El historiador A. Brad Schwartz lleva más de una década dedicado a investigar el pasado de CBS. No podía imaginar lo relevante que sería para el presente cuando en 2012 se enganchó a la historia de la cadena rebuscando en la Universidad de Michigan documentos personales de Orson Welles que incluían las cartas de oyentes de la transmisión de La guerra de los mundos en la radio de CBS. Su investigación se convirtió en el libro Broadcast Hysteria, sobre las “noticias falsas” y el ambiente susceptible a creerlas, y se publicó en 2015, unas semanas antes de que Donald Trump anunciara su candidatura a las primarias republicanas para la Casa Blanca.

Tirando de los archivos de CBS, el historiador se empezó a apasionar después por Edward R. Murrow, el presentador de la cadena que creó el modelo de periodismo televisivo imitado en todo el mundo y célebre por su denuncia en 1954 de la persecución del senador Joseph McCarthy contra actores, periodistas, profesores y funcionarios. Schwartz tampoco esperaba que el macartismo y Murrow volvieran a ser tan actuales. 

Murrow es un símbolo del desafío al poder, en parte gracias a la película y a la obra de teatro de George Clooney, pero sobre todo por lo que está pasando ahora en la prensa en Estados Unidos y, en particular, en CBS.

El despido de Scott Pelley, uno de los presentadores más célebres del mítico programa 60 Minutes después de denunciar presiones políticas inéditas, la marcha de varios periodistas de primera línea y la cancelación del programa de Stephen Colbert son los momentos más visibles. La cadena es propiedad de Paramount, que recibió autorización del Gobierno para fusionarse con Skydance y es ahora parte del imperio de Larry Ellison y su hijo David, multimillonarios y fieles apoyos de Trump. En una decisión controvertida, la propietaria de CBS aceptó pagar 16 millones de dólares (casi 14 millones de euros) al presidente por una queja sobre la entrevista de 60 Minutes a Kamala Harris.

La biografía de Schwartz sobre Edward R. Murrow, todavía a medio escribir, puede convertirse en un obituario de CBS.

Esta es parte de nuestra conversación, editada por extensión y claridad.

¿Por qué importa Edward R. Murrow, más allá del macartismo?

Murrow es alguien muy comprometido con los principios democráticos liberales, muy involucrado después de la Segunda Guerra Mundial en la construcción de lo que ahora llamamos el orden basado en reglas. Él dice que hay que reafirmar constantemente nuestro compromiso con la democracia para evitar la situación que creó las guerras mundiales. Rechaza el macartismo porque lo ve como un impulso autoritario que había visto en Europa antes de la guerra. Por eso, se siente obligado a hablar cuando lo hace. El mito de que fue valiente como para levantarse y exigir responsabilidades al poder no capta la esencia del asunto. Lo que está haciendo en ese momento es lo mismo que ha hecho a lo largo de su carrera: defender los valores democráticos como la única manera de que todos podamos disfrutar de un mundo pacífico y próspero. Creía firmemente en ello y utilizó su posición para intentar que se hiciera realidad.

¿El mito de Murrow para la prensa ha hecho que haya ahora más atención a lo que está pasando en CBS?

Sin duda. Murrow, en los años 30 y 40, era la estrella de CBS News y estableció más que nadie el periodismo televisivo tal como lo entendemos en Estados Unidos. George Clooney con su película y su obra de teatro ha mantenido vivo en el imaginario colectivo su estatus legendario con respecto al macartismo. Pero se olvida que, gracias a la cobertura de Murrow de la Segunda Guerra Mundial, CBS se consolidó como líder en el periodismo. Al principio, CBS estaba muy por detrás de NBC, no era el referente de excelencia en el que se convirtió. El país vivió la Segunda Guerra Mundial a través de las voces de Murrow y el equipo que contrató y eso incorporó a la conciencia colectiva el ideal de lo que debería ser un periodista de televisión. 

Cada vez que veo las noticias en la televisión, ya sea en CBS, NBC, ABC o cualquier canal de cable, los presentadores imitan a Edward R. Murrow hasta cierto punto. Usan el mismo tipo de presentación, narración y cadencia. Eso se ha arraigado profundamente en nuestra cultura y ha establecido la idea del presentador de noticias, que tiene un peso cultural en Estados Unidos que creo no tiene en el Reino Unido o en otros lugares. En este país, la presentación de noticias está entrelazada con la personalidad. Y Murrow jugó un papel esencial en eso. Es el ícono, y por eso los grandes premios del periodismo de noticias televisivas llevan su nombre.

¿Y ahora?

La gente ve lo que está pasando en CBS ahora, como el despido de Scott Pelley, quien ha representado la continuidad con el legado de Murrow más que nadie. Ver a alguien como él empujado a irse de esta manera tiene repercusión popular. Cuando empecé a trabajar en este proyecto tenía que explicar quién era Edward R Murrow. La gente ahora lo sabe. Lo que está pasando está trayendo su nombre de vuelta a la conversación.

Pensando en una audiencia no estadounidense, ¿qué es y qué representa 60 Minutes? 

Don Hewitt, el productor que lo creó, empezó como director de televisión en CBS y trabajó con Murrow en See It Now, el programa de noticias más serias donde desafió a Joseph McCarthy. También en la década de 1950, su otro programa de televisión, y, en realidad, el más popular, era Person to Person, que consistía en conversaciones con famosos, generalmente en sus casas, y eso fue una innovación en ese momento. A la gente le encantaba entrar en la casa de Marilyn Monroe. 

La idea de Don Hewitt para 60 Minutes fue unir lo que llamaba “el Murrow finolis” y “el Murrow populachero”, es decir, combinar See It Now y Person to Person en un solo programa. Ese es el formato de 60 Minutes, que consiste en documentales cortos y equilibra las noticias más serias de See It Now con el contenido más centrado en los famosos, el tipo de entrevista de Person to Person. Y eso ha sido enormemente exitoso. Ha sido el programa de noticias con mayor audiencia en Estados Unidos durante muchas décadas, el programa que demostró que las noticias podían ser rentables.

La forma en que Don Hewitt combinó estos dos aspectos de la personalidad televisiva de Murrow muestra lo poderosas que pueden ser las noticias.

Los corresponsales como Scott Pelley desarrollan una relación con la audiencia. El atractivo del programa son las “aventuras” de los corresponsales. Ellos son los protagonistas del programa. La idea de que vas a experimentar las noticias a través de estas personas atrae a la audiencia. 

'60 Minutes' ha sido el programa de noticias con mayor audiencia en Estados Unidos durante durante muchas décadas, el programa que probó que las noticias podían ser rentables

¿Por qué sigue siendo importante el programa ahora que las cadenas no tienen el poder que tenían antes?

Incluso a medida que la audiencia de la televisión ha disminuido, el formato se ha exportado a diferentes países porque funciona muy bien. Es una forma de dirigirse más directamente al público porque la gente ha desarrollado a lo largo de los años una identificación con los corresponsales.

Aunque no veamos el programa en televisión, los segmentos se transmiten por YouTube y se difunden en las redes sociales. El reportaje parado en diciembre sobre las deportaciones de venezolanos a la cárcel de El Salvador se filtró inmediatamente online. Eso puso el foco en 60 Minutes.

El uso de la personalidad del corresponsal ha tenido éxito durante décadas. Despedir a Scott Pelley es un error igual que despedir a Cecilia Vega y Sharyn Alfonsi: viola la relación con la audiencia, erosiona la confianza, que es lo esencial que tiene la división de noticias. Si la gente ya no tiene esa relación de confianza con el programa, no lo va a ver. No creo que actualizar el formato para TikTok o lo que sea que quieran hacer vaya a cambiar eso.

¿Cómo de inusual es lo que está haciendo Bari Weiss, la nueva jefa de CBS News, frente a la presión política del pasado?

Es extraordinario que se pueda establecer una conexión tan directa con la influencia de la Casa Blanca. Hay una larga historia de presidentes frustrados con la prensa estadounidense incluso por intentar influir en ella, pero nada tan directo ni tan abierto. Las medidas que ha tomado CBS, la cancelación de Stephen Colbert y más… Están haciendo lo que el presidente quiere que hagan. Y eso es bastante extraordinario. 

Aunque el efecto sea político, la motivación sigue siendo económica porque los medios en Estados Unidos son y han sido corporaciones impulsadas por el lucro.

Durante gran parte del siglo XX, hubo incentivos que impulsaron una competencia que llevó a la cobertura de noticias que benefició al público. Pero no es la razón por la que existen estos medios. Existen para obtener beneficios y aumentar el retorno para los accionistas. Los incentivos en este momento, dada la situación política en este país, están empujando a CBS de la manera más extrema, pero no es un caso único. 

CBS está haciendo lo que el presidente quiere que haga. Y eso es bastante extraordinario

 ¿Cuán diferente es esto de otras épocas?

El conflicto entre el interés corporativo y el interés público ha sido parte de nuestro sistema de radiodifusión durante 100 años. Murrow habló de ello en su famoso discurso en 1958 dirigido a los ejecutivos de radio y televisión. Argumentó que el libre mercado que había hecho a estas empresas muy ricas y poderosas dependía de las noticias y la información. Y, por lo tanto, no solo tenían una responsabilidad, sino que informar al público les beneficiaba. En este momento, CBS y otros medios están incumpliendo esa responsabilidad porque parecen estar obedeciendo a diferentes incentivos. 

¿Está CBS “matando” 60 Minutes, como denuncian sus periodistas?

No conozco los debates internos, pero es una de las marcas más valiosas en la cultura estadounidense. Así que matarla sería profundamente estúpido. Tal vez estén tratando de transformarla en otra cosa. No sé cuál es la idea de Paramount, que controla CBS y está muy interesada en fusionarse con Warner Bros. Está haciendo movimientos que cree van en su interés comercial. Transformar CBS en un medio que cause menos problemas a su matriz corporativa podría ser la razón: convertir 60 Minutes en algo menos enfocado en el mercado de la televisión, que genere contenido de formato corto con corresponsales menos incisivos que Scott Pelley, Sharyn Alfonsi y Cecilia Vega. 

La empresa está destruyendo la reserva de confianza que CBS ha construido desde la Segunda Guerra Mundial. No van a reconstruirla muy fácilmente ni muy rápido, si es que lo hacen. Se necesitaría algo como el periodismo de Murrow sobre la Segunda Guerra Mundial para siquiera comenzar a revertir esa tendencia.

'60 Minutes' es una de las marcas más valiosas en la cultura estadounidense. Así que matarla sería profundamente estúpido

CBS era uno de los cuatro medios poderosos en el libro clásico de 1979 The Powers That Be del periodista David Halberstam. Ninguno de los cuatro es ahora tan poderoso.

Cuando Halberstam estaba escribiendo ese libro, en la década de los 70, William Paley, que era el jefe de CBS, llevó a los medios estadounidenses a la era de fusiones y conglomerados. CBS empezó a entrar en la producción de espectáculos de Broadway, la propiedad de los Yankees de Nueva York y la fabricación de televisores. La empresa se hacía cada vez más grande. A un cierto punto, esa es la única manera de aumentar el precio de las acciones. Halberstam reconoce que a medida que la empresa crece, la división de noticias se hace cada vez más pequeña. 

Ahora CBS News es una división de CBS, que es solo una propiedad más de Paramount/Skydance, que quiere fusionarse con Warner Bros en lo que sería la compañía de medios más grande en la historia de Estados Unidos.

La división de noticias va a ser una parte minúscula de esa operación y no un verdadero generador de ingresos. Si el interés corporativo está enfocado en esa fusión, asegurarse de que la división de noticias no cause problemas con los reguladores es una buena decisión comercial. La raíz del problema solo ha empeorado. 

Murrow advertía en 1958 sobre ello: el conflicto entre el interés público y los intereses corporativos. En Estados Unidos, hemos confiado partes significativas de nuestro ecosistema de noticias e información a corporaciones que sirven al público cuando les va bien para sus intereses comerciales. Pero ahora estamos viendo que cuando los incentivos cambian, la cobertura ya no cumple con ese mismo estándar.

En Estados Unidos, hemos confiado partes significativas de nuestro ecosistema de noticias e información a corporaciones que sirven al público cuando les va bien para sus intereses comerciales

¿La presión de Trump a la televisión refleja que todavía importa o que, por generación, le importa a él y a sus votantes?

Sin duda, es importante para él. La fijación que tiene este presidente con la televisión, especialmente con los programas nocturnos, no es normal. Una cosa es presionar y otra cosa son las amenazas abiertas y que él se atribuya el mérito de la cancelación de Stephen Colbert. Pero el hecho de que Trump pueda ejercer esa influencia muestra cómo el poder de los medios de comunicación tradicionales establecidos está disminuyendo. 

En los años 70, durante el Watergate, Nixon nunca intentó controlar los medios tan abiertamente como Trump ha indicado que está haciendo. Y CBS podía enfrentarse a la Administración Nixon, podía cubrir el Watergate o antes Vietnam, cuando la Administración Johnson tampoco estaba contenta con eso. Podía hacerlo porque era económicamente más independiente. El equilibrio de poder entre los medios y la Casa Blanca era muy diferente. 

Ahora el presidente está sufriendo un nivel de impopularidad muy alto entre el público en este país. No es tan fuerte políticamente como le gusta pensar. Pero un medio como CBS, al ser una pequeña división de una empresa mucho más grande que quiere crecer aún más, carece de la posición para desafiarlo.

A Trump le importa la televisión. Sus seguidores, que son mayores en promedio, podrían ver más televisión que los grupos demográficos que se oponen a él. Pero está apuntando a los medios más débiles y sujetos a su influencia.

La fijación que tiene este presidente con la televisión, especialmente con los programas nocturnos, no es normal

¿Se puede recuperar CBS después de esto?

No lo sé. El daño es interno. Terminaron con la cadena de radio hace solo un par de semanas. Lo cual, como con Colbert, dicen que es una decisión económica. He escuchado puntos de vista opuestos, puede tener sentido empresarial. Pero hay un efecto moral dentro de la empresa.

CBS es la sombra de lo que era la cadena en tiempos de Murrow. Parece que cierra la puerta a esa historia. La confianza que esa marca representó durante décadas se ha desvanecido por completo. Y podría haber un cambio de liderazgo, pero no creo que se recupere esa confianza de inmediato; va a ser muy difícil. Igual que la audiencia que han perdido.

Me parece mucho más probable que algunas de las personas que han sido expulsadas de la cadena, como los corresponsales de 60 Minutes, aparezcan en otro lugar. Veremos nuevos medios, o la transformación de medios de segundo nivel en líderes. El daño infligido a CBS, la que era una de las marcas más valiosas de los medios estadounidenses, no tiene precedentes en este país. No tengo conocimiento de otro tipo de declive como este en una empresa de medios, al menos en un período de tiempo tan corto.

El daño infligido a CBS, la que era una de las marcas más valiosas de los medios estadounidenses, no tiene precedentes en este país

¿Es algo único incluso en el contexto actual de Estados Unidos?

La historia y el alcance de CBS, y de su división de noticias en particular, son esenciales en la cultura estadounidense. Ver esa caída tan pronunciada, especialmente en el último año, es algo inédito. Pero no es más que la manifestación más extrema de la incertidumbre general.

El New York Times es capaz de mantenerse. Pero muchas de estas empresas están sufriendo descensos en la audiencia. La pregunta de cómo van a mantener los beneficios en una era cada vez más dominada por la IA. Todos los medios están sufriendo la misma enfermedad hasta cierto punto, y tratan de averiguar cómo sobrevivir a este período de notable incertidumbre.

El anuncio de los premios Pulitzer que otorga cada año la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia es parco. La administradora de los galardones se sube a un pequeño podio, en una sala casi vacía junto a la vidriera que estaba en el edificio del antiguo periódico New York World de Joseph Pulitzer y lee con tono anodino la lista de finalistas y premiados. Los aplausos y los abrazos están en redacciones que siguen el mensaje emitido en directo a las tres de la tarde a distancia, a veces a miles de kilómetros. 

Y aun así es emocionante verlo desde lejos porque cada año recuerda la cantidad de gran periodismo que sigue siendo posible. Esta semana ha sido la oportunidad de ver o volver a ver las imágenes del fotógrafo palestino del New York Times Saher Alghorra en su heroico trabajo de documentar la masacre en Gaza, leer la investigación en profundidad de la agencia Reuters sobre el uso por parte de Trump de los recursos públicos para expandir su poder y utilizarlo contra sus percibidos rivales o el reportaje en el Washington Post sobre los efectos de los recortes de Elon Musk por los que la periodista autora fue objeto de un registro del FBI en su casa, o escuchar el podcast de Pablo Torre Finds Out sobre los trapicheos en la NBA para saltarse las reglas sobre límites salariales.

Las grandes redacciones son las más premiadas, pero algunos reconocimientos van a medios locales o más pequeños, como el Texas Monthly, el Dallas Morning News, el Minnesota Star Tribune o ProPublica. La lista, también la de los finalistas, incluye recordatorios de cómo hacer este trabajo para que merezca la pena. Incluida este año la mención especial a Julie Brown, la reportera del Miami Herald que destapó la escala de los abusos de Jeffrey Epstein en 2017 y 2018 y que increíblemente no ganó el Pulitzer entonces.

Algunos son ejemplos de un periodismo que cuesta mucho dinero y muchos riesgos, pero otros muestran cómo utilizar los recursos de la mejor manera posible. 

En el maremágnum en el que vuelven a estar los medios, entre las presiones de la inteligencia artificial que produce contenidos de manera instantánea para el poco fino algoritmo de Google o para los medios enganchados a la producción masiva, cada vez es más difícil que las empresas de comunicación se concentren en historias como las que están en esta lista del Pulitzer. Las que casi siempre requieren tiempo, paciencia, cuidado y, en definitiva, humanidad. 

Decirlo o escribirlo es más fácil que hacerlo para empresas pendientes de las cuentas inmediatas en esta década en la que la palabra incertidumbre se ha quedado corta para definir lo que sucede. En este contexto es natural pensar que el pájaro en mano de la cantidad, las alertas y la demagogia es más prioritario que esos cientos volando que se pueden parecer algo a la lista de los Pulitzer. Y solo hay un país como Estados Unidos: es más difícil de hacer en mercados más pequeños y más pobres como los europeos. 

