El Palacio Real ha sido el escenario del primer discurso del papa León XIV en España, una comparecencia marcada por la llamada a la unidad y la concordia y por la ausencia de mención alguna a los supervivientes de la pederastia de la Iglesia, algo que sí que había hecho ante los periodistas durante el vuelo entre Roma y Madrid. Lo ha hecho ante un amplio público formado por las principales personalidades políticas del país, entre ellos el rey Felipe VI, que sí que ha dedicado unas palabras a las víctimas de abusos recociendo el “dolor causado”.

En pleno auge reaccionario, las palabras que han señalado a los “enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”, han resonado en el Salón de las Columnas como una de las frases más políticas y contundentes de Prevost. En este sentido, invitó “a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad”, en un claro gesto al actual auge ultra que reina en España.

Además, en la esperada mención al clima bélico internacional, ha agradecido a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”. “Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir”, ha añadido también el Papa.

A continuación, el discurso íntegro de León XIV en el Palacio Real:

“Majestades,

Altezas Reales,

distinguidas Autoridades y miembros del Cuerpo Diplomático,

señoras y señores:

Doy gracias al Señor por este encuentro y expreso mi agradecimiento por la invitación a realizar este viaje apostólico a España: un itinerario en varias etapas, cada una de las cuales revelará algún aspecto de la riqueza multifacética de un gran país que, desde hace casi dos milenios, ha acogido la Palabra del Evangelio. La tradición siempre ha vinculado la primera evangelización de la Península ibérica a la predicación del apóstol Santiago el Mayor. Este vínculo reviste una importancia teológica considerable, porque expresa la conciencia de la Iglesia local de estar en continuidad con la misión apostólica nacida en Pentecostés. El vínculo antiquísimo entre la fe cristiana y esta tierra, si bien por un lado no agota la multiforme identidad de vuestro pueblo, por otro ha moldeado profundamente su cultura y representa una fuente de esperanza y de orientación entre los desafíos que hoy, como familia humana, debemos afrontar juntos. Pienso en las expresiones de la fe popular que, en cada ciudad y pueblo, representan una auténtica dramaturgia de la salvación al ritmo del año y en los diversos contextos de la vida. Junto con el patrimonio artístico y musical, con las múltiples cofradías y asociaciones de carácter caritativo, dan testimonio del fecundo encuentro entre Jesucristo y vuestro pueblo. ¡Es un pueblo lleno de pasión, que ama la vida y lo manifiesta!

Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta Nación. De hecho, su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad. El mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, existe, en efecto, “una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma” (Evangelii gaudium, 231). De hecho —concluía—, “la realidad es superior a la idea” (ibíd.). La verdad es siempre más grande que nosotros y por eso nos sorprende y nos atrae hacia caminos de purificación y reconciliación, en los que el diálogo con los demás —y con el Otro con mayúscula— se vuelve fundamental.

A este respecto, quisiera referirme a dos figuras de este país que, desde hace cinco siglos, nutren la vida de la Iglesia y la búsqueda espiritual de muchos, incluso más allá de sus fronteras visibles. Se trata de Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que se hicieron amigos en la pasión por el Misterio divino. La suya es una mística con los ojos abiertos, es decir, no ajena a la historia, sino que, por el contrario, lleva a la raíz de las cuestiones, al corazón de la realidad. En particular, al interpretar las transformaciones y soportar las tensiones que hacen tan oscura nuestra época, nos ayuda el tema de la noche, tan querido por san Juan de la Cruz, cuyo Año Jubilar estamos celebrando. En su sed de luz, paradójicamente, aprendió a apreciar la oscuridad —“noche dichosa” (Noche oscura, 3)— como el tiempo en que el alma se libera de lo que presumía de conocer y poseer. También hoy lo que más nos asusta, lo que en muchos provoca la oscuridad de la razón y la violencia de las emociones, es lo desconocido, ante lo cual puede prevalecer la sensación de no tener ya mapas, la desorientación. Por eso se necesitan, también en la vida pública, hombres y mujeres que intuyan, en la oscuridad, la luz; en el fin, un posible comienzo, casi el irrumpir de una verdad como luz que aún ciega, pero que —si confiamos y encontramos paz— nos llevará delicadamente hacia sí misma: “¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste Amado con amada, amada en el Amado transformada!” (ibíd., 5). 

Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz, por un nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor (cf. Magnifica Humanitas,186).

Santa Teresa describe este mismo itinerario con la imagen del castillo interior. Avanzando de habitación en habitación hacia el lugar más íntimo —es decir, cada uno hacia su propio corazón, santuario de la verdad—, el espacio se amplía, la mente se abre, las contradicciones se resuelven, las tensiones se disuelven, los demás encuentran su lugar, el universo se convierte en hogar. No se trata de una huida intimista, sino de una apertura radical al totus Alius et semper Novus, que se realiza cuando volvemos a nosotros mismos. Esta dimensión del ser humano es la razón por la que hay que proteger la libertad religiosa y de conciencia.

Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia. Y, sin embargo, desde estas noches oscuras, hombres y mujeres fieles a la verdad se han visto impulsados a avanzar de estancia en estancia hasta el punto en que, en la conciencia, la justicia y la paz se abrazan. Es de su libertad que aprendemos a ser libres.

La Iglesia católica está al servicio de esta sed del corazón humano. No de forma impositiva, sino con el testimonio evangélico respaldado por una multitud de mártires y santos, y hoy está dispuesta a ponerse al servicio del futuro de un pueblo que busca la reconciliación y la paz.

Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad. Veo aquí una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental. Es el regalo que el Viejo Continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven, pues joven es quien siente que tiene un futuro y una misión que aún interpelan. Apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos: he aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas. Las nuevas tecnologías se han convertido en un entorno artificial en el que nuestras opciones fundamentales se ponen a prueba: en su interior, los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte. Por otra parte, el bien puede resistir y comunicarse.

Es necesario, sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales, dar un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y mediación cultural. La seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo. Vuestra propia historia lo atestigua. La presencia del islam en la Península ibérica, por ejemplo, constituyó una realidad política, cultural y religiosa de larga duración. Durante ese periodo no sólo hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos. En la escuela de traductores de Alfonso X el Sabio, expertos pertenecientes a las tres religiones colaboraron en la traducción del rico patrimonio árabe, griego y hebreo, contribuyendo a la difusión de textos como, entre otros, los de los filósofos Averroes (1126-1198) y Maimónides (1138-1204). En particular, ciudades como Córdoba y Toledo se convirtieron en lugares de mediación entre lenguas, religiones y saberes. Pero esta es la verdad que cuentan las ciudades europeas, su estratificación histórica, el tejido de solidaridad que a lo largo de los siglos ha conformado sus diferencias, transformando los inevitables conflictos en puntos de partida.

Como nos enseñó otro noble hijo de esta tierra, en las pruebas y los fracasos es posible replantearse todo: Ignacio de Loyola tuvo esta audacia, dando crédito a las desolaciones y consolaciones de su corazón, en un ejercicio de discernimiento e imaginación por el cual prefirió la paz a las armas y los santos a los poderosos. Comprendió que el bien al que se sentía atraído no era utópico, y entonces su crisis se transformó en gracia. Lo mismo puede suceder con las “novedades” que nos inquietan hoy y sobre las que nuestras sensibilidades están divididas. “Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento —la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la Casa común, la paz— y traduzcámoslos en prácticas: planificación responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y la paz” (Magnifica Humanitas,14).

Majestades, Altezas Reales, señoras y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Al mismo tiempo, animo a cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de la Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana.

¡Que Dios bendiga a España!“

Solo un día antes de que el papa León XIV pise suelo español, se estrena en salas La luz, la última película de Fernando Franco que aborda los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica. Lo hace, además, desde un punto de vista que el cine no ha explorado todavía, el de un cura que cometió delitos en el pasado y decide contarlos e intentar redimirse. El cineasta, con su habitual estilo austero y adulto, plantea una película que habla sobre la impunidad y sobre una institución que prefiere esconder o encontrar una cabeza de turco en vez de afrontar un problema sistémico.

La coincidencia en el tiempo de la visita papal y el estreno del filme podría parecer coincidencia, pero su protagonista, un Alberto San Juan que vuelve a brillar como el cura abusador, confiesa que no es así. Que lo que querían con esta historia —el mejor guion que ha recibido, según él— era abrir el diálogo y que la gente se preguntara cómo es posible el silencio que se extiende hasta nuestros días de un problema que sigue sin afrontarse con rotundidad.

(Esta entrevista se realizó antes del anuncio del papa León XIV de que se reunirá con víctimas de abusos de la Iglesia Católica. El Vaticano ha comunicado esta decisión horas antes de su llegada)

La película aborda los abusos en la iglesia desde un punto de vista inusual, el del cura abusador, ¿qué pensó cuando leyó el guion?

Fernando Franco, como en sus anteriores películas, escoge un personaje y la cámara va con él. En este caso con el personaje que yo interpreto, Manuel, el sacerdote y abusador. Pero creo que el punto de vista es el de la cámara, que es un ojo que no juzga, no el de Manuel. Si fuera una novela estaría narrada, creo yo, en tercera persona, no en primera persona. De hecho, el personaje, incluso para mí, que una vez terminada la película ya me convierto en un espectador, es misterioso y me cuesta decidir si me lo creo o no, si me creo o no la sinceridad de su arrepentimiento, de cuáles son sus verdaderas motivaciones, si es reparar el dolor de sus víctimas o si es su forma de sobrevivir en esa situación. 

Por otro lado, creo que el tema te diría que no son los abusos en sí, sino cómo gestiona la institución de la Iglesia católica en España los abusos sexuales que histórica y sistemáticamente han venido produciéndose en su seno a lo largo de la última década. Por la información que hay, parece que no solo ha sido sistemático y continuado, sino que ha habido encubrimiento de los mismos. Si yo tuviera que decir cuál es el tema de la película creo que sería la impunidad del poder a la hora de ejercer la violencia.

En España es un tema que nos toca de cerca. Pasamos de no tener ningún caso a ser uno de los países con más casos porque se habían encubierto, ¿cómo puede tocar a la sociedad este tema en un momento dónde parece que se está revisando todo esto?

Bueno, yo creo que gracias a la labor de los medios de comunicación, y quiero nombrar a Julio Núñez y a Íñigo Domínguez, que son dos periodistas que llevan desde hace casi una década haciendo un trabajo investigación muy serio sobre este asunto y que han sacado a la luz muchos casos, se ha podido tener una percepción del problema más cercana a la realidad. De alguna manera se ha mostrado insostenible la teoría de que se trataba de casos aislados. De pronto se ve que esto tiene una dimensión muy grande y que no solo se producían los abusos, sino que se encubrían sistemáticamente. Y por eso me resulta muy sorprendente, ya no hablo como cineasta, sino como ciudadano, que no sea la propia Iglesia la que tome la iniciativa para hacer la luz en este territorio tan oscuro que alberga en su seno. 

La película coincide con la visita del Papa.

Estoy realmente sorprendido de que el papa León XIV no vaya a tener un encuentro con las víctimas en su visita a España cuando son tantos los casos en la Iglesia española, tal y como le han pedido los colectivos de víctimas. Y en caso de tenerlo lo que se ha dicho es que será en privado. A puerta cerrada. Una vez más, cerrando las puertas, no dejando ver el tema. Me parece sumar dolor, me parece revictimizar. No entiendo esta actitud de decir ‘la Iglesia está haciendo todo lo que puede hacer’. No, no es así. Escuchad a las víctimas. No es la Iglesia quien tiene que decir si está haciendo todo lo que puede hacer, son las víctimas. Y las víctimas dicen que no es así. Entonces démosle voz. Que no lo haga el Papa me parece muy sorprendente.

Imagino que el timing de que coincida es una casualidad…

No, es intencionado. Por supuesto. Sí, porque evidentemente es una de las conversaciones pendientes necesarias, urgentes y graves de la Iglesia. En estos días va a formar parte de la conversación, y en la medida en que la Conferencia Episcopal y el propio equipo del Papa traten de mantener silencio al respecto, ese silencio va a resultar muy sonoro. Porque ese precisamente ha sido el problema y es lo que se critica, el silencio, el ocultamiento, el encubrimiento. Y de esto habla la película, que no emite un juicio, no es una película de tesis, no lo podría ser, siendo dirigida por Fernando Franco. Y te puedo decir que la película es de un rigor exhaustivo. Todo lo que aparece está fundamentado en hechos reales publicados en prensa, contados por víctimas e incluso reconocidos por la propia Iglesia en el informe del Defensor del Pueblo.

