La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, ya está en marcha desde el pasado 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio. Como ocurre cada año, este proceso vuelve a generar dudas entre los contribuyentes, especialmente en torno a qué gastos pueden incluirse en la declaración para intentar mejorar el resultado final. Más allá de los conceptos habituales, existen determinados desembolsos cotidianos que pueden tener encaje en el IRPF, aunque solo en situaciones muy concretas.

El momento de presentar la declaración suele venir acompañado de una revisión detallada de gastos con la intención de reducir la factura fiscal. En ese contexto, conceptos como el seguro del hogar, del coche o de salud aparecen con frecuencia entre las preguntas más habituales. Sin embargo, la normativa no permite su aplicación de forma generalizada y establece límites claros sobre quién puede incluirlos y en qué condiciones, lo que deja fuera a buena parte de los contribuyentes.

Además, cada campaña incorpora matices que obligan a prestar atención a los requisitos vigentes en cada ejercicio. La relación entre estos seguros y la actividad económica o determinadas situaciones personales, es lo que marca la diferencia a la hora de poder incluirlos en la declaración. Por eso, entender en qué casos se pueden aplicar y bajo qué condiciones resulta clave para evitar errores y ajustar correctamente la información presentada ante Hacienda.

Seguros de vivienda

El seguro del hogar solo tiene impacto en la declaración en situaciones muy concretas. Uno de los principales casos es el de la deducción por inversión en vivienda habitual, que se mantiene en vigor de forma transitoria para contribuyentes que adquirieron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. En estos supuestos, parte del seguro puede integrarse dentro del límite conjunto de la deducción, que alcanza un máximo anual de 1.356 euros.

Para que esta posibilidad se aplique, deben cumplirse varias condiciones al mismo tiempo: que la vivienda sea la residencia habitual, que la hipoteca esté vinculada a una compra anterior a 2013 y que el seguro esté asociado al préstamo hipotecario desde el momento de la firma o ligado a operaciones de construcción o adecuación del inmueble, siempre dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Fuera de este régimen, el seguro del hogar no tiene impacto para la mayoría de contribuyentes. Sin embargo, sí puede tenerlo en otros escenarios. En el caso de autónomos que trabajan desde su vivienda, es posible deducir una parte del seguro, pero únicamente en proporción a la superficie del inmueble utilizada para la actividad profesional.

También se contempla su inclusión cuando la vivienda está destinada al alquiler. En ese caso, el seguro se considera un gasto relacionado con la obtención de ingresos por arrendamiento, por lo que puede incorporarse como parte de los costes deducibles asociados al inmueble.

Seguros del coche

El seguro del vehículo está condicionado de forma estricta a su uso profesional. En términos generales, no es deducible para trabajadores asalariados, ya que se considera un gasto de carácter personal. La excepción se encuentra en los autónomos que utilizan el coche como parte directa de su actividad económica.

En estos casos, el vehículo debe estar afecto a la actividad, es decir, debe utilizarse de forma necesaria para el desarrollo del trabajo. Cuando se cumple esta condición, el seguro puede deducirse al 100%, siempre que el coche esté registrado como elemento vinculado a la actividad profesional.

Esta afectación no solo permite incluir el seguro, sino también otros gastos asociados como reparaciones, mantenimiento, peajes o ITV, siempre dentro del mismo criterio de uso profesional. Además, esta deducción se admite en actividades en las que el vehículo es imprescindible, como el transporte de mercancías, el traslado de clientes o el trabajo de agentes comerciales, entre otros supuestos.

Si el coche no está claramente vinculado a la actividad económica o tiene un uso mixto sin justificación suficiente, el seguro no puede incluirse en la declaración y se mantiene como un gasto personal sin deducción.

Seguros de salud

El seguro de salud tiene un tratamiento diferenciado respecto al resto de pólizas. En términos generales, no es deducible para trabajadores por cuenta ajena, salvo cuando forma parte de sistemas de retribución flexible gestionados a través de la empresa. En estos casos, la contratación debe realizarse mediante la compañía y no de forma individual por el trabajador.

Para los autónomos, en cambio, sí existe la posibilidad de incluir el seguro médico como gasto deducible, siempre que esté vinculado a su actividad y correctamente justificado mediante facturas. Esta deducción tiene además límites concretos: hasta 500 euros por persona asegurada, incluyendo al propio autónomo, su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar.

En situaciones de discapacidad, este límite puede ampliarse hasta los 1.500 euros. En todos los casos, el requisito principal es que el seguro esté correctamente integrado en la actividad económica o en el sistema de retribución correspondiente, ya que no se admite como gasto personal general.

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) considera que la exclusión de Tanadeusto de los servicios funerarios de Mapfre como funeraria concertada no constituye una infracción. El organismo rechaza en una resolución la denuncia presentada en septiembre de 2023 por Tanadeusto contra la empresa All Fueneral Services (AFS), que intermedia en servicios funerarios en el marco de las pólizas de decesos suscritas con Mapfre, por no incluirla en su listado de proveedores de servicios funerarios, pese a haberlo solicitado. Según Tanadeusto, esta decisión de AFS le estaría discriminando como proveedor funerario, situándole en “una posición de desventaja frente a otros operadores, que sí están concertados”, además de afectando a la libertad de elección de las personas afines a las personas aseguradas con pólizas de decesos de Mapfre.

Competencia inició un expediente ante la existencia indicios racionales de un “posible abuso de posición de dominio” de las empresas AFS y Mapfre -dominante de AFS- al no concertar, sin causa justificada, a Tanadeusto como funeraria para poder prestar los servicios funerarios derivados de la cobertura de las pólizas de decesos de Mapfre, “colocándole en situación de desventaja frente a otros competidores que sí están concertados”. Sin embargo, finalmente el organismo regulador determina en su resolución que Mapfre no tiene posición dominante en el mercado de Bizkaia de seguros de decesos, por lo que “AFS no podría vehiculizar un poder de mercado al mercado conexo de servicios funerarios” y, por lo tanto, no concurre la conducta típica prohibida por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia de abuso de posición dominante.

Lo que constata la resolución es que la competencia se da, más que entre las empresas funerarias minoristas, entre las aseguradoras, y estas trabajan sobre todo con las funerarias que tienen vinculadas. Tanadeusto es una funeraria independiente, constituida en 2022 que “no se integra ni se vincula con un grupo asegurador”, señala en la resolución.

Según recoge Competencia en su escrito, Mapfre cuenta con una cuota de mercado de entre el 10 y el 20% en Bizkaia, situándose en cuarto lugar, por detrás de Santa Lucía, Ocaso y Occident, “tres aseguradoras que también integran empresas funerarias”. “Las cuatro aseguradoras que lideran el ranking en 2024 dan cobertura a 8 de cada 10 (83%) pólizas de seguros de decesos”. AFS, contra la que se dirige la denuncia, opera en la gestión de servicios funerarios con carácter exclusivo para la aseguradora Mapfre España al objeto de que ésta pueda prestar los servicios cubiertos por sus pólizas de decesos. “Dicho de otra manera, AFS controla el acceso a la prestación de la totalidad de estos servicios, estableciendo conciertos con las empresas funerarias”, señala la resolución. Mapfre España participa en AFS, de forma indirecta, mediante Funespaña -que en Euskadi opera como Funetxea-Enalta, de la que tiene el cien por cien del capital del capital, y “sigue todos los protocolos y directrices que emanan directamente de Mapfre España”.