Pero mientras siga habiendo reporteros aquí o allí seguirá habiendo historias bien contadas en algún rincón de Internet. Ojalá lleguen a ellas humanos interesados. Entretanto, la lista de las mejores siempre es una buena inspiración. 

Amnistía Internacional Extremadura (AIEx) y la Asociación Extremeña de Comunicación Social (Aecos) han organizado para este lunes, 4 de mayo, en Cáceres un acto centrado en la relación entre prensa y antirracismo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora este 3 de mayo.

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Espacio Solidario Anúmbara y pretende abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales del periodismo, especialmente en un contexto marcado por el auge de los discursos de odio, la desinformación y los ataques a profesionales de la información.

Amnistía Internacional ha defendido, a través de un comunicado, que una prensa independiente constituye el fundamento de cualquier sociedad “libre y democrática”. No obstante, advierte de que en numerosos países quienes ejercen el periodismo se enfrentan a diario a amenazas, agresiones, encarcelamientos e incluso a la muerte.

“Desgraciadamente son muchos los periodistas en todo el mundo que se ven gravemente amenazados en su labor de informar. Ser periodista hoy es jugarse la vida en muchos rincones del mundo”, señala la organización.

Como ejemplo de esta situación, AIEx recuerda el caso de la periodista estadounidense Georgia Fort, detenida y acusada de delitos de odio por informar sobre las protestas celebradas en una iglesia de Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos), tras la muerte de Renee Good a manos del ICE, el servicio federal de inmigración estadounidense.

También menciona al periodista Sherwan Sherwani, de la región del Kurdistán iraquí, que, según denuncia Amnistía Internacional, ha sido nuevamente condenado por cargos falsos pocas semanas después de haber cumplido una anterior sentencia considerada injusta.

En el encuentro participarán la politóloga y periodista especializada en migraciones y África Soraya Aybar Laafou, directora de África Mundi, y la periodista de elDiario.es Extremadura, Sandra Moreno Quintanilla.

Aybar Laafou desarrolla desde hace años su labor como periodista freelance desde Casablanca (Marruecos), centrada en migración, derechos humanos, geopolítica y cultura. Colabora con elDiario.es en temas relacionados con el norte de África y África occidental, además de participar en otros medios como Revista Mundo Negro y Planeta Futuro, de El País.

Asimismo, ejerce la docencia en el Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela, en el Grado de Reporterismo Internacional del Instituto de RTVE y la Universidad de Alcalá, y en el Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute.

Por su parte, Sandra Moreno Quintanilla es periodista especializada en comunicación feminista y trabaja actualmente en la redacción de Extremadura de elDiario.es. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado labores en medios de comunicación, instituciones públicas, empresas y colegios profesionales, donde ha ejercido responsabilidades en dirección de comunicación.

Con su programa radiofónico Una de Nosotras, primero en Radio Sansueña y más tarde en Canal Extremadura Radio, logró abrir un espacio propio en las ondas desde el que dar voz a mujeres profesionales de la región. A través de entrevistas, conversaciones y relatos en primera persona, fue tejiendo una red de visibilización que conectó trayectorias diversas y, al mismo tiempo, creó un auténtico banco de referentes femeninos en los distintos sectores productivos de Extremadura.

Además, es formadora de Igualdad en la Cámara de Comercio de Madrid y desempeña la jefatura de prensa y comunicación de MIA, la Red de Mujeres en Inteligencia Artificial, una red internacional que impulsa la presencia y el liderazgo femenino en el ámbito tecnológico y promueve un desarrollo ético e igualitario de la inteligencia artificial.

Cuando Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, trata con colegas sobre los riesgos de los reporteros por el mundo, las conversaciones suelen ser sobre cascos y chalecos antibalas de la talla adecuada, ventanas reforzadas en las redacciones para resistir a ladrillos, piedras y balas; abogados que se atrevan a desafiar las amenazas y terapias psicológicas para exiliados o supervivientes de un ataque. Ginsberg no habla estos días sólo de Gaza, Ucrania o Líbano. También de Estados Unidos, Hong Kong, Turquía, Brasil o Guatemala.

Las amenazas físicas y virtuales se multiplican también en los países donde no hay un conflicto bélico, incluso en las supuestas democracias, mientras las guerras se expanden, y los retos aumentan para ONG como el CPJ (por sus siglas en inglés), independiente (no acepta fondos de ningún gobierno) y con sede en Nueva York, que documenta abusos contra la prensa por todo el mundo desde 1981. Entre los pocos motivos de celebración este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la directora del CPJ señala la resistencia y la labor de periodistas y medios independientes en Hungría en 16 años del Gobierno autoritario de Viktor Orbán. 

Esta es nuestra conversación, editada por extensión y claridad, hace unos días durante el festival de periodismo de Perugia.

¿El caso de Hungría podría ofrecer lecciones en materia de libertad de prensa y el impacto a largo plazo del trabajo de los periodistas pese a las restricciones?

Hungría puede darnos esperanza. Es llamativo que en Hungría, a pesar de la concentración de los medios y de la persecución a los periodistas, los periodistas independientes siguieron —o intentaron seguir— con su trabajo. Y eso nos muestra, junto con el hecho de que la gente seguía interesada en recibir y acceder a esa información, que incluso cuando hay un Gobierno que intenta controlar el relato, es fundamental seguir financiando y apoyando, en la medida de lo posible, a esos periodistas independientes, incluso cuando el Ejecutivo utiliza todo tipo de mecanismos para silenciarlos. Y sí creo que el flujo continuo de información veraz —información que expone la corrupción del Gobierno, los intentos de silenciar a los medios y de reprimir a la sociedad civil— jugó un papel al dejar en evidencia al Gobierno de Orbán y, en última instancia, contribuir a su caída.

Hungría muestra que cuando un Gobierno intenta controlar el relato es fundamental apoyar a los periodistas independientes... El flujo continuo de información veraz jugó un papel en la caída de Orbán

La mayoría de la actividad del CPJ viene de zonas donde no hay un conflicto bélico y donde hay cada vez más riesgos para los periodistas. ¿Cuál es la principal amenaza ahora y cómo ha cambiado en esta década? 

Al inicio de la década, ya estábamos viendo una tendencia de aumento de ataques contra periodistas en zonas sin conflicto, o al menos donde no había un conflicto formal. Evidentemente, en los últimos dos años y medio eso ha cambiado de forma radical debido a Gaza. Ahora, este es el momento más peligroso del mundo para ser periodista: tenemos el mayor número de periodistas asesinados en la historia del CPJ, principalmente por la guerra en Gaza y los ataques de Israel contra periodistas, y también porque estamos viendo un aumento de conflictos en todo el mundo. Vivimos un periodo muy inestable, con más conflictos globales que en ningún momento desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, eso implica más periodistas muertos en contextos de guerra. 

Sin embargo, sigue habiendo una tendencia en la que vemos a periodistas acosados, amenazados legalmente, amenazados físicamente y encarcelados en cada vez más lugares, incluidas supuestas democracias. 

Están los ejemplos de Guatemala, con la persecución de José Rubén Zamora, o de Hong Kong, que operaba bajo un sistema que supuestamente protegía la libertad de prensa y expresión y donde hemos visto la persecución de medios como Apple Daily y de personas como Jimmy Lai. Y eso ocurre cada vez más. 

Lo vemos también en el discurso de líderes como Donald Trump, que llama a los periodistas “enemigos del pueblo”, o de Rodrigo Duterte en Filipinas, que los llamó “prostitutas de la prensa”. Eso tiene un efecto en cómo el público percibe a los periodistas y en su seguridad. 

Así que, por un lado, seguimos viendo periodistas asesinados en conflictos, especialmente en Gaza, y al mismo tiempo vemos cada vez más ataques verbales, acoso online, amenazas legales y encarcelamientos. Eso hace que los periodistas sean más vulnerables que nunca.

¿Su trabajo se ha vuelto más difícil por la falta de implicación de Estados Unidos? En algunas regiones del mundo, ejercía presión en favor de la libertad de prensa.

Se ha vuelto más complicado. Además, como muchas ONG, hemos tenido que pensar cómo la Administración actual podría actuar contra organizaciones sin ánimo de lucro. Al inicio de la Administración Trump había mucho temor de que se intentara atacar a ciertas ONG que trabajaban en ámbitos considerados inaceptables. Y, como sabemos cómo funcionan los regímenes autoritarios, conocemos el patrón: empieza con campañas de desprestigio contra periodistas y medios, luego ataques online, después acoso legal. Así que las organizaciones como la nuestra tienen que prepararse para todo eso. 

Pero el trabajo sigue siendo el mismo: tenemos que denunciar las violaciones de la libertad de prensa tanto en Estados Unidos como en cualquier otro lugar. No nos contenemos. No dejamos de hablar, aunque somos muy conscientes de que puede haber consecuencias.

¿En qué medida ha notado diferencia entre los años de Biden, cuando usted llegó al CPJ, y los de Trump?

Hemos visto muchas más acciones legales, por ejemplo, por parte de la Administración. Uno de los grandes cambios es el número de demandas del propio presidente contra medios de comunicación o la exclusión de Associated Press del grupo de prensa de la Casa Blanca. Han crecido las amenazas. 

Además, la inestabilidad dentro de Estados Unidos también genera riesgos para los periodistas. Por ejemplo, durante protestas contra políticas migratorias en Minnesota, vimos periodistas gaseados, tirados al suelo, detenidos… a un ritmo distinto al de antes. 

Por primera vez, lanzamos un fondo de respuesta rápida en Estados Unidos para ayudar directamente a periodistas que necesiten apoyo en materia de seguridad. También emitimos nuestro primer aviso de viaje para Estados Unidos, porque había temor de que periodistas fueran retenidos en frontera o se les negara la entrada por su trabajo. Y en algunos casos eso ha ocurrido. Es algo nuevo: nunca habíamos visto ese nivel de inseguridad dentro del país.

¿Cómo equilibran estas amenazas nuevas en Estados Unidos con las habituales en otras regiones?

Somos muy conscientes de que no podemos centrarnos solo en Estados Unidos. Intentamos analizar todos los países por igual: evaluamos necesidades, documentamos amenazas y tratamos de cubrir vacíos donde nadie más actúa. En Estados Unidos, ya hay muchas organizaciones trabajando, así que no necesitamos duplicar esfuerzos. Es un equilibrio constante. Pero incluso así, la demanda es mayor que nunca: hay casi el doble de periodistas encarcelados que hace diez años, cifras récord de periodistas asesinados, más necesidad de apoyo psicológico y en el exilio. No es solo cuestión de equilibrio: tenemos que crecer para responder a esa demanda.

Por primera vez, lanzamos un fondo de respuesta rápida en Estados Unidos para ayudar directamente a periodistas que necesiten apoyo en materia de seguridad. También emitimos nuestro primer aviso de viaje para Estados Unidos, porque había temor de que periodistas fueran retenidos en frontera o se les negara la entrada por su trabajo. Es algo nuevo: nunca habíamos visto ese nivel de inseguridad dentro del país

¿Cuáles son las regiones a las que se les hace menos caso?

Sudán está poco cubierto, sin duda. Hemos dado ayuda a los periodistas que hemos podido, sobre todo a los que han podido salir. Es un ejemplo claro de atrocidades que no reciben la atención internacional que sí vemos en otros lugares.

Sobre sus denuncias de los ataques a la prensa en Gaza, ¿han conseguido tratar con el Gobierno israelí?

No lo hemos conseguido. Llevamos años pidiendo responsabilidades por la muerte de periodistas, no solo desde el 7 de octubre, sino desde antes, y no ha habido avances reales por parte de Israel. Seguimos intentándolo, centrados en documentar lo ocurrido y presentar pruebas. En los últimos meses, también hemos investigado cuestiones como la tortura de periodistas en prisión y seguiremos impulsando ese trabajo.

¿Y el veto que impide a los periodistas entrar en Gaza?

Sí, presionamos de forma constante, mediante campañas públicas y apoyo a iniciativas legales. Pero no ha habido avances. Y es importante decir que la falta de acceso de medios internacionales a Gaza no tiene precedentes recientes.

La falta de acceso de medios internacionales a Gaza no tiene precedentes recientes

En cuanto a conseguir más apoyo del público, ¿qué formas de recuperar la confianza le parecen más efectivas?

Me entusiasma el crecimiento de los medios comunitarios locales. La gente confía más en quien conoce. Muchas personas se sienten desconectadas de los medios nacionales e internacionales. Los medios locales tienen un vínculo más cercano con sus comunidades. Apoyarlos puede ayudar a reconstruir la confianza en el periodismo, porque la gente necesita información para vivir de forma segura y libre. Reforzar ese vínculo local puede ser clave.

Pero incluso cubrir un pleno municipal puede ser peligroso ahora…

Cubrir reuniones de consejos educativos —si piensas en Estados Unidos, donde hay tantas polémicas sobre libros prohibidos— puede ser complicado. Y sé de periodistas que han recibido amenazas graves simplemente por hacer una crítica negativa del álbum de música de alguien o de su actuación en una obra de teatro.

Todo eso forma parte de un problema más amplio relacionado con cómo nos comportamos en las redes sociales. Pero también es cierto que la gente necesita información y le gusta estar informada; quiere saber qué está ocurriendo en sus comunidades locales. Una manera de ayudar a mantener a las personas más seguras y menos polarizadas es precisamente esa: que la gente entienda que compartimos espacios y que vivimos experiencias similares.

Los medios locales tienen un vínculo más cercano con sus comunidades. Apoyarlos puede ayudar a reconstruir la confianza en el periodismo, porque la gente necesita información para vivir de forma segura y libre. Reforzar ese vínculo local puede ser clave

¿Han notado un aumento de las amenazas con el uso de la inteligencia artificial?

Aún no vemos un impacto directo en la seguridad de periodistas, pero es inevitable que ocurra, especialmente con los deepfakes y la manipulación de contenido visual.

¿Qué le da esperanza?

Que siempre necesitaremos información y hechos compartidos para convivir. Cambiará la forma de transmitirlos, pero la necesidad seguirá ahí. Y, aunque ahora parece un momento oscuro, estamos aprendiendo a responder a nuevas formas de censura.

¿Algún ejemplo concreto?

El año pasado, premiamos a la periodista tunecina Sonia Dahmani, que estaba encarcelada ese día y no pudo asistir. Una semana después fue liberada. Aunque sigue afrontando dificultades, demuestra que es posible lograr justicia y libertad.

La irrupción de un hombre armado en el hotel donde se celebraba la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca suspendió de manera dramática este año la velada. El presidente Donald Trump aseguró después que la cita se cambiará a otro día. La cuestión que quedó olvidada por la violencia que toca a diario la vida pública en Estados Unidos es por qué se celebra esta cena.

Mucho antes de la llegada de Trump al poder, el New York Times decidió que se retiraba del show anual que implica pagar miles de dólares por una mesa, llenarla de famosos y reírle los chistes al presidente de Estados Unidos. El Times se retiró en 2007 de esta y otras cenas de gala de este tipo. El director entonces, Dean Baquet, explicó: “Creo que tenemos que empezar a mandar al público la señal de que los periodistas y las personas sobre las que informan tienen una relación cortés pero antagónica. No deberíamos hacer nada que vaya en contra de eso”. 

Ahora el Times acredita a periodistas para cubrir la cena, pero no paga por las mesas ni participa en el festín. Susan Wessling, la actual jefa de estándares, explicaba esta semana que la decisión de Baquet fue la correcta para asegurar la independencia y la credibilidad que podrían verse minadas si los reporteros “parecen amigos de las personas sobre cuyas palabras y acciones tienen que informar”.  

La velada nació para homenajear a la libertad de prensa y a los periodistas, pero fue degenerando en una reunión de la élite donde se mezclaban periodistas, políticos, actores y presentadores del mundo del espectáculo. Hasta ahora, y tal vez con buen criterio, Trump había rechazado acudir como presidente o como candidato. La última vez fue como invitado en 2015, antes de lanzar su primera campaña presidencial.

Desde hace años la cena es problemática en un país que se toma en serio los estándares de separación entre los periodistas y los políticos. Pero una cena presidida por Trump bajo un letrero que ensalza la Primera Enmienda, la que protege la libertad de expresión y prensa, es un chiste de mal gusto al que los periodistas no se deberían prestar.

Se trata del presidente que describe como “enemigos del pueblo” a los periodistas utilizando el término de las purgas estalinistas, que señala e insulta a periodistas –sobre todo mujeres– de manera ininterrumpida desde hace una década, que persigue a los cómicos, restringe la labor de los reporteros en la Casa Blanca y los denuncia ante los tribunales si no se pliegan a sus deseos caprichosos. Es el líder de una Administración que persigue a estudiantes en los campus o los visitantes por expresar su opinión. “El creciente control sobre la prensa es algo que no habíamos visto antes”, me decía hace unos meses el abogado del New York Times, David McCraw, en una entrevista.

La charada de la cena de corresponsales siempre fue debatible si bien relativamente inofensiva. Con este presidente, es un insulto a la inteligencia. 

“La polarización política impacta en los medios, que difuminan peligrosamente la línea entre información y opinión. La libertad de prensa también se ve amenazada por un aumento de las acciones judiciales abusivas y del señalamiento político contra los periodistas”. Esa es una de las conclusiones de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que este jueves presentó su informe de 2026 sobre la libertad de prensa en el mundo. En su clasificación, RSF señala que la puntuación media de los 180 países analizados nunca había sido tan baja en este último cuarto de siglo y el caso de España no solo sigue esa tendencia general, sino que en términos comparativos desciende seis puestos, del 23 al 29, respecto a 2025.

Preguntada al respecto, la relatora para los ataques contra la libertad de prensa para RSF España, Edith Rodríguez Cachera, sostiene que “en los últimos años” se han multiplicado las “demandas judiciales intimidatorias” contra la prensa española. En conversación con elDiario.es, Rodríguez detalla explícitamente que esas demandas han llegado del “entorno de Isabel Díaz Ayuso”, presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también “por parte del juez Juan Carlos Peinado”. Así, la relatora asegura que el hecho de que las actuaciones contra los periodistas provengan del entorno judicial “intimida aún más” a la prensa.

