“Ley de imprescriptibilidad ya”. Leonor Paqué, periodista y víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, ha recorrido en los últimos años más de 20.000 kilómetros entrevistando a supervivientes como ella para el documental 'Hermana Leonor'. Y sabe bien lo que sucede en muchos casos. El miedo, la ira, la frustración, el bloqueo a la realidad. “Personas que se recriminan dolorosamente haber bloqueado en sus mentes durante décadas, las agresiones sufridas”, explica. Por esto, y por muchas otras cosas, asociaciones de víctimas se concentrarán este jueves, a las 11 de la mañana, ante la sede nacional del PP (Génova 13) para exigir al principal partido de la oposición “que apoye la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia”, un barco del que, tal y como denuncia el activista Miguel Hurtado, “el PP se ha bajado”.

“Las víctimas no hablamos cuando queremos, sino cuando podemos”, subraya Paqué. Por su parte, Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, apunta a que el momento es ahora, antes de la llegada de León XIV a nuestro país. “Antes de la visita del Papa el Congreso va a aprobar una ampliación de los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Hay 310 votos a favor, o había, porque el PP ha dado un giro de 180 grados y ya no apoya la imprescriptibilidad, a pesar de que votaron a favor de la medida en el parlamento europeo en junio 2025”, señala. “Mañana les vamos a pedir que rectifiquen”.

La concentración también apuntará a que la próxima semana se convoca en la comisión de justicia del Congreso la ponencia de la ley de imprescriptibilidad promovida por el Parlament de Catalunya. El PP ha presentado una enmienda que propone ampliar en diez años el plazo de prescripción actual, pero las víctimas alertan que la ley que se apruebe “puede ser descafeinada porque el PP no apoya la imprescriptibilidad”, como sí hacen todos los partidos de izquierdas (PSOE, Sumar, Podemos, BNG, ERC, Bildu). “Todos los partidos de derecha (Vox, PP, PNV), excepto Junts, se oponen. Es imprescindible que el PP actúe de forma coherente y responsable, votando y defendiendo la misma postura tanto en el Parlamento europeo en Bruselas como en el Congreso en Madrid”, sostiene Hurtado.

“Las víctimas de pederastia en la Iglesia le pedimos al PP que se comporte como un partido serio y responsable, votando y defendiendo lo mismo en Madrid y en Bruselas”, reclama Hurtado, quien pide “un gran pacto de estado entre el PSOE y el PP, para luchar contra la violencia sexual en la infancia, tanto en la Iglesia como en otros ámbitos de la sociedad”.

“La reciente negativa del Vaticano a enjuiciar canónicamente al exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza demuestra la urgente necesidad de aprobar una ley de imprescriptibilidad ambiciosa, homologable a otros estados europeos, para que los delitos de pederastia clerical los pueda juzgar la justicia civil y no la Iglesia internamente”, culmina Hurtado. “¡Basta ya de postureo, le pedimos al PP que vote lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo!”.

Todo ello mientras que desde este 15 de abril, las víctimas de la pederastia clerical que así lo deseen podrán acceder al formulario de 'Solicitud para el Reconocimiento y Reparación de las víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica', desde ya disponible, y activo, en la web del Ministerio de Justicia. Una nueva fórmula, en la que la decisión final de la indemnización correrá a cargo del Estado. Con importantes novedades.

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, las víctimas podrán optar, y así lo recoge el formulario, por una compensación económica, una reparación simbólica o restaurativa, atención social, gastos derivados de tratamientos por secuelas físicas o psicológicas y, también, y por vez primera, el documento de reconocimiento de la condición de víctima.

Una medida que se ha conseguido, gracias en gran medida a la presión de ANIR y Justice Initiative, y que debería permitir que, incluso, casos con sentencia firme (como el de la víctima del 'caso Gaztelueta'), presentasen el formulario pidiendo única y exclusivamente dicho documento. “Porque tiene derecho a él”, señala a elDiario.es Juan Cuatrecasas.

¿Qué significa este reconocimiento? A efectos civiles, muchas cosas, especialmente en lo tocante a pensiones por invalidez o jubilación. “¿Qué se aprueba a través de la LOPIDI o de cualquier otro organismo una medida para que las víctimas no hayan podido cotizar porque han estado excluidas del mercado laboral puedan tener un reconocimiento para jubilarse? Acreditando ese documento no deberían hacer falta dar más pasos”, apunta Cuatrecasas. “Cualquier medida que se apruebe a partir de ahora que implemente derecho, con este documento puedes tener acceso”, aseveran las asociaciones de víctimas.

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La Santa Sede investiga la gestión del actual obispo de la Diócesis de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, por un posible encubrimiento de abusos sexuales a un menor por parte de un sacerdote escolapio, José Miguel Flores, en una parroquia de México. Los hechos ocurrieron hace dos décadas, cuando el niño tenía 11 años y era monaguillo.

Javier, la víctima denunció los hechos cuando tenía 25 años. Según ha informado TVE, él y su madre buscaron como su interlocutor al actual obispo de Huesca y Jaca, que entonces era Jefe superior de los Escolapios. Según la víctima, Aguado no actuó. La Orden de los Escolapios asegura que se inició una investigación, se adoptaron medidas cautelares y el sacerdote fue expulsado en 2020. La madre de Javier remitió una carta al Papa y también pusieron los hechos en conocimiento de la Iglesia mexicana. La Santa Sede va a investigar el caso.

La Orden de las Escuelas Pías ha expresado en un comunicado, ante las noticias aparecidas relativas a la actuación del entonces Padre General de la Orden, el hoy obispo de Huesca y de Jaca, Monseñor Pedro Aguado, y los responsables de la Orden en México, respecto de los abusos sexuales cometidos por quien fuera religioso y sacerdote escolapio, José Miguel Flores Martínez, en México, ya fallecido, que “los abusos cometidos son motivo de profundo dolor e indignación” y han lamentado “sinceramente que estos reprochables hechos hayan ocurrido en comunidades que estaban bajo nuestra responsabilidad”.

“Pero por encima de todo, reconocemos que estas heridas afectan de manera más profunda y directa a la víctima de tamaño delito. Somos conscientes de que la sanación de las heridas requiere tiempo, respeto y compromiso incondicional, y por eso seguimos reafirmando nuestro deber y responsabilidad de seguir trabajando en la reparación y la creación de un entorno más seguro, confiable y cercano para quienes han sufrido este tipo de abusos”. Asimismo, quieren dejar claro que “la revisión de este asunto por parte de la Santa Sede forma parte de los cauces ordinarios establecidos por la Iglesia para analizar los hechos con rigor y determinar, en su caso, los pasos a seguir. Se trata de una fase usual orientada precisamente a esclarecer lo ocurrido con la mayor transparencia”.

La Orden ha subrayado que en el momento en el que recibió la denuncia respondió de inmediato “iniciando una investigación preliminar y adoptando las medidas cautelares correspondientes, impuestas por el Padre Pedro Aguado, entonces Superior General de la Orden. Terminada la investigación, se presentó un informe completo del caso a la Santa Sede”.

En octubre del 2020, “mediante decreto de la Santa Sede, se impuso al señor Flores, en el marco del procedimiento eclesiástico seguido contra él, la sentencia de dimisión del estado clerical; además se ratificó su expulsión definitiva de nuestra Orden. El señor Flores falleció en el año 2022”.

Durante esos años, la Orden “brindó continuo acompañamiento educativo, económico y pastoral a la víctima, apoyándola en su camino de sanación y recuperación por el daño sufrido. Sin embargo, reconocemos con humildad, que nuestras respuestas y apoyos nunca serán suficientes frente a algo tan terrible y doloroso. Sabemos que siempre hay margen para mejorar la manera en la que acompañamos y apoyamos a quienes han padecido estos abusos”.

También han apuntado que nunca tuvieron conocimiento de que Flores ejerciera el sacerdocio después de su expulsión. “Conocimos, por denuncia de la propia víctima, que en alguna casión lo había hecho. Pero lo conocimos después del fallecimiento y funeral de José Miguel Flores. Los escolapios de México reconocen que la celebración del funeral fue una clara imprudencia pastoral, de la que la Curia General nunca fue informada”.

La Orden destaca que su compromiso principal siempre ha sido y seguirá siendo con las víctimas y la construcción de ambientes seguros. “Reafirmamos nuestros principios de tolerancia cero y hemos fortalecido nuestras medidas de prevención, formación y control en todas nuestras obras, buscando seguridad”. Ha reiterado “su plena disposición a colaborar con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”.

El exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza, no será juzgado en el Vaticano por abusos a menores. Tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es, la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha archivado el caso al no haber podido determinar la edad de la víctima en el momento del presunto abuso cometido por el prelado.

Algo especialmente relevante en este caso, pues los presuntos abusos sucedieron mientras estaba vigente el Código de Derecho Canónico de 1983, por el que únicamente se consideraría delito en el caso de abusos a menores de 16 años. Aunque la víctima asegura que sus abusos comenzaron cuando tenía 14, este extremo no ha podido ser autentificado por los juristas vaticanos. 

Un “defecto formal” al que se ha agarrado la sección disciplinar de Doctrina de la Fe para no proseguir con el caso. Sin embargo, tal y como adelanta RD, varios canonistas han mostrado su perplejidad, pues cuando se aprobó en el 2001 la ley especial Sacramentorum Sanctitatis Tutela para tratar los delitos más graves, se dijo explícitamente que dicha normativa sustituía a la ley propia anterior de la Congregación, Crimen Sollicitationis, por lo que antes del 2001 se aplicaba esta última y no el Código de Derecho Canónico. 

