Primero va a ser Catalunya, con un día para empezar. Le seguirá Madrid, con fecha de principio, pero no de fin. Luego Andalucía, quizá la Comunitat Valenciana, Cantabria, Aragón... El curso educativo comienza esta semana en toda España exactamente como terminó el pasado: entre huelgas convocadas en algunas comunidades, protestas que podrían desembocar en más paros en otras y con un gran descontento generalizado entre los docentes. Mientras, el Ministerio de Educación trata de aprobar mejoras en sus condiciones laborales para que “la legislatura del profesorado”, como la han llamado las dos ministras que ha habido desde las últimas elecciones, sea algo más que un eslogan.

Los sindicatos educativos llevan meses, si no años, advirtiendo del deterioro de las condiciones en que se ejerce la docencia y el impacto que tiene en la salud mental del profesorado. El aumento de la diversidad en las aulas, derivado de la creciente presencia de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo —que a su vez se explica en parte por la mejora de los sistemas de detección y diagnóstico—, junto a una ley educativa, la Lomloe, que exige una atención personalizada —y su subsiguiente burocracia en forma de informes personales “en cada paso que das”, denuncian los docentes–, han formado un cóctel explosivo que ha llevado a los profesionales al límite.

En menos de 20 años (desde 2007 hasta 2025), el porcentaje de docentes que dice vivir su profesión con indiferencia ha pasado del 2 al 38%, según un estudio reciente de la Fundación SM. El profesorado siempre rehúye ese mantra de que haga falta vocación o vivir la docencia con pasión para ejercer y ser un buen profesional, pero el dato es indicativo de la degradación del sector en los últimos años.

Las ratios de alumnado por clase, los salarios, las horas lectivas, la falta de especialistas (profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje), el trato preferente en algunas comunidades que recibe la escuela concertada, la burocracia que aplasta... Las reivindicaciones, transversales a casi todas las comunidades, se agolpan. Y las comunidades siguen sin resolver la alta tasa de interinidad, situada de manera casi crónica entre el 25% y el 30%, según calculan algunos sindicatos, porque no existen datos oficiales.

Además de ver cómo no llegan los recursos que necesitan, los docentes no se sienten valorados ni respaldados por la sociedad, pese a que cada vez les toca asumir más tareas, desde controlar el uso de los móviles hasta vigilar las autolesiones o el acoso escolar. Lo resume Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid: “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias. A fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

El aumento de la complejidad

CCOO trató de poner cifras a ese aumento de la diversidad: el conjunto del alumnado con necesidades educativas de algún tipo se ha incrementado por encima del 75% en seis años y ha pasado de suponer un 7,59% del total al 13%, según un cálculo conservador. CSIF estima que, en total, hay 1,2 millones de estos estudiantes, el triple que hace 15 años.

Y, mientras eso pasaba y las clases se complejizaban, la partida destinada a atender esta creciente diversidad subía un 31%. No hace falta ser matemático para observar que las cuentas no salen y el déficit lo paga el profesorado, vienen a explicar los responsables sindicales.

Los docentes exigen dinero, pero más para el sistema que para ellos mismos (que también). La mayoría de las reivindicaciones del curso anterior, como las de este, incluyen una mejora salarial, pero en Catalunya, donde las protestas se extendieron durante todo el año, los docentes rechazaron una subida de 600 euros mensuales en tres años porque no venía acompañada de otras medidas que alivien su carga y les permita trabajar mejor.

Retomarlo donde se dejó en junio

Durante el pasado curso, al menos diez autonomías vivieron protestas docentes de diferente magnitud. En alguna, como la Comunitat Valenciana o Madrid, con una intensidad nunca antes vista.

Abrieron fuego en Madrid las educadoras de Infantil, que empezaron en abril una huelga indefinida que aún se mantiene. Estas docentes son las más precarias de toda la educación y además están en un sector atomizado, con realidades muy diferentes en función del tipo de escuela en el que se trabaje: las públicas ofrecen condiciones considerablemente mejores que las privadas, donde las nóminas apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A partir del 14 de octubre se les unen el resto de compañeros de la educación no universitaria: más de una docena de organizaciones, incluidos varios de los principales sindicatos y asambleas docentes y de estudiantes, han convocado un paro indefinido ante la degradación de la educación pública.

En la Comunitat Valenciana los docentes fueron el pasado curso a un paro indefinido que mantuvieron durante cinco semanas consecutivas. Llevaron al límite a la Generalitat, aunque la ruptura de la unidad sindical por parte de ANPE y CSIF fue un torpedo en la línea de flotación de la protesta, que entró en pausa hasta este curso.

El profesorado catalán también forzó el pasado curso a su Generalitat con varias jornadas de paro no consecutivas y, sobre todo, manifestaciones de dimensiones no registradas en muchos años en este sector. El Govern trató de negociar, pero sus propuestas fueron rechazadas por insuficientes y los docentes volverán a las calles de nuevo este mismo viernes 11 de septiembre.

A ellas se sumará Andalucía, donde ya se ha convocado un paro general para el próximo 11 de noviembre contra el “desmantelamiento” de la educación pública en la región. Cantabria, Aragón, Balears, Castilla y León y Navarra también tienen previsto algún tipo de protesta para arrancar el curso, que no se descarta que escale a huelga.

El sindicato CSIF, uno de los principales del sector, ha anunciado una campaña de movilizaciones durante el mes de septiembre por el “abandono que sufre la educación pública por parte del Gobierno y las comunidades autónomas”, que, advierte la organización, podría desembocar en convocatorias de huelga.

La vía del Congreso

Mientras los docentes expresan su frustración en la calle —dirigida contra sus gobiernos autonómicos, que tienen las competencias educativas—, el Ministerio de Educación, que dirige Milagros Tolón, intenta sacar adelante varias medidas destinadas a mejorar su situación y que, en conjunto, deberían formar algo parecido a un estatuto docente. Este elemento es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales desde hace años: una norma que regule y organice la carrera docente desde la entrada (el sistema de oposiciones) hasta la jubilación, pasando por promociones, cuerpo profesional, condiciones laborales, como ratios y horas lectivas, etc.

Pero ante la previsible dificultad de sacar adelante una norma tan completa, el anterior equipo ministerial decidió afrontarlo por partes. Así, se han creado varios grupos de trabajo sobre diferentes aspectos que van avanzando en paralelo. Educación decidió empezar por las horas lectivas semanales—de clase efectiva en el aula— y las ratios, que deberían ser las primeras en aprobarse.

Parte de ese camino ya está andado. A partir de este mes de septiembre, informa EFE, el proyecto de ley que reducirá el número de alumnos por clase en primaria y secundaria —máximo 22 y 25, respectivamente, desde los actuales 25 y 30— y reducirá la jornada docente —topes de 23 horas y 18 horas, respectivamente, desde 25 y 20— retoma su tramitación para continuar con la presentación de enmiendas, debate y votación. Pero esta ley requiere de mayoría para ser aprobada tanto en el Congreso como en el Senado y el trámite podría complicarse en un año electoral.

Probablemente, antes de eso, el Ministerio va a acometer la rebaja de las ratios de Infantil y Bachillerato, etapas no obligatorias y que se regularán en un Real Decreto que no necesita pasar por el Congreso. Educación propone bajar las ratios de Infantil (cuatro bebés por educadora en aulas para menores de un año, seis bebés en clases de uno y dos años, ocho en las de dos y tres años y 22 de tres a seis años), de Bachillerato (a 30 alumnos por profesor, desde 35) y de FP básica (tope de 15 alumnos). También podría incluir que el alumnado con necesidades específicas cuente doble y un aumento de los recursos para la orientación y para el coordinador de bienestar.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto con el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha visitado este viernes el nuevo Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Primeros Pasos’ de Aldeanueva de Ebro, la primera escuela infantil de la localidad, que acaba de abrir sus puertas este curso 2026-2027 con 74 plazas. Capellán, acompañado de la la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el acalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández, ha destacado la trascendencia de esta etapa educativa, de 0 a 3 años, que resulta “clave en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje y en el desarrollo de la personalidad”.

En este sentido, ha recordado que está probado científicamente “los múltiples beneficios que tienen estos estímulos tempranos, especialmente en el desarrollo de las habilidades sensoriales y motores, también en ámbitos como la memoria, la atención y el desarrollo socioemocional. Así, los niños y niñas aprenden empatía, a compartir y cooperar”, ha destacado. Fruto de la convicción del Ejecutivo en los evidentes beneficios que ofrece este modelo, Capellán ha recordado el esfuerzo presupuestario para aumentar en 500.000 euros la partida consignada en 2027 para el bono infantil, que financia el coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil a más de 3.000 familias riojanas y que ronda los 12 millones de euros.

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Primeros Pasos’, de titularidad municipal, dispone de 74 puestos escolares distribuidos en cinco unidades: una unidad de 0-1 años, con 8 plazas; otras dos de 1-2 plazas, con un total de 26 plazas, 13 por aula; y dos unidades de 2-3 años, con 40 puestos escolares, 20 por aula. Hasta la fecha, ya hay matriculados 27 alumnos.

Así es la escuela Primeros Pasos en Aldeanueva de Ebro

La nueva escuela se ubica en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, con una superficie total de 1.590 metros cuadrados. El edificio dispone de planta principal de uso escolar y se organiza en tres volúmenes interconectados, que permiten diferenciar claramente los espacios educativos, administrativos y de servicios, a la vez que favorecen la iluminación natural y la relación con los espacios exteriores.

El espacio principal del centro ‘Primeros pasos’ se distribuye en cinco aulas, todas con acceso directo a los baños infantiles y con conexión directa al patio exterior, mediante un amplio porche cubierto. Además, dispone de una sala de usos múltiples, comedor (con capacidad para 66 plazas), cocina, sala de educadores, despacho de dirección, vestuario y botiquín, cuarto guarda-cochecitos, dos espacios de almacén didáctico (con posibilidad de ampliación de la zona de guarda-cochecitos, dos aseos adaptados, archivo, almacenes y cuarto de limpieza.

A estos espacios, hay que añadir un gran patio de juegos principal, otro patio interior que aporta iluminación natural al edificio y dos pequeños patios de acceso desde las calles Díaz de Rada y Frontón de Aldeanueva de Ebro.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo centro es la iluminación, con el aprovechamiento de la luz natural, mediante grandes ventanales, lucernarios y patios interiores que iluminan aulas, distribuidor principal y comedor. Por otra parte, se emplea el color como elemento pedagógico y de orientación espacial para favorecer la autonomía del alumnado. El blanco es el color predominante en todo el edificio y las fachadas combinan panel fenólico blanco y panel metálico gris, dando una imagen contemporánea y fácilmente reconocible.

