Con muchos años de retraso, España recorre ya los últimos pasos para tejer su propia red de protección a los informantes de corrupción o irregularidades. El Gobierno ultima la creación del organismo regulador independiente que velará para que estas personas no sufran represalias de aquellos a los que señalan, así como que las empresas e instituciones públicas tengan buzones de denuncia anónimos, seguros y efectivos.

El estatuto que regula las funciones y creación de este organismo, denominado Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante, se aprobará a través de un Real Decreto que se está tramitando por la vía administrativa urgente. El texto propuesto por el Ministerio de Presidencia se encuentra en este momento en audiencia de información pública para que los ciudadanos u organizaciones interesadas expresen sugerencias u objeciones. Una fase que concluye el próximo martes, fecha a partir de la cual en Gobierno tendrá vía libre para ratificarlo en el Consejo de Ministros.

La creación de la Autoridad Independiente se considera clave en el desarrollo de la ley para proteger a los informantes. Técnicamente, desde diciembre de 2023 todas las empresas de más de 50 empleados, las instituciones públicas con más de 100 trabajadores, las ONG con 20 más miembros y todas las entidades sin fines de lucro que gestionen fondos públicos deben tener activos canales de denuncia interna que permitan a sus trabajadores informar de irregularidades o fraudes de los que sean testigos.

Sin embargo, en ausencia del regulador encargado de vigilar que esto sea así, la ley queda en papel mojado. “Gran parte de las empresas más pequeñas realmente no se han enterado de nada de esto”, explica Diana Gurau, responsable de cumplimiento normativo del Grupo Logalty. “Incluso entre los propios abogados y asesores hay mucha desinformación y desconocimiento de que esa parte de la ley ya está en vigor”, avisa.

“Luego también hay muchas personas que sí son conscientes pero que ante la falta de un organismo sancionador aún no lo han puesto en marcha. El hecho de que no exista la Autoridad Independiente hace que quede más en la parte de prevención, que suele ser el aspecto en el que más les cuesta invertir a las empresas”, continúa Gurau.

“Se lo empezarán a tomar más en serio cuando llegue la primera multa”, opina la especialista, recordando que este regulador podrá sancionar con carácter retroactivo si detecta que se ha perseguido a alertadores desde que las diferentes salvaguardas de la ley entraron en vigor a lo largo de 2023.

La posibilidad de presentar denuncias anónimas

Además de comprobar que las organizaciones obligadas a ello cuentan con un buzón de denuncia que asegure el anonimato al informante que así lo desee, la Autoridad Independiente también podrá recibir sus alertas e investigarlas. Tendrá potestad sancionadora, podrá hacer recomendaciones para corregir las irregularidades denunciadas o remitir el caso a otras autoridades competentes, como el Ministerio Fiscal, si detecta posibles delitos.

Las organizaciones de la sociedad civil la consideran fundamental. “Para luchar contra la corrupción hace falta una autoridad independiente. Es verdad que a veces los jueces protestan y dicen que para eso están ellos. Y lo están, por supuesto. Pero una autoridad independiente es clave para que se puedan presentar denuncias anónimas, que es la forma más efectiva de protegerse”, dice en conversación con este medio Safira Cantos, directora de la Fundación Hay Derecho.

“Esa autoridad puede investigar la denuncia y analizar si lo lleva a los juzgados. Es un paso previo. La ley ampara que se puedan presentar denuncias anónimas y para asegurar ese derecho tiene que haber un organismo que realmente sea independiente y que pueda tomar medidas de protección del informante cuando haga falta”, asevera.

Años de retraso y quejas de alertadores y sociedad civil

El problema es que tanto la Autoridad Independiente como la ley de protección a los informantes acumula años de retrasos. Todos los partidos a excepción del PP la incluyeron en sus programas electorales desde 2015 como medida para combatir que entonces afloraba casos por toda España, pero la convulsa actualidad política y las repeticiones electorales impidieron los pactos para sacarla adelante.

La UE terminó adelantándose. En 2019 su propia directiva al respecto, dando dos años a los países miembros para trasponerla a su legislación. España tardó el doble plazo establecido, lo que hizo que Bruselas llegara a abrir una investigación sancionadora al respecto.

La ley española salió a la luz finalmente en febrero de 2023. La norma daba un año al Gobierno para aprobar el estatuto de la Autoridad Independiente, que debe entroncar la puesta en marcha de las protecciones a los alertadores. Pero llegó la convocatoria de elecciones en julio y con ella volvieron los retrasos. El plazo concluyó en marzo, por lo que la norma sigue acumulando retrasos y los informantes, sin poder recurrir al escudo que esta ofrece.

“Es una desvergüenza institucional porque el Real Decreto fue declarado de tramitación urgente en marzo de 2023 y ha salido en mayo de 2024”, denuncia Safira Cantos. “Esto no es baladí porque se han saltado el trámite de consulta pública con la justificación de que es una medida de urgencia, porque llegas tarde para la implicación de una directiva, pero luego tardas más de un año más después de esa declaración en presentar el proyecto”, prosigue.

La Fundación Hay Derecho presentará alegaciones a la propuesta de estatuto preparada por el Ministerio de Presidencia, adelanta su directora. Entre los puntos que piden mejorar está la descripción del perfil de la persona que presida la Autoridad Independiente, para la que piden que pueda acreditar una “trayectoria solvente en la lucha contra la corrupción”.

También solicitan mayor representación de las asociaciones de denunciantes en la comisión consultiva de la Autoridad Independiente, donde la ley les reserva un asiento. “Evidentemente quienes denuncian corrupción no son quienes tienen que tomar las decisiones, pero esa experiencia se tiene que tener en cuenta, porque esa es la Autoridad de Protección al Informante y ellos son los que han pasado por auténticos calvarios por denunciar”, recuerda Cantos.

Por último, piden que se tenga en cuenta la experiencia de las oficinas anticorrupción que algunas comunidades autónomas pusieron en marcha ante el retraso de la ley nacional. Cita como ejemplo “la Agencia Valenciana Antifraude está haciendo un trabajo fabuloso”.

El grupo hacktivista Xnet, que ha colaborado con el establecimiento de buzones de denuncia anónimos tanto en la agencia valenciana como en la que puso en marcha la Generalitat de Catalunya, recuerda la necesidad de que la propia autoridad no se convierta en un ente inaccesible. “Según nuestra experiencia sobre el terreno con las Autoridades ya existentes, es importante que la Autoridad Independiente sea realmente independiente, pero es importante también que no acumule demasiado poder y que haya mecanismo claros parlamentarios para revocar su mandato en caso de incumplimientos evidentes como faltar en la protección de las personas alertadoras, alargar los tiempos de forma insostenible, connivencia y uso espurio de la información, etc.”, dice Simona Levi, perteneciente a este colectivo.

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha aprobado en junio, como publicó este periódico, un decreto para establecer un canal para recibir denuncias de posibles casos de corrupción o irregularidades en la Administración autonómica y para proteger a los denunciantes. Lo hace después de un lustro rechazando propuestas de la oposición en el mismo sentido -particularmente de EH Bildu pero también de la exparlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga- y por imperativo de las normativas comunitarias y estatales. El Ejecutivo insiste en que desarrollará este marco con una futura Ley de Transparencia, pero ese texto ni siquiera ha sido remitido al Parlamento y es altamente improbable que quede margen en los meses que restan de legislatura para que reciba luz verde en la Cámara a pesar de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, los socios de Gobierno.

Según el comunicado oficial de este martes, se trata de un decreto que “crea y regula el canal interno de información de infracciones normativas y de protección de las personas informantes” y “supone un fortalecimiento de una cultura de fomento de la colaboración ciudadana en la preservación del interés público”. El consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha indicado que el Ejecutivo “esperaba desde 2019” esta normativa y que, en cuanto se han conocido las bases europeas y españolas, se ha desarrollado en Euskadi “con carácter urgente”.

Sin embargo, en febrero, con la última propuesta de Oficina Anticorrupción de EH Bildu, esta iniciativa ni se mencionaba en el informe contrario emitido por el Gobierno antes de la tramitación parlamentaria del texto de la principal fuerza de la oposición. “Se trata de una iniciativa prácticamente idéntica presentada por el mismo grupo parlamentario el 15 de septiembre de 2020 y que también entonces fue rechazada. Las razones manifestadas entonces para su rechazo son prácticamante similares a las de ahora. En resumidas cuentas, porque en el momento actual ya existe y está en vigor en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi un dispositivo jurídico e institucional vigente y activo para promover la integridad, impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas”, sostenía el área de Gobernanza Pública y Autogobierno de la consejera Olatz Garamendi, la que se encarga de estos asuntos.

Enumeraba que era innecesario un mecanismo más habiendo Oficina de Control Económico (OCE), interventores municipales, Tribunal de Cuentas (autonómico y estatal), Ararteko y Defensor del Pueblo, Agencia Vasca de Protección de Datos, Comisión de Ética, servicio de registro de personal -el que revisa los conflictos de intereses-, una comisión para resolver peticiones en aplicación de la normativa estatal de transparencia, jueces y fiscales. No mencionó tampoco a la Ertzaintza. “Ese modelo se fundamenta en la creación de nuevas estructuras organizativas y de coste público importante que en la regulación de una acción pública comprometida con los principios y valores de la transparencia y el buen gobierno”, se le dijo también a EH Bildu.

Ahora, en cambio, la lectura que se hace es que “constituye una oportunidad para profundizar en la búsqueda de la integridad de las instituciones, de las empresas y de las personas que conforman el entramado social y económico de la comunidad autónoma de Euskadi”. En principio, el nuevo buzón se limitará al personal público y únicamente de la Administración autonómica y asimilados, no de diputaciones o ayuntamientos. El Gobierno insiste en que el “canal externo” llegará con la Ley de Transparencia. Zupiria ha indicado primero que la ley ya estaba presentada y luego, a preguntas de los periodistas, ha matizado que el Ejecutivo la está ultimando y que será aprobada como proyecto en 2023. Con toda probabilidad, no tendrá margen para completar esta legislatura el trámite parlamentario y decaerá.

Indica el Gobierno que las denuncias que lleguen serán tratadas con “estricta confidencialidad”. Al frente de la nueva oficina se situará un alto cargo “independiente” que será propuesto por Garamendi. “No podrá recibir instrucciones de ningún tipo”, sostiene el Ejecutivo, que ha optado por dar una duración de seis años a este nombramiento de modo que no coincidirá con las legislaturas naturales, como ocurre con los vocales de la Autoridad Vasca de la Competencia o del Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Tendrá rango de director y un salario aproximado de 75.000 euros anuales. Si de las pistas recibidas se vieran indicios de delito, se trasladarán los hechos a la Fiscalía.

Se abre una nueva etapa para la denuncia de la corrupción y las irregularidades en España. Al menos, eso es lo que pretende la ley de protección de los informantes, cuyo elemento central echa a andar este martes: fecha en la que las empresas de más de 250 empleados, las instituciones públicas de municipios de más de 10.000 habitantes, partidos políticos, ONG, sindicatos, asociaciones profesionales deberán haber implementado ya un canal de denuncias interno que permita a cualquier persona relacionada con ella alertar de forma anónima de irregularidades de las que haya sido testigo.

Ese buzón deberá ser seguro y permitir el completo anonimato de la persona que realice el aviso en caso de que lo desee. Su fin es impedir que el informante sufra represalias de aquellos a los que denuncia. Se trata de una medida considerada clave por las organizaciones de transparencia y lucha contra la corrupción de todo el mundo, así como por la OCDE y Bruselas. La ley española introduce un gran número de cambios en la regulación y algunos especialistas consultados por este medio apuntan que “puede suponer un cambio similar a las de las leyes de protección de datos”.

Otros juristas avisan en cambio que la norma nace viciada y recorta las protecciones de la directiva de la UE sobre la misma materia, por lo que adelantan que España será recriminada y forzada a mejorar algunos puntos por las autoridades comunitarias.

Las incógnitas sobre su futuro no terminan ahí, puesto que otra de las claves de la ley, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que tiene potestad sancionadora para asegurar el blindaje de estas personas y para multar a las empresas que no cuenten con los protocolos de denuncia adecuados, aún no ha sido creada. Debe hacerlo el Ejecutivo mediante Real Decreto, pero el Gobierno de coalición no ha dado señales de que vaya a hacerlo antes de las elecciones, mientras que el PP votó en contra de la ley en el Congreso, por lo que su llegada a Moncloa podría convertirse en el enésimo obstáculo de una ley que ha tardado siete años en pasar de los programas electorales al BOE.

Los canales de denuncia

Los habrá de dos tipos: internos y externos. Los internos los deberán establecer todas las empresas de más de 50 trabajadores. Las de más de 250 empleados deberán tenerlos disponibles desde este martes, mientras que las de rango inferior tienen hasta el 1 de diciembre de este año. Los grupos empresariales podrán tener un buzón por grupo.

También deberán contar con un canal interno “los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos”, contemplan la ley, así como “todas las entidades que integran el sector público”. Es decir, todas las administraciones locales y nacionales, los organismos que dependan de ellas o las universidades. En este caso los municipios de menos de 10.000 habitantes también tendrán hasta el 1 de diciembre para habilitar el canal.

El canal externo lo habilitará la Autoridad Independiente de Protección del Informante. También será posible utilizar los de los organismos homólogos de las autonomías que los han creado, como la valenciana o la andaluza.

Cómo funciona el buzón

Esos canales de denuncia deberán estar diseñados de forma “que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación”. Tendrán que estar manejados por personas formadas para tramitarlas de forma confidencial y contar con una política de gestión específica pactada con los representantes de los trabajadores.

Será posible presentar las denuncias de manera verbal ante el responsable del sistema, quienes deberán dirigir las alertas a los responsables de la empresa o institución. La organización tendrá tres meses como máximo para “dar respuesta a las actuaciones de investigación” sobre los hechos.

Quién puede denunciar

¿Quién podrá realizar esas denuncias anónimas? “En realidad sería más sencillo decir a quién no aplica, pues entran dentro de ella los empleados públicos, los trabajadores por cuenta ajena, pero también a los autónomos, a los accionistas, a los socios partícipes de las sociedades. Las personas que trabajen bajo la dirección de contratistas, subcontratistas, proveedores en general...”, explicaba Leticia de la Hoz, directora del Departamento Jurídico de IDBO Consultants, en un reciente seminario sobre la ley.

La norma incluye también a becarios, trabajadores en prácticas y voluntarios, que podrán alertar de irregularidades sin importar si perciben o no una remuneración. Quedan dentro de las categorías que se acogen a protección incluso aquellas personas “cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual”, reza la ley.

¿Quiénes no pueden acogerse? Aquellos que no tengan una relación con la empresa. Es una de las grandes fallas de la ley, según sus críticos: deja completamente fuera de las protecciones a activistas o personas que se hagan con la información sobre las irregularidades por accidente. También a hackers que se hagan con la información entrando en los sistemas informáticos de la empresa o informantes que prefieran filtrar los datos a organizaciones intermediarias. Es decir: el modelo Wikileaks.

Qué se puede denunciar

La ley pretende ser un pilar en la lucha contra la corrupción e infracciones de los derechos laborales, contra las acciones que “impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social así como contra el ”nepotismo, clientelismo, derroche de fondos públicos, financiación irregular u otras prácticas corruptas“. Todas las denuncias que versen sobre estos asuntos podrán utilizar el buzón y acogerse a sus protecciones.

Qué no se puede denunciar

Un punto que enlaza con el anterior por un importante agujero: la ley española no protegerá a los denunciantes del delito de revelación de secretos u otras irregularidades. Si el informante no puede justificar que se ha hecho con esa información de forma legal, estará expuesto a ser denunciado por los corruptos y a tener que pagar su defensa jurídica de su bolsillo.

La ley también deja fuera las denuncias que se vinculen a “conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación”. El problema de este punto, pensado para evitar que los canales de denuncia se conviertan en una herramienta para venganzas o rencillas, no tienen en cuenta “que este tipo de conflictos pueden proceder, precisamente, de la tensión que genera un caso de corrupción que se quiere denunciar”, avisó la Fundación Hay Derecho en febrero, cuando se rubricó definitivamente la ley.

También existe una barrera temporal, puesto que los hechos denunciados deberán tener una antigüedad máxima de dos años. Es otra de las limitaciones que no está presente en la directiva europea pero que España ha incorporado. “Si la UE en su directiva no establece ningún límite temporal para proteger a los denunciantes ¿por qué la ley en España sí? Hay que pensar que los denunciantes pueden llegar a sufrir represalias incluso décadas después de la denuncia”, se pregunta Safira Cantos, directora de Hay Derecho.

Cuáles son las protecciones

Las personas que cumplan los anteriores preceptos podrán acceder a protecciones como asistencia jurídica gratuita en todos los procesos derivados de sus denuncias, asesoramiento independiente y apoyo financiero y psicológico. La ley prohíbe a su vez que sufran las siguientes represalias:

El organismo encargado de velar por estas salvaguardas será la Autoridad Independiente, que aún no se ha creado. “No cabe duda que el hecho de que no contemos todavía con una Autoridad Independiente es algo que va a hacer que se retrase la puesta en marcha efectiva de la ley”, lamenta en conversación con este medio María Dolores Pescador, presidenta ejecutiva de Grupo Logalty.

Escasa implantación

Pescador expone que la ausencia del organismo que debe hacer cumplir la ley (también se encargará de sancionar a las empresas que no cuenten con canales de denuncia como los que establece la ley) está haciendo que las empresas no sientan la urgencia de cumplir con la ley desde el primer momento. “Lo que estamos viendo es que las empresas tienen interés en informarse pero luego no dan el paso. Es como si estuvieran esperando a ver si realmente empieza a haber multas y esto va en serio”, revela.

La jurista expone que las empresas que ya contaban con canales similares por sus regulaciones sectoriales, como las financieras, no han tardado mucho en readaptar sus sistemas a lo que pide la nueva ley. “Sin embargo las que aún no tenían nada lo tienen más difícil”, avisa.

elDiario.es ha contactado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y con Comisiones Obreras, mayoritaria en las administraciones públicas, para consultar el nivel de implantación de la ley de protección al informante en el sector público. Ambas han confesado que aún no están llevando a cabo una acción sindical sobre esta cuestión, a pesar de que los buzones deben activarse este martes.

Ha sido una batalla judicial que ha durado años, pero finalmente la ha ganado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado la razón a Raphaël Halet, uno de los filtradores del conocido como LuxLeaks, una serie de publicaciones que en 2014 revelaron los acuerdos fiscales privilegiados de los que gozaban grandes empresas en Luxemburgo. La justicia luxemburguesa condenó inicialmente a los dos implicados, que habían accedido a la documentación gracias a su puesto como consultores en PwC, aunque retiró los cargos en el caso de Antoine Deltour, que había entregado más de 300 casos, al considerar que era un whistleblower y que, por tanto, tenía una mayor protección.

Eso no sucedió en el caso de Halet, que fue condenado al pago de 1.000 euros por el proceso judicial y un euro simbólico por los prejuicios causados a la consultora. El extrabajador, que proporcionó al periodista aproximadamente una decena de casos, recurrió esa sentencia a Estrasburgo, que en primera instancia dio la razón a Luxemburgo. Sin embargo, la Gran Sala ha corregido esa decisión al entender que se produjo una “injerencia desproporcionada en su derecho a la libertad de expresión”. En total, el LuxLeaks supuso la revelación de unos 45.000 páginas de documentos confidenciales sobre 538 dosieres fiscales.