¿Qué diferencia habría? El documento ‘Crimen sollicitationis’, publicado por el cardenal Ottaviani en 1962 como reforma de la anterior de 1922, establecía que los delitos sexuales reservados a la Santa Sede no prescribían ni había límites de edad si trataba de relaciones sexuales con varones (crimen pessimum). El Código señalaba como límite de edad los 16 años y la prescripción a los cinco años. 

Sea como fuere, lo cierto es que, con este matiz legal, el prelado no será objeto de sanciones. No se entrará, pues, a valorar la veracidad de los hechos (los obispos españoles sí admitieron su “verosimilitud”), sino que se ha buscado una argucia legal. Muy alejada de la transparencia tan cacareada por la Santa Sede.

En la carta que motivó la investigación, la víctimaba acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

Zornoza sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu. El exobispo, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira”.

El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

“Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años”. Quien habla es el exobispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido el pasado 25 de noviembre y jubilado meses antes, después de que se destapara un caso de abusos en su diócesis, y se conociera que el prelado (cuya tumba podría visitar León XIV en su próximo viaje a España) había ocultado los hechos. Quien lo escucha, y lo graba, es Ciro Molina, víctima de la pederastia clerical, y que ha llevado la grabación a Fiscalía para intentar retomar un caso que fue cerrado tras el fallecimiento del prelado.

La grabación, a la que han tenido acceso El País, La Ser y Religión Digital, data del 19 de julio de 2024, y demuestra cómo, pese a saber de la denuncia hace años, el obispo decidió mirar hacia otro lado. Él mismo lo admite ante la víctima, aunque no pide perdón, sino que la justifica en la ‘provocación’ de los menores, y en la homosexualidad del clero. “El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales”, aduce Álvarez. Molina le responde. “Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual. El que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología”.

El superviviente, que sufrió violencia sexual siendo niño por parte del entonces párroco de Tejina, Carmelo Hernández, ha pedido formalmente a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que abra diligencias de investigación, que escuche la grabación en la que el difunto obispo se refiere a los hechos denunciados y que le brinde asesoramiento y amparo.

El escrito supone un salto cualitativo. Ciro no solo recuerda los abusos sufridos en su temprana edad y las denuncias canónicas presentadas, sino que aporta como elemento central una grabación de la reunión que mantuvo con monseñor Álvarez. En la misma, el prelado llega a señalar la responsabilidad de obispos anteriores.

En su petición, Ciro pide a la Fiscalía que escuche el audio, abra diligencias de investigación, valore los hechos, le asesore y defienda en el marco del proceso. La Fiscalía ya ha acusado recibo del escrito, lo que abre la puerta a una posible investigación penal sobre unos hechos que, aunque en principio podrían estar prescritos, adquieren relevancia en el contexto de la revisión general del tratamiento judicial de los abusos sexuales a menores y de las responsabilidades institucionales derivadas.

Paralelamente a la labor de denuncia pública, Ciro decidió llevar su caso a Roma, remitiendo la documentación y la grabación a la comisión pontificia Tutela Minorum, organismo vaticano encargado de la protección de menores y del seguimiento de los abusos del clero, del que el denunciante espera respuesta.

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Este viernes, los Reyes fueron recibidos por León XIV, en una visita que tiene lugar tres meses antes del viaje del Papa a España. Felipe VI y Letizia acudieron acompañados, además de por la embajadora, Isabel Celáa, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien posteriormente mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Bolaños llegó a Roma sin el esperado protocolo a tres bandas (Iglesia-Gobierno-Defensor del Pueblo) para la reparación integral de las víctimas de abusos, que diera continuidad al histórico acuerdo firmado el 8 de enero, un día antes de que se anunciara, por parte de la Iglesia española, el viaje del Papa. Todo, pese a que días antes se había filtrado que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

¿Qué ocurrió? Básicamente, que los obispos se negaron a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical. Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas.

Este miércoles, tras dos reuniones, se supo que, aunque todas las partes aseguraban que el acuerdo se encontraba “muy avanzado”, de momento, no habría firma. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, cierto 'malestar' en el Ejecutivo ante las filtraciones a varios medios, dando por hecho la firma del acuerdo.

La segunda (y tal vez, la que explica el “retraso”, que no “desacuerdo”, en la firma), el empeño de los obispos en que el ministro Bolaños no fuera este viernes a Roma blandiendo un acuerdo, cuando aún se está a la espera de la confirmación definitiva del itinerario del viaje del Papa. Un tema no menor, pues el Vaticano ya ha mostrado su malestar con los errores de comunicación de la CEE, que ha llegado a filtrar buena parte del programa antes de que lo hiciera la Santa Sede, como es preceptivo.

No volver a indemnizar a las víctimas

La tercera, en la que las partes no logran ponerse de acuerdo, es la rotunda negativa de los obispos a incluir una petición, innegociable, por parte de las víctimas de abusos. ¿Cuál? Abrir la puerta para que aquellas víctimas que habían aceptado el dictamen del Plan PRIVA, pero no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida –hasta la fecha, la única vía de indemnización para los supervivientes– pudieran reclamar, en segunda instancia, ante la nueva herramienta, dirigida por el Defensor del Pueblo.

Para los obispos, resulta fundamental no dar la sensación de que el plan PRIVA se convierte únicamente en una primera instancia, dejando toda la responsabilidad final al dictamen del Defensor del Pueblo, como por otro lado refleja el acuerdo firmado el 8 de enero.

La última diferencia, esta no insalvable (de hecho, se había avanzado casi hasta el acuerdo), estaría en los baremos a utilizar, mucho más beneficiosos para las víctimas que los que actualmente maneja la Iglesia desde el plan PRIVA, y si éstos serían de obligado cumplimiento en el caso del procedimiento seguido por la Conferencia Episcopal. Tampoco hay diferencias en la exigencia de los supervivientes de tener voz y voto en el proceso, ni mucho menos en que las indemnizaciones no tributen a Hacienda. Y es que el dinero no es problema para una CEE que este año recibió 429 millones de euros a través de la ‘X’ en la Renta. Las previsiones más optimistas estiman que “en ningún caso” se superarían los diez millones de euros en indemnizaciones, habida cuenta de que el convenio afecta solo a los casos prescritos civilmente, y que una vez aprobado tendrá una duración de un año (ampliable a otro).

Las víctimas, hartas

Tras conocerse la falta de acuerdo, varias asociaciones de víctimas mostraron su profundo malestar ante la actitud de los obispos. “Dilatar más en el tiempo estas medidas es un intolerable ejercicio de revictimización, uno más en la larga lista de la Conferencia Episcopal de España”, señala Juan Cuatrecasas, quien exige que “esta próxima semana firmen el convenio, porque en caso de seguir situándose por encima del bien y el mal, las asociaciones convocaremos movilizaciones. La sociedad civil está de nuestro lado”.

Por su parte, la Asociación Nacional Infancia Robada y la ONG Justice Initiative España pide al Vaticano “valorar la posibilidad de aplazar la visita del Papa a España, priorizando la situación del desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo”. En cuanto al Gobierno, y “dado que los plazos para el acuerdo [estaban estimados en un mes, desde el 8 de enero] y han sido rebasados, quizá debería actuar de forma unilateral”.

Una de las víctimas que pasó por el plan PRIVA, y aceptó la indemnización pese a considerarla “claramente insuficiente”, cree que es “imprescindible” que el convenio permita recurrir las reparaciones recibidas, si los baremos del Defensor del Pueblo son superiores, o si se estima que no se ha actuado con equidad. “Ahora mismo, las indemnizaciones son ‘lentejas’. O aceptas lo que te da la Iglesia, o te quedas sin nada. Algunos no tuvimos más remedio que aceptarlas, pero si ahora se abre otro camino, quiero tener el derecho de adherirme a él”, relata para elDiario.es.

Y es que, a la hora de firmar la conformidad con la propuesta del plan PRIVA, la víctima se encuentra con citas como la siguiente: “Con el pago de la citada cantidad con el concepto señalado, las partes dan por cerrado el proceso, se dan por saldadas y liquidadas, y reconocen no tener nada más que reclamarse entre ellas”.

“Esa redacción blinda a la Iglesia: convierte la reparación en un cierre total que impide reclamar en el futuro, incluso cuando la víctima no está conforme o cuando no ha existido una motivación desglosada y verificable”, señala este superviviente, que lamenta cómo “muchas víctimas llegan a PRIVA en situaciones de precariedad socioeconómica y vulnerabilidad extrema. En ese contexto, ‘aceptar y firmar’ no siempre es una decisión libre, sino una necesidad”.

“Si el sistema aprovecha esa asimetría para imponer un cierre absoluto, el riesgo de mala fe y de revictimización institucional es evidente”, denuncia, mostrando su firmeza, y advirtiendo: “Si el convenio final nos excluye y nos deja como víctimas de segunda para ahorrarle costes a la Iglesia, estamos decididos a llevarlo por la vía jurídica e impugnar el acuerdo por vulnerar el principio de igualdad”.

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El Vaticano ocultó, durante décadas, miles de casos de pederastia clerical en los cinco continentes. Una dinámica que se mantuvo y que, pese a los cambios implementados por Benedicto XVI (cuya implicación en la ocultación, e incluso su protagonismo en algún caso, parece clara) y por Francisco, permanece en la actualidad en todo el mundo. En algunas ocasiones, como durante la Alemania de los años 30, instó a destruir toda la documentación para evitar que cayera en manos de los nazis y se utilizara para atacar a la Iglesia.