Por ello, considera que la competencia se da más entre las empresas aseguradoras que las funerarias minoristas propiamente dichas. “La aseguradora de decesos -o su empresa gestora de los servicios funerarios- suele asignar una funeraria -con preferencia por aquella con la que se vincula verticalmente o con la que mantiene relaciones preferenciales- y la persona demandante suele aceptarlo. En este marco, si las empresas aseguradoras cuentan con empresas funerarias la competencia -entendida como proceso de rivalidad en el que los operadores despliegan sus propias estrategias para llevar sus productos y servicios al mercado - se produce en el mercado de los seguros de decesos, y sus resultados se trasladan al mercado de los servicios funerarios integrales, limitando de facto la posibilidad de competir al resto de las empresas funerarias del ámbito geográfico considerado”.

Según señala, en el caso de las personas fallecidas aseguradas por Mapfre con residencia en Bilbao, una mayoría -el porcentaje exacto se considera confidencial- se canalizan directa o indirectamente a Funespaña. El resto se ha contratado con otras funerarias que operan en Bilbao, y en menor medida a funerarias que operan en otros mercados geográficos. “Si se amplía el análisis al conjunto de funerarias integradas verticalmente con aseguradoras que operan en el mercado funerario de Bilbao, se estima que la mitad de los servicios funerarios prestados en Bilbao se corresponden con las asignaciones que las aseguradoras realizan a sus funerarias integradas”, se indica.

En lo que se refiere al mercado minorista de servicios funerarios integrales de Bilbao compiten, entre otros, las empresas Mémora, Alba, Servisa, Funespaña-Enalta -integrada verticalmente con Mapfre- y Tanadeusto, empresa que es la única funeraria independiente que “no se integra ni se vincula con un grupo asegurador”. Es decir, el mercado de Bilbao se caracteriza por la mayoritaria presencia de empresas funerarias integradas verticalmente con aseguradoras que, a su vez, ejercen de proveedoras de servicios funerarios. Entre ellas, Funespaña que copa el 10% - 15 %, el conjunto de las funerarias integradas con aseguradores el 90% - 95 % y Tanadeusto entre el 5% y el 10%. “Las aseguradoras suelen canalizar la prestación de los servicios funerarios incluidos en sus pólizas hacia funerarias pertenecientes a su propio grupo empresarial. Esta práctica les permite garantizarse una cuota estable en el mercado funerario, aprovechar economías de escala que refuerzan su rentabilidad y consolidar el posicionamiento de su marca. La existencia de dichas economías de escala implica que los nuevos operadores, como Tanadeusto, deben alcanzar una base de clientes suficiente para competir en condiciones similares”.

Carnet de conducir aprobado, ITV superada y también seguro contratado. Esos son los tres imprescindibles que necesita cualquier usuario para ponerse en marcha con su vehículo. Si arrancamos el motor sin cualquiera de estas tres cuestiones sin resolver, no solo ponemos en riesgo al resto de conductores, según recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT), sino que nos exponemos a la sanción correspondiente. 

Según la norma, “todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo del que sea titular”. No valdrá cualquier seguro, sino que este debe cubrir hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio. 

¿Por qué es así? Las autoridades entienden que el usuario tiene una responsabilidad civil siempre que se pone a los mandos de un vehículo, independientemente de su tamaño o tipo. “El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por los hechos de la circulación de tales vehículos, de los daños causados a las personas o en los bienes como consecuencia de esos hechos”, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Multas por circular sin seguro

La ley establece la obligatoriedad de circular con un seguro, independientemente de si se conduce una moto, un coche o un camión. Desde este año también es obligatorio contratar uno en el caso de los patinetes eléctricos o cualquier otro Vehículo de Movilidad Personal (VMP). 

De acuerdo con RACE, la multa por ir sin seguro varía dependiendo de varios factores: si el coche está estacionado o circulando, el tiempo que lleva el vehículo sin tener el seguro contratado, el número de ocasiones en las que se ha amonestado al propietario reincidiendo en esta infracción y también el tipo de vehículo.

Así, desde esta entidad, estiman que la multa por circular sin un seguro de coche oscila entre 601 y 3.005 euros. Además, esa cifra puede ser superior si hay personas perjudicadas en caso de accidente. La sanción solo sería económica y no conllevaría la retirada de puntos del carnet de conducir. 

También para un coche aparcado

El seguro es obligatorio, tanto si se suele circular con el coche como si lo tenemos la mayor parte del tiempo aparcado en la calle u olvidado en un garaje, recuerda RACE. En este último caso, siempre y cuando no se vaya a utilizar, el conductor lo puede dar de baja temporal o definitivamente y así ahorrarse el coste del mismo. 

Soliss Seguros ha renovado su patrocinio del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real, reafirmando así su compromiso con el deporte popular y con las iniciativas que promueven hábitos de vida saludables en Castilla-La Mancha.

La presentación oficial de la nueva edición del circuito ha contado con la participación del presidente del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real, Julián Díaz Rubio, y del consejero institucional de Soliss Seguros, Celedonio Morales, quienes han puesto en valor la importancia de este proyecto deportivo que cada año reúne a miles de corredores en diferentes municipios de la provincia.

Durante el acto, Celedonio Morales ha destacado la satisfacción de Soliss por continuar respaldando una iniciativa que se ha consolidado como una de las citas deportivas más participativas del calendario provincial.

“Para Soliss es un orgullo seguir apoyando el Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real, un proyecto que fomenta el deporte, la convivencia y la participación en toda la provincia. Este tipo de iniciativas reflejan valores con los que nuestra compañía se identifica plenamente”, ha señalado.

El Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real se ha consolidado como una de las competiciones deportivas más importantes de Castilla-La Mancha, con un calendario que recorre numerosos municipios y que reúne tanto a atletas experimentados como a corredores aficionados.

Una “firme apuesta” por el deporte regional

Soliss Seguros mantiene desde hace años una “firme apuesta” por el deporte regional como herramienta para promover hábitos de vida saludables y fortalecer la cohesión social. A través de su apoyo a iniciativas como este circuito, la compañía castellanomanchega continúa impulsando proyectos que movilizan a miles de personas y dinamizan la vida deportiva de los municipios de la provincia.

Con este patrocinio, Soliss Seguros refuerza su compromiso con el deporte y con el desarrollo social de Castilla-La Mancha, apoyando proyectos que contribuyen al bienestar de las personas y fortalecen el tejido deportivo del territorio.

El Gobierno de La Rioja aprueba el contrato del seguro de accidentes para los Juegos Deportivos de La Rioja que da cobertura a cerca de 15.000 menores. Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno por una cuantía de 540.000 euros. Se trata del seguro de accidentes para los participantes en el programa deportivo escolar Juegos Deportivos de La Rioja, que integra la competición en los campeonatos de España de selecciones autonómicas en edad escolar, así como los entrenamientos y encuentros preparatorios vinculados a esta iniciativa. 

El servicio garantizará la cobertura de los riesgos derivados de la práctica deportiva de cerca de 15.000 participantes por temporada, con edades comprendidas entre los 5 y los 19 años, además de técnicos, entrenadores y personal responsable del programa. La actual temporada 2025-2026 de los Juegos Deportivos mantiene además su crecimiento en el número de equipos inscritos, especialmente en las competiciones de carácter colectivo, y refuerza la presencia del deporte femenino, en línea con las políticas de promoción de la igualdad en el acceso a la actividad deportiva.

El contrato se ha configurado con un presupuesto base de licitación de 540.000 euros y se tramitará mediante procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación basado en el precio unitario de la prima por asegurado y temporada deportiva, fijado en 18 euros. La configuración del expediente busca favorecer la concurrencia en el mercado asegurador especializado, teniendo en cuenta las características del servicio y las coberturas exigidas.

La ejecución del contrato comenzará previsiblemente el 1 de septiembre de 2026 y se prolongará durante 24 meses, sin posibilidad de prórroga. La póliza cubrirá los riesgos derivados de la actividad deportiva en instalaciones escolares, municipales o autonómicas, así como los desplazamientos organizados y las actividades de competición incluidas en el programa. 