Por su parte, ¿como actor ha investigado o estaba todo claro en el guion?

Yo había leído informaciones desde mi posición de ciudadano y de persona que vive en sociedad. Pero cuando me incorporo a la película, Fernando ya ha escrito un guion que es el mejor que me ha llegado jamás, en serio. Y Fernando ya previamente había hecho un trabajo muy exhaustivo de documentación. Para mí fue muy fácil porque él me guio. Me dijo “Lee esto, ve estos documentales, ve estas películas, habla con estas personas”, y eso es lo que hice.

Sin hacer spoiler, a su personaje la gente católica le juzga más severamente por decir la verdad que a la Iglesia por encubrirlo. 

Esto es algo que se repite en distintos ámbitos de crimen, corrupción y abuso. Aquel que ha participado de la trama y, porque le pillan o porque se arrepiente, sale y dice basta, normalmente paga él. Hemos visto en España, en distintas historias, que paga el juez que investigaba, que paga la persona que se atrevió a contar, el funcionario que se atrevió a decir. Mi personaje, Manuel Monsalve, en un momento le responde a un periodista: “¿No le parece extraño que nos resulte más llamativo un cura que confiesa el daño que ha hecho públicamente a otro que lo calla y permite que ese sistema de abuso y encubrimiento siga funcionando?”. Nos llama más la atención eso. Y vemos en la película que cuando él confiesa públicamente empiezan a surgir críticas contra él como individuo, no contra la institución.

La película aborda de alguna forma la corrupción, en este caso en la Iglesia, pero que puede ser trasladable a otros ámbitos.

La película de Fernando tiene una cosa muy buena y es que utiliza el género del thriller para contar una historia y para abordar un problema muy complejo y una violencia heredada. Heredada en el sentido de que viene de muy atrás, que no ha dejado de suceder y que ha estado silenciada. Y sí es una trama corrupta, es una trama criminal. Encubrir un delito es delito. Y cuando se hace no una vez por parte de una persona, sino dos, tres veces, cuatro, es un sistema. Esto no es que lo haya hecho uno, porque se le ha ocurrido, es que funciona así. Es un funcionamiento mecanizado.

La luz también plantea una pregunta muy espinosa, ¿qué hacemos con aquellos que han cometido un abuso?, ¿hay una reinserción para ellos?

Esto sería la gran pregunta si un día cesara la violencia en la sociedad, qué se hace con toda la violencia acumulada hasta entonces. Yo no tengo respuesta para eso, pero personalmente no creo en la cárcel. Ni creo en la impunidad. Tampoco en ese concepto no tan preciso que es el perdón. Creo, como dice Fernando Franco, que el perdón solo lo pueden otorgar las víctimas. Yo no puedo participar en el perdón a un agresor. Será la persona a la que ha agredido la que tenga que decir lo que sea. Lo que sí insisten las víctimas, una y otra vez, es que el perdón por sí solo tiene muy poco valor si no va acompañado con actos consecuentes como mantener encuentros permanentes con las víctimas, un canal de comunicación permanente abierto con ellas y una información transparente al respecto.

Ha mencionado el perdón, que en la Iglesia es un concepto un poco tramposo, porque uno puede hacer lo que quiera, pedir perdón, rezar un par de padrenuestros y seguir adelante.

No es para nada lo ideal. Pero, sin embargo, es algo que sigue en las conversaciones: “Discúlpate, pide perdón”. Yo creo que es muy importante, además de ese perdón, recibir a la víctima, darle toda la atención posible y con la mayor representación institucional posible. Ha de haber un reconocimiento público por parte de la Iglesia de la dimensión del problema. Ha dicho un obispo ahora que no solo es que el tema exista, sino que van muy lentos a la hora de afrontarlo. A mí, como parte del equipo que ha hecho esta película, no me interesa juzgar la actitud de la Iglesia, sino llamar a la reflexión sobre de qué manera están actuando. Te lo digo como ciudadano asombrado de que no se toma la iniciativa. Encima una institución histórica de poder, de la cual habría muchas cosas que analizar y decir del papel que han ido jugando en distintos sistemas políticos, regímenes, situaciones y circunstancias históricas, pero cuya base son los Evangelios y predican el amor. Quiero decir, que el Ibex 35 no predica el amor, o sea que es coherente buscar la rentabilidad económica por su parte. Pero en el caso de la Iglesia, una actitud coherente exigiría otra actitud.

¿Como actor se había puesto el hábito antes?

No, no, no. Nunca me había puesto las ropas de un sacerdote.

¿Cómo es, da algo como performativo?

Totalmente. Evidentemente, a un actor le encanta disfrazarse, porque en parte disfrazarse es ver las cosas desde otro lugar y es un ejercicio muy saludable y además divertido. Nunca me había tocado hacer esto, pero ayuda muchísimo, porque además la Iglesia, para mí, de lo más atractivo que tiene es la puesta en escena de la liturgia y la vestimenta. Toda la parte escénica.

Su personaje podría ser cualquiera, el vecino de al lado. Me recordó en eso un poco a La zona de interés, al señalar que no son monstruos, que son gente como nosotros.

En la vida no hay unos buenos y unos malos, porque entonces todo el problema sería identificar a los malos y apartarlos. Todos somos capaces de lo mejor y lo peor, y doble cuidado hemos de tener en esta sociedad que está montada sobre el abuso, sobre un poder jerárquico y todo un entramado de relaciones de poder en donde suele haber una parte opresiva y una parte oprimida. Entonces, doble esfuerzo el de aquel que en la sociedad del abuso no quiere participar en ninguna forma de abuso. Es muy fácil envilecerse en una sociedad vil, en un orden social vil. Esta película retrata un aspecto, no diría la Iglesia en su conjunto, ni muchísimo menos, sino un aspecto de una parte de la Iglesia, una parte significativa, que toca a las altas jerarquías de la Iglesia no solo en España.

España es un país donde la presencia de la Iglesia católica sigue muy fuerte, es algo casi intocable, y encima en un momento donde parece que se vive un regreso a esos valores católicos ¿han hablado de cómo puede recibirse en este momento?

El objetivo es que se reciba y sea objeto de reflexión, que sea estímulo para la conversación y el pensamiento compartido sobre esta cuestión que afecta a miles de personas que en su infancia fueron abusadas sexualmente y rotas por dentro, en lo más íntimo. Según cuentan todas y cada una de las que he oído, es una herida irreparable con la que se puede llegar a convivir con una vida más o menos saludable. Pero es de una crueldad excesiva cuando no se tienen recursos para asumir algo así. Ya ha habido proyecciones y sé que hay gente de la Iglesia que tiene el discurso de que ya están haciendo todo lo que tienen que hacer, pero yo diría que no, porque solo el hecho de que el Papa no vaya a tener un encuentro con las víctimas del cual luego se informe de forma transparente, pues me parece hacer más grande el silencio, hacer más grande la ignorancia de la desatención de este dolor. Luego hay gente que esperaría más dureza de la película, pero eso está muy bien porque Fernando Franco no ofrece un discurso cerrado, sino un relato abierto que será interpretado de tantas formas como espectadores la vean.

Vídeo de la entrevista completa

“A día de hoy, no está previsto que el Santo Padre reciba a víctimas de abusos”. Esta es la respuesta que la diócesis de Madrid ha dado a Eduardo Torralbo, víctima de abusos en los salesianos de Barakaldo. Eduardo había escrito tanto a Nunciatura como a la diócesis de Bilbao, preguntando por un posible encuentro del pontífice, durante su visita a Madrid, con los supervivientes de la pederastia eclesial. Este lunes, el Arzobispado de Madrid le ha contestado.

En un escrito remitido a su correo electrónico, al que ha tenido acceso elDiario.es, la diócesis subraya que “es cierto que desde el comité organizador se estuvo hablando con la delegación vaticana de ello, pero hasta el momento, en el programa oficial de la visita no se ha contemplado dicho encuentro”. Fuentes eclesiales no descartan que finalmente el encuentro pueda producirse, en el marco de la información que el Papa quiere recibir sobre cómo actúa la Iglesia en Madrid ante los abusos.

“Me parece un poco indignante como víctima que Su Santidad no tenga a bien recibirnos. Solo hubiera sido un momento que a algunas víctimas lo hubiéramos recibido como un acto de reparación y reconocimiento”, relata a elDiario.es Eduardo, cuyo caso es uno del millar que ha reconocido la Iglesia católica. Hace unos meses, pasó por el plan PRIVA, y rechazó la indemnización que se le ofreció, al considerarla “ridícula”: le ofrecían 17.600 euros por el daño moral sufrido, y otros 10.000 por los gastos de psiquiatra. “Mi familia y yo nos hemos gastado más de 60.000 euros a día de hoy en gastos médicos”, explica. Hace poco presentó una nueva denuncia, esta vez ante la Oficina abierta tras el acuerdo suscrito entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo.

“Me parece un poco indignante como victima que Su Santidad no tenga a bien recibirnos. Solo hubiera sido un momento que a algunas victimas lo hubieramos recibido como un acto de reparacion y reconocimiento"

Otras víctimas, como Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR Infancia Robada, lamenta la decisión, a falta de una confirmación de última hora. “En caso de ser cierto que el Papa León XIV no recibirá a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica en Madrid para ANIR, AVA, Lulacris y Justice Initiative España, la ausencia de esta audiencia supone ante todo, una ofensa más de la Iglesia a sus víctimas, una actitud alejada de los principios de la doctrina social de la iglesia y de la reciente encíclica Magnifica Humanitas y una perversa manera más de la amplia y ya legendaria costumbre de ocultar a las víctimas, niños y niñas, intentando convertirlos en verdugos, salvaguardando a pederastas y encubridores”.

“Resultamos molestos para los príncipes de la Iglesia, se ve que para estos los niños y niñas agredidos y agredidas sexualmente no son actores de primera, solo figurantes cuya palabra, su voz, debe ser anulada una y otra vez, desconociendo que la suciedad se combate desde dentro, que los delitos se denuncian en la justicia ordinaria acompañando a las víctimas y no situándose del lado del agresor delincuente”, afirma Cuatrecasas, quien sostiene que “León XIV, no recibiendo a las víctimas, ni siquiera fuera de agenda, ni siquiera veinte minutos de su poblada lista de actos algunos irrelevantes, comete un error mayúsculo que las víctimas nunca olvidaremos ni por supuesto perdonaremos”. “Es una ofensa imperdonable a los más vulnerables”, concluye.

Aunque la Santa Sede no suele hacer públicos este tipo de eventos, y deja a los protagonistas poder contar (o no) lo que sucede en un encuentro privado, lo cierto es que las reuniones del Papa con las asociaciones de víctimas durante sus viajes son una tónica constante desde el pontificado de Benedicto XVI, en una práctica que oficializó Francisco y que Prevost parecía decidido a mantener. Al menos, hasta la fecha.

Desde hace meses, y a petición de las asociaciones de víctimas, se viene buscando un hueco en la intensa agenda papal para llevar a cabo este encuentro, una petición expresa que el cardenal Cobo hizo al Papa. “A día de hoy”, la respuesta es no.

Toda la información en www.religiondigital.org

La llegada del papa León XIV a España se interpreta dentro de la Iglesia católica como uno de los acontecimientos más importantes desde la visita de Benedicto XVI en 2011. El viaje, previsto del 6 al 12 de junio, tendrá una dimensión no solo religiosa y multitudinaria, sino también política, social y simbólica, en un momento especialmente delicado para la Iglesia española, marcada por la secularización, la pérdida de influencia pública y los escándalos de abusos sexuales.

La visita papal coincide además con el cuestionamiento de varios obispos españoles investigados por abusos o encubrimiento, entre ellos Rafael Zornoza y Pedro Aguado. Este último, obispo de Jaca y Huesca y ex superior general de los Escolapios, está siendo investigado por el Vaticano en relación con el caso de pederastia de México que implica al religioso escolapio José Miguel Flores Martínez, expulsado por abusos sexuales al exmonaguillo Javier Alcántara entre 2006 y 2010. Aguado ha declarado recientemente por escrito ante la Fiscalía mexicana, que mantiene abierta la investigación sobre un posible encubrimiento institucional. El documental de RTVE ‘Cruzar la noche’ emitido en abril ayudó a dar dimensión pública internacional al caso al centrar el foco no solo en el abuso, sino en los mecanismos de silencio y protección institucional dentro de la Iglesia

El obispo de Jaca y Huesca ha defendido que actuó “de inmediato”, una vez que tuvo conocimiento de los hechos. Sin embargo, la víctima y varios medios sostienen que el sacerdote continuó apareciendo públicamente como religioso después de esa expulsión y que incluso recibió homenajes tras su muerte. La propia orden calificó más tarde el funeral celebrado como una “imprudencia pastoral”.