Las presiones y amenazas del entorno de Ayuso han sido constantes en los últimos años. En marzo de 2024, cuando elDiario.es publicó la investigación acerca del fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez, mandó varios mensajes a una de las periodistas de este medio. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, le dijo el alto cargo de Ayuso. “¿Es una amenaza?”, preguntó la compañera. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez. Ese mismo día, elDiario.es había publicado en exclusiva que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla y también que González Amador cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. 

El pasado noviembre, durante el juicio que acabó condenando al ex fiscal general del Estado por la supuesta filtración de la confesión de la pareja de Ayuso, Rodríguez volvió a descalificar a elDiario.es. Preguntado por el hecho de que no contestara a las preguntas de este medio sobre el fraude de González Amador, él respondió con las siguientes palabras: “Tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a periodistas de línea izquierdista”. Sobre el mensaje que recibió por parte de elDiario.es, añadió: “No le presté más atención porque son unos escandalosos”.

Además, cuando empezaron a publicarse las primeras informaciones sobre González Amador, el jefe de gabinete de Ayuso difundió los datos de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales, además de lanzar el bulo de que redactores de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. Tanto el diario de Prisa como el PSOE denunciaron a Miguel Ángel Rodríguez por haber aireado datos privados de los periodistas y el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid le ha convocado para que declare ante el juez el próximo día 6 de mayo.

Amenazas y coacciones de Peinado

El juez Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez que ha propuesto juzgarla por cuatro delitos, amenazó en octubre a elDiario.es con una querella y le exigió 50.000 euros por haber publicado una entrevista con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que cargó con dureza contra la investigación del magistrado contra la esposa del presidente del Gobierno.

Entonces, Peinado presentó una solicitud de conciliación, un escrito previo a la interposición de una querella, contra el político y el director de este medio por injurias y calumnias en la que planteó varias exigencias: que se eliminara la entrevista, que Puente pidiera disculpas públicamente, que no se criticara más su gestión de la causa y, finalmente, ser indemnizado con 50.000 euros. El escrito fue presentado en los juzgados por Guadalupe Sánchez, la misma letrada que ha registrado demandas similares en nombre del rey emérito y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra los políticos y periodistas que se han referido a él como “defraudador confeso”. El acto de conciliación se celebró sin acuerdo y este medio, por el momento, no ha recibido ninguna querella de Peinado. El pasado septiembre Peinado también denunció a varios periodistas por criticar en televisión su actuación contra Begoña Gómez.

Desde Reporteros Sin Fronteras consideran que estas actuaciones contra la prensa, tanto la de Rodríguez como la de Peinado, “buscan silenciar e intimidar” a los periodistas, así como generar una “pesadilla ideológica y económica” a los medios de comunicación. La relatora Edith Rodríguez destaca, asimismo, que este tipo de actuaciones intimidatorias se suelen realizar habitualmente contra “medios digitales de tamaño mediano” y no contra grandes conglomerados, con el claro objetivo de que las amenazas influyan en sus respectivas líneas editoriales e intimiden a sus profesionales.

“Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor; también hay jueces”, recoge el informe de RSF que llega a hablar de un clima de lawfare contra la prensa.

El informe de RSF destaca precisamente que “el mercado español se caracteriza por una concentración mediática audiovisual alta” en la que “los grupos privados Atresmedia y Mediaset, junto con el ente público RTVE acaparan el mercado”. “A nivel regional, el sector cuenta con una sólida presencia de los medios públicos, reunidos en torno a la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), sobre los que el riesgo de injerencias políticas es alto”, añade, si bien considera que la prensa (digital y/o en papel) “goza de una mayor diversidad y, por tanto, de mayor pluralidad”.

Este organismo internacional alerta, también, de que “España es víctima de un clima de gran polarización política” de la que “no se libran unos medios en los que la opinión contamina cada vez más a la información”. “El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido de forma reiterada con la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y la lucha contra la desinformación proponiendo medidas relativas a la transparencia (de la propiedad de los medios y sus ingresos publicitarios), el secreto profesional, la creación de un registro de medios, el acceso público a la información, o la reforma del organismo regulador del sector y del modelo de medición de audiencias”, destaca, aunque luego matiza que “muchas de estas medidas pueden no materializarse porque el Gobierno depende de alianzas parlamentarias inestables”. 

“Agitadores” de Vox para “sabotear” ruedas de prensa

Entre los deberes, RSF recuerda que “siguen sin derogarse los artículos más polémicos de la 'ley mordaza' y los llamados 'delitos de opinión' del Código Penal, una promesa que el Gobierno parece definitivamente incapaz de cumplir”. También denuncia que “los órganos directivos de la radiotelevisión pública siguen siendo designados sin arreglo a la independencia que promueve la EMFA, con el consiguiente impacto en el sesgo editorial de RTVE”.

“Peligrosamente concentrado y debilitado, el sector ha instalado a la profesión periodística española en una grave precariedad ya cronificada. A muchos profesionales de la información les es difícil vivir dignamente de su trabajo. Mientras, la erosión de unos medios en grave crisis los vuelve cada vez más vulnerables a las presiones políticas y económicas”, añade el texto, que destaca que “la polarización y la radicalización de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad creciente hacia los periodistas, una de las profesiones peor valoradas por los españoles”.

Reporteros sin Fronteras también sostiene que “el crecimiento de la extrema derecha y de su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso” y “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. “La formación ultraderechista Vox utiliza a agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada. El hostigamiento de estos agitadores dentro y fuera de las redes, con la connivencia de políticos y medios digitales afines, se ceba especialmente con las mujeres periodistas, víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”, zanja.

La organización se refiere al caso de agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo que vulneran cualquier tipo de ética periodística, cargan contra los periodistas y los intimidan a la hora de hacer su trabajo. Ambos están inmersos en un proceso en el Congreso a raíz de que varios profesionales de la información y distintos partidos solicitaran la retirada de su acreditación.

La libertad de prensa en el mundo está en mínimos desde que Reporteros sin Fronteras (RSF) empezó a clasificar los países hace 25 años, y a ese deterioro contribuyó en particular el pasado año la criminalización del periodismo, pero también ataques de los que es objeto, por ejemplo por parte de Donald Trump.

En su clasificación de 2026, publicada este jueves, RSF señala que la puntuación media de los 180 países analizados nunca había sido tan baja en este último cuarto de siglo y en el caso de España no solo sigue esa tendencia general, sino que en términos comparativos desciende seis puestos, del 23 al 29.

En cabeza de la lista un año más está Noruega, el único que obtiene un sobresaliente (92,72 sobre 100), seguido de Países Bajos, Estonia, Dinamarca, Suecia y Finlandia.

Menos del 1% de la población mundial goza de lo que Reporteros considera una “buena” situación de la libertad de prensa, cuando en 2002 era un 20%. En el extremo opuesto, un 52,2% de los países están en una posición “difícil” o “muy difícil”.

La lista la cierran algunas de las dictaduras más duras del mundo: Arabia Saudí (puesto 176), Irán (177), China (178), Corea del Norte (179) y Eritrea (180). Entre los regímenes más cerrados a la prensa también está Rusia (172), “especialista en el uso de leyes contra el terrorismo, el separatismo o el extremismo” para restringir su margen de maniobra.

El mayor bajón en 2026 lo protagoniza Níger (37 puestos de golpe, al 120), que de esa forma ejemplifica el deterioro de la libertad de prensa desde hace años en la región del Sahel por los ataques que viene sufriendo de diferentes grupos armados y de las juntas militares en el poder.

En el otro extremo, la caída del régimen de Bachar al Asad en Siria le ha permitido subir del puesto 177 al 144.

Muchos países latinoamericanos retroceden

Buena parte de los países latinoamericanos han empeorado su posición en la clasificación, y en particular Ecuador, que en un contexto de fuerte repunte de la criminalidad organizada sufre un descalabro de 31 plazas y se queda en la 125 tras los asesinatos de los periodistas Darwin Baque y Patricio Aguilar.

También Perú se ha visto marcado en el último año por el asesinato de cuatro periodistas y ha bajado 14 puestos, al 144.

RSF ha hecho retroceder fuertemente en la tabla a Argentina (11 puestos, al 98) y El Salvador (ocho, al 143) por la acción de sus líderes, Javier Miley, y Nayib Bukele, en la línea de Donald Trump con su hostilidad y sus presiones a la prensa.

Tres países latinoamericanos siguen en el furgón de cola mundial de la libertad de prensa, aunque hayan avanzado posiciones: Venezuela (159, tras 160) por la incertidumbre sobre las garantías para la prensa pese a las liberaciones de periodistas a comienzos de 2026, Cuba (160, tras el 165), donde “la crisis profunda obliga a los pocos periodistas independientes a operar cada vez más en la clandestinidad”.

Y Nicaragua, relegada al puesto 168 (tras el 172), en un “paisaje mediático en ruinas, caracterizado por una represión sistemática y un hundimiento duradero de las condiciones de ejercicio de la profesión”.

Colombia se desmarca del movimiento general de la región, con un avance de 13 puestos, pero hasta un no muy meritorio 102.

España da seguridad, pero malas condiciones económicas

En el caso de España, su retroceso a la vigésimo novena posición, con una puntuación general de 75,42 puntos sobre 100 se explica por un deterioro en todos los indicadores que lo componen.

Su nota se puede considerar alta en lo que se refiere a la seguridad de los periodistas (90,55) y algo menos en lo que se refiere a los aspectos legales (80,59) y al contexto social.

La evaluación es peor en lo que se refiere al contexto político que afecta a la libertad de prensa (71,26) y sobre todo en lo que se refiere a las condiciones económicas en la que se desenvuelven los periodistas (55,68). En ese último indicador, España queda relegada a la cuadragésima posición.

Hay otros grandes países democráticos que también han caído este año de forma relevante en la clasificación, como Alemania (del puesto 10 al 14), Francia (del 21 al 25), pero sobre todo Estados Unidos, que ha bajado siete posiciones, a una más que discreta 64, con 62,61 puntos, en especial por el contexto político, evaluado con 53,59 puntos. 

Decenas de personas caminan junto al féretro de la joven periodista Amal Khalil, del diario libanés Al Akhbar, asesinada este miércoles por un ataque israelí en el sur del Líbano. Los asistentes al funeral, entre ellos compañeros de profesión, autoridades y vecinos, lloran una muerte que, además de simbolizar el sufrimiento de la libertad de prensa en las guerras, les recuerda a otros asesinatos sin explicación durante la ofensiva de Israel en el sur del Líbano. Ghada Dayekh, Ali Shuaib, Fatima Fatouni o Mohammad Fatouni son algunos de los periodistas asesinados bajo fuego israelí en los últimos meses.

La muerte de Amal Khalil se suma a la de más de 230 periodistas muertos en la Franja de Gaza y a 23 en el Líbano desde el inicio del conflicto en 2023, según la Federación Internacional de Periodistas.

Tras las acusaciones del Gobierno libanés y los servicios de Emergencias de ataque deliberado contra Khalil y otra periodista que la acompañaba y que resultó herida, el Ejército israelí asegura que los militares identificaron dos vehículos en el sur del país y que, según su versión, habrían salido de una estructura atribuida al grupo chií Hizbulá. Contradicen la versión del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, que sostiene que “el enemigo evitó que se completara la misión humanitaria disparando una granada de sonido y munición contra la ambulancia”.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, condenaron este jueves como “crímenes de guerra” y “de lesa humanidad” el asesinato de periodistas en ataques israelíes, tras la muerte el miércoles de Amal Khalil, informadora del diario local Al Akhbar, en un bombardeo israelí en el sur del país. “Los ataques deliberados y directos de Israel contra periodistas tienen como objetivo ocultar la verdad sobre sus actos de agresión contra el Líbano. Estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, punibles según las leyes y convenciones internacionales, y deberían motivar a la comunidad internacional a intervenir y ponerles fin”, dijo Aoun.

El Comité de Protección a Periodistas ha pedido una investigación internacional urgente de lo sucedido y de las causas de que los servicios de rescate no pudieran acudir a la llamada de Khalil al lugar del ataque israelí. “No es la primera vez que Israel impide que los servicios de emergencia asistan a periodistas heridos por sus ataques”, sostienen en un comunicado.

Por el momento, España es el único país europeo que ha condenado formalmente este último ataque contra las periodistas. “España reitera el llamamiento a las partes al cumplimiento del alto el fuego en Líbano y el respeto del derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. De acuerdo con el Protocolo I del Convenio de Ginebra de 1949 el personal sanitario, los trabajadores humanitarios y los periodistas no pueden ser objeto de ataques, éstos son injustificados e inaceptables y deben cesar de inmediato”, reza el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El periodista José Precedo, adjunto a la dirección de elDiario.es, ha sido reconocido con el Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa, que concede el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. El galardón lo conceden por votación los periodistas colegiados y en esta edición, la número 22, ha destacado la trayectoria de Precedo por, en palabras de su decana Belén Regueira, “defender la dignidad y credibilidad del periodismo que respeta los procedimientos y la deontología”.

Precedo (Oroso, Galicia, 1976) inició su carrera como reportero televisivo en Tele5. Enseguida saltó a la Cadena Ser, donde formó parte del equipo premiado con un Ondas por su cobertura de la catástrofe ambiental del Prestige y su desastrosa gestión política. Entre 2006 y 2012 integró la redacción gallega de El País. En las páginas de este periódico reveló numerosos escándalos de corrupción, entre otros el que condujo a la dimisión del entonces alcalde de Santiago de Compostela por el PP, Gerardo Conde Roa, imputado por no pagar 300.000 euros de IVA tras vender unas viviendas. El caso dio lugar a su único libro, Conde Roa, caso perdido (2.0 Editora, 2012).

“José Precedo comenzó su carrera profesional en Galicia. Esa formación inicial vinculada al ecosistema mediático gallego resultó clave para entender su trayectoria posterior”, señala la propuesta de candidatura al Premio Liberdade de Expresión, “que mantiene, de forma constante, una miraada crítica sobre el ejercicio del poder y una exigencia elevada en términos de verificación, contextualización e independencia”.

Desde 2015, Precedo trabaja en elDiario.es. Según la propuesta, fue este el medio “en que desarrolló algunas de las investigaciones más relevantes sobre el funcionamiento del poder institucional y sus límites democráticos”. Sus piezas sobre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fueron “las que alcanzaron mayor impacto público” y lo condujeron a declarar como testigo en el juicio contra el Fiscal General del Estado. Precedo defendió entonces los pilares del método periodístico y su importancia en las democracias liberales: “El derecho a la confidencialidad de las fuentes, la legitimidad del trabajo informativo y la necesidad de preservar la independencia del oficio frente a los intentos de instrumentalización judicial”.

El Colexio de Xornalistas falló la vigésimo segunda edición de su premio en Pontevedra. En la rueda de prensa participó el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores. En ediciones ha distinguido al Sindicato de Periodistas Palestinos, al colectivo Defende a Galega contra la manipulación informativa en los medios públicos gallegos, a Wikileaks o a profesionales como Xosé Hermida, Julia Otero, Rosa María Calaf o Manuel Rico.

La capital rinde homenaje a los caídos por la libertad de expresión con un monumento frente a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en la calle Juan Bravo, un reconocimiento que fue presentado este miércoles por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, junto a la presidenta de la APM, María Rey.

Almeida tiene claro que “ser profesional de la información es un ejercicio de riesgo en estos momentos” por ser “el principal antídoto que hay contra todos aquellos que quieren destruir la democracia y la convivencia”. “No hay mejor antídoto y no hay mejor camino para preservar nuestras instituciones, nuestros derechos y libertades que preservar el periodismo y el derecho fundamental a la transmisión de información veraz”, ha manifestado.

Martínez-Almeida ha recordado que la Corporación madrileña se puso de acuerdo hace cuatro años para demostrar con un gesto de estas características que Madrid es “una ciudad firmemente comprometida con la libertad” y por eso “tenía que hacer un homenaje a todos aquellos que dieron su vida precisamente por preservar derechos y libertades”. En febrero del año pasado ordenó la adquisición del monumento, encargado a Daniel Canogar.

El espacio elegido es frente a la APM, “una llama de libertad en esta ciudad”. “Y por eso todos los madrileños, cuando pasemos por aquí, simplemente podremos musitar un gracias por lo que hacéis, gracias por poneros siempre en riesgo para que nosotros sepamos qué está pasando, gracias por estar siempre alerta y gracias por estar siempre prestos a denunciar cualquier arbitrariedad en el ejercicio del poder”, ha manifestado en manifestaciones recogidas por Europa Press.

Firma la escultura lumínica, de seis metros de altura y uno de ancho, Daniel Canogar. En ella figuran los nombres de los quince fallecidos en la defensa de la libertad de expresión desde la llegada de la democracia: José María Portell, Luis Espinal, Juantxu Rodríguez, Jordi Pujol, Luis Valtueña, José Luis López de Lacalle, Miguel Gil Moreno, Santiago Oleaga, Julio Fuentes, José Luis Percebal, Julio Anguita Parrado, José Couso, Ricardo Ortega, David Beriain y Roberto Fraile.

Dos de sus lados son de vidrio y otro lo conforma una pantalla tipo led con una animación cromática en constante cambio que se alterna con la secuencia de los nombres de los homenajeados.

Julio Iglesias filed a legal complaint against elDiario.es and several journalists for publishing accusations of sexual assault from former employees following an investigation by this outlet with Univision Noticias. In his legal complaint, he questioned the journalistic process. This is the story of how that investigation unfolded.

At 2:03 PM on January 17, 2023, elDiario.es received a message from a man who identified himself with a pseudonym and claimed to have firsthand knowledge of a “really big” MeToo case—as he described it—involving a prominent Spaniard. He did not mention the person's name or provide any clues on their identity.

He said he had seen the program Salvados aired two days earlier on La Sexta about the sexual abuse allegations against Plácido Domingo, and that my words during the program caught his attention. In a segment for context that preceded the details of the investigation by Carola Solé and Eva Lamarca, I said that in Spain there had been no journalistic investigation on abuses equivalent to those by the major media outlets in the United States up to that point. I highlighted the standards and diligence with which the New York Times and the AP news agency had investigated these kinds of serious and sensitive cases.