En la pasada edición, los Juegos Deportivos de La Rioja registraron 15.425 personas inscritas. En la actual temporada, y a falta de cerrar la inscripción en modalidades como hípica, balonmano de playa, intercras, pesa o esquí, el programa cuenta ya con 11.616 participantes, lo que permite anticipar que se superará la cifra del pasado año.

El Seguro Obligatorio de Viajeros, conocido popularmente por sus siglas SOV, constituye una pieza fundamental para la seguridad del transporte público colectivo en España desde su implantación inicial. Su finalidad primordial es garantizar la indemnización a los pasajeros cuando sufran algún tipo de daño en accidentes ocurridos durante un desplazamiento. Este sistema se encuentra regulado actualmente bajo el Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, el cual establece las normas básicas de su funcionamiento y aplicación directa. A diferencia de otros seguros de responsabilidad, el SOV tiene un marcado carácter tutelar que busca proteger siempre la integridad física de los usuarios del servicio. 

Se trata, lógicamente, de un requisito indispensable para los transportistas que operan servicios de personas dentro del territorio nacional. Su implementación fue parte de una política de desarrollo turístico para ofrecer mayores garantías a los viajeros nacionales e internacionales. Toda persona que utiliza un medio de transporte público colectivo está, en principio, amparada por esta normativa específica y obligatoria. La ley exige que los contratos se ajusten a los principios de libertad de mercado y contratación privada vigentes.

La naturaleza jurídica de este seguro lo define como una modalidad del seguro privado de accidentes individuales con carácter obligatorio. Una de sus características más relevantes es su compatibilidad absoluta con cualquier otra póliza que el viajero haya contratado por su cuenta. Esto significa que recibir las prestaciones del SOV no impide al afectado cobrar indemnizaciones de seguros de vida o accidentes que haya contratado de manera personal. Además, este seguro no libera a la empresa transportista ni a los conductores de su posible responsabilidad civil por culpa o dolo. Las indemnizaciones pagadas por el SOV no reducen el importe que pueda exigirse por la responsabilidad civil del accidente. Se rige por la Ley de Contrato de Seguro de 1980 y por su propio reglamento específico consolidado. El sistema está diseñado para que la protección sea inmediata y automática al adquirir el título de transporte necesario. En definitiva, funciona como una red de seguridad básica que complementa de forma eficaz el sistema de responsabilidad general del transporte público.

El concepto de asegurado bajo el SOV abarca a toda persona que disponga de un título de transporte válido al momento del siniestro. No importa si el billete fue adquirido de forma onerosa o si fue gratuito debido a alguna promoción o exención específica. Incluso en casos donde el billete se pierda o destruya durante el accidente, se presume la condición de asegurado si es verosímil su extravío. Los menores de edad que están exentos de pago por su corta edad también gozan de la protección total del seguro contratado. Además de los pasajeros, el personal de la empresa transportista que presta servicio en el vehículo se considera asegurado legal. También se incluye a los funcionarios públicos que se encuentren realizando sus tareas específicas durante el transcurso del viaje. La condición de asegurado se justifica mediante la presentación del billete o cualquier otro medio de prueba admitido por el derecho. Es vital conservar el documento de viaje para agilizar cualquier reclamación posterior ante la entidad aseguradora correspondiente.

El ámbito de aplicación de esta normativa es extenso y cubre diversos medios de transporte público colectivo en toda España. Se incluyen los vehículos automóviles que circulan por vías terrestres sin camino de rodadura fijo, como los autobuses urbanos e interurbanos. El transporte ferroviario, que incluye trenes de alta velocidad, cercanías y metros, está plenamente integrado en la cobertura legal. Asimismo, las embarcaciones de matrícula y pabellón españoles que realizan transporte colectivo están obligadas a suscribir este seguro de accidentes. También se contemplan medios de transporte por cable como teleféricos, funiculares, telesquís y telecabinas de todo tipo y capacidad. 

Para que un vehículo de carretera esté incluido, eso sí, debe tener generalmente una capacidad mínima de nueve plazas sentadas. Los viajes cubiertos son aquellos que tengan su inicio en territorio nacional, independientemente de cuál sea su destino final. El SOV garantiza así una protección uniforme para los millones de usuarios que utilizan diariamente estas redes de transporte. En cuanto a los riesgos que cubre el seguro obligatorio de viajeros, son muy específicos y se limitan a las lesiones corporales directas. Se incluyen daños derivados de choques, vuelcos, salidas de la calzada o averías mecánicas que afecten al vehículo utilizado. También están cubiertos los incendios, explosiones o cualquier otra anomalía que proceda directamente del medio de transporte colectivo. 

No obstante, existen exclusiones importantes que los viajeros deben conocer para evitar la pérdida de sus derechos fundamentales. El seguro no protegerá a aquellos pasajeros que provoquen el accidente de forma voluntaria o mediante actos dolosos. Tampoco se cubrirá a quienes se encuentren en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas estupefacientes o estimulantes. Las lesiones deben ser consecuencia directa e inmediata de la anormalidad ocurrida en el vehículo durante el desplazamiento. El sistema busca proteger accidentes fortuitos, no negligencias graves de los propios usuarios que resulten en siniestros viales.

La protección temporal del SOV no se limita exclusivamente al tiempo en que el vehículo está en movimiento por la vía. El seguro ampara los accidentes ocurridos antes de comenzar el viaje, una vez que el vehículo está a disposición de los usuarios. También cubre los percances que suceden inmediatamente después de terminar el trayecto, siempre que el viajero esté dentro del transporte. El acceso y descenso del vehículo por el lugar debido se considera un momento protegido por la cobertura legal vigente. Se incluyen también los accidentes que puedan ocurrir durante la entrega o recuperación del equipaje directamente del transporte colectivo. En el caso del transporte marítimo, la cobertura se extiende a las pasarelas, escalas o embarcaciones de traslado al muelle. Incluso se protege al viajero si debe abandonar el vehículo en situaciones excepcionales de peligro o de emergencia grave. Esta cobertura integral asegura que el proceso completo del desplazamiento esté bajo la vigilancia del seguro obligatorio.

La transparencia ayuda

Las obligaciones legales recaen principalmente sobre la empresa transportista en su calidad de tomadora del seguro obligatorio de viajeros. Su primera responsabilidad es el pago de la prima, cuyo coste se repercute al viajero dentro del precio del billete. El transportista debe dejar constancia por escrito de cualquier aviso de siniestro y de todos los datos que sirvan para calificarlo. Es obligatorio que comunique el accidente a la aseguradora y realice lo necesario para que los beneficiarios obtengan las prestaciones. Por su parte, el asegurado o sus beneficiarios deben formular el aviso del accidente ante el personal de la empresa. Incumbe a las víctimas aportar las pruebas de los daños corporales sufridos, mediante certificados médicos o del Registro Civil. La transparencia en la comunicación del siniestro es fundamental para que el sistema de protección funcione de forma correcta.

Como norma general, la cobertura se extiende hasta las 72 horas siguientes al accidente para lesiones leves. Si el asegurado tiene ya cubiertos los gastos por otros seguros obligatorios, el límite de tiempo es de diez días. En los casos más graves que no entren en los supuestos anteriores, la asistencia puede durar hasta noventa días. Esta ayuda médica busca la estabilización inicial y el tratamiento de urgencia necesario tras el impacto del siniestro. Es importante destacar que estas prestaciones son automáticas y no dependen de quién sea el culpable del accidente ocurrido. El viajero tiene garantizada una atención médica básica y especializada durante los periodos críticos posteriores al evento accidental.