El TEDH considera básicamente que primaba el interés general relativo a los acuerdos fiscales por encima del perjuicio que podía causar a los interesados, entre ellos PwC. “En vista de las constataciones respecto a la importancia, tanto a nivel nacional como europeo, en el debate público de as prácticas fiscales de las multinacionales sobre las que el recurrente ha aportado una contribución esencial, el Tribunal estima que el interés público relacionado con la divulgación de las informaciones está por encima de los efectos dañinos que provocó”, dice el Tribunal.

“Después de haber analizado los diferentes intereses en juego (interés público que presenta la información divulgada y los efectos dañinos de su divulgación) y tenida en cuenta la naturaleza, la gravedad y el efecto disuasivo de la condena penal, el Tribunal concluye que la injerencia en su derecho a la libertad de expresión, en particular su derecho a comunicar información, no era necesaria en una sociedad democrática”, expresa la sentencia.

Los jueces concluyen que el fallo de la justicia luxemburguesa supuso una vulneración del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos e impone una sanción a Luxemburgo, que tendrá que pagar a Halet 15.000 euros por daños morales y 40.000 por las costas del proceso.

Tras ocho años intentándolo, España está a un paso de aprobar definitivamente una ley para proteger de represalias a las personas que denuncien o informen sobre casos de corrupción. El Senado ha dado su visto bueno al texto que debe hacer que España deje de ser el único país de la OCDE que no contempla protecciones especiales para estas personas. La cámara alta lo ha sacado adelante con los votos de los senadores del bloque de la investidura y la negativa de PP, Vox y Navarra Suma.

La nueva ley dispone la creación de una autoridad central encargada de analizar las alertas de irregularidades y dar apoyo a sus denunciantes, tanto jurídico como psicológico. También establece cuantiosas multas para aquellos que los acosen o coaccionen, ordena el establecimiento de buzones internos de denuncia en las administraciones, partidos políticos y empresas públicas y privadas, permitiendo además que se hagan denuncias anónimas, una posibilidad hasta ahora no contemplada en el ordenamiento jurídico español.

España estaba obligada a aprobar una norma de este tipo para trasponer la directiva europea de protección a denunciantes de 2019. Sin embargo el texto ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil y personas que han denunciado en el pasado casos de corrupción por ser “disfuncional”, no respetar los principios de la directiva y dejar agujeros que permitirían a los corruptos perjudicar a las personas que les señalan. Entre ellos, destacan la posibilidad de que los informantes sean denunciados por revelación de secretos por aquellos a los que señalan.

“La ley tiene carencias importantes. De las más importantes es que se pueda condenar por revelación de secretos a un denunciante de corrupción”, afea en conversación con elDiario.es Ana Garrido, denunciante de la trama Gürtel que padeció durante años las represalias de los denunciados. “Tiene tantas deficiencias que vamos a tener que seguir trabajando una vez aprobada la ley para solucionarlas”, revela Garrido, presidenta de la Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción (Aedico), de nueva creación.

Sin enmiendas de consideración

Las organizaciones que criticaron la ley habían pedido a los senadores que la enmendaran para tapar sus agujeros antes de la votación final, pero no han conseguido su objetivo. el texto ha sido aprobado sin cambios de consideración en su articulado. No obstante, deberá volver al Congreso para recibir su ratificación definitiva después de que el Senado introdujera algunas enmiendas.

Una de ellas anticipa la posible detección de esos fallos y compromete al Gobierno a corregirlos “en el plazo máximo de 18 meses”. “Deberá aprobar una Estrategia contra la corrupción que al menos deberá incluir una evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley, así como las medidas que se consideren necesarias para paliar las deficiencias que se hayan encontrado en ese período de tiempo”, reza el texto de la enmienda, impulsada por ERC y ratificada por el Pleno del Senado.

Sus críticos no lo consideran suficiente. “La ley es una decepción para los ciudadanos y ciudadanas que ven su vida desmantelada a consecuencia de represalias profesionales, personales e incluso jurídicas”, afirma Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, que asegura que “la norma se queda muy corta”. Uno de los aspectos que señalan es la potencial falta de independencia de la autoridad central encargada de supervisar las denuncias, al ser nombrada por el Gobierno.

“Un resultado previsible. Desgraciadamente queda consolidado que España tiene una de las peores leyes sobre la materia”, lamenta Simona Levi, del grupo hacktivista Xnet. Este grupo forma parte de la asociación WIN (Whistleblowing International Network) que agrupa a otras 30 asociaciones a nivel internacional y ha llegado a ponerse en contacto con la Comisión Europea para alertar de las “disfunciones” de la ley española.

Pese a todo, Garrido opina que la aprobación de la ley es una buena noticia y “un punto de partida sobre el que trabajar”. Celebra también lo que a su juicio son cambios positivos que se han dado durante la negociación, como la concesión de un puesto para las organizaciones que representan a los denunciantes de corrupción en la dirección de la autoridad central que debe protegerlos.

Tras los pequeños cambios introducidos, la ley volverá al Congreso en las próximas semanas para recibir la definitiva luz verde antes de entrar en vigor.

La necesidad de una ley que proteja de represalias a las personas que destapan casos de corrupción fue la propuesta estrella de los programas electorales de todos los partidos para las generales de 2016. De todos menos del PP, que vivía acosado por los casos de corrupción y que terminó gobernando. El proyecto quedó en el olvido hasta el ciclo electoral de 2019, cuando de nuevo todos menos el PP se comprometieron a impulsarla. La negociación de una directiva europea sobre la misma temática y la pandemia volvieron a retrasar la norma, que este miércoles llega por fin a su última votación en el Senado.

España es el único país de la OCDE que no ha establecido protecciones específicas para los denunciantes de corrupción ni con una ley específica ni en el articulado de otras, pese a que la seguridad de estas personas se considera un pilar democrático básico en la lucha contra ella. La posibilidad de realizar denuncias anónimas o las sanciones graves para aquellos que torpedeen a los denunciantes son mecanismos clásicos en las leyes de otros países que aún son desconocidos en España.

Las personas que han destapado casos de corrupción en nuestro país, incluso aquellos que han llevado a cabo acciones que los jueces han reconocieron como “claves” para condenar importantes tramas corruptas como la Gurtel, han relatado cómo dar ese paso les condenó a años de acoso, abuso de poder o ruina económica. Todos recuerdan la importancia de que el denunciante no quede expuesto ante ese tipo de venganzas ni a las denuncias cruzadas por revelación de secretos interpuestas por aquellos a los que señala.

La norma destinada a ser su escudo en España, denominada oficialmente Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, está terminada ocho años después. Incluye medidas como los citados buzones anónimos que serán obligatorios en las empresas y otros canales externos para llamar la atención de las autoridades sin necesidad de personarse en una comisaría e interponer una denuncia formal.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil especializadas en el apoyo a los denunciantes alertan de que la ley tiene agujeros y “no da a las personas que hablan en interés público el poder de defenderse eficazmente contra las represalias de los infractores”.

“Disfuncional”

La organización que encabeza esta alerta es la Whistleblowing International Network (WIN), que agrupa a otras 30 asociaciones a nivel internacional, se ha puesto en contacto con los diputados y con el departamento de Justicia de la Comisión Europea. A su juicio, hay nueve puntos que convierten el proyecto de ley español en “disfuncional” y que incluso podrían hacer que la norma pueda ser recurrida ante los tribunales europeos por rebajar las protecciones que incluye la directiva europea.

“Es alarmante ver que los responsables políticos en España no comprenden una vez más el valor y la importancia de proteger a los denunciantes como una de las formas más eficaces de prevenir la corrupción”, ha lamentado Anna Myers, directora de WIN, en un comunicado. “Si lo hicieran, estarían luchando para que España tuviera la mejor ley de Europa. En lugar de eso, el mensaje a los españoles sigue siendo habla bajo tu propio riesgo”, protesta.

Es alarmante ver que los responsables políticos en España no comprenden una vez más el valor y la importancia de proteger a los denunciantes

Anna Myers — directora de Whistleblowing International Network (WIN)

En la carta que Myers ha enviado a la UE, a la que ha tenido acceso elDiario.es, esta experta de renombre internacional enumera las vías de agua de la futura legislación española. Entre ellas señala la “falta de protección para denunciar los abusos de autoridad”, la ausencia de salvaguardas para aquellos denunciantes que empleen canales no oficiales, la ausencia de sistemas que blinden el anonimato de las denuncias o posteriores comunicaciones de los denunciantes, o el hecho de que no cite ningún tipo de “reparación” para los denunciantes que pierdan su empleo o sufran otros perjuicios personales a raíz de destapar casos de corrupción.

Pueden ser denunciados por los corruptos

Uno de los elementos más criticados de la ley es el hecho de que no protege a aquellos que señalan a corruptos de la posibilidad de que estos les lleven a los tribunales. Es un factor que Myers toca en su carta y que también destacan otros especialistas como Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma por la Libertad de Información. “Nadie denunciará corrupción si se expone a una querella por revelación de secretos. No se blinda al informante”, denuncia el jurista en conversación con elDiario.es.

Esa disposición está presente en el artículo 38 de la ley: “Los informantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito”. Es decir, si cometieron un delito para hacerse con las pruebas de la corrupción, deberán defenderse en los tribunales del corrupto al que denunciaron. “Eso se carga todo el proyecto de ley”, avisa Almeida.

Nadie denunciará corrupción si se expone a una querella por revelación de secretos. No se blinda al informante

Carlos Sánchez Almeida — Director legal de la Plataforma por la Libertad de Información

Esto, señala Myers a la UE, iría en contra de lo que estipula la directiva europea de protección de los denunciantes de corrupción. “Según la Directiva de la UE, los sujetos no incurrirán en responsabilidad por la obtención o acceso a la información”, escribe la experta: “Los artículos 18 y 38 del proyecto de ley no dejan claro que dicha responsabilidad no surgirá a menos que se trate de un delito autónomo no relacionado con la obtención o el acceso a la información como parte de la realización de un informe o una revelación con arreglo a la ley. Esta falta de claridad tendrá un importante efecto amedrentador sobre los posibles denunciantes, ya que personas como Antoine Deltour, cuyo caso de denuncia (como parte de LuxLeaks) condujo en parte a la adopción de la Directiva de la UE, no estarían protegidas”.

Tiempo para enmiendas

WIN, junto a organizaciones como Xnet, Government Accountability Project, The Signals y Blueprint for Free Speech, han pedido a los senadores que aprovechen las horas que quedan hasta su ratificación en el Pleno para enmendar la ley y tapar esos agujeros. La votación está prevista para el miércoles a primera hora. En su última votación en el Congreso, la ley fue aprobada con el apoyo del bloque de la investidura, los votos en contra de PP y Vox y cuatro abstenciones de diputados de Junts.

“La adopción de esta legislación defectuosa podría ser desastrosa para los denunciantes en España y Europa, donde una protección armonizada de los denunciantes es esencial en la lucha contra la corrupción, la defensa del Estado de Derecho y la aplicación efectiva de la legislación de la UE”, avisa Myers en la misiva. “Además, aunque puede que este no sea un asunto directamente relevante para la Comisión Europea, nos preocupa que una legislación defectuosa en España pueda convertirse en un modelo defectuoso para los derechos de los denunciantes en América Latina”, revela.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha concedido este lunes la ciudadanía rusa al exanalista de la CIA Edward Snowden, según el decreto publicado en el portal de información de la administración pública.

El estadounidense Snowden, de 39 años, figura entre los extranjeros que han recibido este lunes el pasaporte ruso por decisión del jefe del Kremlin.

El decreto presidencial precisa que se concede la ciudadanía a un individuo nacido el 21 de junio de 1983 en Estados Unidos.

Putin ha tomado la decisión en virtud del punto A del artículo 89 de la Constitución rusa, que estipula que el jefe del Estado puede otorgar la ciudadanía y el asilo político.

Solicitó la ciudadanía en 2020

Snowden, que solicitó la ciudadanía el 2 de noviembre de 2020, no ha hecho ningún comentario alusivo a la invasión rusa de Ucrania que arrancó en febrero pasado.

Su abogado Anatoli Kucherena, ha negao que su cliente pueda ser llamado a filas en el marco de la “movilización parcial” decretada la pasada semana por Putin. “Como Edward no sirvió en el Ejército ruso, no tiene práctica y experiencia militar, no puede ser movilizado”, ha comentado a la agencia Interfax.

El nuevo ciudadano ruso, que recibió el permiso de residencia permanente en octubre de 2020, tuvo su primer hijo con su esposa, Lindsay Mills, en diciembre de ese año. Según la legislación rusa, por el hecho de nacer en Rusia el niño obtuvo automáticamente la ciudadanía rusa.

Snowden huyó de EEUU tras filtrar en 2013 documentos secretos que revelaban enormes operaciones de vigilancia nacional e internacional llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), de la que era contratista. Es perseguido desde entonces por la justicia de su país, que le ha acusado de violar la ley de espionaje. Se asiló en Rusia, donde se le unió al año siguiente Lindsay, con la que se casó en 2017.

Además de escribir libros, Snowden trabaja de consultor y ofrece videoconferencias a nivel mundial sobre las tecnologías de la información, sus riesgos y amenazas. 

Bruselas llevará a España, y a otros 14 países, ante la Justicia europea si no protege a los denunciantes de corrupción. Así lo ha anunciado este viernes la Comisión Europea, que ha decidido tomar nuevas medidas en los procedimientos de infracción lanzados contra Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y España.

Lo que ha hecho el Ejecutivo comunitario este viernes es emitir dictámenes motivados por no transponer íntegramente la directiva relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión (Directiva UE 2019/1937).

La fecha límite para que los Estados miembros transpusieran la directiva era el 17 de diciembre de 2021.

En enero de 2022, la Comisión envió cartas de emplazamiento a 24 Estados miembros por no transponer y comunicar las medidas de transposición a la Comisión Europea dentro del plazo.

De ellos, los 15 Estados miembros mencionados todavía no han adoptado medidas de transposición y disponen de dos meses para responder a los dictámenes motivados de la Comisión.

Si las respuestas no son satisfactorias, la Comisión puede decidir llevar a los Estados miembros afectados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ley en proceso

Buzones internos en cada empresa o Administración pública a los que sus trabajadores puedan enviar avisos anónimos sobre irregularidades que se estén cometiendo de puertas adentro. Un segundo canal externo al que mandar esas alertas y llamar la atención de las autoridades sin necesidad de personarse en una comisaría e interponer una denuncia formal. Un organismo independiente con la capacidad de multar hasta con un millón de euros a las compañías que tomen represalias contra personas que alerten de posible corrupción, o contra sus familiares.

Son algunas de las medidas incluidas en el “Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción” presentado por el Ministerio de Justicia. La norma con la que el Gobierno lanza por fin el proceso para aprobar una protección específica para las personas que dan el paso de alertar de irregularidades de las que han tenido conocimiento y evitar que queden indefensas ante la persecución de aquellos a los que señalan. Ahora están expuestos al despido, degradación o pérdida de beneficios laborales, mientras que entre ellos se han repetido las denuncias de acoso, amenazas y coacciones.

 El plazo de dos años para transponerla caducó el pasado diciembre de 2021, con lo que el Gobierno ya marcha contrarreloj para sacar adelante el anteproyecto. No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia explican a este medio que la tramitación seguirá el cauce parlamentario (lo que llevará varios meses) y no se aprobará vía decreto ley en Consejo de Ministros.

Es uno de los episodios más turbios de la historia reciente de Barcelona. Una trama que se creyó impune tramitó decenas de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella a cambio de sobornos. No había límite alguno. Tampoco a la hora de acosar y amenazar a las tres mujeres que, desde dentro de una administración corrompida, intentaron acabar con la ciénaga. Ellas son Itziar González, Lourdes Conesa y Mercè Massa exconcejala, exarquitecta y exgerente del distrito.

Podría parecer el inicio de una novela negra, pero dentro de poco ya estará en una sentencia judicial. Los principales acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer la trama de corrupción urbanística a cambio de no entrar en prisión. Indemnizarán a González, Massa y Conesa, pero solo por las amenazas. ¿Cómo resarcir a las víctimas de este caso de corrupción de las consecuencias laborales y del desamparo institucional que sufrieron por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces en manos del PSC?

El letrado de González, Benet Salellas, ha planteado al tribunal una opción para intentar reparar el daño. Echando mano de la Directiva europea de protección a los alertadores de corrupción –pendiente de transposición en España–, Salellas ha pedido a la Audiencia de Barcelona que acuerde enviar la totalidad de la causa al Ayuntamiento para que el consistorio valore los “daños causados” a González “por las acciones y omisiones” de la administración municipal.

Es una vía pionera, inexplorada hasta ahora en España, para resarcir a víctimas de corrupción. Se trataría de una suerte de expediente de responsabilidad patrimonial de la administración para reconocer el daño causado e indemnizar a las alertadoras de la trama de licencias turísticas que no fueron escuchadas por el consistorio y sufrieron perjuicios tanto laborales como psicológicos.

La petición se explica ante la falta de medidas para reparar a las víctimas de corrupción en la legislación actual. Antes de 2015 sí estaba tipificada en el Código Penal la intimidación grave a un cargo público. En el caso de González, la Fiscalía reconoce en su escrito que su salida obligada del consistorio por la trama corrupta le causó un “perjuicio económico” más allá de los daños morales de las amenazas. Ese perjuicio no está restaurado a día de hoy.

“A Lourdes Conesa las amenazas le han destruido la vida personal y profesional”, recordó el jueves durante la penúltima sesión del juicio la letrada de la arquitecta, Raimunda Palencia, que se ha sumado a la petición de Salellas. “Itziar González no tuvo ningún apoyo político ni jurídico del Ayuntamiento cuando denunció los hechos, la abandonaron a su suerte”, argumentó Salellas. Massa no llegó a personarse en la causa.

Amenazadas y desamparadas

La corrupción anidó en Ciutat Vella de la mano del exdirector de servicios técnicos de Ciutat Vella Heliodoro Lozano, ya jubilado, y el intermediario Joaquín Quílez, quien ya acumulaba dos condenas por irregularidades en la tramitación de permisos del Ayuntamiento de Barcelona para locales del Eixample y por avisar de inspecciones administrativas en la causa de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga.

La trama corrupta se urdió a raíz de la aprobación de un plan urbanístico por el que el Ayuntamiento de Barcelona que limitaba la apertura de nuevos apartamentos de uso turístico en el distrito de Ciutat Vella, que a finales de la primera década del siglo XXI ya vivía los efectos del turismo masivo. Los cabecillas de la red han admitido que con el objetivo de agilizar las gestiones para obtener las licencias, varios propietarios contactaron con Quílez, que a cambio de un soborno les garantizó que regularizarían sus pisos turísticos.

Luego Quílez pactó con Lozano que, a cambio de otro soborno, agilizaría la tramitación de los expedientes y obviaría los defectos de las solicitudes de licencia, en algunos casos tan groseros que obligaban a denegarla. Cuando González –independiente en las listas del PSC– entró como concejal de Ciutat Vella y relevó a Lozano y a tres inspectores para poner fin a las malas prácticas empezaron las amenazas a la edil y a su nuevo equipo.