The man who contacted elDiario.es explicitly said that he expected a careful journalistic process. In his initial message, he said that this wasn't information “that could be published in a newspaper tomorrow,” but rather that he had details for “someone with the will and resources to investigate the matter.” “That someone is the one I'm looking for,” he said.

Ander Oliden, deputy director of elDiario.es, read the message and forwarded it that same day to Elena Cabrera, the head of the Culture section. With the usual caution in the newsroom regarding unsolicited contacts, Ander suggested that “it could be something interesting” and that it was worth speaking with this person. After an initial phone conversation, Elena told him what she found. It didn’t seem “something interesting.”

The first meeting

On January 31, 2023, Elena met the man for the first time in a city other than Madrid. The journalist knew what was about, but had few details until that meeting.

The man told her about former employees of Julio Iglesias who, according to them, had been victims of sexual assault in recent years (the singer denied the accusations in a statement in January 2026). He showed her messages and other documentation, suggesting names and possible leads. But it was clear that this contact didn’t equate to having a corroborated, publishable story. It may never happen. The man then doubted that the women who had experienced the trauma he described were ready to speak. Perhaps they would be willing if they felt supported by others who may have had similar experiences, but the reporter must find them on her own.

“Elena told me the story in early 2023, shortly after receiving the first leads. I told her it was going to be very difficult, but to try. At that time, it seemed almost impossible that we would ever be able to publish it,” explained Ignacio Escolar, the director of elDiario.es. “Back then, we only had indirect testimony. We hadn't even been able to speak with any of the women. There was an ocean between us, and it seemed very difficult to contact them and get them to tell us what had happened.”

In February 2023, Elena began tracking down current and former employees of Julio Iglesias's mansions. She already had some names, searched for photos, and read articles and books about the singer, some of them out-of-print, which she bought on Wallapop.

Elena found information on social media profiles. Through interactions—such as messages and “likes”—she began to understand the relationships between people and gathered more names of women who could be potential interviewees. “I couldn't know whether or not they would have a story of abuse before speaking with them, but once I got an idea of what the pattern was, then I was able to identify the women,” she explained.

Once she located some of the women she believed have worked for Iglesias or knew the mansions, Elena sent private messages from an account with a professional profile that identifies her as a journalist for elDiario.es. In the messages, as she emphasized when recalling the journalistic process, she also introduced herself as a reporter for this publication before beginning to ask questions.

How to investigate

After nearly a year of research, Elena identified more than 30 women who had worked in Iglesias's mansions in the Dominican Republic, the Bahamas, the United States, and Spain. She believed there may be victims or witnesses of abuse among them. But for months, none of these women agreed to a formal interview—one that could be recorded and used for the investigation.

Elena, who for the first two years continued to run the Culture section and dedicated herself to this research almost always at night, often talked with Ana Requena, head of gender affairs and responsible for major journalist investigations on sexual violence published by the newspaper in recent years. As Ana recalled, they discussed how to approach women who may have been victims of abuse. These are also women who are especially vulnerable due to their economic situation, their youth, and their hierarchical position. From the beginning, it’s clear the power imbalance between a twenty-something cleaning woman and one of the richest and best connected artists in the world.

Ana helped as an expert on this particularly sensitive information and began to investigate legislation and local associations of domestic workers with her own contacts in the Dominican Republic.

The call

After several conversations in the spring of 2024, a woman agreed to tell her story on the condition that her name not be used in the article. Elena spoke to her on the phone one night while everyone else in her Madrid home was asleep. The woman was in her car, parked by the sea. For readers, one day that woman will be known as “Rebeca.”

The first formal interview with Rebeca – that is, the first one that can be recorded and whose content can be published – took place on the night of June 4-5, 2024 via video call.

The interviewers were Elena Cabrera and Raquel Ejerique, senior editor and investigative journalist who uncovered the scandal about the master's degree case of Cristina Cifuentes in 2018. That interview was the first of several formal sessions up to the one recorded on video in October 2025. In addition, there were multiple conversations with follow-up questions until the time of publication, in January 2026. From the first to the last interview, the details that Rebeca recounts are the same.

The interviews

In the spring of 2024, Elena Cabrera, Ana Requena, and Raquel Ejerique started working as a team to interview women and verify their accounts, checking for evidence or contradictions. The first photo of the three working together in this story was taken that May.

In the summer 2024, they interviewed other women, including the one identified in the investigation with the pseudonym Carolina, a former employee who recounted what she considers to be labor exploitation. Throughout the investigation, and eventually with a larger team, they spoke with more than a dozen women and men who had worked for the singer. These individuals were, in some cases, witnesses to situations described by the women who reported abuse. In other cases, they provided general context or relevant details.

But that summer there was still a long way to go before making a decision about publishing: the doubts about telling the story even without using the real name, the women's fear of what the affected person might do, and the laborious work of verifying some key details of what they said.

Raquel Ejerique began to develop a framework for what she calls the “traceability” of history. It is a list that includes results from gynecological tests–one of the most striking pieces of documentation–, messages, visas and testimonies from other people.

In investigations like this one, one essential practice, which we later developed with our publishing partner, Univision, involves interviewing people to whom these women recounted their experiences when they occurred. In some cases, these are friends or mental health professionals who provided advice or treatment to the women.

Speaking with these people is a form of corroboration that Jodi Kantor and Megan Twohey formalized in their investigation of Harvey Weinstein and about which they write in their book She Said. The aim is to find “consistent prior testimonies” of what happened that the women gave to other people shortly after the events described.

The New York Times reporters explained that testimonies of this kind serve as additional evidence in journalistic work about events where there are rarely direct witnesses or formal complaints. In terms of credibility, it matters that the woman recounted what happened to several people in a private setting, with no other intention than to vent her feelings.

It is common for these cases to go unreported to the police, especially in contexts where, due to the country where the events occur or the power profile of the person in question, women have little expectation of justice.

“Survivors turn to journalists to obtain what they believe the courts are denying them: a fair hearing. Fact-checking in journalism also includes the accused's right to respond. Before publishing, they are contacted and given the opportunity,” she explained to elDiario.es Leigh Gilmore, professor and author of a book about the history of MeToo. 

Gilmore recalled that although in 2017 social media offered an outlet for many survivors with the #MeToo hashtag, in the United States “the big cases that people know about were revealed by journalists: Julie Brown’s The Miami Herald published the Jeffrey Epstein story; journalists from The Indianapolis Star published Larry Nassar's story… That way of practicing journalism—and certainly not all media outlets practice it that way—offered many survivors the best opportunity to present a verified story in the public sphere.”

The first interview by elDiario.es with the physiotherapist identified as Laura in the article took place in January 2025. Elena interviewed her formally for the first time in two long conversations, one on January 11 and the other on February 22 of that year.

The reporters had more leads and kept investigating, but there was still work to be done and more help from outside Spain was needed.

The alliance with Univision

The editor-in-chief of elDiario.es, aware of the magnitude of the story, suggested seeking another international news outlet to share and complete the investigation.

On March 11, 2025, José Precedo, deputy to the editor-in-chief of elDiario.es, called me and asked me to use my contacts to find a media outlet in the English-speaking world to join us in completing and publishing the story.

On March 21, I had my first formal conversation with Federica Narancio and Esther Poveda, reporters from the Univision News digital team and winners of prestigious journalism awards. I had worked with them in the United States a decade ago in Univision covering national politics, including Donald Trump's first Presidential campaign.

What elDiario.es was looking for was a larger media outlet from outside Spain, preferably from the United States, due to its proximity to the story and its journalistic standards. When Federica, Esther, and José Ángel Gonzalo, head of the Univision digital team, learned more details, their interest in participating in the journalistic endeavor grew. Daniel Coronell, an investigative journalist and then head of news at Univision, got involved and provided the necessary support for the editorial work.

In June 2025, before signing the collaboration agreement with Univision, Elena traveled to the Dominican Republic and the Bahamas to meet in person some of the women she had been speaking with remotely for over a year. She conducted more interviews and made more contacts.

By then, Izaskun Pérez, audiovisual director of elDiario.es, was also on the team. One night, we remotely tracked Elena's movements using her mobile phone's location shared live, so we knew exactly where she was conducting the interviews. She shared her impressions at the moment with us, as well as the fears women have when talking about something so sensitive that affects someone so powerful.

The joint investigation

That summer, we were joined too by the Univision television team, led by Gerardo Reyes, investigative journalist and co-winner of the Pulitzer Prize for Best Investigation when he was a reporter at the Miami Herald. The Pulitzer Prize is one of the many awards in his career.

At the end of the summer, Univision helped to complete the story, reviewing and adding to the testimonies and documentation we already had. Gerardo and the rest of the team found more sources through intensive reporting and verification.

Univision's legal team asked for a review of all available documents and re-interviewing the affected women. That’s a point that took weeks of negotiation due to the sensitive nature of the matter. The women had to share again unpleasant details and, in a way, relived the story they had already told several times to reporters from elDiario.es. They did so again via video call with both teams in September.

From then on, the editorial teams of elDiario.es and Univision conducted the calls, interviews, and fact-checks jointly. Interviews often involved people from both outlets. On the rare occasions when this wasn't the case, transcripts, recordings, and notes were shared.

In October 2025, teams from elDiario.es and Univision traveled together to conduct further interviews and record them on video. By that time, two of the women already had their own lawyers.

Due to their fear of sharing their testimony, two of the interviewees were referred to an international human rights organization Women's Link Worldwide. The women accepted this legal advice of their own volition and without media involvement. After this organization spoke with its clients privately, the women decided to take legal action and file a complaint with the National Court prosecutor's office in Spain shortly before the publication of the journalistic investigation.

Protection of sources

The lawyers for two of the women interviewed by elDiario.es and Univision set conditions for the on-camera interviews in the fall of 2025. In addition to not using their names or images in a recognizable way, the women did not want their voices broadcast publicly. They agreed to having their hands or silhouettes recorded, but they did not want their voices heard in the published videos.

The options of distorting the voice or using artificial intelligence didn't appeal to them because they feared the effects might be reversible or the result might sound shady. They preferred real women to dub their voices.

The Univision team, with extensive experience in protecting migrants and vulnerable individuals from persecution and harassment in challenging contexts during on-camera interviews, seeked professional voice-over artists to accurately reproduce the testimonies word for word and with the same intonation as the original recordings, including the pauses, hesitations, and tears that sometimes interrupt the narrative. The published videos indicated that the voice-over was used to protect the women.

This is a common journalistic practice to protect people who may be in danger for giving their testimony. The award-winning US investigative media outlet ProPublica did it in its report on civilians killed by CIA commandos in Afghanistan and in the documentary that he made afterwards with The New Yorker. Univision itself did it with interviews from exploited workers in a potato plant in Texas. Another example is the Spanish journalist Antonio Pampliega in his podcast about drug trafficking on the Costa del Sol. More recently, producers of BBC Radio are lending their voices to testimonies from Iranians who remain in their country.

The complete interviews with the women, like the previous ones, were recorded and transcribed. They are long interviews. Gerardo's on-camera interviews with Rebeca and Laura each lasted about three hours.

During the trip, both media outlets conducted more interviews, including with former male employees, among them some who filed a complaint against the singer due to labor disputes. The former employees reported having been insulted and complained of situations they described as workplace abuse. They shared their documentation of these legal proceedings, and the teams interviewed one of their lawyers.

Neither the women ask the media for money in exchange for their testimony, nor do elDiario.es or Univision offer it to them. The publication Okdiario a few weeks ago claimed that Julio Iglesias's inner circle had “proof” that “several employees were offered money” to testify against him. The journalists in charge of the investigation emphasized that this did not happen.

“I have never offered money or any kind of compensation for an interview. Not in this investigation, nor in any other. Nor has any of the women I have interviewed for this story ever asked me for it,” explained Elena Cabrera. “We can invite someone for coffee or a meal, which I consider a normal courtesy for someone who is giving you their time, but offering money in exchange for an interview undermines the relationship of trust between the journalist and the source, and can make you doubt the veracity of what they tell you. That's why it's not done.”

During the investigation, a source – who is not one of the women – did request money as compensation for a possible trip to find more testimonies, but Elena replied that this was not possible due to the newspaper's ethical standards.

Any request for money in exchange for information violates the ethical code of elDiario.es and Univision. The only recurring request from the women and other witnesses was that their identity and safety be protected.

“At elDiario.es we never pay the people we interview or our sources for information. Under no circumstances: not in this investigation nor in any other. It is an ethical principle that is also reflected in our statutes,” explained Ignacio Escolar.

“elDiario.es does not buy information: it pays journalists, but never sources. It does this to avoid encouraging the fabrication of false information and the marketing of illegally obtained data,” said the Article 68 of the statute.

The fact-checking

At the end of autumn, the process of verifying the articles continued, and the process of verifying the audiovisual material began. For weeks, the journalists from elDiario.es and Univision reviewed every word of every sentence to avoid making accusations without proof. We asked ourselves about dates, ensured that the details match across the numerous interviews conducted over the years, and verified that the quotes are verbatim. We checked the names of places, the women's ages, and what they remember.

We questioned every detail that didn't fit until the very last moment, and we even managed to answer some that were irrelevant to the story.

In that process, we also followed up with the women interviewed and requested more information from their lawyers. For example, we included the text messages Rebeca sent after she left Julio Iglesias's house, telling him she “loved him very much,” and asked her to explain again why she did so. Rebeca told elDiario.es and Univision that at one point she considered gathering evidence of the abuse she claims to have suffered, but soon after decided against it and tried to forget. Rebeca's messages and her explanations were included from the beginning in the first report published by elDiario.es and Univision.

Part of the job involved providing context to situations and carefully choosing words in this type of reporting. Ana Requena guided the teams to craft each sentence with care, considering the connotations of expressions and the prejudices against women in this context. Sometimes, there were differences in journalistic traditions or even in the use of Spanish in Spain and the United States.

The review and fact-checking lasted for months and continued until the final hours before publication. Each piece was read and discussed by the three main reporters, as well as several editors and Natalia Chientaroli, deputy editor and longtime head of the social issues desk. During this process, I reviewed the texts line by line in their multiple versions, verifying each fact as far as possible with the documentation we have, the interview transcripts, and other sources.

Articles and videos underwent legal review by our lawyer at elDiario.es and by Univision's lawyers, who provided their own feedback. Afterward, the authors and I read the texts aloud via video call to discuss and review them further with reporters Federica Narancio and Esther Poveda, and, in the case of the television program, also with Gerardo Reyes and Margarita Rabin, the executive producer. These reading sessions continue until the end of December. Reviews were ongoing until the end.

Calling for hours

In compliance with our ethical duty, we attempted to obtain Julio Iglesias's version on January 2, 2026, that is, 11 days before the publication of the first story.

We prepared a very detailed questionnaire so that he had the opportunity to respond to the specific accusations of the women and men we have interviewed.

Elena dialed Julio Iglesias's number for the first time on January 2nd at 3:13 PM Madrid time (9:13 AM in the US East Coast, 10:13 AM in the Dominican Republic). We verified Iglesias's mobile number through several sources and also called landlines at his residences. 

That day, we spent more than four consecutive hours calling Iglesias, several legal representatives, and the managers of the employees who are also mentioned in the story. We did this together with journalists from elDiario.es and Univision, with the team connected from Madrid, Cuenca, Miami, and Washington.

That night, Russell King, Iglesias' lawyer for years and one of the few people who answered our calls, confirmed by email that he was authorized as a legal representative to receive information about the questions we wanted to ask Iglesias.

On January 5th, we spent another five hours on calls and messages. Among the few people who answered was one of the former managers of the house, who didn't respond to our specific questions but praised Iglesias and dismissed the accusations of other former employees as “lies.”

During those two days and the following ones, we left voice messages, text messages, and WhatsApp messages, and sent the questionnaire by courier. Gerardo Reyes personally delivered it to Iglesias's residences in Indian Creek, a small island across from Miami, and in Punta Cana, Dominican Republic.

Before publication, we listed (with their exact time) more than 80 contacts or attempted contacts by phone, email, and letter with Iglesias and the affected individuals. During that time, neither Iglesias nor his lawyers responded to questions or made any comments to elDiario.es or Univision.

After the publication, we continued trying without success. We later included in the text pieces and videos the statement published on Iglesias's Instagram account a few days later. The text, which includes his signature, says using the first person that he has never “abused, coerced or disrespected” any woman and that the accusations are false.

On January 13, 2026, at five in the morning in Spain, the story was published simultaneously in elDiario.es and Univision. The man who contacted us warned us that this news couldn't be published overnight. It took us almost three years.

You can read here this article in Spanish.

“José Precedo es, desde los inicios de su carrera profesional en Galicia, uno de los nombres principales del periodismo político y de investigación en España (...) El pasado noviembre, cuando declaraba en el Tribunal Supremo dentro del proceso al Fiscal General del Estado, defendió de una manera firme y contundente pilares del oficio como la confidencialidad de las fuentes y la legitimidad del trabajo informativo, erigiéndose así en un estandarte de la independencia del periodismo frente a cualquier tentativa de instrumentalización judicial”. Así arranca la justificación de la candidatura del periodista de elDiario.es al Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa que concede el colegio profesional gallego (CPXG). Junto a Precedo también son candidatos la corresponsal jefa de ABC News en la Casa Blanca, Mary Bruce, y la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

Según explica el propio Colexio en un comunicado, las candidaturas al galardón fueron propuestos por las colegiadas y colegiados del CPXG o por entidades relacionadas con la comunicación “como reconocimiento a su papel en la defensa de la libertad de prensa”. Después, una comisión específica se encargó de escoger las candidaturas finalistas entre todas las propuestas. Con su publicación, se abre el plazo para elegir la ganadora. El jurado está compuesto por todas las personas colegiadas en Galicia, que podrán votar hasta las 14.00 horas del martes 7 de abril.

El Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa —hasta 2024, Premio José Couso— fue creado para reconocer a una persona u organización que destaque por la defensa de la libertad de prensa o fuese perseguida por ejercer el periodismo y por proteger el derecho a informar y a recibir información. El galardón, afirma el CPXG, “constituye una distinción del periodismo gallego a comunicadores y comunicadoras de cualquier origen cuyo compromiso merezca el reconocimiento profesional y social”.