Soliss Seguros ha anunciado el patrocinio oficial del atleta Pedro Javier Vega Ballesteros, una de las grandes referencias del atletismo regional y nacional, consolidando así su apuesta por el deporte, la vida saludable y los valores de esfuerzo y superación.

Natural de Guadamur (Toledo) y profesor de Educación Física, Pedro Vega cuenta con una trayectoria deportiva excepcional, con más de 30 títulos nacionales y numerosas medallas internacionales en pruebas de fondo, especialmente en 5.000 metros, 10 kilómetros y campo a través.

Reconocido como Mejor Deportista por la prensa en 2024

En 2024 fue reconocido como Mejor Deportista por la Prensa Deportiva de Toledo tras lograr dos medallas de oro y una de plata en el Campeonato del Mundo Máster celebrado en Gotemburgo (Suecia), consolidándose como uno de los atletas españoles más destacados en su categoría a nivel internacional.

El patrocinio ha sido presentado en un acto en el que han estado presentes responsables de Soliss Seguros y el propio deportista, entre ellos José Javier del Cerro, director comercial de Soliss Seguros, quien ha destacado “la importancia de apoyar a deportistas de nuestra tierra que representan valores con los que Soliss se siente plenamente identificada, como el esfuerzo, la constancia y la cercanía”.

“Para mí es un orgullo contar con el apoyo de una empresa de mi tierra como Soliss. Este patrocinio me da un impulso enorme para seguir entrenando y compitiendo al máximo nivel”, ha señalado el atleta.

Además de su faceta competitiva, Pedro Vega desarrolla una importante labor como entrenador y formador, transmitiendo los valores del deporte a jóvenes y aficionados al atletismo, contribuyendo así al crecimiento de esta disciplina en la provincia de Toledo.

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres de 47 y 52 años a los que acusa de un delito de estafa, al simular un siniestro vial con la finalidad de ser indemnizados por la compañía aseguradora, a la que reclamaban más de 36.000 euros.

Los hechos se remontan al 9 de junio de 2024, día de las elecciones europeas, cuando el despeñamiento de un vehículo de alta gama por un barranco, en lo que parecía una salida de vía, motivó la instrucción de diligencias por un equipo de investigación de siniestros viales del Destacamento de Tráfico de Trujillo.

Los agentes trabajaron sobre la hipótesis de un siniestro vial de gravedad, en el que el conductor del vehículo habría sido trasladado hasta el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Sin embargo, las escasas lesiones observadas en el varón para un siniestro de esta entidad llevaron, en un principio, al archivo de las actuaciones.

Posteriormente, un equipo del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de Cáceres, tras examinar minuciosamente lo ocurrido por haber levantado sospechas debido a la rareza del hecho, inició una investigación, que se ha dilatado debido a las circunstancias del caso.

Tras laboriosas indagaciones, los agentes comprobaron que, en los días previos al siniestro, el vehículo se encontraba en un taller de la zona y que incluso le había pasado recientemente la inspección técnica periódica en la ITV ubicada en Navalmoral de la Mata.

Además, los investigadores constataron que el titular del taller, o persona dispuesta por él, se había desplazado hasta el lugar del siniestro, “donde se arrojó el vehículo por un gran desnivel lo que causó desperfectos de gran entidad en el coche”, según ha informado la Guardia Civil.

Por otro lado, obtuvieron pruebas suficientes para determinar que la persona que simulaba ser el conductor del vehículo, su propietario en realidad, se desplazó la misma mañana del siniestro desde su domicilio hasta el citado centro hospitalario en el vehículo de un familiar, y que, una vez recibida el alta hospitalaria, regresó en el mismo a su domicilio.

Estas acciones coordinadas entre las dos personas han desembocado en la investigación penal del propietario del turismo, que simuló ser el conductor, y de la persona que disponía del vehículo (el propietario del taller), como presuntos autores de un delito de estafa a la compañía aseguradora.

Finalizada la instrucción de diligencias, ambas personas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia de Navalmoral de la Mata. 

Después del gran apagón, toca evaluar los daños sufridos. El sector asegurador y las compañías eléctricas se preparan para un aluvión de reclamaciones, aunque aún no son capaces de cuantificar los daños potenciales. Millones de personas afectadas, y también empresas, se preguntan si podrán reclamar y qué podrán reclamar por las pérdidas o los inconvenientes que éste les ha provocado. Comida que está refrigerada o aparatos eléctricos que necesitan suministro constante han podido verse dañados si no se restablece la electricidad en poco tiempo.

Aunque el Gobierno pudiera tomar medidas al respecto, la normativa actual permite que los usuarios puedan interponer una reclamación a la comercializadora o distribuidora del servicio contratado, ya sea de energía y/o telecomunicaciones.

Pero las asociaciones de consumidores suelen aconsejar ir contra la aseguradora. Normalmente, la aseguradora indemniza al usuario y, a su vez, inicia una reclamación contra la compañía eléctrica, que acaba siendo la que tiene que pagar si ha habido una avería que ha provocado daños al usuario. Estos siniestros en el hogar suelen estar incluidos en el seguro de hogar.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que ha jugado un papel fundamental para atender las indemnizaciones de afectados por la DANA de Valencia, no cubre los daños causados por un apagón, ya que los apagones no son considerados riesgos extraordinarios.

Revisar la póliza de seguro

Para reclamar daños por un apagón, se debe contactar a la compañía de seguros. Los alimentos refrigerados se conservan en buen estado siempre que el suministro eléctrico no haya sido interrumpido durante más de cuatro horas y que la puerta del congelador se haya mantenido bien cerrada.

En el caso de la comida en mal estado, hace falta que hayan pasado seis horas para poder reclamar. Es decir, si el apagón se prolonga durante seis horas y, como consecuencia, hay comida que se estropea en el frigorífico, los afectados pueden cursar una reclamación para ser indemnizados.

Hay que revisar las pólizas, los seguros del hogar, puesto que muchas de ellas cubren los daños por cortes de electricidad. Los más frecuentes son las averías en electrodomésticos, la pérdida de alimentos o la interrupción de actividades dependientes de electricidad.

En todos los casos, para asegurar la viabilidad de la reclamación, es importante conservar las facturas y tickets tanto de electrodomésticos dañados como de compra de alimentos; y, muy importante, documentar los daños con fotografías y vídeos que justifiquen la reclamación.

Solventar los cortes antes de cinco horas

En cuanto a las compañías eléctricas, en las zonas urbanas, las empresas suministradoras del fluido eléctrico tienen la obligación de solventar estos cortes antes de cinco horas. En la Comunidad de Madrid se establece que las empresas suministradoras, ante cualquier incidencia, deberán reponer el servicio en un tiempo máximo de tres horas cuando la incidencia afecte al 70% del mercado y de seis horas cuando la incidencia afecte al 100% del mercado, según explicaba la web de la comunidad.  En Madrid hay obligación de indemnizar si el corte masivo dura más de seis horas

En el caso de que se supere alguno de estos valores, tanto en número como en duración de la interrupción, la compañía deberá aplicar un descuento de hasta un máximo de 10% en su factura anual, así como indemnizaciones por daños causados en alimentos o aparatos electrónicos a raíz de un apagón.

Según Legálitas, los afectados pueden reclamar indistintamente frente a cualquiera de los intervinientes del sector eléctrico y, en caso de dirigirse frente a la distribuidora, para el éxito de la reclamación bastará con probar la alteración en el suministro y su relación de causalidad con los daños, mientras que la distribuidora solo se exoneraría si fuera capaz de acreditar que dicha alteración es consecuencia de la acción de un tercero ajeno o extraño al suministro o de fuerza mayor.

El Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece que «No se considerarán incumplimientos de calidad los provocados por causa de fuerza mayor o las acciones de terceros».

