Los recientes resultados del informe PISA, en los que el sistema educativo español sale muy mal parado, ponen de manifiesto las carencias de la educación en España. Hace ya muchos años que, de forma interesada, muchas Comunidades Autónomas (CCAA) desvían recursos públicos para financiar la educación concertada; incluso la privada -cediendo solares de forma gratuita, por ejemplo- o la que segrega por sexos, algo que es contrario al modelo de sociedad al que deberíamos aspirar. Y, a la vista de la caída de España en el ranking mencionado, no parece que sea la solución.

En Madrid, por ejemplo, la apuesta por la concertada y la privada ha sido tan escandalosa en los últimos dos decenios -con facilidades de todo tipo, tolerancia con cuotas ilegales en la concertada, e incluso becas para escolarizarse en la privada, excluyendo a este modelo educativo de la integración de inmigrantes o niños y niñas vulnerables, o reduciendo la inversión en manteniendo o construcción de centros públicos-, que ya solo el 53% de los escolarizados lo hacen en la pública -el 67% en toda España, y más del 70% en Castilla-La Mancha, una de las CCAA que tiene un mayor porcentaje de escolarización en la escuela pública-.

La educación no debería ser un negocio. Y en España, tristemente, lo es. Y mucho. Los poderes públicos deberían cuidar y potencia el sistema público, con inversión, sueldos dignos, y mejores condiciones para el profesorado y los alumnos, en los que pocas veces se piensa. Y no la concertada -que debería existir como tal, solo en apoyo a la pública, y no al revés- y la privada.

Conquistado el negocio en las etapas de infantil hasta bachillerato y formación profesional, ahora la batalla se traslada a la universidad, con las privadas ya en mayoría, y donde el dinero lo puede todo. Mal panorama.

Por ello, reconforta ver la marea verde recorriendo el centro de las ciudades más importantes del país, reivindicando la escuela pública, la de todos. Y para todos. La que ha formado, y forma, a los chavales con mejor nota en la PAU; y a profesionales, científicos y académicos de primer orden, que, gracias a la pública y al compromiso de maestros y maestras, funcionarios, repartidos por escuelas de toda España, alcanzaron, y alcanzan, metas en las que la capacidad, el mérito y el esfuerzo se empezaron a construir en nuestras escuelas públicas.

Hay elecciones generales a la vista, y es cierto que la competencia en educación es de las CCAA, pero conviene ver la apuesta de unos partidos y de otros, por la enseñanza pública, las becas y la integración de los niños vulnerables.

No todo está perdido. Y merece la pena seguir luchando desde las calles.

La USTEC, CGT, la Intersindical, COS, CNT y la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) han abierto una consulta al personal educativo para saber si estarían dispuestos a iniciar una nueva ronda de huelgas durante la campaña electoral y en qué formato.

La encuesta plantea tres cuestiones: si la persona está dispuesta a hacer huelga, si participaría en una movilización de toda la comunidad educativa de la pública, y qué propuesta de huelga considera más adecuada. Entre las opciones están un sólo día de paro; dos, siendo uno de ellos sólo de ámbito territorial; tres, siendo uno territorial y dos en toda Catalunya; y cuatro, dos territoriales y dos catalanes.

La consulta, que estará activa hasta el viernes 23 de octubre a las 12h, se plantea como una “continuación” de las jornadas de huelga de inicio de curso. Los sindicatos han constatado que se sumarán al paro general del próximo 11 de noviembre, pero aseguran que eso no quita que quieran abrir un nuevo calendario de huelgas sectoriales aprovechando la campaña electoral.

Con todo, han instado al Govern a volver a abrir una negociación “real” para “blindar la educación pública”. La USTEC ha alertado de que si no hay avances, seguirá convocando huelgas y, además, se plantean trabajar por un paro educativo a nivel estatal.

La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou procediment per a analitzar amb més precisió la realitat de les aules valencianes. A través d'una resolució publicada dimarts passat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departament que dirigeix Carmen Ortí ha regulat l'avaluació del context social, econòmic i cultural de l'alumnat per a aquest curs escolar 2026-2027. Els resultats obtinguts pels alumnes valencians en l'últim informe PISA eren preocupants i van fer saltar les alarmes.

La mesura respon a la necessitat de complementar els processos ordinaris d'avaluació del sistema educatiu. Tal com recorda el text, la sociologia de l'educació i la investigació internacional demostren des de fa dècades que les condicions de l'entorn familiar, el nivell formatiu de les llars i la disponibilitat de recursos materials influeixen directament en el progrés acadèmic, les oportunitats d'aprenentatge i el benestar de l'alumnat. Una circumstància sobre la qual també va alertar recentment CCOO-PV després d'una primera anàlisi dels resultats de PISA.

L'avaluació del context tindrà caràcter censal i s'aplicarà obligatòriament en tots els centres educatius públics, privats concertats i privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen els cursos seleccionats. En concret, el procés afectarà l'alumnat matriculat en tercer i sisé de Primària; segon i quart d'Educació Secundària Obligatòria (ESO); segon de Batxillerat, i segon de Formació Professional bàsica. Uns 210.000 alumnes en total.

La recollida d'informació es farà mitjançant un qüestionari estructurat amb preguntes de resposta tancada i breu, dissenyat per a analitzar les variables socioeconòmiques i culturals de l'entorn de l'estudiant. La Conselleria remetrà les claus d'accés telemàtiques als centres educatius perquè l'alumnat emplene els formularis en horari lectiu sota la supervisió directa del professorat i dels equips directius.

Qüestionaris completament anònims

Per a garantir la fiabilitat i la transparència de les dades, la normativa estableix que els qüestionaris seran completament anònims, ja que no incorporaran cap codi ni element identificatiu que permeta vincular les respostes amb un alumne concret, de manera que queden exclosos de l'aplicació estricta de la normativa sobre protecció de dades personals.

El període oficial per a emplenar els qüestionaris telemàticament serà del 26 d'octubre al 18 de desembre de 2026, tots dos inclosos. Una vegada vençut aquest termini, l'Administració autonòmica elaborarà un informe individualitzat per a cada centre participant, amb l'objectiu de proporcionar a les comunitats educatives una ferramenta útil de reflexió i planificació estratègica.

Aquesta iniciativa s'emmarca en un context de preocupació institucional creixent per la qualitat i l'equitat del sistema educatiu valencià, especialment després dels senyals d'alarma recents que han posat de manifest informes d'avaluació comparada com PISA, que exigeixen diagnòstics precisos per a orientar els recursos públics i combatre les desigualtats de rendiment a les aules.

La Conselleria de Educación ha puesto en marcha un nuevo procedimiento para analizar con mayor precisión la realidad de las aulas valencianas. A través de una resolución publicada el pasado martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departamento que dirige Carmen Ortí ha regulado la evaluación del contexto social, económico y cultural del alumnado para el presente curso escolar 2026/2027. Los resultados obtenidos por los alumnos valencianos en el pasado informe PISA eran preocupantes e hicieron saltar las alarmas.

La medida responde a la necesidad de complementar los procesos ordinarios de evaluación del sistema educativo. Tal y como recuerda el texto, la sociología de la educación y la investigación internacional demuestran desde hace décadas que las condiciones del entorno familiar, el nivel formativo de los hogares y la disponibilidad de recursos materiales influyen de manera directa en el progreso académico, las oportunidades de aprendizaje y el bienestar del alumnado. Una circunstancia sobre la que también alertó recientemente CCOO-PV tras un primer análisis de los resultados de PISA.

La evaluación de contexto tendrá carácter censal y se aplicará de forma obligatoria en todos los centros educativos públicos, privados concertados y privados de la Comunitat Valenciana que impartan los cursos seleccionados. En concreto, el proceso afectará al alumnado matriculado en tercer y sexto curso de Educación Primaria; segundo y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); segundo curso de Bachillerato; y segundo curso de Formación Profesional básica. Unos 210.000 alumnos en total.

La recogida de información se efectuará mediante un cuestionario estructurado con preguntas de respuesta cerrada y breve, diseñado para desentrañar las variables socioeconómicas y culturales que rodean al estudiante. La conselleria remitirá las claves telemáticas a los centros educativos para que el alumnado cumplimente los formularios en horario lectivo bajo la supervisión directa del profesorado y de los equipos directivos.

Cuestionarios completamente anónimos

Para asegurar la fiabilidad y la transparencia de los datos, la normativa estipula que los cuestionarios serán completamente anónimos, al no incorporar ningún código ni elemento identificativo que permita vincular las respuestas con un alumno concreto, de forma que se exime así de la aplicación estricta de la normativa sobre protección de datos personales.

El periodo oficial de cumplimentación telemática transcurrirá entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre de 2026, ambos inclusive. Con posterioridad a este plazo, la administración autonómica elaborará un informe individualizado para cada centro participante, con el objetivo de proporcionar a las comunidades educativas una herramienta útil de reflexión y planificación estratégica.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación institucional por la calidad y la equidad del sistema educativo valenciano, especialmente tras las recientes señales de alarma arrojadas por informes de evaluación comparada como PISA, que exigen diagnósticos precisos para orientar los recursos públicos y combatir las desigualdades de rendimiento en las aulas.

Con el acuerdo para la equiparación y homologación salarial de los docentes ya cerrado, el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) fija sus prioridades en la mejora cualitativa del sistema educativo regional. El incremento y modernización de las infraestructuras y la reducción drástica de las cargas burocráticas sobre los profesores se consolidan como las dos grandes asignaturas pendientes que afronta la enseñanza en la comunidad autónoma.

Así lo ha manifestado este viernes el presidente de PIDE, José Manuel Chapado, en declaraciones a los medios previas al inicio del congreso internacional organizado por la central sindical en Badajoz. Chapado ha subrayado que estas reivindicaciones, junto a la elaboración de un nuevo decreto de interinos, forman parte del marco negociado en el Plan Horizonte Más suscrito entre la Administración regional y las organizaciones sindicales. “La intención es que todas estas demandas lleguen lo antes posible, en el objetivo de la mejora del sistema educativo extremeño”, ha aseverado Chapado, valorando asimismo los datos de informes recientes que sitúan a los docentes de la región como “los segundos más implicados con sus alumnos de todo el país”.

Diferencias respecto al modelo madrileño

A preguntas de los medios de comunicación sobre la coyuntura del sector educativo en otras regiones, el máximo responsable de PIDE ha descartado paralelismos entre la realidad extremeña y el escenario de la Comunidad de Madrid. Según Chapado, ambos contextos “no tienen nada que ver”, puesto que en Extremadura se han encauzado en los últimos ejercicios compromisos relativos a horarios, bajadas de ratios de alumnos por aula y refuerzo de plantillas que en Madrid sufren un bloqueo de años.

Asimismo, el representante sindical ha recordado la fuerte diferencia estructural entre ambos modelos de gestión, señalando que en la Comunidad de Madrid “más del 50% del alumnado va a centros privados concertados”, a diferencia del peso mayoritario de la red pública en el ámbito rural y urbano extremeño.

Atención a la diversidad y nuevas partidas presupuestarias

Entre los avances del sistema, PIDE ha valorado de forma positiva que se estén dando pasos concretos para mejorar la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y con altas capacidades. A este respecto, la consejera de Educación, Sandra Valencia, presente también en el encuentro sindical, ha anunciado que la Junta “está ultimando” la incorporación de los nuevos equipos especializados en altas capacidades con el fin de que su despliegue en los centros escolares sea inminente.