Respecto a la sostenibilidad, se ha construido un edificio bioclimático, con una construcción de consumo energético casi nulo, con ventilación mediante recuperadores de calor de alta eficiencia, aprovechamiento de la energía solar, protección frente a la radiación en verano y máxima entrada de luz natural.

La inversión del Gobierno de La Rioja para la construcción y equipamiento del centro infantil ‘Primeros pasos’ de Aldeanueva de Ebro asciende a 2.842.257,50 euros y se enmarca dentro del ‘Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil, con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

El alumnado vasco de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) mejora siete puntos en 2026 las capacidades de comunicación lingüística en castellano, cerca de tres la competencia científica y mantiene estables los resultados en euskera, respecto a 2024, en la Evaluación Diagnóstica 2026, que incorpora un nuevo modelo de evaluación para la competencia matemática, por lo que sus resultados no son comparables este año.

Por su parte, en Educación Primaria la competencia en comunicación lingüística en euskera mejora 3 puntos respecto a la edición de 2024 y la competencia matemática aumenta 2,5 puntos. La competencia científica mantiene resultados similares, mientras que la competencia en comunicación lingüística en castellano registra un descenso de 2,3 puntos.

El Departamento de Educación ha presentado este jueves en Bilbao los resultados de la evaluación diagnóstica 2026, en una comparecencia de prensa en la que han intervenido la consejera de Educación, Begoña Pedrosa; la viceconsejera de Políticas Educativas, Lucía Torrealday y la directora del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria (ISEI-IVEI), Junkal Gutiérrez.

El informe se realiza cada dos años para conocer el grado de desarrollo de las competencias del alumnado al finalizar la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria y orientar las políticas de mejora del sistema educativo. Tal y como ha explicado la consejera Begoña Pedrosa, “el estudio ofrece una fotografía del estado de la educación en Euskadi, permite analizar su evolución a lo largo del tiempo e identificar fortalezas y ámbitos en los que resulta necesario seguir avanzando”.

Según ha destacado, el informe 2026 confirma “una mejora general” de las competencias del alumnado en la mayoría de los ámbitos evaluados y refleja, especialmente, “avances en equidad, con una reducción de las diferencias asociadas al contexto socioeconómico y una evolución positiva del alumnado de origen extranjero”, ha agregado.

Los resultados de 2026 permiten extraer cinco grandes conclusiones, la primera de ellas, en palabras de Pedrosa, “confirma una evolución positiva del rendimiento del alumnado al finalizar tanto la etapa de Primaria como la de Secundaria”. La segunda refleja los citados avances en equidad; mientras que la tercera apunta a que “las mejoras más significativas se observan en 4º de ESO, especialmente en la competencia en comunicación lingüística en castellano”.

Asimismo, la cuarta constata una reducción de las brechas en 4º de ESO entre los centros con niveles de ISEC más altos y más bajos; y la quinta recoge datos positivos relevantes en Primaria, especialmente en la competencia en comunicación lingüística en euskera y matemática, así como un incremento del porcentaje de alumnado situado en niveles avanzados de rendimiento.

Pedrosa ha recordado que en los últimos cursos han reforzado, dentro de la estrategia integral de mejora de resultados, diferentes medidas y apoyos dirigidos a mejorar los aprendizajes, de manera que esta evaluación “nos aporta ahora información muy reciente para analizar esa evolución, identificar dónde se están produciendo avances y orientar las decisiones que tenemos que seguir tomando”, ha explicado. Además, en 4º de ESO mejoran los resultados de la red pública en todas las competencias comparables con 2024 y se reduce la distancia respecto a la red concertada.

El análisis de los niveles de rendimiento completa la interpretación de los resultados y, en este apartado, aumenta en 6º de Primaria el porcentaje de alumnado situado en los niveles avanzados en euskera, castellano y matemáticas, mientras disminuye el alumnado situado en el nivel inicial en competencia científica.

En el caso de 4º de ESO también aumenta el alumnado que alcanza los niveles más altos de rendimiento. En euskera crecen tanto los niveles avanzados como el alumnado situado en el nivel inicial, una evolución que refleja una mayor heterogeneidad en los resultados y que será objeto de seguimiento en próximas ediciones.

Al mismo tiempo, los resultados muestran que sigue habiendo alumnado situado en los niveles iniciales de rendimiento y que persisten diferencias asociadas al contexto socioeconómico, la trayectoria educativa y otras características del alumnado, ámbitos en los que el Departamento seguirá reforzando sus actuaciones.

Los resultados ponen de manifiesto, además, una evolución positiva en uno de los principales objetivos del sistema educativo como es la equidad. Los centros con un menor Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) son los que registran algunas de las mejoras más significativas, especialmente en 4º de ESO.

En competencia científica, los centros con ISEC bajo incrementan sus resultados en 10,2 puntos y los de ISEC medio-bajo en 10,7 puntos, lo que contribuye a reducir la distancia respecto a los centros con contextos socioeconómicos más favorables. Esta evolución refleja que el sistema educativo avanza hacia una mayor igualdad de oportunidades y que el contexto de origen condiciona cada vez menos los resultados del alumnado.

En esa misma línea, la evaluación confirma la evolución positiva del alumnado de origen extranjero, especialmente del alumnado de segunda generación. Sus resultados continúan acercándose a los del alumnado autóctono y, en algunas competencias, registran mejoras especialmente destacadas.

Es el caso de la competencia científica en 4º de ESO, donde este alumnado mejora 10,58 puntos, o de la competencia en comunicación lingüística en castellano en 6º de Primaria, con un incremento de 10,61 puntos respecto a la edición anterior. Estos resultados muestran una evolución positiva en un ámbito en el que el Departamento viene reforzando las políticas de inclusión, atención a la diversidad y apoyo al alumnado.

La edición de 2026 incorpora, además, una novedad relevante en el proceso de evaluación para atender a una demanda planteada desde hace años por los propios centros educativos. Así, la competencia matemática de 4º de ESO se ha evaluado por primera vez mediante dos pruebas diferenciadas, Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas, adaptadas a los distintos itinerarios cursados por el alumnado. Al tratarse de la primera edición con este nuevo modelo, ambas pruebas establecen una media inicial de referencia de 250 puntos, que permitirá analizar su evolución en las próximas evaluaciones.

La evaluación, realizada entre abril y mayo de 2026, ha contado con la participación de 10.642 alumnas y alumnos, 5.162 de 6º de Educación Primaria y 5.480 de 4º de ESO. Integrada por 252 centros públicos y concertados (129 de Primaria y 123 de Secundaria), ha sido seleccionada por Eustat con criterios estadísticos que garantizan su representatividad por Territorio Histórico, red educativa y modelo lingüístico, lo que permite que los resultados obtenidos reflejen con fiabilidad la realidad del conjunto del sistema educativo vasco.

En Primaria participaron 2.134 alumnas y alumnos de la red pública y 3.028 de la concertada, mientras que en ESO lo hicieron 2.284 estudiantes de la red pública y 3.196 de la concertada. Asimismo, la evaluación se desarrolló en 61 centros públicos y 68 concertados de Primaria y en 56 públicos y 67 concertados de Secundaria.

El Sector de UGT Enseñanza ha anunciado este jueves su decisión de adherirse a la recién constituida Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria con el objetivo de “sumar fuerzas” en la defensa del sistema educativo público de la comunidad autónoma “pero con los matices propios que garantizan nuestra plena autonomía e independencia sindical, al no estar de acuerdo en todas sus reivindicaciones”.

“Esta decisión responde a la responsabilidad histórica de hacer frente común ante los retos urgentes de la enseñanza pública de Cantabria, como la pérdida de puestos de trabajo docentes respecto al curso anterior, la necesidad de frenar recortes y privatizaciones, el impulso a la gratuidad de los servicios complementarios y la exigencia de infraestructuras dignas en los centros educativos”, ha explicado UGT en un comunicado.

En su escrito, reitera que, no obstante, “ha dejado inequívocamente sentado” que participará en este espacio unitario manteniendo “la más absoluta autonomía e independencia en su estrategia y en la toma de decisiones”. En este sentido, el sindicato ha remarcado que su “guía prioritaria e irrenunciable de actuación” es la defensa de los trabajadores de la enseñanza y la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

Por ello, UGT Enseñanza en Cantabria ha puntualizado que sus decisiones “no estarán supeditadas a agendas ajenas, reservándose la libertad de apoyar, matizar o rechazar de forma independiente cualquier acción o propuesta futura”.

El sindicato ha subrayado que “si bien la movilización social constituye un instrumento complementario de presión, la representación legal del profesorado y la negociación colectiva se ejercen formalmente en los órganos oficiales reconocidos por la ley, como la Mesa Sectorial de Educación y la Junta de Personal Docente”.

“En estos foros institucionales, UGT continuará exigiendo de manera directa a la Consejería de Educación avances concretos en la bajada progresiva de ratios en todas las etapas, la reducción de la jornada lectiva y de la carga burocrática, y la estabilidad del personal interino, así como cualquier otro asunto de actualidad”, ha subrayado.

UGT ha matizado que en el marco del actual proceso electoral sindical, velará para que la plataforma sea “una herramienta constructiva para la comunidad educativa” y mantendrá en todo momento “una voz propia, coherente y diferenciada, avalada por su solvencia en las mesas de negociación y su compromiso continuo con los derechos del profesorado y la calidad de la escuela pública”.

Entrena ha inaugurado este jueves su primera escuela infantil de 0 a 3 años con 41 plazas. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado el curso escolar 2026-2027 de esta etapa educativa en este nuevo Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Santa Ana’.

Capellán, acompañado durante la visita a la nueva escuela del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el acalde de Entrena, José Jalón, ha destacado que esta nueva infraestructura responde a las necesidades de conciliación de las familias del municipio, que hasta la fecha no disponían de un centro de estas características en su localidad.

Además, ha recordado que La Rioja, junto con Galicia, es desde el año 2019 “pionera en facilitar la educación gratuita de esta etapa educativa y desde entonces, nuestra Comunidad se ha situado en función de los indicadores, entre las primeras con mayor índice de escolarización”, lo que significa que “las familias riojanas han confiado en este servicio y han apostado por él, de hecho, iniciamos este curso con cerca de 3.700 niños y niñas entre 0 y 3 años escolarizados en centros educativos de la región”.