Señalados por Trump y los Ortega

En noviembre de 2025, Mary Bruce —periodista con más de 20 años de trayectoria profesional rigurosa— y su cadena, ABC News, recibieron el ataque verbal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sucedió tras una reunión en la Casa Blanca entre Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Bruce preguntó entonces al mandatario estadounidense por el conflicto de intereses que podrían suponer los negocios de su familia en Arabia Saudí y por la publicación de los archivos Epstein; a bin Salman, sobre su papel en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

Por su parte, PCIN nace en diciembre de 2018 “como respuesta a los ataques del gobierno de Nicaragua contra las y los periodistas, que lo sitúan actualmente en uno de los últimos puestos de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras”. La candidatura pretende ser “un homenaje a las comunicadoras y comunicadores nicaragüenses que siguen informando desde el país o el exilio”.

El ganador del año pasado del Premio Xornalistas de Libertad de Prensa fue el Sindicato de Periodistas Palestinos. Antes, bajo la denominación de Premio Couso, fueron galardonados Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi; Marcos Méndez; Érika Reija; Manuel Rico; Lorenzo Milá; Defende a Galega; Julia Otero; Xosé Hermida; Miguel Ángel Aguilar; Jordi Évole; Ricardo García Vilanova, Javier Espinosa y Marc Marginedas; Mónica García Prieto; el Consejo de Informativos de TVE; WikiLeaks; Daniel Anido y Rodolfo Irago; Rosa María Calaf; José Vidal-Beneyto; Jon Lee Anderson; Le Monde Diplomatique y Ali Lmrabet.

El periodista Carlos Dada se ha visto obligado a dirigir desde el exilio El Faro, el gran periódico de investigación de El Salvador y uno de los pioneros digitales en el mundo cuando lo fundó con otros reporteros en 1998. Su experiencia de acoso por parte del Gobierno de Nayib Bukele ofrece algunas lecciones para un mundo cada vez más autoritario.

El premiado periodista fue el encargado de impartir este lunes la conferencia anual del Instituto Reuters para el estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, la cita en la que cada marzo un referente del periodismo internacional reflexiona sobre los retos del momento. Dada tituló su charla “”Journalism as Resistance“ (periodismo como resistencia). Aquí el texto del discurso completo, traducido en español.

Parte del discurso de Dada se centró en el éxito popular de mensajes políticos difundidos en redes y plagados de falsedades frente al trabajo periodístico concienzudo para comprobar y publicar los hechos.

“Los dictadores como Bukele necesitan mentiras para sobrevivir. Todos conocemos ese manual. Lo que hace a Bukele diferente es su capacidad para convertir esas mentiras en un relato exitoso que se vuelve viral de inmediato en las plataformas de redes sociales”, dijo Dada durante su discurso.

El periodista citó una encuesta de 2025 en Chile según la cual la mitad de la población chilena nombraba a Bukele como el político que más admiraba, algo cada vez más frecuente en países latinoamericanos alejados de El Salvador y poco conectados con su experiencia. “¿Cómo explicas que un obrero de las afueras de Santiago tenga a Bukele tan presente? Porque la propaganda de Bukele aparece todos los días en su teléfono”, explicó Dada, que señaló vídeos “cinematográficos” sobre pandillas o de Bukele aleccionando a soldados y policías “con iluminación de estudio”. 

“Si no fuera por el periodismo y organizaciones de derechos humanos, su propaganda no sería cuestionada”, explicó Dada, que ha sufrido personalmente hasta el espionaje con la tecnología israelí Pegasus en su móvil igual que buena parte del equipo de El Faro. “La búsqueda de la verdad se ha convertido en una actividad subversiva”. 

Acoso y espionaje

En febrero de 2020, nueve meses después de tomar posesión, Bukele entró en el Parlamento rodeado de soldados y policías armados y vestidos para el combate amenazó con disolverlo. El editorial de El Faro entonces se tituló “Maneras de dictador”, y Bukele lanzó una campaña contra el periódico, sus periodistas y sus anunciantes, que fue denunciada por organizaciones de derechos humanos y en el Congreso de Estados Unidos por demócratas y republicanos. El Faro siguió trabajando y reveló casos de corrupción mientras el acoso del Gobierno continuaba, también a través de las llamadas granjas de trols en redes.

El periódico tuvo que trasladar en 2023 la residencia de la empresa a Costa Rica, y poco a poco han tenido que salir del país reporteros objeto de amenazas de detención y otras represalias. Es una experiencia parecida a la de otros medios y otros periodistas en Nicaragua, Guatemala y Venezuela. 

Cuando todavía resistían en su país, los periodistas de El Faro empezaron a notar “gente rara” delante de sus casas, y la vigilancia llegó hasta un dron que entró por la ventana de la casa de Dada. Los móviles de más de una veintena de periodistas fueron hackeados durante más de un año con la tecnología Pegasus, de la empresa de defensa israelí NSO Group, contra la que El Faro tiene un proceso judicial todavía en curso. “Cuando lo hicimos público, perdimos la mayoría de nuestras fuentes, esenciales para la práctica del periodismo, y especialmente bajo regímenes autocráticos y opacos”, recordó Dada en su discurso en Oxford. “Fue la prueba definitiva de que el precio de practicar el periodismo había subido de manera significativa”.

El Faro sigue trabajando y publicando investigaciones, sobre los pactos de Bukele con las pandillas, las torturas en las cárceles o la erosión de la democracia.

Esto contrasta con lo que afirmó en referencia a estos asuntos hace sólo unos días en Madrid el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en varias entrevistas en las que, según Dada, “estaba mintiendo” porque “era muy consciente de la evidencia”. El número dos de Bukele también se reunió con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los abusos de los que habló Dada también los han documentado extensamente Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales.

El periodista salvadoreño reconoció los límites del trabajo periodístico en una sociedad que abraza el autoritarismo. “Aun así, lo que hacemos sigue mereciendo la pena. Aunque solo sea para dejar el testimonio a las generaciones futuras para que entiendan mejor qué demonios pasó en nuestros tiempos”, dijo Dada. “Así no quedarán las mentiras”. 

Cuando Jeff Bezos apostó por el lema “Democracy Dies in Darkness” (“la democracia muere en la oscuridad”) para la cabecera del Washington Post en 2017, a Marty Baron, entonces director, le sorprendió el tono taciturno de lo que debía ser una apelación a la misión del periódico. “Cuestioné la sensatez de poner a todo nuestro trabajo la marca de la muerte y la oscuridad”, escribe en su libro Frente al poder: Trump, Bezos y el Washington Post.

Casi una década después, la frase suena casi a premonición, mientras se multiplican los ataques a los derechos civiles en Estados Unidos, las grandes cadenas ceden a las presiones del presidente y Bezos, el hombre que llegó a decir que con 90 años se sentiría más orgulloso de su “apoyo inquebrantable” al Washington Post que de ninguna otra cosa, está desmontando la redacción.

Después de la última oleada de despidos —más de un tercio de la plantilla—, el periódico tiene menos empleados que cuando Bezos se lo compró a la familia Graham en 2013 mientras el propietario de Amazon financia y promociona un filme de Melania Trump. El Post sigue perdiendo suscriptores desde que el periódico decidió retirar justo antes de las elecciones de 2024 el apoyo que planeaba la sección de opinión en su editorial a Kamala Harris. Aquella decisión le costó más de 250.000 suscriptores en pocos días y hoy se esfuerza en complacer a Trump a través de sus nuevos columnistas. Entre los más de 300 despidos en la redacción, están el reportero de tecnología que informaba sobre Amazon y la reportera que estaba en Ucrania cubriendo la invasión rusa.

En sus años como director del Washington Post, de 2012 a 2021, Baron vivió la venta del periódico, la expansión con el dinero de Bezos, y la resistencia del diario y de su propietario contra los intentos de Trump en su primer mandato de influir en su cobertura.

Baron es uno de los pocos periodistas que ha pasado por los grandes diarios del país desde que se graduó en los años 70. Antes del Post, fue director del Miami Herald, en su Florida natal, y del Boston Globe, donde empujó al equipo de investigación a indagar más sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica. La película sobre ese trabajo, Spotlight, inspiró incluso a otros periodistas sobre la manera de investigar —por ejemplo, sobre la forma de hablar con supervivientes de violencia sexual— y a editores sobre la importancia de invertir más en investigación.

Esta es parte de nuestra conversación, editada por extensión y claridad.

¿Son diferentes los despidos en el Washington Post de otros que están sucediendo en otras redacciones de Estados Unidos y más allá?

Sí, son diferentes por varias razones. No solo por las cifras, sino por la naturaleza de la institución. El Washington Post es uno de los medios de comunicación más importantes del mundo y sin duda de Estados Unidos. Es uno de los pocos que tiene la capacidad, o la tuvo, de cubrir el mundo, el país, su propia comunidad local y exigir cuentas al Gobierno federal. Ahora estamos ante un medio que acabará siendo bastante diferente de lo que ha sido históricamente, y en particular de lo que ha sido durante las últimas décadas.

Cuando Jeff Bezos adquirió el periódico en 2013 habló de la necesidad de crecimiento e invirtió en ello. Nos embarcamos en muchas iniciativas innovadoras y tuvieron éxito. Obviamente, nos beneficiamos de la llegada de Trump y nuestra cobertura exhaustiva de su presidencia en ese momento. Bezos celebró todo el trabajo que hicimos. Expresó orgullo y parecía confiado en que estábamos en el camino hacia el éxito. En los últimos años, todo se está desmoronando. Esto representa el menoscabo de uno de los mayores medios del mundo. 

¿Cuál es la escala?

Dicen 300 despidos, pero en realidad podrían ser más. No hemos visto la lista. Están eliminando toda la sección de deportes. Están desmantelando la sección internacional… Están eliminando casi toda la cobertura local... Han despedido a todo el equipo de fotógrafos. La escala es enorme. Esto llega después de varias rondas de despidos. No creo que hayamos visto reducciones de esa magnitud en otros medios y mucho menos en uno con consecuencias a nivel nacional e internacional.

Cuando compró el Post, Bezos dijo que una redacción mermada aunque ganara dinero caería en la irrelevancia. ¿Ha cambiado él o ha cambiado el mundo?

Bezos lo compró en 2013. Mucho ha sucedido en el negocio de los medios desde entonces. Hemos visto una fuerte disminución en el tráfico que viene de las redes sociales, particularmente de Facebook, que ya no incluye noticias en su feed; y luego de los motores de búsqueda, sobre todo ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial generativa. Cuando haces una búsqueda, la respuesta suele ser una respuesta de IA y mucha gente se conforma con eso y no van a los enlaces. También hemos visto una creciente fragmentación en el mercado. Todo eso ha significado una fuerte disminución en el tráfico general.

En 2017, vimos un aumento significativo porque la gente quería ver a los medios exigir responsabilidades a Trump. El tráfico disminuyó cuando Joe Biden asumió el cargo, simplemente porque era aburrido. La gente sentía que la amenaza de Trump había desaparecido. Y ahora que ha vuelto al cargo, hay una clara fatiga informativa y una tendencia a evitar las noticias.

El problema para el Post es que las acciones del propio Bezos han empeorado significativamente las cosas. Su decisión once días antes de las elecciones de cancelar el editorial que había sido escrito en apoyo de Kamala Harris enfureció a muchos de los lectores leales del Washington Post. Al menos 250.000 suscriptores cancelaron sus suscripciones, probablemente más, casi de inmediato. Es muy difícil conseguir que cientos de miles de personas se suscriban. Pero perderlas casi en un instante es devastador. Y luego, con el tiempo, el comportamiento de Bezos continuó alejando a los lectores. 

Cubriendo las elecciones de 2024, me sorprendió que votantes en pequeñas ciudades de Wisconsin me hablaran de esto de manera espontánea cuando los entrevistaba...

Este es un país muy polarizado. Y quienes no apoyan a Trump están muy preocupados al ver que las instituciones con las que tradicionalmente contaban se están arrodillando ante Trump. Al ver lo que consideran evidencia de capitulación, se enfurecen.

Siempre ha habido dudas sobre Bezos debido a su riqueza. Pero su comportamiento durante los primeros diez años como dueño del periódico convenció a la gente de que apoyaría a la democracia y a la prensa independiente, porque así fue. Defendió con mucha fuerza y elocuencia el trabajo que hacíamos y nos dio los recursos para seguir haciéndolo. Por eso la cancelación del editorial fue un shock. La gente concluyó que estaba cediendo ante Trump, y eso los enfureció.

Usted escribe en su libro que por su experiencia estaba convencido de que Bezos creía en el papel esencial del periodismo en una democracia. ¿Lo sigue pensando después de lo que ha visto en este último año y medio?

Yo lo vi. Nos dio los recursos para hacer nuestro trabajo. Nos defendió contra los ataques de Trump. A pesar de que estuvo bajo una presión brutal de Trump en sus otros negocios, nos apoyó. Vi evidencia concreta de que él apoyó a una prensa independiente y a la democracia. Lo que veo ahora es bastante diferente. No es que haya concluido que él no cree en la democracia, pero está priorizando sus otros negocios sobre el Washington Post. Es importante tener en cuenta que Amazon es la fuente de su riqueza, y su compañía espacial privada, Blue Origin, es el objeto de su pasión. Ha amado el espacio desde que estaba en la escuela secundaria. Su novia de entonces dijo que la razón por la que quería ser rico era para poder ir al espacio.

En su opinión, el Post no es tan importante. Creo que priorizó el éxito de sus otras empresas. Bezos temía que Trump buscara venganza contra Amazon por ser él el propietario del Post. Que le negara contratos federales a Amazon. Un área de gran crecimiento para Amazon es la computación en la nube. Muchos de esos contratos son con el Gobierno federal, incluyendo el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia. Blue Origin se quedó muy por detrás de SpaceX... Para tener éxito, necesita contratos gubernamentales y del Gobierno de Estados Unidos. Está tratando de navegar esta situación y no quiere que el Washington Post se interponga en el camino del éxito de sus otras empresas comerciales.

¿Sería mejor que simplemente vendiera el Post?

La pregunta es, ¿a quién? Y los compradores más lógicos, los más naturales, serían las personas que apoyan a Donald Trump para poder deshacerse de la publicación o cambiarla a su favor. Y eso sería una catástrofe para la prensa independiente en este país y para el país en general. Desde luego, sería una catástrofe para nuestra democracia.

Tengo entendido que hay personas que se han acercado a él para comprar la publicación. Pero él ha rechazado esas propuestas y ha indicado que quiere seguir siendo dueño. Se ha hablado de invertirlo en una organización sin ánimo de lucro y capitalizarla, pero él también lo ha rechazado. Por alguna razón, quiere seguir siendo el dueño. A menudo decía que el éxito de la publicación sería una de las cosas de las que estaría más orgulloso cuando tuviera 80 años... Luego aumentó esa edad a 90, porque supongo que está tomando suplementos para aumentar su esperanza de vida.

No le he oído decir eso en mucho tiempo. No le he oído hablar en nombre del Washington Post. No le he oído celebrar ninguno de sus logros. No le he oído criticar a Trump por sus ataques a la prensa. No he oído nada de eso, ninguna de las cosas que antes hacía con bastante frecuencia. El espíritu que mostró antes en defensa de la democracia y la defensa de la prensa libre hoy no lo veo por ninguna parte. Eso me preocupa mucho.

¿Ha hablado con él desde que usted dejó de ser director?

Sí, hablé con él una vez y me comuniqué con él una o dos veces. La última vez que me comuniqué con él, lo cual fue hace bastante tiempo, no parecía que estuviera muy interesado en lo que yo tenía que decir.

Le escuché en una entrevista en la radio pública de Estados Unidos poco después de las elecciones haciendo predicciones bastante pesimistas para la prensa con el regreso de Trump. ¿Este año ha sido como lo esperaba?

Cada vez que estoy en España digo [cambia del inglés al español]: “Esperaba lo peor, pero lo peor es peor de lo que esperaba”.

Trump ha seguido bastante bien el patrón que esperaba con respecto a la prensa, y no creo que hayamos visto lo peor todavía. Es importante recordar que en los mítines de 2022 al menos dos veces expresó su deseo de ver a periodistas encarcelados, sobre todo por filtraciones relacionadas con la seguridad nacional. En un mitin dijo que cuando los periodistas fueran encarcelados, conocerían a su “novia”, una expresión para decir que los violarían, y así estarían “encantados” de revelar sus fuentes.

Es grotesco decir algo así. Es grotesco oír a alguien que fue presidente de Estados Unidos y que aspira a ser presidente de nuevo decir algo así. Sería grotesco que cualquier ser humano dijera eso. Es quien es. Basta con escuchar a Donald Trump para saber quién es realmente. Está bastante claro que le gustaría encarcelar a periodistas.

Al principio de su Gobierno, la fiscal general, Pam Bondi, eliminó las limitaciones para obtener documentos e información de la prensa. Este enero, allanaron la casa de una de las reporteras del Washington Post, Hannah Nathanson, y confiscaron todos sus dispositivos electrónicos. Extrajeron información de todo eso, aunque un juez dictaminó que no pueden revisarla. Pero no me sorprendería que ya lo hayan hecho.

Después de eso, arrestaron a dos reporteros que cubrían una protesta en una iglesia en Minnesota, ambos periodistas independientes, Don Lemon y Georgia Fort. Los arrestaron usando una ley federal que nunca antes se había usado contra periodistas que cubrían una protesta, intentando criminalizar el periodismo, como hemos visto en autocracias de todo el mundo.

Trump está siguiendo el mismo modelo que otros regímenes autoritarios. En particular, está siguiendo el modelo de Viktor Orbán en Hungría, a quien ha calificado de fantástico. Tiene el modelo y lo está aplicando. Lo peor que veremos es que procesen a periodistas, como ya están haciendo, e intenten encarcelarlos para intimidar a los periodistas y a las fuentes. Esto solo puede empeorar. Basta con observar los regímenes autoritarios de otros países para ver cuán grave puede llegar a ser.

En 2017, cuando pusieron el lema en la cabecera del Washington Post, el riesgo para la democracia no parecía tan evidente...