Además de la causa en México, el Vaticano abrió en 2026 una investigación canónica sobre la actuación de Pedro Aguado ya que, según varias informaciones, el papa León XIV ordenó revisar si existió encubrimiento y Roma analiza si la respuesta institucional fue adecuada o si hubo negligencia grave.

Esto convierte el caso en uno de los expedientes más sensibles actualmente para la Iglesia española, porque afecta a un obispo en ejercicio y conecta con la gestión histórica de abusos dentro de congregaciones religiosas internacionales.

La clave Senegal

El caso mexicano no es el único que salpica al actual obispo de Jaca y Huesca. Diversas investigaciones periodísticas y el documental ‘La fugida: veritats ocultes’, emitido por 3Cat, relacionan a otros religiosos escolapios con abusos sexuales y posibles mecanismos de protección dentro de la orden bajo el generalato de Pedro Aguado. Entre ellos aparecen Manel Sales y Josep Maria Canet, vinculados con abusos en Senegal, así como Josep Blay, condenado en 2023 por abusos a menores en Cataluña.

El documental presenta a Blay como uno de los pocos casos con condena judicial firme. Fue sentenciado por abusar de varias niñas en Alella, aunque previamente ya había dejado víctimas en los Escolapios de Sitges durante los años sesenta. La investigación subraya cómo pudo mantener durante décadas autoridad y contacto con menores dentro de instituciones religiosas y analiza las dificultades que encontraban las víctimas para ser escuchadas o protegidas cuando denunciaban hechos ocurridos en el entorno eclesial.

Otro de los casos centrales es el de Manel Sales. Según la investigación periodística recogida por la serie, Sales habría abusado sexualmente de menores durante aproximadamente veinticinco años en Senegal. Aunque reconoció parte de los hechos, nunca fue juzgado penalmente y continuó viviendo protegido dentro del entorno escolapio catalán. El documental sostiene que dentro de la congregación existía conocimiento interno de la situación y que se priorizó evitar el escándalo institucional antes que acudir a la justicia civil o reparar adecuadamente a las víctimas.

La serie también profundiza en el caso de Josep Maria Canet, a quien varias víctimas señalan no solo como presunto encubridor de Sales, sino también como autor de agresiones sexuales a menores. Canet dirigió la escuela e internado Joseph Faye, en Oussouye, al sur de Senegal, donde convivió y trabajó junto a Sales dentro de la misión escolapia. Según la investigación dirigida por Guillem Sánchez, ambos religiosos ejercieron durante años una enorme autoridad sobre niños especialmente vulnerables que dependían de ellos para estudiar, alimentarse y acceder a oportunidades de futuro, y donde está mal vista la homosexualidad.

Los abusos comenzaron a aflorar públicamente tras la denuncia de varios voluntarios de ONGs que trabajaron allí. Los Escolapios impulsaron una comisión en Senegal para investigar las denuncias relacionadas con Sales. Fue entonces cuando aparecieron testimonios de antiguos alumnos que aseguraban haber sufrido también abusos por parte de Canet entre 1992 y 2005, cuando las víctimas tenían entre 8 y 12 años. La investigación sostiene además que Canet siguió ocupando cargos relevantes siendo ecónomo de la orden que dirigía Pedro Aguado y desempeñó funciones de gobierno dentro de la estructura escolapia catalana incluso después de regresar de Senegal y no fue apartado completamente hasta 2023.

Segundo obispo investigado

El nombramiento de Pedro Aguado Cuesta como obispo de Jaca y Huesca en 2024 sorprendió dentro de la propia Iglesia porque no procedía de la carrera episcopal tradicional, sino de dirigir durante quince años la Orden de las Escuelas Pías a nivel mundial como superior general. Su nombramiento coincidió además con la aparición interna de denuncias y tensiones relacionadas con abusos dentro de la orden, especialmente en México y Senegal, lo que llevó a algunas víctimas y analistas a interpretar el nombramiento como un respaldo institucional del Vaticano en un momento delicado. El peso simbólico de Aragón para los Escolapios —por el vínculo con José de Calasanz y Peralta de la Sal— reforzó todavía más esa lectura. Sin embargo, tras hacerse pública la denuncia de Javier Alcántara en México y abrirse investigaciones sobre el escolapio José Miguel Flores Martínez, el ascenso de Aguado pasó a convertirse en un problema para Roma, ya que terminó siendo uno de los pocos obispos españoles investigados por presunto encubrimiento de abusos.

El caso sitúa a Aguado como el segundo obispo español investigado formalmente por el Vaticano tras Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta entre 2011 y 2025, cuyo caso se convirtió en uno de los mayores escándalos recientes de la Iglesia española y en un precedente histórico dentro de la Iglesia española. El papa León XIV aceptó su renuncia en noviembre de 2025.

Ambos casos presentan paralelismos porque afectan a obispos españoles; ha intervenido el Dicasterio para la Doctrina de la Fe; las víctimas acudieron directamente a Roma, y ambos han generado una grave crisis institucional. Pero el caso Zornoza es más grave porque afectaba directamente a la conducta personal de un obispo en ejercicio. Fue el primer caso conocido en España en el que el Vaticano abrió una investigación formal por pederastia contra el titular de una diócesis. En febrero de 2026 el Tribunal de la Rota concluyó la investigación preliminar y recomendó abrir un juicio penal canónico tras escuchar a la víctima, a Zornoza y a varios testigos, incluido uno que afirmó haber presenciado los abusos denunciados. Sin embargo, el Vaticano terminó archivando posteriormente el procedimiento por cuestiones técnicas relacionadas con la edad de la víctima y la aplicación del derecho canónico vigente cuando ocurrieron los hechos. Además, el escándalo aumentó cuando trascendieron acusaciones de que también habría ignorado denuncias contra otros sacerdotes y cuando salió a la luz una conversación en la que un alto cargo eclesiástico pedía a la víctima mantener silencio sobre el caso. Todo ello convirtió el expediente en símbolo de las tensiones internas de la Iglesia entre la voluntad de reparación pública y las inercias históricas de opacidad y protección institucional.

Peralta de la Sal, refugio escolapio

El peso simbólico de Aragón también resulta relevante en este contexto. José de Calasanz, fundador de los Escolapios, nació en Peralta de la Sal, en Huesca, donde la orden mantiene uno de sus principales centros históricos. Precisamente Peralta de la Sal aparece de forma recurrente en varias investigaciones relacionadas con religiosos acusados de abusos.

Según distintas publicaciones, José Miguel Flores Martínez, acusado de abusar sexualmente de Javier Alcántara en México entre 2006 y 2010, pasó por el monasterio escolapio de Peralta de la Sal después de conocerse las denuncias. Allí habría permanecido como medida de aislamiento antes de ser apartado definitivamente del sacerdocio por el Vaticano y fallecer en 2022.

Otro nombre vinculado a Peralta es el de John Santillan, religioso vinculado con la orden de los Escolapios y acusado de abusos sexuales a menores en California durante las décadas de 1970 y 1980. Diversas investigaciones periodísticas sostienen que Santillan terminó refugiado en Peralta de la Sal tras abandonar Estados Unidos y permaneció allí hasta su muerte en 2004.

Se siguió el patrón de algunas congregaciones religiosas de trasladar o proteger a religiosos denunciados enviándolos a otros países o manteniéndolos en entornos discretos alejados del foco judicial. Recientemente, por citar otro ejemplo, un jesuita zaragozano ha sido apartado provisionalmente de su puesto de sacerdote tras la denuncia por unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a un menor en Alicante y Zaragoza en la primera década de este siglo, según ha informado la Compañía de Jesús.

Los problemas relacionados con abusos y encubrimientos dentro de los Escolapios no son recientes. De hecho, están en el propio origen cuando en el siglo XVII, la orden fundada por José de Calasanz quedó envuelta en un grave escándalo protagonizado por el sacerdote Stefano Cherubini, acusado de abusar sistemáticamente de menores en escuelas escolapias de Nápoles. Según diversos historiadores, Calasanz conocía parte de las acusaciones de Cherubini, perteneciente a una familia poderosa dentro de la curia romana, con conexiones jurídicas y eclesiásticas influyentes.

El fundador de la obra no actuó con contundencia para apartarlo definitivamente y el escándalo terminó provocando una intervención directa del papa Inocencio X, que en 1646 degradó a Calasanz y prácticamente desmanteló temporalmente la orden. Aunque la crisis no se debió exclusivamente a los abusos, muchos investigadores consideran hoy que el caso Cherubini fue decisivo en el derrumbe institucional de los Escolapios en aquella época.

Cuatro siglos después, los investigadores sobre abusos en la Iglesia siguen señalando inquietantes paralelismos: denuncias internas ignoradas, traslados de religiosos acusados, protección institucional y prioridad por preservar la reputación de la congregación antes que la protección de las víctimas.

El obispo de Málaga, Jose Antonio Satué, ha asegurado que la Diócesis “está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños” producidos a las cuatro mujeres víctimas de supuestos abusos sexuales por parte de un sacerdote, Francisco J.C., conocido como 'padre Fran' por sus feligreses, de 37 años y natural de Vélez-Málaga. Asimismo, por este caso destapado en 2023 ha pedido “perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en ésta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”.

Así lo ha dicho Satué este viernes en rueda de prensa, convocada con motivo del juicio que comienza el próximo lunes en la Audiencia de Málaga contra este cura, para el que la Fiscalía pide 72 años de cárcel al acusarlo de presuntamente drogar a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas, y también por grabar esos momentos, en los que estaban inconscientes.

El acusado fue detenido en el marco de la operación Pájaro Espino, después de que una mujer que decía ser su pareja sentimental denunciase en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Melilla que había localizado en el domicilio que ambos compartían un disco duro con fotografías y vídeos de contenido sexual. En ellos aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante, feligresas del propio Francisco J.C. a las que les realizaba todo tipo de prácticas sexuales desde 2017.

Además de en Melilla, también ejerció su ministerio en varias parroquias de las provincias de Córdoba y Málaga, donde supuestamente tenía otra pareja sentimental. El arresto tuvo lugar en su localidad natal de Vélez-Málaga.

El Obispado ha sido llevado al procedimiento como responsable civil subsidiario, de forma que si se estima esa responsabilidad y el acusado es condenado tendría que responder de forma subsidiaria de las cantidades que se fijen para indemnizar a las víctimas. Al respecto, Satué ha expresado que los abogados “van a defender que a la Diócesis no se le debería exigir tal responsabilidad”.

No obstante, considera que el Obispado “no ha propiciado ni se ha favorecido ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote”. Pero ha aseverado que “aunque los tribunales exoneren a la Diócesis de esta responsabilidad civil subsidiaria, y en el caso de que se demostrase que el sacerdote es culpable, ésta, avanzando por el camino iniciado por la Iglesia, está dispuesta a colaborar también económicamente en la reparación de los daños producidos”.

“Reparar a las víctimas de abusos”

“Dicho con otras palabras, la Iglesia católica y, por supuesto, también nuestra Diócesis de Málaga, ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes, incluso cuando los tribunales no obligan”, ha manifestado el obispo, quien ha expresado la “colaboración con la Justicia” y su “confianza en los tribunales”.

Satué se ha mostrado convencido de que “desde este Obispado se procuró afrontar esta situación adecuadamente”. No obstante, ha pedido perdón por parte de la Iglesia y ha apuntado que desde que llegó a Málaga (fue nombrado en junio de 2025) fue “conociendo poco a poco el camino que nos ha traído a este momento”.

Así, ha incidido en que esta situación “ha provocado y sigue provocando un sufrimiento muy, muy profundo en las personas y en las familias directamente afectadas” y también en los sacerdotes y feligreses de las parroquias “que han vivido esto de cerca”. En este sentido, ha asegurado que la postura de la Diócesis “no puede ser otra que la de colaborar para que los tribunales puedan esclarecer la verdad y hacer justicia”.