En este sentido, Capellán ha detallado que la escolarización en La Rioja del alumnado de 0 a 1 años, según los últimos datos conocidos, se sitúa en el 15,7%, mientras que a partir de 1 y 2 años, ese porcentaje asciende al 60 por ciento y a partir de los 2 años, alcanza el 80 % del total de la escolarización, con una media de casi el 60 por ciento en la educación infantil de primer ciclo. “La Rioja tiene un magnífico nivel de escolarización de 0 a 3 años, con 8 puntos por encima de la media, y queremos seguir en esa línea, por eso apostamos por continuar potenciando esta importante etapa educativa y mantenernos a la cabeza del país”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Nuevo escuela infantil en Entrena

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Santa Ana’, de titularidad municipal, dispone de 41 puestos escolares y desde el pasado día 1 de septiembre, ya acoge a 22 alumnos matriculados para este curso. El nuevo edificio consta de tres aulas, una para niños de 0-1 año, con 8 plazas; otra de 1-2 años, con 13 puestos escolares; y una tercera unidad para 2-3 años, con 20 puestos escolares.

Además de estas tres aulas, la nueva escuela, construida en una superficie de 449,2 metros cuadros en una parcela ubicada entre las calles Escuelas y San Blas, próxima al colegio público, dispone de cocina, comedor-sala multiusos, guardacoches, un despacho de dirección, vestuarios, baños y aseos y en el exterior, un porche y un patio de juegos. Todo ello proyectado en planta baja, favoreciendo de esta forma la accesibilidad y funcionalidad, con salida directa al exterior y comunicación entre las aulas y el patio.

Capellán ha indicado que se trata de una “edificación moderna con espacios climatizados y con las mejores condiciones de uso, que dispone de grandes zonas luminosas e incluso un mobiliario adecuado a la edad del alumnado. El color elegido permite transmitir a los niños tranquilidad y darles todos los estímulos necesarios”, además de que el nuevo espacio también favorece a los trabajadores “desarrollar de la mejor manera posible su labor docente”.

La inversión del nuevo centro asciende a 1.025.944,14 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado el 90% y el Ayuntamiento de Entrena el 10% restante. Además, la Consejería de Educación y Empleo ha aportado otros 34.000 euros para el equipamiento del patio de juegos. La puesta en marcha de la nueva escuela infantil ‘Santa Ana’ de Entrena se enmarca dentro del ‘Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

400 nuevas plazas de la escuela infantil

Durante la visita a la nueva escuela de Entrena, el presidente del Gobierno regional también ha inaugurado el nuevo curso escolar cerca de 3.700 alumnos de 0 a 3 años que cursan Educación Infantil de Primer Ciclo y que continuará el próximo miércoles, día 9, con la incorporación de los estudiantes del Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP.

El curso 2026-2027 de 0 a 3 años comienza con 128 nuevas plazas de titularidad pública en los centros de Educación Infantil de Primer Ciclo que acaban de abrir sus puertas en las localidades de Entrena, Aldeanueva de Ebro y Ausejo. Además, la escuela infantil municipal de Cervera del río Alhama, tras las obras de reforma y ampliación, ofrece desde el pasado mes de abril otras 13 nuevas plazas. De esta manera, la Educación Infantil de 0 a 3 años en La Rioja oferta más de 2.500 plazas de titularidad pública.

La red de Educación Infantil de primer ciclo en La Rioja está conformada por 26 escuelas infantiles municipales, 6 autonómicas y unos 40 centros docentes privados. Además, en distintos Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y Centros Rurales Agrupados (CRA) de distintas localidades Comunidad disponen de un total de 12 unidades para acoger a alumnos de 0 a 3 años y ofrecer este servicio en distintos entornos rurales.

El Gobierno de La Rioja consolida la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, mediante la financiación del coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil a través del denominado Bono Infantil. Capellán ha anunciado que “el proyecto de presupuestos para 2027 incrementará la partida destinada a esta subvención para las familias en 500.000 euros”. Durante el pasado curso 2025-2026, se beneficiaron del Bono Infantil unos 3.000 alumnos de 0 a 3 años, para los que se destinaron un total de 11,9 millones de euros, 385 euros de por familia incluyendo el comedor.

Además, el programa de impulso a la escolarización del Primer Ciclo de Infantil ha permitido crear 485 plazas nuevas en los últimos cuatro años, 300 de ellas a partir del año 2023 con una inversión de 6,71 millones de euros, a cargo de fondos europeos y propios del Gobierno de La Rioja para asumir el coste de las nuevas infraestructuras, el mobiliario y el personal, entre otros gastos.

El sindicato de docentes ANPE Cantabria ha denunciado este martes que el inicio de curso 2026-2027 es “crítico” por la falta de negociación colectiva entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal en cuestiones como la bajada de ratios, las actividades extraescolares o la reducción de la burocracia.

En rueda de prensa, la presidenta autonómica de ANPE, Rus Trueba, ha valorado el comienzo del curso como “especialmente preocupante”, puesto que a las dificultades del inicio se suman “recortes en recursos, compromisos incumplidos y una negociación colectiva paralizada durante meses”, algo que ha generado “un conflicto abierto” entre ambos organismos.

Para ANPE, el “elemento más grave del conflicto” es la propuesta de plantillas para este año escolar, la cual, según el sindicato, contempla “la eliminación de 108 puestos de trabajo en Infantil y Primaria, más de 70 unidades cerradas en centros públicos y un recorte en la atención a la diversidad disminuyendo los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición en Lenguaje en un 25 por ciento menos respecto al curso anterior”.

“Estos recortes resultan difíciles de justificar en un contexto de descenso de natalidad que entendemos que podría haberse aprovechado para reducir ratios, aumentar apoyos y mejorar la calidad educativa y la atención a la diversidad. Esta disminución del alumnado (...) debería haberse traducido en más recursos por alumno y menos alumnado por aula no en reducción de plantillas”, ha lamentado.

Por otra parte, Trueba ha matizado que esta situación de “recortes” se suma a la política de conciertos educativos de la Consejería.

Y es que, ha explicado que las plantillas de los centros públicos se revisan y recortan “año a año”, mientras que los conciertos a centros privados “permanecen blindados durante cuatro años”.

Por este asunto, la también presidenta de la Junta de Personal Docente ha reclamado que cuando existan plazas suficientes en la red pública los recursos se destinen a reforzarlas. “Se debe priorizar la red pública sobre la privada”, ha dicho.

ANPE ha opinado que otro de los elementos centrales del conflicto y que ha calificado como el “más importante”, es la falta de negociación.

Así, ha subrayado que los sindicatos lo llevan sufriendo “durante toda la legislatura”, ya que, en enero de 2024, se estableció un cronograma de negociación “que no se está cumpliendo”.

A su juicio, la enseñanza pública de Cantabria necesita que los responsables de Educación escuchen a los docentes y se sienten a negociar para implementar mejoras como la bajada de ratios, la negociación sobre la reducción de la burocracia o sobre las extraescolares.

Huelga en extraescolares

Acerca de esta última, ha recordado que hoy ha comenzado la huelga sobre estas actividades -aunque el curso no comienza hasta el 8 de septiembre en Infantil y Primaria y el 9 en Secundaria y Bachillerato- con el objetivo de que Educación y sindicatos negocien un marco jurídico que dé seguridad a los docentes en estas salidas.

Trueba ha asegurado que la huelga se podría haber evitado si el consejero de Educación, Sergio Silva, se hubiera reunido con la Junta de Personal, por lo que le ha instado a negociar. “No queremos confrontación, queremos mejoras para la enseñanza pública de Cantabria”, ha apostillado.

Incorporación tardía de docentes

Por otro lado, ANPE ha mostrado su preocupación “por la incorporación tardía de docentes a los centros educativos”, y es que ha opinado que todo el claustro, incluidos los interinos, deberían de estar en los colegios e institutos desde el día 1 de septiembre.

Por último, Rus Trueba ha destacado la “ruptura de confianza” entre Educación y sindicatos debido a la falta de negociación, y ha afirmado que ANPE es un organización “posibilista” que busca “conseguir mejoras para la educación pública de Cantabria”.

Los sindicatos del profesorado (CCOO, STEC y Anpe) han unido sus fuerzas con el Frente de Estudiantes y 15 AMPA de colegios e institutos de Cantabria para crear la nueva Plataforma por la Enseñanza Pública.

Así lo han presentado los diferentes organismos este lunes, en rueda de prensa, en la que han anunciado que la primera acción de la entidad será una manifestación, este sábado, 5 de septiembre, a las 12.00 horas.

La protesta saldrá de la Consejería de Educación, en el Río de la Pila, y llegará hasta la plaza de Correos aunque, como en otras manifestaciones convocadas por la Junta de Personal Docente, pasará por la sede del Gobierno de Cantabria en la calle Peña Herbosa.

La Plataforma ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa a participar en la manifestación para mostrar su rechazo “por los recortes que en este momento está sufriendo la enseñanza pública” de la comunidad autónoma, ya que, según ha asegurado, hay “más de 108 puestos de trabajo” menos respecto al curso anterior.

Por otra parte, la presidenta del AMPA del CEIP Pedro del Hoyo, María Jesús Beitia, ha afirmado que este nuevo estamento ha nacido “de la convergencia plural y diversa de docentes, familias y alumnado”, los cuales se movilizan “por la convicción de que la educación pública es un pilar social insustituible y un compromiso colectivo y compartido”.

“La educación pública trasciende intereses partidistas y gestiones cortoplacistas. Cantabria necesita afianzar su posición como referencia nacional y pionera en un modelo educativo comprensivo, equitativo, inclusivo y garante de la igualdad de oportunidades, independientemente del origen socioeconómico o geográfico del alumnado”, ha subrayado.

Para Beitia, la calidad del sistema educativo “no admite parches ni improvisaciones”, sino que necesita “una visión estratégica, democrática y eminentemente pública”.

En este sentido, la portavoz ha demandado una planificación educativa pública “rigurosa y un incremento sostenido de la inversión presupuestaria para garantizar recursos adecuados en todas las etapas educativas” y ha defendido la educación pública “frente a los conciertos educativos”.

Así, Beitia ha exigido la revisión anual y progresiva de las subvenciones y conciertos educativos a la enseñanza privada, ya que, en su opinión, “el crecimiento desmedido de la red privada concertada va en directo detrimento de la escuela pública favoreciendo la segregación social y debilitando el sistema común de todos”.

También ha solicitado la “absoluta gratuidad” de la educación pública en todas sus dimensiones, con el objetivo de garantizar el acceso “gratuito a comedores sociales escolares, transportes, actividades complementarias y materiales didácticos”.

“Rechazamos rotundamente la mercantilización del derecho fundamental a la educación, gestión pública directa e internalización de los servicios. Exigimos la gestión pública y directa de todos los servicios prestados en los centros educativos, comedor, madrugadores, actividades extraescolares, limpieza, transporte y personal de apoyo por parte de la Consejería de Educación”, ha apostillado.