Para mí, ya lo era. Entonces leí todo tipo de libros sobre autoritarismo, de ficción y no ficción, porque estaba tratando de entender la mente de un autoritario y todo lo que vi durante la campaña de Trump y en su primer mandato me indicaba que quería ser un líder autoritario. No podemos subestimar sus ambiciones. La gente dice que quiere ser un dictador, pero en realidad quiere ser un emperador: quiere tener el control de otros países.

Su libro termina con una nota optimista porque, a pesar de las amenazas de Trump, el Post y Bezos resisten, y los buenos periodistas siguen haciendo su trabajo mientras el presidente es derrotado en las urnas. ¿Le tienta escribir una secuela sobre lo que pasó después? 

No es lo que quiero hacer. Pero sigo siendo optimista. La prensa ha estado bajo una enorme presión en Estados Unidos desde la fundación del país. El segundo presidente, John Adams, encarcelaba periodistas y no era muy respetuoso con la Constitución. La Administración de Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial fue muy agresiva con la prensa en una época peligrosa. Richard Nixon también. Hemos pasado por periodos muy difíciles. Este puede ser el periodo más difícil, pero creo que podemos superarlo.

El punto que planteé al final de mi libro fue que, en última instancia, todo depende del pueblo estadounidense. ¿Apoyará la democracia? ¿Apoyará la prensa independiente o no?

Al final del primer mandato de Trump, el pueblo decidió que no le gustaba su personalidad ni sus políticas, y lo rechazó. Él se niega a reconocerlo, pero esos son los hechos. El índice de aprobación de Trump ahora mismo es pésimo... Es muy posible que los demócratas ganen la Cámara de Representantes y algunos especulan que podrían ganar el Senado. Esto último parece menos probable, pero es posible. El problema ahora es que, y esto debería ser cierto para cualquier gobierno, ya sea republicano o demócrata, se supone que debería haber un sistema de controles y contrapesos, y ahora no existen porque el Congreso está gobernado por el Partido Republicano, y el Tribunal Supremo está compuesto por muchos nombrados por Trump y que han sido muy deferentes con él.

Si de nuevo tenemos pesos y contrapesos, las cosas podrían cambiar. Tendremos que esperar a ver qué sucede en las elecciones de noviembre, aunque hay mucho miedo de que Trump intente interferir para manipular los resultados y hacer todo lo posible por obstruirlas. Es un momento peligroso para la democracia en este país. Todos los que creemos en la democracia tenemos que trabajar para apoyarla.

En un clima cada vez más hostil para el periodismo independiente, Italia se ha visto sacudida este mes por una operación que podría reconfigurar de lleno su panorama mediático y que pone en el ojo del huracán a La Repubblica y La Stampa, los principales diarios progresistas y opositores al Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni. Su dueño, la familia Agnelli-Elkann —propietaria de la antigua Fiat, ahora Stellantis— busca vender los activos de su grupo editorial GEDI a Antenna, holding mediático de Theodore Kyriakou, magnate griego cercano a Donald Trump y socio comercial del príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salmán.

La operación encendió las alarmas de las plantillas de ambos periódicos, que piden garantías para mantener sus empleos y preservar su línea editorial, mientras muchos alertan de que la venta de estos dos diarios clave amenaza el pluralismo informativo en un país donde la libertad de prensa está en retroceso (según la última clasificación de Reporteros sin Fronteras, Italia ha bajado tres puestos en 2025).

“Con el actual Gobierno hay una prensa muy favorable a la derecha, que controla la televisión pública y gran parte de medios, pero la voz de La Repubblica se mantuvo independiente y autónoma”, asegura Zita Dazzi, miembro del Comité de Redacción y periodista de ese periódico en Milán. Atiende por teléfono a elDiario.es tras salir de la asamblea que los empleados celebran cada día desde que supieron de la negociación para vender el diario. Según Dazzi, más allá del temor a perder la independencia editorial, impera el miedo a los despidos. Ante ello, la plantilla presiona para obtener cláusulas que impidan por contrato que ningún trabajador de GEDI (en total, unos 1.300) sea despedido en los próximos dos años.

Con el actual Gobierno hay una prensa muy favorable a la derecha, que controla la televisión pública y gran parte de medios, pero la voz de La Repubblica se mantuvo independiente y autónoma

Zita Dazzi — Periodista de La Repubblica

Este mes de diciembre, se confirmó la noticia sobre los contactos con Kyriakou para comprar GEDI, uno de los grupos de comunicación líderes de Italia, que posee La Repubblica, La Stampa, la versión italiana de The Huffington Post o las radios Deejay, Capital o M20. John Elkann, heredero de la familia Agnelli y director ejecutivo de Exor (el conglomerado que gestiona su vasto imperio familiar) rechazó la oferta de compra oficial del magnate italiano Leonardo del Vecchio y admitió estar en negociaciones exclusivas con el empresario heleno.

Eso desató un terremoto con implicaciones políticas, ya que La Repubblica y La Stampa son el segundo y tercer diario con más tirada de Italia tras el conservador Il Corriere della Sera, son críticos con el Gobierno de Meloni y tienen peso en la opinión pública, razones por las que no gusta que estas dos cabeceras queden en manos extranjeras, controladas por un magnate de perfil ultraconservador, poco conocido en Italia y del que aún se desconocen sus intenciones exactas.

“Una fuerte amenaza al pluralismo informativo”

“No tenemos claro quién es este magnate griego, pero sí sabemos que es amigo de Bin Salmán o Trump, por lo que no estamos tranquilos”, asegura Dazzi. “Somos un periódico de izquierda que siempre hizo oposición al poder. Ir de la mano de ultranacionalistas no nos gusta”, agrega. La reportera también teme que se imponga un modelo sensacionalista y de entretenimiento que podría acabar con la identidad de La Repubblica como periódico riguroso.

Ahora hay muchas incógnitas y “todo dependerá de cómo se comporte” el grupo Antenna cuando se confirme la compra. “Aunque sobre el papel parece una fuerte amenaza al pluralismo informativo”, dice a elDiario.es Alessandra Costante, secretaria general de la Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI), el principal sindicato de periodistas del país, que pide una intervención activa del Ejecutivo para lograr que la empresa se comprometa a respetar el empleo de los trabajadores y la independencia editorial de los medios.

No tenemos claro quién es este magnate griego, pero sí sabemos que es amigo de Bin Salmán o Trump, por lo que no estamos tranquilos

Zita Dazzi — Periodista de La Repubblica

El Colegio de Periodistas de Italia y fuerzas políticas opositoras piden que el ejecutivo adopte el llamado 'Golden Power', mecanismo que le permite intervenir o bloquear operaciones sobre empresas estratégicas para los intereses nacionales. Mientras sigue la negociación, el Gobierno ha instado a la familia Agnelli a proteger a los empleados afectados, pero no hay indicios de que quiera frenar la transacción. “Si los diarios italianos siguen en manos italianas, será mejor para todos”, admitió días atrás el vicepresidente de Meloni y ministro de Exteriores, Antonio Tajani. “Sin embargo, a menos que se infrinja la ley, será el mercado quién decida”, agregó, señalando que su Ejecutivo no pretende intervenir. 

De materializarse la adquisición, será la primera vez que un conglomerado extranjero compre un grupo de medios de prensa escrita italiano de tal dimensión, lo que, para Costante, es otra señal de la “gravedad” de la situación en este sector. La oposición también mostró preocupación: “Nos encontramos ante la venta a una entidad extranjera que no ofrece garantías de empleo, perspectivas de futuro, calidad ni pluralismo informativo”, dijo Elly Schlein, líder del Partido Democrático —el principal de la oposición—. En su opinión, eso podría “debilitar o desmantelar un bastión fundamental de la democracia, basado en diarios que marcaron la historia del periodismo italiano”.

Una familia griega con negocios en medio mundo

Kyriakou lidera una dinastía familiar de armadores navieros griegos, con empresas financieras, inmobiliarias o medios de comunicación. Calificado por algunos como “el Berlusconi de los Balcanes”, a través de Antenna controla 37 canales de televisión de pago y gratuitos, dos servicios de streaming, dos emisoras de radio y medios digitales. Es propietario de ANT1 TV, uno de los principales canales de Grecia, y su negocio se extiende por Reino Unido, EEUU, Australia o países del golfo Pérsico. Según informaciones aparecidas en la prensa, su compra de GEDI es un primer paso para acceder al mercado italiano y expandirse en televisión, ya que tiene interés en cadenas de peso en el país como Sky Italia o La7 —este último canal, de línea progresista—.

En el ámbito político, el magnate griego tiene conexiones con el mundo conservador y es miembro del think tank Atlantic Council, que en 2024 otorgó a Meloni el premio Global Citizen Award. En mayo de 2025, estuvo entre los invitados en la cena ofrecida por el emir de Qatar a Trump en Doha, como parte de su gira primera gira por Oriente Medio. Según el diario griego To Vima, Kyriakou habló en privado sobre negocios y política con el presidente de EEUU. El empresario también tiene lazos con el príncipe heredero saudí, conocido como MBS, que posee el 30% de las acciones de Antenna a través del Fondo de Inversión Pública del reino (un poderoso instrumento a través del cual Riad ha invertido sus petrodólares en todo el mundo).

Estos días, el holding heleno aseguró que su inversión en Italia no incluye la empresa con participación saudí, pero su relación con la dictadura ultraconservadora es un elemento de preocupación añadido en el país transalpino.  

La Repubblica surgió con una identidad muy fuerte, se dirigía a una opinión pública de izquierda y liberal y acompañaba a la generación del 68 en un proceso de modernización del país

Carlo Sorrentino — Profesor de la Universidad de los Estudios de Florencia

Las negociaciones entre GEDI y Antenna están muy avanzadas, y la venta —valorada en unos 140 millones— podría concluir a fines de enero o principios de febrero, tras la fiesta de celebración del 50 aniversario de La Repubblica, que vio muchos cambios desde su fundación en 1976. Surgió “con una identidad muy fuerte, se dirigía a una opinión pública de izquierda y liberal y acompañaba a la generación del 68 en un proceso de modernización del país”, dice a elDiario.es Carlo Sorrentino, profesor de Sociología de los procesos comunicativos en la Universidad de los Estudios de Florencia.  

Según Sorrentino, el periódico cambió a medida que esta generación se disipó, a lo que se sumó la asunción de una línea más moderada, aunque sigue siendo símbolo de un modelo progresista que sus empleados quieren conservar. Como parte de sus acciones, los trabajadores de La Repubblica secundaron la huelga general en Italia del 12 de diciembre, mientras que los de La Stampa pararon rotativas un día antes. Ambas plantillas prevén más movilizaciones en las próximas semanas, incluida la opción de volver a declararse en huelga.

Falta de transparencia

También denuncian falta de transparencia en el proceso de venta. “Todo se negocia en la oscuridad, no hay nada oficial. Pedimos reunirnos con Kyriakou muchas veces, pero se esconde y solo envía comunicados desde la empresa de publicidad que contrató”, comenta Dazzi. Agrega que la plantilla de La Repubblica (de unos 600 empleados) espera aclaraciones por parte del empresario sobre posibles recortes drásticos que podrían conllevar cierres de sus ediciones locales.

En la ciudad de Turín, capital de la región norteña del Piamonte, el mayor jarro de agua fría ha sido la posible venta de La Stampa, de tendencia liberal, centrista y con profundo arraigo regional. Fundado en la urbe en 1867, el diario estuvo casi siempre en manos de la familia Agnelli desde 1926 y mantiene su base en Turín, pese a su proyección en toda Italia. La ciudad también es cuna de la propia dinastía Agnelli. En Turín fundó Fiat, antiguo gigante automovilístico que aupó la industria italiana, lo que marcó la expansión de la familia en sectores muy variados, desde las finanzas, hasta la construcción o los deportes.

También es propietaria del Juventus, club de fútbol insignia de la ciudad, y este diciembre incluso rechazó una oferta de compra. “La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta”, dijo John Elkann en un mensaje en vídeo, mostrando su compromiso con el club, mientras se le achaca que no haya hecho lo mismo con La Stampa. “Vale para el fútbol, pero no para nuestro periódico y sus más de 150 años de historia. Se puede vender fácilmente, sin ni siquiera molestarse en entender a quién”, denunció el Comité de Redacción del periódico.

Según trascendió, Antenna adquirirá La Stampa como parte de su compra del conjunto de GEDI, pero su interés apunta sobre todo a las radios del grupo y no querría mantener la propiedad del medio turinés. Ante ello, ya se busca otro comprador, lo que genera aún más incertidumbre entre sus empleados. Según Sorrentino, es un duro golpe para un diario vinculado históricamente a la burguesía industrial del norte, “paradigma de periódico de difusión regional” con arraigo a nivel local, un modelo cada vez menos rentable, mientras la crisis del sector periodístico italiano se agrava.

Cuando el periodista italiano Gabriele Nunziati empezó a trabajar el 1 de septiembre como corresponsal en Bruselas no se imaginaba que tres meses después iba a ser el protagonista de la noticia. Lamentablemente, Nunziati se ha convertido en el centro del ciclo informativo por ser despedido por la Agencia Nova tras hacer una pregunta durante una rueda de prensa de la Comisión Europea: “Si Rusia tiene que pagar la reconstrucción de Ucrania, ¿debe pagar Israel la reconstrucción de Gaza, dado que ha destruido prácticamente toda la Franja?”. Según la agencia, el vídeo con su pregunta se convirtió en viral en canales antieuropeos, prorrusos y vinculados al islam político, por lo que provocó “incomodidad” que acabó con su despido.

Nunziati, de 28 años, entiende que “después de interrumpir la relación laboral con alguien por solo una pregunta, hay compañeros que admiten que tienen miedo de hacer su trabajo”, aunque señala con modestia que su caso es menor si se tiene en cuenta que en Italia le han puesto una bomba en un coche a un periodista o se ha descubierto a periodistas a los que han hackeado sus teléfonos móviles para espiarles. Nunziati afirma que “si pudiera volver atrás, haría la misma pregunta de nuevo”.

¿Por qué cree realmente que le despidió la Agencia Nova? Es difícil de entender que solo sea por hacer una pregunta.

Después de que mi caso explotara, la Agencia Nova envió un comunicado de prensa a un medio de comunicación italiano en el que justificaban mi despido porque consideraron que mi pregunta era “técnicamente incorrecta”. Según la agencia, la pregunta demostraba que no conocía el derecho internacional. Dijeron que la relación de confianza entre la agencia y yo había terminado. Es lo que me comentaron durante las llamadas telefónicas que recibí después de que mi pregunta se volviera viral.

Pero, ¿no cree que hay algo más detrás?

Me encantaría saberlo. Pero, para ser honesto, realmente no tengo idea. No sé si hay alguna historia de fondo, si fue realmente solo por eso o si hay algo más por lo que me despidieron. Solo sé lo que me dijeron durante las llamadas telefónicas y lo que comunicaron en la nota de prensa.

La Agencia Nova señaló en su comunicado que el vídeo de la conferencia de prensa fue difundido “en canales de Telegram de nacionalistas rusos y medios de comunicación vinculados al islam político con una inclinación anti-europea, causando incomodidad a la agencia, como fuente primaria que es extremadamente atenta a su independencia y objetividad en la información transmitida”. ¿Qué opina de su respuesta?

Según ellos, había hecho algo que era una vergüenza para la agencia. No tenía idea de que se había compartido en esos canales porque, por supuesto, no sigo a esos canales. También fue compartido por muchos otros medios de comunicación. No creo que sea mi responsabilidad que otros medios o determinadas personas hayan compartido mi vídeo en sus canales, pero no tengo ni idea si hay otras posibles historias de fondo. Todo el mundo me pregunta por este tema, pero no tengo ni idea.

¿Sus compañeros o jefes de la agencia no te comentaron nada más?

Nadie me dijo nada más. Recibí un par de llamadas en las que simplemente me dijeron que a la dirección de la agencia no les gustó mi pregunta. Me dijeron que mi pregunta estaba fuera de contexto.

Personas de la Comisión Europea se pusieron en contacto conmigo de manera privada al final de una reunión informativa al mediodía y expresaron su apoyo por mi situación. La semana pasada durante otra conferencia de prensa se les preguntó sobre mi caso y una portavoz dijo públicamente que todas las preguntas son aceptadas en la rueda de prensa. La respuesta prueba que el argumento de la agencia para mi despido no se sostiene.

Su pregunta se hizo viral. Ahora su despido también se ha hecho viral y ha atraído más atención sobre su caso. ¿Cree que en la Agencia Nova se van a arrepentir de su despido?

No creo que se arrepientan. Creo que, al menos, publicaron un par de comunicados de prensa y no muestran ningún tipo de arrepentimiento. Creo que ellos están realmente seguros de que su decisión es correcta. Sin embargo, el 99,99% del mundo periodístico está de mi lado. He recibido apoyo de todas las organizaciones periodísticas y de muchos medios de comunicación.

Supongo que ahora se ha instalado un clima de miedo y preocupación en la Agencia Nova tras despedir a un periodista solo por preguntar.

Después de interrumpir la relación laboral con alguien por solo una pregunta, hay compañeros que admiten que tienen miedo de hacer su trabajo. En su segundo comunicado de prensa, la agencia dijo que sus periodistas eran libres de hacer cualquier pregunta que deseen, pero parece que esa regla no se aplicó en mi caso. Creo que es aterrador, especialmente para un periodista joven que no tiene a nadie que le respalde.

¿Cree que ha crecido la presión y las amenazas sobre los periodistas italianos en los últimos meses?

Sí. De hecho, la Federación Internacional de Periodistas publicó un comunicado de prensa en mi apoyo y añadieron su preocupación por la degradación de la libertad de prensa en Italia. Hay muchos casos, aunque lo mío es una cosa menor comparado con otras situaciones. Al periodista Sigfrido Ranucci le han puesto una bomba en su coche. Era la primera vez en 30 años que se volvía a atentar contra un periodista en Italia. Si alguien en un país democrático se siente capaz y libre de colocar una bomba debajo del coche de un periodista qué más podemos decir, te hace entender el ambiente que hay en Italia. O al periodista Francesco Cancellato, al que le hackearon su teléfono para espiarle, y no fue el único caso. En mi caso, si haces una pregunta sobre Israel, pierdes tu trabajo, es un claro mensaje que dificulta el trabajo. Sí, la libertad de prensa en Italia está amenazada.