Quílez y su pareja han reconocido que enviaron cartas amenazantes a González, Massa y Conesa a lo largo de finales de 2008 y mediados de 2009. Las indemnizarán con 22.200, 10.000 y 50.000 euros respectivamente. “Haces ilegalidades negándote a firmar expedientes que están correctos, las consecuencias que te puede traer son desastrosas”, escribieron a la gerente del distrito.

El Ayuntamiento optó por plegarse a las amenazas y trasladó a Conesa fuera de Ciutat Vella contra su voluntad, destinándola precisamente a las dependencias municipales donde el consistorio había ubicado a Heliodoro Lozano por su implicación en la trama de los apartamentos turísticos. Es decir, la alertadora de corrupción se encontró de nuevo con uno de los corruptos.

La Fiscalía destaca que el cambio se produjo tras recibir una carta en la que se advertía a la arquitecta de que estaba “vigilada al milímetro y con fotografías queda demostrado”. “Se te va a dar un plazo para que pidas el traslado o pasaremos a la acción. Tú para nosotros eres como un animal y tenemos una misión a realizar, dentro de poco tiempo comprobarás cosas que ocurrirán a tu alrededor, te horrorizarás y no será fruto de la casualidad”, rezaba su misiva.

“Zorra, debes arder en los infiernos, ha costado tiempo prepararlo, pero al final doblarás, solamente te falta el descabello como a los toros, te has buscado la ruina en el distrito, debes desaparecer de este mundo ya”, le escribieron a González, que dejó el cargo al año siguiente distanciada con el PSC y el entonces alcalde Hereu ante la falta de apoyo tras descubrir la pequeña Chicago que era el distrito.

La investigación judicial y de los Mossos d'Esquadra, que sí creyeron a las alertadoras, permitió hallar a los responsables pese a que el consistorio los tenía en sus oficinas. El Ayuntamiento optó por plegarse a las amenazas y trasladar a las funcionarias fuera de Ciutat Vella. González tuvo que marcharse a su casa antes de finalizar el mandato desamparada por el consistorio.

En suma, todo lo contrario de lo que manda la Directiva europea para proteger a los alertadores de corrupción, que expone que la denuncia del fraude no tiene que implicar ninguna renuncia al bienestar personal ni represalias ni acoso tanto en el ámbito profesional como personal.

El Ayuntamiento espera la sentencia

Fuentes municipales recalcan la “tolerancia cero” con la corrupción del actual equipo de gobierno de los comuns y el PSC e insisten en que el desamparo institucional que sufrieron las tres alertadoras forma parte del pasado: “El gobierno actual ha garantizado que las personas alertadoras tengan el apoyo jurídico necesario asumiendo el coste de la representación legal”.

Las mismas fuentes agregan que, una vez dictada la sentencia, el consistorio “valorará” la incoación del expediente de reparación solicitado, ya sea “en el ámbito administrativo o en el reconocimiento de su figura como alertadoras”. Se estudiará además “la necesidad de establecer mecanismos de no repetición”. 

Más allá del devenir administrativo del caso, la trama de Ciutat Vella todavía levanta ampollas en sectores vinculados al PSC más de quince años después. El exconcejal socialista y actual responsable del gremio de restauración de Barcelona, Roger Pallarols, se despachó esta semana en El Periódico contra González, a quien exigió que “se disculpara” con el partido que la dejó caer. El juicio quedará visto para sentencia este martes.

Buzones internos en cada empresa o Administración pública a los que sus trabajadores puedan enviar avisos anónimos sobre irregularidades que se estén cometiendo de puertas adentro. Un segundo canal externo al que mandar esas alertas y llamar la atención de las autoridades sin necesidad de personarse en una comisaría e interponer una denuncia formal. Un organismo independiente con la capacidad de multar hasta con un millón de euros a las compañías que tomen represalias contra personas que alerten de posible corrupción, o contra sus familiares.

Son algunas de las medidas incluidas en el “Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción” presentado por el Ministerio de Justicia. La norma con la que el Gobierno lanza por fin el proceso para aprobar una protección específica para las personas que dan el paso de alertar de irregularidades de las que han tenido conocimiento y evitar que queden indefensas ante la persecución de aquellos a los que señalan. Ahora están expuestos al despido, degradación o pérdida de beneficios laborales, mientras que entre ellos se han repetido las denuncias de acoso, amenazas y coacciones.

España es el único país de la OCDE que no contempla una protección específica para estas personas ni mediante una ley ni en el articulado de otras normas. Su puesta en marcha ha sido una medida estrella en los programas de los partidos políticos desde el ciclo electoral de 2015 y 2016. En todos excepto en los del PP, que terminó gobernando tras la repetición electoral y dejó a España como el verso suelto en la protección de denunciantes durante tres años más. Después de la moción de censura contra Mariano Rajoy, la nueva repetición electoral de 2019 y la pandemia provocaron que España siguiera con esta asignatura pendiente.

Por el camino la UE diseñó, negoció y aprobó una directiva europea para proteger a los alertadores. El plazo de dos años para transponerla caducó el pasado diciembre de 2021, con lo que el Gobierno ya marcha contrarreloj para sacar adelante el anteproyecto. No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia explican a este medio que la tramitación seguirá el cauce parlamentario (lo que llevará varios meses) y no se aprobará vía decreto ley en Consejo de Ministros.

Los juristas consultados por elDiario.es coinciden en que el texto de Justicia tiene puntos fuertes y débiles respecto a lo dispuesto por la directiva. “El primer punto positivo es la aceptación de las denuncias anónimas, algo que la directiva deja a decisión de los países y que es uno de los aspectos más importantes para una protección efectiva”, explica a este medio Javier Sierra, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. “El segundo, la creación del canal de denuncia externo supervisado por una autoridad independiente”, continúa.

Autoridad Independiente de Protección del Informante

Ese organismo de nueva creación, denominado Autoridad Independiente de Protección del Informante, tendrá varias funciones. Una de ellas será la de ejercer de “filtro”: “Lo que va a hacer este órgano es verificar la denuncia. Discriminar lo que son habladurías de lo que realmente tiene sustento. Y en función de los datos de los que tenga conocimiento y si hay visos de delito o de o de algún tipo de actuación que tenga que conllevar consecuencias administrativas, lo canalizará a quien proceda”, detalla Sierra.

En este sentido, su papel será facilitar que los datos sobre posibles irregularidades de los que los informantes conozcan lleguen a las autoridades y estos puedan permanecer en el anonimato si lo desean. Actualmente, la única vía oficial de hacerlo es interponer una denuncia, que las leyes no permiten que sea anónima. La Autoridad Independiente de Protección del Informante gestionará el canal de denuncia externo de las organizaciones, que cualquier persona física podrá utilizar.

Además, la nueva institución también se encargará de impedir las represalias contra los denunciantes. El Anteproyecto prevé faltas leves, graves o muy graves en función de la discriminación, amenaza o coacción a la que se someta al informante por parte de su empresa o sus superiores. La norma prevé multas de hasta un millón de euros y la prohibición de contratar con la Administración Pública durante tres años para aquellos que persigan a los denunciantes.

No obstante, la estructura de esta Autoridad Independiente es uno de los “puntos débiles del anteproyecto”, señala Sierra. “Su presidente está propuesto por el Gobierno, aunque luego tiene que ser aprobado por una comisión parlamentaria. Al final nos encontramos un órgano que depende del Ejecutivo. Quizá lo más adecuado es que lo hubiera sido del Parlamento y que la designación del presidente fuera por una mayoría cualificada para evitar injerencias”, señala el también profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante.

“Agujeros”

La dependencia del Gobierno del organismo que debe garantizar la protección de los informantes no es el único aspecto en el que el texto del anteproyecto debería mejorar, señalan los juristas consultados. Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma por la Libertad de Información, avisa que el articulado no protege correctamente a los informantes de la posibilidad de ser denunciados por sus organizaciones por revelación de secretos.

“Las grandes empresas siempre van a denunciar, y el problema es que si no se introducen cambios también en el Código Penal, la Fiscalía va a terminar persiguiendo a los filtradores”, avisa el jurista. “Otro de los puntos problemáticos es que el anteproyecto dice que la identidad del informante solo podrá ser comunicada a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. Pero, ¿quién es la autoridad administrativa competente? En los ayuntamientos por ejemplo es el alcalde, que puede ser una de las personas afectadas por la filtración”, continúa.

Desde el grupo hacktivista Xnet, una de las organizaciones de la sociedad civil que participó en la redacción de la directiva europea, también señalan “agujeros” en el articulado. Uno de ellos es el hecho de que no habrá ningún tipo de protección para aquellos informantes que se hayan hecho con los datos de manera “ilícita”.

“De lo que trata en general la protección de los informantes es de corregir la asimetría entre los poderes fácticos y la gente de a pie. No es baladí que cuando un alertador o informante saca a la luz unos abusos, la respuesta de quien los perpetra suele ser la de atacar al informante demandándole por delitos contra el honor, contra la propiedad intelectual o los secretos comerciales”, explica la organización: “ha de ser explícito que no puede ni debe usarse la propiedad intelectual, la protección de secretos (empresariales o profesionales), las cláusulas de confidencialidad o la protección de datos, como excusa para no informar sobre ilegalidades o conductas que afecten al interés general”.

Esta situación pone en riesgo de persecución a los hackers éticos y las filtraciones que se produzcan a través de sistemas informáticos a los que el informante se supone que no tenía acceso.

La traducción final de “whitleblower”

Una de los muros que ha tenido que superar la protección de los denunciantes de corrupción e irregularidades en España es su nombre. “Whistleblower” es el término anglosajón, donde tiene un largo recorrido jurisprudencial. Es el reconocido también a nivel internacional, pero no tiene una traducción directa al castellano. Lo más aproximado es “soplón” o “chivato”, que tienen una clara connotación peyorativa.

Varios especialistas explicaron a elDiario.es que la falta de una palabra para denominar a los denunciantes estaba entorpeciendo el proceso de negociación de la ley, puesto que el término “denunciante” no podía utilizarse al estar muy delimitado en el ordenamiento jurídico español.

El término elegido finalmente por Justicia ha sido “informante”, algo que han aplaudido desde el colectivo Xnet. “La traducción española de la Directiva (UE) 2019/1937, utiliza los términos ”denunciante“ y ”denuncia“ para referirse a lo que en la versión en inglés se menciona como ”whistleblower“ o ”reporting person“ y ”report“, lo cual, en el contexto jurídico español, puede crear graves agravios porque es un término que ya tiene otra función en su ordenamiento, colisionando con lo establecido en la Directiva, por ejemplo, cuanto a anonimato, ya que el «denunciante» no puede permanecer anónimo”, explican.

Mark Zuckerberg rechaza que la unión de Facebook, Instagram y WhatsApp constituya un monopolio. Él defiende que su corporación tiene mucha competencia, porque compite con todo Internet.

El modelo de negocio de Zuckerberg se basa en que sus usuarios no necesiten nada de Internet fuera de lo que su empresa ofrece. Que Facebook, Instagram y WhatsApp puedan contener el reflejo digital completo de una persona para que ningún detalle se escape al perfilado publicitario. Ha conseguido que para muchos sea así. No es que el imperio de Zuckerberg sea una opción más para hablar con amigos y familiares, relacionarse, ligar, leer noticias, seguir retransmisiones en directo, jugar o entretenerse con creadores de contenido; es que para muchas personas un teléfono inteligente es inútil a la hora de hacer todo eso si no tiene las apps de Facebook, WhatsApp o Instagram.

El mejor ejemplo de ello es la mensajería: la sociedad occidental da por hecho que toda persona estará disponible para contactar a través de una de sus plataformas. En Europa, América Latina o India esa herramienta ubicua es WhatsApp (usada por el 90% de los españoles, según el estudio Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social), mientras que en EEUU esta app compite con Messenger, el chat de... Facebook. La estrategia se replica con las pymes y pequeñas organizaciones, puesto que son innumerables los negocios que usan Instagram como su principal escaparate o su página de Facebook como web oficial.

La estrategia de Zuckerberg tiene otra vuelta de tuerca más. En los países que le permiten hacerlo, Facebook financia tarifas de datos para conectarse solo a sus servicios. Se puede pagar a la operadora para acceder al “Internet premium” (el real), pero a la vez se puede hablar con amigos y familiares, relacionarse, ligar, leer noticias, seguir retransmisiones en directo, jugar o entretenerse con creadores de contenido sin pagar nada, con la condición de que sea a través de Facebook. El programa se denomina Free Basics y solo ha colado en países en vías de desarrollo, donde muchos de sus habitantes tampoco es que puedan permitirse una tarifa de Internet estándar. Para ellos, en la teoría y en la práctica, Facebook, Instagram y WhatsApp son Internet.

En la práctica, todo esto convierte a Facebook en una infraestructura crítica para la sociedad digital. Que una multinacional desempeñe este papel tiene consecuencias indeseables. Una de ellas es que si el coloso cae, para buena parte del mundo Internet se para. Eso es lo que ocurrió el lunes 4 de octubre, cuando toda la corporación sufrió una desconexión digital de seis horas en la que todos sus servicios quedaron inutilizados. Hacía 13 años que Facebook no sufría un apagón semejante, lo que da idea de la gravedad que el suceso tuvo de puertas adentro de la compañía.

Hay más consecuencias, pero los datos arrojan también una primera conclusión tras El Gran Apagón de Facebook. Menos mal que fue Facebook.

Los cinco colosos

Hay otras cuatro multinacionales que ocupan posiciones de poder similares a la de Facebook en la tecnología digital actual. Se las conoce como las GAFAM, acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. No han llegado ahí por accidente, sino aprovechando al máximo una serie de características de Internet que permiten crear estructuras que concentran a los usuarios en torno a una sola plataforma: tecnología propia, economía a escala, marca y efecto red. Son los aspectos que busca Peter Thiel, el primer inversor de Facebook y uno de los grandes poderes en la sombra de Silicon Valley, para meter su dinero en una startup. Pon esos cuatro elementos en un mercado digital todavía sin explotar y podrás crear un coloso como Facebook.

La multinacional de Zuckerberg es el gigante que domina el sector de las herramientas sociales, lo que le hace también el menos crítico. Si una desconexión similar afectara a cualquiera de los otros cuatro, las consecuencias habrían sido mucho peores. El motivo es que todas ellas tienen políticas para conseguir ser tan indispensables como las de Facebook para sus usuarios.

“La población no llega a ser consciente de la infraestructura que hay detrás de Internet. De cómo tres grandes empresas como Amazon, Google y Microsoft gestionan casi toda la nube”, recuerda en conversación con este medio José María Alonso, director de Estrategia de la World Wide Web Foundation. “Si el problema lo hubieran tenido ellos la cosa habría sido muy diferente. Hace unos años cayó Amazon y multitud de apps dejaron de funcionar porque utilizaban la nube de Amazon. Ahí es cuando te das cuenta de lo centralizado que está todo”.

La población no llega a ser consciente de la infraestructura que hay detrás de Internet. De cómo tres grandes empresas como Amazon, Google y Microsoft gestionan casi toda la nube

José María Alonso — director de estrategia de la World Wide Web Foundation

Como recuerda Alonso, si Amazon, Microsoft y Google hubieran sufrido una desconexión similar a la de Facebook, lo que se habría caído no son unas herramientas de comunicación, sino la nube global. Según los cálculos de Canalys, la primera domina un 31% del mercado mundial en este campo, la segunda un 22% y la tercera un 8%. Seis de cada diez servicios web dependen de estas tres empresas, pero el dato tiene trampa: en el 39% restante se incluyen empresas de China y de Rusia, dos mercados enormes que han vetado la entrada de compañías americanas a una infraestructura tan estratégica como la nube. En realidad, la dependencia del resto del mundo de Amazon, Microsoft y Google es casi total.

Si ellas cayeran, los hospitales habrían perdido el acceso al historial de los pacientes y no podrían hacer nuevas pruebas diagnósticas al no poder guardar sus resultados. Los servicios digitales de la administración quedarían inaccesibles e incapaces de identificar a los ciudadanos. Cualquier empleo de oficina sería muy complicado de desempeñar, con los principales servicios de email, almacenamiento remoto y plataformas de trabajo desactivados. Buena parte de los servicios bancarios dirían adiós. Incluso los colegios, que sucumbieron a la tendencia de la nube empujados por la pandemia, perderían el acceso a los expedientes de los alumnos y sus nuevas herramientas digitales. Unas herramientas que Google y Microsoft les ofrecen, como Facebook con Free Basics, prácticamente sin coste (económico).

La tendencia se consolidará en los próximos años. La pandemia ha impulsado la digitalización y, según la consultora Gartner, el 70% de todas las organizaciones mundiales estarán utilizando infraestructura en la nube para sus procesos internos.

Las GAFAM dominan también los dispositivos físicos. Según los datos de StatCounter, un problema crítico en Google desactivaría buena parte de las funciones digitales del 40% de los aparatos que la humanidad usa para conectarse a Internet, que perderían el apoyo de su sistema operativo Android, controlado por la multinacional. Microsoft gestiona otro 32% (incluyendo el 75% de cuota de mercado de Windows en ordenadores de escritorio) y Apple, el 23%. La aldea gala de Linux solo se ha fortificado el 1% de los dispositivos.

Cada mercado digital habilitante para disfrutar de Internet tiene cifras similares, como el de los navegadores web: 65% para Chrome (Google), 18% para Safari (Apple), 4% para Edge (Microsoft). Las GAFAM han extendido su poder a todas las jurisdicciones de la red.

Internet no iba a ser así

Internet no iba a ser un terreno dominado por un puñado de multinacionales. A sus dos principios fundamentales, descentralización y resiliencia, se los tragó el capitalismo de vigilancia. El padre de la web, Tim Berners-Lee, no reconoce el producto en el que hoy se ha convertido su invento: “La web a la que muchos se conectaban hace años no es lo que los nuevos usuarios encontrarán hoy”.

El problema es que parece que todo irá a peor si no se actúa. “Estas plataformas dominantes son capaces de afianzar su posición creando barreras para los competidores. Compran a sus competidoras, adquieren nuevas innovaciones y contratan a los mejores talentos del sector. Si a esto le añadimos la ventaja competitiva que les dan los datos de sus usuarios, podemos esperar que los próximos 20 años sean mucho menos innovadores que los anteriores”, lamenta Berners-Lee, que ha pasado la última década intentando cambiar las cosas.

Una de sus iniciativas es la World Wide Web Foundation, que trata los problemas que acosan a la web y que puede llamar a los despachos de los últimos pisos gracias a los contactos del padre de esta tecnología. Uno de esos problemas es el cuello de botella de las GAFAM. “Los americanos dicen que es un monopolio. Yo lo veo más como un oligopolio, un grupo pequeño de empresas que tienen un poder cada vez más grande y que crean una dependencia a la gente, que la gente ni siquiera conoce porque no conocen lo que hay por detrás”, explica en conversación con este medio su director de estrategia, José María Alonso.