Valencia ha aprovechado la cita para repasar la inversión pública en el área educativa, destacando que el proyecto de presupuestos autonómicos destinará más de 1.700 millones de euros a esta materia, lo que representa un incremento del 7% respecto a las cuentas de 2026.

Según la consejera, este incremento presupuestario permitirá consolidar partidas destinadas al acondicionamiento climático de los centros, la dotación de recursos digitales y humanos, las becas para libros de texto, el transporte escolar y la potenciación de la Formación Profesional y la conciliación familiar.

La Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) ha cumplido 40 años. Cuatro décadas en las que ha formado a miles de jóvenes en los campus que tiene en cuatro provincias castellanomanchegas, con una oferta actual de 60 titulaciones de grado -incluyendo dobles de grado- y más de 100 titulaciones de posgrado. Y un aniversario que celebra mirando al pasado, pero también al futuro.

Es por ello que elDiario.es Castilla-La Mancha ha hecho entrega este jueves a la UCLM de un reconocimiento honorífico a la UCLM dentro de sus reconocimientos 'Somos Km.0', por su contribución a la formación de miles de jóvenes y por su papel en el desarrollo social, científico, económico y cultural de la región a través de la investigación y la transferencia de conocimiento.

El rector de la UCLM, Julián Garde, fue el encargado de recoger el reconocimiento de manos de Esther Padilla, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Durante su posterior intervención, Garde recordó que la institución sigue hoy, igual que hace 40 años, el propósito de “ser útil a la sociedad”. Y lo hace mirando al futuro, ya que Garde aseguró que en la universidad están trabajando de cara a los próximos diez años para “actualizarse a los nuevos tiempos que ya han llegado”.

Unos tiempos en los que la Inteligencia Artificial tendrá su protagonismo, por lo que el rector llamó a toda la sociedad a adaptarse a esa nueva tecnología, apuntando que desde la UCLM están intentando “aprovecharla como oportunidad, no como un riesgo”, formando tanto al profesorado y al estudiantado en el uso de esta tecnología.

Además, el rector explicó que desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) -la cual preside desde el pasado mes de mayo- están diseñando un libro blanco de la inteligencia artificial, con una triple vertiente.

Aparte del prisma formativo anteriormente indicado, también quieren explorar las posibilidades de uso para incluirla como una herramienta “no sustitutiva, sino adicional” en la investigación y en la gestión del día a día de las universidades públicas. “Nos puede ayudar a tener menos trabas burocráticas”, resumió Garde.

Trabajando para incrementar las plazas residenciales

El rector también habló de la emergencia habitacional que afecta a los universitarios en España. Un problema que “no es menor” en la UCLM, porque el 64% de sus estudiantes tienen su domicilio familiar a más de 125 kilómetros del lugar donde estudian.

A pesar de que las ciudades castellanomanchegas “no están tan tensionadas” como Madrid, Garde llamó a abordar el problema “pronto”, porque, de lo contrario, la vivienda será “un factor limitante” para que una persona pueda estudiar en la universidad pública. “Y eso realmente no lo podemos permitir”.

Por ello, Garde aseguró que la UCLM está trabajando con distintas instituciones para incrementar la oferta de plazas residenciales universitarias en las ciudades donde hay un campus.

La universidad pública, “el mayor ascensor social”

Por último, el rector de la Universidad Castilla-La Mancha aseguró que en el recién comenzado curso 2026/2027 han registrado casi 7.000 nuevas matrículas de estudiantes de nuevo ingreso. Un dato “fantástico” para Garde, puesto que supone un incremento del 24% de estudiantes de nuevo ingreso con respecto al curso 2021/2022 “cuando la población susceptible de entrar a la universidad ha bajado un 18%”.

También presumió de que han cambiado el paradigma, puesto que los estudiantes castellanomanchegos que obtienen mejores notas en la prueba de selectividad “se quedan aquí” y el 24% de sus alumnos proceden de fuera de la comunidad autónoma.

“Tenemos una tasa de cobertura del 107% este curso. Por cada 100 plazas que ofertamos, cubrimos 107. Hacemos overbooking, pero aquí los dejamos dentro. Y los dejamos dentro porque una persona, solo con una, que tenga la posibilidad de quedarse en una universidad pública, merece la pena el esfuerzo. Porque si no se queda, tiene dos opciones. O no estudiar en el mayor ascensor social que tiene este país, que es la universidad pública, porque no tiene medios, o si los tiene, irse fuera. Y por eso nuestro compromiso es incontestable”, remató el rector.

“Propongo ir a la escuela y darles el merecido [sic] a esos profesores”. “Todos los responsables a la puta calle”. “Los putos profes rojos que no tienen ni puta idea de enseñar”. Un colegio de Madrid está siendo víctima de una ola de amenazas porque la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, lanzó un bulo denunciando públicamente algo que no había pasado como ejemplo de la “huelga política” que ha montado la izquierda de la región, según dijo.

Zarzalejos acusó en rueda de prensa a un centro de Villarejo de Salvanés de haber enviado un email con motivo de la huelga animando a “convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso”. En esa intervención no afirmó que fuera público, pero la Comunidad lo filtró después. La consejera llegó a mostrar una imagen de ese correo en una pantalla. Una foto, por otra parte, que ya daba una idea de que lo que decía Zarzalejo no era cierto.

El correo sí era real; todo lo demás no. El director de un centro de Villarejo de Salvanés había mandado un email a las familias de cara a la huelga que decía: “Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para 'parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso'”.

Como se observa en la imagen, la parte “parar por completo...” estaba escrita entre comillas, lo que en estos formatos significa que se está citando literalmente a una tercera persona. Es uno de los lemas con los que el Sindicato de Estudiantes llaman a la huelga en las publicaciones de su web. Nadie en la Consejería lo interpretó de esa manera y Zarzalejo adjudicó la frase a la dirección del centro. Él animaba a convertir las calles en una pesadilla, dijo.

Lo denunció públicamente en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de este miércoles durante su valoración de la huelga y poco después la Consejería anunció que tenía intención de abrir expediente al director del colegio. Su jefa, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, reposteó después esa intervención en X bajo el comentario “no respetan el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo”.

Varios medios recogieron la información sin contrastarla, destacando que el centro era público en la primera línea, y al poco el único colegio público de la localidad, Nuestra Señora de la Victoria, empezó a recibir mensajes de odio en Instagram.

No importó que sea un CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) y, por tanto, no tenga ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), la etapa a la que alude el email; los mensajes empezaron a llegar, algunos amenazantes, según denunciaron (y compartieron) desde el propio CEIP.

El centro que había enviado el email es realmente el colegio Santa Elena, de Villarejo de Salvanés, un municipio al sureste de la región. Es privado concertado y se define en su web como “el único colegio concertado de ideario católico en esta zona de la Comunidad de Madrid”.

Su director, que había enviado el email que leyó Zarzalejos, se vio obligado a enviar una nota aclaratoria poco después. “Ayer les hice llegar una información sobre la convocatoria de la huelga (...). En esa información les puse entrecomillada una frase que está en la página web del Sindicato de Estudiantes (...) para que ustedes pudiesen valorar esa convocatoria y pudiesen hablar con sus hijos sobre la conveniencia o no de la adhesión a la misma (...). Parece ser que algunas familias han entendido que desde el colegio hacemos nuestra esa frase. Por supuesto, no es así. Dicha frase fue incluida para que ustedes pudiesen valorar esa convocatoria de huelga indefinida y pudiesen hablar con sus hijos sobre la conveniencia o no de la adhesión a la misma. De ninguna forma refleja los valores del colegio (...). Tampoco me representa a mí (...) que siempre he apoyado el diálogo y el respeto”.

Este periódico ha preguntado a la Comunidad de Madrid si es consciente de su error y de las consecuencias que tuvo y qué pasa con el expediente que filtró que valoraba abrir y a quién se lo iba a abrir, si al director que envió el email realmente o al del colegio público. No ha habido respuesta.

El Gobierno de Ayuso rechaza retractarse

Este viernes por la mañana, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha evitado retractarse tras las palabras de la consejera de Educación. “Creo que nosotros siempre que hacemos cualquier tipo de manifestaciones las tenemos absolutamente probadas y por tanto siempre defendemos el interés de todos y respetamos las opiniones de todos”, se ha limitado a decir el consejero a las preguntas de la prensa.

Lo que no ha aclarado es si pretenden continuar con el expediente o si le parecen graves tanto estas acusaciones como el hecho de que el director de otro colegio de la misma localidad haya recibido amenazas por las declaraciones de la consejera madrileña. “He contestado, es muy claro el objetivo de esta huelga, hemos podido incluso ver distintas manifestaciones de sindicatos”, ha dicho García Martín. “Queda acreditado que es una huelga absolutamente política” para “incendiar las calles”.

Son ya 12 años los que elDiario.es Castilla-La Mancha lleva haciendo periodismo veraz y contrastado, a pesar de todo en la región. Doce años en los que hemos conocido historias que nos han sobrecogido y a personas que de una manera u otra, nos han hecho aprender y descubrir realidades que no conocíamos.

Por ello, no podíamos dejar pasar la oportunidad de volver reconocer y visibilizar la labor de personas o grupos de personas, entidades y asociaciones o instituciones que contribuyen día a día al desarrollo social, económico o cultural de nuestra comunidad autónoma. Así ha sido la segunda edición de los Reconocimientos 'Somos Km0'.

Un acto con un carácter muy reivindicativo, pero también científico, social y cultural, que ha sido conducido por la periodista conquense Inmaculada Sánchez Morate y en el que se han entregado siete reconocimientos -dos de ellos honoríficos- a aquellas personas y colectivos de alguna forma han transformado nuestra región y la vida de los castellanomanchegos y castellanomanchegas.

En la gala de reconocimientos en el Círculo del Arte de Toledo nos acompañaron el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; la consejera-portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Esther Padilla; Ana Carmona, directora de Autónomos, Trabajo y Economía Social; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; Juan José Alcalde, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación del Ayuntamiento de Toledo, así como alcaldes, concejales y otros representantes públicos, igualmente de entidades sociales, culturales o deportivas. También socios y socias de elDiario.es Castilla-La Mancha.

En esta ocasión, el reconocimiento que recibieron las personas galardonadas es una pieza de cerámica con forma de botijo, realizada por la artista toledana María Camisón (Alhaja Cerámica), con detalle en arcilla polimérica elaborado por la también toledana Celia Espinosa (fundadora de la marca de joyas Soy la Mona).

Los reconocidos y reconocidas

Primeramente, el Reconocimiento 'Somos Km0' a la investigación y la divulgación científica se concedió al Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, que acaba de cumplir 50 años de trayectoria. Se trata de uno de los referentes mundiales en el ámbito de la Astronomía, donde entre sus aportaciones destaca su participación en el hallazgo del 30% de las moléculas interestelares conocidas y su posición internacional en el desarrollo y fabricación de tecnología vinculada a los radiotelescopios. De igual forma, el Observatorio ha sido declarado centro oficial para poder seguir el denominado Trío de Eclipses -en agosto de 2026 y 2027, y enero de 2028-.

Este galardón fue recogido por su director, Pablo de Vicente que destacó jocosamente que acabó siendo físico por decisión de sus padres: “Me gustaban las matemáticas, pero mis padres me dijeron que eran muy abstractas y me dijeron ponte a estudiar físicas”.