¿Está la situación peor desde que Giorgia Meloni asumió el poder en Italia?

Si soy honesto, tengo que decir que soy joven, no tengo una larga carrera, he trabajado como periodista solo unos pocos años. Pero Reporteros Sin Fronteras ya explicó que Italia perdió tres posiciones en la clasificación de libertad de prensa de 2023 a 2024. Desde que Meloni llegó al poder hay una presión adicional sobre los periodistas, aunque no creo que haya comenzado con Meloni. Ahora bien, hablamos de una política con un cargo institucional que no da ruedas de prensa. Es un problema para la democracia y para la libertad de prensa si tienes una primera ministra que no responde a las preguntas de los periodistas.

Ha recibido apoyo de políticos, pero solo de la izquierda. Del lado de la derecha no recibí ningún tipo de solidaridad. Cuando está en juego la libertad de prensa creo que se debería recibir apoyo de todo el espectro político, pero ahora la sociedad está polarizada

En España, con la polarización política se ha puesto a los periodistas como objetivo.

Sí, en Italia ocurre igual, no es tan diferente.

Además, está la situación de precariedad de los contratos de los periodistas en España, ¿ocurre lo mismo en Italia?

La situación es de precariedad. Es realmente difícil tener estabilidad laboral y ganar un sueldo adecuado para vivir. La mayoría de mis colegas, pero no solo los jóvenes, sino también los mayores, no tienen contratos adecuados. Es una presión adicional que vuelve más difícil y complicado hacer tu trabajo. Y este es un tema que tiene que ver con la libertad de prensa, ya que si no tienes un contrato que te proteja o no te pagan suficiente dinero para vivir, vas a tener más miedo de hacer tu trabajo. En mi caso, ahora estoy buscando empleo y tengo que pagar el alquiler, pero si pudiera volver atrás, haría la misma pregunta de nuevo. Si eres un joven periodista sin mucho respaldo es realmente difícil hacer tu trabajo de la manera que sientes, hay muchos riesgos.

El Consejo Nacional de Periodistas Italianos envió un comunicado de protesta por su despido. ¿Cree que sirvió para algo?

Cuando publicaron el comunicado me sentí bien porque había adoptado una postura contundente contra el despido y para mí fue importante. La verdad es que no lo esperaba, no es tan común que adopten una posición tan dura. Algunos compañeros periodistas me dijeron que tendrían que haber hecho algo más, incluso una huelga sectorial, no sé. Quizás haya que responder de una manera más clara y fuerte porque ahora habrá más periodistas que teman por perder su trabajo solo por preguntar.

¿Se ha puesto la Comisión Europea en contacto con usted tras el despido?

Personas de la Comisión Europea se pusieron en contacto conmigo de manera privada al final de una reunión informativa al mediodía y expresaron su apoyo por mi situación. La semana pasada durante otra conferencia de prensa se les preguntó sobre mi caso y una portavoz dijo públicamente que todas las preguntas son aceptadas en la rueda de prensa. La respuesta prueba que el argumento de la agencia para mi despido no se sostiene.

¿Ha recibido apoyo desde el ámbito político?

Ha recibido apoyo de políticos, pero solo de la izquierda, del Partito Democratico, Alleanza verdi y sinistra y Movimento 5 Stelle, pero del lado de la derecha no recibí ningún tipo de solidaridad. Cuando está en juego la libertad de prensa creo que se debería recibir apoyo de todo el espectro político, pero ahora la sociedad está polarizada. En el Parlamento Europeo, el Movimento 5 Stelle iba a presentar una moción. En Italia, en el Parlamento Italiano hubo un debate sobre mi caso y Ricardo Ricciardi, diputado de Movimento 5 Stelle, ha comentado públicamente mi situación.

¿Cómo se siente siendo el protagonista de las noticias?

Es una sensación extraña. Se ha convertido en un tema muy grande y se puede perder la perspectiva de las cosas. Emocionalmente fue difícil, recibí cientos de mensajes y llamadas. También espero sacar algo de esta situación, profesionalmente hablando, ahora sé lo que sienten las personas a las que entrevistamos, de las que informamos los periodistas. Espero que esta situación me dé un poco más de humanidad. A veces cuando trabajamos como periodistas, solo vemos las noticias, no vemos a la persona. A veces he sentido que me trataban como si fuera solo una noticia, no como un ser humano.

¿Cree que su caso va a cambiar algo?

Realmente no tengo esperanza de que vaya a cambiar la situación. Ha habido episodios mucho peores en Italia y nada ha cambiado. Por ejemplo, en el caso de los periodistas espiados, que están acusando al gobierno de estar detrás. Todos deberíamos haber salido a las calles a protestar porque es un problema muy grave, pero después de un tiempo la gente simplemente se olvida. Mi caso será olvidado en unos días y no creo haya cambiado nada.

¿Qué va a hacer ahora? ¿Está buscando trabajo?

Sí, estoy buscando trabajo. Me encantaría quedarme en Bruselas. Me mudé aquí el 28 de agosto, así que soy nuevo en la ciudad como corresponsal. Me encanta trabajar en Bruselas como periodista. Va a ser complicado, pero no pierdo la esperanza.

La pantalla del móvil de la periodista Ola al Zanoun se enciende cada dos por tres durante la entrevista con elDiario.es en Madrid. Una avalancha de mensajes y notificaciones dejan entrever el fondo de pantalla de su teléfono: una fotografía de sus cuatro hijos.

Desde que empezó el genocidio en Gaza, hace más de dos años, la periodista y corresponsal en Palestina de RSF Internacional se ha visto desplazada en más de cinco ocasiones junto a su marido, el también periodista Adel al Zanoun, y sus hijos. Su vivienda está convertida en escombros y, en uno de los bombardeos israelíes, la reportera resultó herida en una pierna. “Volveremos a Gaza, inshallah [si dios quiere]”, afirma. Hace un año dejó forzosamente la Franja, pero sueña con volver.

La periodista palestina se encuentra en Madrid, donde este martes se ha celebrado la gala de entrega de los Premios RSF España.

Con motivo del 30 aniversario de su fundación, RSF España ha otorgado el premio internacional a Al Zanoun y al fotoperiodista palestino Motaz Azaiza por su compromiso con la libertad de prensa y el derecho a la información en un contexto donde no hay seguridad para los periodistas. Más de 200 informadores han sido asesinados por el ejército israelí en Gaza desde octubre de 2023 –de ellos, 56 fueron blanco de ataque directo por su actividad periodística, según la organización–.

Han pasado ya dos años desde el inicio del genocidio en Gaza. ¿Cómo se siente al mirar atrás?

Ha sido la peor experiencia de mi vida. Me he desplazado de casa unas cinco veces. Pasé alrededor de cinco meses sin un hogar estable. Pero lo más duro no es solo moverte de un sitio a otro, sino hacerlo sin nada: sin ropa, sin pertenencias, sin tu vida cotidiana. Cada vez que encontraba un lugar “seguro”, tenía que abandonarlo por los bombardeos. Y volver a empezar de cero. Desplazarse no significa solo cambiar de casa. Es intentar sobrevivir con lo mínimo en condiciones de miedo constante. Es muy doloroso abandonar tu hogar, tus recuerdos… una y otra vez.

Desplazarse no significa solo cambiar de casa. Es intentar sobrevivir con lo mínimo en condiciones de miedo constante

¿Qué significa para usted la palabra ‘refugio’?

Refugio... es una palabra que duele. No fue una elección, fue una obligación. Nos obligaron a salir bajo amenaza de muerte. Cuando te apuntan con un arma y tienes que decidir entre quedarte y morir o irte y salvar a tu familia, no hay opción.

No es la primera vez que mi familia vive esto. Somos originarios de Yafa [actualmente, Israel] y mis padres ya fueron desplazados antes. Ahora lo hemos vuelto a vivir. No se trata de querer irse, sino de tener que hacerlo para sobrevivir.

¿Y cómo fue la acogida fuera de Gaza? ¿Cómo les recibieron en otros países? Han estado en Qatar, ahora en Egipto…

Así es, primero estuve unos meses en Doha y después en Egipto. En ambos lugares encontré gente muy humana y solidaria. La mayoría de las personas nos recibieron con empatía, con compasión.

No se trata de en qué país estés, sino de sentir que alguien comprende tu dolor. Cuando te dicen “estamos contigo”, ese simple gesto alivia mucho. No somos solo víctimas en Gaza, también necesitamos sentir que el mundo nos ve, que no estamos solos.

No somos solo víctimas en Gaza, también necesitamos sentir que el mundo nos ve, que no estamos solos

¿Cómo describiría emocionalmente esa experiencia de huir una y otra vez?

Es un dolor continuo. Cada vez que te marchas, pierdes una parte de ti misma. No solo dejas cosas materiales, sino tu rutina, tu vecindario, tu vida cotidiana. Y, además, cuando llegas a otro lugar, no sabes cuánto tiempo podrás quedarte. Vives en un estado permanente de alerta. Mi corazón se rompió muchas veces. No es fácil mantener la calma cuando lo único que te acompaña es el miedo.

Ha trabajado en Gaza como periodista y es la representante de Reporteros sin Fronteras en Palestina. ¿Cómo ha sido ejercer el periodismo allí?

No hay periodista en Gaza que no haya trabajado bajo peligro. No existe lugar seguro, ni siquiera con un chaleco [antibalas] o un casco de prensa. De hecho, esos chalecos se convirtieron en objetivos.

Israel no quiere que el mundo vea lo que ocurre. No quiere que se documenten los crímenes contra civiles, mujeres y niños. Por eso los periodistas somos atacados: destruyen nuestras casas, nuestras familias, nuestras cámaras. Porque somos los que mostramos la verdad [al mundo].

¿Por qué cree que los periodistas se han convertido en un objetivo directo?

Porque para Israel somos más peligrosos que los combatientes. Nosotros no disparamos, pero mostramos al mundo lo que está pasando. Y eso genera presión internacional. Cuanta más información sale de Gaza, más presión sienten y más nos atacan.

A pesar de todo, siguió ejerciendo el periodismo. ¿Por qué?

Porque creemos en nuestra misión. Ser periodista en Palestina es una labor profesional, pero también patriótica. Queremos contar la verdad, queremos que el mundo vea el sufrimiento de nuestro pueblo.

Los periodistas no somos parte de la guerra. Somos testigos, comunicadores. Pero Israel no lo entiende así: nos ha asesinado, herido y encarcelado. Aun así, seguiremos trabajando, porque nuestra voz es nuestra resistencia.

Los periodistas no somos parte de la guerra. Somos testigos, comunicadores. Pero Israel no lo entiende así

¿Qué futuro espera para los periodistas palestinos?

Espero que las organizaciones internacionales presionen más para protegernos. Que se nos brinde apoyo psicológico, material y humano. Que se reconstruyan los medios destruidos y se respete el trabajo de la prensa. Necesitamos que el mundo actúe. Que las instituciones internacionales exijan responsabilidades. No queremos privilegios, solo protección y justicia.

Los gobiernos tienen que presionar más a Israel y a Estados Unidos. Yo no pido lujo ni privilegios, pido lo básico: seguridad, justicia, reconstrucción y respeto. Y que las familias de los periodistas asesinados reciban apoyo. Que se les reconozca su sacrificio.

El periodista italiano Gabriele Nunziati ha denunciado que ha sido despedido de la agencia de noticias Nova por preguntar en la Comisión Europea si Israel debía reconstruir Gaza, lo que ha suscitado el debate sobre la libertad de prensa.

El pasado 13 de octubre, Nunziati formuló la siguiente pregunta a una portavoz en la rueda de prensa diaria en la Comisión: “Usted ha insistido en que Rusia debía hacerse cargo de la reconstrucción de Ucrania. ¿Cree que Israel debería pagar la reconstrucción de Gaza?”. La portavoz, Paula Pinho, respondió: “Es una pregunta interesante, pero no tenemos comentarios al respecto en estos momentos”.

El periodista ha denunciado en los medios italianos que su agencia le hizo saber enseguida que su pregunta no había sido bien recibida por la dirección y el 27 de octubre le comunicó por carta el cese de su contrato de colaboración.

La agencia Nova, fundada en 2001 y especializada en cuestiones de política internacional, explicó su decisión en un comunicado al medio Fanpage, alegando que la pregunta era “técnicamente equivocada”, “fuera de lugar” y de “naturaleza errónea”. La agencia sostuvo que “Israel ha sufrido una agresión armada”, en referencia al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y denunció que el vídeo con la pregunta del periodista “ha sido distribuido por los canales nacionalistas rusos” y por medios del “islam político”.

El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, que ha expresado su “desconcierto” ante estos hechos. “No se puede despedir por preguntar”, ha criticado, pidiendo también su reintegración “lo antes posible” en su puesto.

Las críticas también han llegado desde la esfera política. El eurodiputado del Partido Demócrata, Sandro Ruotolo, ha techado estos hechos de “graves” porque “alertan sobre la situación de la libertad de prensa” y del periodismo.

La eurodiputada de Alianza Verdes e Izquierda, Ilaria Salis, en el pasado detenida en una cárcel húngara acusada de agredir neonazis en Budapest, ha mostrado al corresponsal su “plena solidaridad”.

“La suya era una pregunta perfectamente legítima”, ha aseverado en la red social X. 

La Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León pactada por PSOE y Vox —que ya han recurrido 25 medios de comunicación— sigue generando polémica por sus consecuencias en el sector. Mientras tanto el PSOE niega la autoría de la normativa pese a pactar varios artículos con el partido de extrema derecha y asegura que aclararán algunas cuestiones que se detectaron en la aprobación y a las que se comprometieron el pasado mes de julio, pero sin fecha.

“Nos habíamos comprometido a clarificar lo del 33% para que solo sea de la Junta de Castilla y León y así lo haremos cuando nosotros consideremos pertinente”, ha aseverado ante los medios la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, que ha advertido que los partidos no marcan su estrategia “porque haya ningún tipo de presión o de amenaza”. “Cuando surgen esas cosas suelen tener el efecto contrario, pero nos comprometimos y así lo haremos”, ha insinuado.

Rubio ha mostrado su “respeto” a la reclamación judicial de los medios de comunicación a esta norma, puesto que entienden que la Ley de Publicidad Institucional contraviene varios supuestos de inconstitucionalidad. El Consejo Consultivo de Castilla y León advertía en un dictamen de la posible inconstitucionalidad de cinco previsiones de su articulado. Según el dictamen, la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica, ya que introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, niega haber pactado con Vox la Ley de Publicidad Institucional. Hace unos meses y durante la negociación parlamentaria, Rubio defendió la posibilidad de negociar con Vox porque ambos consideraban que la Ley no era “ideológica” y se trataba de un “acuerdo técnico”. Finalmente, esta norma fue aprobada con el respaldo del PSOE, Vox, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea (Grupo Mixto). Los seis de UPL-Soria Ya se abstuvieron, y votaron en contra el PP, Por Ávila y los dos exprocuradores de Vox, no adscritos.

El PSOE interpreta que la Ley de Publicidad Institucional —que ya está en vigor— no se puede aplicar hasta que no esté su desarrollo reglamentario —“Sin eso es imposible que la puedan aplicar”— y ha acusado a la Junta de utilizar esta norma para “enfrentar a algunos medios con algunos partidos políticos”. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional estatal lleva en vigor 20 años y aplicándose sin que se haya producido un desarrollo reglamentario, al igual que sucedía con la de Castilla y León en vigor hasta el verano, que tampoco lo tenía.

La norma también prevé prohibir la contratación de cualquier campaña de publicidad en medios que hayan sido condenados en sentencia firme dos veces en los tres últimos años —o tres o más veces en los últimos cinco años— y se hayan visto obligados a rectificar sus informaciones por ser inexactas, vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas o por delitos de odio. También ha cargado contra el “argumento torticero” que cree que está empleando la Junta de Castilla y León, administración que —según interpreta— debe preparar el desarrollo reglamentario posterior.

“Ataque a la libertad de prensa”

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado este miércoles en Palencia que la Ley supone “un ataque a la libertad de prensa”, puesto que limita la publicidad institucional al 33% y condiciona estos contratos a la ausencia de condenas por vulneración de derechos como el honor, intimidad o la propia imagen.

Carriedo ha mostrado la “solidaridad del Gobierno autonómico con los medios locales y digitales”, que “sufren un perjuicio directo por la aplicación de la norma, mientras que los medios de ámbito nacional quedan exentos”.

El 13 de octubre de 2016, unas semanas antes de las elecciones presidenciales, David McCraw respondió a una carta de los abogados de Donald Trump que amenazaba a The New York Times por publicar los testimonios de dos mujeres que contaban “tocamientos inapropiados” por parte del entonces candidato republicano.

McCraw, que ahora lleva más de dos décadas en el Times y es el abogado principal de la redacción, respondió de manera contundente con una misiva que para él era como tantas otras, pero que se convirtió en una bandera a favor de la libertad de prensa. También fue el comienzo de la investigación de casos de acoso sexual que llevó al periódico a destapar los abusos del productor Harvey Weinstein un año después, y McCraw, que también defendió a las periodistas en ese asunto, se posicionaba a favor de publicar las denuncias de las mujeres.

“Silenciando sus voces no habríamos servido bien no sólo a nuestros lectores, sino a la democracia. Hicimos lo que permite la ley: publicamos información de interés periodístico sobre un tema que preocupa al público”, escribió el abogado. “Si el señor Trump no está de acuerdo, si cree que los ciudadanos estadounidenses no tenían derecho a escuchar lo que estas mujeres tenían que decir y que la ley de este país nos obliga —a nosotros y a quienes se atrevan a criticarlo— a guardar silencio o ser castigados, damos la bienvenida a la oportunidad de que un tribunal lo corrija”.

Las amenazas de Trump y sus abogados no fueron entonces a ningún lado —ni siquiera presentaron una demanda—, pero McCraw recordaría después ese octubre de 2016 “con nostalgia”, según cuenta en su libro Truth in Our Times, publicado en 2019 y donde cuenta cómo minusvaloró “durante demasiado tiempo” la amenaza que suponían las acciones del presidente para la libertad de prensa, y cómo de polarizado estaba el país también sobre algo que hasta entonces parecía un principio básico. 