Esta es una de las principales revelaciones de una investigación internacional elaborada por cinco medios: El País (España), Boston Globe (EEUU), Correctiv (Alemania), Observador (Portugal) y Casa Macondo (Colombia), que han logrado bucear en los archivos del dicasterio de Doctrina de la Fe. O, al menos, en aquellos donde resulta muy difícil entrar. De hecho, tal y como relata El País, algunas fuentes señalan que existe un archivo aún más secreto que custodia los casos más graves y delicados. Muchos de ellos, como se recalca, sin número de registro de entrada. ¿Cuántos? Es imposible saberlo.

Y eso que, oficialmente, hasta 2001, no había obligación de remitir a Roma los casos, que llegaban a miles, coincidiendo con la investigación Spotlight. Antes, los que llegaban venían ocultos bajo otros asuntos, como dispensas sacerdotales, sin afrontar el problema.

Un problema del que, según la investigación, León XIV tuvo conocimiento en agosto de 2025, cuando Correctiv envió al Papa una serie de preguntas, junto a los documentos hallados. Según el relato, el pontífice las remitió a la Comisión Pontificia de Protección de Menores, quien las envió a su vez al Dicasterio de Comunicación, que no contestó. El pasado 27 de enero, las preguntas le fueron entregadas de nuevo al Papa, esta vez en persona, cuando salía de Castel Gandolfo. Aún no ha respondido.

“Con todo, la llegada del nuevo Pontífice ofrece la oportunidad de un cambio de actitud del Vaticano, para dar el paso hacia una auténtica transparencia sobre todo lo que sabe y qué hay en sus archivos”, explica la investigación, que recalca que “León XIV ha mostrado en su trayectoria sensibilidad con las víctimas de la pederastia y ha apoyado el trabajo de los periodistas”. Todo ello bajo una premisa, que aloja una aparente contradicción: “En varios países, en aras de la verdad, la Iglesia ha asumido auditorías internas, pero el Vaticano no, cuando es el mayor centro de información del escándalo”.

Los documentos más antiguos que ahora se desvelan son de los años treinta en Alemania. Ante el riesgo de que los expedientes de curas pederastas cayeran en manos de los nazis, enemigos de la Iglesia católica, la orden fue clara: “Quemad todo”. Otros papeles, como los del ‘caso Ratzinger’, que relata un posible encubrimiento del futuro Benedicto XVI, sí eran conocidos, aunque no en toda su profundidad. Un caso, por cierto, que sigue abierto en Alemania, y que señala cómo hasta quien iba a convertirse en Papa tramitaba los casos al margen del protocolo, lo que provocó que un cura pederasta siguiera en su cargo, y abusando de menores, durante años.

Los casos planteados sí ofrecen una visión de conjunta, con una conclusión: durante décadas, en distintos lugares del mundo, se siguió ocultando, con el permiso (tácito o expreso) de las autoridades eclesiásticas, a muchos pederastas. “El Vaticano tiene el que es probablemente el mayor archivo de pederastas impunes del mundo. Esta investigación arroja luz sobre ello”, señalan los documentos.

La investigación concluye instando a la Santa Sede a “abrir los archivos, o revelar su contenido, o emprender un estudio propio y ofrecer datos”, lo que se interpretaría como “un gesto decisivo para mostrar la voluntad real de León XIV de que se conozca toda la verdad sobre el escándalo”, como él mismo ha resaltado en má de una ocasión. La última durante su encuentro, este lunes, ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Su pasado le avala: gracias a su trabajo, logró acabarse con el Sodalicio. El mismo lunes, antes de hablar ante Tutela Minorum, recibía al periodista Gareth Gore.

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“Santo Padre, te suplicamos que mires personalmente esta situación y pidas a los dicasterios correspondientes una intervención clara, decidida y protectora”. Las víctimas de las Hijas del Amor Misericordioso (HAM) y sus familias ya no pueden más, y han escrito una carta, fechada el pasado 20 de febrero, en la que piden directamente amparo a León XIV, después de comprobar cómo, ocho meses después de la intervención de la organización, algunos de sus responsables, y especialmente la rama masculina de la orden, continúan campando a sus anchas. La misiva ha sido publicada inicialmente por The Objective, y confirmado su contenido por algunos de los firmantes a elDiario.es.

De hecho, los firmantes de la carta acusan directamente al obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, de encubrir a la rama masculina (muchos de sus miembros son sacerdotes incardinados en la diócesis del Sur), “desoyendo la instrucción de La Rota” e “ignorando las decisiones” tomadas por el cardenal de Madrid, José Cobo, quien ordenó la intervención total de este grupo, acusado de prácticas sectarios, abuso espiritual y otras formas de abusos, incompatibles con el carisma religioso católico.

Y es que, pese a que tras la intervención se ha logrado un cierto control de las HAM, no pasa lo mismo con su rama masculina, cuyo centro de operaciones se sitúa en la localidad de Serranillos del Valle (antes estaban en Cubas de la Sagra). Para las víctimas, estos curas “suponen un peligro para los fieles, y un escándalo que amenaza con perpetuarse”, pues varias de las vocaciones sacerdotales de la diócesis parten de este grupo.

“Los Hermanos del Amor Misericordioso aparecen nombrados en las denuncias que ha investigado la Rota de Madrid; sin embargo, por estar presentes en la diócesis de Getafe, estos casos se salen de la competencia territorial de la diócesis de Madrid. El vacío legal de su situación en la diócesis de Getafe permite que quede a expensas de las decisiones de su obispo, don Ginés García Beltrán, aunque recibieron la misma formación y estilo de vida de la asociación intervenida totalmente por Madrid”, lamentan las víctimas en su escrito al Papa.

“Han tratado de encubrir la situación durante años”

Por ello, y pese a que Getafe se comprometió a participar en la investigación, las víctimas denuncian la “falta de transparencia e inacción” por parte de la diócesis, que “ha tratado de encubrir la situación durante años”. De hecho, se escribe en la carta, “los afectados ya no queremos acudir a Getafe”.

La situación es tan grave que, tal y como denuncia la carta enviada a León XIV, los sacerdotes de las HAM estarían “llamando, escribiendo y reclamando a las hijas que han salido para que ‘no se descarrilen’”. Así, siempre según la denuncia, “Les insisten en que mantengan la obediencia espiritual, que sigan ‘fieles’ a lo recibido, que no escuchen a quienes critican a HAM, llamándolas por el nombre que adquirieron dentro de la comunidad”.

“Nos alarma y entristece que, tras la instrucción del Tribunal de la Rota, desde el que se pidió la supresión, y la intervención en la diócesis de Madrid, la Iglesia en Getafe siga encubriendo, respaldando y animando a un grupo que ha dañado la vida de muchas personas”, lamentan las víctimas, que acusan directamente a García Beltrán: “En el caso de don Ginés, desoyendo la instrucción de la Rota e ignorando las decisiones transparentes tomadas por el cardenal de Madrid, don José Cobo, con respecto a una situación tan grave. Por eso, Santo Padre, te suplicamos que mires personalmente esta situación y pidas a los dicasterios correspondientes una intervención clara, decidida y protectora”.

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Sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu, mientras se recupera de una intervención del anunciado cáncer de riñón que padece. Porque el exobispo Rafael Zornoza, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta después de que, en octubre pasado, El País revelara una denuncia de abusos contra él cuando ejercía como rector del seminario de Getafe, en los años 90, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira, y decide irse a vivir fuera de su diócesis de origen”.

Y es que los obispos eméritos siguen manteniendo sueldo y, en algunos casos (depende de la diócesis) chófer y servicio. En el caso de Zornoza, se argumenta, “todavía no hay un proceso formal en marcha, apenas sabemos de una investigación preliminar cuyos resultados no se han hecho oficiales”. Un proceso que, como adelantó Religión Digital en primicia, sugiere al arzobispo de Sevilla (de la que depende Cádiz) la apertura de un proceso penal en contra del prelado.

“La Iglesia me ha abandonado, me ha traicionado”, cuentan que clamó Zornoza a los fieles de San Jorge al ser informado de los resultados de la investigación preliminar de La Rota, calificando de “un calvario” su declaración, pese a que se respetó, en todo momento, el procedimiento procesal. Él mismo fue informado, al igual que la víctima, de la decisión del tribunal, quien percibió “indicios sólidos de delito” y así lo comunicó al arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

Una vez que este reenvíe su propuesta a Roma, será el dicasterio de Doctrina de la Fe quien anuncie la apertura de un proceso, que a buen seguro se llevaría a cabo, también, en La Rota de Madrid.

La acusación contra él: “Me acariciaba y besaba”

En la carta que motivó la investigación, la víctima acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

¿A qué penas puede enfrentarse Zornoza?

En virtud del canon 1342, el obispo emérito de Cádiz y Ceuta podría ser sancionado, en caso de ser declarado culpable, a penas que van desde la secularización perpetua a la limitación del ejercicio del ministerio sacerdotal (podría prohibírsele, por ejemplo, el trato con menores, o la celebración pública de los sacramentos), pasando por la reparación económica de la víctima. O las víctimas, pues en los últimos días podrían haber surgido nuevos testimonios que, en caso de abrirse juicio canónico, podrían añadirse a la trama.