En esta misma línea, Beitia ha instado al área liderado por Sergio Silva (PP) a que frene “las privatizaciones y la externalización laboral”, al tiempo que ha pedido a la Consejería “la modernización, mantenimiento y equipamiento digno de los colegios e institutos públicos” de Cantabria, además de “diálogo, transparencia y gestión participativa”.

“Reclamamos una interlocución abierta y transparente con las administraciones educativas y que las decisiones se tomen escuchando de manera efectiva a la comunidad educativa”, ha sentenciado.

Sobre este asunto, ha llamado a los diferentes entes de los centros y localidades de Cantabria para que participen en este espacio, se tejan alianzas desde cada municipio y a que defiendan “activamente el presente y el futuro de la educación”.

El Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario de Cantabria ha revelado la “buena salud” que vive el área, a pesar de la reducción demográfica y el descenso de alumnado.

Este documento, elaborado por el Consejo Escolar de Cantabria, ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el consejero del ramo, Sergio Silva, acompañado por la presidenta y el vicepresidente del Consejo Escolar, María Ángeles Navarro y Eduardo Caballero, respectivamente.

El titular de Educación ha destacado “la fiabilidad y buena orientación a la excelencia” que dispone la educación regional, con una tasa de abandono temprano del 5,5%.

Además, según el estudio, el 85% de la población de entre 25 y 34 años cuenta con una educación superior a la ESO; un gasto medio por alumno de más de 9.000 euros y una tasa de abandono escolar temprano dell 5,5%, frente al objetivo nacional del 10.

Igualmente, el sistema educativo de la comunidad autónoma presenta “buenos valores medios de equidad en rendimiento PISA en lectura, matemáticas y ciencias; y un alto rendimiento en valores de comprensión lectora”.

Todos estos indicadores sitúan a Cantabria en una posición educativa favorable frente al resto de territorios del país, según se desprende de los datos del estudio 'España 2050. Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo'.

Estas fortalezas se enmarcan en un contexto de descenso demográfico y reducción de alumnado, una constante “que marca el cambio estructural que experimenta el sistema educativo no universitario de Cantabria, y que se convierte en uno de sus principales retos”. Esta tendencia, según Silva, que viene registrada desde la llegada al Ejecutivo del actual equipo de Gobierno (PP) en 2023, continúa consolidándose en las etapas obligatorias, curso tras curso.

El consejero ha reivindicado la importancia del “dato” a la hora de afrontar la toma de decisiones estratégicas en el ámbito educativo, “máxime en un momento como en el que nos encontramos, donde estamos constantemente escuchando opiniones que muchas veces no se corresponden con el dato y, por lo tanto, con la realidad”, ha remarcado.

“No voy a repetir esos datos que tantas veces hemos mencionado de los 1.300 alumnos que se pierden en Infantil y Primaria para el curso entrante 2026-2027 o esos más de 5.000 alumnos que hemos perdido en el último trienio”, ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que este informe “corrobora todo eso”.

En este sentido, la presidenta del Consejo Escolar de Cantabria ha resaltado que, pese a que Cantabria es la región con menor tasa de natalidad, “una tasa bruta del 5,05 frente al 6,66 española”, es superior a la mayoría de las comunidades en indicadores de excelencia educativa, entre los que ha destacado la atención a las necesidades educativas especiales, el fomento de un clima seguro en las aulas o un índice de estrés docente más favorable que la media española.

Según Navarro, estos logros demuestran que, “en un contexto demográfico adverso”, Cantabria ha sabido construir un modelo educativo “robusto, cohesionado y orientado a la mejora continua, capaz de convertir la dificultad en oportunidad y la escasez en excelencia”.

Así, Silva ha insistido en la “buena salud” de la educación regional, pero ha subrayado que “esto no quiere decir que no sea mejorable” y ha apelado a no caer en la “autocomplacencia” ni el “conformismo”.

De igual modo, Silva ha destacado la importancia de algunas propuestas de mejora que recoge este estudio, especialmente en lo relativo a las competencias matemáticas y en lengua castellana, así como el fortalecimiento de la convivencia escolar, la participación de la comunidad educativa y la adaptación a los nuevos desafíos que plantea la transformación digital y la inteligencia artificial o el impulso de la excelencia.

Reducción demográfica de entre el 20% y el 25%

Por su parte, Eduardo Caballero ha destacado que este documento constata que Cantabria cuenta con un sistema educativo “fiable” y bien orientado hacia la excelencia con una estructura “sólida” e indicadores destacados sobre el resto de las comunidades, pero que al mismo tiempo “no cae en la autocomplacencia y apuesta por afrontar los retos que exigen de una intervención justa y responsable”.

Asimismo, ha destacado que, por primera vez, este informe aporta información sobre atención a la diversidad, convivencia, información sobre el alumnado extranjero y un informe técnico sobre la matriculación desde el curso 2022-2023 al 2025-2026.

Otra de las conclusiones que se extraen del documento es que los recursos han crecido y ahora han de mejorar su planificación, ejecución y efecto. Sobre ello, revela que el presupuesto de educación no universitaria de 2024 fue de 640,7 millones de euros y el gasto alcanzó los 669 millones.

El 70,65% del gasto se destinó al capítulo de personal y en el curso 2024-2025 se contabilizaron 8.016 docentes en centros públicos y 2.436 en centros privados, con una media de 8,2 alumnos por profesor en la pública y 11,1 en la privada-concertada.

En lo que respecta al descenso estructural de la población escolar, refleja, que todas las proyecciones demográficas apuntan a una reducción de entre el 20% y el 25% en Infantil, Primaria y Secundaria. Esta tendencia, ha señalado Caballero, no debe conducir únicamente a reducir ratios, abre la posibilidad de reasignar recursos hacia apoyos tempranos, tutorías en grupos pequeños, codocencia, refuerzo escolar, formación docente y atención a los centros y al alumnado de mayores necesidades.

Estudiar en la escuela cada vez es más caro. Libros, ropa o uniforme y material escolar obligarán este año a las familias a desembolsar una media de 505 euros por hijo antes incluso de que comiencen las clases, una primera factura que será solo el comienzo de un curso cuyo coste medio alcanzará los 2.484 euros por alumno, cifra que incluye a quienes acuden a la escuela privada.

La estimación procede de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha encuestado a 773 padres y madres con 1.096 hijos de entre 3 y 18 años, y cuyo resultado se ha ponderado, para ajustarlo a la distribución real de los estudiantes, por tipo de centro: un 67% estudia en la enseñanza pública, un 24% en la concertada y un 9% en la privada.

El portavoz de OCU, Enrique García, sostiene que, un año más, esta será “la vuelta al cole más cara”, sin que haya una partida concreta que explique el incremento, pero con un culpable claro, la inflación sobre los distintos productos y servicios.

El gasto escolar sube de media un 3,9%, con aumentos del 6% en los centros públicos y privados y apenas unas décimas en los concertados.

La diferencia entre centros sigue siendo enorme porque las familias con hijos en la enseñanza pública prevén gastar una media de 1.294 euros en el curso, 3.450 en la concertada y 8.761 en la privada.

Madrid, a la cabeza

También, entre las comunidades ya que la media en Madrid, a la cabeza de nuevo del gasto escolar, es de 3.512 euros anuales por hijo, sobre todo porque la enseñanza privada tiene más peso, seguida de Cataluña (2.994), Comunidad Valenciana (2.190) y Andalucía (2.007).

Pero antes de llegar a ese total del año está el del arranque del curso, los cerca de 505 euros, que se encabezan con el uniforme (una media de 224 euros), y ahí OCU denuncia que algunos colegios obliguen a adquirirlo en determinados establecimientos, una medida que limita la búsqueda de precios más competitivos.

Los libros suponen unos 161 euros anuales en los centros públicos y 302 en los privados, aunque todas las comunidades autónomas disponen de programas de acceso gratuito, y el material escolar, 89 de media, aunque si se necesita tableta u ordenador el material supone otros 236 euros.

No obstante, matrícula y cuotas son las partidas más cuantiosas en los centros concertados y privados: representan el 49 % del gasto anual en los primeros (1.681 euros de media) y el 67 % en los segundos (5.898). En la enseñanza pública estos pagos solo existen en Formación Profesional en algunas comunidades autónomas.

El comedor es la siguiente carga (97 euros al mes para los que lo utilicen en centros públicos, 133 en concertados y 156 en privados), y luego las extraescolares (otros 70, 86 y 113 euros mensuales, respectivamente).

Las excursiones, un gasto que crece sin hacer ruido

La factura aún no ha terminado porque entre los gastos que ganan espacio están las excursiones, los viajes y actividades vinculadas al colegio, con una media de 176 euros por alumno, y ello no se debe necesariamente a que los centros organicen más salidas, sino a que esas actividades pueden ser más caras, según García, “por el efecto de la inflación sobre todo lo que implica, es decir desde el autobús hasta las entradas y las actividades”.

A pocos días del inicio del curso, hay que tener en cuenta todas las partidas porque aún hay tiempo suficiente para poder ahorrar algo y revisar las ayudas, recuerda la OCU.

Hagan inventario de lo que quedó del curso anterior, preparen lista y presupuesto y desconfíen de las ofertas que obligan a comprar de más. Y un último consejo: si van de compras, mejor sin niños pequeños porque el estuche del superhéroe o del personaje de moda casi siempre saldrá más caro que otro.

Podemos ha denunciado la “estrategia” de la Consejería de Educación, dirigida por Sergio Silva (PP), de “castigar” a la escuela pública “por su osadía” al reivindicar mejoras salariales y de ratios mientras se “beneficia de forma sistemática” a la patronal de la educación concertada.

A juicio de la formación morada, los planes de la Consejería “no responden a criterios técnicos” sino a una “hoja de ruta ideológica perfectamente definida”.

Y es que, en su opinión, Silva utiliza los cupos de profesorado como una “venganza política” contra las reivindicaciones laborales.

La formación ha lamentado que la Consejería aborde la educación formal “como un negocio y un terreno de confrontación ideológica, en lugar de garantizar un derecho fundamental en igualdad de condiciones” y le ha exigido la “rectificación inmediata” de los cupos de profesorado, el “blindaje” de la escuela rural y el “fin de los privilegios” a la patronal de la concertada a costa del presupuesto de los cántabros.

Podemos ha advertido al Gobierno autonómico del PP que la comunidad educativa “no se va a quedar de brazos cruzados ante el desmantelamiento programado de la red pública ni ante el cierre de unidades escolares, especialmente sangrante en el medio rural”.

“Lo que Silva no termina de entender es que el profesorado, el personal educativo y las familias de Cantabria están firmemente comprometidos con la defensa de una escuela pública de calidad”, han señalado desde el partido morado.