Después llegó el turno de reconocer la iniciativa emprendedora que lucha por el desarrollo rural y contra la despoblación de la región castellanomanchega, en este caso encarnada a través de la Asociación Cultural El Castillejo de Alcantud (Cuenca). Esta asociación cuenta con dos décadas de trayectoria y ahora está en las manos de cinco jóvenes que han desarrollado actividades de ocio y cultura para todos los públicos en Alcantud, un pequeño municipio conquense. La presidenta de la asociación, Irene Ferrer, ha sido la encargada de recoger el galardón. Muy emocionada, Ferrer pedía un aplauso para las mujeres rurales en su día internacional que se celebraba precisamente este 15 de octubre. “En Alcantud la sensación que tiene la gente del pueblo es que no tenemos medios, pero cualquier servicio está en Priego, a 10 minutos. Queremos que la gente no solo venga los fines de semana, sino que se atrevan a vivir aquí”, ha resaltado, haciendo también alusión a la crisis de vivienda en nuestro país.

La igualdad y los derechos humanos también han sido protagonistas con el reconocimiento para los Servicios Sociales de Villamalea (Albacete), por su trabajo en la integración de colectivos vulnerables y por su capacidad para proporcionar en un municipio de tamaño reducido, los recursos y servicios propios de grandes localidades. Además, trabajan desde hace años para favorecer la convivencia de más de 30 nacionalidades presentes en este municipio albaceteño. Ha sido Florencio Alfaro, que forma parte del equipo, quien ha expresado su gratitud por el reconocimiento, explicando que viven “sin delitos ni conflictos”, y que les encanta desmentir bulos acerca de los migrantes “con ejemplos y datos”: “Mostrar el día a día de los menores no acompañados en redes sociales y que los vecinos vean que se está criminalizando a las personas que trabajan a su lado es una manera efectiva de acabar con los bulos”, ha expresado Alfaro.

Un ejemplo de superación es el de Álvaro González Llave, vecino de Valdeverdeja (Toledo) que también recibió el reconocimiento a la visibilidad sociosanitaria por su valiosa labor al divulgar en redes sociales acerca de la Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad neurodegenerativa con la que lleva conviviendo desde que tiene un año y medio de edad. A través de su cuenta con más de 20.000 seguidores, González comparte su día a día para dar visibilidad a esta enfermedad poco frecuente. “Me gustaría que las autoridades pudieran dar soluciones para acelerar la burocracia porque precisamente a la gente como yo, tiempo no nos sobra para vivir mejor y de manera digna”, ha reivindicado.

Desde elDiario.es Castilla-La Mancha también se quiso reconocer en el ámbito de la cultura la labor de divulgación del patrimonio documental regional, a través del joven historiador Santiago Díaz del Campo, que desde el Archivo Municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) acerca al público documentos centenarios y fotografías históricas a partir de redes sociales. En el escenario ha señalado que “no sirve de nada tener un archivo enorme si luego no sabemos lo que hay”. Díaz del Campo ha reconocido que en redes evita hablar de grandes hechos, porque lo que verdaderamente le interesa es la microhistoria: “Lo que sufre la gente del día a día”, matizó.

Reconocimientos honoríficos

Por otra parte, también se ha entregado un reconocimiento honorífico a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que acaba de celebrar su 40 aniversario, contribuyendo a la formación de miles de jóvenes y por su papel en el desarrollo social, científico, económico y cultural de la región a través de la investigación y la transferencia de conocimiento.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha señalado al recibir el reconocimiento que están trabajando de cara a los próximos diez años para “actualizarse con los nuevos tiempos que ya han llegado”. En referencia a la Inteligencia Artificial, ha apuntado que desde la UCLM están intentando “aprovecharla como oportunidad, no como un riesgo”.

Durante el acto también se rindió homenaje a Jesús Fuentes Lázaro, el primer presidente de Castilla-La Mancha, recientemente fallecido. Maestro, historiador, con una dilatada trayectoria política hasta su jubilación fue articulista de elDiario.es Castilla-La Mancha. Su directora, Carmen Bachiller, recordó la trayectoria de un hombre comprometido con la democracia, las libertades y los derechos de las personas. Impulsor de la autonomía de Castilla-La Mancha, destacó también por su labor política, periodística y su defensa de una información rigurosa y plural. Apasionado de la cultura, defendió el patrimonio artístico de Toledo. El acto sirvió para recordar su legado público y cultural, así como su calidad humana, su cercanía y su compromiso con la sociedad. Bachiller junto a Inma Sánchez Morate se han mostrado muy emocionadas al recordar “las interesantes conversaciones” que mantuvieron con él.

Tras el emotivo homenaje, el director de elDiario.es Ignacio Escolar se refirió desde el escenario al vertiginoso año 2026, en lo informativo, aludiendo a grandes exclusivas protagonizadas por el medio como el caso Julio Iglesias, después de que ayer se conociese que la Fiscalía es partidaria de investigar al cantante. “Cada vez es más difícil informar por el tema judicial”, ha destacado.

Habló de la necesidad de un periodismo veraz y contrastado, a las puertas de unas elecciones generales en mitad de un ambiente muy crispado y polarizado y también avanzó algunos de los retos futuros para el periódico: “Queremos contar el proceso electoral muy bien y estamos comprometidos a contarlo desde todas las autonomías”, ha expresado, aunque también ha perfilado que un compromiso de este medio es contar la información desde la cercanía: “Hemos defendido siempre que las historias están en los barrios, no en los parlamentos”.

Igualmente, agradeció a los 124.000 socios y socias que siguen apoyando el periodismo a pesar de todo en elDiario.es y en las diferentes ediciones locales.

Una historia... de Pablo Albo

El broche de oro lo puso el cuentista y narrador Pablo Albo (Alicante, 1971) que narró una historia de recuerdos de su infancia, muy humorística y con multitud de elementos participativos con el público congregado en el Círculo de Arte de Toledo.

El artista y escritor, ahora afincado en una pedanía de Chinchilla de Montearagón (Albacete), lleva más de tres décadas dedicado al mundo de las letras y de la narración, habiendo publicado más de 50 títulos, y siendo distinguido en dos ocasiones con el Premio Lazarillo de literatura infantil y juvenil.

En este caso, hizo una radiografía de los niños y niñas que vivieron las décadas de los ochenta y noventa en el colegio, con bocadillos de chorizo o de morcilla: “Íbamos al colegio a crecer, yo iba porque era lo único que había abierto en mi pueblo a esa hora”, ha señalado, aunque reivindicando la escuela pública.

Una sucesión de anécdotas que provocaron las carcajadas de los asistentes y algún que otro susto, para finalmente finalizar con un emotivo aplauso.

La gala de reconocimientos también fue amenizada por el músico y artista afincado en Toledo, Sergi Fecé.

Nos han apoyado en esta gala de reconocimientos la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y BBVA. Además, han colaborado la DO La Mancha, Cervezas Arriaca y San Telesforo.

¡Gracias a todos, todas y todes por acompañarnos un año más!

El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá a los sindicatos convocar el próximo año un total de 949 plazas de docentes para Educación Secundaria. Lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, en el marco del 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación que organiza, durante toda esta jornada, la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) en el Palacio de Congresos 'El Greco'.

“Yo creo en lo público, pero no como contraposición de lo privado”, ha remarcado Page, quien ha indicado que también se ha propuesto a los sindicatos sanitarias otras 1.820 plazas.

De otro lado, ha resaltado “la agilidad que aporta el sector privado” en la necesaria “adaptación permanente” que exigen los procesos de formación, al tiempo que ha insistido en que resulta “enormemente importante que quien pueda formar, pueda ir adaptándose a los cambios permanentes”.

Una adaptación “permanente”

“España es un país que, desde el comienzo de su historia, ha estado permanentemente adaptándose, una cualidad que nos da ventaja posicional de cara al mundo”, ha argumentado, por lo que ha indicado que “el mundo que viene va a echar mano de una capacidad genuina que tenemos de siempre, que es la capacidad de repentizar, por no decir improvisar”.

En este 29º Congreso Nacional de Empresas de Formación, el presidente castellanomanchego ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de Cecap, Félix Marín; y la presidenta de esta entidad a nivel autonómico, María Eva Martínez, entre otros.

“Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Ha sido todo muy gratuito y muy violento”. Ainhoa tiene 23 años y esta mañana estaba en la Universidad Complutense de Madrid. Había decidido participar en la huelga por la educación pública, contra los recortes y ha acabado con el brazo roto en la represión de las protestas, según relata en conversación con elDiario.es.

“Me han pegado un porrazo en la pierna, otro en la mano y el último, que ha sido en el brazo, me iba a la cara. Pero como he visto que me iba a ir a la cara, me he puesto el brazo para protegerme y me ha dado una hostia tan grande que me ha abierto una herida. Me han puesto dos grapas y me han roto el cúbito del brazo”, cuenta. “Menos mal que me he puesto el brazo, porque iba a la cara”, subraya. Los incidentes han terminado con al menos cinco manifestantes detenidos y los movimientos estudiantiles hablan de seis heridos.

La joven, estudiante de la UCM, ha pasado la mañana en el hospital desde que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) de la Policía Nacional han decidido cargar contra los estudiantes que protestaban frente a la Facultad de Químicas de la universidad madrileña. Ha acudido primero al Hospital Clínico San Carlos, donde ha sido escayolada tras unas pruebas médicas. Dos horas y media más tarde, al mediodía, ha sido dirigida al centro sanitario de La Paz. No ha sido hasta pasadas las cuatro de la tarde cuando ha sabido, tras un TAC, que no necesitaba ser operada. En elDiario.es hemos accedido al parte de lesiones.

El informe clínico realizado en Urgencias del Hospital Clínico apunta a una fractura en el cúbito (concretamente, en el olécranon, el hueso que forma la punta del codo). Antes, ha recibido dos grapas para cerrar la herida abierta causada por los porrazos de los agentes. Los profesionales también han registrado las policontusiones provocadas por los golpes y le han ordenado mantener el brazo en cabestrillo.

Ainhoa ha decidido denunciar. “Físicamente estoy dolorida, me duele bastante, me han inyectado antibiótico, pero me duele todo, el brazo... Y, emocionalmente, oscilo un poco. La gente que está conmigo me intenta animar, pero ha sido tan violento que estoy muy enfadada tanto con el Estado como con las Fuerzas [y Cuerpos de Seguridad] que han ejercido esa violencia sobre mí, ese abuso policial”.

Según relata, formaba parte de un grupo de piquetes informativos. Han pasado por la Facultad de Matemáticas y, al salir, la Policía ha cortado el paso. El Comité de huelga ha tratado de negociar con ellos y, después de que varios miembros les dijeran que había que seguir, parecía que les dejaban avanzar. “Entonces, han dicho [los agentes]: '¿qué hacéis?'”. “Que nos están diciendo que avancemos”, han respondido. “Y según ha pasado eso nos han empezado a pegar, o sea, de manera muy gratuita. Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Todo muy gratuito y muy violento”.

Además de estudiante, pertenece al colectivo UCM x la pública y se ha graduado recientemente en Educación Primaria. Ahora cursa el Máster de Estudios LGTBIQ+. Sus reivindicaciones en esta huelga de carácter indefinido y que abarca a todas las etapas son, principalmente, con los recortes que sufre la universidad pública. “Nos encontramos en la universidad con que hay muchas aulas sin profesores, infraestructuras rotas que no se arreglan. El año pasado hubo una gotera en una aula que no arreglaron: cada vez que llovía se liaba. En resumen, [protesto] por la educación pública, y específicamente nosotras por la universidad, porque no se puede más contra los recortes de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso”.