“Asumir la máxima responsabilidad”

El obispo ha informado de que hace un mes trasladó, a través de los abogados, a las mujeres afectadas su disponibilidad para encontrarse con ellas, “para escucharlas y para explicarles, si lo desean, la posición de la Iglesia ante esta situación” y ha dicho entender que “con la tensión que deben de vivir en este tiempo previo al juicio, no hayan hecho uso de este ofrecimiento”.

“Reafirmo el compromiso de la Iglesia de asumir con la máxima responsabilidad cualquier denuncia de abuso y de garantizar de hacer todo lo posible para que nuestros espacios sean entornos verdaderamente seguros, libres de cualquier forma de violencia o de abuso y renuevo nuestra voluntad más decidida de escuchar, acompañar y, en la medida de lo posible, de reparar a las víctimas”, ha dicho.

También ha señalado que desde el Obispado se ha trasladado a los abogados de las mujeres afectadas la posibilidad en cuanto a la reparación del daño, “pero no se ha iniciado todavía ese diálogo”, también a la espera de lo que resulte finalmente del juicio en cuanto al acusado.

“No puede ejercer el sacerdocio”

Sobre el proceder dentro de la Iglesia, ha señalado que tuvieron conocimiento en agosto de 2023 y que al mes siguiente se decretó un proceso canónico en el propio Obispado malagueño “con el objeto de esclarecer la verdad”. Este procedimiento quedó a la espera de una resolución de los tribunales ordinarios, ya que, ha explicado que estos tribunales “tienen muchos más medios”. El Obispado, por cierto, no fue admitido por el juez como acusación en el caso.

El obispo ha apuntado que actualmente el acusado es “un sacerdote que no puede ejercer el sacerdocio” y ha indicado que “recientemente, con el fin de garantizar la independencia de este proceso canónico”, ha propuesto al Tribunal de la Rota de Madrid que lo instruya “y este tribunal, dependiente de la Nunciatura Apostólica, ha aceptado”. Será este proceso, junto con el resultado del juicio, el que dé “la respuesta definitiva”.

Asimismo, ha señalado que esa posibilidad de reunión se ha dado también al sacerdote acusado y ha dicho que seguirá “abierto a encontrarme, a escuchar a todas las partes, sea cual sea el resultado del juicio”.

Julio Núñez, periodista de El País, es uno de los responsables, junto a Íñigo Domínguez, de la investigación que el diario lanzó en 2018 para desentrañar la realidad de la pederastia clerical, de la mano de la recientemente fallecida Soledad Gallego Díaz. Entre los miles de casos analizados, Núñez tuvo la oportunidad de diseccionar el diario de un jesuita español, Alfonso Pedrajas, responsable de al menos 85 casos de abusos en Bolivia. Fruto de esa investigación nace Padre Pica (Penguin), un espléndido ensayo que supone “la ‘Piedra Rosetta’ de los abusos en la Iglesia, porque por primera vez nos permitía ver cómo la Iglesia gestionaba, desde dentro, los casos de abusos”.

El Papa viene a España. ¿Qué espera de este viaje? ¿Cuáles son las claves?

Claramente, este viaje tiene una clave política, más allá de la imagen pastoral que la Iglesia intenta difundir. La preocupación del Papa ante el auge de la ultraderecha o la regularización de inmigrantes son cuestiones que van a aparecer, no solo en sus discursos, sino especialmente en su visita al Congreso de los Diputados. Es el primer Papa que lo hace, y es muy potente, porque hay varios partidos que se hacen llamar ‘católicos’, como Vox y PP, que no apoyan la postura de Prevost a favor de la regularización. También puede ser interesante si toca otros temas defendidos por la izquierda, como el aborto o la eutanasia. Es la primera visita a España de un Papa más cercano a la corriente reformista. Los dos anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, eran muy conservadores. Francisco, que sintió simpatías por políticos como Yolanda Díaz, nunca vino.

Uno de los actos fuera de programa, y no confirmado, es una reunión con víctimas de abusos. ¿Cree que se producirá? ¿Qué significado tiene?

Se espera que haya un encuentro privado. Será interesante conocer en qué términos: quién lo organiza, qué víctimas van a ir, si las víctimas van a hablar de sus casos o cómo la Iglesia está afrontando el problema. Ha habido avances, pero si se ha abierto un camino ha sido gracias a los medios, que han obligado a la Iglesia a reconocer los hechos y ofrecer algunas soluciones (el fallido informe Para dar luz, o el 'Plan Priva', claramente insuficientes), y también al Gobierno o al Congreso, que encargaron al Defensor del Pueblo un estudio, que ha llevado al Gobierno a ejecutar algunas de sus recomendaciones, como la reparación integral.

¿Cuál es la postura de Prevost respecto a los abusos?

Prevost, como cardenal y, después, como Papa, tuvo un peso importante para la disolución del Sodalicio en Perú. Pero León XIV tiene que afrontar diversos escándalos, entre ellos en España. Casos como el cierre en falso del ‘caso Zornoza’ –el exobispo de Cádiz– por un tecnicismo canónico demuestran que el Papa solo, no puede. A su alrededor hay una Curia que se las apaña para tapar algunos escándalos. En este primer año parece que el Papa quiere seguir con la línea de Francisco, pero queda mucho por hacer.

En El País llevan años investigando esta lacra. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Cree que la nueva herramienta acordada con el Gobierno y el Defensor de Pueblo servirá para algo?

Se ha logrado que esa verdad publicada por los medios sea una verdad oficial. Cuando empezamos la investigación, la Iglesia decía que había cero casos o muy pocos. En ocho años se ha conseguido una investigación muy profunda, la del Defensor, y otra llevada a cabo por [el bufete] Cremades, cuyos resultados han sido muy similares a los del Defensor, y que la Iglesia ha intentado sepultar. En ambas aparecían similares recomendaciones, especialmente la de reparar a las víctimas. El reciente acuerdo del Estado con la Iglesia es muy positivo. Va a marcar otro tipo de investigaciones que puedan hacerse en el futuro, y que aborden abusos en otros ámbitos, como el deporte u otras instituciones públicas.  

Uno de los casos más relevantes, que además muestran ese ‘puente’ que fue la Iglesia española para ‘exportar’ pederastas al otro continente es el de los jesuitas en Bolivia, que retrata en Padre Pica…

El caso del padre Pica conecta perfectamente, como bien dices, España con Latinoamérica pero también con el Vaticano. En sus diarios aparece un sistema de encubrimiento total. El diario del Padre Pica, el caso de Alfonso Pedrajas, nos llega a través del correo que el periódico activó en su investigación. Llegó el mensaje de alguien que no era víctima o testigo, sino el familiar de un abusador, el sobrino de un jesuita fallecido, que fue misionero en Bolivia desde 1990. Fernando, el sobrino de Pica, nos cuenta que limpiando un trastero familiar encontró una caja con las pertenencias de su tío. Entre ellas, había un diario, en el que relata su vida, su experiencia como misionero, pero también admite haber abusado de al menos 85 niños. Pide perdón por haber sido un pederasta, pero también revela, y esto es importante, cómo sus superiores le protegieron, cómo taparon denuncias y cómo lo trasladaban de sitio. Esto era la ‘Piedra Rosetta’ de los abusos en la Iglesia, porque por primera vez nos permitía ver cómo la Iglesia gestionaba, desde dentro, los casos de abusos.

El caso del padre Pica conecta perfectamente, como bien dices, España con Latinoamérica pero también con el Vaticano. En estos diarios aparece un sistema de encubrimiento total

¿Quién fue Pica? ¿Cómo llegó a sus manos ese diario?

Estudié ese diario, de más de 300 páginas, lo corroboré, localicé a víctimas, a familiares de Pica, a compañeros de la orden, a encubridores. Investigué el caso y lo publicamos en abril de 2023. Tras su publicación, Bolivia abrió una investigación sin precedentes contra la Compañía de Jesús, con la policía entrando en los archivos de la orden, algo impensable en España por los Acuerdos Iglesia-Estado. Tuve acceso a esa documentación, en la que se corrobora no solo que los jesuitas conocían el caso de Pica, o el de Luis, o el de Chesco Pérez, sino que también se sabía en Roma, y los procesos de siempre: trasladar al agresor, evitar que los abusos se hicieran públicos… Este es un libro que parece una novela. Si una persona se lo hubiera inventado la sociedad pensaría que estaba exagerando. Una historia de detectives, de casualidades.

En el libro, se ‘desnuda’ como periodista, pero también como ciudadano al que le afecta la realidad que descubre. ¿Hasta qué punto cree que la sociedad está concienciada por esta lacra?

En el libro, más allá de contar todas estas historias de abusos, he querido también explicar cómo fue la investigación, narrar en primera persona lo que supuso adentrarme en este trabajo. Fue verdaderamente demoledor, un viaje al infierno en el que se te van erosionando, como un papel de lija, las ganas de vivir. Ahora miro atrás y veo que ha merecido la pena, o al menos sí que ha servido para que mucha gente encuentre justicia o se acerque a ella.

¿Qué ha aprendido de las víctimas?

He aprendido y seguiré aprendiendo. Son más de 600 con las que he podido hablar en estos años. Con algunas he entablado una relación muy cercana. No solamente me han enseñado lo que es el infierno, sino que me han apoyado y apoyan en el trabajo, en momentos en los que uno se viene abajo. Aprendes a vivir, y a seguir adelante. Aprendes que la justicia se alimenta de la esperanza, y hay que luchar por ella de manera constante.

La justicia en Bolivia avanzó, y a pesar de que Pica había muerto, se abrió el proceso y se ha condenado a los encubridores. Se creó una comisión de la verdad, y se ha intentado, todavía sin éxito, hacer imprescriptibles los delitos de abusos. Es un tema interesante porque pone encima de la mesa lo que reclaman las víctimas: la imprescriptibilidad.

Toda la información en www.religiondigital.org

Escuelas Pías de Tenerife ha anunciado en un segundo comunicado este jueves que ha trasladado al cura denunciado por pederastia a un lugar donde no tendrá contacto con menores. Según la circular, el sacerdote C.A.A no tenía ninguna responsabilidad docente ni ninguna labor pastoral encomendada en el centro. “Aun así, y aplicando nuestro protocolo de salvaguarda, la Institución ha procedido a su traslado a un lugar adecuado a su situación y avanzada edad, donde tampoco tendrá ningún contacto con menores ni estará vinculado a ningún entorno escolar”, asegura el centro.

Canarias Ahora publicó en exclusiva este 21 de mayo que un cura denunciado por pederastia en Colombia residía en este centro desde 2015. El denunciante es un antiguo alumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, que alertó el pasado 5 de mayo por correo electrónico al superior de la orden de los escolapios de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., de nacionalidad española, y que en aquel momento, según denuncia, era coordinador de Primaria del centro. En ese correo advertía de que había tenido constancia de que este sacerdote residía en la actualidad en un colegio de España y que tenía contacto con menores, por lo que presentó denuncia ante la Fiscalía el pasado 19 de mayo.

“Desde que la Institución tuvo conocimiento de estos hechos, el padre no ha tenido contacto con menores ni con ningún alumno del centro. Asimismo, aplicando nuestro protocolo de salvaguarda, se adoptaron de manera inmediata medidas preventivas para evitar cualquier posibilidad de contacto con el alumnado mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes”, asegura el colegio.

Escuelas Pías de Tenerife envía este comunicado después de la inquietud mostrada por los padres y madres este jueves, tras la publicación de Canarias Ahora y tras presentar un escrito. “Queremos trasladarles, en primer lugar, un mensaje claro de tranquilidad y seguridad. Entendemos plenamente la inquietud que esta situación ha podido generar, y por ello queremos asegurarles que la protección de vuestros hijos e hijas, la seguridad del alumnado y la garantía de un entorno educativo seguro son nuestra máxima prioridad”, asegura el centro educativo.

Las Escuelas Pías han reiterado su “rechazo absoluto” a “cualquier forma de abuso o conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores”. Ante cualquier denuncia de esta naturaleza, “nuestra obligación es actuar con seriedad, prudencia, rigor y humanidad, protegiendo siempre a los menores y colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, apunta.

“Sabemos que esta situación puede generar inquietud. Por ello agradecemos la confianza, la responsabilidad y la preocupación expresada por las familias. Seguiremos actuando con firmeza, transparencia y sentido institucional, siempre desde el compromiso prioritario con la protección de los menores y con la tranquilidad de toda la comunidad educativa”, insisten desde el colegio.

Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife es un colegio concertado. Este periódico ha preguntado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias si tomaría medidas en relación a los hechos publicados o si podía ofrecer su valoración de los mismos, a lo que desde el área han respondido que no entran en los regímenes disciplinarios de centros privados ni concertados.