La formación ha hecho especial hincapié en la “hipocresía” del Gobierno regional al “abanderar discursos contra la despoblación en Cantabria mientras, de forma paralela, se desmantelan los colegios de los pueblos”.

“Es una contradicción absoluta querer luchar contra el vaciado de nuestros municipios y, al mismo tiempo, privar de servicios básicos esenciales como la educación a la población que vivimos en el medio rural”, han indicado desde Podemos.

Y es que considera que el cierre de aulas rurales “desmiente el supuesto compromiso del Gobierno del PP contra la despoblación”.

Podemos ha advertido de que “sin escuelas rurales no hay futuro para los pueblos” y que la eliminación de aulas “empuja inevitablemente a las familias a abandonar el entorno rural”.

El primer ministro sueco en los años ochenta, Olof Palme, es una de las figuras políticas que más huella ha dejado en el país nórdico por su papel en la expansión del Estado del bienestar, basado en la defensa de los servicios públicos universales, la redistribución de la riqueza y la igualdad social, que se convirtieron en un referente internacional para la socialdemocracia.

Pero del mito de Suecia como paraíso del Estado del bienestar hoy más bien quedan unos pocos restos. Gran parte de la gestión de los servicios públicos en el país escandinavo se ha privatizado mediante un modelo en el que el Estado sigue financiándolos al 100%, pero las empresas que los gestionan pueden obtener beneficios sin apenas límites.

Como consecuencia de esto, en las próximas elecciones generales de septiembre, el Partido de la Izquierda, el Partido Verde y el partido socialdemócrata concurren a las urnas con la propuesta de prohibir que las empresas privadas se lucren mediante la prestación de servicios públicos. Esto pasa especialmente en la educación, donde el país ha permitido que cada vez más escuelas estén gestionadas por empresas con ánimo de lucro que cotizan en el mercado de valores de Estocolmo. También en la sanidad, donde casi la mitad de las clínicas de atención primaria son de propiedad privada, una tendencia que también se ve en la gestión de las residencias para la gente mayor.

Mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando, con el número de multimillonarios pasando de 28 a 542 en 25 años, al mismo tiempo que ha aumentado la proporción de hogares con bajos ingresos. Suecia también encabeza la clasificación mundial de patrimonio acumulado por los millonarios en relación con el tamaño de su economía, seguida de Rusia. Unos multimillonarios que, a menudo, pagan menos impuestos que el resto, ya que en los últimos años se han abolido el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre las donaciones.

Por todo esto, el periodista económico Andreas Cervenka, autor del libro Girig-Sverige (Suecia avariciosa), defiende que Suecia se ha convertido “en un paraíso para los superricos”. Cervenka sostiene en su libro que los ricos no se han beneficiado solamente por la baja fiscalidad, sino que argumenta que la liberalización y la privatización de los servicios públicos han creado nuevas oportunidades para hacer grandes fortunas. Esta tesis fue investigada por el periódico Aftonbladet, que concluyó que la riqueza de al menos 18 nuevos multimillonarios está vinculada a los negocios relacionados con el Estado del bienestar, incluyendo escuelas privadas, sanidad, farmacias online y otros servicios.

La privatización y las desigualdades territoriales han debilitado el funcionamiento del modelo de bienestar universal sueco

Åsa Plesner — Investigadora de la Universidad de Estocolmo

La investigadora de la Universidad de Estocolmo, Åsa Plesner, especializada en la gestión de los servicios públicos, explica a elDiario.es que Suecia continúa “teniendo formalmente un modelo de bienestar universal, pero la privatización y las desigualdades territoriales han debilitado su funcionamiento”.

La investigadora señala que, aunque esa privatización comenzó bajo gobiernos conservadores, los posteriores ejecutivos socialdemócratas no revirtieron el proceso y, en algunos casos, incluso lo profundizaron: “Comenzó como una decisión ideológica a finales de los años noventa y principios de los 2000. Pero en la última década el sector privado ha ejercido mucha presión mediante el lobby para mantener las cosas como están y, como consecuencia, ahora tenemos unos pocos grupos corporativos muy importantes que, básicamente, son demasiado grandes para dejarlos quebrar” explica Plesner.

Oligarcas del Estado del bienestar

Según la experta, la educación “es uno de los sectores donde se ha extendido más el modelo de privatización”. Desde las reformas introducidas en los años 1990, las familias pueden elegir libremente entre las escuelas públicas y las escuelas privadas o independientes (friskola). La particularidad del sistema es que, en las friskolor, el Estado sigue financiando la educación y los centros reciben más fondos públicos a medida que aumentan su número de alumnos, mientras que las empresas propietarias pueden tener incentivos para reducir costes y obtener más beneficios.

Los críticos también advierten de que este sistema aumenta el riesgo de segregación socioeconómica entre los alumnos de los centros públicos y los privados, ya que “son los padres con mayor nivel educativo, más comprometidos y con mayor ventaja socioeconómica quienes toman decisiones activas sobre el centro escolar, mientras que las familias más desfavorecidas suelen quedarse en las escuelas públicas”, argumenta Plesner. Mientras tanto, Suecia ha experimentado en los últimos años un acusado retroceso en el rendimiento escolar, según las clasificaciones del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA).

A todo esto, aproximadamente uno de cada 10 estudiantes de la escuela secundaria asiste a un centro gestionado por la empresa ArcadeMedia, la mayor empresa educativa en el norte de Europa, con más de 650 centros y que actualmente está en proceso de expansión por Noruega, Finlandia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Esta compañía es un ejemplo claro de lo que los medios del país escandinavo llaman “los oligarcas del Estado del bienestar”, (välfärdsoligarker), una expresión que se utiliza de forma crítica para referirse a los inversores que han acumulado grandes fortunas financiándose principalmente con dinero público.

Centros sanitarios al límite

Los cambios hacia un modelo más privatizado del Estado del bienestar también son evidentes en la sanidad. Los profesionales del sector se quejan de la falta permanente de personal, la prioridad por la eficiencia económica y el empeoramiento de las condiciones laborales. Además, los sindicatos alertan de que se está produciendo una concentración de médicos privados en las zonas urbanas más ricas donde a menudo resulta más económico atender a los pacientes, dejando para los centros públicos los casos más complejos o costosos de tratar de las zonas rurales.

“Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura”, alerta a elDiario.es Sophia Godau, presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets. Según Godau, los problemas, como la presión constante para liberar camas y enviar los pacientes a casa lo más rápido posible, “son estructurales y se han ido acumulando en los últimos diez años por no priorizar la sanidad pública”.

Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura

Sophia Godau — Presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets

En 2024, las administraciones públicas financiaron el 86% del gasto sanitario sueco, según Statistics Sweden, a pesar de que el 40% de los centros sanitarios ya son de propiedad privada y algunos de ellos están controlados por firmas de private equity, fondos que compran empresas que no cotizan en bolsa con el objetivo de mejorar el valor del negocio para luego venderlo más caro y generar grandes ganancias.

Auge de la extrema derecha

Finalmente, la investigadora Åsa Plesner señala que el deterioro de los servicios públicos ha causado un malestar social que ha sabido aprovechar el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, a pesar de que en su programa electoral no defienden deshacer el modelo de privatización que ha contribuido a generar el malestar: “La derecha populista está atrayendo a votantes que, en general, están descontentos con el Gobierno y el sector público, pero no están abogando ni impulsando políticas para mejorar dicho sector”, afirma.

Por otro lado, el partido socialdemócrata, que lidera las encuestas para las elecciones de septiembre, durante la campaña electoral está recuperando la agenda para recobrar el buen nombre del Estado del bienestar sueco. Sin embargo, Plesner apunta que “el proceso tiene que ser hecho de forma gradual y puede tardar años en llegar”.

El PSOE ha alertado de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “encubierto” en la educación pública a la vista de los “alarmantes” datos facilitados por sindicatos, como UGT, que indican que el próximo curso va a comenzar con 176 docentes y 52 aulas menos.

En un comunicado, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha advertido que su partido “no va a aceptar que se disfrace de reorganización lo que en la práctica supone destruir empleo público y deteriorar la educación pública”.

“Lo que estamos viendo es un ERE encubierto en la educación pública: se eliminan plazas, se cierran aulas y, al mismo tiempo, se endurecen las condiciones de acceso a las vacantes para los interinos, expulsando a docentes que llevan años trabajando en nuestros centros”, ha afirmado.

A su juicio, se trata del “mayor golpe a la educación pública en la historia de Cantabria” y, en este sentido, ha indicado que, una vez más, los hechos demuestran, que el Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP) “a lo único que se ha dedicado estos tres años es a deteriorar las condiciones en las que se presta la enseñanza pública”.

Quiñones ha advertido de que “cada plaza que se elimina tiene como consecuencia más carga de trabajo para el resto del profesorado en cada centro educativo, menos atención individualizada para el alumnado y más precariedad” para quienes sostienen la educación pública, un servicio que, según ha defendido, es el “mayor instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial”.

Quiñones ha instado al Ejecutivo regional “que dé la cara” y explique a la ciudadanía “las razones por las que están desmantelando la educación pública” y exponga “su modelo educativo sin trampantojos”.

“Si su modelo pasa por recortar la educación pública, como están demostrando, lo mínimo que pueden hacer es decirles a los cántabros cual es su modelo educativo, que pasa por seguir fomentando la educación pública y concertada mientras deteriorar la enseñanza pública”, ha concluido.

El conflicte educatiu valencià, que va viure un mes de vaga amb mobilitzacions multitudinàries a finals del curs passat, suma un nou episodi de tensió. La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha denunciat el que considera un exercici de “repressió administrativa i policial” contra el professorat participant en les mobilitzacions i jornades de vaga desenvolupades al maig i juny passat.

Segons el balanç difós per la coordinadora, fins ara consten un total de 14 sancions administratives dirigides a docents en vaga (dotze d'elles a títol individual i dues a un dels sindicats convocants). Les sancions van des dels 601 fins als 800 euros i l'import acumulat d'aquestes penalitzacions ascendeix a 8.600 euros, derivats d'actuacions policials en concentracions prèviament notificades i en piquets informatius. Des del col·lectiu assenyalen que aquestes multes busquen “desincentivar la lluita i infondre temor” entre el cos docent per dificultar l'exercici dels drets de reunió, manifestació i vaga.

Un dels afectats, segons recull l'agència EFE, és David Esteve, professor de Biologia i Geologia a la província d'Alacant, que ha rebut una notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador per una “infracció greu” que comportaria una multa de 800 euros incoada per la Delegació del Govern. El sindicat al qual pertany Esteve, CSO (Consell Sindical Obrer), ha decidit no pagar la multa perquè la considera un “acte polític per a tractar d'atemorir mobilitzacions futures” i la recorrerà “per no haver comés una infracció (no haver incitat a res ni haver tallat cap carrer)”.