La consejera de Educación del Ejecutivo autonómico, Mercedes Zarzalejo, ha calificado las cargas de “altercados contra la autoridad”, las ha justificado y ha criticado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por decir que no habían sido proporcionadas: “¿Tiene que dejar que se eleve el conflicto a la agresividad y a la rebelión que defienden?”. Martín, por su parte, se ha limitado a asegurar que la respuesta de los agentes ha de ser “siempre proporcionada” y ha solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid una “investigación de urgencia”. “Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos”, ha afirmado, y ha pedido adoptar las “medidas inmediatas que sean pertinentes”. El rector de la Complutense ha condenado las cargas y ha querido “dejar constancia” de que no ha “solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional en el campus”.

Preguntada Ainhoa acerca de si participará en la marcha del miércoles a las 18.00 y en las sucesivas jornadas de huelga, declara a este medio: “Voy a seguir con las protestas. Esta tarde iré a la manifestación y seguiré luchando, porque esto es lo que quieren: amedrentarnos y quitarnos de la lucha, pero no. Mientras tenga fuerzas y pueda, a mí me van a tener luchando ahí”. Y concluye: “A pesar de que a mí me haya pasado lo que me ha pasado, animo a toda la gente que pueda a que nos apoye en la lucha, que la educación es un derecho y nos lo quieren quitar”.

ANPE Cantabria y SATSE han presentado este martes en Santander la campaña 'Aulas Sanas', una iniciativa conjunta para promover hábitos saludables y mejorar la salud física y emocional del profesorado de la enseñanza pública lo que a su juicio se conseguir con más recursos frente al estrés y el burnout docente y con la implantación de la enfermera escolar.

Con 'Aulas Sanas', ANPE Cantabria y SATSE quieren situar la salud y el bienestar en el centro de las políticas educativas y para ello, la campaña combina acciones concretas de prevención, formación y apoyo emocional con una reivindicación de fondo: los centros educativos necesitan recursos suficientes para cuidar tanto de la salud del profesorado como de la del alumnado.

Ambas organizaciones confían en que esta iniciativa contribuya a abrir nuevas vías de colaboración con la Administración y a avanzar hacia una educación pública más saludable, segura e inclusiva.

Según han explicado en rueda de prensa, la campaña surge en un contexto de creciente preocupación por la salud mental en los centros educativos. El estudio estatal 'Diagnóstico de la salud mental en las aulas', realizado por ANPE y SATSE a partir de 6.221 encuestas a docentes, familias y enfermeras escolares, revela que el 93,3% del profesorado consultado percibe un aumento de los problemas de salud mental entre el alumnado, mientras que el 86,1% de las enfermeras escolares encuestadas atiende a estudiantes con diagnósticos relacionados con la salud mental.

A esta situación se suma el deterioro del bienestar emocional de los docentes. La memoria más reciente del Defensor del Profesor de ANPE correspondiente al curso 2024-2025 a nivel estatal recoge 2.004 casos atendidos durante ese año y 46.321 docentes apoyados a lo largo de los veinte años de funcionamiento del servicio.

Entre los profesionales atendidos durante el último curso, el 71,3% ha padecido ansiedad, el 17,3% ha tenido una baja médica y el 11,7% ha sufrido depresión. En Cantabria se atendieron 19 casos en total, con un incremento del 17% en los de ansiedad y un 13% en casos de incapacidad temporal.

Ante esta realidad, 'Aulas Sanas' apuesta por la prevención y el apoyo al profesorado mediante diferentes actuaciones. En concreto, la campaña incluye la difusión de vídeos divulgativos elaborados por profesionales de enfermería y docentes, el taller del ciclo de bienestar e inteligencia emocional 'Los jueves me atiendo yo', que se desarrolla del 8 de octubre al 3 de diciembre, un curso de primeros auxilios previsto para el 19 de noviembre y un servicio de atención emocional dirigido al profesorado.

Más recursos

Los datos de ambos estudios apuntan a la necesidad de adoptar medidas que vayan más allá de la atención individual. Según el diagnóstico sobre salud mental en las aulas, el exceso de burocracia es uno de los principales factores que afectan al bienestar psicológico del profesorado, señalado por el 80,2% de los encuestados. Le siguen el número de alumnos por aula (70,9%) y los problemas de convivencia (70,8%).

Además, el 90,9% afirma que la Administración educativa no contempla recursos o programas de apoyo a la salud mental del profesorado en el lugar de trabajo.

La memoria del Defensor del Profesor también alerta del aumento de determinados conflictos. Durante el curso 2024-2025 se registraron 320 casos de faltas de respeto de familiares al profesorado, frente a los 313 del curso anterior, y las presiones para modificar calificaciones aumentaron de 136 a 162 casos.

Ante esta situación, ANPE Cantabria y SATSE solicitarán reuniones con los consejeros de Educación y de Salud de Cantabria, Sergio Silva y César Pascual, para trasladarles su preocupación por el incremento del estrés y del síndrome de burnout entre los docentes y plantear medidas de prevención y apoyo institucional.

Ambos sindicatos consideran prioritario reducir la carga burocrática, reforzar los recursos humanos y materiales de los centros y establecer mecanismos de apoyo que permitan prevenir el deterioro de la salud emocional del profesorado.

Enfermera escolar

La otra gran reivindicación de la campaña es la incorporación de la enfermera escolar a los centros educativos de Cantabria, una figura que ambos sindicatos consideran fundamental tanto para atender al alumnado con enfermedades crónicas como para prevenir problemas de salud y fomentar hábitos saludables desde la infancia.

El 95,5% del profesorado consultado en el estudio estatal considera necesario que un profesional sanitario atienda de forma regular e integral la salud física y mental del alumnado en los propios centros educativos. Sin embargo, el 53,3% afirma que en su centro no existen protocolos de prevención, detección y formación sobre salud mental del alumnado.

La enfermera escolar puede contribuir a detectar señales de alarma, prevenir conductas de riesgo y coordinar la atención con los equipos docentes, de orientación y los profesionales sanitarios, a juicio de los sindicatos. También afirman que desempeña un papel esencial en el cuidado de niños y niñas con enfermedades crónicas que necesitan atención durante la jornada escolar.

Ante estos hechos, ANPE Cantabria y SATSE advierten de que la ausencia de esta figura “genera desigualdades” y puede dificultar la plena inclusión de algunos estudiantes. Por ello, reclaman a la Administración que avance hacia su implantación generalizada, garantizando una atención sanitaria adecuada y oportunidades educativas en condiciones de igualdad.

Se revuelve la calle a mes y medio de las elecciones. Médicos y docentes acumulan meses de protestas por todo el estado, a las que se suman en las últimas semanas las movilizaciones por la vivienda que cristalizarán en una huelga general el próximo 11 de noviembre. Cada uno por sus razones —hay quien dice que las huelgas de facultativos y del profesorado son contrarias en sus objetivos— y con diferentes destinatarios —el Ministerio de Sanidad los primeros, las comunidades autónomas los segundos— la realidad es que dos de las patas del estado del bienestar ponen tensión en la calle y los partidos en un momento clave.

Las quejas de los médicos se dirigen al departamento que dirige Mónica García por el estatuto marco. Agrupados en torno a los sindicatos propios y enfrentados a los generalistas, que de hecho pactaron con Sanidad, exigen un texto legal propio, separado de otros sanitarios, que atienda, dicen, las particularidades de su profesión.

El profesorado lleva al menos dos cursos manifestándose y parando por toda España para exigir más recursos que les permitan poder atender la creciente complejización de la docencia, con aulas más diversas y una ley que les obliga a atender de manera individualizada a cada estudiante.

Para Sergio García Magariño, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pública de Navarra, no es una coincidencia que las protestas se produzcan en este momento. “Habría que examinarlo con más detalle para testarlo, pero los tiempos no son casualidad. Al haber expectativa de elecciones [las protestas vienen de mucho antes de que fueran convocadas] la movilización se vuelve estratégica, se puede sacar más partido por los tiempos políticos de la movilización”, sostiene.

Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ponía contexto a las protestas hace unos meses: “Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural, se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”.

Además, ambas protestas se producen, una situación que puede resultar contraintuitiva, en un contexto económico positivo, con España acumulando crecimiento trimestre tras trimestre. El problema, cree García Magariño, es cómo lo hace: “Los estudios sobre las condiciones sociales de las protestas por mejoras económicas plantean que lo que detona las protestas no es solo la condición objetiva de mayor o menor precariedad, sino sobre todo las expectativas de mejora frustradas, combinadas con la percepción de que es posible mejorar. Quienes protestan lo hacen porque ven una distancia entre lo que tienen y lo que esperarían tener”, arranca.

Además, sigue, “España está creciendo mucho a nivel macroeconómico, pero el poder adquisitivo de la gente ha bajado, porque la inflación es muy superior a la subida, por ejemplo, de los salarios (que también ha habido). Por último, España tiene una desigualdad estructural mucho más acentuada que la media en la UE y la desigualdad (y no la pobreza) suele ser el factor principal que nutre la indignación y el malestar. Ver que la economía crece, que hay más millonarios y que tú no te beneficias de ello es el principal catalizador del malestar social”, sostiene.

Este experto considera que la movilización en la calle, aunque se produzca con un Gobierno progresista en Moncloa, es favorable para la izquierda. “Las protestas que incluyen temas sociales claros (vivienda, salud pública, educación pública) suelen tener el efecto de movilizar al votante de izquierda, que está menos movilizado. Aunque aparentemente pueden entenderse como una crítica al Gobierno, también se entiende que un Ejecutivo de izquierda va a ser más sensible a estos problemas”, opina.

Los docentes no pueden más

Las protestas docentes van por barrios, por lo que mezclan cuestiones regionales con elementos comunes que afectan por todo el estado, y de fondo sobrevuela la creciente precarización de las condiciones en que se ejerce la docencia en los últimos años.

Al profesorado cada vez se le exige más. Lo explica una directora de instituto veterana: “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Y luego está todo lo que no está en la ley. “Nos caen todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”

El profesorado quiere mejores ratios (menos alumnos por clase), impartir menos docencia semanal para poder ocuparse mejor de cada estudiante En el meollo de las protestas también están las diferencias en las nóminas que reciben los docentes según la comunidad autónoma, pero el hecho de que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana hayan rechazado mejoras de cientos de euros al mes porque no venían acompañadas de recursos para el sistema indica que la económica personal no es la principal motivación de los paros.

Pero el descontento es generalizado. El curso pasado acabó con huelgas feroces en Catalunya (donde ya ha habido protestas este curso también) y la Comunitat Valenciana y este va a abrir con una indefinida en Madrid a partir del 14 de octubre y movilizaciones al menos en Andalucía, Cantabria y Aragón.

Médicos en pie de guerra

Los médicos también están en pie de guerra. El Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde —los que están presentes en las mesas del ámbito— hizo cundir el descontento entre las organizaciones sindicales del gremio, que reclaman una voz propia en la negociación y un estatuto propio. Desde febrero hasta junio, estos fueron protagonizando paros semanales cada mes.

La próxima cita marcada en el calendario de paros era el 28 de octubre, cuando estaba prevista una huelga indefinida. Los sindicatos médicos habían apostado por esta medida de presión tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del texto, pero han optado por un aplazamiento ante el adelanto electoral, que ha hecho decaer la norma, que se tramitaba ya en el Congreso como proyecto de ley.