Las tecnológicas son expertas en la psicología humana. Saben jugar con las reacciones químicas de nuestro cerebro para gratificarnos por realizar acciones que les interesan

Carissa Véliz — autora de 'Privacidad es Poder' (Debate)

“Es un problema de cultura y de concienciación”, explica el experto, que colabora con Berners-Lee desde hace 18 años. “Nos han inculcado la costumbre digital de que todo es gratuito. Nosotros tenemos un acceso a determinados servicios gratis porque a cambio nos tragamos anuncios o monetizan nuestros datos”, expone: “Lo que no nos dicen es que ellos tendrán el control absoluto sobre ello, porque la infraestructura es suya y las reglas también”.

En los últimos años se han hecho comunes los avisos del impacto social que acarrea esta dependencia de los colosos digitales. Tanto a nivel de privacidad e independencia personal como del impacto tóxico en la sociedad que puede tener su poder. Pero parece que hay algo que frena el cambio a servicios alternativos. “Las tecnológicas son realmente expertas en la psicología humana. Saben jugar muy bien con las reacciones químicas que se producen en nuestro cerebro, como por ejemplo la dopamina, para gratificarnos por realizar acciones que les interesan”, detalla Carissa Véliz, profesora de Filosofía en la Universidad de Oxford. “Pero también saben aprovecharse de nuestras vulnerabilidades, como la pereza”.

Véliz es la autora de Privacidad es Poder (Debate), cuya edición en castellano ha salido a la venta recientemente. Es un manual para poner fin a la economía de datos que ha encumbrado a las GAFAM que explica mecanismos como la “conveniencia”, ese sesgo que nos hace tomar decisiones en función del esfuerzo cognitivo que nos depare cada alternativa. Como bajar una app alternativa a WhatsApp y pedir a nuestros contactos que hagan lo mismo, aunque solo sea como alternativa. “La conveniencia es una de las cosas a las que más nos atrapan. Si no hubiera conveniencia, la vida estaría insoportablemente llena de obstáculos, de dificultades. Pero darle demasiada importancia a la conveniencia hace que tengamos vidas muy poco sanas, desde no hacer ejercicio hasta no estar bien informados como ciudadanos”.

Nada es demasiado grande para caer

No hizo falta un ciberataque coordinado ni un terremoto en Silicon Valley para tumbar toda la estructura de Facebook. Fue un error propio lo que hizo “desaparecer de Internet” a la corporación de Zuckerberg. El suceso muestra que incluso las ultraprofesionalizadas multinacionales digitales pueden fallar. Que pese a contar con los mejores recursos personales y materiales, pueden caer y arrastrar con ellas a todos los usuarios y empresas que dependen de sus servicios.

El de Facebook ha sido el gran trastazo de los últimos años. Pero no hay que escarbar demasiado para encontrar otras situaciones de riesgo en torno a las GAFAM. La misma semana de su caída salió a la luz un ciberataque crítico contra Twitch (propiedad de Amazon) en el que los hackers se hicieron con básicamente todo: desde el código fuente de la plataforma, pasando por desarrollos a futuro que la compañía mantenía aún en secreto, hasta lo que cobran estrellas como Ibai Llanos o AuronPlay. El pasado diciembre la que se desconectó fue Google, que tuvo un problema con sus herramientas de trabajo como el correo electrónico, el almacenamiento en la nube o las videollamadas, entre otras. El fallo dejó maniatadas a muchas oficinas, especialmente europeas.

Los expertos coinciden en que la situación no tiene una solución sencilla y en que cualquier cambio requerirá de voluntad conjunta de gobiernos y ciudadanos. Pero se puede. “Hemos podido regular todas las industrias que han venido antes, desde los ferrocarriles hasta los automóviles, las farmacéuticas, el petróleo. La industria tecnológica no es diferente y no es más compleja. Me desespera mucho que exista esa presunción de que las tecnológicas son algo así como mágicas, que están más allá de la ley, que son algo sin precedentes. No es así”, asevera Véliz.

Más que las revelaciones de malas prácticas como las de Frances Haugen, extrabajadora de Facebook, son sucesos como su caída mundial lo que espolea la descarga de apps alternativas. Durante las seis horas de desconexión de WhatsApp, Telegram ganó 70 millones de usuarios (a principios de 2021 esta app superó los 500 millones de usuarios en todo el mundo. WhatsApp supera los 2.000 millones y Facebook, los 3.000 millones).

“El cambio está en marcha, pero será lento y muy poco a poco”, avisa Alonso, de la WWW Foundation. Mientras llega, tanto él como Véliz piden todo el apoyo posible para personas como Haugen, que se atrevan a dar el paso y enfrentarse a organizaciones todopoderosas. “A veces hablamos de Facebook o del resto de empresas como un bloque monolítico, pero no lo son. Dentro de estas estructuras también hay personas que tienen la cabeza muy bien amueblada y saben las reformas que hay que implementar, pero al final siempre se topan con la cúpula. Son muy pocos, generalmente bastante jóvenes y que vienen con la idea de cambiar el mundo para bien”, defiende.

“Son nuestros canarios”, coincide la profesora de Oxford. “Los canarios se utilizaban en las minas porque son más sensibles que los seres humanos a ciertas toxinas en el aire. Los mineros solían llevar con ellos tanques de oxígeno para revivir al pobre canario. Necesitamos tener esos tanques de oxígeno para nuestros propios whistleblowers, porque tienen un papel fundamental en esta sociedad para avisarnos de aquello que está funcionando mal”.

“Menuda semana llevamos”. Mark Zuckerberg ha enviado una carta a sus empleados para tratar los dos duros golpes que ha recibido su compañía estos días: la histórica caída de seis horas que sufrieron WhatsApp, Facebook e Instagram el lunes, por un lado, y la dura comparecencia de Frances Haugen ante el Senado de EEUU, por otro. “Ahora que el testimonio ha terminado, quería reflexionar sobre el debate público en el que nos encontramos”, escribe el fundador y consejero delegado de Facebook, que ha publicado más tarde la carta en su perfil de la red social.

Haugen, extrabajadora de la corporación, ha filtrado numerosa documentación interna que muestra que Facebook “ha engañado al público reiteradamente sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas”, ha testificado.

“Descubrí una verdad aterradora: casi nadie fuera de Facebook sabe lo que ocurre dentro de Facebook”, enfatizó esta ingeniera de 37 años ante los senadores. Asegura que la dirección de su exempresa (y apunta directamente a Zuckerberg) sabe que tiene un impacto tóxico en la sociedad, pero “prioriza sus beneficios” sobre arreglar esos problemas.

“No es cierto que prioricemos los beneficios sobre la seguridad y el bienestar”, ha contestado Zuckerberg en la misiva. “Muchas de las afirmaciones no tienen ningún sentido”, “creo que la mayoría de nosotros no reconoce la falsa imagen de la empresa que se está pintando”, dice a sus empleados.

“El argumento de que promovemos deliberadamente contenidos que enfadan a la gente para obtener beneficios es profundamente ilógico. Ganamos dinero con los anuncios, y los anunciantes nos dicen sistemáticamente que no quieren que sus anuncios aparezcan junto a contenidos dañinos o que enfaden”, explica el responsable de Facebook. “No conozco ninguna empresa de tecnología que se proponga construir productos que enfaden o depriman a la gente”. Estas declaraciones contrastan no solo con el testimonio de Haugen, sino con abundante investigación independiente que muestra que los contenidos que obtienen una mayor visibilidad por parte de los algoritmos de Facebook y otras redes sociales son los más polarizados y extremos.

No conozco ninguna empresa de tecnología que se proponga construir productos que enfaden o depriman a la gente

Mark Zuckerberg — fundador y consejero delegado de Facebook

Zuckerberg también ataca uno de los puntos centrales de la acusación de Haugen: que Facebook acalla su propia investigación interna. “Si quisiéramos ignorar la investigación, ¿por qué íbamos a crear un programa de investigación líder en el sector para comprender estas importantes cuestiones en primer lugar? Si no nos preocupáramos por luchar contra los contenidos nocivos, ¿por qué emplearíamos a más personas dedicadas a esto que cualquier otra empresa de nuestro espacio, incluso las más grandes que nosotros? Si quisiéramos ocultar nuestros resultados, ¿por qué habríamos establecido un estándar líder en el sector en cuanto a transparencia e información sobre lo que hacemos? Y si las redes sociales fueran tan responsables de la polarización de la sociedad como algunos afirman, ¿por qué vemos que la polarización aumenta en Estados Unidos mientras se mantiene estable o disminuye en muchos países con un uso igual de intenso de los medios sociales en todo el mundo?”.

No obstante, mucho antes de la denuncia de Haugen un gran número de sociólogos y científicos sociales se han quejado de que Facebook bloquea cualquier tipo de investigación sobre su plataforma. No ofrece ningún dato bruto que los investigadores puedan analizar, pero además recientemente ha bloqueado las herramientas de extracción de datos que de manera externa se usaban para recopilar información sobre sus algoritmos. Uno de los estudios afectados por esta decisión es uno que intentaba desentrañar si fomentan que los partidos políticos sean cada vez más agresivos con su propaganda.

Menores y redes sociales

“De todo lo publicado, quiero centrarme especialmente en la cuestión de los menores”, escribe Zuckerberg. Las acusaciones de Haugen en este sentido han sido las más graves, revelando informes internos que apuntan que Facebook sabe que al menos el 5% de los usuarios de 14 años que usan Instagram son adictos a la red social, o que esta genera problemas de salud mental relacionados con la imagen persona en una de cada tres adolescentes.

“La realidad es que los jóvenes utilizan la tecnología”, contesta el líder de Facebook. “Piensen en cuántos niños en edad escolar tienen teléfonos. En lugar de ignorar esto, las empresas tecnológicas deben crear experiencias que satisfagan sus necesidades y, al mismo tiempo, las mantengan seguras. Estamos profundamente comprometidos con la realización de un trabajo líder en la industria en esta área”.

Facebook ha congelado recientemente su proyecto de crear un Instagram para niños de 10 a 13 años. Haugen denuncia que era un plan para introducir a los menores lo antes posible en el ecosistema de servicios de la corporación. “¿Cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan utilizar los servicios de Internet? ¿Cómo deberían los servicios de Internet verificar la edad de las personas? ¿Y cómo deberían las empresas equilibrar la privacidad de los adolescentes y dar a los padres visibilidad sobre su actividad?”, pregunta Zuckerberg, que dice que “debe ser el Congreso de EEUU quien decida”.

“Al igual que para equilibrar otras cuestiones sociales, no creo que las empresas privadas deban tomar todas las decisiones por su cuenta. Por eso llevamos varios años abogando por la actualización de la normativa de Internet. He testificado en el Congreso en múltiples ocasiones y he pedido que se actualicen estas regulaciones. He escrito artículos de opinión en los que se exponen las áreas de regulación que consideramos más importantes relacionadas con las elecciones, los contenidos nocivos, la privacidad y la competencia”, enumera el líder de Facebook.

“Estoy orgulloso de todo lo que hacemos para seguir construyendo los mejores productos sociales del mundo y agradecido a todos ustedes por el trabajo que hacen aquí cada día”, concluye la misiva.

“Facebook quiere que creas que los problemas de los que hablamos son irresolubles. Quieren que creas que debes elegir entre conectarte con tus seres queridos y tu privacidad personal. Que para compartir fotos divertidas de tus hijos también debes ser inundado con desinformación. Quieren que creas que esto es simplemente parte del trato. Hoy estoy aquí para decir que eso no es cierto”.

Son las palabras con las que la extrabajadora de Facebook Frances Haugen ha abierto su comparecencia en el Senado de EEUU este martes. La subcomisión de protección del consumidor ha solicitado su comparecencia después de que esta ingeniera informática de 37 años enviara numerosa documentación interna de la compañía que dirige Mark Zuckerberg a los senadores y a periodistas del Wall Street Journal.

La filtración ha mostrado no solo que Facebook sabe que tiene un impacto tóxico en la sociedad, sino que en muchas ocasiones su cúpula directiva no hace nada por remediarlo y trata de ocultar la situación ante investigaciones externas. “Los documentos que he proporcionado al Senado prueban que Facebook ha engañado al público reiteradamente sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas”, ha manifestado Haugen ante los senadores.

La comparecencia de la extrabajadora de Facebook ha arrojado luz sobre las prácticas internas de la compañía y del rol que ejerce Zuckerberg en ella. Los senadores han centrado sus preguntas en el potencial dañino de Instagram para los adolescentes, a raíz de un estudio elaborado por investigadores de la red social y revelado por Haugen que concluía que esta plataforma hace que un tercio de sus usuarias menores de edad tengan una peor imagen de su cuerpo. Pero sus cuestiones han incidido también en cómo sus algoritmos empujan la polarización de la esfera pública o la necesidad de intervenir antes de que sea “demasiado tarde”.

Facebook ha contestado que Haugen “trabajó en la compañía menos de dos años”. “No tenía a gente a su cargo, nunca asistió a reuniones de toma decisiones con altos ejecutivos y ha contestado hasta seis veces que no trabajó de manera directa en los asuntos por los que le preguntaron los senadores”, ha publicado en un comunicado el responsable de comunicación de Facebook. “No estamos de acuerdo en su descripción de los hechos. Pese a todo ello, coincidimos en un punto: es hora de crear un marco regulatorio para Internet y es el momento de que el Congreso actúe”. Zuckerberg también ha respondido a través de una carta dirigida a sus empleados.

Estas son algunas de las claves de la comparecencia de Haugen:

La opacidad de Facebook y el tabaco

“Facebook elige la información que ven miles de millones de personas, configurando su percepción de la realidad. Incluso los que no usan Facebook se ven afectados por la radicalización de las personas que sí lo hacen. Una empresa con control sobre nuestros pensamientos más profundos, sentimientos y comportamientos necesita una supervisión real. Pero el diseño cerrado de Facebook significa que no tiene supervisión, ni siquiera de su propia Junta de Supervisión, que es tan ciega como el público”.

Cuando las tabacaleras afirmaron que los cigarrillos con filtro eran más seguros, los científicos pudieron invalidarlo. Con Facebook no podemos hacerlo

“Sólo Facebook sabe cómo personaliza tu feed. Lo esconde detrás de unos muros que mantienen alejados los ojos de los investigadores y los reguladores para evitar que entiendan la verdadera dinámica del sistema. Cuando las tabacaleras afirmaron que los cigarrillos con filtro eran más seguros para los consumidores, los científicos pudieron invalidar de forma independiente ese mensaje de marketing y confirmar que, de hecho, suponían una mayor amenaza para la salud humana. Pero hoy en día no podemos hacer este tipo de investigación independiente de Facebook. Tenemos que confiar en que lo que dice Facebook es cierto, pero ellos han demostrado repetidamente que no merecen nuestra confianza”.

Facebook sabe que al menos un 5% de los usuarios de 14 años son adictos a Instagram

“Facebook ha estudiado un patrón que ellos llaman uso problemático, pero que nosotros podríamos llamar simplemente adicción. Pone un listón muy alto para considerar que tú identificas que no tienes control sobre tu uso de la plataforma y que está perjudicando tu salud, tu rendimiento escolar o tu salud física. Aún así, entre el cinco y el seis por ciento de los jóvenes de 14 años tienen la autoconciencia de admitir esas dos cuestiones. Es probable que mucho más de ese cinco o seis por ciento de los jóvenes de 14 años sean adictos a Instagram”.

Entre un 5 y un 6% de los jóvenes son conscientes de que Instagram perjudica su salud o su rendimiento escolar

Una inteligencia artificial que falla

“Los algoritmos de Facebook promueven contenidos basándose en las interacciones que consiguen. Facebook piensa que puede hacerlo con seguridad porque tienen la inteligencia artificial, que encontrará los contenidos nocivos que saben que su ranking basado en las interacciones está promoviendo. Han escrito artículos en su blog sobre cómo saben que los rankings basados en las interacciones son peligrosos. Pero confían que la IA los salvará. La propia investigación de Facebook dice que no pueden identificar adecuadamente el contenido dañino, y como resultado, esos algoritmos peligrosos generan polarización y división. No pueden protegernos de los daños que saben que existen en su propio sistema”.

No pueden protegernos de los daños que saben que existen en su propio sistema

“No creo que esto sea sólo una cuestión de decir si la gente debería tener la opción de elegir no ser manipulada por sus algoritmos. Creo que si tuvieran una supervisión adecuada, o si hiciéramos a Facebook responsable de las consecuencias de sus algoritmos, se desharían de esas clasificaciones basadas en las interacciones. Esos algoritmos están haciendo que los adolescentes estén expuestos a más contenido de anorexia. Está separando a las familias y, en lugares como Etiopía, está literalmente avivando la violencia étnica. Yo animo a reformar estas plataformas, no escogiendo ideas individuales, sino haciendo que las propias plataformas sean más seguras, menos reactivas, menos virales”.

El papel de Mark Zuckerberg

“Mark tiene un papel muy único en la industria de la tecnología porque tiene más del 55% de todas las acciones con derecho a voto en la junta directiva de Facebook. No hay otras grandes empresas en la que el poder se reparta de forma similar, tan unilateralmente controladas. Y al final, la responsabilidad recae de todo en Mark. Actualmente no hay nadie que haga responsable a Mark de sus propias acciones”.

Mark [Zuckerberg] controla Facebook unilateralmente. Actualmente no hay nadie que haga responsable a Mark de sus propias acciones

“Yo obtuve un MBA de Harvard, y nos recalcan que somos responsables de las organizaciones que construimos. Mark ha construido una organización muy orientada a las métricas. Se pretende que sea plana. No hay responsabilidad unilateral. Las métricas toman la decisión. Desafortunadamente, eso mismo es una decisión. Y al final, si él es el CEO y el presidente de Facebook, él es responsable de esas decisiones. La responsabilidad recae en él”.

El Instagram para niños de 10 a 13 años y la decisión de Facebook de congelarlo

“Me sorprendería sinceramente que no siguieran con el proyecto de Instagram Kids, y me sorprendería que dentro de un año no volviéramos a tener esta conversación. Por eso Facebook entiende que si quieren seguir creciendo, tienen que encontrar nuevos usuarios. Tienen que asegurarse de que la próxima generación está tan comprometida con Instagram como la actual. Y la forma en que lo harán es asegurándose de que los niños establezcan hábitos para que tengan una buena autogestión”.

Los documentos internos de Facebook hablan de la importancia de conseguir usuarios más jóvenes, como los preadolescentes

“Los documentos internos de Facebook hablan de la importancia de conseguir usuarios más jóvenes, por ejemplo los preadolescentes con Instagram Kids, porque entienden su valor para el éxito a largo plazo de Facebook”

Por qué decidió filtrar los documentos internos

“Me uní a Facebook en 2019 porque alguien cercano a mí se radicalizó en Internet. Me sentí obligada a tomar un papel activo en la creación de un Facebook mejor y menos tóxico. Durante mi tiempo en Facebook, primero trabajando como jefa de producto de Integridad Cívica y más tarde en Contraespionaje, vi que Facebook se encontraba repetidamente con conflictos entre sus propios beneficios y nuestra seguridad. Facebook resolvió sistemáticamente esos conflictos a favor de sus propios beneficios. El resultado ha sido un sistema que amplifica la división, el extremismo y la polarización, y socava las sociedades de todo el mundo. En algunos casos, esto ha conducido a una violencia real que daña e incluso mata a personas. En otros casos, su máquina de optimización de beneficios está generando autolesiones y problemas con la propia imagen, especialmente para los grupos vulnerables, como las adolescentes. Estos problemas han sido sido confirmados repetidamente por la propia investigación interna de Facebook”.