Inocsa ha lanzado una oferta pública de adquisición sobre el 100% de las acciones de Grupo Catalana Occidente (GCO) y ofrece 50 euros en efectivo por cada título, ha informado GCO en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Actualmente Inocsa, sociedad de la familia Serra, controla el 62,03% de las acciones de GCO, que serán inmovilizadas durante el proceso, por lo que la oferta se lanza sobre 45,55 millones de acciones, que representan el 37,97% del capital social de GCO. La operación está valorada en 2.278 millones de euros.

Alternativamente, los accionistas de GCO podrán aceptar la oferta mediante un canje, que consistiría en una acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,8419 acciones de GCO, para un máximo de 8 millones de acciones de GCO, el 6,66% del total.

La aseguradora Zurich ha seguido ampliando su participación en el capital del Banco Sabadell en plena opa del BBVA sobre la entidad catalana, hasta superar el 3,73%, lo que le convierte en su segundo mayor accionista, según la información actualizada este lunes en el supervisor bursátil.

El fondo de inversión Blackrock continúa siendo el principal accionista del Sabadell, con un 6,37%, pero Zurich ha escalado posiciones en las dos últimas semanas, al superar primero al magnate mexicano David Martínez, con un 3,49%, y posteriormente al fondo Dimension, con un 3,72%.

En la sesión de este lunes, Banco Sabadell ha obtenido una revalorización del 1,96%, colocándose en máximos desde 2010.

En estos momentos en los que la opa lanzada por el BBVA sobre el Sabadell se encuentra a la espera de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la decisión del Gobierno y el visto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compra de acciones del Sabadell por parte de Zurich cobra especial relevancia.

Esta operación, según coinciden fuentes financieras, se considera un apoyo explícito de Zurich a la continuidad en solitario del Banco Sabadell y un rechazo a la oferta del BBVA que, por otro lado, mantiene a Allianz como socio en el negocio asegurador. El grupo asegurador suizo, que mantiene una alianza con Sabadell en el negocio de bancaseguros, comunicó a finales de octubre pasado que su participación en el banco presidido por Josep Oliú superaba el 3% y ya en 2025 ha ido aumentado ese paquete accionarial hasta el 3,73% actual.

Soliss Seguros renueva su compromiso con el deporte local al firmar la renovación de su patrocinio del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real. El acto contó con la presencia de Julián Díaz Rubio, presidente del circuito; José Javier del Cerro, director comercial de Soliss; y Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real.

El Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real, que celebra su 18ª edición, es un referente en la promoción del atletismo y la cultura local. Este año, el circuito introduce novedades como un parón de cinco semanas durante el verano para evitar las altas temperaturas y la inclusión de nuevas distancias de 15K en Alcázar de San Juan y Almagro, así como una carrera de una legua en Corral de Calatrava.

Durante la firma, Julián Díaz Rubio destacó la importancia de este patrocinio para fomentar un circuito más sostenible y accesible, enfocado en la igualdad y la promoción del deporte entre los jóvenes. Por su parte, José Javier del Cerro reafirmó el compromiso de Soliss con el bienestar de la comunidad y la promoción de un estilo de vida saludable.

El alcalde Francisco Cañizares subrayó la relevancia de este evento para la ciudad.

Con esta renovación, Soliss Seguros continúa apoyando el desarrollo del deporte y el bienestar en Castilla-La Mancha, consolidándose como un pilar fundamental en la promoción de valores comunitarios.

Decenas de taxistas asturianos se han concentrado este miércoles en Oviedo coincidiendo con el paro de tres horas que la Federación Asturiana Sindical del Taxi ha convocado para rechazar el encarecimiento “desmesurado” de las pólizas de seguros.

Al grito de 'manos arriba, esto es un atraco' y 'los seguros nos meten muchos puros', los profesionales de este sector, que cuenta con unos 1.000 trabajadores en el Principado, han iniciado a las 11:00 horas su protesta frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias.

En declaraciones a los periodistas, el vocal de la Federación Asturiana Sindical del Taxi, Pedro Ángel Ibáñez, ha confiado en que el seguimiento del paro, convocado en el conjunto del país, sea elevado en la comunidad y pueda ser secundado por entre “400 y 500” conductores.

Más control en los precios

El objetivo de la protesta es reclamar “un poco de control sobre la subida de las pólizas de seguros”, cuyo precio “se ha desmadrado” en los últimos dos años.

“Se están pidiendo autenticas barbaridades por seguros a terceros. Entre 6.000 y 7.000 euros. Esta subida ha sido desmesurada”, ha comentado antes de detallar que este incremento supone hasta quintuplicar los precios de hace tres o cuatro ejercicios.

Los profesionales del sector han pedido que se excluya la siniestralidad del taxi del cálculo general de riesgo para los servicios de transporte urbano, en el que, según señalan, se incluye a los VTC, cuya siniestralidad es muy superior.

El impacto en las tarifas

“Hay compañeros que están pensando en guardar el coche”, ha alertado Ibáñez sobre la situación que están padeciendo algunos taxistas en el Principado.

Preguntado por el impacto que esto podría tener sobre las tarifas de los usuarios, ha dicho que “de momento no afectará” puesto que los precios de los servicios están regulados.

Investigadores de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo la detención de una persona, por su participación en un Delito de Tentativa de Estafa. El presunto autor interpuso una denuncia en otra comunidad autónoma en la que manifestaba que tras estacionar su vehículo en un espacio breve de tiempo en un parking de Logroño otro vehículo le habría producido daños en el suyo tras una colisión.

Así, se inició una investigación por parte de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja para el esclarecimiento de los hechos. Se pudo observar a través de las cámaras de videovigilanca cómo el presunto autor estacionó su vehículo y permaneció en las inmediaciones del mismo, hasta mantener una conversación con la persona que estacionó otro vehículo a su lado, sin que se produjera ningún impacto entre ambos vehículos. También se ha podido comprobar en las imágenes que el vehículo del denunciante ya presentaba, en el momento de acceder al parking, los daños que manifiestanba en su denuncia.

Cuando la persona elegida al azar estacionó el vehículo al lado del denunciante, este se dirigió a ella para decirle, faltando a la verdad, que le había dado un golpe a su coche. La ciudadana no le dio mucha importancia a este comentario puesto que no era cierto y siguió su camino.

El presunto autor urdió supuestamente todo este plan con el fin de denunciar, faltando a la verdad, en otra comunidad autónoma un accidente por impacto de otro vehículo en un parking de Logroño, con el objetivo de dificultar la investigación policial y conseguir, al dar parte a su seguro, la percepción de una cantidad económica que no le correspondía al no tener asegurados los daños ‘a todo riesgo’.

Adeslas ha tomado la decisión de no presentarse tampoco al nuevo concierto para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios cubiertos por la mutualidad Muface, según ha detallado en un comunicado. La aseguradora argumenta que las condiciones del nuevo concierto le generarían unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, casi las mismas que ha registrado entre 2022 y 2024. Y ello pese a que el Gobierno decidió subir la prima media por mutualista un 33,5%.

Adeslas, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, considera que el modelo de Muface es “económicamente insostenible”. En su opinión, de mantenerse en el concierto “comprometerían la solvencia y el futuro” de la empresa.

La petición de la aseguradora era que el concierto fuera únicamente para dos años y con una subida acumulada de un 34% (24% en 2025 y 10% adicional en 2026). Dado que Adeslas aceptó una subida en las primas del 17,12% en el caso de las mutualidades Mugeju e Isfas, considera que para mantener el equilibrio económico el incremento para 2025 y 2026 solo en Muface debería ser del 47%.

