790 millones, frente a los 310 millones de 2021, “gracias a la recuperación de la demanda y restricciones de oferta en el mercado, lo que se tradujo en una subida de los precios del crudo y el gas natural”.

El grupo, que en noviembre ya anunció que recurrirá en los tribunales el nuevo impuesto del Gobierno al sector para drenar sus beneficios extraordinarios, cifra el impacto de ese gravamen temporal en 325 millones para el ejercicio 2023. Y destaca que en 2022 su contribución fiscal “alcanzó los 6.654 millones de euros, récord histórico en la historia de la compañía”. El 71%, afirma, fueron impuestos pagados en España.

Cepsa ha anunciado que duplicará sus inversiones en los próximos tres años, hasta los 3.600 millones, de los que la mitad irá a negocios “sostenibles” para acelerar su giro verde. Esto supone casi el doble que en los últimos tres años. El pasado ejercicio, la inversión de la compañía se incrementó un 57%, hasta 743 millones.

Cepsa cifra en 130 millones los descuentos especiales en carburantes que puso en marcha tras la invasión de Ucrania “para apoyar a sus clientes” ante la elevada inflación y que investiga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con una deuda neta de 2.756 millones, prácticamente igual que en 2021, la abundante caja obtenida el pasado ejercicio le ha permitido reducir su apalancamiento financiero. Este ha pasado de representar 1,64 veces la deuda neta sobre Ebitda a situarse ligeramente por debajo de 1 al cierre de 2022. Con una posición de liquidez de 4.000 millones, Cepsa tiene cubiertos sus vencimientos de deuda hasta 2027.

La petrolera Cepsa, que cuenta con más de 1.700 estaciones de servicio en toda la península, ha sido condenada en primera instancia en Catalunya por gestionar decenas de sus gasolineras mediante centenares de falsos autónomos. Tres magistrados de los juzgados sociales de Barcelona, Girona y Lleida han avalado la tesis de la Inspección de Trabajo, que impuso en 2020 una multa de 4,8 millones a la empresa por emplear este modelo de gestión en sus surtidores. En Tarragona, sin embargo, el magistrado ha desestimado la demanda que impulsó la Seguridad Social. 

Las tres sentencias condenatorias consideran que Cedipsa, la filial de Cepsa para la distribución de carburantes, operó decenas de gasolineras mediante un sistema de falsos autónomos, figuras que la firma denominaba “empresarios” y que supuestamente debían gestionar por su cuenta la estación de servicio. Pero en la práctica, aducen, no tenían autonomía real: Cedipsa ponía las instalaciones, los combustibles, los productos de la tienda, la ropa, los datáfonos… En cuanto a la recaudación, el mal llamado empresario debía entregársela íntegramente a la empresa, que les devolvía luego una cantidad fija más una variable. 

Cedipsa alegó durante la causa que cuestiones como los horarios de apertura –que eran de las 6 a las 00 horas– o los precios de los productos a la venta sí quedaban en manos de los responsables de la estación. Y lo cierto es que tenían cierto margen para modificarlo, constatan las sentencias. Pero en cualquier caso debía validarlo la empresa.

“Que [el trabajador] pueda eventualmente tener incidencia en ciertos precios de la tienda, o pueda, previa confirmación de Cedipsa, hacer alguna oferta, es algo irrelevante” para probar si eran o no trabajadores por cuenta propia, apunta el magistrado titular del Juzgado de lo Social Número 25 de Barcelona. “Dicha potestad se revela como una cortina de humo y constitutiva de un velo para perpetrar el fraude”, remacha.

En Barcelona, los afectados que aparecen en la demanda son 198, entre los que están los considerados como falsos autónomos y los que estos se veían obligados a contratar para mantener abierta la gasolinera. En Girona son 84. En Lleida, 82. Y en Tarragona, 40. 

El caso se remonta a una investigación de la Inspección de Trabajo que concluyó en 2020, y que multó a Cedipsa con 4,8 millones de euros al considerar que funcionaba con más de 400 falsos autónomos en ese modelo que ellos llaman también ‘cofo’ (en inglés Company Owned, Dealer Operated o “propiedad de la empresa, operado por el distribuidor” en castellano). El resultado de inspección, que partía de una denuncia del sindicato CGT, llevó a que la Tesorería General de la Seguridad Social presentara una demanda de oficio en los juzgados. Estas son las que se han resuelto ahora y contra las que cabe recurso. 

Los abogados de CGT, que se personaron en la causa como codemandantes, aseguran que recurrirán la sentencia de Tarragona, que desestimó la denuncia del sindicato al considerar, en su caso, que la relación entre las partes sí fue mercantil y no laboral. Por otro lado, ElDiario.es ha tratado de recabar también la versión de Cedpisa, que ha respondido que no hará valoraciones mientras la sentencia no sea firme. 

La abogada de la CGT, Neus Vitó, asegura que este modelo de gestión de gasolineras lo planteó Cedipsa sobre el papel como algo voluntario, pero que en realidad se empujó a muchos de los trabajadores a aceptarlo. Además, inicialmente podía parecer favorable al empleado, puesto que la retribución mensual fija que pactó en muchos casos la empresa fue a partir de 2.400 euros mensuales. El problema resultó ser que, con los extensos horarios de apertura, la mayoría de falsos autónomos se veían obligados a contratar a varios trabajadores. 

Según el juez de Barcelona, lo de llamarles empresarios era una “ficción”, puesto que estaban obligados a generar beneficios para Cepsa y a trabajar “los 365 días del año”. “Y desde luego y a la postre, más de la cuenta, pues en muchos casos las contrataciones no les salían a cuenta”, apunta.

El manejo de la recaudación, constata el juez, es otro ejemplo de la falta de autonomía del responsable de la estación de servicio. “Todo el dinero”, apunta, “estaba en todo momento bajo el señorío y posesión de Cedipsa, que pasaba a través de un servicio de Prosegur” a recogerlo de un “lugar” del que el falso autónomo ni siquiera tenía llave. El TPV (el datáfono) estaba también bajo control de Cedipsa. 

En Lleida, el magistrado del juzgado de lo Social Número 2 considera también probada la relación laboral, igual que el de Girona, y desgrana en la sentencia los contratos suscritos entre las dos partes. En ellos constaba que el “empresario” debía entregar la recaudación diariamente a la filial petrolera. O que el “empresario” debía estar dado de alta y registrado en la app CONTROLAR para la “gestión documental de su actividad”, con un usuario y contraseña facilitados por Cedipsa. La empresa, concluye la sentencia más adelante, “somete al ‘empresario’ a unas extensas obligaciones que crean una verdadera dependencia orgánica”. 

Las razones del juez de Tarragona

A diferencia de los otros tres magistrados, el titular del Juzgado de lo Social Número 2 de Tarragona llega a la conclusión en su sentencia de que no existe una relación laboral entre Cedipsa y los responsables de gestionar esas gasolineras. Argumenta el juez que la formalización de esos contratos fue “voluntaria” y que se trataba de un modelo de “explotación de servicios” en el que sí se puede afirmar que fuesen “empresarios reales”, puesto que podían contratar a personal.

También considera acreditada la sentencia que los llamados “empresarios” podían hacer modificaciones en el horario de apertura de la gasolinera y que podían actuar sobre el precio de venta del combustible y de los productos de la tienda. Y en cuanto a las retribuciones, tampoco aprecia “ajenidad”. El hecho de que percibiesen una contraprestación fija y otra variable –en base a las ventas de combustible y de la tienda– conducen a la conclusión, según el juez, de que no se trata de una “remuneración salarial”.