Descubrí una verdad aterradora: casi nadie fuera de Facebook sabe lo que ocurre dentro de Facebook

“Creo que lo que hice fue correcto y necesario para el bien común, pero sé que Facebook tiene recursos infinitos que podría utilizar para destruirme. Di el paso porque descubrí una verdad aterradora: casi nadie fuera de Facebook sabe lo que ocurre dentro de Facebook. La dirección de la empresa oculta información vital al público, al Gobierno de Estados Unidos, a sus accionistas y a los gobiernos de todo el mundo. Los documentos que he proporcionado demuestran que Facebook nos ha engañado repetidamente sobre lo que sus propias investigaciones revelan acerca de la seguridad de los niños, su papel en la difusión de mensajes de odio y polarización, y mucho más”.

La extrabajadora de Facebook que ha provocado el mayor escándalo de malas prácticas en la red social desde el de Cambridge Analytica ha elegido dar la cara. Su nombre es Frances Haugen y trabajó en la corporación de Mark Zuckerberg hasta el pasado mayo, momento en el que decidió abandonarla y filtrar una gran cantidad de documentos internos. Esos informes, publicados por el Wall Street Journal, han mostrado que la multinacional era consciente de que su actividad provoca un impacto tóxico en la sociedad, pero que en la mayoría de ocasiones no hace nada para remediarlo.

“Había conflictos de interés entre lo que era bueno para la sociedad y lo que era bueno para Facebook”, explicó Haugen este domingo en el programa estadounidense de máxima audiencia 60 Minutos, de la CBS. “Facebook, una y otra vez, optó por optimizar sus propios intereses, como ganar más dinero”, aseveró.

Esta extrabajadora de Facebook, ingeniera informática de 37 años, formaba parte del equipo de “Integridad Cívica” de la compañía. Su misión era asegurarse de que la empresa tuviera “un rol positivo en la sociedad”. Decidió convertirse en una garganta profunda de Facebook porque la multinacional se había convertido en todo lo contrario a eso.

Los documentos filtrados por Haugen han revelado Facebook sabe que Instagram es tóxico para muchas adolescentes, ya que les hace sentirse peor con su cuerpo, pero que no actúa para evitarlo. También que los empleados de la red social descubrieron que ésta se usa para el tráfico de drogas y de personas en países en vías de desarrollo, que lo denunciaron ante la cúpula directiva y que recibieron una “respuesta tibia” por su parte. O que sus algoritmos destinados a disminuir la polarización y el discurso del odio provocaron todo lo contrario, pero Facebook no los cambió porque eran muy efectivos capturando la atención de los usuarios.

Facebook ha creado un sistema de incentivos que está dividiendo a la gente

Uno de esos informes apuntaba directamente al impacto de los algoritmos en el discurso político europeo. Según la extrabajadora de Facebook, los partidos se quejaron de que la red social les obligara a ser cada vez más y más agresivos en su propaganda para obtener visibilidad en la red social.

Es algo que también provocó la polarización de los contenidos de algunos medios de comunicación. “Cuando tienes un sistema que sabes que puede ser hackeado con ira, es más fácil provocar la ira de la gente. Y los editores dicen: 'Oh, si hago contenidos más airados, polarizantes y divisivos, consigo más dinero'. Facebook ha creado un sistema de incentivos que está dividiendo a la gente”.

“Cada nuevo idioma cuesta más dinero”

En la entrevista en 60 minutos la extrabajadora de Facebook continuó sacando a la luz informes que dejan en evidencia a Facebook. Un nuevo documento dirigido a sus directivos y destapado este domingo en el programa concluye que “el actual conjunto de incentivos financieros que generan nuestros algoritmos no parece estar alineado con nuestra misión como empresa”.

No obstante, una parte de su entrevista se centró en explicar cómo la red social perjudica especialmente a las sociedades de mercados secundarios para ella, aquellos cuya conversación no se desarrolla en inglés.

“Es realmente importante recordar que Facebook gana diferentes cantidades de dinero en cada país del mundo”, expuso Haugen. “Cada vez que Facebook se expande a una nueva área lingüística, cuesta tanto, si no más, hacer los sistemas de seguridad para ese idioma como para hacer el inglés o el francés. Cada nuevo idioma cuesta más dinero, pero hay progresivamente menos. Y así, por cuestiones económicas, para Facebook no tiene sentido que la plataforma sea segura en muchas de estas partes del mundo”.

Por cuestiones económicas, para Facebook no tiene sentido que la plataforma sea segura en muchas de estas partes del mundo

La consecuencia más grave de la práctica descrita por Haugen, que deja las plataformas con nula o muy poca supervisión en lenguas minoritarias, se dio en Myanmar. Los inspectores de la ONU que investigaron el genocidio contra los rohingya señalaron que Facebook tuvo un papel clave en los llamamientos a la violencia. La empresa terminó reconociendo que no tenía los suficientes moderadores capaces de hablar birmano como para detectar lo que estaba pasando.

El problema se repite en muchos otros lugares del mundo cuando entra en juego la desinformación. Durante la entrevista la filtradora expuso que en muchos países, especialmente donde no existen equipos de periodistas especializados en hacer verificación de contenidos, la “desinformación en Facebook está directamente relacionada con muertes”. “Imagina qué ocurre en un pueblo de África en el que se comparte la foto de una masacre, se dice que ha sido en el pueblo de al lado y que es necesario armarse”.

Vigilar el mundo

Las declaraciones de Haugen coinciden con las de otros excompañeros que han decidido contar lo que fue su día a día en Facebook. Recuerdan especialmente a las de Sophie Zhang, científica de datos que formó parte del equipo encargado de eliminar las redes de bots y otros tipos de actividad maliciosa de la red social. Según su testimonio, esta unidad se veía totalmente sobrepasada por la envergadura y la trascendencia de su trabajo: “He tomado decisiones que afectaban a presidentes nacionales sin ninguna supervisión”, alertó. En los documentos que ella filtró destacaba la actuación de su equipo en España, que tardó semanas en bloquear unas 700.000 cuentas falsas que contaminaron la conversación política durante la pandemia.

Las revelaciones de Haugen llegarán aún más lejos. Además de al Wall Street Journal, ella también mandó los documentos a los que tuvo acceso a miembros del Congreso de EEUU, que tiene abierta una comisión de investigación sobre las grandes plataformas a raíz del caso de Cambridge Analytica. La ingeniera comparecerá ante los congresistas esta semana.

Facebook ha enviado un comunicado a los medios en relación a las publicaciones del Journal y la entrevista de Haugen, en el que niega la inacción que denuncia su exempleada. “Cada día nuestros equipos deben hacer un equilibrio entre proteger el derecho de miles de millones de personas a expresarse abiertamente con la necesidad de mantener la plataforma como un espacio seguro y positivo. Seguimos haciendo mejoras significativas para frenar la distribución de desinformación y contenido dañino. Sugerir que promovemos el contenido malo sin hacer nada no es verdad”

¿Qué implica la nueva era del espionaje para el trabajo de los periodistas de investigación? El año pasado, me preparaba para volar desde Londres a un país de Oriente Medio con el objetivo de cubrir una información sensible. No me preocupaba mi propia seguridad, pero ahora tengo que tomar medidas especiales para proteger la seguridad de mis datos.

Había descartado utilizar mi ordenador portátil y mi teléfono móvil personales, así que opté por comprar un teléfono completamente nuevo. Me aseguré de no iniciar ninguna sesión desde mis cuentas y de no guardar ningún número en la libreta de contactos. Antes de partir, creé una dirección de correo electrónico temporal expresamente para este viaje, para que mis fuentes pudieran ponerse en contacto conmigo.

Hasta hace poco, la contrainteligencia era un asunto de los periodistas de investigación especializados en seguridad nacional o que trabajaban con contactos que les pasaban información confidencial. Sin embargo, estas tácticas son cada vez más necesarias en todos los ámbitos.

Para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio, es cada vez más fácil contratar a hackers o acceder a software de espionaje de nivel gubernamental, y los periodistas nunca hemos sido tan vulnerables a que la identidad de nuestras fuentes quede al descubierto o a que nuestros proyectos se vean amenazados por las mismas personas que no quieren que sus secretos más oscuros salgan a la luz. Todos aquellos que crean en la importancia del periodismo de investigación que obliga a los poderosos a rendir cuentas deberían estar preocupados por esta emergencia mundial.

Cuando The Guardian se puso en contacto conmigo para informarme de que mi número de teléfono figuraba en una lista de datos filtrados, supuestamente seleccionado por Emiratos Árabes Unidos, no me sorprendió.

Cuando trabajaba para el Wall Street Journal, un compañero y yo ya avanzamos en nuestro libro Blood and Oil: Mohammed bin Salman's Ruthless Quest for Global Power (Sangre y petróleo: la lucha despiadada de Mohammed bin Salmán por el poder mundial) que el vecino más pequeño de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, había comprado un mínimo de tres licencias de software de espionaje a una empresa israelí llamada NSO, para que sus agencias gubernamentales pudieran utilizar este potente programa de espionaje.

Llevo años informando sobre cuestiones delicadas de EAU, especialmente sobre lo relacionado con el escándalo del 1MBD (1Malasia Development Berhad), que afecta a un miembro de la familia real de Abu Dhabi, al embajador de EAU en Estados Unidos y a dos de sus fondos soberanos. Ya no tengo el número de teléfono que aparece en el registro filtrado, por lo que no puedo entregar el dispositivo para el análisis forense, que sería la única forma de saber si hubo un intento de hackeo o llegaron a hackearme con el programa espía Pegasus de NSO.

Aunque no me sorprendió saber qué Gobierno estaba supuestamente interesado en mí, sí me sorprendió el nombre de la empresa. Durante años, los máximos responsables de NSO han asegurado a mis compañeros de profesión que sus potentes herramientas estaban diseñadas para vigilar a terroristas y no podían ser utilizadas contra personas como yo. De hecho, NSO ha asegurado recientemente –en mayo, con vistas a una posible oferta pública de adquisición–, que sus “procedimientos internos” protegen contra el mal uso de su software.

En el léxico de excusas de NSO resulta especialmente irritante la expresión “obligadas por contrato”. Al rechazar las acusaciones, la empresa ha argumentado que los países que obtuvieron licencias del software de espionaje se comprometieron a no hacer un mal uso de este programa de vigilancia.  

A lo largo de mi carrera en el Wall Street Journal y como periodista independiente en la empresa que cofundé este año, Project Brazen, he constatado que los periodistas que cubrimos todo tipo de temas, desde economía a medioambiente, desde los conflictos bélicos a las cuestiones gubernamentales, debemos elevar nuestros niveles de alerta y tomar medidas para evitar los ciberataques. Mientras el periodismo tenga enemigos bien financiados y dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para impedir que la información salga a la luz, esta amenaza será real para toda la profesión. 

Los periodistas que trabajan en países como México, Afganistán y Filipinas son los que se enfrentan a los mayores riesgos cuando cuentan la verdad con valentía, ya que corren el peligro de ser asesinados o encarcelados. Sin embargo, la ciberseguridad es un riesgo omnipresente debido a la privatización de la intrusión informática y telefónica.

Tuve la suerte de que el WSJ se tomara en serio este riesgo y me permitiera reemplazar mi teléfono cada seis meses cuando informaba sobre temas sensibles. Lamentablemente estas precauciones ya no son suficientes.

Si pienso en los últimos cuatro años, alguien que creía que era un compañero de profesión me grabó durante una comida (más tarde vi la transcripción completa), me han vigilado físicamente exmiembros de las fuerzas de seguridad que ahora trabajan para clientes privados, he tenido que lidiar con falsos denunciantes que me enviaban documentos llenos de malware y he recibido alertas de Google de que un Estado estaba intentando acceder a mi cuenta personal de Gmail.

Para protegerme, actualizo constantemente mi software y utilizo programas de chat cifrados como Signal. También he comprado un montón de teléfonos que se pueden desechar, que entrego a fuentes que necesitan ponerse en contacto conmigo.

Incluso he contratado, asumiendo los gastos, a un exexperto en espionaje del Gobierno para que me forme en cómo esquivar la vigilancia. Recorrimos Londres hablando de posibles escenarios, pero mi impresión más duradera fue la siguiente: cada día, en las ciudades más importantes del mundo, hay equipos de cuatro o cinco personas que siguen a empresarios, figuras políticas y periodistas para averiguar con quién se reúnen y qué se dicen.

Cuando pregunté a su compañero cómo podría acceder a mi teléfono si le contrataban para ello, me explicó que una forma sería seguirme en una estación con una mochila que emitiera una potente señal wifi con el mismo nombre que el wifi de mi proveedor de servicios móviles en el metro. Cuando mi teléfono se conectara a ella, sin darse cuenta de que era falsa, se convertiría instantáneamente en una señal infectada con malware.

Un disidente político me habló de una moto sospechosa aparcada frente a su casa de Londres. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró un rúter wifi conectado a la batería de la moto con el mismo nombre que el wifi de su casa. Este ataque tiene un nombre, evil twin, gemelo malvado.

Todos estos preocupantes acontecimientos llevan a la misma conclusión, que es sencilla: hay que volver a la vieja escuela. Los periodistas deben hacer todo lo posible para diversificar los soportes donde escriben y guardan sus reportajes, teniendo en cuenta que su smartphone es uno de sus principales puntos débiles. Este retroceso dificulta la labor periodística y la hace más engorrosa, pero tomar esas precauciones puede ser a veces la única manera de informar responsablemente sobre una historia delicada en la que la vida de las personas esté en peligro.

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- Bradley Hope, exreportero del 'Wall Street Journal', es cofundador del Proyecto Brazen. También es coautor de 'Blood and Oil: Mohammed bin Salman's Ruthless Quest for Global Power' (Sangre y petróleo: la lucha despiadada de Mohammed bin Salmán por el poder mundial). 

Traducido por Emma Reverter

Rusia ha otorgado este viernes el permiso de residencia permanente al exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snowden, según ha informado su abogado Anatoli Kucherena. “Los servicios migratorios de Rusia otorgaron hoy a Snowden el derecho a la residencia permanente”, ha declarado el jurista a Interfax.

Kucherena ha explicado que el estadounidense pudo beneficiarse de este estatus gracias a los cambios de la legislación migratoria rusa aprobados en 2019. El abogado también señala que la solicitud fue presentada en abril del presente año.

“La demora en responder a nuestra solicitud se debe a las dificultades que enfrentaron las instituciones estatales debido a las limitaciones impuestas por la pandemia” del coronavirus, afirma.

Sin embargo, Kucherena considera que de momento Snowden no se ha planteado la posibilidad de solicitar la ciudadanía rusa. Antes de solicitar la residencia permanente, el estadounidense ya había pedido en dos ocasiones el permiso de residencia temporal.

El exanalista, asilado en Rusia desde hace prácticamente siete años después de huir de Estados Unidos tras revelar en 2013 detalles de programas de espionaje estadounidense de amplio alcance nacional e internacional, es perseguido desde entonces por la justicia estadounidense, que le ha acusado de violar la ley de espionaje.

Desde que recibió asilo en Rusia, además de escribir libros, Snowden trabaja de consultor y ofreciendo videoconferencias a nivel mundial sobre las tecnologías de la información y sus riesgos y amenazas. 

Los agenda parlamentaria se ha reactivado y los legisladores españoles están de vuelta en el Congreso. La pregunta es: ¿hacia dónde van?

Esta semana, Ciudadanos ha dado un paso adelante empujando la protección de las personas alertadoras y denunciantes en su agenda legislativa. Este martes y miércoles, el Congreso debate y votará la legislación propuesta y su toma en consideración. Un voto afirmativo significará que la propuesta de Ciudadanos se convertirá en la columna vertebral en torno a la cual se articulará todo el futuro de la protección de los alertadores y denunciantes en España.

La contundente fijación de la agenda del partido es un buen paso adelante, por la simple razón de que España debería haber actuado sobre esto hace mucho tiempo. Desafortunadamente, la ley que Ciudadanos ha propuesto no es tan audaz en su contenido como la acción del partido al ponerla allí.

Después de la llegada del coronavirus, el mundo ha aprendido que no podemos volver a “cómo eran las cosas antes”. Las cosas han cambiado. Sin embargo, esta propuesta de Ciudadanos es un paso atrás en el tiempo, hasta el 2016, cuando fue presentada por primera vez un proyecto de ley sobre la materia al Congreso.

España está legalmente obligada a aplicar la Directiva de la UE (UE 2019/1937) en su propia legislación nacional a finales de 2021. Sin embargo, la propuesta en debate esta semana ignora gran parte de la Directiva.

La Directiva dice que España debe proporcionar a los alertadores protecciones razonables si van a poner sus carreras - y a veces incluso sus vidas - en peligro. La mayoría de las entidades jurídicas públicas y las empresas privadas con más de 50 empleados deben proporcionar una manera de que los alertadores y denunciantes hagan una revelación cuando haya actos ilegales. Esos canales no sólo son obligatorios, sino que deben ser seguros, manteniendo la identidad del denunciante y las comunicaciones, su contenido y a los participantes de manera confidencial.

La propuesta no establece esto. Es vaga, no específica, y no dice nada sobre muchos puntos. La Directiva también requiere protecciones para los alertadores que revelen actos ilegales en una serie de áreas que se enumeran específicamente.

Entre ellas se incluyen la seguridad de los productos, la salud y el bienestar de los animales, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la protección de los datos, la protección del consumidor, la seguridad del transporte, los servicios financieros, la contratación pública y la seguridad nuclear. Y lo más relevante de todo ahora, en la salud pública.

Sin embargo, estas áreas faltan en la propuesta de Ciudadanos.

La Directiva incluye una referencia a la protección de los alertadores que necesitan ir con su información a los medios en determinadas circunstancias. La propuesta de Ciudadanos también guarda silencio sobre esto. Sólo habla de una nueva autoridad nacional como prácticamente única alternativa.

El hecho de tener un solo canal para dar a conocer las infracciones concentra todas las posibilidades de fallas en un único punto para el alertador.

Debe existir diversos canales para constituir un sistema efectivo contra el crimen. Esto puede incluir, por ejemplo, la CNMC para aquellos que hacen trampas en el mercado, robando los ahorros de nuestros pensionistas. O las agencias regionales antifraude para aquellos que pasan bolsas de papel con dinero a los partidos políticos cuando nadie está mirando. O el regulador de salud para aquellos cuya codicia pone en riesgo innecesariamente las vidas de valientes trabajadores de la salud - y por lo tanto nuestras propias vidas también.

La propuesta fue fundamentalmente escrita durante un tiempo antes de la abrumadora aprobación de la ley por el Parlamento de la UE en abril de 2018 con 521 votos a favor y sólo 29 en contra. España puede estar orgullosa de esta Directiva de la UE; los expertos españoles jugaron un papel vital en la configuración de la Directiva a lo que se ha convertido hoy en día.

La Directiva es especial; es una ley construida desde la base por ciudadanos desde España a Suecia. Fue aprobada para dar voz a todos nosotros para que hablemos cuando veamos una mala conducta, protegiéndonos del miedo a ser castigados por decir la verdad.