La subida propuesta en el nuevo concierto que se ha sacado a licitación es del 26,62% para 2025 y 2026, que se incrementaría hasta el 33,5% al incluir también ese tercer año. De esta forma, Adeslas considera que existe una diferencia de financiación de 20 puntos porcentuales entre lo que ellos reclaman, ese 47%, y lo que ofrece el Gobierno, un 26,62%.

“Adeslas valora positivamente el esfuerzo presupuestario que la Administración realiza en esta segunda licitación, pero como Muface ya conoce, resulta claramente insuficiente para lograr el objetivo de no tener pérdidas adicionales para este concierto. Estos 20 puntos [porcentuales] de menor financiación representarían para Adeslas unos 80 millones de euros anuales de pérdidas, que no pueden ser asumidas por la compañía”, ha explicado la empresa.

La aseguradora considera que prolongar el concierto a tres años en lugar de dos, como en la actualidad, ha resultado lesivo, provocando un mayor déficit. “Con nuestros planteamientos no pretendemos obtener beneficio con este convenio ni perseguimos recuperar las pérdidas en los años pasados, pero tampoco podemos continuar soportando la senda de déficit actual”, asegura Adeslas.

Primer concurso desierto

El concurso para dar cobertura de sanidad privada ya quedó desierto hace un mes, aunque implicaba un aumento acumulado de la prima del 17,12% para 2025 (16,5%) y 2026 (0,6%). Este incremento suponía un total de 1.337 millones para el primer año y otros 1.345 para el segundo, unos 300 millones más al año que el concierto en curso.

Entonces el Gobierno decidió aprobar una segunda licitación para el concierto de Muface. La ministra portavoz, Pilar Alegría, anunció un incremento acumulado de la prima del 33,5%. La propuesta del Ejecutivo supone un importe de 4.478 millones de euros, para los años 2025, 2026 y 2027.

En concreto, con la nueva dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025; un 7,25% más en 2026; y otro 4,32% en 2027. “La prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027”, según señalaron desde el Ministerio de Función Pública. Además, la nueva licitación recoge que “se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes”.

Ante todo debo decir que soy funcionario público. Soy profesor emérito de la universidad de Sevilla. Pero, dicho esto, leo en los periódicos cómo se está mostrando de forma descarnada la crisis de Muface. La crisis de la mutualidad de los funcionarios públicos. En esto últimos días del año 2024 todavía no se sabe si finalmente habrá concierto de Muface con aseguradoras privadas para proporcionar a los funcionarios públicos la posibilidad de ser atendidos en la medicina privada. Son momentos en los que la sanidad pública, particularmente en Andalucía, está sufriendo problemas muy importantes. Por la congestión de la atención primaria, por el aumento de las listas de espera, etc.

En estos momentos, con la complicada situación de la sanidad pública, las aseguradoras piden un aumento desorbitado de las primas para atender a los funcionarios públicos. Las aseguradoras han pedido un aumento del orden del 40% en la prima que debe pagar el gobierno.

Loa funcionarios públicos que están en Muface y que han elegido la opción de ser atendidos por la medicina privada exigen que se respeten sus derechos, que el gobierno mantenga el concierto con las aseguradoras privadas aunque ello signifique un robo de los público. Amenazan con movilizaciones si no se mantiene el convenio, si pierden uno de sus privilegios: poder elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o en la privada. Los sindicatos de funcionarios, todos que yo sepa, apoyan estas exigencias. Esto es defendido por CSIF, pero también por UGT y CCOO. No hay diferencia esencial en este tema entre unos sindicatos y otros lo cual es paradójico al menos.

 Los datos de la primera propuesta del gobierno fueron: alza del 17,11% (del 16,5% el primer año y del 0,62% el segundo). Esto pareció insuficiente a las aseguradoras y el concierto quedó desierto en un primer momento. Ante estas exigencias y el temor de una huelga de funcionarios el gobierno ha subido la prima a un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027, con un aumento acumulado en tres años del 33,5%. En estos últimos días del año 2024 todavía no sabemos si las aseguradoras privadas aceptarán esas condiciones o exigirán una subida aún mayor de la prima. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a abonar casi 1.000 millones más que con el convenio vigente. El Gobierno ha echado el resto para intentar salvar el concierto de Muface y garantizar así la sanidad concertada de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. 

El futuro de este peculiar sistema de provisión médica ha causado un importante conflicto dentro del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, controlado por Sumar y dirigido por Mónica García, elaboró un informe en el que defendía que era “viable y razonable” que todos los funcionarios fueran atendidos por la sanidad pública. En cambio, desde las filas socialistas, con un enfoque ideológico distinto, siempre han defendido que el sistema se mantendría tal y como estaba hasta ahora. Dentro del gobierno el PSOE ha impuesto su visión: parece que habrá nuevo concierto de MUFACE aunque esto signifique trasvasar 1000 millones más a la opción concertada con la privada. Sumar ha defendido muy débilmente la opción de que todos los funcionarios se sean atendidos por la sanidad pública, pero se ha plegado a la visión socialista.

Todos los trabajadores públicos y privados deben ser atendidos en la sanidad pública que es la única que debe ser financiada con fondos públicos. Se argumenta que esto hará colapsar la sanidad pública. Esto no ocurrirá si se dedican los recursos suficientes

Pero, debemos preguntarnos: ¿por qué existe todavía Muface? ¿Por qué los trabajadores públicos tienen mas derechos, más privilegios, que el resto de los trabajadores? Este sistema de aseguramiento privado con fondos públicos supone un privilegio en la medida que permite al colectivo de funcionarios sortear las listas de espera de la sanidad pública, aunque cada vez lo es menos porque también la privada se está masificando y sufre la presión que supone el envejecimiento de la población.

Es un privilegio que viene de muy lejos. Muface fue creada en 1975 para agrupar el mutualismo administrativo creado por el franquismo cuando la Seguridad Social no era universal ni tenía una cobertura tan completa como ahora. En los años 70 aún no estaba plenamente desarrollada la sanidad pública, por lo que se prefirió mantener la posibilidad de que los servidores públicos pudieran escoger, a través de su mutualidad, recibir prestaciones médicas a través de una aseguradora concertada. Quedaron al margen los funcionarios de Defensa y de Justicia, que tienen sus propias mutualidades en régimen muy parecido. El sistema Muface permite que cada año los beneficiarios puedan elegir entre continuar en la mutualidad o pasar al Sistema Público de Salud. El 76% elige la primera opción. El sistema se mantiene en la actualidad y, cada año, los profesores, policías nacionales o funcionarios de prisiones, pueden escoger si quieren atención sanitaria pública o concertada.

La polémica sobre Muface manifiesta que aún perduran anomalías estructurales herederas del franquismo y de los parches provisionales que se pusieron en el inicio de la democracia. Una anomalía es el caso de la vivienda, que se entiende como un bien sujeto a las leyes del mercado, donde las políticas públicas no se deben aplicar lo que deriva en la creciente especulación actual. Otra anomalía, es la educación concertada difícilmente justificable por motivos parecidos a los de Muface. Los defensores de esos modelos creen que tienen derecho a tener un seguro médico privado o una colegio concertado pero pagado con dinero público.

Creemos que debe abordarse una transición para integrar de forma paulatina a los funcionarios públicos en el régimen general de la seguridad social. Todos los trabajadores públicos y privados deben ser atendidos en la sanidad pública que es la única que debe ser financiada con fondos públicos. Se argumenta que esto hará colapsar la sanidad pública. Esto no ocurrirá si se dedican los recursos suficientes. Si se destinan a la seguridad social, en otros recursos, los 2.700 millones de euros previstos para la prima de Muface de los próximos dos años. El colapso de la sanidad pública puede ocurrir, ya se está intentando por el gobierno de la Junta de Andalucía, si derivan recursos públicos al sistema privado.