Aunque coordinadas, para el 28 de octubre se habían registrado dos convocatorias de paro. Por un lado, la del Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por otro, la de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), que aglutina a las organizaciones de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges), Galicia (Omega y Simega), Canarias (Semca) Comunitat Valenciana (Avanza) y Navarra. Todas ellas han optado por aplazar la huelga hasta que haya un nuevo interlocutor válido.

En la práctica, la interlocución con el Ministerio que dirige Mónica García llevaba meses interrumpida, entre acusaciones por ambas partes. Sanidad ha argumentado siempre que las reivindicaciones de los profesionales son competencia de las comunidades autónomas o de otros departamentos, mientras estos han pedido la dimisión de la ministra, que llegó a acusarles de “deslealtad” en la negociación. 

Las consejerías del ramo también reclamaron al Ejecutivo que “reinicie” las conversaciones sobre el Estatuto Marco, algo que, de facto, ocurrirá con el adelanto electoral. “Si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación”, señalaban desde el Comité de Huelga, para quién “este desenlace constituye un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes”. “La presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobado desde hace año y medio”, indicaron en un comunicado este miércoles.

Entre otras cosas, la norma reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

Guayarmina Rijo y Fermín Blanco ya compartían una misma inquietud: cómo influye el entorno físico en el aprendizaje. Ambos participaron en la creación de la Asociación Ludantia, una organización de ámbito estatal que reúne a arquitectos, educadores y otros profesionales para fomentar el diálogo entre la arquitectura, la educación y la infancia. Blanco fue su primer presidente. Ahora ese cargo lo ocupa Rijo. Y después de muchos años de experiencia, los dos se han unido para fundar Movimiento Perenquén, un programa que aspira a transformar los patios de los colegios de Canarias.

El detonante de la formalización del proyecto fue la convocatoria de subvenciones e iniciativas de naturalización lanzada por el Gobierno de Canarias dentro de su Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas. No es novedad que la mayoría de los colegios e institutos del Archipiélago carecen de las herramientas para hacer frente a las altas temperaturas, cada vez más extremas y frecuentes a causa del cambio climático. Pero Guayarmina Rijo y Fermín Blanco tienen un plan: retirar el asfalto y el hormigón de las zonas de recreo para recuperar el suelo vegetal, plantar especies autóctonas y colocar telas náuticas que proporcionen sombra sin impedir la ventilación. Esa es la base. La solución concreta, no obstante, debe estudiarse en cada centro.

“No es lo mismo un colegio en Tejeda que uno en Mogán. No tienen nada que ver sus condiciones climáticas, físicas o geográficas. Todos los centros son diferentes”, señala Rijo. “Un buen diagnóstico y proyecto permite priorizar mejor la inversión. Quizá no hay que hacer muchas cosas ni gastar más, sino decidir bien dónde se interviene. Nuestro objetivo es destinar cada euro con sentido, teniendo en cuenta el funcionamiento global del espacio escolar”.

Movimiento Perenquén surge también para acompañar a los equipos directivos de los centros educativos que obtuvieron las subvenciones y tuvieron que redactar sus propias propuestas de naturalización. Rijo asegura que muchos de esos proyectos estaban “muy bien”, pero que podían surgir problemas al trasladarlos al plano técnico. Ella y Blanco, ambos arquitectos, se encargan de “traducir” las ideas del profesorado a planes viables, ajustando los presupuestos sin renunciar a la ambición de las propuestas.

El caso más reciente es el del CEIP Playa de Mogán, en el municipio sureño de Gran Canaria. El colegio obtuvo la ayuda máxima de 40.000 euros de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la dirección “tenía muy claro lo que quería”, apunta Rijo. Pero cuando empezó a pedir presupuestos para instalar toldos (principalmente), el proyecto se disparó económicamente. Movimiento Perenquén ha incorporado esa idea en coordinación con el Ayuntamiento para ajustar la propuesta tras múltiples sesiones participativas con el propio alumnado del centro, que ha contribuido en el diseño a través de maquetas, dibujos y diagnósticos compartidos.

El resultado es un boceto que plantea instalar pérgolas inspiradas en las nasas tradicionales de la cofradía de pescadores de Mogán, concebidas como “mesas en el aire”. En su base se abrirán alcorques para plantar cornical, una especie que “responde muy bien a la incidencia solar y requiere de poca agua, lo que se traduce en bajo mantenimiento”, en palabras de Rijo. La intervención contempla a su vez repintar la cancha deportiva, reubicar la pista de baloncesto e incorporar geometrías para juegos libres y tradicionales, además de áreas de descanso.

Movimiento Perenquén también intervendrá en la Escuela Infantil de Mogán, con un diseño que contempla la creación de refugios climáticos frente al calor extremo característico del lugar donde está ubicado el centro, cerca del cauce del Barranco de Mogán. Y han actuado asimismo en el CEIP Lucía Jiménez, en Telde, donde han ideado “artefactos de juego y sombra” inspirados en los cerramientos semicirculares que protegen el cultivo de la vid en La Geria, en Lanzarote. Estas estructuras resguardan al alumnado del viento y favorecen la creación de microclimas más frescos.

“El problema más grave de los centros educativos de Canarias son los materiales: patios totalmente pavimentados y sin sombra”, recalca Rijo. “Donde hay jardín, hay tierra, y eso absorbe mejor el calor y reduce muchísimo la temperatura”.

El hormigón y el asfalto, en cambio, captan la radiación solar y retienen el calor durante horas. Esto eleva lo que se conoce como Temperatura Radiante Media (MRT, en sus siglas en inglés), un indicador de la radiación térmica que recibe el cuerpo desde las superficies calientes que lo rodean, explica Rijo. Unas condiciones que, según relatan las propias familias, llegan a resultar asfixiantes para el alumnado.

“El colegio está en un barranco y eso es un infierno. Yo a mis hijos a veces no los mando cuando hay ola de calor. La temperatura exterior es la misma que en el interior. Salen sudados, superrojos, apáticos…”, afirma Antonio Bernardino, padre del AMPA Acorán, del CEIP Miraflor, en Teror.

“Mi hijo llegó el primer día del curso asfixiado a casa. Tuvimos una reunión de padres esa misma semana y lo vivimos en primera persona. No corre el aire”, añade Iñaki Lavandera, padre del AMPA Bajo Montaña, del CEIP Antoñito ‘El Farero’, en La Oliva. “Necesitamos también fuentes de agua potable, porque los niños de momento tienen que llevar su propia botella. Y esto se hace cada vez más necesario por la que se nos viene encima”, concluye, en referencia a la crisis climática.

Los arquitectos de Movimiento Perenquén plantean como medida prioritaria para enfriar los patios escolares retirar el hormigón, recuperar el suelo vegetal y plantar especies autóctonas. Si esta opción resulta inviable por su coste, proponen instalar un pavimento de corcho natural con capas capaces de absorber el calor. Como solución inmediata mientras crece la vegetación, apuestan por velas de sombra en lugar de toldos rígidos o cerrados, que pueden llegar a convertirse en auténticos “hornos” o “campanas de calor”.

Eso en el exterior. Dentro de los recursos educativos del Archipiélago, la historia cambia. La mayoría de los colegios de Canarias se construyeron bajo normativas antiguas que no exigían determinados estándares de aislamiento debido a sus “especiales condiciones climáticas”, una alusión al tópico de la eterna primavera de las Islas, con días soleados, cielos azules y temperaturas estables, ahora amenazado por el calentamiento global.

El propio plan de adaptación de la Consejería de Educación reconoce que “un elevado porcentaje” de los colegios e institutos de Canarias “carecen del aislamiento térmico necesario para afrontar temperaturas extremas”. Y el problema se agrava por la posibilidad de que se produzcan olas de calor durante el periodo lectivo, algo que diferencia al Archipiélago del resto de España.

La arquitecta e investigadora Aurora Monge, de la Universidad de Navarra, recuerda que en la Península y Baleares todos los episodios extremos de calor se registran normalmente entre junio y septiembre. En Canarias, en cambio, se contabilizaron trece olas de calor fuera de ese periodo entre 1975 y 2014: diez en octubre y otras tres repartidas entre abril, mayo y noviembre, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La solución más sencilla sería dotar ahora a todos los centros de aislamiento en fachadas y cubiertas. Pero eso supondría un elevado coste económico, advierte Rijo. La arquitecta plantea otra alternativa para refrescar las aulas: recurrir a la ventilación cruzada, abriendo huecos donde sea necesario para generar una corriente constante de aire.

“Sí, vamos, hablando mal y pronto, que haya dos agujeros enfrentados. Un hueco en una pared, o sea, una ventana, y otra en la pared de enfrente, pero no justo delante, sino movida, oblicua, inclinada. Eso garantiza la ventilación cruzada”, explica. “Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es eso, abrir agujeros, haciendo perforaciones en los forjados cuando se permita. Si el aula da a una cubierta, pues abrimos una claraboya [una ventana en el techo]. Si da a un patio interior, pues lo naturalizamos”.

Monge destaca también la importancia de evaluar cada centro de forma individualizada. “Los colegios construidos para unas condiciones climáticas más suaves deben evaluarse caso a caso para optimizar las medidas (sombreamiento, aislamiento, vidrios con bajo factor solar…)”

La experta, investigadora principal del proyecto europeo COL3NATUR, centrado en la adaptación de los espacios escolares al cambio climático, defiende que estas actuaciones se estudien “en conjunto” con las medidas de naturalización de los patios, para analizar cómo interactúan y qué efectos tienen sobre el edificio.

Por el momento, llenar las aulas de ventiladores es la solución más socorrida por las familias. Rijo cree que su uso podría reducirse o incluso evitarse si se realizara un diagnóstico previo y se mejorara el confort térmico mediante estrategias pasivas. Estas medidas permitirían reducir el consumo energético, todavía muy dependiente de los combustibles fósiles, que representan alrededor del 90% de la producción eléctrica en islas como Lanzarote o La Palma.

La arquitecta defiende que el mismo planteamiento debería aplicarse al aire acondicionado. Si no queda más remedio que instalarlo, Monge, por su parte, propone hacerlo “según la necesidad docente”, priorizando las aulas frente a espacios comunes.

“Con el cambio climático, las condiciones han cambiado, tanto por el aumento de las temperaturas como por la concurrencia de olas de calor cada vez más largas, extensas y severas. Hay que rediseñar, rehabilitar y acondicionar los edificios para adaptarlos a estas nuevas condiciones, y los centros escolares son una tipología especialmente vulnerable”, remacha Monge.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez (PP), reconoció recientemente que la adaptación climática es “un problema en los centros educativos” de las Islas. Pero también defendió en el Parlamento autonómico que su departamento ha comenzado la senda del cambio y que “de aquí para atrás no se había hecho nada”.

Fuentes de la Consejería de Suárez detallan que el plan de adaptación de los centros educativos de las Islas al calor extremo ha permitido poner en marcha un protocolo de actuación ante las altas temperaturas y crear espacios de sombra en 346 colegios e institutos, además de impulsar proyectos de naturalización en otros 84. También se han instalado sistemas adiabáticos y aplicado tratamientos en los cristales, a modo de prueba piloto, en dos recursos. La Consejería asegura que está a la espera de fondos estatales para ampliar estas actuaciones.

El plan incluye asimismo la instalación de cubiertas en las canchas deportivas de 39 colegios y la monitorización de la temperatura, la humedad y el dióxido de carbono en otros 120. La compra de ventiladores, precisan las mismas fuentes, corre a cargo de cada centro.