El escrito de las familias

Pocas horas después de la publicación de Canarias Ahora, el colegio envió una circular a las familias afirmando que, como medida cautelar, habían alejado al cura de los menores desde que tuvieron constancia de la denuncia. Este mediodía, las familias enviaron un escrito tanto a la dirección del centro como a la titularidad del mismo (Escuelas Pías Provincia de Betania), en el que manifestaban su disconformidad y su rechazo ante la ''flagrante insuficiencia'' de las medidas adoptadas.

Madres, padres y tutores legales del centro subrayaron que la decisión adoptada por el colegio era ineficaz si el religioso continuaba residiendo, transitando o permaneciendo dentro del perímetro inmobiliario, dependencias comunitarias o accesos compartidos del colegio.

Las familias subrayaron que el colegio no puede garantizar que el denunciado no coincida en las instalaciones del colegio con los niños, trasladando tanto a los menores como a las familias un ''riesgo potencial y una situación de intolerable alarma social''. Por ello, en el escrito daban un plazo máximo de 24 horas al colegio para que expulsara a C.A.A. del conjunto de las dependencias de Escuelas Pías de Santa Cruz de tenerife.

Así, el documento solicitaba que la orden religiosa reubicara al sacerdote en dependencias externas y absolutamente ajenas a cualquier entorno escolar o habitado por menores por razones de ''urgencia y protección'' del alumnado. Para verificar que la medida se ejecutara, las familias han pedido al centro que acredite documentalmente la salida efectiva del cura del centro.

La denuncia en Fiscalía

En la denuncia presentada por el exalumno ante la Fiscalía, este relata que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”.

El denunciante asegura que actualmente aún recibe ayuda psicológica y psiquiátrica y en una entrevista con Canarias Ahora explicó que ha guardado silencio durante 35 años y que sus padres se enteraron hace apenas unos días.

La respuesta del Obispado

Este periódico preguntó por este caso también al Obispado de Tenerife, que aseguró que: “El sacerdote religioso indicado no tiene encomendado ninguna labor pastoral en esta Diócesis. Por las consultas realizadas, nos resulta que sí reside en la comunidad de ese instituto religioso en esta diócesis, pero desconocemos cuánto tiempo lleva en la misma y qué funciones desempeña al interno de la misma”, apuntó.

“Con fecha 8 de mayo se recibió un correo electrónico con un enlace a una página web en la que se hablaba del citado religioso y una denuncia contra el mismo. Información que hemos remitido al Superior provincial, quien tiene la competencia sobre el sacerdote”, agregó la Diócesis Nivariense. La página web a la que hace referencia la Diócesis en su respuesta es el medio de comunicación Hacia el umbral, donde trabaja el periodista Miguel Ángel Estupiñán. Él, junto al periodista Juan Pablo Barrientos, logró que la Corte Constitucional de Colombia ordenara a la Iglesia católica del país desclasificar los archivos de los casos de pederastia en 2025. En esta web publicó la denuncia contra el cura español C.A.A. y advirtió de que el supuesto agresor seguía vivo y en contacto con menores en España.

Un cura acusado de pederastia reside desde 2015 en el colegio concertado Escuelas Pías de Tenerife, en la capital tinerfeña. El pasado 5 de mayo, un exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, alertó al superior general de los padres escolapios de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., que era, según denuncia, coordinador de Primaria del centro. En dicho correo electrónico señalaba que tenía entendido que ese sacerdote reside en la actualidad en un colegio religioso de Tenerife, y pedía confirmar si esto era cierto. 

“Si eso es así, les pido que lo suspendan y lo retiren de todo contacto con menores de edad, en el marco de la investigación eclesiástica que ustedes tienen el deber de iniciar en atención a esta, mi denuncia”, añadía en su correo el denunciante, que también solicita justicia y que esta “incluye no solamente verdad, sino también reparación”. 

Este correo, al que ha tenido acceso este periódico, fue respondido por el delegado de Salvaguarda de las Escuelas Pías, de la Curia General en Roma, quien aseguró al denunciante que agradece “el valor” que había tenido en escribirles. “Somos conscientes de la seriedad de lo que nos ha transmitido. Su escrito no es para nosotros algo que podamos ignorar ni demorar: es una obligación de actuar. Le aseguro que será tratado con la seriedad y el respeto que usted merece”, apunta. 

En esa respuesta se expone que se han “iniciado ya los pasos internos correspondientes, en coordinación con las provincias religiosas implicadas”. Además, le aseguraban que en los próximos días “alguien de la institución se pondrá en contacto con usted para concretar un espacio de escucha”. 

A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas

Las Escuelas Pías han respondido a este periódico que el cura reside en la comunidad escolapia de Santa Cruz de Tenerife desde 2015. “En la actualidad no tiene responsabilidades docentes ni funciones de atención directa al alumnado del colegio, ni tiene encomendada ninguna labor pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna’’, han señalado. La institución afirma que, desde que tuvieron conocimiento de la denuncia, ''se han adoptado medidas para evitar cualquier contacto con menores de edad mientras se desarrollan los correspondientes procedimientos''. 

La Diócesis Nivariense ha confirmado a este periódico que ese cura no tiene encomendada ninguna labor pastoral en esta Diócesis, pero sí que reside “en la comunidad de ese instituto religioso en esta diócesis”. “Desconocemos cuánto tiempo lleva en la misma y qué funciones desempeña al interno de la misma”, mantienen. 

También han confirmado que el pasado 8 de mayo se recibió un correo electrónico con un enlace a una página web en la que se hablaba del citado religioso y una denuncia contra el mismo. “Una información que hemos remitido al Superior provincial, quien tiene la competencia sobre el sacerdote”, afirman.

La página web a la que hace referencia la Diócesis en su respuesta es el medio de comunicación Hacia el umbral, donde trabaja el periodista Miguel Ángel Estupiñán. Él, junto al periodista Juan Pablo Barrientos, logró que la Corte Constitucional de Colombia ordenara a la Iglesia católica del país desclasificar los archivos de los casos de pederastia en 2025. En esta web publicó la denuncia contra el cura español C.A.A. y advirtió de que el supuesto agresor seguía vivo y en contacto con menores en España. 

El relato del denunciante

Este periódico ha recabado la versión del denunciante, que explica que lleva 35 años en silencio y que su familia se enteró de los hechos hace apenas unos 20 días. El denunciante, además de la denuncia interna en la Iglesia, también ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Colombia este 19 de mayo. 

En esa denuncia, explica que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata en la denuncia. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”, apunta en la denuncia. 

“A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas”, agrega en su denuncia. La Fiscalía de Colombia ha señalado que en los próximos días se le informará si los hechos reportados darán lugar a la apertura de diligencias. 

En una conversación con este periódico, el denunciante reitera que los presuntos abusos sexuales se cometieron cuando él era alumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, un centro al que asegura que acuden niños y niñas de familias pudientes. Asegura que el cura le llegó a decir a su madre que él había bajado su rendimiento para que se lo llevara del colegio. “El tipo se asustó y lo que hizo fue sacarme del colegio, echarme del colegio”, asegura. “Todo el mundo está aterrado porque en Cúcuta el tipo era una eminencia, todo el mundo lo quería”, afirma a esta redacción. 

Activación de protocolos internos 

Las Escuelas Pías aseguran que, tras tener conocimiento de la denuncia presentada por el exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, han activado “de manera inmediata los protocolos de salvaguarda previstos para este tipo de situaciones y se ha puesto a disposición de las autoridades civiles y jurídicas''. ‘’Desde el primer momento, la institución ha actuado con voluntad de escucha, respeto y acompañamiento hacia la persona que ha denunciado los hechos, entendiendo la gravedad y el impacto humano que puede existir detrás de cualquier relato relacionado con abusos a menores'', añaden.

Sobre las medidas adoptadas, el centro responde que estas incluyen “actuaciones cautelares de carácter preventivo mientras se desarrollan las correspondientes verificaciones e investigaciones jurídicas y canónicas”. Asimismo, insisten en que la finalidad es proteger a todas las partes implicadas ''sin que supongan anticipar conclusiones sobre la determinación de responsabilidades ni menoscabar el principio de presunción de inocencia y con la voluntad de acompañar y escuchar a la persona que denuncia tales hechos''. 

En el comunicado remitido este miércoles a este periódico en respuesta a las preguntas formuladas el pasado 15 de mayo, no se menciona si entre estas medidas está la expulsión del cura denunciado de las instalaciones del centro escolar de Santa Cruz de Tenerife. 

La institución ha querido reiterar ‘’su rechazo absoluto a cualquier conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores“ y ”su compromiso permanente con la protección de la infancia y la creación de entornos seguros’’. Además, han señalado que como los hechos se han denunciado en Colombia, cualquier procedimiento civil o eclesiástico deberá desarrollarse conforme a la legislación y jurisdicción competentes de dicho país. 

“Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido'', apuntan. En esta línea, insisten en que ''cualquier denuncia relacionada con abusos exige una respuesta seria, rigurosa, prudente y profundamente humana”. 

El recorrido del cura 

El colegio Calasanz de Cúcuta de Colombia, donde el denunciante relata que se produjeron los abusos por parte de C.A.A., fue fundado en 1954 y pertenece a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías o Padres Escolapios. Se trata de un colegio privado, localizado en el departamento Norte de Santander, al que acuden generalmente familias de clase alta. 

C.A.A., de nacionalidad española, llegó a Colombia el 29 de enero de 1971, según un documento oficial de la orden religiosa emitido en respuesta a un derecho de petición elevado en 2023 por el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos Hoyos. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que el cura estuvo en Cúcuta desde esa fecha hasta enero de 1972. A partir de entonces fue prefecto de Primaria en Bogotá. En Semana Santa de 1983 volvió a Cúcuta como prefecto de Primaria, y allí permaneció hasta el 5 de abril de 1993, un año después de los hechos denunciados.

Los datos ofrecidos por la orden religiosa no aclaran dónde estuvo C.A.A. entre 1993 y 1996. En enero de ese año fue formador de aspirantes en la Casa de Formación del Paraíso de Bogotá, y en enero de 2002 fue trasladado a la ciudad colombiana de Pereira. La última información que ofrece el documento confirma que en 2023 el cura ya estaba en “la provincia de Betania (España)'', una de las demarcaciones administrativas en las que se divide la orden religiosa de los Escolapios.

Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido

Tal y como ha confirmado este periódico, C.A.A. vive en el colegio concertado Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife. Este centro, instalado en un inmueble emblemático en lo alto de la ciudad, ofrece todos los niveles de enseñanza, desde la educación infantil hasta el bachillerato, incluyendo primaria y secundaria. También se ofertan ciclos formativos de grado básico de Informática y Comunicaciones.

El edificio principal del colegio es un castillo neogótico. Según fuentes consultadas por este periódico, los curas viven en una parte de él y en otra están la capilla (que se usa como salón de actos), los despachos del profesorado, la dirección del colegio y el comedor. En esta zona, explican, se dan las clases de Secundaria y Bachillerato. Frente a él, en otro edificio más reciente construido en el año 2000, se imparten las clases de Primaria e Infantil. 

Casos en Canarias 

En marzo, el Gobierno de España y la Iglesia firmaron un protocolo para reparar a las víctimas de pederastia y “reconocer y promover su dignidad y su memoria”, así como asegurar la justicia y la reparación con medidas simbólicas o económicas o con acompañamiento psicológico. Esta vía de reparación ya está en vigor y se puede tramitar ante la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

El informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica publicado por el Defensor del Pueblo en octubre de 2023 recoge hasta 26 localizaciones en Canarias donde se han denunciado abusos sexuales. El documento aclara que cada localización ‘’no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima''. ''De hecho, hay centros educativos (colegios, seminarios) que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo'', especifica el monográfico.

Entre estas 26 localizaciones hay parroquias, colegios, residencias, seminarios, domicilios particulares, basílicas, casas parroquiales y centros residenciales. De ellas, 16 pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 10 a la de Las Palmas. 