Los autores de la Directiva y los parlamentarios que la aprobaron tenían una visión de esta ley que va más allá de un simple fraude. Previeron que si un ciudadano puede hablar libremente cuando se está cometiendo un delito, no sólo nos protegerá del crimen. También nos protegerá de la tiranía. La visión es grandiosa: traer una nueva era de comportamiento ético a través de Europa.

Al excluir estos canales, o guardar silencio sobre ellos, en la ley propuesta por Ciudadanos se pierde todo esto. Está desprovista de cosas tan esenciales para la Directiva que, incluso si se aprobara, España tendría que inventar una nueva ley de alertadores de nuevo sólo para cumplir con los requisitos de la UE para aplicar la legislación de la Unión a la española.

Esto no significa que Ciudadanos no pueda o no deba ser parte del proceso para introducir la primera ley nacional de protección de alertadores en España. Su presencia es importante, y sus diputados aportan, entre otros, experiencia tan potente como la de la Abogacía del Estado. Su experiencia puede elevar la calidad de la ley que finalmente debe ser aprobada.

Pero este proyecto está mirando hacia atrás, viendo cómo el resto de Europa se aleja. Ya hay una propuesta de legislación que ha adoptado la Directiva de la UE así como normas internacionales esperando en las puertas del Congreso. Proponemos que es mejor elegir algo que cumpla plenamente con la Directiva de la UE como la semilla de la nueva ley nacional de España que está por venir. Si no es esto, entonces habrá que construir algo nuevo. Pero debemos mirar adelante. Porque si la COVID-19 le ha enseñado al mundo una cosa es que debemos mirar hacia adelante para prosperar.

Un contratista de Apple que ayudó a destapar el programa de escuchas de Siri [inteligencia artificial con funciones de asistente personal] ha decidido revelar su identidad para protestar por la pasividad de las autoridades competentes desde que se destapó el escándalo.

En una carta en la que explica su decisión, enviada a todos los reguladores europeos de protección de datos, Thomas le Bonniec señala que “es preocupante que Apple (y sin duda no sólo Apple) siga ignorando y vulnerando los derechos fundamentales y continúe recabando información de forma masiva.

“Estoy profundamente preocupado por el hecho de que los ciudadanos europeos creen que están protegidos por una de las leyes de protección de datos más sólidas del mundo cuando en realidad los gigantes tecnológicos están espiando a una cantidad masiva de usuarios. Aprobar una ley no es suficiente: es necesario hacerla cumplir a todos los que vulneran la privacidad de los ciudadanos”, escribe.

Le Bonniec, de 25 años, trabajó como subcontratista de Apple en sus instalaciones de Cork, transcribiendo las solicitudes de los usuarios en inglés y francés, hasta que en el verano de 2019 decidió dejar la compañía por motivos éticos. Cuando presentó su renuncia, le dijo a The Guardian que consideraba que Apple se movía “en un espacio gris desde un punto de vista moral y legal”. También señaló que la compañía había estado recopilando datos “durante años y a gran escala”, y que alguien debería pararle los pies.

Tras las revelaciones de Le Bonniec y de otros contratistas, Apple prometió que cambiaría sustancialmente su programa de “clasificación”, que implicaba que miles de contratistas escucharan las grabaciones realizadas, tanto accidental como deliberadamente, con Siri. La compañía se disculpó y decidió que a partir de ese momento ese trabajo lo harían sus trabajadores en plantilla. También prometió que solo registraría las grabaciones de los usuarios que habían autorizado explícitamente esta práctica.

En un comunicado emitido en agosto, el gigante tecnológico afirmó que era consciente “de no haber estado la altura” de sus “elevados ideales”. A finales de octubre, publicó una actualización del software que permitía a los usuarios permitir que sus grabaciones de voz se utilizaran para “mejorar el rendimiento del asistente” o, por el contrario, borrar las grabaciones que Apple había almacenado.

La compañía hizo hincapié en el hecho de que, a diferencia de otros sistemas de la competencia, las grabaciones de Siri nunca están vinculadas a una cuenta específica de Apple. Ahora Le Bonniec argumenta que la compañía no ha tenido que rendir cuentas sobre las consecuencias de un programa de escuchas que estuvo activo durante años.

“A diario escuchaba cientos de grabaciones, de varios dispositivos de Apple (por ejemplo, iPhones, relojes de Apple o iPads). A menudo el usuario no había querido activar Siri ni le había hecho ninguna solicitud. Estas grabaciones se recopilaron sin que los usuarios se dieran cuenta, y se almacenaron en conjuntos de datos, con la intención de mejorar la transcripción de la grabación hecha por el dispositivo”, señala.

“En las grabaciones no solo se escuchan a los usuarios de los dispositivos de Apple, sino también a familiares, hijos, amigos, colegas, y a cualquiera que pudiera ser grabado por el dispositivo. El sistema lo grababa todo: nombres, direcciones, mensajes, búsquedas, discusiones, ruidos de fondo, películas y conversaciones. Escuché a personas que hablaban de su cáncer, o de familiares que habían fallecido, o sobre religión, sexo, pornografía, política, educación, relaciones o drogas y que no tenían ninguna intención de que Siri estuviera activada”.

“Estas prácticas son completamente contrarias a las directivas de la compañía en materia de privacidad y deberían ser investigadas urgentemente por los organismos de protección de datos y los organismos de control de la privacidad, señala el whistleblower.

“Con este comunicado, quiero llamar su atención sobre este tema, y también ofrecer mi cooperación para proporcionar cualquier información que pueda demostrar estos hechos. Aunque este caso ya se ha hecho público, hasta donde yo tengo conocimiento no se ha iniciado ningún tipo de investigación sobre estas prácticas de Apple”, concluye Le Bonniec.

Traducido por Emma Reverter

Una denuncia de violación que termina en el cajón justo a tiempo, la presión del Reino Unido para no abandonar el caso, un juez parcial, la detención en una prisión de máxima seguridad y tortura psicológica. Julian Assange ha pasado por todo esto y pronto correrá el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a hasta 175 años de prisión por exponer crímenes de guerra.

Por primera vez, el relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, da detalles de los polémicos hallazgos de su investigación sobre el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Nils Melzer, ¿por qué el relator especial de la ONU sobre tortura se interesa en Julian Assange?

Eso mismo me preguntaron recientemente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania: ¿esta es realmente su principal obligación? ¿Assange es víctima de tortura?

¿Qué respondió?

El caso se encuentra dentro de mis obligaciones de tres maneras diferentes: primero, Assange publicó pruebas de tortura sistemática. Pero en lugar de ser perseguidos los responsables de la tortura, se está persiguiendo a Assange. Segundo, él mismo ha sido maltratado hasta tal punto que ahora muestra síntomas de tortura psicológica. Y tercero, puede ser extraditado a un país que mantiene a las personas como él en condiciones de prisión que Amnistía Internacional ha calificado como de tortura.

En resumen: Julian Assange destapó la tortura, él mismo ha sido torturado y podría ser torturado hasta morir en Estados Unidos. ¿Y se supone que un caso así no forma parte de mi área de responsabilidad? Más allá de eso, el caso es de importancia simbólica y afecta a todos los ciudadanos de un país democrático.

¿Por qué no asumió el caso mucho antes?

Imagine una habitación oscura. De repente, alguien ilumina a un elefante en la habitación que representa a los criminales de guerra, la corrupción. Assange es el hombre que sostiene el foco. Los Gobiernos se quedan brevemente en estado de shock, pero luego hacen girar el foco con acusaciones de violación.

Esta es una maniobra clásica cuando se trata de manipular a la opinión pública. El elefante, una vez más, desaparece en la oscuridad quedándose detrás del foco y, en su lugar, Assange se convierte en el foco de atención y comenzamos a hablar sobre si Assange está patinando en la embajada o si alimenta a su gato correctamente. De repente, todos sabemos que es un violador, un hacker, un espía y un narcisista. Pero los abusos y crímenes de guerra que descubrió se desvanecen en la oscuridad. Yo también perdí mi enfoque, a pesar de mi experiencia profesional, que debería haberme hecho estar más alerta.

Comencemos por el principio: ¿Qué le llevó a tomar el caso?

En diciembre de 2018 sus abogados me pidieron que interviniera. Al principio, me negué. Estaba muy cargado con otras peticiones y no estaba muy familiarizado con el caso. Mi impresión, en gran medida influenciada por los medios de comunicación, también estuvo influida por el prejuicio de que Julian Assange era de alguna manera culpable y de que quería manipularme.

En marzo de 2019, sus abogados se me acercaron por segunda vez porque cada vez había más indicios de que pronto Assange sería expulsado de la embajada ecuatoriana. Me enviaron algunos documentos clave y un resumen del caso y pensé que mi integridad profesional exigía que al menos le echara un vistazo al material.

¿Qué pasó entonces?

Rápidamente resultó evidente que algo no estaba bien. Mi amplia experiencia en asuntos legales me decía que había una contradicción que no tenía sentido: ¿por qué una persona estaría sujeta a nueve años de investigación preliminar por violación sin que nunca se hayan presentado cargos?

¿Eso es algo inusual?

Nunca he visto un caso similar. Cualquiera puede iniciar una investigación preliminar en contra de otra persona con tan solo ir a la policía y acusarla de un delito. Sin embargo, las autoridades suecas nunca se interesaron por el testimonio de Assange. Lo dejaron intencionalmente en el limbo. Imagínese ser acusado de violación durante nueve años y medio por todo el aparato estatal y medios de comunicación sin tener la oportunidad de defenderse porque nunca se presentaron cargos.

Está diciendo que las autoridades suecas nunca se interesaron por el testimonio de Assange. Pero los medios de comunicación y las agencias gubernamentales han descrito un escenario totalmente diferente a lo largo de los años: dicen que Julian Assange huyó del poder judicial sueco para evitar rendir cuentas.

Eso fue lo que siempre pensé, hasta que comencé a investigar. La verdad es lo contrario. Assange se entrevistó con las autoridades suecas en varias ocasiones porque quería responder ante las acusaciones. Pero las autoridades pusieron obstáculos.

¿Qué quiere decir con poner obstáculos?

Permíteme comenzar por el principio. Hablo sueco con fluidez y pude leer todos los documentos originales. Apenas podía creer lo que leía: según el testimonio de la mujer en cuestión, nunca se produjo una violación. Y no solo eso: después, la policía de Estocolmo cambió el testimonio de la mujer sin que ella participara para que de alguna manera pareciera una posible violación.

Dice que la policía de Estocolmo cambió el testimonio de la mujer, ¿cómo lo hicieron exactamente?

El 20 de agosto de 2010, una mujer llamada S.W. entró en la comisaría de Estocolmo junto con una segunda mujer llamada A.A. La primera, S.W, dijo que había tenido relaciones sexuales consentidas con Julian Assange, pero que él no había usado condón. Dijo que ahora le preocupaba que pudiera estar infectada con VIH y quería saber si podía obligar a Assange a hacerse una prueba de VIH. Ella dijo que estaba realmente preocupada. La policía anotó su declaración e inmediatamente informó a los fiscales.

Incluso antes de que pudieran terminar las preguntas, se informó a S.W. de que Assange sería arrestado bajo sospecha de violación. S.W. se sorprendió y se negó a continuar con el interrogatorio. Mientras todavía estaba en comisaría, ella le escribió un mensaje a una amiga diciéndole que no quería incriminar a Assange, que solo quería que se hiciera una prueba de VIH, pero que la policía aparentemente estaba interesada en “ponerle las manos encima”.

¿Qué significa eso?

S.W. nunca acusó a Julian Assange de violación. Ella se negó a responder a más preguntas y se fue a su casa. Sin embargo, dos horas después, apareció un titular en la portada de Expressen, un tabloide sueco, que decía que Julian Assange era sospechoso de haber cometido dos violaciones.

¿Dos violaciones?

Sí, porque estaba la segunda mujer, A.A. Ella tampoco quería presentar cargos, simplemente había acompañado a S.W. a la comisaría. Ni siquiera la interrogaron ese día. Más tarde dijo que Assange la había acosado sexualmente. Por supuesto, yo no puedo decir si eso es cierto o no. Solo puedo señalar el orden de los acontecimientos: una mujer entra a una comisaría. No quiere presentar cargos, pero quiere exigir una prueba de VIH. La policía luego decide que esto podría ser un caso de violación y un asunto para los fiscales. La mujer se niega a aceptar esa versión de los hechos y luego se va a su casa y le escribe a un amigo que esa no era su intención, pero la policía quiere “ponerle las manos encima” a Assange.

Dos horas después, el caso aparece en el periódico. Como sabemos hoy en día, los fiscales filtraron la información a la prensa y lo hicieron sin siquiera invitar a Assange a declarar. Y la segunda mujer, que presuntamente había sido violada según el titular del 20 de agosto, fue interrogada el 21 de agosto.

¿Qué dijo la segunda mujer cuando fue interrogada?

Ella dijo que había puesto su apartamento a disposición de Assange, que se encontraba en Suecia para una conferencia. Se trataba de un pequeño apartamento de una habitación. Estando Assange en la casa, ella llegó antes de lo planeado, pero le dijo que no había problema y que los dos podían dormir en la misma cama.

Esa noche tuvieron sexo consentido con condón, pero ella dijo que, durante el acto, Assange había roto intencionalmente el condón. Si eso es cierto, entonces por supuesto se trata de un delito sexual conocido como stealthing. Pero la mujer también dijo que no se dio cuenta de que el condón estaba roto hasta después. Esa es una contradicción que debería haberse aclarado absolutamente. Si no lo percibo, entonces no puedo saber si el otro lo rompió intencionalmente. No se pudo detectar un solo rastro de ADN de Assange o A.A. en el condón que se presentó como evidencia.

¿Cómo se conocieron las dos mujeres?

Realmente no se conocían. A.A., que estaba acogiendo a Assange y ejercía como su secretaria de prensa, había conocido a S.W. en un evento en el que S.W. llevaba un jersey de cachemir rosa. Al parecer, ella sabía por Assange que estaba interesado en tener un encuentro sexual con S.W. porque una noche recibió un mensaje de un conocido que decía que sabía que Assange se quedaría con ella y que, a él, el conocido, le gustaría contactar con Assange. A.A. respondió: aparentemente Assange está durmiendo en este momento con la “chica de cachemir”. A la mañana siguiente, S.W. habló con A.A. por teléfono y dijo que ella también se había acostado con Assange y ahora le preocupaba haberse infectado de VIH.

Esta preocupación aparentemente era real, porque S.W. incluso fue a una clínica para una consulta. A.A. entonces sugirió: 'Vayamos a la policía, ellos pueden hacer que Assange se haga una prueba de VIH'. Sin embargo, las dos mujeres no fueron a la comisaría más cercana, sino a una muy lejana donde trabaja como policía una amiga de A.A. que luego interrogó a S.W. Al principio estaba presente A.A., lo que no es una práctica adecuada. Sin embargo, hasta este punto el único problema era, como máximo, la falta de profesionalidad.

La deliberada malicia de las autoridades solo se hizo evidente cuando difundieron de inmediato la sospecha de violación a través de la prensa sensacionalista. Y lo hicieron sin preguntar a A.A. y contradiciendo la declaración dada por S.W.

Este hecho también violó una prohibición clara de la ley sueca contra la publicación de los nombres de presuntas víctimas o perpetradores en casos de delitos sexuales. Luego el caso llegó a la fiscal general de la capital, quien suspendió la investigación de violación unos días después estableciendo que, aunque las declaraciones de S.W. eran creíbles, no había evidencia de que se hubiera cometido un delito.

Pero entonces el caso cogió carrerilla ¿Por qué?

Entonces el supervisor de la agente que realizó el interrogatorio le escribió un correo electrónico diciéndole que volvieran a escribir la declaración de S.W.

¿Qué cambios hizo la agente?

No lo sabemos, porque la primera declaración se escribió directamente en el programa de ordenador y ya no existe. Solo sabemos que la declaración original, según la fiscal general, aparentemente no contenía ningún indicio de que se hubiera cometido un delito. El formulario editado dice que los dos mantuvieron relaciones sexuales varias veces, de manera consentida y con condón.

Pero a la mañana siguiente, según la declaración modificada, la mujer se despertó porque él intentó penetrarla sin condón. Ella pregunta: “¿Estás usando condón?” Él dice: “no”. Entonces, ella responde: “Es mejor que no tengas VIH” y le permite a él continuar. La declaración fue modificada sin involucrar a la mujer en cuestión y no fue firmada por ella. Esta es una evidencia manipulada, a partir de la cual las autoridades suecas luego crearon una historia de violación.

¿Por qué las autoridades suecas harían algo así?

El momento es decisivo: a finales de julio, Wikileaks, en cooperación con varios medios internacionales, publicó los 'diarios de la Guerra de Afganistán'. Esta fue una de las filtraciones de información más grandes de la historia del ejército de EEUU.

Inmediatamente después, Estados Unidos exigió que sus aliados inundaran a Assange de casos criminales. No estamos familiarizados con toda la correspondencia, pero Stratfor, una consultora de seguridad que trabaja para el Gobierno de Estados Unidos, aconsejó a los funcionarios estadounidenses aparentemente inundar a Assange con todo tipo de casos criminales durante los próximos 25 años.

¿Por qué Assange no fue a la policía en ese momento?

Lo hizo, lo mencioné anteriormente. Assange se enteró de las acusaciones de violación por la prensa. Contactó con la policía para poder dar su declaración. A pesar de que el escándalo llegó al público, solo se le permitió hacerlo nueve días después, cuando la acusación de haber violado a S.W. ya se había abandonado. Pero los procedimientos relacionados con el acoso sexual a A.A. estaban en curso.

El 30 de agosto de 2010, Assange apareció en la comisaría para declarar. Fue interrogado por el mismo policía que había ordenado la revisión de la declaración de S.W. Al comienzo de la conversación, Assange dijo que estaba listo para ofrecer su declaración, pero agregó que no quería leer nada de ella en la prensa una vez más. Ese era su derecho y se le garantizó que así sería.

Sin embargo, esa misma noche todo volvió a aparecer en los periódicos. Solo pudo haber venido de las autoridades porque nadie más estuvo presente durante su interrogatorio. Claramente, la intención era la de manchar su reputación.

¿De dónde sale la historia de que Assange buscaba evadir la justicia sueca?

Esta versión fue fabricada y no es consistente con los hechos. Si él hubiera estado intentando esconderse, no habría aparecido en la comisaría de policía por su propia voluntad. Basándose en la declaración modificada de S.W., se presentó una apelación contra el intento de la fiscal de suspender la investigación y el 2 de septiembre de 2010 se reanudaron los procedimientos sobre la violación.

Claes Borgström fue nombrado representante legal de las dos mujeres con dinero público. El hombre era socio del bufete de abogados del anterior ministro de Justicia, Thomas Bodström, bajo cuya supervisión el personal de seguridad sueco había capturado a dos hombres que Estados Unidos había declarado como sospechosos en mitad de Estocolmo. Los hombres fueron capturados sin ningún tipo de procedimiento legal y luego entregados a la CIA, que procedió a torturarlos. Eso muestra con más claridad el enorme trasfondo transatlántico de este asunto.