A la vista de las protestas de las últimas semanas y de la recogida de más de 6.000 firmas impulsada por la Federación de AMPAS de Gran Canaria para exigir soluciones frente al calor, las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes para parte de la comunidad educativa.

“Se han sombreado algunas zonas de algunos centros, algunos patios, algunos pasillos… Pero no creemos que sea esa una medida central, sino una que se puede incorporar a otras muchas que se tendrían que haber hecho”, denuncia Gerardo Rodríguez, del sindicato STEC-IC.

“En muchos lugares de trabajo ubicados en el interior de edificios no se concibe que no exista aire acondicionado (...) ¿Por qué el alumnado y el profesorado no pueden disponer también de aire acondicionado en sus aulas? Son también lugares de trabajo en los que se pasan muchas horas al día, y debemos garantizar unas condiciones que protejan la salud y permitan desarrollar la actividad educativa con normalidad”, concluye Pedro Crespo, de ANPE.

Castilla-La Mancha se unirá a Catalunya y la Comunitat Valenciana en sus protestas contra las condiciones del profesorado en la educación pública. La iniciativa ha partido de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha anunciado una huelga educativa en Castilla-La Mancha el próximo 9 de diciembre. Culminará con una serie de movilizaciones que el sindicato desarrollará previamente en todas las provincias de la región para reclamar “mejoras reales en las condiciones laborales del profesorado, el fin de los recortes que aún permanecen desde 2010 y una mayor inversión en la educación pública”.

CSIF, que no forma parte del acuerdo que el Gobierno regional firmó con ANPE, UGT y CCOO para la mejora del sistema educativo, desarrollará durante las próximas semanas movilizaciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha con el objetivo de trasladar estas reivindicaciones a la sociedad y aumentar la presión sobre la Administración regional y su falta de compromiso con la educación pública.

La primera concentración se llevará a cabo a las puertas de la Consejería de Educación el 28 de octubre y continuarán también en las delegaciones provinciales durante el mes de noviembre hasta culminar en una jornada de huelga el 9 de diciembre para el profesorado no universitario de la región.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, muestra cómo en otras comunidades autónomas se han logrado grandes avances y pone el ejemplo de la Comunitat Valenciana, donde la movilización y unión sindical lograron una subida de 200 euros mensuales del complemento autonómico, seis días de libre disposición (tres lectivos y tres no lectivos) y medidas de simplificación administrativa.

La situación “no ha variado” y permanecen los recortes

“Sin embargo, aquí hemos de preguntarnos por qué hay esta tibieza de ANPE, CCOO y UGT, los firmantes del acuerdo del Gobierno regional, por qué aquí blanquean los recortes mientras en otros territorios las mismas siglas han dicho basta a pesar de que la situación es mejor que en Castilla-La Mancha. Desde CSIF nos hemos puesto en contacto con todos los sindicatos para que rechacen este acuerdo e ir todos juntos por la educación pública, pero tienen una extraña placidez con el Gobierno autonómico y dan la callada por respuesta”, señala Martínez.

El sindicato recuerda que en septiembre de 2024 se llevó a cabo una jornada de huelga en la región y que la situación desde entonces “no ha variado”. Considera que Castilla-La Mancha tiene las peores condiciones del profesorado de toda España y el acuerdo educativo es “una cortina de humo para tratar de calmar los ánimos de los docentes”.

Destaca así la “enorme pérdida de poder adquisitivo” en Castilla-La Mancha, mitigada por el acuerdo retributivo nacional que supondrá un aumento del 4,5% en 2027. Eso hace necesaria la subida del complemento autonómico por parte del Gobierno regional.

“Tampoco hay una reducción real de la carga lectiva, no complementaria, para el profesorado mayor de 55 años. En Extremadura esa reducción es lectiva desde 2022; Castilla y León acaba de aprobar un calendario de reducción lectiva automática que llegará a tres horas menos a los 60 años, y Aragón, Catalunya y Euskadi aplican también reducciones lectivas por tramos de edad”.

Otro de los motivos para la huelga es que el profesorado interino continúa pendiente del pago del verano completo desde 5,5 meses trabajados, umbral que ya aplican Madrid, Asturias, Navarra y el País Vasco, y que Andalucía “mejora todavía más” con el pago proporcional desde el primer día trabajado. Refiere que incluso comunidades autónomas con condiciones más restrictivas, como Aragón (7 meses), continúan siendo menos duras que Castilla-La Mancha (donde se debe haber trabajado 8 meses de manera ininterrumpida).

A ello suma que también falta el reconocimiento proporcional para periodos inferiores, la continuidad de sustituciones y una adjudicación “verdaderamente a la carta”, precisando que Castilla-La Mancha cuenta con una temporalidad “desbordante” que alcanza el 30,8%.

Más motivos que apunta CSIF: prosigue la “burocracia desbordante” sin que aparezca un inventario público de tareas eliminadas, horas ahorradas o duplicidades suprimidas. La plataforma ‘EducamosCLM’ y las nuevas aplicaciones “continúan trasladando carga de gestión al profesorado y a los equipos directivos”.

Según apunta, también falta un calendario para reducir las ratios de ESO, con 30 alumnos por aula; y Bachillerato y Formación Profesional, con 32 alumnos; así como “apoyos estables” en Infantil, plantillas inclusivas actualizadas y un “despliegue verificable” del segundo orientador.

Son tantos los motivos que hay que decir 'basta' después de más de una década arrastrando recortes y derechos, que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa

CSIF también constata el “olvido” de la Formación Profesional, la Formación para Adultos y las escuelas oficiales de idiomas (EOI), así como la falta de inversión en inclusión (continúa pendiente la incorporación adecuada de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación, auxiliares técnicos educativos, fisioterapia y enfermería), así como el reconocimiento del trabajo en aulas TEA, apoyos de salud mental y “garantías efectivas” ante agresiones y riesgos psicosociales.

Por último, CSIF también recuerda la necesidad de climatizar todas las aulas de la región y lamenta que los “roces” y la falta de acuerdo entre las administraciones responsables provoque que a día de hoy todavía permanezcan muchos centros educativos de la región sin climatización.

Rubén Gómez, responsable de CSIF Educación Toledo, recuerda que “son tantos los motivos que hay que decir 'basta' después de más de una década arrastrando recortes y derechos que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa”.

“Estamos cansados de propaganda, lo cierto es que tenemos grandes problemas estructurales que han quedado patentes en el último informe PISA y también en el irrefutable hecho de que seamos la comunidad autónoma con menor inversión, y esto lo paga tanto el profesorado como los propios alumnos, que en definitiva son nuestro futuro, la educación debería ser un pilar intocable y no lo es”.

Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Docente, y ha coincidido con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Tras las huelgas educativas en Catalunya y en la Comunitat Valenciana, la situación en este sector sigue muy convulsa, principalmente por los bajos salarios del profesorado y las enormes cargas burocráticas.

En Castilla-La Mancha, la situación no es tan tensa, pero también hay problemas. A la climatización de los centros escolares públicos, que sufren desde hace años temperaturas muy altas al final y al inicio de curso, se unen otros problemas como la reversión de todos recortes educativos que el profesorado sufrió durante el mandato de María Dolores de Cospedal.

Para el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), el panorama no es alentador con motivo de la efeméride que conmemora esta profesión. Por ello, de todas estas cuestiones hablamos con el conquense Fernando Villalba, su portavoz a nivel estatal y también en Castilla-La Mancha.

Se acaban de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre y en el terreno educativo, la última etapa ha estado marcada por las huelgas educativas, sobre todo en Catalunya y Comunitat Valenciana. ¿Qué asuntos pendientes se quedan en el tintero?

Realmente todo. Venimos muy recientemente de los resultados del último informe PISA, que han sido lamentables. Además, estamos en plena implementación de la LOMLOE (la normativa que modifica la anterior Ley Orgánica de Educación) y justo ahora mismo teníamos encima de la mesa del Ministerio de Educación una cuestión muy importante, como son las nuevas oposiciones docentes. Eso afecta a medio millón de personas y estamos en la mitad de la negociación.

¿Quedará todo ello en suspenso?

Bueno, al final la LOMLOE no deja de ser una modificación parcial de la LOE. Incluso la LOMCE anterior, que hizo el gobierno del PP, también era una modificación muy parcial de unos pocos artículos, aunque importantes, de la base que era la LOE. Es decir, ahora mismo estamos en un proceso de adaptación.

¿Y cuáles son las cuestiones más urgentes de esa implementación?

Ya se ha implantado en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Pero todavía no ha cambiado del todo la Selectividad. Y faltan algunos flecos de la Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas. De hecho, justo la semana que viene había una reunión del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que era un cambio importante.

Hay altos cargos del Ministerio de Educación que cuando les preguntan si cambiará el sistema educativo si hay nuevo Gobierno, te dicen que no. Porque las reformas educativas no las hace el gobierno de turno, las hace la Unión Europea

¿Puede haber cambios significativos con otro Gobierno?

Hay altos cargos del Ministerio de Educación, que no son políticos, y que cuando les preguntan si cambiará el sistema educativo si hay nuevo Gobierno, te dicen que no. ¿Por qué? Porque las reformas educativas no las hace el gobierno de turno. Realmente las hace la Unión Europea y la OCDE. La LOMLOE seguirá su curso, obligatoriamente tiene que ser así, es una ley orgánica con un real decreto de implantación que se tiene que llevar a cabo. También nos hemos quedado a medias con las ratios de alumnado por profesor.

En cuanto a las huelgas educativas, ahora con el adelanto electoral, ¿pueden quedar neutralizadas?

No, van a seguir, aunque haya elecciones generales. En Catalunya y en la Comunitat Valenciana es donde menos cobra el profesorado. Los salarios y la pérdida de poder adquisitivo han desgastado mucho al profesorado, les afecta muchísimo. Por eso las huelgas educativas van a seguir y además se van a extender a Madrid y probablemente a Andalucía. Y se unirán a la huelga general cuando se convoque en noviembre.

Bueno, el problema de la vivienda es muy transversal y afecta especialmente a los interinos, ¿no?

Afecta a todos los docentes pero especialmente a los interinos, que son el 30,8 por ciento. No saben cada año dónde van a trabajar a partir de septiembre. Imagínate, tienes una casa y a lo mejor te tienes que ir a 100 o a 200 kilómetros. Eso durante un año en el caso de los que consiguen cubrir una vacante, porque luego hay muchos que están solo cubriendo bajas. Están 15 días o un mes y se van a otro sitio. Eso tiene una relación directa con la inflación, con el precio de la gasolina y con la vivienda.

En Castilla-La Mancha, el curso arrancó con polémica por las altas temperaturas y la falta de climatización en institutos y colegios. Hubo dos sanciones de la Inspección de Trabajo al Gobierno regional por esta cuestión y el STE avisó que estaría vigilante. ¿Temen que la cuestión vuelva a enfriarse por la bajada de temperaturas?

No, la Junta anunció medidas y las tiene que poner marcha. Además, muchos se están animando a denunciar esta situación ante la Inspección de Trabajo, porque todos los servicios de prevención de riesgos laborales no funcionan como deberían. Ya fue una victoria que aprobaran esas sanciones. Y algo muy importante: en el informe, la Inspección dejaba claro que la competencia para instalar climatización es del empleador, es decir, de la Consejería de Educación.

Pero se trata de un plan a largo plazo...