La CADPV afegeix a aquestes sancions l'actitud de la Conselleria d'Educació i del Govern autonòmic, a qui retreu la seua “falta de voluntat negociadora”. Així mateix, l'organització denuncia la fixació d'uns serveis mínims que qualifica d'“abusius” —mesura que ja va motivar la presentació de recursos davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per part de les centrals sindicals— i l'intent d'implantar mecanismes de control del debat pedagògic a través de la modificació del Decret 80/2017 sobre convivència als centres educatius.

Per a amortir l'impacte econòmic de les penalitzacions, les assemblees mantindran activa la caixa de resistència i canalitzaran l'assessorament dels serveis jurídics sindicals amb l'objectiu d'evitar que cap participant assumisca els costos de manera individual.

Un conflicte estructural a les aules

Les sancions s'emmarquen en el cicle de protestes que ha tensionat l'àmbit educatiu valencià. La comunitat escolar, per mitjà dels sindicats STEPV, CCOO, UGT, ANPE i CSIF —encara que aquests dos últims van acabar despenjant-se abans de la convocatòria de vaga i mobilitzacions—, va convocar a finals del curs passat diverses aturades i vagues per a mostrar el seu rebuig a les línies mestres de l'Administració autonòmica en matèria educativa.

Malgrat la desconvocatòria de les aturades el passat 12 de juny, cinc setmanes després que començara la vaga indefinida, els sindicats convocants consideren que no s'han produït avanços suficients en les reivindicacions del professorat: pujada de salaris, baixada de ràtios, millora d'infraestructures, augment de plantilles, millores en inclusió i Formació Professional, reducció de la càrrega burocràtica i recuperació del pes del valencià en l'educació pública valenciana. A penes es van produir alguns acords parcials en qüestions com la burocràcia o amb determinades plataformes (CSIF i ANPE) en matèria retributiva.

No obstant això, el desgast derivat de les mobilitzacions i de les sancions notificades no ha provocat que els docents abaixen la guàrdia i la CADPV ha advertit que l'inici del pròxim curs escolar no implicarà una tornada a la normalitat mentre persistisquen els greuges en l'ensenyament públic, per la qual cosa preveu la continuïtat de les mesures de pressió. En aquesta mateixa línia es van expressar el passat mes de juny els sindicats majoritaris, STEPV, CCOO i UGT, que ja van advertir que, si no hi ha avanços significatius en les negociacions amb la conselleria, reprendrien les mobilitzacions al setembre, coincidint amb el començament de curs.

El conflicto educativo valenciano, que vivió un mes de huelga con movilizaciones multitudinarias a finales del curso pasado, suma un nuevo episodio de tensión. La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha denunciado lo que considera un ejercicio de “represión administrativa y policial” contra el profesorado participante en las movilizaciones y jornadas de huelga desarrolladas en mayo y junio pasado.

Según el balance difundido por la coordinadora, hasta la fecha constan un total de 14 sanciones administrativas incoadas por la Delegación del Gobierno y que están dirigidas a docentes que participaron en las protestas desarrolladas con motivo de la huelga indefinida (doce de ellas a título individual y dos al STEPV, uno de los sindicatos convocantes). Las sanciones van desde los 601 hasta los 800 euros y el importe acumulado de estas penalizaciones asciende a 8.600 euros, derivados de actuaciones policiales en concentraciones previamente notificadas y en piquetes informativos. Desde el colectivo señalan que estas multas buscan “desincentivar la lucha e infundir temor” entre el cuerpo docente para dificultar el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y huelga.

Uno de los afectados, según recoge la agencia EFE es David Esteve, profesor de Biología y Geología en la provincia de Alicante, que ha recibido una notificación de acuerdo de iniciación de expediente sancionador por una “infracción grave” que conllevaría una multa de 800 euros incoada por la Delegación del Gobierno. El sindicato al que pertenece Esteve, CSO, (Consejo Sindical Obrero) ha decidido no pagar su multa por considerarla un “acto político para tratar de amedrentar movilizaciones futuras” y van a recurrirla “al no haber cometido una infracción (no haber incitado a nada ni cortado ninguna calle)”.

La CADPV suma a estas sanciones la actitud de la Conselleria de Educación y del Ejecutivo autonómico, a quien reprocha su “falta de voluntad negociadora”. Asimismo, la organización denuncia la fijación de unos servicios mínimos que califica de “abusivos” —medida que ya motivó la presentación de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por parte de las centrales sindicales— y el intento de implantar mecanismos de control del debate pedagógico a través de la modificación del Decreto 80/2017 sobre convivencia en los centros educativos.

Para amortiguar el impacto económico de las penalizaciones, las asambleas mantendrán activa la caja de resistencia y canalizarán el asesoramiento de los servicios jurídicos sindicales con el objetivo de evitar que ningún participante asuma los costes de manera individual.

Un conflicto en las aulas

Las sanciones se circunscriben en el ciclo de protestas que ha tensionado el ámbito educativo valenciano. La comunidad escolar, por medio de los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, ANPE y CSIF -aunque estos dos últimos acabaron por descolgarse antes de la convocatoria de huelga y movilizaciones-, convocó a final del pasado curso diversos paros y huelgas para mostrar su rechazo a las líneas maestras de la administración autonómica en materia educativa.

A pesar de la desconvocatoria de los paros el pasado 12 de junio, cinco semanas después de que comenzara la huelga indefinida, los sindicatos convocantes consideran que no se han producido avances suficientes en las reivindicaciones del profesorado: subida de salarios, bajada de ratios, mejora de infraestructuras, aumento de plantillas, mejoras en inclusión y Formación Profesional, reducción de la carga burocrática y recuperar el peso del valenciano en la educación pública valenciana. Apenas se produjeron algunos acuerdos parciales en temas como la burocracia o con determinadas plataformas (CSIF y ANPE) en la cuestión retributiva.

No obstante, el desgaste derivado de las movilizaciones y de las sanciones notificadas, no ha provocado que los docentes bajen la guardia y la CADPV ha advertido de que el inicio del próximo curso escolar no implicará una vuelta a la normalidad mientras persistan los agravios en la enseñanza pública, por lo que prevé la continuidad de las medidas de presión. En esta misma línea se expresaron el pasado mes de junio los sindicatos mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, quienes ya advirtieron que, de no haber avances significativos en las negociaciones con la conselleria, se retomarían las movilizaciones en septiembre, coincidiendo con el comienzo de curso.

A principios de los años 80, la educación no era un objetivo realista para buena parte de los jóvenes de los barrios más pobres de Madrid. En algunas zonas, además, la epidemia de la heroína era un hándicap añadido. En el distrito de San Blas, a escasos 600 metros de 'Los focos', uno de los epicentros de distribución de droga de la época, daba sus primeros pasos el instituto Las Musas.

José Antonio Expósito, quien fuera su director durante diez años (2015-2024) y autor de La Rebelión de Las Musas, explica los métodos que, a su juicio, deben guiar la docencia: “Formamos ciudadanos completos, no solo buenas matemáticas o excelentes doctores”. No es un camino que se recorra en solitario. “Gracias a los profesores de la Transición, se aprendió mucho”, reconoce en conversación con elDiario.es.

La educación marca un distrito y un barrio

José Luis Expósito — Ex director del IES Las Musas

Para este profesor, el objetivo principal parte de la inteligencia emocional de los estudiantes. Es decir, del trabajo con los alumnos para que aprendan a gestionar y compartir sus emociones, la creación de un vínculo con sus profesores y, por encima de todo, asegurar su bienestar emocional durante su estancia en el centro. Expósito resalta la importancia de educar y velar por el crecimiento de los alumnos y el impacto que esto tiene en la sociedad: “La educación marca un distrito y un barrio”.

Por eso, Expósito es defensor del método socrático, que consiste en “preguntar y escuchar” para reforzar una “enseñanza humana y próxima con un vínculo emocional”, y del legado de Francisco Giner de los Ríos, firme defensor de la libertad de cátedra y uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Esta institución supuso una revolución docente en el siglo XIX, al huir de los dogmatismos políticos, religiosos y morales de la época.

Cuando un alumno atraviesa las puertas de este centro, entre las prioridades del profesorado está “observar sus habilidades especiales”, para descubrir cómo exprimir su potencial. Hay un bachillerato de investigación, “donde los estudiantes deben investigar en profundidad algún tema que les suscite interés”, explica el profesor. Pero también hay una formación práctica, como un huerto donde aprender sobre cultivo o trabajos sobre inteligencia aeroespacial.

La tarea académica está guiada por un tutor y posteriormente es evaluada por un tribunal de expertos. La aplicación de esta dinámica les proporciona “ventaja y madurez”, indica Expósito.

Otra variante utilizada por el centro para evitar la desmotivación de los alumnos, es la restricción de la repetición de cursos. Para ello, introdujeron mentorías con “un profesor mentor particular para darles clase y mantener contacto con la familia”. El objetivo de esta iniciativa es “brindar apoyo para que no abandonen el sistema educativo”. De igual forma, cuentan con alumnos “mediadores para resolver los conflictos en el aula”.

Además, hacen un esfuerzo “muy grande por atraer a aquellos alumnos que no quieren estudiar”. “Lo difícil es sentarte con los muchachos y preguntarles qué es lo que han hecho mal y por qué”, apunta el exdirector sobre aquellos alumnos que han tenido más dificultades para seguir el camino académico. O sobre aquellos expulsados de otros centros y que llegaban a Las Musas para estudiar FP. “Era un perfil muy difícil”, reconoce. Pero nunca fue una opción dejar a nadie atrás.

Conocer otras realidades

Expósito siempre ha defendido que los estudiantes deben conocer “otras realidades”. En ese afán, ha promovido que se involucren con hasta una quincena de entidades, como Cruz Roja, Unicef o Médicos Sin Fronteras, y realicen intercambios con ciudades como Nueva York, Cracovia y Atenas o expediciones por la selva amazónica ecuatoriana.

Además, han creado su propia organización, 'Las Musas-Actúa' y han impulsado viajes y participaciones en foros internacionales. A lo largo de la historia del instituto, “los alumnos han sido recibidos por el embajador de España en Moscú y por el presidente de Ecuador, por la expedición en la Amazonía en el Palacio Presidencial de Carondelet”. “Viajar con los chicos es una fuente de conocimiento profundísima”, celebra Expósito.

Entre 2019 y 2022, el centro ocupó un cargo como “Escuela Embajadora del Parlamento Europeo”. Esta tarea consiste en dar a conocer cuestiones sobre Europa y estimular el conocimiento sobre la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes.