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Tras cinco años de “silencio” con las víctimas de pederastia, la congregación religiosa de los Maristas ha cedido e indemnizará finalmente a las personas que en Navarra han denunciado ser víctimas de religiosos del colegio de Pamplona. Así lo han anunciado este jueves representantes de Asociación de Víctimas de Pederastia de Instituciones Religiosas de Navarra (AVIPIREN), que se han concentrado frente al centro educativo. Con todo, critican que las compensaciones son “indignantes, vergonzosas y ridículas”.

“No llega a un tercio de las equivalentes en abusos de otras congregaciones”, ha asegurado su presidente, Marcos Leyún, que ha lamentado que las ayudas“ no suponen ni una sexta o séptima parte” de las que han percibido otras víctimas en España.

Además, AVIPIREN denuncia falta de transparencia de la Comisión del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA), organismo que ha fijado la cuantía de la indemnización, porque no les ha dado traslado de la información sobre sus casos que les remitió la congregación religiosa. “Les demandé que, para poder defender nuestra posición, teníamos que saber qué es lo que había presentado el colegio de los hermanos Maristas”, reclama Leyún. Ahora, está a la espera de respuesta a un correo “exigiéndoles explicaciones de por qué hay diferencias [en cuanto a las indemnizaciones] al mismo tipo de abuso”.

La Comisión PRIVA se creó para atender las denuncias de pederastia por parte de la Iglesia en toda España. Está compuesta por expertos independientes del ámbito jurídico y médico-forense que evalúan el efecto que han tenido los abusos en la vida de las víctimas. La comisión es la que fija la indemnización que cree oportuna para cada víctima en función de lo que le ha ocurrido.

Desde el Arzobispado de Pamplona señalan, a preguntas de este periódico, que es “imposible que por el mismo caso se pague menos” y aseguran que “la cantidad no difiere entre ser diocesano o de una congregación”. “Aunque sí en la velocidad”, puntualizan, puesto que, en el caso de las órdenes religiosas, son estas las que deben indemnizar a la víctima. Añaden que “Navarra es la diócesis que más pasos ha dado en el acompañamiento y reparación del daño a las víctimas”. “El arzobispo ha tomado las riendas del tema y personalmente pidió que hubiera representantes de la Iglesia también en la comisión foral (para quién no quisiera acudir a la Iglesia a denunciar), además de reunirse personalmente con los representantes de las asociaciones de víctimas y con las personas que han denunciado los abusos”.

Las víctimas de religiosos de Maristas en Navarra señalan que todavía conservan “cierta esperanza” en ser indemnizadas con una mayor cuantía económica, aunque resaltan que “no hay dinero en el mundo” que pague “las barbaridades” y el “sufrimiento” sufrieron. Han celebrado el histórico acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia firmado el pasado 8 de enero, que se prevé que incremente las cuantías de reparación a víctimas del clero y que “va a volver a estudiar los casos”. Según el pacto, el hecho de que cobren el dinero que se les ha fijado ahora, no les excluye de poder recibir una nueva indemnización. La asociación ha puntalizado que no quieren que el Estado cubra con los gastos, pues “no tiene responsabilidad de los abusos” y “la Iglesia tiene dinero de sobra y la congregación más”.

Marcos Leyún ha explicado que creen que puede haber muchos más casos de agresiones sexuales, puesto que él mismo fue testigo de las que sufrían sus compañeros de clase por parte de los profesores del colegio de la congregación Marista, “la medalla de plata en número de casos”.

Leyún fue víctima de pederastia en 1958, cuando tenía nueve años, y su caso ha prescrito. “El hermano se bajaba del estrado y nos metía mano a cinco de la misma clase, haciendo como que nos corregía lo que nos había mandado”, rememora. Hasta hace apenas unos años no constaban denuncias de abusos por parte de la Iglesia en Navarra, hoy rondan las 80.

También ha participado en la protesta Koldo Eslava, quien ha contado que de él “abusaron tres curas” y los Maristas “negaron la existencia de dos, como si no hubieran existido”, lo que a su juicio refleja la poca voluntad de la orden en reparar a sus víctimas. José Costana, también víctima de Maristas que ya recibió la indemnización y ha querido acompañar hoy a sus compañeros, ha contado que, a raíz de su denuncia a través de un medio de comunicación navarro, los Maristas se pusieron en contacto con él para decirle que “sentían mucho no haber sabido cuidarle como se merecía. Aunque no pedían perdón”. “Mucha gente no denunció en su momento por miedo y vergüenza y algunos tampoco lo cuentan hoy en día porque les sigue avergonzando y no tienen esperanza de que se solucione nada”, explica Marcos Leyún. La primera denuncia la puso hace siete años Jose Luis Pérez, víctima él y su hermano, y que escapó del Colegio Reparadores de Puente la Reina, “reinaba el miedo”, recuerda.

Las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia han visto con satisfacción el acuerdo suscrito el pasado jueves entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que abre una puerta a la participación de los supervivientes de la pederastia clerical en todos los puntos del proceso, del que hasta la fecha estaban apartados.

Un “hito histórico”, como lo ha definido el portavoz de ANIR y padre de la víctima del ‘caso Gaztelueta’ Juan Cuatrecasas, y que, a falta de desarrollar todos sus detalles, permitirá, entre otras cosas, que víctimas que ya han pasado por el plan PRIVA –incluso aquellas que llegaron a aceptar la indemnización propuesta unilateralmente por la Iglesia– puedan solicitar una nueva baremación. También, que los familiares de víctimas que iniciaron el proceso de reparación y murieron durante el mismo puedan continuar con la voluntad del fallecido.

A falta de concreciones, que se espera puedan empezar a conocerse cuando, a partir de esta semana, empiecen los contactos con el Defensor del Pueblo, que debe recibir la encomienda oficial antes de establecer los baremos definitivos, estos son algunos de los puntos clave del histórico acuerdo de reparación para las víctimas de la pederastia clerical.

En primer lugar, y por encima de todas las cosas, que las víctimas (y las asociaciones que las representan) podrán elegir cuándo y dónde presentar sus demandas. Ya sea ante el Ministerio de Justicia, ante la Oficina de Víctimas del Defensor del Pueblo o en las oficinas de las diócesis o congregaciones religiosas. No solo será el PRIVA el único canal, como hasta ahora.

En segundo término, también sumamente relevante, las víctimas podrán hacer algo más que aceptar la reparación ofrecida por los expertos de la Conferencia Episcopal, o negarse a hacerlo. Con el nuevo modelo, desde el principio, los denunciantes podrán hacer una petición razonada y, en caso de desacuerdo, ellos y sus representantes formarán parte de una Comisión Mixta que intentará tomar una decisión unánime. En caso contrario, será el Defensor del Pueblo, y no la Iglesia (el Estado, y no la representante de los victimarios), quien decida el importe final.

Hasta 300.000 euros

¿Cuál será ese importe? Otro de los puntos esenciales, por más que las víctimas no se mueven, ni mucho menos, por dinero. Tal y como adelantó Pedro Sánchez a las asociaciones el pasado viernes, el Defensor del Pueblo tendrá que establecer unos baremos, que serán “muy superiores” a los establecidos por la Iglesia (hasta ahora, entre 3.000 y cien mil euros), y que seguramente se basen en el modelo irlandés, donde las indemnizaciones podrían alcanzar los 300.000 euros. Esto es: tres veces más que en la actualidad. Y, como hasta ahora, tal y como anunció el ministro Félix Bolaños, “todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia católica, el Estado no abonará un céntimo. Las indemnizaciones las decide el Estado, la Iglesia católica las paga”.

¿Quiénes podrán beneficiarse del nuevo acuerdo? Todas las víctimas cuyos casos hayan prescrito civilmente, que tendrán un año (ampliable a otro) para denunciar. ¿Por qué este plazo? Por el deseo del Gobierno de que los casos no prescritos sigan el cauce judicial pertinente, más allá de que algunas víctimas continúan abogando por la imprescriptibilidad de estos casos.

¿Qué ocurre con las víctimas que ya lo recibieron en 2025 y que, por tanto, están obligados a tributar, en algunos casos, con más de 30.000 euros? El Senado aprobó el pasado 4 de diciembre una propuesta para que se aprobara esta exención retroactiva con carácter urgente, que todavía no se ha implementado

¿Todas las víctimas? Todas. Incluso, las que en su día acudieron al PRIVA y aceptaron la indemnización propuesta. Hay al menos tres casos (uno de ellos, de las reparaciones más altas hasta la fecha) que ya han planteado su intención de acogerse al nuevo modelo. En este caso, habrán de presentar una reclamación ante el nuevo organismo, que evaluará si reabre la causa. Si se hace, y recibe una cantidad superior, se descontaría lo ya recibido. Otra novedad relevante es que los familiares de aquellas víctimas que hubieran fallecido una vez iniciado el proceso, podrán seguir adelante, algo que no sucedía con el plan PRIVA.

En lo económico, las nuevas indemnizaciones estarán exentas de impuestos. ¿Y qué ocurre con las víctimas que ya lo recibieron en 2025 y que, por tanto, están obligados a tributar? En algunos casos, estamos hablando de pagos de más de 30.000 euros. En este sentido, cabe recordar que el Senado aprobó el pasado 4 de diciembre una propuesta para que se aprobara esta exención retroactiva con carácter urgente, que todavía no se ha implementado. Algo que afecta a las 61 víctimas que ya han recibido indemnización a través del PRIVA, por un montante de 1.858.420 euros (854.000 corresponden a indemnizaciones de caso diocesanos y 1.004.420 a indemnizaciones de casos de instituciones religiosas, según los últimos datos hechos públicos por el Plan PRIVA).