Después de reanudarse la investigación sobre violación, Assange indicó en varias ocasiones a través de su abogado que deseaba responder a las acusaciones. La fiscal responsable siguió retrasando el asunto. En una ocasión, no encajaba en su horario, en otra, el oficial de policía responsable estaba enfermo. Tres semanas después, su abogado escribió finalmente que Assange de verdad debía ir a Berlín para una conferencia y preguntó si se le permitía abandonar el país. La oficina del fiscal público le dio permiso por escrito para salir de Suecia por cortos períodos de tiempo.

¿Y entonces?

El punto es: el día en que Julian Assange salió de Suecia, en un momento en que no estaba claro si se iba por corto o largo plazo, se emitió una orden de arresto. Voló con Scandinavian Airlines (SAS) de Estocolmo a Berlín. Durante el vuelo, sus ordenadores portátiles desaparecieron de su equipaje facturado. Cuando llegó a Berlín, Lufthansa solicitó una investigación de SAS, pero la aerolínea aparentemente se negó a proporcionar ningún tipo de información.

¿Por qué?

Ese es exactamente el problema. En este caso, constantemente suceden cosas que no serían posibles a menos que las mires desde un ángulo diferente. De todos modos, Assange continuó hacia Londres, pero no trató de esconderse del poder judicial. A través de su abogado sueco, ofreció a los fiscales varias fechas posibles para ser interrogado en Suecia: esta correspondencia existe. Luego, sucedió lo siguiente: Assange se enteró de que se había abierto un caso criminal secreto contra él en Estados Unidos. En ese momento, no fue confirmado por EEUU, pero hoy sabemos que era cierto. A partir de ese momento, el abogado de Assange comenzó a decir que su cliente estaba preparado para testificar en Suecia, pero exigió garantías diplomáticas de que Suecia no lo extraditaría a Estados Unidos.

¿Realmente era posible que eso ocurriera?

Absolutamente. Algunos años antes, como ya mencioné, el personal de seguridad sueco había entregado a dos solicitantes de asilo –ambos registrados en Suecia– a la CIA sin ningún procedimiento legal. El abuso comenzó en el aeropuerto de Estocolmo, donde fueron maltratados, drogados y trasladados a Egipto, donde fueron torturados. No sabemos si fueron los únicos casos, pero conocemos estos casos porque los hombres sobrevivieron. Más tarde, ambos presentaron denuncias ante las agencias de derechos humanos de la ONU y ganaron su caso. Suecia se vio obligada a pagarles a cada uno medio millón de dólares por daños.

¿Aceptó Suecia las demandas de Assange?

Los abogados dicen que durante los casi siete años en que Assange vivió en la embajada ecuatoriana, hicieron más de 30 ofertas para que Assange visitara Suecia a cambio de una garantía de que no sería extraditado a Estados Unidos. Los suecos se negaron a proporcionar tal garantía argumentando que Estados Unidos no había hecho una solicitud formal de extradición.

¿Cuál es su opinión sobre la demanda hecha por los abogados de Assange?

Tales garantías diplomáticas son una práctica internacional rutinaria. Las personas solicitan garantías de que no serán extraditadas a lugares donde existe el peligro de violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de si el país en cuestión ha presentado una solicitud de extradición o no. No es un procedimiento legal, sino político.

Este es un ejemplo: digamos que Francia exige que Suiza extradite a un empresario kazajo que vive en Suiza, pero que es buscado por Francia y Kazajstán por acusaciones de fraude fiscal. Suiza no ve peligro de tortura en Francia, pero cree que tal peligro existe en Kazajstán. Entonces Suiza le dice a Francia: vamos a extraditarlo, pero queremos una garantía diplomática de que no será extraditado a Kazajstán. La respuesta de los franceses no sería: “¡Kazajstán ni siquiera ha presentado una solicitud!” Debería ser que, por supuesto, otorgarían tal garantía.

Los argumentos procedentes de Suecia fueron tenues en el mejor de los casos. Esa es una parte del asunto. La otra, y lo digo basándome en toda la experiencia que tengo en la práctica internacional estándar, es que si un país se niega a proporcionar tal garantía diplomática, todas las dudas sobre las buenas intenciones del país en cuestión están justificadas ¿Por qué Suecia no proporcionaría tales garantías? Desde una perspectiva legal, después de todo, Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con los procedimientos de delitos sexuales suecos.

¿Por qué Suecia no quiso ofrecer esa garantía?

Solo hay que ver cómo se gestionó el caso: para Suecia, nunca se trató de los intereses de las dos mujeres. Incluso después de solicitar las garantías de no ser extraditado, Assange todavía quería testificar. Él dijo: Si no pueden garantizarme que no seré extraditado, entonces estoy dispuesto a ser interrogado en Londres o por videoconferencia.

¿Pero es normal o aceptable que las autoridades suecas viajen a un país diferente para tal interrogatorio?

Ese es otro indicio de que Suecia nunca estuvo interesada en encontrar la verdad. Para exactamente este tipo de asuntos judiciales existe un tratado de cooperación entre el Reino Unido y Suecia que prevé que los funcionarios suecos puedan viajar al Reino Unido, o viceversa, para realizar interrogatorios o que el interrogatorio pueda realizarse por videoconferencia.

Durante el periodo de tiempo en cuestión se hicieron este tipo de interrogatorios entre Suecia e Inglaterra en otros 44 casos. Fue solo en el caso de Julian Assange en el que Suecia insistió en que era esencial para él presentarse personalmente.

¿Por qué sucedió de esa manera?

Solo hay una única explicación para todo esto: la negativa a otorgar garantías diplomáticas, la negativa a interrogarlo en Londres: querían detenerlo para poder extraditarlo a Estados Unidos.

El número de infracciones registradas en Suecia en las primeras semanas de la investigación criminal preliminar es simplemente grotesco. El Estado asignó un asesor legal a las mujeres que les dijo que la interpretación criminal de lo que habían vivido dependía del Estado y no de ellas.

Cuando al asesor legal se le preguntó sobre las contradicciones en el testimonio de las mujeres y la narrativa a la que se adhirieron funcionarios públicos, el asesor dijo, en referencia a las mujeres: “Ah, pero ellas no son abogadas”.

Pero durante cinco largos años la Fiscalía sueca evitó interrogar a Assange sobre la supuesta violación, hasta que sus abogados finalmente solicitaron a la Corte Suprema de Suecia que obligara a la Fiscalía a presentar cargos o cerrar el caso. Cuando los suecos le dijeron al Reino Unido que podrían verse obligados a abandonar el caso, los británicos respondieron con preocupación: “¡No se atrevan a echarse atrás!”.

¿Está hablando en serio?

Sí, los británicos, o más específicamente el Servicio de Fiscalía de la Corona, querían evitar que Suecia abandonara el caso a toda costa. Aunque realmente los ingleses deberían haber estado contentos de que ya no tendrían que gastar millones en dinero de los contribuyentes para mantener a la embajada ecuatoriana bajo vigilancia constante para evitar que se fugara Assange.

¿Por qué los británicos estaban tan ansiosos por evitar que los suecos cerraran el caso?

Debemos dejar de creer que realmente había interés en llevar a cabo una investigación sobre un delito sexual. Lo que hizo Wikileaks es una amenaza para la élite política de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia en igual medida. Wikileaks publica información secreta de Estado. Y en un mundo, incluso en las llamadas democracias maduras, donde la expansión de secretos se ha generalizado, eso se considera una amenaza fundamental. Assange dejó en claro que los países ya no están interesados en la confidencialidad legítima, sino en la supresión de información importante sobre corrupción y delitos.

Tomemos el arquetípico caso de Wikileaks sobre las filtraciones de información proporcionadas por Chelsea Manning: el vídeo llamado “Asesinato colateral”. (Nota del editor: El 5 de abril de 2010, Wikileaks publicó un vídeo clasificado del ejército estadounidense que mostraba el asesinato de varias personas en Bagdad ejecutado por soldados estadounidenses, incluidos dos empleados de la agencia de noticias Reuterspublicó un vídeo clasificado).

Como asesor legal durante mucho tiempo en el Comité Internacional de la Cruz Roja y delegado en zonas de guerra, puedo decirle que el vídeo sin duda documenta un crimen de guerra. Un equipo de helicópteros simplemente acribilla a un grupo de personas. Incluso podría ser que una o dos de estas personas llevaran un arma, pero las personas heridas fueron atacadas de forma intencionada. Eso es un crimen de guerra.

“Está herido”, se puede escuchar decir a un estadounidense. “Estoy disparando”. Y luego se ríen. Luego, una camioneta llega para salvar a los heridos. El conductor está con sus dos hijos. Puedes escuchar a los soldados decir: Bueno, es su culpa por traer a sus hijos a una batalla. Y luego abren fuego. El padre y los heridos son asesinados de inmediato, aunque los niños sobrevivieron con heridas graves. A través de la publicación del vídeo, nos convertimos en testigos directos de una masacre criminal e inconcebible.

¿Qué debe hacer una democracia constitucional ante tal situación?

Una democracia constitucional probablemente investigaría a Chelsea Manning por violar el secreto oficial porque le pasó el vídeo a Assange. Pero ciertamente no iría tras Assange, porque publicó el vídeo como interés público, de acuerdo con las prácticas clásicas del periodismo de investigación. Sin embargo, sobre todas las cosas, una democracia constitucional investigaría y castigaría a los criminales de guerra. Estos soldados deberían estar entre rejas. Pero no se inició ninguna investigación criminal contra ninguno de ellos.

Al contrario, el hombre que informó al público está encerrado en prisión preventiva en Londres y se enfrenta a una posible sentencia en Estados Unidos de hasta 175 años de prisión. Esa es una sentencia completamente absurda. En comparación: los principales criminales de guerra en el tribunal de Yugoslavia recibieron sentencias de 45 años. 175 años en prisión en condiciones que han sido consideradas inhumanas por el relator especial de la ONU y por Amnistía Internacional. Pero lo realmente horrible de este caso es la anarquía que se ha desarrollado: los poderosos pueden asesinar sin temer a ser castigados y el periodismo se transforma en espionaje. Se está convirtiendo en un crimen decir la verdad.

¿Qué le espera a Assange una vez que sea extraditado?

No recibirá un juicio acorde a un Estado de derecho. Esa es otra razón por la cual no se debe permitir su extradición. Assange recibirá un juicio con un jurado en Alexandria, Virginia, el famoso “Tribunal de Espionaje”, donde Estados Unidos juzga todos los casos de seguridad nacional. Esta ubicación no ha sido elegida al azar, porque los miembros del jurado deben elegirse en proporción a la población local y el 85% de los residentes de Alexandria trabajan en la comunidad de seguridad nacional: en la CIA, la NSA, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado.

Cuando las personas son juzgadas por dañar la seguridad nacional frente a un jurado como ese, el veredicto es claro desde el principio. Los casos siempre se juzgan frente al mismo juez a puerta cerrada y con base a pruebas clasificadas. Nadie ha salido absuelto de allí en un caso como ese. El resultado es que la mayoría de los acusados llegan a un acuerdo, en el que admiten una culpa parcial para recibir una sentencia más leve.

¿Está diciendo que Julian Assange no recibirá un juicio justo en Estados Unidos?

Sin duda. Mientras los empleados del Gobierno estadounidense obedezcan las órdenes de sus superiores, pueden participar en guerras de agresión, crímenes de guerra y tortura sabiendo perfectamente que nunca tendrán que responder a sus acciones. ¿Qué pasó con las lecciones aprendidas en los juicios de Nuremberg? He trabajado el tiempo suficiente en zonas de conflicto como para saber que se cometen errores en las guerras. No siempre se trata de actos criminales sin escrúpulos. Muchas veces todo esto ocurre producto del estrés, el agotamiento y el pánico.

Por eso puedo entender absolutamente cuando un Gobierno dice: “Sacaremos a la luz la verdad y, como Estado, asumiremos toda la responsabilidad por el daño causado. Pero si no se puede asignar la culpa directamente a los individuos, no impondremos castigos rigurosos”. Pero es extremadamente peligroso cuando se silencia la verdad y los criminales no son llevados ante la justicia. En la década de 1930, Alemania y Japón abandonaron la Liga de las Naciones. 15 años después, el mundo yacía en ruinas.

Hoy, Estados Unidos se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, ni la masacre del “Asesinato colateral”, ni la tortura de la CIA después del 11 de septiembre, ni la guerra de agresión contra Irak han acabado en investigaciones criminales.

Ahora, el Reino Unido está siguiendo ese ejemplo. El Comité de Seguridad e Inteligencia en el propio Parlamento del país publicó dos informes extensos en 2018 que muestran que Gran Bretaña estaba mucho más involucrada en el programa secreto de tortura de la CIA de lo que se creía anteriormente. El comité recomendó una investigación formal. Lo primero que hizo Boris Johnson después de convertirse en primer ministro fue anular esa investigación.

En abril, la policía británica sacó a Julian Assange de la embajada ecuatoriana. ¿Qué opina sobre estos eventos?

En 2017 se eligió un nuevo Gobierno en Ecuador. En respuesta, Estados Unidos escribió una carta indicando que estaba ansioso por cooperar con Ecuador. Había, por supuesto, mucho dinero en juego, pero había un obstáculo en el camino: Julian Assange. El mensaje era que Estados Unidos estaba preparado para cooperar si Ecuador entregaba Assange a Estados Unidos. En ese momento, la embajada ecuatoriana comenzó a aumentar la presión sobre Assange. Le hicieron la vida difícil. Pero él se quedó. Entonces Ecuador anuló su amnistía y le dio a Gran Bretaña luz verde para arrestarlo.

Como el Gobierno anterior le había otorgado la ciudadanía ecuatoriana, debieron revocar su pasaporte porque la constitución ecuatoriana prohíbe extraditar a sus propios ciudadanos. Todo eso sucedió de la noche a la mañana y sin ningún procedimiento legal. Assange no tuvo oportunidad de hacer una declaración ni de recurrir a un procedimiento legal. Fue arrestado por los británicos y llevado ante un juez británico ese mismo día, que le condenó por violar las condiciones de la libertad condicional.

¿Qué opina de este veredicto tan rápido?

Assange solo tuvo 15 minutos para prepararse con su abogado. El juicio en sí también duró solo 15 minutos. El abogado de Assange puso un archivo grueso sobre la mesa e hizo una objeción formal a una de las juezas por conflicto de intereses porque su esposo había sido expuesto en 35 casos de Wikileaks. Pero el juez principal echó a un lado las preocupaciones sin examinarlas más a fondo. Dijo que acusar a su colega de un conflicto de intereses era una afrenta. Assange solo pronunció una frase durante todo el proceso: “Me declaro inocente”. El juez se volvió hacia él y le dijo: “Eres un narcisista que no puede ver más allá de sus propios intereses. Te declaro culpable de violar la libertad condicional”.

Si le entiendo correctamente, desde el inicio Julian Assange nunca tuvo una oportunidad

Ese es el punto. No estoy diciendo que Julian Assange sea un ángel o un héroe. No se trata de eso. Estamos hablando de derechos humanos y no de derechos de héroes o ángeles. Assange es una persona y tiene derecho a defenderse y ser tratado de manera humana. Independientemente de lo que se le acuse, Assange tiene derecho a un juicio justo. Pero se le ha negado deliberadamente ese derecho: en Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Ecuador. Por el contrario, lo dejaron pudrirse durante casi siete años en el limbo de una habitación.

De repente, fue sacado de allí y condenado en cuestión de horas y sin ningún tipo de preparación por una violación de fianza que consistió en haber recibido asilo diplomático de otro Estado miembro de la ONU sobre la base de persecución política, tal y como lo plantea el derecho internacional y que innumerables chinos, rusos y otros disidentes han hecho en embajadas occidentales.

Es obvio que estamos tratando con un caso de persecución política. En Gran Bretaña, las infracciones por violar la libertad condicional rara vez conducen a penas de prisión, generalmente están sujetas a multas. Assange, por el contrario, fue sentenciado en un proceso rápido a 50 semanas en una prisión de máxima seguridad. Claramente se trata de una pena desproporcionada que tenía un solo propósito: mantener a Assange el tiempo suficiente para que Estados Unidos preparara su caso de espionaje contra él.

Como relator especial de la ONU sobre la tortura, ¿qué tiene que decir sobre sus condiciones actuales de encarcelamiento?

Gran Bretaña no ha permitido que Julian Assange contacte con sus abogados de Estados Unidos, donde es objeto de procedimientos secretos. Su abogada británica también se ha quejado por no tener ni siquiera acceso suficiente a su cliente para revisar documentos y pruebas judiciales con él. En octubre no se le permitió tener ningún documento de su expediente en su celda. Se le negó su derecho fundamental a preparar su propia defensa, como lo garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, está su casi total confinamiento en solitario y el castigo completamente desproporcionado por violar la libertad condicional. Tan pronto como sale de su celda, vacían los pasillos para evitar que tenga contacto con otros reclusos.

¿Y todo eso debido a una simple violación de la libertad bajo fianza? ¿En qué punto el encarcelamiento se convierte en tortura?

Julian Assange ha sido torturado psicológicamente de manera intencional por Suecia, Gran Bretaña, Ecuador y Estados Unidos. Primero a través del manejo altamente arbitrario de los procedimientos en su contra. La forma en que Suecia hizo seguimiento del caso, con la asistencia activa de Gran Bretaña, tenía como objetivo ponerlo bajo presión y atraparlo en la embajada. Suecia nunca estuvo interesado en encontrar la verdad y ayudar a estas mujeres, sino en colocar a Assange contra la espada y la pared.

Se ha abusado de los procesos judiciales destinados a empujar a una persona hacia una posición en la que no puede defenderse. Además de eso, están las medidas de vigilancia, los insultos, las humillaciones y los ataques de los políticos de estos países, incluso las amenazas de muerte. Este abuso constante del poder del Estado ha desencadenado un estado grave de estrés y ansiedad en Assange y ha resultado en daños cognitivos y neurológicos medibles.

Visité a Assange en su celda en Londres en mayo de 2019 junto con dos médicos experimentados y ampliamente respetados que se especializan en examen forense y psicológico de las víctimas de tortura. El diagnóstico al que llegaron los dos médicos fue claro: Julian Assange muestra síntomas típicos de tortura psicológica. Si no recibe protección pronto, es probable que su salud se deteriore rápidamente y podría morir.

Medio año después de que Assange fuera puesto en prisión preventiva en Gran Bretaña, Suecia abandonó silenciosamente el caso en su contra en noviembre de 2019, después de nueve largos años. ¿Por qué hizo eso entonces?

El Estado sueco pasó casi una década presentando intencionalmente a Julian Assange al público como un delincuente sexual. Luego, de repente, abandonaron el caso en su contra debido al mismo argumento que utilizó la primera fiscal de Estocolmo en 2010, cuando inicialmente suspendió la investigación después de solo cinco días: aunque la declaración de la mujer era creíble, no había pruebas de que hubiera cometido un delito. Es un escándalo increíble.

Pero la sincronía no fue accidental. El 11 de noviembre se hizo público un documento oficial que yo envié al Gobierno sueco dos meses antes de que se hiciera público. En el documento, solicité al Gobierno que diera explicaciones sobre unos 50 puntos relacionados con las implicaciones de derechos humanos por la forma en que manejaban el caso.