Pero el debate sobre Muface es más profundo porque Muface, aunque es lo más importante, no solo ofrece la posibilidad de elegir la atención médica pública o privada. También ofrece otras prestaciones de las que tampoco disfrutan el resto de los trabajadores. Desde mi punto de vista la pregunta relevante es si queremos mantener un modelo como Muface que da unos privilegios a un conjunto de trabajadores públicos frente al resto de trabajadores. Para mi la respuesta debe ser no. Y debe ser no fundamentalmente por razones de justicia y equidad. Los trabajadores públicos globalmente constituyen la parte privilegiada de la sociedad por sus salarios, la estabilidad de su empleo, la falta en muchos casos de evaluación de su rendimiento, etc. No es un buen mensaje para el resto de la sociedad mantener los privilegios de los ya privilegiados. Un gobierno progresista no debería hacerlo.

Tengo dos amigos a los que hace días les mando sistemáticamente todos los chistes buenos sobre Luigi Mangione, el joven norteamericano acusado de asesinar al CEO de seguros de salud Brian Thompson. Digo sistemáticamente porque de verdad soy prolija, es casi como un mailing de prensa: dos o tres veces por día hago una curaduría de los mejores y los envío, sin ningún comentario. Lo hago solamente porque divierte, y no veo nada extraordinario en esa diversión, ni en la mía ni en la de los miles que hacen memes y tweets graciosos sobre el tema. La fascinación con los asesinos es antiquísima. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Charles Manson son estrellas de la cultura pop. Nahir Galarza no llegó ni a terminar su condena que ya tiene su propia serie; y todos ellos, encima, asesinaron a víctimas que nadie tenía ninguna razón para odiar. En la fascinación que genera Mangione se mezclan dos figuras: la del asesino, por un lado, y la del justiciero, por el otro. No hay justificación para matar a nadie, es cierto, y la amplísima mayoría de la gente que comparte memes de Mangione lo sabe. Pero Mangione se metió con una de esas personas que “lucran con la salud de la gente”, que viajan en aviones privados a costa de que una madre soltera se endeude de por vida por un accidente laboral. Es perfectamente posible que Brian Thompson fuera una excelente persona, e incluso si fuera la peor de todas quienes no creemos en la pena de muerte pensamos que no se merecía que nadie lo matara. Y así y todo, Thompson sí era una de las caras de un sistema injusto, violento e hipócrita. No hay nada extraordinario ni de época, reitero, en el hecho de que podamos hablar de eso con liviandad.

Hay algunos aspectos de la conversación en torno de Mangione, por supuesto, que sí son de época. Lo primero, su presencia online: un asesino centennial tuvo Instagram, tuvo Twitter, tuvo Tinder, Goodreads incluso. Ese morbo irrefrenable que explotaban los canales de televisión hablando con sus amigos y vecinos y mostrándole a la audiencia el intento de entender cómo una persona aparentemente normal llega a hacer algo tan por fuera de la norma hoy es una investigación que todos tenemos a la mano. Internet está llena de huellas de Mangione: todos podemos entrar a jugar al detective y buscar las huellas del desborde en sus posteos de vacaciones o su reseña de una película.

Una segunda cuestión, un poco más amplia, es el hecho de que la figura del descastado está claramente teniendo un momento. Eso que mostró la primera Joker, el culto a un tipo que se sustrae del sistema y hace todo lo que no estaríamos dispuestos a hacer; la desconfianza de las instituciones existe desde que existen las instituciones, pero tiene épocas, y pocas épocas han sido más desconfiadas que esta. Las creencias políticas de Mangione parecen haber sido tanto woke como antiwoke, por lo que podemos encontrar en Internet, pero la pulsión antisistema es lo único que parecen tener de coherente; y quizás ese clivaje, el que separa a los conservadores institucionalistas de los tirapiedras (uso los términos como descriptivos, sin ninguna valoración), sea hoy más importante que el que separa a la izquierda de la derecha. En algún sentido, los derechistas que entendieron eso y se pararon en contra de la casta (Milei y Trump, paradigmáticamente) entendieron algo sobre la época que va mucho más allá de estar en contra del progresismo, o del contenido de sus ideas políticas en general. Pienso, también, que cierto tipo de crítica reformista entró en una crisis total, y por eso quizás yo puedo decir con mucha liviandad que Brian Thompson es una cara del sistema y no el sistema, y que la violencia contra personas individuales consigue poco; pero las herramientas de la democracia liberal han conseguido, a ojos de mucha gente (y en especial de mucha gente joven) tan poco que no probar con el crimen parece sencillamente terco. Es curioso: no vivimos tiempos particularmente violentos (los asesinatos políticos, en occidente al menos, son una rareza total), pero la gente se horroriza ante el caos mucho menos que antes. El caos aparece como un descanso, un destello de autenticidad en un mundo cansado de la hipocresía.

Y pienso una última cosa, porque la hipocresía y el agotamiento que ella produce están en la raíz de todo esto. Los seguros son el caso paradigmático de la hipocresía cansadora; me pasó arreglándome los dientes y arreglando el auto, y no es culpa de la Argentina, por una vez en la vida, es el tipo de cosas que pasa en todos lados.

Una paga algo todos los meses, y tiene una suerte de fe absurda en el contrato firmado. Absurda, digo, porque es evidente que el contrato es desigual hasta el ridículo, y que negociar con un seguro siempre es negociar con un secuestrador. “Te cubrimos hasta acá, si no hacelo por afuera”, te dicen, y la realidad es que no hay nada que hacer más que aceptar lo que te ofrecen y pagar un dinero que no tenés, o no aceptarlo y pagar 10 veces ese dinero que no tenés.

Es como si los seguros fueran la metáfora del trauma millennial: me prometieron que si hacía las cosas bien (si terminaba la carrera, si pagaba la cuota) las cosas me iban a salir bien, porque había un sistema que funcionaba así, asignándoles recursos a las personas que se ocupan, pero no pasó, y ahora no hay a quién hacerle reclamo. Es poético, en algún sentido, que de todos los CEO Mangione haya elegido a uno de seguros. Si el sistema funcionara, parece decir, alguien leería la denuncia que escribí en el libro de quejas; pero no funciona, así que ¿para qué molestarse con las palabras?  

La Fundación Soliss y la Federación Down de Castilla-La Mancha han presentado el nuevo calendario solidario 2025 de Soliss, con un acuerdo entre ambas entidades que se ha celebrado este martes 3 de diciembre, Día de la Discapacidad. De este modo, la Fundación quiere reafirmar su compromiso con nuestra tierra a través de su calendario anual, “mostrando una vez más la belleza de su región con excepcionales imágenes”.

Este año, el calendario vuelve a tener un enfoque solidario, apoyando a la Federación Down de Castila -La Mancha, facilitando las donaciones a esta causa mediante un código QR incluido en cada calendario.

Al acto han acudido José Julián García y Carlos Vicente Cuesta, presidente y tesorero de la Federación Down Castilla-La Mancha, respectivamente y Celedonio Morales, consejero institucional de Soliss.

Un original calendario, del que se repartirán más de 20.000 ejemplares, y que irá ilustrado con 12 fotografías de lugares emblemáticos y singulares de Castilla- La Mancha, que este año son el Castillo de Caudilla de Santo Domingo-Caudilla (Toledo); los Molinos de Consuegra (Toledo); el Parque de la Alameda de Talavera de la Reina (Toledo); el Nacimiento del Río Cuervo (Cuenca); el Cigarral del Ángel Custodio (Toledo); los campos de lavanda de Brihuega; Viñedos (Toledo); el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real); los castillos de Belmonte (Cuenca); el Parque Nacional de Cabañeros, Horcajo de Los Montes (Ciudad Real); la ciudad de Toledo desde el río Tajo y el Palacio Real de Aranjuez, Aranjuez (Madrid)

Este año el calendario seguirá siendo gratuito para los asegurados de Soliss y se podrá recoger en las oficinas de la aseguradora. Y al igual que ya hizo en 2024, hay un excepcional motivo para que quien retire su calendario pueda hacer una donación voluntaria que irá destina directamente a la Federación Down de Castila -La Mancha. 