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A la rabia, impotencia y sentimiento de injusticia que se suelen atisbar en las lágrimas de José Luis Velasco se le ha sumado un mínimo de alegría. Esta semana, él y tantos otros españoles se han convertido de nuevo en el foco de una noticia que nunca debió existir. Víctima de abusos sexuales por parte del párroco de su barrio cuando era menor, no ha sido hasta la firma este jueves del acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que este abogado de profesión ha sentido por primera vez una mínima reparación al daño sufrido.

Todo comenzó cuando tenía unos 15 años. Cursaba 4º de la ESO y se empezó a involucrar en temas de la parroquia San José Obrero, en Móstoles (Madrid). Por ejemplo, era el encargado de organizar los autobuses y los asistentes a las peregrinaciones que realizaban. “Este tío aprovechaba que yo lideraba aquello para decirme que le tenía que ayudar y me hacía ir con él”, introduce refiriéndose al sacerdote en cuestión, Alberto Arrastia Cebrián, fallecido en 2021.

Le obligaba a confesarse, y en ese momento tenían lugar los abusos en los que Velasco prefiere no profundizar. Se repitieron desde el año 2001, con 16 años, hasta el primer trimestre de 2004, cuando acababa de cumplir los 19, en lugares como la sacristía o la capilla, delante del Santísimo. “Poco después de tener la mayoría de edad pude salir de ahí”, comenta. Aquella figura en un primer momento leída como referente en su vida le truncó los años venideros. Lo mismo le sucedió a otra víctima de Arrastia que junto a Velasco han sido recibidos este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Palacio de la Moncloa.

Poner nombre a lo sucedido

Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años hasta que Velasco pudo poner nombre a lo que le había ocurrido en su adolescencia. No fue hasta sufrir un episodio cotidiano en su vida familiar que su pareja le recomendó ir al psicólogo y al psiquiatra. Era 2023 y terminó ingresado en una clínica. “Ahí empecé a entender de dónde venían mis males, por qué me había intentado suicidar tantas veces, y todas las cuestiones médicas que me acompañaban”, se explica a sus 40 años.

Hacía años que le incomodaba gravemente cualquier información relativa a los numerosos casos de abuso sexual infantil en el seno de la Iglesia Católica española. Las evitaba. “Ni siquiera he podido leer ningún testimonio recogido en el Libro Gordo de Petete, que es como llamo yo al increíble informe elaborado por el Defensor del Pueblo”, dice con cierta sorna. Se nota que a Velasco el humor es una de las cosas que le han salvado de la oscuridad, tal y como él mismo confiesa.

La Iglesia no responde a sus necesidades

De todas formas, las víctimas han tenido que sortear todo un camino, a veces minado, hasta llegar a ese informe. Fue Rafael Arrabé, la otra víctima de Arrastia, quien le pidió ayuda como abogado profesional que es. “Él solo venía a pedirme consejo sobre cómo hacer las cosas y lo que se encontró es que me dio un ataque de ansiedad, porque a mí me había ocurrido lo mismo que él relataba por parte de la misma persona”, señala Velasco.

Juntos decidieron denunciarlo ante la curia de Getafe. No era la primera vez que Velasco intentaba poner en conocimiento de la Iglesia los abusos que había sufrido. Allá por 2002, en una peregrinación a Roma, se acercó a Rafael Zornoza, por entonces ligado a la Diócesis de Getafe, para intentar contarle lo que ocurría. “Me quitó de encima de malas maneras. Me quedé en shock, sin saber a dónde acudir”, asegura. Zornoza fue apartado como obispo de Cádiz el pasado noviembre, investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales.

Arrabé y Velasco denunciaron a Arrastia en 2023, y les dijeron que no airearan demasiado el tema. Les tomaron testimonio, pero no les dieron copia notarial de aquello. “Luego me enteré que así debía haber sido según la legislación canónica”, apuntilla el mismo Velasco. En la siguiente comunicación le reconocieron como víctima, y le ofrecieron acudir al centro de orientación familiar católico. Aquello le exasperó. 

Recibió otra comunicación, informándole de que el Plan PRIVA estaba activo y que podrían acudir a él. Este plan fue creado por la CEE “para ofrecer una reparación integral a quien haya sido víctima de abusos sexuales siendo menores de edad o personas mayores equiparables en derecho en la Iglesia Católica (diócesis, congregaciones religiosas y otras entidades eclesiales), en los casos en que dichos abusos ya están prescritos o ha fallecido el victimario”, explica la Conferencia en su web. “Pero no es garantista, así que no fui”, añade Velasco.

Llega la reparación oficial

Después llegó el arduo trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, con Ángel Gabilondo a la cabeza. El documento cifra en 440.000 las víctimas de abusos sexuales por parte del clero, es decir, un 1,13% de la población española. Además, recomendaba que el Estado también asumiera su indemnización. Así hasta este jueves, 8 de enero, que la CEE y el Gobierno han suscrito un acuerdo por el que reparar a todas las víctimas de la pederastia en la Iglesia cuyos agresores estén muertos o los casos hayan prescrito para la justicia ordinaria.

Velasco admite que esto ha sido posible gracias al Vaticano. “Hace poco estuvimos allí representantes de víctimas y les dijimos que no íbamos a hablar más con la Conferencia Episcopal, que queríamos que ellos fueran los interlocutores”, agrega. Por eso, considera que si no hubiera sido por el Ejecutivo liderado por Sánchez y algunos obispos y cardenales como José Cobo la situación no sería como la que se da ahora.

Tal y como dice esta víctima de pederastia por parte de la Iglesia, un motor roto siempre va a ser un motor roto, pero algo se puede resarcir. “Que nos haya recibido el presidente del Gobierno ya es una forma de reparación por parte del Estado. Es probable que la herida nunca se cierre, pero tenemos que intentar que esto nunca se repita, por difícil que parezca”, desarrolla el propio Velasco.

Un paso para la democracia en España

Él se encerró en los libros para huir de este tortuoso pasado que también le ha granjeado dos ingresos psiquiátricos, cambios de carácter y una gran desconfianza en la gente. También era muy creyente, pero hace tiempo que perdió la fe. “Muchas personas piden a Dios cuando necesita ayuda. Yo ya no puedo hacer eso, me repugna la idea”, detalla. De cara a la gente que le rodea, algunos saben su historia, otros no tanto. “Algo así deja a la familia hecha polvo, con secuelas. Esto es una mierda. A los niños no se les toca, joder”, remarca con enfado.

Sus ojos siguen llorando, como queda patente en esta conversación con elDiario.es, pero aclara que ahora con algo más de felicidad y alegría que hace apenas unos días. “Este paso es enorme para la democracia en este país”, apunta. Todavía guarda algunas palabras para Zornoza, aquel sacerdote que le quitó de en medio cuando de chaval, con 17 años, le intentó contar lo que pasaba: “Que me mire a la cara y me diga por qué no me escuchó. Hubo una serie de personajes que nos cortaron la voz, y éramos niños, y nos jodieron la vida. Ahora quién me devuelve a mí y a mi familia todo lo sufrido”, se pregunta.

Por el momento, el acuerdo suscrito entre la CEE y el Ministerio de Félix Bolaños tiene que materializarse en un convenio que también cuente con la opinión de las víctimas. En él se deberán definir las distintas formas de reparación integral, tales como de carácter restaurativo, de reparación psicológica y/o psiquiátrica que podría extenderse a la familia y reparación moral del daño causado.

“Hemos cumplido uno de los buenos propósitos de este año, para saldar una deuda moral que teníamos con las víctimas de abusos en la Iglesia”. Exultante, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparecía ante los medios tras la firma del histórico acuerdo (avanzado por elDiario.es) entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la CONFER, que permitirá la creación de una comisión mixta Iglesia-Gobierno para “una reparación justa y adecuada”. “Todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia católica, el Estado no abonará un céntimo. Las indemnizaciones las decide el Estado, la Iglesia católica las paga”, destacó el ministro, quien quiso valorar explícitamente el papel de la Santa Sede en la consecución del acuerdo.

De hecho, tal y como han reconocido ambas partes a elDiario.es, fue la Santa Sede la que ‘forzó’ a los obispos a alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Especialmente relevante fue el trabajo del secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, con quien Bolaños se reunió en varias ocasiones. “Agradezco al Vaticano su impulso imprescindible”, destacó el ministro, quien reveló haberse reunido tanto con Francisco como con Parolin, quien “ha impulsado la existencia de este acuerdo”. “Quiero agradecer a los dos papas y al cardenal Parolin su esfuerzo y trabajo (…). En los momentos de dificultad máxima, el Vaticano ha tomado partido”, añadió el ministro.

Tras una “negociación compleja”, tal y como admitió Bolaños, “hemos conseguido una reparación justa” que pone fin a “décadas de silencio, ocultamiento y de un daño moral imposible de compensar” para las víctimas.

Bolaños agradeció el papel de los medios, y también el del Defensor del Pueblo, quien será garante de este acuerdo. “Después de décadas de dolor e inacción, cuando las víctimas se han encontrado con un muro de incomprensión y encubrimiento, hoy rompemos ese muro, con el acuerdo firmado entre el Gobierno, la Confer y la CEE, que cumple escrupulosamente todos los requisitos del Defensor del Pueblo”, declaró el ministro.