“Ley de imprescriptibilidad ya”. Leonor Paqué, periodista y víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, ha recorrido en los últimos años más de 20.000 kilómetros entrevistando a supervivientes como ella para el documental 'Hermana Leonor'. Y sabe bien lo que sucede en muchos casos. El miedo, la ira, la frustración, el bloqueo a la realidad. “Personas que se recriminan dolorosamente haber bloqueado en sus mentes durante décadas, las agresiones sufridas”, explica. Por esto, y por muchas otras cosas, asociaciones de víctimas se concentrarán este jueves, a las 11 de la mañana, ante la sede nacional del PP (Génova 13) para exigir al principal partido de la oposición “que apoye la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia”, un barco del que, tal y como denuncia el activista Miguel Hurtado, “el PP se ha bajado”.

“Las víctimas no hablamos cuando queremos, sino cuando podemos”, subraya Paqué. Por su parte, Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, apunta a que el momento es ahora, antes de la llegada de León XIV a nuestro país. “Antes de la visita del Papa el Congreso va a aprobar una ampliación de los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Hay 310 votos a favor, o había, porque el PP ha dado un giro de 180 grados y ya no apoya la imprescriptibilidad, a pesar de que votaron a favor de la medida en el parlamento europeo en junio 2025”, señala. “Mañana les vamos a pedir que rectifiquen”.

La concentración también apuntará a que la próxima semana se convoca en la comisión de justicia del Congreso la ponencia de la ley de imprescriptibilidad promovida por el Parlament de Catalunya. El PP ha presentado una enmienda que propone ampliar en diez años el plazo de prescripción actual, pero las víctimas alertan que la ley que se apruebe “puede ser descafeinada porque el PP no apoya la imprescriptibilidad”, como sí hacen todos los partidos de izquierdas (PSOE, Sumar, Podemos, BNG, ERC, Bildu). “Todos los partidos de derecha (Vox, PP, PNV), excepto Junts, se oponen. Es imprescindible que el PP actúe de forma coherente y responsable, votando y defendiendo la misma postura tanto en el Parlamento europeo en Bruselas como en el Congreso en Madrid”, sostiene Hurtado.

“Las víctimas de pederastia en la Iglesia le pedimos al PP que se comporte como un partido serio y responsable, votando y defendiendo lo mismo en Madrid y en Bruselas”, reclama Hurtado, quien pide “un gran pacto de estado entre el PSOE y el PP, para luchar contra la violencia sexual en la infancia, tanto en la Iglesia como en otros ámbitos de la sociedad”.

“La reciente negativa del Vaticano a enjuiciar canónicamente al exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza demuestra la urgente necesidad de aprobar una ley de imprescriptibilidad ambiciosa, homologable a otros estados europeos, para que los delitos de pederastia clerical los pueda juzgar la justicia civil y no la Iglesia internamente”, culmina Hurtado. “¡Basta ya de postureo, le pedimos al PP que vote lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo!”.

Todo ello mientras que desde este 15 de abril, las víctimas de la pederastia clerical que así lo deseen podrán acceder al formulario de 'Solicitud para el Reconocimiento y Reparación de las víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica', desde ya disponible, y activo, en la web del Ministerio de Justicia. Una nueva fórmula, en la que la decisión final de la indemnización correrá a cargo del Estado. Con importantes novedades.

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, las víctimas podrán optar, y así lo recoge el formulario, por una compensación económica, una reparación simbólica o restaurativa, atención social, gastos derivados de tratamientos por secuelas físicas o psicológicas y, también, y por vez primera, el documento de reconocimiento de la condición de víctima.

Una medida que se ha conseguido, gracias en gran medida a la presión de ANIR y Justice Initiative, y que debería permitir que, incluso, casos con sentencia firme (como el de la víctima del 'caso Gaztelueta'), presentasen el formulario pidiendo única y exclusivamente dicho documento. “Porque tiene derecho a él”, señala a elDiario.es Juan Cuatrecasas.

¿Qué significa este reconocimiento? A efectos civiles, muchas cosas, especialmente en lo tocante a pensiones por invalidez o jubilación. “¿Qué se aprueba a través de la LOPIDI o de cualquier otro organismo una medida para que las víctimas no hayan podido cotizar porque han estado excluidas del mercado laboral puedan tener un reconocimiento para jubilarse? Acreditando ese documento no deberían hacer falta dar más pasos”, apunta Cuatrecasas. “Cualquier medida que se apruebe a partir de ahora que implemente derecho, con este documento puedes tener acceso”, aseveran las asociaciones de víctimas.

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La Santa Sede investiga la gestión del actual obispo de la Diócesis de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, por un posible encubrimiento de abusos sexuales a un menor por parte de un sacerdote escolapio, José Miguel Flores, en una parroquia de México. Los hechos ocurrieron hace dos décadas, cuando el niño tenía 11 años y era monaguillo.

Javier, la víctima denunció los hechos cuando tenía 25 años. Según ha informado TVE, él y su madre buscaron como su interlocutor al actual obispo de Huesca y Jaca, que entonces era Jefe superior de los Escolapios. Según la víctima, Aguado no actuó. La Orden de los Escolapios asegura que se inició una investigación, se adoptaron medidas cautelares y el sacerdote fue expulsado en 2020. La madre de Javier remitió una carta al Papa y también pusieron los hechos en conocimiento de la Iglesia mexicana. La Santa Sede va a investigar el caso.

La Orden de las Escuelas Pías ha expresado en un comunicado, ante las noticias aparecidas relativas a la actuación del entonces Padre General de la Orden, el hoy obispo de Huesca y de Jaca, Monseñor Pedro Aguado, y los responsables de la Orden en México, respecto de los abusos sexuales cometidos por quien fuera religioso y sacerdote escolapio, José Miguel Flores Martínez, en México, ya fallecido, que “los abusos cometidos son motivo de profundo dolor e indignación” y han lamentado “sinceramente que estos reprochables hechos hayan ocurrido en comunidades que estaban bajo nuestra responsabilidad”.

“Pero por encima de todo, reconocemos que estas heridas afectan de manera más profunda y directa a la víctima de tamaño delito. Somos conscientes de que la sanación de las heridas requiere tiempo, respeto y compromiso incondicional, y por eso seguimos reafirmando nuestro deber y responsabilidad de seguir trabajando en la reparación y la creación de un entorno más seguro, confiable y cercano para quienes han sufrido este tipo de abusos”. Asimismo, quieren dejar claro que “la revisión de este asunto por parte de la Santa Sede forma parte de los cauces ordinarios establecidos por la Iglesia para analizar los hechos con rigor y determinar, en su caso, los pasos a seguir. Se trata de una fase usual orientada precisamente a esclarecer lo ocurrido con la mayor transparencia”.

La Orden ha subrayado que en el momento en el que recibió la denuncia respondió de inmediato “iniciando una investigación preliminar y adoptando las medidas cautelares correspondientes, impuestas por el Padre Pedro Aguado, entonces Superior General de la Orden. Terminada la investigación, se presentó un informe completo del caso a la Santa Sede”.

En octubre del 2020, “mediante decreto de la Santa Sede, se impuso al señor Flores, en el marco del procedimiento eclesiástico seguido contra él, la sentencia de dimisión del estado clerical; además se ratificó su expulsión definitiva de nuestra Orden. El señor Flores falleció en el año 2022”.

Durante esos años, la Orden “brindó continuo acompañamiento educativo, económico y pastoral a la víctima, apoyándola en su camino de sanación y recuperación por el daño sufrido. Sin embargo, reconocemos con humildad, que nuestras respuestas y apoyos nunca serán suficientes frente a algo tan terrible y doloroso. Sabemos que siempre hay margen para mejorar la manera en la que acompañamos y apoyamos a quienes han padecido estos abusos”.

También han apuntado que nunca tuvieron conocimiento de que Flores ejerciera el sacerdocio después de su expulsión. “Conocimos, por denuncia de la propia víctima, que en alguna casión lo había hecho. Pero lo conocimos después del fallecimiento y funeral de José Miguel Flores. Los escolapios de México reconocen que la celebración del funeral fue una clara imprudencia pastoral, de la que la Curia General nunca fue informada”.

La Orden destaca que su compromiso principal siempre ha sido y seguirá siendo con las víctimas y la construcción de ambientes seguros. “Reafirmamos nuestros principios de tolerancia cero y hemos fortalecido nuestras medidas de prevención, formación y control en todas nuestras obras, buscando seguridad”. Ha reiterado “su plena disposición a colaborar con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”.

El exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza, no será juzgado en el Vaticano por abusos a menores. Tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es, la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha archivado el caso al no haber podido determinar la edad de la víctima en el momento del presunto abuso cometido por el prelado.

Algo especialmente relevante en este caso, pues los presuntos abusos sucedieron mientras estaba vigente el Código de Derecho Canónico de 1983, por el que únicamente se consideraría delito en el caso de abusos a menores de 16 años. Aunque la víctima asegura que sus abusos comenzaron cuando tenía 14, este extremo no ha podido ser autentificado por los juristas vaticanos. 

Un “defecto formal” al que se ha agarrado la sección disciplinar de Doctrina de la Fe para no proseguir con el caso. Sin embargo, tal y como adelanta RD, varios canonistas han mostrado su perplejidad, pues cuando se aprobó en el 2001 la ley especial Sacramentorum Sanctitatis Tutela para tratar los delitos más graves, se dijo explícitamente que dicha normativa sustituía a la ley propia anterior de la Congregación, Crimen Sollicitationis, por lo que antes del 2001 se aplicaba esta última y no el Código de Derecho Canónico. 

¿Qué diferencia habría? El documento ‘Crimen sollicitationis’, publicado por el cardenal Ottaviani en 1962 como reforma de la anterior de 1922, establecía que los delitos sexuales reservados a la Santa Sede no prescribían ni había límites de edad si trataba de relaciones sexuales con varones (crimen pessimum). El Código señalaba como límite de edad los 16 años y la prescripción a los cinco años. 

Sea como fuere, lo cierto es que, con este matiz legal, el prelado no será objeto de sanciones. No se entrará, pues, a valorar la veracidad de los hechos (los obispos españoles sí admitieron su “verosimilitud”), sino que se ha buscado una argucia legal. Muy alejada de la transparencia tan cacareada por la Santa Sede.

En la carta que motivó la investigación, la víctimaba acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

Zornoza sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu. El exobispo, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira”.

El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

“Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años”. Quien habla es el exobispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido el pasado 25 de noviembre y jubilado meses antes, después de que se destapara un caso de abusos en su diócesis, y se conociera que el prelado (cuya tumba podría visitar León XIV en su próximo viaje a España) había ocultado los hechos. Quien lo escucha, y lo graba, es Ciro Molina, víctima de la pederastia clerical, y que ha llevado la grabación a Fiscalía para intentar retomar un caso que fue cerrado tras el fallecimiento del prelado.

La grabación, a la que han tenido acceso El País, La Ser y Religión Digital, data del 19 de julio de 2024, y demuestra cómo, pese a saber de la denuncia hace años, el obispo decidió mirar hacia otro lado. Él mismo lo admite ante la víctima, aunque no pide perdón, sino que la justifica en la ‘provocación’ de los menores, y en la homosexualidad del clero. “El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales”, aduce Álvarez. Molina le responde. “Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual. El que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología”.

El superviviente, que sufrió violencia sexual siendo niño por parte del entonces párroco de Tejina, Carmelo Hernández, ha pedido formalmente a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que abra diligencias de investigación, que escuche la grabación en la que el difunto obispo se refiere a los hechos denunciados y que le brinde asesoramiento y amparo.

El escrito supone un salto cualitativo. Ciro no solo recuerda los abusos sufridos en su temprana edad y las denuncias canónicas presentadas, sino que aporta como elemento central una grabación de la reunión que mantuvo con monseñor Álvarez. En la misma, el prelado llega a señalar la responsabilidad de obispos anteriores.

En su petición, Ciro pide a la Fiscalía que escuche el audio, abra diligencias de investigación, valore los hechos, le asesore y defienda en el marco del proceso. La Fiscalía ya ha acusado recibo del escrito, lo que abre la puerta a una posible investigación penal sobre unos hechos que, aunque en principio podrían estar prescritos, adquieren relevancia en el contexto de la revisión general del tratamiento judicial de los abusos sexuales a menores y de las responsabilidades institucionales derivadas.

Paralelamente a la labor de denuncia pública, Ciro decidió llevar su caso a Roma, remitiendo la documentación y la grabación a la comisión pontificia Tutela Minorum, organismo vaticano encargado de la protección de menores y del seguimiento de los abusos del clero, del que el denunciante espera respuesta.