Claro, es que en Castilla-La Mancha hay 1.100 centros educativos, y nos vamos a 1.500 si sumamos los Colegios Rurales Agrupados (CRA). Eso, multiplicado por todas las aulas que hay, no se hace de un día para otro. Pero es importante empezar, tiene que haber voluntad. Creo que en el Gobierno regional están mentalizados.

El STE no forma parte del Acuerdo de Mejora del Sistema Educativo y de las Condiciones Laborales del Profesorado que ANPE, UGT y posteriormente CCOO, firmaron con la Junta de Castilla-La Mancha para la reversión de los recortes en educación. El segundo bloque de este pacto extiende su vigencia hasta el año 2028, que va más allá de las próximas elecciones autonómicas. ¿Cómo valoran este acuerdo?

Nosotros sabemos todo lo que no hemos recuperado en 12 años. Revertir los recortes, en primer lugar, es volver a las 18 horas lectivas con los cupos necesarios. Porque si a un profesor le pones esas horas sin los cupos, al final hace más, entre bajas y guardias. Tampoco se ha recuperado que los interinos puedan cobrar el verano si cubren una vacante de un año completo. En 2010, por ejemplo, no solamente se le pagaba así, sino que se les daba la antigüedad esos dos meses. Ahora, no solo no lo cobran, sino que el concurso de méritos lo quitó Cospedal y Page no lo ha restaurado.

¿No es tanto un problema de dinero sino como de recuperación de derechos?

Es así. El problema es que desde 2012 se han ido perdiendo esos dos meses para los interinos. Si lo multiplicas por todos los años transcurridos, la cifra es enorme. Es igual que la reducción de tres horas lectivas para mayores de 55 años. Eso también estaba vigente en 2010 y no se ha recuperado. Es que, en total, hemos perdido el 24% de poder adquisitivo desde ese año. Si todos estos recortes no se revierten, ¿de qué estamos hablando? De hecho, al propio pacto le cambiaron el nombre: al principio se llamaba “Acuerdo para la Reversión de los Recortes” y como no llegaban, se quedó como “Acuerdo de Mejoras”. Eso lo dice todo.

Han pasado 12 años desde que terminó el Gobierno de Cospedal y estamos a la mitad en cuanto a la reversión de recortes

¿El STE no se unirá, por tanto, a ese acuerdo en lo que queda de legislatura?

No, de ninguna manera. Es lo que hemos acordado en nuestras asambleas. Han pasado 12 años desde que terminó el Gobierno de Cospedal y estamos a la mitad en cuanto a la reversión de recortes.

¿Cuál sería ahora mismo el más necesario por recuperar?

Depende de muchas cosas, pero creo que lo más urgente, lo más justo, por decirlo así, y que además no cuesta dinero es el verano de los interinos. Pero no ha habido manera de convencer a la Junta. Es como la bajada de las ratios, que se ha hecho a coste cero debido a la crisis demográfica y a que ha ido bajando el número de alumnos por abajo. Con el mismo dinero se han bajado las ratios. Que no nos parece mal, pero que no engañen porque no se ha hecho ningún esfuerzo. 

Porque, ¿cómo ha sido la evolución de la inversión pública en educación?

El porcentaje del PIB sigue siendo el mundo. A principios de la democracia aumentó muchísimo, porque antes tan solo del 2%, pero tocó techo en 2009, cuando llegó al 5%, que es el mínimo que marca la LOMLOE, mínimo. Y desde entonces hemos bajado incluso. Ahora estamos en el 4,5%. En todas las comunidades autónomas es igual, porque en realidad la referencia siempre es el PIB estatal.

¿Qué motivos hay para no invertir más en educación?

Van a subir otras partidas. La OCDE lo ha dejado claro. Van a aumentar otras como el gasto en pensiones o en sanidad. En esta organización están los 38 países más ricos del mundo y no queda otra que aumentar esas partidas, por el envejecimiento de la población. Y si se va a invertir por ahí, en educación no se va a hacer. El horizonte es muy claro: hay que mejorar sin más inversión.

¿Y eso es posible?

Es casi imposible porque además tenemos otra cuestión, que es el alumnado con barreras importantes para el aprendizaje. Es un porcentaje del 15,6 por ciento a nivel estatal y ahí son necesarias las políticas inclusión y de diversificación que, en fin, funcionan como funcionan. Ahí, o hay inversión o no se puede hacer nada.

La burocracia a la que debe enfrentarse el profesorado, sobre todo en cuanto a tareas administrativas y a exigencias en materia de digitalización también ha sido una de vuestras críticas. ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

Es curioso, porque es una cuestión que se está produciendo en todos los países. Recientemente, se publicó el estudio ‘Panorama de la Educación 2026 (Education at a Glance)’ de la OCDE y alude a este tema, a la burocracia, junto a la escasez de profesorado, el clima escolar, el estrés docente… No es casualidad que se esté produciendo en todo el mundo. Eso ha provocado mucho malestar docente. Las bajas del profesorado en España son el 7 por ciento. Puede parecer mucho, pero la media en los países de la OCDE es del 27 por ciento, veinte puntos más.

Seguramente también se acabará convocando huelga educativa en Castilla-La Mancha

¿Y eso está relacionado directamente con el estrés por la burocracia o existen otras causas?

Es evidente que es una carga, sobre todo en Castilla-La Mancha. Pero también es cierto que nosotros hicimos una encuesta a 27.000 docentes en todo el Estado y le preguntamos cuál era el mayor problema de la educación y sorprendentemente la mayoría señaló que es la falta de implicación de las familias. Eso cuadra además con el último informe PISA.

Precisamente, este último informe ofreció datos dispares en esta comunidad autónoma, aunque eran mejores que en otras comunidades autónomas.

Claro, pero eran mejores porque empeoraron en el resto de regiones, efectivamente, pero que además, y esto es muy polémica, a la hora de hacer las pruebas para PISA se hace el Teaching for Test, es decir, entrenar el PISA. Eso se hizo el año pasado en Castilla-La Mancha: dar al profesorado una formación sobre cómo son las pruebas y la evolución competencial. Es decir, los entrenaron. Y ni aun así, yo creo que los resultados no fueron tan buenos. Castilla-La Mancha simplemente bajó menos. Subió en Ciencias, pero en comprensión lectora sigue igual.

A la luz de estas cuestiones y viendo lo crítico que el STE es con el contexto educativo en Castilla-La Mancha ¿no se prevé huelga educativa en esta comunidad autónoma?

Seguramente se acabará convocando. Razones hay. Ahora mismo, la previsión más cercana es la huelga general por la vivienda prevista para noviembre, y esa tiene una relación directa con los salarios en todas las profesiones y con todo el poder adquisitivo que hemos perdido desde 2010, casi del 22 por ciento. Es cierto que todo viene determinado por el escenario mundial de la guerra de Irán y las políticas de Donald Trump, con la consiguiente subida del petróleo y de la inflación. De cualquier forma, no, no descartamos una huelga educativa en Castilla-La Mancha.

Finalmente, el STE de Castilla-La Mancha celebra elecciones sindicales. ¿Qué plazos y expectativas hay?

Ya ha empezado el proceso electoral y ya se han hecho las mesas coordinadoras, entrando en precampaña electoral. Prácticamente, va a coincidir todo con las elecciones generales. Nuestras expectativas son buenas. Hemos aumentado mucho la afiliación, la gente ha confiado en nosotros los últimos cuatro años. Y buena parte del profesorado se ha dado cuenta de que pacto educativo de otros sindicatos con la Junta es maquillaje y no ha mejorado sus condiciones laborales. Nosotros no queremos fotos con la Administración, queremos soluciones.

Recordaréis que hablábamos hace unas semanas de que al Gobierno se le acumulaba la faena para aprobar las reformas que él mismo había prometido para mejorar la vida del profesorado y que tenía poco tiempo para implementarlas. Había margen porque la mayoría de las normas solo dependían del propio Gobierno, pero cuando apuras para hacer algo es fácil que se te cruce alguna cuestión de última hora y te complique la vida. Spoiler alert, ha pasado.

Como a los malos estudiantes, perdón por la comparación facilona, al Gobierno se le ha echado el tiempo encima y la bajada de las ratios y horas lectivas, la norma antichiringuitos de la FP o las nuevas oposiciones están más que en el aire ahora.

Digo que están “más que en el aire” porque, excepto la bajada de las ratios y las horas lectivas, que tienen forma de ley y decaen sí o sí, el resto de cuestiones técnicamente se podrían aprobar porque tienen forma de Real Decreto y como tal pueden ser aprobadas por el Consejo de Ministros aunque haya convocatoria electoral. Otra cosa es que parezca poco probable, entre otras cosas porque alguna no está ni redactada y los plazos no dan. Ni siquiera en los ministerios saben qué va a pasar. Ayer lunes preguntamos tanto en Educación como en Universidades y nos dijeron que lo están evaluando.

La “legislatura del profesorado” se diluye y no parecen las mejores noticias para el Gobierno cuando está el sector en armas desde hace un par de cursos. Es cierto que estrictamente las protestas se dirigen contra las comunidades autónomas, que tienen las competencias, pero también que el Ejecutivo había prometido mejoras que se van a quedar en promesas con toda probabilidad.

¿Qué se queda en el aire ahora? La medida importante es la ley que iba a bajar las ratios en la educación obligatoria y las horas lectivas que imparte el profesorado cada semana. Esta norma estaba quemando etapas ya en el trámite parlamentario, pero con total certeza se queda por el camino con la disolución de las cortes. Aquí te dejo los detalles de esta reforma, que no iba a ser la panacea (muchas medidas ya están vigentes en muchas comunidades autónomas), pero sí parecía un alivio para los que peor están y suponía una cierta declaración de intenciones.

En el apartado de las incertidumbres quedan principalmente la bajada de las ratios en el resto de etapas (Infantil, Bachillerato y FP) y el Real Decreto con el que el Gobierno quería poner límites a la apertura de centros privados de Formación Profesional, una apuesta personal de Sánchez que incluía varias medidas. Las puedes consultar en este artículo.

Lo que sí parece seguro que no llegará a buen puerto (ya muchos lo dudaban antes del adelanto electoral) es la reforma de las oposiciones. Nunca se estableció como una de las preferencias del Gobierno, pero en verano anunció la creación de un grupo de trabajo que no ha llegado a reunirse y sin un borrador siquiera está condenada a caer en un cajón. En esta pieza te contamos en su momento los principales problemas que tiene el actual sistema.

En la Universidad, el Gobierno también quería introducir una reforma dirigida a garantizar una cierta calidad en los títulos universitarios (asegurando que al menos la mitad del profesorado tenga el título de doctor) que ahora queda en el aire. Lo mismo sucede con la ansiada convocatoria de un sexenio de transferencia para el personal docente e investigador, una medida que el colectivo lleva años esperando y que anunció la ministra, Diana Morant, hace dos semanas. En teoría ese trámite ya está en marcha y el sexenio podría convocarse, pero el Ministerio no ha sido capaz de confirmarlo ante las preguntas de este periódico.

Mirando hacia atrás, la actividad legislativa ha sido intensa en los últimos ocho años. El Gobierno le ha dado la vuelta al sistema entero, prácticamente: se han aprobado nuevas leyes de Educación, Universidades, FP (mientras se multiplican las plazas), Enseñanzas Artísticas. Se ha aumentado un 80% la partida de becas, se han endurecido los requisitos para abrir universidades privadas...