Un sistema mixto Iglesia-Estado, con plena participación de las víctimas y de las asociaciones de supervivientes, apuntó Bolaños, quien aclaró que el Estado será quien defina las indemnizaciones, pero la Iglesia quien indemnice. Unas indemnizaciones que, por cierto, estarán exentas de impuestos. “Es un paso indiscutible, que hace justicia. Hoy saldamos una deuda y hacemos justicia con las víctimas. Hoy somos una democracia mejor”, finalizó Bolaños.

Posteriormente, comparecieron en la misma sala el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el de Confer, Jesús Díaz Sariego, quienes explicaron el camino emprendido por la Iglesia española en su lucha contra la pederastia. Argüello explicó que las indemnizaciones aprobadas desde el plan PRIVA casi llegan a los dos millones de euros, a las que habría que sumar las reparaciones aportadas por las congregaciones con anterioridad.

Argüello recordó que “ha habido personas que han sufrido abusos en otros ámbitos” más allá de la Iglesia. “Por eso, el acuerdo recoge explícitamente que en el desarrollo de la ley de la Infancia y Adolescencia se genere una propuesta análoga” de reparación a la acordada con la Iglesia. A su vez, el presidente de la CEE hizo suya la aportación para que las indemnizaciones estén exentas de impuestos, y recalcó el “apoyo explícito” de la Santa Sede a la labor llevada a cabo por la CEE. “La Santa Sede nos ha animado a llegar a un acuerdo, como en tantos otros”, admitió, aunque apuntó que le parecía “llamativo” que los “puntos de interés” en su relación con la Iglesia católica hayan estado focalizados “en este asunto y en otro”, en referencia a Cuelgamuros. “¿El motivo de esta fijación? No lo sé, pero puedo imaginármelo”, dejó caer.

“Dentro del dolor del reconocimiento de estos casos de abusos ocurridos en nuestro seno, vemos que los pasos dados en orden a la prevención, el acompañamiento y la colaboración con las autoridades civiles, y ahora con este nuevo paso, podamos seguir avanzando. Este acuerdo abre una nueva vía”.

“Que resplandezca la verdad y la justicia para todas las víctimas”, finalizó Argüello su intervención. El presidente de Confer, por su parte, animó a las instituciones a cumplir los acuerdos en el caso de víctimas más allá de la Iglesia católica.

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Acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de la pederastia clerical. Tal y como puede avanzar elDiario.es, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal (Luis Argüello) y CONFER (Jesús Díaz Sariego) han consensuado la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado, con la participación de las víctimas y el arbitraje del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En la práctica, supone que la Iglesia deja de tener el control total sobre las indemnizaciones a quienes no podían acudir a la vía judicial. El pacto será sellado esta mañana con la firma de las partes.

Se cumple así con la principal reivindicación de las asociaciones de víctimas de la Iglesia, que este viernes serán recibidas por Bolaños en la sede del ministerio para ser informadas de los detalles del acuerdo, que, sostienen las fuentes consultadas, facilitará que las reparaciones vayan a buen ritmo.

Fuentes de la negociación han mostrado su satisfacción tras la firma del acuerdo, que supone el cuarto al que el Ministerio liderado por Bolaños llega con los obispos, después de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el pacto para las inmatriculaciones y el acuerdo de modificación del Concordato para que las instituciones religiosas pagaran el ICIO (impuesto de contribuciones especiales y sobre construcciones). Un acuerdo para el que Bolaños ha contado con el respaldo del secretario de Estado, Pietro Parolin, y que podría allanar el camino para el viaje de León XIV, el próximo mes de junio, a España.

Claves del acuerdo

El acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, ofrece varios ámbitos de seguridad para los supervivientes. El primero, que las víctimas no tendrán que volver a pasar, si no lo desean, por el filtro de la comisión episcopal y su polémico plan PRIVA, que en más de un año de funcionamiento apenas ha reparado a medio centenar de supervivientes de la pederastia, con indemnizaciones que han ido de los 3.000 a los 100.000 euros, unos formularios revictimizantes y sin la participación de las víctimas ni de sus representantes en el proceso. En principio, se establece el plazo de un año (prorrogable) para que los casos prescritos puedan presentarse ante las instituciones. También podrán reclamar una revisión de las cantidades abonadas aquellas víctimas que, acogiéndose al plan PRIVA, no hayan quedado satisfechas con la resolución final.

En segundo lugar, la rúbrica, por parte de obispos y religiosos de que, en caso de discrepancia, la decisión final recaerá en el Estado, a través de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, encargado de tomar una decisión definitiva. En tercer lugar, que tanto CEE como CONFER se comprometen a abonar las cantidades acordadas en el caso de que la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo hicieran.

El nuevo sistema, acordado después de más de un año de duras negociaciones (y filtraciones interesadas) entre Gobierno e Iglesia, y cumple con las recomendaciones incluidas en el informe llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación integral de las víctimas. El acuerdo, tal y como reclamaba la institución dirigida por Ángel Gabilondo, se refiere a las víctimas cuyos procesos han prescrito y, por tanto, no pueden acudir a la vía judicial.

¿Cómo se implementará el nuevo mecanismo de reparación? A diferencia de lo ocurrido hasta la fecha, en la que la víctima debía pasar, obligatoriamente, por el filtro de la Iglesia, a partir de ahora el procedimiento arrancará ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Será este organismo público el que realizará una propuesta de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica), en función de lo solicitado por la víctima, que desde el principio podrá plantear sus necesidades.

Una vez elaborada la propuesta, se enviará al plan PRIVA, dependiente de la Iglesia, que hará su propia evaluación. Si hay conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo. Si la víctima o la Iglesia muestran su disconformidad con la misma, se convocará una Comisión Mixta, con la participación de las asociaciones de víctimas (otro gran logro del acuerdo), que deliberará hasta alcanzar un acuerdo unánime. Si persiste el desacuerdo, será el Defensor del Pueblo, a través de la Unidad de Víctimas, adoptar una resolución definitiva, a la que la Iglesia habrá de dar cumplimiento en plazo.

Del “pocos casos, o ninguno” a la aceptación de la realidad

Por parte de la Iglesia, la firma del pacto supone el reconocimiento del fracaso de su gestión respecto al drama de la pederastia. Y es que los obispos han pasado, en los últimos años, de negar la existencia del problema (“hay pocos o ningún caso”, llegó a decir el hoy presidente Argüello) a encargar una auditoría –nunca publicada, pese a haber costado 1,2 millones de euros– a Cremades, mientras impedían sistemáticamente la participación de las víctimas, o que el Estado pudiera intervenir en las indemnizaciones de supervivientes de abusos en la Iglesia. Finalmente, aprobaron por unanimidad el plan PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para indemnizar a los supervivientes de la pederastia cuyos casos hubieran prescrito.

Un plan que se puso en marcha sin contar con las víctimas, que no estaban representadas en el mismo ni forman parte del proceso de decisiones, y en el que tampoco participaba el Gobierno, porque los obispos entendían que la suya debía ser una vía “unilateral”, sin atender (como pedía la auditoría de Cremades, el Ejecutivo y las víctimas) a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, quien propuso la creación de un órgano administrativo especial, una suerte de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y reparar a las víctimas. En definitiva, la propuesta finalmente acordada.

Desde el principio, la Iglesia se negó a colaborar aportando recursos. A comienzos del pasado año, Félix Bolaños advirtió a la CEE que el Ejecutivo no consentiría que los obispos indemnizaran de manera unilateral a las víctimas de abusos. Sin embargo, pasaron los meses y las víctimas seguían sin respuestas. De hecho, las principales asociaciones de víctimas optaron por dejar de considerar a la Iglesia española un interlocutor válido tras una reunión con la Comisión de Tutela Minorum del Vaticano, que aceptó negociar directamente con ellas. Ahora, por fin, logran una comisión mixta en la que estarán representadas desde el principio, y la garantía de que, en caso de discrepancia, será el Defensor del Pueblo quien tome una decisión que la Iglesia estará obligada a cumplir.

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Un evento ocurrido en Buenos Aires ha logrado meterse en la agenda navideña de León XIV. Hasta el entorno más cercano y a sus oídos llegaron las palabras, algunas con voz quebrada, de mujeres de Argentina, Paraguay, Irlanda, Guatemala, España y Chile que relataron cómo el Opus Dei las engañó cuando eran niñas y adolescentes para convertirlas en “esclavas profesionales y santas” dedicadas a “hacerse alfombra para que los demás pisen más blando”. 

La histórica cumbre sobre los abusos del Opus Dei realizada en la capital argentina el pasado 16 de diciembre tuvo eco en lo más alto de la Iglesia Católica, que se prepara para arrancar 2026 con lo que se considera el verdadero comienzo del papado de León XIV: una vez que culmine el año jubilar de Francisco, en el consistorio extraordinario del 7 y 8 de enero, se conocerán los planes de corto y largo plazo de Robert Prevost. 

Según pudo saber elDiario.es, si bien ya estaba en agenda el tema de los nuevos estatutos del Opus Dei –una reforma histórica iniciada por el papa Francisco a partir de las denuncias en su país–, los testimonios en primera persona de periodistas, especialistas y, sobre todo, de mujeres denunciantes de explotación y abuso espiritual, entre otros delitos, lograron atravesar los muros del Vaticano.