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Este viernes, los Reyes fueron recibidos por León XIV, en una visita que tiene lugar tres meses antes del viaje del Papa a España. Felipe VI y Letizia acudieron acompañados, además de por la embajadora, Isabel Celáa, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien posteriormente mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Bolaños llegó a Roma sin el esperado protocolo a tres bandas (Iglesia-Gobierno-Defensor del Pueblo) para la reparación integral de las víctimas de abusos, que diera continuidad al histórico acuerdo firmado el 8 de enero, un día antes de que se anunciara, por parte de la Iglesia española, el viaje del Papa. Todo, pese a que días antes se había filtrado que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

¿Qué ocurrió? Básicamente, que los obispos se negaron a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical. Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas.

Este miércoles, tras dos reuniones, se supo que, aunque todas las partes aseguraban que el acuerdo se encontraba “muy avanzado”, de momento, no habría firma. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, cierto 'malestar' en el Ejecutivo ante las filtraciones a varios medios, dando por hecho la firma del acuerdo.

La segunda (y tal vez, la que explica el “retraso”, que no “desacuerdo”, en la firma), el empeño de los obispos en que el ministro Bolaños no fuera este viernes a Roma blandiendo un acuerdo, cuando aún se está a la espera de la confirmación definitiva del itinerario del viaje del Papa. Un tema no menor, pues el Vaticano ya ha mostrado su malestar con los errores de comunicación de la CEE, que ha llegado a filtrar buena parte del programa antes de que lo hiciera la Santa Sede, como es preceptivo.

No volver a indemnizar a las víctimas

La tercera, en la que las partes no logran ponerse de acuerdo, es la rotunda negativa de los obispos a incluir una petición, innegociable, por parte de las víctimas de abusos. ¿Cuál? Abrir la puerta para que aquellas víctimas que habían aceptado el dictamen del Plan PRIVA, pero no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida –hasta la fecha, la única vía de indemnización para los supervivientes– pudieran reclamar, en segunda instancia, ante la nueva herramienta, dirigida por el Defensor del Pueblo.

Para los obispos, resulta fundamental no dar la sensación de que el plan PRIVA se convierte únicamente en una primera instancia, dejando toda la responsabilidad final al dictamen del Defensor del Pueblo, como por otro lado refleja el acuerdo firmado el 8 de enero.

La última diferencia, esta no insalvable (de hecho, se había avanzado casi hasta el acuerdo), estaría en los baremos a utilizar, mucho más beneficiosos para las víctimas que los que actualmente maneja la Iglesia desde el plan PRIVA, y si éstos serían de obligado cumplimiento en el caso del procedimiento seguido por la Conferencia Episcopal. Tampoco hay diferencias en la exigencia de los supervivientes de tener voz y voto en el proceso, ni mucho menos en que las indemnizaciones no tributen a Hacienda. Y es que el dinero no es problema para una CEE que este año recibió 429 millones de euros a través de la ‘X’ en la Renta. Las previsiones más optimistas estiman que “en ningún caso” se superarían los diez millones de euros en indemnizaciones, habida cuenta de que el convenio afecta solo a los casos prescritos civilmente, y que una vez aprobado tendrá una duración de un año (ampliable a otro).

Las víctimas, hartas

Tras conocerse la falta de acuerdo, varias asociaciones de víctimas mostraron su profundo malestar ante la actitud de los obispos. “Dilatar más en el tiempo estas medidas es un intolerable ejercicio de revictimización, uno más en la larga lista de la Conferencia Episcopal de España”, señala Juan Cuatrecasas, quien exige que “esta próxima semana firmen el convenio, porque en caso de seguir situándose por encima del bien y el mal, las asociaciones convocaremos movilizaciones. La sociedad civil está de nuestro lado”.

Por su parte, la Asociación Nacional Infancia Robada y la ONG Justice Initiative España pide al Vaticano “valorar la posibilidad de aplazar la visita del Papa a España, priorizando la situación del desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo”. En cuanto al Gobierno, y “dado que los plazos para el acuerdo [estaban estimados en un mes, desde el 8 de enero] y han sido rebasados, quizá debería actuar de forma unilateral”.

Una de las víctimas que pasó por el plan PRIVA, y aceptó la indemnización pese a considerarla “claramente insuficiente”, cree que es “imprescindible” que el convenio permita recurrir las reparaciones recibidas, si los baremos del Defensor del Pueblo son superiores, o si se estima que no se ha actuado con equidad. “Ahora mismo, las indemnizaciones son ‘lentejas’. O aceptas lo que te da la Iglesia, o te quedas sin nada. Algunos no tuvimos más remedio que aceptarlas, pero si ahora se abre otro camino, quiero tener el derecho de adherirme a él”, relata para elDiario.es.

Y es que, a la hora de firmar la conformidad con la propuesta del plan PRIVA, la víctima se encuentra con citas como la siguiente: “Con el pago de la citada cantidad con el concepto señalado, las partes dan por cerrado el proceso, se dan por saldadas y liquidadas, y reconocen no tener nada más que reclamarse entre ellas”.

“Esa redacción blinda a la Iglesia: convierte la reparación en un cierre total que impide reclamar en el futuro, incluso cuando la víctima no está conforme o cuando no ha existido una motivación desglosada y verificable”, señala este superviviente, que lamenta cómo “muchas víctimas llegan a PRIVA en situaciones de precariedad socioeconómica y vulnerabilidad extrema. En ese contexto, ‘aceptar y firmar’ no siempre es una decisión libre, sino una necesidad”.

“Si el sistema aprovecha esa asimetría para imponer un cierre absoluto, el riesgo de mala fe y de revictimización institucional es evidente”, denuncia, mostrando su firmeza, y advirtiendo: “Si el convenio final nos excluye y nos deja como víctimas de segunda para ahorrarle costes a la Iglesia, estamos decididos a llevarlo por la vía jurídica e impugnar el acuerdo por vulnerar el principio de igualdad”.

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El Vaticano ocultó, durante décadas, miles de casos de pederastia clerical en los cinco continentes. Una dinámica que se mantuvo y que, pese a los cambios implementados por Benedicto XVI (cuya implicación en la ocultación, e incluso su protagonismo en algún caso, parece clara) y por Francisco, permanece en la actualidad en todo el mundo. En algunas ocasiones, como durante la Alemania de los años 30, instó a destruir toda la documentación para evitar que cayera en manos de los nazis y se utilizara para atacar a la Iglesia.

Esta es una de las principales revelaciones de una investigación internacional elaborada por cinco medios: El País (España), Boston Globe (EEUU), Correctiv (Alemania), Observador (Portugal) y Casa Macondo (Colombia), que han logrado bucear en los archivos del dicasterio de Doctrina de la Fe. O, al menos, en aquellos donde resulta muy difícil entrar. De hecho, tal y como relata El País, algunas fuentes señalan que existe un archivo aún más secreto que custodia los casos más graves y delicados. Muchos de ellos, como se recalca, sin número de registro de entrada. ¿Cuántos? Es imposible saberlo.

Y eso que, oficialmente, hasta 2001, no había obligación de remitir a Roma los casos, que llegaban a miles, coincidiendo con la investigación Spotlight. Antes, los que llegaban venían ocultos bajo otros asuntos, como dispensas sacerdotales, sin afrontar el problema.

Un problema del que, según la investigación, León XIV tuvo conocimiento en agosto de 2025, cuando Correctiv envió al Papa una serie de preguntas, junto a los documentos hallados. Según el relato, el pontífice las remitió a la Comisión Pontificia de Protección de Menores, quien las envió a su vez al Dicasterio de Comunicación, que no contestó. El pasado 27 de enero, las preguntas le fueron entregadas de nuevo al Papa, esta vez en persona, cuando salía de Castel Gandolfo. Aún no ha respondido.

“Con todo, la llegada del nuevo Pontífice ofrece la oportunidad de un cambio de actitud del Vaticano, para dar el paso hacia una auténtica transparencia sobre todo lo que sabe y qué hay en sus archivos”, explica la investigación, que recalca que “León XIV ha mostrado en su trayectoria sensibilidad con las víctimas de la pederastia y ha apoyado el trabajo de los periodistas”. Todo ello bajo una premisa, que aloja una aparente contradicción: “En varios países, en aras de la verdad, la Iglesia ha asumido auditorías internas, pero el Vaticano no, cuando es el mayor centro de información del escándalo”.

Los documentos más antiguos que ahora se desvelan son de los años treinta en Alemania. Ante el riesgo de que los expedientes de curas pederastas cayeran en manos de los nazis, enemigos de la Iglesia católica, la orden fue clara: “Quemad todo”. Otros papeles, como los del ‘caso Ratzinger’, que relata un posible encubrimiento del futuro Benedicto XVI, sí eran conocidos, aunque no en toda su profundidad. Un caso, por cierto, que sigue abierto en Alemania, y que señala cómo hasta quien iba a convertirse en Papa tramitaba los casos al margen del protocolo, lo que provocó que un cura pederasta siguiera en su cargo, y abusando de menores, durante años.

Los casos planteados sí ofrecen una visión de conjunta, con una conclusión: durante décadas, en distintos lugares del mundo, se siguió ocultando, con el permiso (tácito o expreso) de las autoridades eclesiásticas, a muchos pederastas. “El Vaticano tiene el que es probablemente el mayor archivo de pederastas impunes del mundo. Esta investigación arroja luz sobre ello”, señalan los documentos.

La investigación concluye instando a la Santa Sede a “abrir los archivos, o revelar su contenido, o emprender un estudio propio y ofrecer datos”, lo que se interpretaría como “un gesto decisivo para mostrar la voluntad real de León XIV de que se conozca toda la verdad sobre el escándalo”, como él mismo ha resaltado en má de una ocasión. La última durante su encuentro, este lunes, ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Su pasado le avala: gracias a su trabajo, logró acabarse con el Sodalicio. El mismo lunes, antes de hablar ante Tutela Minorum, recibía al periodista Gareth Gore.

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“Santo Padre, te suplicamos que mires personalmente esta situación y pidas a los dicasterios correspondientes una intervención clara, decidida y protectora”. Las víctimas de las Hijas del Amor Misericordioso (HAM) y sus familias ya no pueden más, y han escrito una carta, fechada el pasado 20 de febrero, en la que piden directamente amparo a León XIV, después de comprobar cómo, ocho meses después de la intervención de la organización, algunos de sus responsables, y especialmente la rama masculina de la orden, continúan campando a sus anchas. La misiva ha sido publicada inicialmente por The Objective, y confirmado su contenido por algunos de los firmantes a elDiario.es.

De hecho, los firmantes de la carta acusan directamente al obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, de encubrir a la rama masculina (muchos de sus miembros son sacerdotes incardinados en la diócesis del Sur), “desoyendo la instrucción de La Rota” e “ignorando las decisiones” tomadas por el cardenal de Madrid, José Cobo, quien ordenó la intervención total de este grupo, acusado de prácticas sectarios, abuso espiritual y otras formas de abusos, incompatibles con el carisma religioso católico.

Y es que, pese a que tras la intervención se ha logrado un cierto control de las HAM, no pasa lo mismo con su rama masculina, cuyo centro de operaciones se sitúa en la localidad de Serranillos del Valle (antes estaban en Cubas de la Sagra). Para las víctimas, estos curas “suponen un peligro para los fieles, y un escándalo que amenaza con perpetuarse”, pues varias de las vocaciones sacerdotales de la diócesis parten de este grupo.

“Los Hermanos del Amor Misericordioso aparecen nombrados en las denuncias que ha investigado la Rota de Madrid; sin embargo, por estar presentes en la diócesis de Getafe, estos casos se salen de la competencia territorial de la diócesis de Madrid. El vacío legal de su situación en la diócesis de Getafe permite que quede a expensas de las decisiones de su obispo, don Ginés García Beltrán, aunque recibieron la misma formación y estilo de vida de la asociación intervenida totalmente por Madrid”, lamentan las víctimas en su escrito al Papa.

“Han tratado de encubrir la situación durante años”

Por ello, y pese a que Getafe se comprometió a participar en la investigación, las víctimas denuncian la “falta de transparencia e inacción” por parte de la diócesis, que “ha tratado de encubrir la situación durante años”. De hecho, se escribe en la carta, “los afectados ya no queremos acudir a Getafe”.

La situación es tan grave que, tal y como denuncia la carta enviada a León XIV, los sacerdotes de las HAM estarían “llamando, escribiendo y reclamando a las hijas que han salido para que ‘no se descarrilen’”. Así, siempre según la denuncia, “Les insisten en que mantengan la obediencia espiritual, que sigan ‘fieles’ a lo recibido, que no escuchen a quienes critican a HAM, llamándolas por el nombre que adquirieron dentro de la comunidad”.