Casi un año después de la segunda victoria de Trump, McCraw cuenta que nunca había visto un ataque concertado como el de ahora por parte del Gobierno contra la prensa. Hace unos días, los abogados del presidente volvieron a presentar una demanda contra el Times por valor de 15.000 millones de dólares (más de 12.000 millones de euros) por supuesta difamación en dos artículos sobre su campaña después de que un tribunal de Florida desestimara la primera versión por el lenguaje partidista del texto de la querella. McCraw, que da clases sobre legislación de medios en la Universidad de Harvard, confía en que la nueva generación de abogados y jueces reconstruya las instituciones democráticas.

Hablamos después de una conferencia de McCraw en Londres sobre la confianza y la información. Esta es nuestra conversación editada por extensión y claridad.

¿Estaba preparado para lo que está sucediendo en el segundo mandato o le sigue sorprendiendo?

Ha habido muchos cambios desde su primer mandato, y algunos de ellos escapan a lo que piensa Donald Trump o a lo que está haciendo su Gobierno. La situación económica de los medios ha empeorado, tanto por las adquisiciones corporativas como por la continua amenaza a la viabilidad financiera de muchos de ellos. Afortunadamente, The New York Times no ha afrontado eso y ha tenido bastante éxito. Pero esto debilita la capacidad de los medios para luchar por la libertad de prensa tanto en términos de voluntad como de recursos. Si estás dispuesto a luchar, necesitas recursos para hacerlo. 

El creciente control sobre la prensa es algo que no habíamos visto antes. Si analizamos las distintas piezas, ninguna parece tan grave, pero al unirlas, sale la imagen de una Administración que desafía la naturaleza misma de las relaciones entre la prensa y el Gobierno. Lo vemos con el Pentágono, con nuevas restricciones a los periodistas, que se han negado a aceptarlas y han sido reemplazados por pequeños medios de comunicación de derecha. Lo vemos en las demandas por difamación del presidente contra el Wall Street Journal y The New York Times. Lo vemos en la cancelación de la financiación de los medios públicos y en la intervención de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en el contenido de una manera nunca vista. Ahora existe un esfuerzo concertado para cambiar el modelo de funcionamiento de la prensa y el gobierno en Estados Unidos. No percibí que en el primer mandato hubiera un esfuerzo para cambiar estructuralmente las cosas. Sin duda, hubo hostilidad y ataques, pero no la visión de que debería haber una prensa que no cumpla su función habitual de promover la rendición de cuentas y ser un organismo de control del Gobierno.

El creciente control sobre la prensa es algo que no habíamos visto antes... No percibí que en el primer mandato hubiera un esfuerzo para cambiar estructuralmente las cosas. Sin duda, hubo hostilidad y ataques, pero no la visión de que debería haber una prensa que no cumpla su función habitual de promover la rendición de cuentas y ser un organismo de control del gobierno

Trump ha vuelto a presentar la denuncia contra The New York Times por difamación después de que el juez la rechazara por cómo estaba escrita. ¿Ve algún cambio sustancial?

Los abogados del presidente presentaron una larga denuncia, de 85 páginas, llena de ataques políticos y retórica partidista. El juez decidió que no cumplía con los estándares de una querella, la desestimó y dio tiempo a los abogados para presentar una nueva, y así lo han hecho. Ahora tenemos una querella mucho más estándar. Ataca dos artículos, sólo dos a pesar de tener 40 páginas. Y dentro de esos dos artículos, un número muy pequeño de declaraciones. Todavía solicita 15.000 millones de dólares en daños. 

Las cifras de los daños son inventadas. No tienen pruebas necesarias para incluirlas en su demanda. La solicitud de 15.000 millones sugiere hasta qué punto es una demanda de cara a la galería. Está diseñada para el consumo público o para alimentar el mensaje de que Donald Trump está en guerra con los medios, lo cual es lamentable tanto desde un punto de vista legal, porque los tribunales no deberían usarse indebidamente para obtener beneficios políticos, como en términos de enviar el mensaje equivocado al público, que debería ver que la prensa tiene un papel que desempeñar en nuestro sistema.

¿Puede haber una batalla legal prolongada?

Espero que no. Es una demanda por difamación bastante sencilla. Me parece que lo que tenemos aquí se reduce a los mismos pilares de cualquier demanda por difamación: solicitaremos la desestimación; los abogados del presidente la defenderán. Si el juez decide que tiene fundamento, se pasará al proceso de investigación de pruebas. Se desarrollará como se han desarrollado durante décadas en este país.

La solicitud de 15.000 millones sugiere hasta qué punto es una demanda de cara a la galería. Está diseñada para el consumo público o para alimentar el mensaje de que Donald Trump está en guerra con los medios

En cierto modo, nos beneficia, por ejemplo, en comparación con ser atacados en los “tribunales” de las redes sociales porque, a diferencia de las redes, los tribunales se preocupan por los hechos. El estándar de la prueba es decisivo. Las falsedades se castigan. Nada de eso aplica en redes sociales cuando nos atacan, que es la otra forma en que suceden las disputas en este país y donde la desinformación, la información errónea y las mentiras descaradas pueden impulsar el mensaje. Eso no va a suceder en los tribunales. Confiamos en que los tribunales hagan lo que siempre han hecho: intentar de la mejor manera posible llegar a la decisión legal correcta.

Más allá de los tribunales, ¿el presidente tiene alguna herramienta contra el Times, como ocurre, por ejemplo, con la televisión, que depende de licencias públicas, o con empresas en medio de fusiones que tienen que ser aprobadas por la Administración? 

No vemos eso en nuestro caso. No estamos regulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). No tenemos emisoras de televisión ni de radio, lo cual es un punto de presión. No participamos en megafusiones, que es otro punto donde las grandes empresas de medios se han visto presionadas por el Gobierno federal. Por lo tanto, en nuestra situación actual, no nos preocupa ese tipo de presión.

¿Ve algún escenario en el que The New York Times pueda llegar a un acuerdo extrajudicial, a pactar una indemnización fuera de los tribunales?

No. Hace décadas que no llegamos a un acuerdo extrajudicial por difamación en Estados Unidos. Creemos que pactar fuera de los tribunales mandaría un mensaje equivocado. Y también creemos que se trata de una demanda muy débil. Lo hemos dicho repetidamente. Se reduce a dos artículos y a unas pocas declaraciones. Creemos que tenemos defensas muy sólidas para todas ellas.

¿Se siente el Times un poco solo en estas batallas mientras otros medios llegan a acuerdos y hacen concesiones?

No estamos solos, pero el grupo ya no es tan grande como antes. Hubo un tiempo en que sentíamos que existía un amplio apoyo a la libertad de prensa en el sector. 

Volvemos a lo que dije antes: se necesita dinero y buena voluntad. Los medios más pequeños no tienen los recursos que tenían antes para promover la libertad de prensa. Y la buena voluntad de algunos de nuestros colegas ya no es la misma debido a los cambios de propiedad. 

Dicho esto, todavía hay un amplio consenso sobre la importancia de la libertad de prensa en los medios. Se ha visto en la controversia del Pentágono: la cantidad de medios que se han negado a aceptar las credenciales de prensa del Pentágono ha sido significativa, e incluye también a medios conservadores. Eso me da esperanza sobre el valor de la unidad cuando la libertad de prensa está en juego.

Los medios más pequeños no tienen los recursos que tenían antes para promover la libertad de prensa. Y la buena voluntad de algunos de nuestros colegas ya no es la misma debido a los cambios de propiedad

¿Ve ese tipo de apoyo entre el público?

Escribí en el libro sobre el problema de la necesidad de convencer y creo que sigue existiendo. En las encuestas se ve que la confianza en los medios ha disminuido. Según una encuesta de Ipsos, el 26% de la gente cree que el presidente debería poder cerrar los medios que se porten mal, sea lo que sea que eso signifique. Es muy preocupante. Otra encuesta reciente del Instituto Pew revela que la libertad de prensa es importante, pero sólo la mitad de los encuestados está de acuerdo con la independencia de la prensa. Ésa es una brecha que debemos abordar para que la gente comprenda que los medios tradicionales funcionan de forma independiente. Cuando preguntas en abstracto sobre si la libertad de prensa importa, el 77% de las personas da una respuesta positiva, pero, si preguntas específicamente sobre qué debería hacer la prensa y qué poder debería tener, las cifras no reflejan lo mismo.

Tenemos que seguir explicando a la gente cómo y por qué hacemos nuestro trabajo, y recalcar el valor de la libertad de expresión para las personas en sus vidas. Esto no es sólo algo que sucede en Washington. Cuando el Pentágono impone restricciones, eso va a ser en última instancia perjudicial para los ciudadanos que se preocupan por la defensa nacional.

¿La prensa debería plantear estos puntos de forma más colectiva o coordinada?

No sé si de manera coordinada, pero espero que todos lo defiendan. Debemos dejar claro que la libertad de expresión es importante. Hay una manera de lograrlo: que no se trate de la prensa contra Trump, sino de qué se lleva el público y cuáles son sus necesidades. Creo que lo hemos dado por sentado durante demasiado tiempo.

Hace unos años trabajé pro bono en varios países impulsando leyes de libertad de información y la revisión de las leyes de difamación. Algo alentador fue ir a países que no tenían leyes de libertad de información y encontrar el apoyo de la comunidad empresarial. Querían saber qué estaba pasando en su país para saber dónde y cómo invertir de manera segura. Espero que encontremos aliados fuera de los medios de comunicación.

La Primera Enmienda es bastante excepcional en el mundo. En Europa hay muchas más restricciones sobre difamación o discurso de odio, y se puede argumentar que hay sociedades menos divididas que en Estados Unidos. ¿Qué opina?

No cabe duda de que existen diferentes perspectivas sobre la libertad de prensa. Podemos debatir con nuestros colegas europeos sobre el valor de la privacidad, que se protege más allí, y sobre cómo el discurso del odio tiene protección en Estados Unidos. 

Son debates interesantes, pero no creo que definan el consenso en torno a la libertad de expresión, que sí existe en la idea fundamental de que la prensa necesita ser libre para fomentar el libre pensamiento y ser un freno al gobierno.  

Una de las primeras veces que hice un trabajo pro bono internacional fue en Yemen con la ONG Article 19. Fue muy interesante escuchar cómo hablan de cuestiones como la inconstitucionalidad del derecho de réplica en Estados Unidos. Podemos discrepar de los detalles, pero, en esencia, la idea de que la prensa debe tener la libertad de fomentar la libertad de pensamiento y de ser un freno al poder, es compartida, independientemente de cómo se modifiquen las leyes en diferentes lugares.

Podemos discrepar de los detalles, pero, en esencia, la idea de que la prensa debe tener la libertad de fomentar la libertad de pensamiento y de ser un freno al poder, es compartida, independientemente de cómo se modifiquen las leyes en diferentes lugares

¿Puede haber más restricciones legales para la libertad de prensa en Estados Unidos? ¿Puede cambiar la interpretación del caso New York Times contra Sullivan (la sentencia del Supremo de 1964 que protege a la publicación de información mientras no haya malicia)?

No soy de los que creen que Sullivan esté en grave peligro. Dos jueces del Tribunal Supremo se han pronunciado en contra de la idea, pero la gran mayoría de los tribunales la han mantenido. El Supremo ha tenido 10 o 15 oportunidades en los últimos cinco años para revisar la sentencia y decidir si la modifica, y ha optado por no aceptar ninguno de esos casos. No creo que haya mucho interés en el Supremo, más allá de los dos jueces, para abordarla. 

Parte de eso se debe a que es un caso bien establecido. Lo hemos respetado desde 1964. En segundo lugar, no es un asunto partidista en el sentido de que los medios conservadores usan Times contra Sullivan para defenderse. El presidente Trump ha sido demandado por difamación ocasionalmente, y también ha utilizado Times contra Sullivan. Todos lo hacemos, independientemente de nuestra posición política. Así que creo que es probable que se mantenga. 

No creo que el caso 'New York Times contra Sullivan' esté en peligro... Está bien bien establecido. Lo hemos respetado desde 1964. Y no es un asunto partidista en el sentido de que los medios conservadores usan el caso para defenderse

Podría haber algún cambio. Todo depende de la definición de quién es una figura pública y quién no. El Tribunal Supremo nunca ha dicho mucho sobre quién es una figura pública, que se podría redefinir.

Tampoco me sorprendería ver que se presta mayor atención aquí a si las leyes deberían abordar el discurso de odio, el acoso en línea y ese tipo de cosas que en gran medida han sido protegidas por la Primera Enmienda. 

He visto un cambio en los últimos cinco años en que los tribunales están más dispuestos que en el pasado a decir que cuando un medio de comunicación publica algo que afecta a la vida privada, las personas deberían tener la oportunidad de demandar. Veo que en ambos casos hay una creciente preocupación pública por la excesiva protección de la ley a la prensa y a los oradores de todo tipo.

¿La definición de persona pública podría convertirse en un problema si eso no incluye a empresarios o figuras de ese tipo? 

Sí. Al principio, Times contra Sullivan se aplicaba sólo a funcionarios públicos, y tres años después se convirtió en la protección de figuras públicas, basándose en la teoría de que las figuras públicas del sector privado tienen tanta influencia como el gobierno, ya sean estrellas de cine o dueños de grandes corporaciones. 

Si se modifican las normas para que menos personas sean figuras públicas, probablemente habrá pequeños cambios. La diferencia entre la figura pública y el individuo privado es que la figura pública debe demostrar verdadera malicia. Una figura privada sólo necesita demostrar que el medio actuó con negligencia. Aún tendríamos una defensa en esos casos, porque esperamos poder demostrar que, incluso si cometimos un error, no fuimos negligentes. Así que, no creo que suponga un cambio radical en la ley.

En otro reto legal fundamental, ¿debería haber coordinación en la querella contra OpenAI y Microsoft por la propiedad intelectual de la prensa?

Para empezar, creemos que tomar nuestros archivos y usarlos para entrenar su software de IA está mal, que están copiando y robando, y no tienen derecho a utilizarlos gratis. Creemos firmemente en esta demanda, en que la ley de derechos de autor protege nuestro contenido. La segunda cosa es que estamos a favor de la tecnología. La IA será fundamental en las redacciones. Y los usos que los periodistas hacen de ella son extraordinarios: analizan grandes conjuntos de datos y comprenden tendencias, detectando aspectos que no podríamos alcanzar con solo la inteligencia humana.

Creemos, sin embargo, que los medios de comunicación tradicionales tendrán un lugar en el nuevo ecosistema informativo, en constante evolución, y que debemos seguir prosperando para formar parte de él. Lo que están haciendo las empresas de IA generativa socava el modelo de negocio y supone un riesgo si crean productos que nos sustituyen cogiendo gratis nuestro contenido, algo a lo que no tienen derecho y que pondrá en riesgo los ecosistemas de información que necesitamos.

Sin que haya coordinación con otros, ahora hay docenas de demandas por esto. No están coordinadas, pero me alegra ver cómo autores individuales, medios, Reddit y otras empresas online dicen que esto tiene que parar. Es importante difundir el mensaje contundente de todo el sector, de todos los sectores, de que el contenido no se puede robar ni usar para crear productos competitivos.

Lo que están haciendo las empresas de IA generativa socava el modelo de negocio y supone un riesgo si crean productos que nos sustituyen cogiendo gratis nuestro contenido, algo a lo que no tienen derecho y que pondrá en riesgo los ecosistemas de información que necesitamos

¿En este caso llegaría a un acuerdo extrajudicial?

Acabamos de anunciar un acuerdo con Amazon para inteligencia artificial generativa. Si recibimos una compensación adecuada, claro que llegaríamos a un acuerdo como en cualquier otro litigio, pero con una cantidad que refleje el valor de nuestro contenido. También debemos considerar si existe valor en establecer el derecho de los titulares de derechos de autor, lo cual podría requerir otro litigio.

¿A largo plazo, la IA supone una amenaza mayor para la libertad de prensa que la presión de un gobierno en particular?

La IA es una amenaza no tanto para la libertad de prensa, como para los medios tradicionales. Y creo que el público saldrá perdiendo. Lo que hacen los periodistas es informar sobre lo que la IA no puede, es decir, lo que ocurre en el mundo real: están en las reuniones del Ayuntamiento, en el Parlamento, en zonas de guerra. Esa información no está disponible para las empresas de IA porque no está en Internet. Y si observas algunos de los resultados erróneos que se obtienen de la IA, te darás cuenta de que tampoco es saludable en un ecosistema de información. Los medios debilitados y la dependencia de fuentes poco sólidas suponen un ataque al derecho a conocer el valor de la información en la sociedad.

¿Está preocupado? Ha visto mucho, pero en los últimos diez años han pasado muchas cosas.

No creo que nadie que preste atención pueda evitar preocuparse. Las instituciones que nos han servido bien están siendo atacadas. Espero que sean lo suficientemente fuertes como para sobrevivir. Y, si se ven dañadas o magulladas en los próximos años, que en el futuro se puedan reparar. Una de las cosas que les digo a mis estudiantes de Derecho es que deberían verse como la generación que reparará las instituciones democráticas. Y deberían empezar a pensar ahora en cómo hacerlo.

Una de las cosas que les digo a mis estudiantes de Derecho es que deberían verse como la generación que reparará las instituciones democráticas. Y deberían empezar a pensar ahora en cómo hacerlo

¿Qué le da esperanza?

Confío mucho en que las personas hagan lo correcto. Es fácil apelar a nuestros instintos básicos. Pero también tenemos instintos nobles, y podemos invocarlos para hacer lo correcto. Ha habido épocas oscuras en la historia y las hemos superado. Encontraremos la manera de volver a hacerlo.

Mis estudiantes me dan esperanza. Muchos están muy interesados en usar la ley para ayudar a la gente. No tenemos que convencer a todo el mundo, no tenemos que conseguir el 100% de aceptación, y tampoco empezamos desde cero ni defendemos una idea con la que nadie esté de acuerdo. Sólo tenemos que alcanzar una masa crítica. Espero que a medida que la situación se vuelva más sombría, la gente diga: “No puedo quedarme al margen”.