Eso sí, las víctimas recelan de esos cambios en los estatutos porque afirman que lo importante no es lo que digan los documentos de Opus Dei, que ni siquiera se dan a leer a quienes entran, si no que lo fundamental es lo que hace la organización puertas adentro.

Una cumbre histórica con el Opus Dei en la mira 

Buenos Aires fue el epicentro de este primer encuentro internacional sobre las denuncias que ponen al Opus Dei en el punto de mira por una razón: allí avanza la primera causa judicial por trata y explotación contra esta orden a partir de una denuncia colectiva de 43 mujeres. En 2024, tras dos años de investigación secreta fue elevada como acusación formal y en 2025 fue imputado el segundo hombre más importante de “la Obra” en el mundo: el sacerdote argentino Mariano Fazio, que fue la máxima autoridad en la región Río de la Plata entre 2010 y 2014.

Con más de doscientas personas participando en línea y en vivo, durante casi cuatro horas se escucharon voces que relataron el modus operandi de una institución que periodistas y exmiembros describieron como sectaria, opresiva y manipuladora. 

La iniciativa de la organización ECA GLOBAL (Ending Clergy Abuse) surgió tras la reunión de sus referentes con el Papa el pasado 20 de octubre, una audiencia privada –histórica también– ya que nunca antes un jefe máximo de la Iglesia Católica había recibido a una organización que lucha contra el abuso eclesiástico. 

Sergio Salinas Giordano, abogado y director de ECA, fue el encargado de disertar sobre la causa judicial y el abordaje legal en los casos de abusos. “El compromiso de ECA y la actual junta directiva es la tolerancia cero con los abusos. Esta cumbre es parte de este compromiso: hay que terminar con las instituciones opacas si queremos terminar con los abusos en cualquiera de sus formas. Cuando estuvimos con el papa León XIV, él apoyó nuestro trabajo y nos encomendó visibilizar las denuncias existentes. La de las 43 mujeres contra el Opus Dei es la más importante en este momento”, remarcó.

León XIV y el Opus Dei: ¿aprobará los estatutos?

En los últimos dos meses empezó a crecer la versión, especialmente en medios cercanos al Vaticano, de que este papa será el que se anime a reformar definitivamente al Opus Dei, después de casi cuatro décadas de crecer con la autonomía total y privilegiada que le dio Juan Pablo II en 1982 cuando convirtió a la orden en la única Prelatura Personal de la Iglesia Católica e inició el proceso de canonización de su fundador, Jose María Escrivá de Balaguer. 

Lo cierto es que todavía León XIV no ha hecho ninguna declaración sobre las denuncias por abusos espirituales, delitos económicos y trata de mujeres que impulsaron a su predecesor, Francisco, a imponer la reforma. Sin embargo, tal como lo manifestó a los representantes de ECA a finales de octubre, no solo está dispuesto, sino que quiere escuchar a quienes fueron víctima de distintos tipos de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica que ahora le toca dirigir. 

Mientras se espera la decisión del papa, la organización intenta minimizar en público los cambios que podrían llegar para frenar el impacto puertas adentro: “Nada cambia en el espíritu, ni en el contenido de las normas de piedad y costumbres de familia”, escribió el líder de la institución, Fernando Ocáriz, en una misiva pública en octubre y ese es el mensaje que circula entre los fieles, que temen por el futuro de la institución. 

El cambio de estatutos implica modificaciones radicales ya que prevé dividir a la organización en tres partes: una prelatura clerical, que agrupará únicamente a los sacerdotes numerarios incardinados en ella; una Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, para los sacerdotes diocesanos que deseen asociarse espiritualmente con el carisma fundacional; y una asociación pública de fieles, que reunirá a los laicos —numerarios, agregados, supernumerarios y cooperadores—, que son el 98% de la institución. 

“Hay un engaño de origen en cómo entramos y entran las personas al Opus Dei. Ese engaño continúa adentro con los estatutos: jamás te los dan a leer y solo sabés lo que te dicen. Entonces, más allá de estatutos nuevos o viejos, el tema es qué hace el Opus Dei puertas adentro, porque siempre han mantenido una fachada para el Vaticano y adentro muestran una cara contraria”, explica Federico Johansen, exnumerario durante 16 años en Argentina y uno de los oradores de la reciente cumbre.  

En el mismo sentido, otro de los disertantes del evento, el profesor de filosofía y exagregado peruano Edgard Munive definió al Opus Dei como “una estafa espiritual” y relató que cuando en 2022 leyó el 'motu proprio' del papa Francisco 'Ad Charisma Tuendum' comprendió el núcleo de esa estafa: “Me di cuenta de que fuimos manipulados para hacernos vivir como religiosos preconciliares pero a la vez convencidos de que no éramos religiosos. El Opus Dei es una Iglesia dentro de la Iglesia”, concluyó.

El papa León XIV afirmó este martes que respecto al caso del obispo de Cádiz (España), Rafael Zornoza, denunciado por abusos sexuales a un menor “hay que permitir que siga la investigación” en el Vaticano y después según concluya llegarán las consecuencias.

“Por el momento sí (sigue en su cargo), pero cada caso tienen una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación y hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias”, explicó el pontífice estadounidense al responder a los medios a su salida de la residencia de Castel Gandolfo.

León XIV agregó que espera que “las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos” e insistió “en la importancia de respetar los procesos que requieren tiempo” y “seguir los pasos de la Justicia de la Iglesia”.

Este lunes, la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reunió con el papa y el presidente, Luis Argüello, aseguró que León XIV estaba informado del caso y que probablemente se aceptaría la renuncia, aunque no se dieron fechas.

El diario El País informó de que Zornoza está siendo investigado desde hace cuatro meses por el dicasterio de la Doctrina de la Fe por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe (Madrid) en los años 90.

Zorzona presentó su renuncia como obispo hace quince meses, cuando le correspondía al haber llegado a los 75 años, edad de jubilación de los prelados, pero aún no ha sido aceptada por el papa.

Por primera vez en España, El Vaticano investiga a un alto cargo de la jerarquía eclesiástica por una denuncia de agresión sexual. Se trata del actual obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, y el denunciante es un antiguo seminarista cuando Zornoza estaba al frente del instituto para curas de la Iglesia en Getafe, en Madrid, durante los años 90. Esta denuncia ha aflorado detalles sobre el perfil de un sacerdote ultraconservador, alineado con la ultraderecha en temas como la inmigración o la libertad sexual, que después de aquellos años de Getafe, fue nombrado obispo en Cádiz y Ceuta. Un ejemplo de cómo funcionan las cosas en las jerarquías de la Iglesia.

Con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, repasamos la figura de Zornoza con quien coincidió en los años 90 en la diócesis de Getafe y las lógicas que rigen los nombramientos en la Iglesia. Con Pedro Espinosa, colaborador de elDiario.es en Cádiz, analizamos la huella que ha ido dejando el obispo, más centrado en el rendimiento económico de los bienes de la Iglesia en una diócesis con una larga tradición de auxilio a las personas más necesitadas. 

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Rafael Zornoza está de salida. De hecho, el todavía obispo de Cádiz y Ceuta lleva año y medio de prórroga después de que el 31 de julio de 2024 cumpliera 75 años y presentara la preceptiva renuncia ante la Santa Sede. Una renuncia que, en su día, no le fue aceptada, para disgusto de buena parte de los responsables de la Iglesia española, especialmente tras conocerse que el Vaticano ha ordenado una investigación canónica antes de decidir si abre un proceso contra el prelado, tras la denuncia por abusos de una víctima por hechos que tuvieron lugar hace tres décadas, mientras Zornoza ejercía como rector del Seminario de Getafe.

“No es lo mismo que las acusaciones sean contra un obispo emérito que contra un prelado en ejercicio”, apuntan varios prelados a elDiario.es. Expertos canonistas aseguran “no explicarse” cómo no se han tomado medidas cautelares contra Zornoza cuatro meses después de que la denuncia llegara al dicasterio para la Doctrina de la Fe. Algo que parece podría cambiar en las próximas semanas. Tal y como ha podido saber este diario, la sustitución del obispo de Cádiz y Ceuta podría producirse en breve. Incluso, antes de la llegada del nuevo nuncio en España, Piero Pioppo, prevista antes de Navidad. En mentideros eclesiásticos se habla del obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco, como sustituto del prelado denunciado.

Sea como fuere, la sensación de los expertos es que cualquier medida que se tome una vez conocido el escándalo “ya llega tarde”. Y es que, una vez que Roma recibió la denuncia (la víctima no se fio de ninguno de los organismos de denuncia gestionados por las diócesis o la propia Conferencia Episcopal), se activó un procedimiento que debía haber llevado al arzobispo de Sevilla –la diócesis de Cádiz es sufragánea de la de Sevilla– a abrir una investigación. Sin embargo, José Ángel Sáiz Meneses se inhibió, pasando entonces el caso al Tribunal de la Rota. España es el único país que cuenta con un tribunal de este tipo, que depende de la Nunciatura. Este tribunal es el que, a partir de ahora, habrá de tomar declaración a los afectados y decidir si hay base para abrir un proceso canónico contra el prelado, el primer obispo español acusado formalmente de abusos sexuales a menores. También, es la Rota quien debería imponer medidas cautelares una vez hecho público el caso.

Por el momento, en lugar de ello, reina el silencio tanto en el Vaticano como en la diócesis de Cádiz, que se limitó a calificar de “muy graves y falsas” las acusaciones, y a informar que Zornoza suspende “temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo”. Una enfermedad de la que nadie sabía nada hasta el momento en que El País publicó la denuncia de abusos.