En su empeño por estrechar lazos humanos y promover la gestión emocional, el uso de tablets y aparatos electrónicos quedó fuera del aula. “Queríamos que redactasen a puño y letra y que leyesen en papel”, señala Expósito. Aunque esta decisión chocó con la adoptada en otros centros, el docente no reniega de ella. “Los mismos que nos criticaban descubrieron que no estábamos equivocados”, dice.

Un estudio realizado en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, señala que cuando se redacta a mano se producen conexiones cerebrales más óptimas en comparación a cuando se escribe a máquina, en un ordenador o en una tablet. Y una investigación publicada recientemente en la revista Nature Human Behaviour relaciona el uso precoz de las redes sociales con puntuaciones más bajas en los exámenes.

Un modelo de éxito

Todos estos principios han llevado a Las Musas a enorgullecerse de un estándar educativo “muy alto”. Expósito pone como ejemplo los 1.193 aprobados en la selectividad a lo largo de una década en la que solo suspendió un alumno. “Y fue en el año de la pandemia”, aclara.

Pero el éxito es mucho más que una nota en un examen si está no va acompañada de pasión por lo que se estudia. Y esa pasión se puede encontrar en muchos sitios. “Una vez acompañé a dos alumnos a una feria de videojuegos... y ahora son ingenieros informáticos”, recuerda Expósito, que también menciona a “la máxima experta en gripe de España”, la viróloga Amelia Nieto, ya jubilada, que trabajó durante décadas en el Centro Nacional de Biotecnología, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC), y que siguió manteniendo una estrecha relación con el centro.

Las Musas también ha querido poner en valor el trabajo de sus alumnos. El instituto madrileño realizó una publicación científica en la que “recopilaba volúmenes de las 50 investigaciones hechas por los alumnos”.

Demà estudiaré a la sala de manuscrits de la biblioteca de la Universitat d'Oxford.

Hi arribaré amb la meua família: amb el seu temps, suport, conducció i afany de superació. Estudiar per a superar-se u! Estudiar per a ser algú! Quines coses hem aprés! De Benimaclet a Oxford!

Miraré arrere i recordaré d'on he eixit: de les primeres paraules dels pares i els iaios, de l'escoleta i les mestres de Benimaclet que m'han ensenyat a llegir, a escriure i a escoltar educadament, però també a dir la meua. Regraciaré les professores de la Universitat de València que han cregut quan jo no creia que podia escriure bé i investigar. M'ameraran també les esperances i les preguntes exigents dels meus alumnes de l'institut del Puig.

Al capdavall, superar-se u és un treball col·lectiu. Sincerament. No cal ni posar-se medalles ni declarar-se massa marxista i caure en la polarització nostra de cada dia. Sols cal estar agraïts per tots els esforços dels altres que ens han ajudat a fer les coses que fem.

Demà estaré orgullós d'haver fet un llibre i que la biblioteca de la Universitat d’Oxford n’haja adquirit un exemplar fa uns anys. Un llibre que podria estar molt millor, però que, al cap i a la fi, hi està. Està a l'abast dels lectors d'una de les institucions més prestigioses de l'àmbit universitari mundial. El valor del meu llibre seria escàs, si no estiguera determinat per la quantitat de temps de treball socialment necessari per a la seua producció. El seu valor, de fet, augmenta quan pense en el treball dels meus iaios carnissers i llauradors, mos pares gestors, la meua dona providencial o els meus professors dedicats de cor a ensenyar.

Demà estaré nerviós perquè no podré estar a l'altura dels millors. Com en la pel·lícula An education (2009), no es fàcil entrar en els cercles més elitistes de la universitat anglesa. Però tampoc no cal. És una educació i, com qualsevol altra, és fruit d'un treball col·lectiu. No ho oblidem. Tant l'educació més elitista com la pública són resultat d'uns esforços col·lectius. Això sí, l'última ho deixa més clar i ho ensenya millor. No ho oblidem, perquè cal que ens enorgullim d'alguns aspectes del nostre sistema educatiu: públic, inclusiu i, encara, de qualitat.

Una sentencia del 30 de julio de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha condenado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria por censurar publicaciones del sindicato STEC en el tablón sindical virtual habilitado para la comunicación con los docentes.

La resolución judicial establece que la retirada de estos contenidos por parte del departamento que dirige Sergio Silva supone “una vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de libertad de expresión”.

El conflicto se originó el pasado mes de febrero, en el marco de las negociaciones por la adecuación retributiva del profesorado. La Consejería pretendía condicionar estas mejoras a la aprobación de los presupuestos autonómicos hasta 2029, una medida que los sindicatos tildaron de “Cláusula Silva”. Ante esta situación, el colectivo docente denunció sentirse utilizado como herramienta de presión política bajo el lema “Somos docentes, no rehenes”.

Para visibilizar esta protesta, el STEC (Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en Cantabria) diseñó un cartel parodiando los anuncios de “SE BUSCA” del viejo oeste. En la imagen aparecían los rostros de la presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga y del consejero Sergio Silva, señalados como “peligrosos para la Educación Pública” por el “intento de secuestro de 9000 docentes”.

Libertad de expresión frente al “honor” del empleador

El sindicato intentó difundir esta campaña a través del tablón sindical virtual de EduCantabria, el medio oficial habilitado por la Administración tras haber limitado previamente las listas de correo. Sin embargo, la Consejería eliminó el cartel de forma reiterada y sin mediar explicación. Ante las quejas del STEC, Educación llegó a manifestar en mesa sectorial que seguiría suprimiendo publicaciones según su propio criterio, lo que llevó al sindicato a interponer una demanda.

En su defensa, el departamento de Sergio Silva argumentó que el cartel colisionaba con el “honor del empleador”. No obstante, la jueza ha desestimado esta postura, dictaminando que la retirada de la publicación carecía de fundamento legal. Como consecuencia, la Consejería no solo está obligada a reponer la imagen eliminada, sino que también deberá hacerse cargo de las costas del proceso judicial.

Desde el STEC recuerdan que este no es el primer varapalo judicial que recibe el Ejecutivo en su conflicto con el profesorado. Anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya había tumbado por abusivos los servicios mínimos que la Administración intentó imponer durante la huelga del inicio del curso pasado.

A pesar de estas sentencias, el sindicato critica que el Gobierno autonómico persista en la confrontación en lugar de retomar la vía del diálogo. Desde STEC han lamentado que el pasado 29 de julio, tras meses de espera para una mesa de negociación con la Junta de Personal Docente, la Administración ha optado por no acudir y enviar a su portavoz parlamentario a atacar las reivindicaciones sindicales. “Haría bien el Gobierno en dedicar su tiempo a negociar y no a censurar a los docentes”, han concluido desde la organización sindical.

Unas 200 personas, según la Policía de Santander, se han concentrado este viernes frente a la Consejería de Educación para protestar contra el cierre previsto de 72 aulas de Infantil y Primaria en Cantabria de cara al curso 2026-2027, debido a la caída de las escolarizaciones.

Bajo el lema 'La escuela pública no se recorta', y convocados por las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de seis centros afectados por la medida, han participado, entre otras, familias de Torrelavega (CEIP Manuel Liaño de Barreda), Colindres (CEIP Pedro del Hoyo), Ajo (CEIP Benedicto Ruiz) y Comillas (CEIP Jesús Cancio).

Los manifestantes han cantado proclamas como 'Si quieres recortar, el AMPA va a luchar'; 'AMPA unidas, aulas defendidas'; 'Lo público no se vende, se defiende'; o 'Silva, atiende, las aulas nos e venden'.

Además, han mostrado pancartas con distintos mensajes. Por ejemplo, 'Menos recortes. Más recursos'; 'No pedimos favores. Exigimos derechos'; 'Silva, atiende a la razón: menos recortes y más educación'; y 'Recortar en educación es recortar en futuro'.

El acto ha concluido con la lectura de un manifiesto, a cargo de la presidenta del AMPA del centro colindrés, María Jesús Beitia.

A preguntas de los periodistas, Beitia ha asegurado que las AMPA “no están de acuerdo” con el cierre previsto de 72 aulas en Cantabria y ha reclamado “dar una vuelta” a la situación porque “esto tiene que hacerse en otro marco, con tranquilidad”.

“No se puede venir en junio y decir: cerramos las aulas; y esperar que las familias lo acaten”, ha criticado la presidenta del AMPA del CEIP Pedro del Hoyo.

Recogida de firmas

Además, durante la movilización se han recogido firmas -suman más de 2.000- contra el cierre de un aula de 3 años en el centro colindrés.

Sobre este cierre concreto, Beitia ha asegurado que en julio recibieron la comunicación de las familias que habían realizado la matrícula en periodo extraordinario. “Han sido rechazadas y a su vez la dirección nos comenta que se cierra una de las aulas”, ha dicho.

Desde su punto de vista, “es incomprensible que se rechacen matrículas y se argumente que es por un tema demográfico porque no hay alumnado”, ha dicho.

En cuanto a esta reivindicación, ha afirmado que se ha organizado todo “sobre la marcha”, sin la intervención de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria (FAMPA Cantabria), que Beitia cree que ha tenido constancia de la convocatoria.

Sobre los adheridos a las movilizaciones, la representante de las familias del centro colindrés se ha puesto en contacto “con diversas AMPA que han dado una buena respuesta”, aunque la presencia de “un número tan reducido de AMPA afectadas -solo seis- es un golpe de realidad bastante duro”, ha lamentado.

La movilización de hoy se suma a su presencia el pasado martes en Puente San Miguel, adonde acudieron con motivo de la celebración del Día de las Instituciones: “El día anterior preparamos cuatro pancartas y ahí nos fuimos a gritar que no estamos de acuerdo con la decisión de la Consejería”, ha dicho Beitia.

Recibidos por la ministra antes que por el consejero Silva

Por otro lado, la presidenta del AMPA colindrés ha lamentado que les ha recibido antes la ministra de Educación, Milagros Tolón -concretamente este jueves, en su visita a Colindres- que el consejero ramo, Sergio Silva.

“Silva sigue sin dar señales de vida”, ha asegurado, algo que le parece “paradójico” después de tener la oportunidad de hablar con la ministra. “Hemos solicitado a la Consejería una reunión, una explicación, y estamos esperando”, ha afirmado.

Al AMPA le preocupa “mucho” los recortes en la pública, ha dicho Beitia, quien piensa que el cierre del aula de 3 años “coarta el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que consideran más adecuado”.

Además, a su juicio, esta decisión ha reducido “de forma artificial la demanda del centro” y ha servido como argumento “para justificar la supresión de una de las dos aulas de Primero de Infantil”. Y es que, considera que de haber admitido las solicitudes, se podrían haber mantenido ambas aulas.