¿Cómo es posible que la prensa fuera informada de inmediato a pesar de la prohibición de hacerlo? ¿Cómo es posible que se hiciera pública una sospecha a pesar de que el interrogatorio aún no se había realizado? ¿Cómo es posible que usted diga que ocurrió una violación a pesar de que la mujer involucrada impugna esa versión de los hechos? El día en que el documento se hizo público, recibí una miserable respuesta de Suecia: el Gobierno no tiene más comentarios sobre este caso.

¿Qué significa esa respuesta?

Es una admisión de culpa.

¿De qué manera?

Como relator especial de la ONU, la comunidad internacional me ha encomendado investigar las denuncias presentadas por las víctimas de tortura y, si es necesario, solicitar explicaciones o investigaciones a los Gobiernos. Ese es el trabajo diario que hago con todos los Estados miembros de la ONU. De acuerdo con mi experiencia, puedo decir que los países que actúan de buena fe casi siempre están interesados en proporcionarme las respuestas que necesito para resaltar la legalidad de su comportamiento.

Cuando un país como Suecia se niega a responder las preguntas sobre tortura presentadas por el relator especial de la ONU, muestra que el Gobierno es consciente de la ilegalidad de su comportamiento y no quiere hacerse responsable. Se desentendieron y abandonaron el caso una semana después porque sabían que yo no desistiría. Cuando países como Suecia se dejan manipular de esa manera, nuestras democracias y nuestros derechos humanos se enfrentan a una amenaza fundamental.

¿Crees que Suecia era plenamente consciente de lo que hacía?

Sí. Desde mi punto de vista, Suecia actuó muy claramente de mala fe. Si hubieran actuado de buena fe, no hubiesen tenido ningún motivo para negarse a responder mis preguntas. Lo mismo ocurre con los británicos: después de mi visita a Assange en mayo de 2019, tardaron seis meses en responderme en una carta de una sola página que se limitaba principalmente a rechazar todas las acusaciones de tortura y todas las inconsistencias en los procedimientos legales.

Si vas a hacer las cosas de esa manera, ¿cuál es el sentido de mi mandato? Soy el relator especial sobre tortura de las Naciones Unidas. Tengo el mandato de hacer preguntas claras y exigir respuestas. ¿Cuál es la base legal para negarle a alguien su derecho fundamental a defenderse? ¿Por qué un hombre que no es peligroso ni violento está recluido en régimen de aislamiento durante varios meses cuando las normas de la ONU prohíben legalmente el régimen de aislamiento por períodos superiores a 15 días? Ninguno de estos Estados miembros de la ONU inició una investigación, ni respondieron mis preguntas ni demostraron interés en el diálogo.

¿Qué significa que los Estados miembros de la ONU se nieguen a proporcionar información a su propio relator especial sobre tortura?

Que es un asunto previamente acordado. Se usará un juicio a manera de espectáculo para colocar a Julian Assange como ejemplo. El objetivo es intimidar a los demás periodistas. La intimidación, por cierto, es uno de los propósitos principales para usar la tortura en todo el mundo. El mensaje para todos nosotros es: esto es lo que te sucederá si haces lo mismo que Wikileaks.

Es un modelo que es muy peligroso porque es muy sencillo: las personas que obtienen información confidencial de sus Gobiernos o empresas transfieren esa información a Wikileaks, pero el denunciante permanece anónimo. La reacción muestra cuán grande se percibe la amenaza: cuatro países democráticos unieron fuerzas (Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido) para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara. El caso es un gran escándalo y representa el fracaso del Estado de derecho occidental. Si Julian Assange es condenado, condenarán a muerte a la libertad de prensa.

¿Qué puede significar este posible precedente para el futuro del periodismo?

A un nivel práctico significa que usted, como periodista, debe defenderse ahora. Porque si el periodismo de investigación se clasifica como espionaje y puede ser incriminado en todo el mundo, la censura y la tiranía seguirán. Se está creando un sistema asesino ante nuestros propios ojos. Los crímenes de guerra y tortura no se están persiguiendo.

En YouTube circulan vídeos en los que los soldados estadounidenses se jactan de llevar a las mujeres iraquíes al suicidio con violaciones sistemáticas. Nadie los está investigando. Al mismo tiempo, una persona que expone tales cosas está siendo amenazada con 175 años de prisión. Durante toda una década, ha sido inundado con acusaciones que no se pueden probar. Están acabando con él y nadie se hace responsable.

Esto marca una degradación del contrato social. Otorgamos poder a los países y lo delegamos a los Gobiernos, pero a cambio deben ser responsables de cómo ejercen ese poder. Si no exigimos que se les haga responsables, perderemos nuestros derechos tarde o temprano. Los humanos no son democráticos por naturaleza. El poder se corrompe si no se supervisa. La corrupción ocurre cuando no insistimos en que se controle el poder.

Estás diciendo que atacar a Assange amenaza el núcleo mismo de las libertades de prensa.

Veamos dónde estamos dentro de 20 años si Assange es condenado y sobre lo que usted podrá escribir como periodista. Estoy convencido de que estamos en grave peligro de perder las libertades de prensa. Ya está sucediendo: de repente, la sede de ABC News en Australia fue allanada por el caso de los 'diarios de la Guerra de Afganistán'. ¿El motivo? Una vez más, la prensa descubrió el mal comportamiento de los representantes del Estado.

Para que la división de poderes funcione, el Estado debe ser supervisado por la prensa como el cuarto poder. WikiLeaks es la consecuencia lógica de un proceso continuo de secretismo extendido: si la verdad ya no se puede examinar porque todo se mantiene en secreto, si los informes de investigación sobre la política de tortura del Gobierno de Estados Unidos se mantienen en secreto e incluso se ocultan grandes secciones del resumen publicado, en algún momento las filtraciones de información serán inevitables.

WikiLeaks es la consecuencia de ese secretismo desenfrenado y refleja la falta de transparencia en nuestro sistema político moderno. Hay, por supuesto, áreas donde el secreto puede ser vital. Pero si ya no sabemos qué están haciendo nuestros Gobiernos y los criterios que están siguiendo; si los crímenes ya no se investigan, entonces representa un grave peligro para la integridad social.

¿Cuáles son las consecuencias?

Como relator especial de la ONU sobre torturas y, antes de eso, como delegado de la Cruz Roja, he visto muchos horrores y violencia y he visto cuán rápido los países pacíficos como Yugoslavia o Ruanda pueden transformarse en infiernos.

La raíz de tales desarrollos es siempre una falta de transparencia y un poder político o económico desenfrenado combinado con la ingenuidad, la indiferencia y la maleabilidad de la población. De repente, lo que siempre sucedió al otro (tortura, violación, expulsión y asesinato impunes) puede sucedernos fácilmente a nosotros o a nuestros hijos. Y a nadie le importará. Puedo jurarte que es así.

*Esta entrevista fue originalmente publicada en inglés en Republik. Traducido del inglés por Mary Gómez, de Agência PúblicaRepublik

España es uno de los países europeos con un menor grado de protección de personas que alertan sobre acciones que atentan contra el interés público (lo que se conoce como “informantes”, “denunciantes” o “alertadores” y en inglés como whistleblowers), según una de las organizaciones de referencia en la materia, Blueprint for Free Speech. Sin embargo, como el resto de los países de la UE, antes de que acabe 2021 deberá trasponer una directiva europea aprobada el pasado diciembre para mejorar la protección y los mecanismos con los que deben contar quienes ponen en riesgo su integridad personal y profesional.

Suelette Dreyfus, directora ejecutiva de esa ONG, participó en una jornada en la CNMC sobre los retos que se abren con esta transposición. “No solo se tiene que proporcionar protección para esos casos de muy alto perfil, sino también para casos pequeños. Pueden proporcionar una alerta en una parte temprana del proceso”, afirma en una entrevista con eldiario.es.

¿Por qué es necesaria una organización internacional que abogue por la protección de los informadores?

Puede ser muy útil en un entorno en el que se está considerando dar un gran paso adelante, adoptando una nueva ley para brindar una perspectiva internacional. Creo que podemos aportar algo de experiencia y conocimiento sobre las trampas en las que han caído otros países. Hicimos un informe hace varios años evaluando a todos los países de la UE con las mejores prácticas internacionales. España salió con un cero en términos de protección para los denunciantes, en una escala hasta cinco. Esas son las malas noticias. La buena es que ahora hay una oportunidad para evitar las leyes que había en otros países pero han resultado imperfectas. Entonces no tener leyes de protección de origen es bueno en muchos sentidos.

¿Ni siquiera hay protección a nivel regional? A veces las administraciones más pequeñas son lugares especialmente sensibles para la corrupción, escapan más al control.

Según tengo entendido, ha habido un conjunto de buenas protecciones en varios niveles regionales. Y de alguna manera, ha sido bastante interesante porque, aunque España no ha tenido protección de denunciantes a nivel nacional, ha estado a la vanguardia de la adopción de tecnologías como buzones seguros para agencias anticorrupción. Por lo general, la tecnología sigue a la ley. España ha hecho lo contrario. Y eso es algo que creo que otros países pueden aprender de España.

¿Cree que en todo caso debería haber una ley o autoridad nacional de protección a los alertadores?

En general, es una buena idea tener una autoridad nacional que se ocupe de proteger a los informadores. Esto no significa que no debas tener también leyes regionales o locales debido a que la corrupción puede darse en todos los niveles de gobierno. Pero una ventaja de la nacional es que, una vez que tienen una vista panorámica, también pueden interactuar con otras autoridades nacionales en otros países. Y además se basan en la experiencia de otros gobiernos internacionales, por ejemplo en delitos financieros.

La directiva europea es una gran mejora. Por supuesto, a la sociedad civil le gustaría que fuera aún más ambiciosa, pero en realidad es bastante buena. Y creo que elevará el listón no solo para los estados de la Unión Europea, sino que también enviará un mensaje a otros países y regiones, ya sea América Latina o partes de Asia.

¿Por qué los mecanismos legales existentes ahora para denunciar (la Justicia en su sentido más tradicional) resultan insuficientes?

Un sistema de protección de alertadores permite muchas veces prevenir, por la capacidad de disuasión que genera frente a las irregularidades y malas prácticas. Si una empresa puede encontrar el fraude a tiempo –antes de que se convierta en algo catastrófico para las finanzas–, los accionistas se beneficiarán. Y serán más felices. La protección de los alertadores y el desarrollo de canales y procedimientos seguros es una de las formas más efectivas de encontrarlo temprano. En un estudio, los investigadores especializados en fraude encontraron que las “alertas” llevaron a más investigaciones que cualquier otro método de detección de fraude.

Hay casos en los que los informadores chocan con leyes vigentes y llegan incluso a ser condenados a cadena perpetua, como le ocurrió a Chelsea Manning, o no pueden volver a sus países, como Hervé Falciani. En España algunos funcionarios han sufrido también especialmente por denunciar casos de corrupción. ¿Hay que ser un héroe para denunciar?

Una de las cosas que me parecen más interesantes de la denuncia de irregularidades es la libertad de expresión. El derecho de los ciudadanos individuales a disentir de los delitos y la delincuencia. Si tienes una sociedad con mucha corrupción, la gente se rinde. Sienten que no pueden ser diferentes. ¿Por qué deberían intentarlo? Si puedes darles incluso un pequeño mecanismo, entonces participarán de la misma manera que si sienten que tal vez puedan tener un buen gobierno, entonces se molestarán en votar. Ese es el umbral. Así que no necesariamente tienes que ser un héroe, la “Chelsea Manning”.

Pero al mismo tiempo estas personas son muy importantes porque envían un mensaje a la gente de que lo correcto es defender algo ético y que vale la pena ser un héroe. España va a tener que proteger más a los informantes de corrupción, no hay que obligarles a ser héroes para atreverse a denunciar. Varios denunciantes han pagado un coste personal muy alto. Cuando investigué sobre este tema me contaban: “Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí a mi cónyuge”. Este es a menudo el coste. Pero muchos denunciantes también dicen que lo volverían a hacer. Podrían hacerlo un poco diferente, pero lo harían nuevamente porque duermen bien por la noche y se pueden mirar al espejo. Y no solo se tiene que proporcionar protección para esos casos de muy alto perfil, también para casos pequeños. Porque pueden proporcionar también una alerta en una parte temprana del proceso. Y esto es lo que hacen los mejores denunciantes, particularmente por delitos financieros.

Si se puede recibir una alerta temprana, el tamaño del delito puede ser mucho menor y detenerse. Los franceses tienen un buen término para ello, “lancer l'alerte”. Es la idea de un sistema de alerta temprana y aquí es donde particularmente una persona más común puede intervenir. Lo vimos por ejemplo con un caso de denuncia de irregularidades en Australia con una gran empresa de construcción que estaba en la gestión del proyecto y descubrió que más de 10 millones de dólares de dinero habían sido desviados. Ese dinero habría sido cada vez más.

¿Por qué es tan importante el anonimato? La directiva europea establece una protección parcial para las alertas anónimas. Los alertadores anónimos cuya identidad se revela más tarde están protegidos contra represalias. Sin embargo, los Estados miembros no están obligados a facilitar o respaldar la divulgación de reportes anónimos y cada uno podrá decidir en la transposición si se aceptan o no las denuncias anónimas.

Ofrecer a los informadores la alternativa del anonimato es esencial. A veces se arriesgan a perder su trabajo, pero también tienen un riesgo físico. Hemos visto en otros países coches que han explotado, amenazas a las familias. En un caso en un país europeo, una informadora me relató cómo no pudo dejar a su hijo jugar en el parque durante cuatro años porque temía que le secuestraran, debido a las amenazas que recibía. El anonimato es realmente importante. Mucha gente no necesita anonimato, necesita seguridad. Comunicarse con seguridad con un investigador de confianza dentro de sus empresas o externos. Puede ser suficiente, pero deben tener la alternativa. Lo más importante es poner el foco en lo que se denuncia, no en el denunciante. Y el anonimato permite que eso ocurra.

¿En qué posición queda la protección de los datos personales en este tipo de denuncias?

Debe haber una discusión al respecto. Lo que se tiene que decidir es: ¿cuál es el valor de tener personas que den un paso adelante para informar acerca de las irregularidades? Porque al final, los denunciantes son como el peso que endereza el barco que se inclina hacia un lado. Ese lastre son los mecanismos correctivos en nuestra sociedad. Proteger a un denunciante es parte de ese lastre que mantiene el barco en posición vertical. La privacidad personal es muy importante. Pero, ya sabes, si a España le faltan cientos de millones en ingresos tributarios, y eso sirve para construir un hospital o una escuela, hay que poner en una balanza qué es más valioso. Es definitivamente algo que tiene que ser parte del debate público en este momento, y no hay respuestas fáciles. Por eso se necesitan procesos de consulta.

¿Cree que debe haber mecanismos por ejemplo de recompensa a los denunciantes o alertadores?

Las recompensas, como a veces se las llama, pueden ser muy efectivas. Se usan en los EEUU en algunos sectores puntuales. Por ejemplo, en algunos casos importantes de fraude fiscal para contratos de defensa. Y han funcionado con bastante eficacia. Pero lo que se puede ver en EEUU es a un pequeño número de denunciantes que podrían obtener más de un millón de dólares y a un gran número de denunciantes que no reciben nada y que incluso pueden tener problemas con la justicia. Eso es un problema.

Hubo un debate sobre esto en el Reino Unido hace un par de años. Y el consenso general es que culturalmente en el Reino Unido no es adecuado. Esto puede deberse a que muchos de sus casos de denuncia de irregularidades tuvieron que ver con maltratos de ancianos y de mal funcionamiento del sistema hospitalario. Hay un importante interés público en casos que no son delitos financieros o de corrupción. Pero en otros lugares, como Ucrania, donde recientemente se aprobó una legislación que brinda cierta protección a los denunciantes, este sistema de recompensas es una posibilidad aceptada para su sociedad. Entonces, cada vez que hablo con grupos locales de la sociedad civil o expertos en el área, mi consejo es que siempre se piense en lo que es adecuado para la cultura de un país.

Hay algunas leyes que sí deben ser universales para una buena protección a denunciantes, y en la directiva se indica muy bien. Por ejemplo, que cubra no solo al empleado permanente a tiempo completo, sino también al trabajador a tiempo parcial o al contratista, al subcontratista o al voluntario en la junta de la escuela o el hospital. Pero las recompensas son una historia diferente que tiene que ver con algo cultural. Yo no sé si es culturalmente apropiado para España o no. Esto es algo que creo que necesita ser discutido y debatido.

¿Y cómo evitar una sobrecarga de denuncias falsas o que se hagan por venganza?

En sitios donde se han introducido esquemas de protección de denunciantes y canales de divulgación ha habido un gran aumento al principio, una especie de demanda acumulada. Luego se estabiliza. Tienes que prepararte para eso. Pero en términos del riesgo de que haya denuncias de casos que realmente no lo son, se trata en parte de educar a las personas, de introducir algunas preguntas y respuestas sobre si su revelación es una denuncia de irregularidades y de interés público relevante, no una queja personal. A veces sí hay una ola gigante al principio, quizá porque la gente ansía algo de justicia después de lidiar con mucha corrupción.

Una cosa que es importante tener en cuenta es que no todos los alertadores tienen un buen caso. Algunos lo hacen y algunos no. Y quien recibe las denuncias tiene que ser una persona y organismo independiente, justo y que realice una investigación adecuada para saber si está ante malentendidos o ante un denunciante que solo busca un beneficio personal o profesional. Creo que los gobiernos tienen un poco de miedo de que estos mecanismos se conviertan en una caza brujas. Pero si se diseña la estructura de gobernanza de manera adecuada y se contrata a personas que hacen justicia y son vistas como capaces de hacer justicia, creo que se pueden superar estas preocupaciones. Hay funcionarios que quieren hacer lo correcto y a veces pueden sentirse bastante empoderados por este tipo de legislación porque pueden decir “no” a hacer algo malo cuando se les dice que lo hagan.

¿Qué papel juegan en todo este escenario organizaciones como Wikileaks?

Los periodistas y los editores de medios juegan un papel esencial. Hay tres niveles de denuncia de irregularidades. El primero es el interno en una organización. Y aquí es donde va la gran mayoría de los denunciantes. En realidad, más del 90% de los denunciantes preferiría hacerlo internamente, pero no para cargarse la organización que los emplea, sino para solucionar un problema. El segundo nivel es acudir a una agencia reguladora: por ejemplo, ante un vertido ilegal de residuos, ir a la agencia de protección ambiental. El tercer tipo de denuncia es el de irregularidades fuera de eso, por ejemplo dentro de un partido político o un sindicato. Las organizaciones que trabajan con medios de comunicación, incluida Wikileaks, son realmente importantes como vías para que los denunciantes puedan utilizar este tercer nivel.

¿Por qué creen que debe hablarse de alertadores, más que de denunciantes?

La palabra “denunciante” tiene una connotación negativa y de egoísmo, de persona que tiene una agenda para conseguir algo para sí, más que servir realmente a un propósito público superior. Ese es uno de sus elementos. También debe tenerse en cuenta el elemento de alerta temprana. Pero quizás el motivo más importante es que tenemos que repensar la denuncia de irregularidades, y no centrarnos tanto en el denunciante, sino en lo que dicen. Es realmente importante porque la denuncia de irregularidades debe ser percibida como mucho más neutral. Y creo que un cambio en el vocabulario sería mejor para eso.