Sobre La Federación Down Castilla-La Mancha

La Federación Down Castilla-La Mancha, nace en julio de 2005, para aglutinar y aunar esfuerzos de las distintas Entidades Down, que se extienden por la Región, concretamente en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina, Toledo y Valdepeñas. 

Desde Federación Down, trabajan por los Derechos de las personas con discapacidad intelectual, dando visibilidad a las mismas, y otorgando absoluta importancia y protagonismo a las familias en la acción de desarrollo personal e inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. 

Donar será muy sencillo ya que el calendario tiene un código QR que lleva directamente a la web que tiene preparada para, de manera sencilla, poder realizar la donación.

Con esta nueva acción solidaria, SOLISS y su Fundación siguen afianzando su compromiso con la sociedad castellano manchega, apoyando a las entidades y colectivos más vulnerables. 

El Gobierno quiere resolver el entuerto de Muface. Tras el plantón de las aseguradoras a Función Pública en el concierto para prestar asistencia sanitaria a cientos de miles de funcionarios y sus familias en 2025 y 2026, el Ministerio que dirige Óscar López ha optado por lanzar de nuevo la pelota al tejado de las compañías privadas. El Ejecutivo abrirá este miércoles un periodo de consultas preliminares de mercado, en el que las compañías tendrán que decir por cuánto estarían dispuestas a prestar asistencia sanitaria a los cerca de 770.000 trabajadores públicos y sus 424.000 beneficiarios que a día de hoy han optado por la sanidad privada.

“Vamos a una nueva licitación, pero con un procedimiento nuevo y con una investigación de mercado para que haya transparencia”, señalan fuentes del Ministerio. De facto, la decisión da un vuelco al procedimiento: si antes era el Gobierno quien estimaba los costes para las aseguradoras, ahora deberán ser estas las que calculen esos gastos. “Hemos echado números, hemos ofrecido la mayor subida de la historia y dices que cuesta más, pues dime cuánto cuesta”, verbalizan estas voces.

Las consultas preliminares del mercado vienen recogidas en la ley de contratos públicos y autorizan a los órganos de contratación, en este caso Muface, a realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. No se trata de que las aseguradoras privadas pongan el precio por el que estarían dispuestas a concurrir al nuevo concurso, sino que justifiquen esa cifra. “La idea es que puedan indicar qué prima ofrecen por cada uno de los tramos de edad y que aporten evidencias sólidas sobre cómo se construyen esas primas”, señalan las fuentes consultadas.

Las compañías tendrán 10 días para presentar esas evidencias y justificar cuánto dinero necesitan para ser rentables. Tras estas alegaciones, el Ministerio preparará un nuevo pliego de condiciones, sin que la información ofrecida por las aseguradoras sea vinculante. Las empresas tampoco podrán pactar su respuesta. “Ni nos planteamos que lo hagan, porque es ilegal”, indican las fuentes consultadas.

El Ministerio de Función Pública ha insistido en las últimas semanas en que la asistencia sanitaria de los mutualistas está garantizada en las condiciones actuales. El Ejecutivo se guarda bajo la manga el as de una prórroga que obligaría a Adeslas, Asisa y DKV, las beneficiarias del concierto actual, a seguir prestando atendiendo a los funcionarios con las condiciones actuales durante meses.

“La situación la han creado ellas. La acción que ha hecho el Gobierno ha sido aprobar la mayor subida de la historia de Muface. Ese es el hecho objetivo”, señalan fuentes ministeriales, que asumen, no obstante, que una hipotética nueva licitación será más costosa. La lógica indica que si alguna compañía hubiera querido concurrir por menos de un aumento del 17%, ya lo habría hecho en la primera licitación.

En los últimos meses, el lobby de la sanidad privada venía trasladando la idea de que incluso un incremento del 25% sería insuficiente para prestar el servicio, tras años de “pérdidas”. Las compañías señalan el aumento de la edad media de los mutualistas, en torno a los 57,8 años, de los costes por la inflación y de unas prestaciones por encima de las que da la sanidad pública. La oferta frustrada suponía una factura de 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo. “Hemos metido un incremento de 300 millones de euros y los presupuestos no son infinitos. Cuando metes 300 millones de euros, son a costa de otra cosa. Trabajamos para los asegurados de Muface y para 48 millones de españoles más”, indican fuentes del Ministerio.

La negativa de las aseguradoras ha creado también una contradicción en el Gobierno de coalición. Mientras desde Función Pública trasladan que el Ejecutivo “no tiene en ninguno de sus planes desmontar Muface”, el Ministerio de Sanidad, sin competencias en este área, ha publicado un informe en el que asegura que “el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”.

Aunque desde Función Pública insisten en desmontar Muface no está sobre la mesa, si se abren a replantear el modelo. Algo que, en cualquier caso, se haría en paralelo a la licitación y no afectaría al próximo concurso, pero que se basaría en los principios de “transparencia, eficiencia en el gasto público y equidad”. “Es un viejo invento que ha ido acumulando capas y tiene unos elementos más racionales que otros. Si no, no estaríamos donde estamos. Es evidente que hay cosas que revisar”, reconocen estas mismas fuentes, que afirman que hay “parches”.

Una de las opciones que analiza el Gobierno es que los funcionarios elijan “de una vez y para siempre” si quieren seguro privado o sanidad pública. Supondría un cambio respecto al modelo actual, que permite a los mutualistas dar el salto de uno a otro sistema cada mes de enero. La medida, consideran desde Función Pública, haría “más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad”. Pero hay más teclas que se pueden tocar, como el gasto farmacéutico o algunas duplicidades, como los funcionarios que dependen de las comunidades autónomas, pero a los que el Estado central paga el seguro privado.

Aun sin confirmar ninguna de estas posibilidades, hay dos cosas que parecen claras: que el Gobierno no va a romper la baraja de Muface en esta legislatura, pero que está abierto a estudiar fórmulas que cambien las reglas del juego.

Soliss, la única aseguradora con sede en Castilla–La Mancha, sigue “apostando por la reinversión de sus beneficios” en la región. En este caso, apostando por una de las pruebas de carácter familiar “más reconocida y querida” de Albacete.

La San Silvestre de Albacete es una carrera popular que se celebra anualmente el 31 de diciembre en la ciudad de Albacete. Este evento deportivo reúne a miles de corredores y espectadores, promoviendo un ambiente festivo y saludable.

Soliss Seguros, como empresa comprometida con el deporte y la comunidad, acaba de confirmar el acuerdo de patrocinio principal para la San Silvestre de Albacete, con un importante aporte económico que ayudará a la organización y crecimiento de la carrera.

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha agradecido a Soliss Mutua de Seguros su compromiso constante con Albacete y, de manera especial, con el deporte, durante la firma del convenio de patrocinio que ha suscrito en nombre del Instituto Municipal de Deportes con el director comercial de esta aseguradora, José Javier del Cerro, en presencia del concejal de Deportes, Francisco Villaescusa.

Un convenio que, tal y como ha explicado Manuel Serrano, convierte a Soliss Mutua de Seguros en el patrocinador oficial de la carrera popular San Silvestre de Albacete 2024 que organiza el Instituto Municipal de Deportes, como un ejemplo más de la ayuda que esta entidad dispensa al deporte base y popular de nuestra tierra.