¿Y qué dice la Conferencia Episcopal? Oficialmente, silencio y “respeto” a los procedimientos. Este lunes por la tarde, el presidente de la CEE, Luis Argüello, consideraba “verosímil” la denuncia contra Zornoza, aunque pidió respetar la presunción de inocencia del acusado. “El hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación”, recalcó el arzobispo de Valladolid, quien pidió “acercarse al dolor de una posible víctima y al dolor de un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente”. Argüello sí apuntó a la posibilidad de que Roma acepte pronto su renuncia: “Las posibilidades son altas, pero no depende de mí ni de la Conferencia”.

Por su parte, el vicepresidente del episcopado, José Cobo, señalaba este martes su “confianza” en que el Tribunal de la Rota “resuelva con la rapidez que exige la investigación”. Cobo ha asegurado que el hecho de que el Vaticano haya decidido investigar a Zornoza por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe en la década de los 90 es porque “tiene que haber verosimilitud” y se ha mostrado convencido de que la investigación será “muy exhaustiva y muy eficaz”.

¿A qué delitos podría enfrentarse Zornoza? Además de los presuntos abusos sexuales, la denuncia también habla de un mal uso del sacramento de la confesión, así como un claro ejemplo del ‘abuso espiritual’ que, como adelantó elDiario.es, el Papa quiere sancionar como delito en el Código de Derecho Canónico. Penas que podrían llevarle a perder la condición sacerdotal e, incluso, en los casos más extremos, la excomunión.

Un nuevo sistema de reparación a las víctimas

En mitad de este nuevo escándalo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se comprometió este martes con las asociaciones de víctimas de la pederastia clerical a crear un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia, durante un encuentro que mantuvo con 22 representantes de asociaciones de víctimas de abusos.

El encuentro, calificado por ambas partes como “productivo y de confianza”, se produce después de que Gobierno e Iglesia hayan comenzado un proceso de negociación de cara a encontrar respuestas para un sistema de reparación integral. Durante la reunión, se explicó a las víctimas una propuesta que cumple con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que tendrá un papel determinante en el procedimiento, que tenga la última palabra. Esto es: un sistema mixto Iglesia-Estado en el que sea la Iglesia quien abone las reparaciones, en el que participen las víctimas, con voz y voto, y donde el Estado sea garante del cumplimiento.

A lo largo de la reunión, el ministro Bolaños reiteró el compromiso del Gobierno con los supervivientes de la pederastia para “seguir dialogando con la Iglesia católica” para “alcanzar acuerdos que cumplan sus demandas históricas”, así como el de informarles de todos los avances que se produzcan. Por su parte, las víctimas (un total de 22) reclamaron al ministro la urgencia de una respuesta formal y definitiva para los supervivientes. “El Gobierno sigue estando comprometido. El plan Priva sigue siendo un fracaso”, declararon algunas de ellas. “Las víctimas no podemos aguantar más”, subrayaron.

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Rafael Zornoza ya no debería ser obispo de Cádiz y Ceuta. El 31 de julio de 2024 cumplió 75 años. Entonces, como es costumbre, presentó su renuncia al cargo ante el Papa al haber superado esa edad. El de Córdoba hizo lo propio seis meses después y se le encontró relevo en apenas mes y medio. Pero el de Cádiz seguía en el cargo sin visos de una sustitución inminente. Este domingo ofició misa en la Catedral e iba a presidir en la tarde del lunes un acto en el colegio Salesianas. Hasta que se ha amanecido con su foto en una portada nacional. La difusión de una denuncia sobre un supuesto caso de pederastia en los años noventa le ha llevado a suspender inmediatamente su agenda. Desde que fuera nombrado en 2011 a Zornoza le han salpicado numerosas polémicas, aunque ninguna tan grave como esta.

Quien pudiera esperar de Zornoza un obispo cercano, popular y entrañable como su antecesor Antonio Ceballos, que, además, sacó adelante numerosos proyectos sociales, se encontró de pronto con un liderazgo bien distinto. Venía de haber dirigido el seminario de Getafe, donde se produjeron los supuestos abusos, y de ser obispo de Mentesa apenas un año. Su mandato en Cádiz y Ceuta ha estado marcado por la gestión administrativa, decisiones rígidas y un enfoque en la disciplina del clero y la administración de bienes eclesiásticos. Algunas polémicas mediáticas, como despidos y desahucios, le han situado como un gestor algo distante, y objetivo crítico de muchas coplas de carnaval, fiesta donde la Iglesia suele ser diana de muchas letras.

“Reverendísimo avaro, señor obispo de Cádiz, con toda mi rabia en la boca. Hoy quiero esta copla cantársela a usted, monseñor de la codicia, del lucro sin fe, y de los pisos vacíos”, le cantó la comparsa Los Renacidos, de Miguel Ángel García Argüez, en 2022, para reprocharle a Zornoza el afán inmobiliario de un obispado que tenía varias propiedades en venta en la ciudad, lo que afectaba a algunos de sus inquilinos.

El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado entonces por José María González ‘Kichi’, tuvo con el obispo, según fuentes muy cercanas al exalcalde, una relación “formalmente compleja, y políticamente distante”. Kichi y él llegaron a coincidir en una comida convocada por Zornoza en el antiguo seminario. En sus ocho años de mandato, el gobierno municipal pidió sin éxito que las casas vacías que el Obispado tenía en la ciudad fueran puestas a disposición de la gente y que sus decisiones no expulsaran ni de sus locales ni sus trabajos a vecinos de Cádiz. Le recuerdan como alguien “hermético” en las aspiraciones municipales de la alianza de izquierdas en la capital gaditana.

A Zornoza le llovían los reproches sociales en otras localidades. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2021, cuando el matrimonio formado por José Luis García y Marisol Torres, ambos octogenarios, fue desahuciado del convento de San Fernando donde habían vivido más de cincuenta años. La pareja había cuidado el inmueble como parte de la comunidad, acogiendo generaciones de feligreses y dedicando su vida al convento. La denuncia alertaba de una “falta de sensibilidad” del obispo con dos feligreses muy queridos. 

En paralelo, la diócesis vivió tensiones internas con miembros del clero. Sacerdotes como Rafael Vez denunciaron públicamente lo que consideraban una gestión autoritaria de Zornoza, que incluía despidos arbitrarios y la imposición de medidas disciplinarias sin diálogo. Vez fue apartado temporalmente de sus funciones tras levantar estas críticas.

Otro episodio polémico se desarrolló en Ceuta, donde el obispado de Zornoza se negó a ceder un antiguo asilo para acoger menores marroquíes en situación de vulnerabilidad. El edificio llevaba años desocupado y la propuesta del Gobierno local habría permitido ofrecer un espacio seguro a niños en riesgo. La negativa del obispo generó un choque con las autoridades y críticas por la contradicción entre los discursos de caridad y la gestión de la diócesis. Este caso también volvió a situarlo en la percepción de un obispo más preocupado por el control de sus bienes que por atender necesidades urgentes de la comunidad.

Las operaciones inmobiliarias del obispado se convirtieron en otro foco de conflicto. La intención de vender edificios municipales cedidos en usufructo provocó denuncias de ayuntamientos como el de San Roque y avivó la percepción de que la gestión de Zornoza priorizaba intereses estratégicos y financieros sobre el cuidado pastoral. La acumulación de estos conflictos alimentó la narrativa de un obispo distante, centrado en la administración y menos en la cercanía con los fieles, lo que contrastaba con la tradición de una diócesis que había valorado históricamente el acompañamiento pastoral directo.

Entre las críticas, grupos cristianos llegaron a enviar cartas al nuncio del Papa en España solicitando que reconsiderara su apoyo al obispo, alegando que su gestión generaba descontento y erosionaba la confianza en la institución. Estas acciones reflejaban no solo la tensión interna, sino también el grado de insatisfacción de sectores de la comunidad católica con la forma de ejercer la autoridad episcopal.

Hasta este momento, todas las polémicas tenían un carácter administrativo, pastoral o social. Pero la denuncia que ha salido a la luz esta semana añade una dimensión completamente distinta. El Vaticano ha abierto una investigación canónica contra Zornoza por presuntos abusos sexuales a un menor cometidos en los años noventa, cuando ejercía como rector del Seminario Mayor de Getafe. Según la denuncia avanzada en El País, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años y se prolongaron hasta los 21, incluyendo tocamientos, besos y manipulación emocional. El caso está siendo instruido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y representa la primera vez en España que un obispo en ejercicio es objeto de una investigación por abusos sexuales

El obispado ha emitido un comunicado negando las acusaciones y defendiendo la inocencia de Zornoza. Al mismo tiempo, el obispo ha suspendido temporalmente su agenda debido a un tratamiento contra un cáncer agresivo, lo que añade un matiz complejo al desarrollo del proceso canónico. Zornoza ha esperado a dejar aparcada su agenda hasta ver su nombre y su foto en la portada de un periódico nacional, a pesar de conocer desde hace tiempo que existía una investigación contra él. Ayer ofició la misa de la Catedral y hoy iba a presidir por la tarde un acto en el colegio Salesianas, al que, finalmente, no acudirá. A Zornoza también se le ha criticado la falta de acción en las denuncias por pederastia que han afectado estos últimos años a su diócesis. Ninguna fue elevada a instancias superiores desde el Obispado de Cádiz.