“Nos alarma y entristece que, tras la instrucción del Tribunal de la Rota, desde el que se pidió la supresión, y la intervención en la diócesis de Madrid, la Iglesia en Getafe siga encubriendo, respaldando y animando a un grupo que ha dañado la vida de muchas personas”, lamentan las víctimas, que acusan directamente a García Beltrán: “En el caso de don Ginés, desoyendo la instrucción de la Rota e ignorando las decisiones transparentes tomadas por el cardenal de Madrid, don José Cobo, con respecto a una situación tan grave. Por eso, Santo Padre, te suplicamos que mires personalmente esta situación y pidas a los dicasterios correspondientes una intervención clara, decidida y protectora”.

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Sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu, mientras se recupera de una intervención del anunciado cáncer de riñón que padece. Porque el exobispo Rafael Zornoza, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta después de que, en octubre pasado, El País revelara una denuncia de abusos contra él cuando ejercía como rector del seminario de Getafe, en los años 90, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira, y decide irse a vivir fuera de su diócesis de origen”.

Y es que los obispos eméritos siguen manteniendo sueldo y, en algunos casos (depende de la diócesis) chófer y servicio. En el caso de Zornoza, se argumenta, “todavía no hay un proceso formal en marcha, apenas sabemos de una investigación preliminar cuyos resultados no se han hecho oficiales”. Un proceso que, como adelantó Religión Digital en primicia, sugiere al arzobispo de Sevilla (de la que depende Cádiz) la apertura de un proceso penal en contra del prelado.

“La Iglesia me ha abandonado, me ha traicionado”, cuentan que clamó Zornoza a los fieles de San Jorge al ser informado de los resultados de la investigación preliminar de La Rota, calificando de “un calvario” su declaración, pese a que se respetó, en todo momento, el procedimiento procesal. Él mismo fue informado, al igual que la víctima, de la decisión del tribunal, quien percibió “indicios sólidos de delito” y así lo comunicó al arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

Una vez que este reenvíe su propuesta a Roma, será el dicasterio de Doctrina de la Fe quien anuncie la apertura de un proceso, que a buen seguro se llevaría a cabo, también, en La Rota de Madrid.

La acusación contra él: “Me acariciaba y besaba”

En la carta que motivó la investigación, la víctima acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

¿A qué penas puede enfrentarse Zornoza?

En virtud del canon 1342, el obispo emérito de Cádiz y Ceuta podría ser sancionado, en caso de ser declarado culpable, a penas que van desde la secularización perpetua a la limitación del ejercicio del ministerio sacerdotal (podría prohibírsele, por ejemplo, el trato con menores, o la celebración pública de los sacramentos), pasando por la reparación económica de la víctima. O las víctimas, pues en los últimos días podrían haber surgido nuevos testimonios que, en caso de abrirse juicio canónico, podrían añadirse a la trama.

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Tras cinco años de “silencio” con las víctimas de pederastia, la congregación religiosa de los Maristas ha cedido e indemnizará finalmente a las personas que en Navarra han denunciado ser víctimas de religiosos del colegio de Pamplona. Así lo han anunciado este jueves representantes de Asociación de Víctimas de Pederastia de Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN), que se han concentrado frente al centro educativo. Con todo, critican que las compensaciones son “indignantes, vergonzosas y ridículas”.

“No llega a un tercio de las equivalentes en abusos de otras congregaciones”, ha asegurado su presidente, Marcos Leyún, que ha lamentado que las ayudas“ no suponen ni una sexta o séptima parte” de las que han percibido otras víctimas en España.

Además, AVIPIREN denuncia falta de transparencia de la Comisión del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA), organismo que ha fijado la cuantía de la indemnización, porque no les ha dado traslado de la información sobre sus casos que les remitió la congregación religiosa. “Les demandé que, para poder defender nuestra posición, teníamos que saber qué es lo que había presentado el colegio de los hermanos Maristas”, reclama Leyún. Ahora, está a la espera de respuesta a un correo “exigiéndoles explicaciones de por qué hay diferencias [en cuanto a las indemnizaciones] al mismo tipo de abuso”.

La Comisión PRIVA se creó para atender las denuncias de pederastia por parte de la Iglesia en toda España. Está compuesta por expertos independientes del ámbito jurídico y médico-forense que evalúan el efecto que han tenido los abusos en la vida de las víctimas. La comisión es la que fija la indemnización que cree oportuna para cada víctima en función de lo que le ha ocurrido.

Desde el Arzobispado de Pamplona señalan, a preguntas de este periódico, que es “imposible que por el mismo caso se pague menos” y aseguran que “la cantidad no difiere entre ser diocesano o de una congregación”. “Aunque sí en la velocidad”, puntualizan, puesto que, en el caso de las órdenes religiosas, son estas las que deben indemnizar a la víctima. Añaden que “Navarra es la diócesis que más pasos ha dado en el acompañamiento y reparación del daño a las víctimas”. “El arzobispo ha tomado las riendas del tema y personalmente pidió que hubiera representantes de la Iglesia también en la comisión foral (para quién no quisiera acudir a la Iglesia a denunciar), además de reunirse personalmente con los representantes de las asociaciones de víctimas y con las personas que han denunciado los abusos”.

Las víctimas de religiosos de Maristas en Navarra señalan que todavía conservan “cierta esperanza” en ser indemnizadas con una mayor cuantía económica, aunque resaltan que “no hay dinero en el mundo” que pague “las barbaridades” y el “sufrimiento” sufrieron. Han celebrado el histórico acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia firmado el pasado 8 de enero, que se prevé que incremente las cuantías de reparación a víctimas del clero y que “va a volver a estudiar los casos”. Según el pacto, el hecho de que cobren el dinero que se les ha fijado ahora, no les excluye de poder recibir una nueva indemnización. La asociación ha puntalizado que no quieren que el Estado cubra con los gastos, pues “no tiene responsabilidad de los abusos” y “la Iglesia tiene dinero de sobra y la congregación más”.

Marcos Leyún ha explicado que creen que puede haber muchos más casos de agresiones sexuales, puesto que él mismo fue testigo de las que sufrían sus compañeros de clase por parte de los profesores del colegio de la congregación Marista, “la medalla de plata en número de casos”.

Leyún fue víctima de pederastia en 1958, cuando tenía nueve años, y su caso ha prescrito. “El hermano se bajaba del estrado y nos metía mano a cinco de la misma clase, haciendo como que nos corregía lo que nos había mandado”, rememora. Hasta hace apenas unos años no constaban denuncias de abusos por parte de la Iglesia en Navarra, hoy rondan las 80.

También ha participado en la protesta Koldo Eslava, quien ha contado que de él “abusaron tres curas” y los Maristas “negaron la existencia de dos, como si no hubieran existido”, lo que a su juicio refleja la poca voluntad de la orden en reparar a sus víctimas. José Costana, también víctima de Maristas que ya recibió la indemnización y ha querido acompañar hoy a sus compañeros, ha contado que, a raíz de su denuncia a través de un medio de comunicación navarro, los Maristas se pusieron en contacto con él para decirle que “sentían mucho no haber sabido cuidarle como se merecía. Aunque no pedían perdón”. “Mucha gente no denunció en su momento por miedo y vergüenza y algunos tampoco lo cuentan hoy en día porque les sigue avergonzando y no tienen esperanza de que se solucione nada”, explica Marcos Leyún. La primera denuncia la puso hace siete años Jose Luis Pérez, víctima él y su hermano, y que escapó del Colegio Reparadores de Puente la Reina, “reinaba el miedo”, recuerda.

Las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia han visto con satisfacción el acuerdo suscrito el pasado jueves entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que abre una puerta a la participación de los supervivientes de la pederastia clerical en todos los puntos del proceso, del que hasta la fecha estaban apartados.

Un “hito histórico”, como lo ha definido el portavoz de ANIR y padre de la víctima del ‘caso Gaztelueta’ Juan Cuatrecasas, y que, a falta de desarrollar todos sus detalles, permitirá, entre otras cosas, que víctimas que ya han pasado por el plan PRIVA –incluso aquellas que llegaron a aceptar la indemnización propuesta unilateralmente por la Iglesia– puedan solicitar una nueva baremación. También, que los familiares de víctimas que iniciaron el proceso de reparación y murieron durante el mismo puedan continuar con la voluntad del fallecido.

A falta de concreciones, que se espera puedan empezar a conocerse cuando, a partir de esta semana, empiecen los contactos con el Defensor del Pueblo, que debe recibir la encomienda oficial antes de establecer los baremos definitivos, estos son algunos de los puntos clave del histórico acuerdo de reparación para las víctimas de la pederastia clerical.

En primer lugar, y por encima de todas las cosas, que las víctimas (y las asociaciones que las representan) podrán elegir cuándo y dónde presentar sus demandas. Ya sea ante el Ministerio de Justicia, ante la Oficina de Víctimas del Defensor del Pueblo o en las oficinas de las diócesis o congregaciones religiosas. No solo será el PRIVA el único canal, como hasta ahora.

En segundo término, también sumamente relevante, las víctimas podrán hacer algo más que aceptar la reparación ofrecida por los expertos de la Conferencia Episcopal, o negarse a hacerlo. Con el nuevo modelo, desde el principio, los denunciantes podrán hacer una petición razonada y, en caso de desacuerdo, ellos y sus representantes formarán parte de una Comisión Mixta que intentará tomar una decisión unánime. En caso contrario, será el Defensor del Pueblo, y no la Iglesia (el Estado, y no la representante de los victimarios), quien decida el importe final.

Hasta 300.000 euros

¿Cuál será ese importe? Otro de los puntos esenciales, por más que las víctimas no se mueven, ni mucho menos, por dinero. Tal y como adelantó Pedro Sánchez a las asociaciones el pasado viernes, el Defensor del Pueblo tendrá que establecer unos baremos, que serán “muy superiores” a los establecidos por la Iglesia (hasta ahora, entre 3.000 y cien mil euros), y que seguramente se basen en el modelo irlandés, donde las indemnizaciones podrían alcanzar los 300.000 euros. Esto es: tres veces más que en la actualidad. Y, como hasta ahora, tal y como anunció el ministro Félix Bolaños, “todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia católica, el Estado no abonará un céntimo. Las indemnizaciones las decide el Estado, la Iglesia católica las paga”.

¿Quiénes podrán beneficiarse del nuevo acuerdo? Todas las víctimas cuyos casos hayan prescrito civilmente, que tendrán un año (ampliable a otro) para denunciar. ¿Por qué este plazo? Por el deseo del Gobierno de que los casos no prescritos sigan el cauce judicial pertinente, más allá de que algunas víctimas continúan abogando por la imprescriptibilidad de estos casos.

¿Qué ocurre con las víctimas que ya lo recibieron en 2025 y que, por tanto, están obligados a tributar, en algunos casos, con más de 30.000 euros? El Senado aprobó el pasado 4 de diciembre una propuesta para que se aprobara esta exención retroactiva con carácter urgente, que todavía no se ha implementado

¿Todas las víctimas? Todas. Incluso, las que en su día acudieron al PRIVA y aceptaron la indemnización propuesta. Hay al menos tres casos (uno de ellos, de las reparaciones más altas hasta la fecha) que ya han planteado su intención de acogerse al nuevo modelo. En este caso, habrán de presentar una reclamación ante el nuevo organismo, que evaluará si reabre la causa. Si se hace, y recibe una cantidad superior, se descontaría lo ya recibido. Otra novedad relevante es que los familiares de aquellas víctimas que hubieran fallecido una vez iniciado el proceso, podrán seguir adelante, algo que no sucedía con el plan PRIVA.

En lo económico, las nuevas indemnizaciones estarán exentas de impuestos. ¿Y qué ocurre con las víctimas que ya lo recibieron en 2025 y que, por tanto, están obligados a tributar? En algunos casos, estamos hablando de pagos de más de 30.000 euros. En este sentido, cabe recordar que el Senado aprobó el pasado 4 de diciembre una propuesta para que se aprobara esta exención retroactiva con carácter urgente, que todavía no se ha implementado. Algo que afecta a las 61 víctimas que ya han recibido indemnización a través del PRIVA, por un montante de 1.858.420 euros (854.000 corresponden a indemnizaciones de caso diocesanos y 1.004.420 a indemnizaciones de casos de instituciones religiosas, según los últimos datos hechos públicos por el Plan PRIVA).

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