“La eliminación de esta aula supondrá una pérdida de recursos para el centro y puede repercutir negativamente en la calidad educativa, al dificultar el mantenimiento de unas ratios adecuadas y limitar la capacidad del colegio para atender futuras incorporaciones de alumnado”, ha apostillado.

Por esta razón, ha pedido a la Consejería que revoque esta decisión, admita las solicitudes de las familias afectadas y mantenga las dos aulas, y ha reclamado que la planificación educativa responda “a la demanda real de las familias y garantice su libertad para elegir el centro educativo de sus hijos”.

El secretario general del PSOE de Torrelavega y portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Urraca, ha informado de una moción para debatir en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el 4 de agosto, en la que se insta al Gobierno de Cantabria (PP) a “rectificar las decisiones adoptadas en varios centros educativos del municipio que afectan a la etapa de Educación Infantil” y que, a juicio de los socialistas, suponen “un retroceso en la calidad de la educación pública”.

En un comunicado este lunes, Urraca ha explicado que la iniciativa nace tras “las preocupaciones” trasladadas por “numerosas familias y comunidades educativas” de distintos centros de la ciudad ante las modificaciones organizativas previstas para el próximo curso.

La moción recoge situaciones como “la no reapertura de una segunda aula de dos años en el CEIP Menéndez Pelayo, la propuesta de unificar alumnado de 2 y 3 años en el CEIP Pancho Cossío, la supresión de una de las dos unidades de 5 años en el CEIP Cervantes y la reorganización de las aulas de Educación Infantil en el CEIP Manuel Liaño mediante la creación de aulas mixtas, por un lado de 2 y 3 años y por otro de 4 y 5 años”, ha indicado el PSOE.

En opinión del dirigente socialista, estas decisiones deben analizarse desde un punto de vista pedagógico y no únicamente organizativo, y ha subrayado al respecto que Torrelavega escolariza un “elevado porcentaje” de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE).

“Reducir unidades educativas significa disponer de menos margen para ofrecer una atención individualizada, dificulta la organización de los centros, compromete la educación inclusiva y limita la capacidad de respuesta cuando se incorporan nuevos alumnos durante el curso escolar”, ha afirmado.

Asimismo, Urraca ha puesto en valor el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Torrelavega con la educación pública. En este sentido, ha recordado que el Consistorio financia dos Técnicos de Educación Infantil por cada aula de dos años, a pesar de tratarse de una competencia autonómica, “asumiendo un importante esfuerzo económico del que el Gobierno de Cantabria únicamente sufraga la mitad”.

A través de esta moción, el Grupo Municipal Socialista propone, entre otros acuerdos, instar al Gobierno de Cantabria a mantener las aulas de dos años implantadas en los centros educativos públicos de Torrelavega, garantizar las unidades de Educación Infantil necesarias y revisar las decisiones adoptadas en los centros afectados para que respondan a criterios pedagógicos, de calidad educativa e inclusión.

La Junta de Personal Docente ha presentado este jueves la campaña “Por la Pública”, una iniciativa que busca canalizar “el malestar creciente de familias, estudiantes y docentes de Cantabria” ante una gestión de la Consejería de Educación marcada por los recortes y la falta de diálogo.

Esta movilización se produce como una respuesta a las demandas ya planteadas por el profesorado de los centros; de hecho, la cifra de apoyos sigue creciendo y ya son 92 los claustros de toda la red educativa pública que han suscrito el documento reivindicativo conjunto.

Uno de los ejes de la denuncia sindical se sitúa en la gestión de los datos de escolarización, donde acusan a la Consejería de ejercer “una absoluta falta de transparencia con el objetivo de manipular la percepción pública y justificar la supresión de unidades”. Según han detallado los portavoces Conchi Sánchez (CCOO), Diegu San Gabriel (STEC) y Rus Trueba (ANPE Cantabria), mientras que en el proceso ordinario de matriculación se publican listas de admitidos y no admitidos en plataformas como EduCantabria, en el proceso extraordinario esta información se oculta sistemáticamente.

Los equipos directivos y las familias se encuentran ante un muro informativo que les impide conocer cuántas solicitudes reales existen para cada centro y dónde se están denegando plazas. Esta opacidad es calificada por la Junta como “inédita”, ya que nunca antes se había negado la matriculación en centros públicos en periodo extraordinario bajo el argumento de suprimir líneas en la propia localidad.

Los sindicatos denuncian que se está enviando a las familias el mensaje de que “no pueden matricularse ahora y deben esperar a septiembre”, lo que genera una incertidumbre deliberada que empuja a los padres a buscar alternativas fuera de la red pública, principalmente en centros privados-concertados.

Emplazamiento urgente al consejero Sergio Silva

Ante lo que consideran una situación límite, la Junta de Personal Docente ha lanzado un mensaje directo al responsable de Educación, Sergio Silva. Los representantes sindicales le han convocado públicamente para el próximo miércoles 29 de julio a las 10:30 horas en la sede de la Consejería. El objetivo de este encuentro es forzar el inicio de unas negociaciones que “llevan estancadas más de un año y medio”, según los docecntes.

El dato esgrimido por los sindicatos es contundente: se cumplen 548 días desde la última reunión mantenida para negociar la extensión de la bajada de ratios, celebrada el 21 de enero de 2025. Durante este tiempo, la administración no ha dado respuesta a las constantes propuestas e invitaciones para retomar el diálogo, a pesar de que la bajada de ratios en todas las etapas educativas fue un compromiso de legislatura del actual Ejecutivo, ha recordado Diegu San Gabriel.

Los portavoces de la Junta han advertido que, si el consejero no acude a la cita o no ofrece soluciones concretas, se procederá a anunciar el calendario de movilizaciones.

Recortes políticos: 94 grupos y 100 docentes menos

La campaña 'Por la Pública' pretende denunciar que los recortes previstos por la Consejería para el próximo curso no responden a causas demográficas naturales, sino a decisiones políticas deliberadas. A falta de conocer la propuesta definitiva de cupos, la administración pretendería suprimir 94 grupos escolares y más de un centenar de plazas de profesorado entre centros de Primaria, ESO y Bachillerato en toda la región.

Para los sindicatos, el argumento de la bajada de la natalidad es una “excusa” que se aplica de forma discriminatoria. Mientras se cierran líneas en la red pública bajo este pretexto, se mantienen intactos los conciertos con la educación privada, incluso en centros que presentan cifras de matriculación con las que se están eliminando unidades en la pública.

Este “doble rasero” está afectando gravemente a localidades como Colindres, Laredo, Barreda y Torrelavega (Sierrapando), donde las AMPAS ya han iniciado recogidas de firmas y movilizaciones para defender sus colegios, han recordado.

La “secundarización” de la Primaria

Otro de los puntos más alarmantes señalados durante la presentación de la campaña ha sido el impacto pedagógico de estos recortes, especialmente en los cursos de primero y segundo de Primaria. Los sindicatos alertan de un fenómeno que denominan la “secundarización” de la Primaria: debido a la falta de personal y a la supresión de puestos, se está privando a los alumnos más pequeños de una figura de tutor de referencia fija, según ha explicado la portavoz de CCOO, Conchi Sánchez.

“En lugar de contar con un docente que lidere el proceso de transición desde Infantil, los niños de apenas seis años se encuentran con aulas por las que pasan hasta siete docentes diferentes”, ha detallado. Especialistas de música, inglés o educación física, junto a otros profesores con “horas sueltas”, asumen funciones tutoriales de forma fragmentada. Esta situación, que ya comenzó a detectarse el curso pasado, se agravará considerablemente si se mantienen los cupos actuales, suponiendo lo que la Junta define como una “absoluta bajada de la calidad educativa” y un perjuicio directo para el alumnado más vulnerable, ha incidido Sánchez.

Burocracia y extraescolares: compromisos incumplidos

La campaña no solo se centra en las ratios y los recortes, sino que exige además el cumplimiento de los acuerdos firmados anteriormente. Los sindicatos denuncian que han pasado dos años desde que se fijó en el cronograma oficial la negociación para la reducción de la burocracia docente, sin que se haya celebrado ni una sola reunión al respecto. Los docentes se ven “sepultados por tareas administrativas” que les restan tiempo para la atención directa al alumnado.

Asimismo, la regulación de las actividades extraescolares sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de haber registrado cerca de 3.000 firmas de docentes en marzo de 2025 reclamando un marco jurídico que aporte seguridad a profesores y alumnos, la Consejería no ha mostrado voluntad de avance tras 16 meses de espera, han lamentado.

Para la Junta, es una cuestión de voluntad política, ya que muchas de estas regulaciones no dependen de partidas presupuestarias, sino de la disposición al diálogo del consejero Silva, a quien han acusado de ser “incapaz de llegar a acuerdos”.

El “doble rasero” de las aulas con pocos alumnos

De otro lado, la Junta de Personal Docente ha cuestionado la supuesta insostenibilidad de las aulas con diez alumnos, denunciando que este argumento varía arbitrariamente según se trate de la red pública o la concertada.

Mientras la Consejería justifica la supresión de unidades en centros públicos alegando falta de demanda, mantiene vigentes conciertos educativos en centros privados con cifras similares -como ocurre en el caso de La Salle en Los Corrales-, lo que evidencia un “doble rasero” en la gestión de recursos, han argumentado.

“Hay muchos factores a la hora de proponer la supresión de unidades de la escuela pública. En un colegio de una localidad rural, alejada de entornos urbanos, ¿hacemos a esas familias trasladarse a un núcleo urbano?”, ha cuestionado Rus Trueba (ANPE). “No se nos olvide que la escuela pública es la garante de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es nuestro deber y nuestra obligación que esa red se mantenga y en las mejores condiciones posibles. No se trata únicamente de hacer matemáticas”, ha añadido.

Hacia una nueva “marea verde”

La Junta de Personal Docente ha concluido con un llamamiento a toda la sociedad cántabra para que se sume a esta nueva “marea verde”. El objetivo es hacer confluir las protestas de las AMPAS, los equipos directivos y los sindicatos en un frente común que exija “aulas con menos alumnos, docentes con mayor dedicación” y una defensa firme de los recursos públicos.

“Es hora de demostrar con hechos la disposición al diálogo que se pregona”, han sentenciado los representantes de STEC, ANPE y CCOO, recordando que el papel del consejero es, ante todo, velar por la enseñanza pública de su comunidad. La cita del próximo miércoles 29 de julio se presenta para ellos como decisiva en un conflicto que amenaza con enturbiar el inicio del próximo curso escolar si no se producen avances reales en las demandas de los 92 centros que ya se han sumado a las reivindicaciones.