Pero la carrera se ha hecho larga, aquellas reformas quedan atrás (y no son muy sexis) y lo que queda en la retina es lo último: una serie de promesas que no se han cumplido, el profesorado levantado en armas y un sistema que se privatiza a ojos vista.

Esta semana hemos hablado de...

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Educación ha enviado a los orientadores una comunicación en la que les advierte de que negarse a realizar ciertos desplazamientos sin una huelga formal podría tener consecuencias disciplinarias. El aviso llega en plena protesta por los costes de esos trayectos y se acompaña de una convocatoria a una reunión el 9 de octubre en Mérida para intentar encauzar el conflicto.

El encuentro está fijado a las 10.00 horas y será dirigido por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. Educación solicita que acudan representantes de los equipos, con un máximo de cuatro personas, dos por cada provincia.

Uno de los puntos del orden del día se dedica a la “ausencia de convocatoria formal de huelga”. La Administración sostiene que, al no existir un preaviso registrado ante la autoridad laboral, la negativa a realizar desplazamientos no estaría amparada por el derecho de huelga reconocido constitucionalmente. En su comunicación, recuerda que el Real Decreto-ley 17/1977 exige un preaviso de diez días para las huelgas que afecten a servicios públicos y contempla como ilícitas determinadas alteraciones colectivas del régimen de trabajo distintas de la huelga. En ese marco, Educación advierte de que la actuación de los profesionales podría ser considerada una “alteración colectiva y anómala del régimen de trabajo” y, por tanto, quedar fuera de la protección legal asociada al ejercicio del derecho de huelga frente al poder sancionador de la Administración.

El segundo aviso se refiere de manera directa a los desplazamientos. Según la carta, si la Administración considera que forman parte de las funciones del puesto y el trabajador las ha aceptado, una negativa unilateral a realizarlos —sin estar secundando una huelga formal— podría ser interpretada como un “incumplimiento de los deberes profesionales o dejación de funciones”. Educación cita expresamente el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, que clasifica las faltas en muy graves, graves y leves. La comunicación no determina qué tipo de falta podría aplicarse, y la tipificación concreta dependería del régimen disciplinario aplicable y de las circunstancias del caso.

La advertencia llega después de las movilizaciones protagonizadas por los equipos de orientación para reclamar que la Administración asuma los gastos derivados de los desplazamientos que realizan para desarrollar su trabajo. Los profesionales denuncian que tienen que utilizar sus vehículos particulares para acudir a centros educativos y que los costes asociados a esos trayectos recaen sobre ellos.

El conflicto afecta a un servicio que atiende a centros y alumnado de distintos puntos del territorio y cuyos profesionales deben desplazarse entre localidades para desarrollar sus funciones. La reivindicación de los orientadores se centra precisamente en que esos desplazamientos no sigan suponiendo un coste asumido directamente por las y los trabajadores.

La Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa concluye su comunicación apelando al diálogo. “Desde esta Administración, nuestro objetivo siempre es el apoyo a la educación y a los orientadores como ejes fundamentales del sistema”, señala la carta, antes de agradecer la disposición al “entendimiento” y solicitar la confirmación de los representantes que acudirán a la reunión.

El encuentro del 9 de octubre se plantea así como el próximo capítulo de un conflicto que enfrenta a los orientadores con la Administración por las condiciones en las que deben realizar sus desplazamientos profesionales y que ahora incorpora una advertencia expresa sobre las posibles consecuencias disciplinarias de mantener la protesta sin una convocatoria formal de huelga.

“No tiene ningún sentido”

Los profesionales de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) rechazan que su decisión pueda interpretarse como una huelga o un abandono de funciones: “No tiene ningún sentido”, y aseguran que continúan trabajando desde las sedes de sus equipos, atendiendo las demandas de los centros, realizando coordinaciones, entrevistas, valoraciones e informes, y que siguen desplazándose cuando pueden hacerlo sin utilizar sus vehículos particulares. “No dejamos de trabajar ni dejamos de prestar el servicio: dejamos de poner nuestros bienes privados al servicio de la Administración”, sostienen. Los orientadores recuerdan que su reivindicación va más allá de los desplazamientos e incluye la equiparación con los centros educativos, el reconocimiento y la compensación económica de las responsabilidades de las direcciones de los equipos y el establecimiento de un complemento específico. Afirman que estas demandas forman parte del diálogo iniciado con la administración en julio de 2025 y piden que la reunión permita avanzar en soluciones concretas, sin limitarse a la cuestión de los vehículos particulares.

UGT sí que exige

UGT Servicios Públicos de Extremadura ha exigido a la Consejería de Educación que aclare el fundamento jurídico de las advertencias de posibles sanciones dirigidas a los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica por su negativa a utilizar sus vehículos particulares para desplazarse a los centros educativos. El sindicato reclama que la Administración identifique y remita el informe jurídico en el que basa sus afirmaciones, detalle qué funciones considera incumplidas y abra de forma urgente una negociación sobre las condiciones laborales del colectivo.

La organización sindical ha registrado un escrito dirigido al director general de Personal Docente de la Junta de Extremadura, David Moreno Rego, en el que cuestiona tanto el contenido como la forma de la comunicación remitida a los orientadores para convocarlos a una reunión el próximo 9 de octubre. Según UGT, la carta carece de firma y de identificación nominal de su remitente, ya que únicamente aparece la referencia a la directora general de Innovación e Inclusión Educativa.

El sindicato considera que esta falta de identificación impide reconocer la comunicación como una convocatoria formal y cuestiona las advertencias que contiene sobre las posibles consecuencias disciplinarias de la negativa a realizar desplazamientos.

UGT rechaza que se dé por hecho que los y las trabajadoras han aceptado voluntariamente la obligación de desplazarse con sus propios vehículos. En su escrito, recuerda que hay profesionales que obtuvieron su destino de oficio, que la normativa y las relaciones de puestos de trabajo no establecen, según el sindicato, la obligación de disponer de vehículo propio y carné de conducir y que los puestos afectados no tienen carácter itinerante.

La organización sindical también cuestiona que la comunicación de Educación aluda a posibles faltas graves o muy graves sin concretar qué conducta se considera infracción ni identificar el precepto legal que permitiría sancionarla. Por ello, exige que la Administración detalle las funciones presuntamente incumplidas, el marco normativo que las establece y el apartado específico de las convocatorias de los puestos orgánicos y funcionales en el que se recoge la obligación de desplazarse.

Además, reclama que se identifique cuáles de las conductas tipificadas como faltas graves o muy graves en el régimen disciplinario del empleo público podrían resultar aplicables a la situación de los orientadores. UGT califica la redacción de la carta de “incorrecta y temeraria” y considera que, en las actuales circunstancias, el documento carece de valor institucional o punitivo, una interpretación que atribuye a la propia organización sindical.

Una negociación pendiente desde septiembre

El conflicto no se limita a la advertencia de posibles sanciones. UGT recuerda que el pasado 4 de septiembre registró una solicitud de negociación urgente sobre la situación de la movilidad de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, sin que, según denuncia, la Administración haya respondido. El sindicato asegura que ha planteado el problema en tres mesas de negociación y que tanto la organización como los propios profesionales han trasladado reiteradamente sus reivindicaciones a la Junta.

La educación pública madrileña afronta este domingo una nueva jornada de movilizaciones, en medio de fuertes protestas en las calles de Madrid. Estudiantes, profesores, familias y otros integrantes de la comunidad educativa están llamados a manifestarse el 27 de septiembre en la capital en una protesta que servirá también como antesala de la huelga indefinida convocada a partir del próximo 14 de octubre.

La marcha, convocada por el Sindicato de Estudiantes bajo el lema “Profes y estudiantes unidos para vencer a Ayuso”, partirá a las 12.00 horas desde Atocha y desembocará en la Puerta del Sol, donde se encontrarán -no estaba previsto- con la acampada por la vivienda del Sindicato de Inquilinas, que este sábado reivindicaba también la lucha por la educación pública.

La organización plantea la movilización en defensa de la enseñanza pública y contra las políticas educativas del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La convocatoria se enmarca en el calendario de protestas impulsado por diferentes sindicatos y colectivos educativos ante el inicio de curso y tiene como principal horizonte la huelga indefinida prevista desde el 14 de octubre, con especial incidencia en los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de los horarios lectivos y de las ratios, mejoras salariales, menos carga burocrática, actuaciones en las infraestructuras de los centros y un refuerzo de la Formación Profesional pública.

 A continuación, recopilamos la información imprescindible de la movilización:

¿A qué hora tendrá lugar y desde dónde partirá?

La manifestación tendrá lugar este domingo 27 de septiembre a partir de las 12.00 horas. Partirá desde las inmediaciones de Atocha, concretamente desde la Cuesta de Moyano, y finalizará en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno autonómico y donde desde este sábado por la noche se ha plantado una acampada por la vivienda digna y contra los desahucios. El recorrido transcurrirá por el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo, Cibeles y la calle Alcalá, hasta llegar a Sol.

¿Cómo llegar?

La manifestación tendrá su punto de partida en Atocha, uno de los principales intercambiadores de transporte de Madrid. La zona cuenta con conexiones de Cercanías, Metro y diferentes líneas de autobús de la EMT.

La estación de Metro más cercana al punto de inicio de la marcha es Atocha (L1), que además cuenta con conexión con todos los trenes de la red de Cercanías de Madrid. También se encuentra en las proximidades Estación del Arte (L1). En cuanto a los autobuses, pueden emplearse las líneas 10, 14, 19, 24, 26, 32, 37, 54, 57, 59, C1, C2, 85, 86, 102, 141, 203 y 001. 

La manifestación finaliza en Sol, que cuenta con conexión con las líneas 1, 2 y 3 de Metro y C-3 y C-4 de Cercanías.

¿Quién convoca?

El Sindicato de Estudiantes. La organización estudiantil es la que está detrás de la convocatoria del domingo y llama a movilizarse junto al profesorado y al resto de la comunidad educativa. Lo hará bajo el lema “Profes y estudiantes unidos para vencer a Ayuso” y plantea la marcha como una protesta en defensa de la educación pública.

El sindicato ha llamado a participar al alumnado madrileño y pretende que la movilización sirva también para organizar los paros de octubre, para los que ha planteado la creación de asambleas y comités de huelga en los centros educativos. El Comité de Huelga Unitario está integrado por diferentes sindicatos, organizaciones y colectivos, entre ellos CCOO, CNT, CGT, UGT, Educación Especial Digna, Menos Lectivas, Queremos FP, Solidaridad Obrera y STEM, además de colectivos de familias, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, el Sindicato de Estudiantes y Marea Verde.

¿Qué reivindican?

Las organizaciones que respaldan la huelga reclaman una reducción del horario lectivo del profesorado, con un máximo de 17 periodos semanales para Secundaria y FP y 22 para Primaria. También plantean una reducción de las ratios hasta 13 alumnos por aula en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en Formación Profesional.

A estas demandas se suman mejoras salariales, una reducción de la carga burocrática y actuaciones sobre las infraestructuras de los centros educativos. Los sindicatos y colectivos educativos han reclamado a la Consejería de Educación una negociación para abordar estas cuestiones.

El Sindicato de Estudiantes incorpora además sus propias reivindicaciones y reclama el fin de los recortes y las privatizaciones en la educación pública, así como que no se destinen fondos a la enseñanza privada concertada.

Entre sus principales demandas figura también un plan de choque para crear 100.000 plazas de Formación Profesional en la enseñanza pública madrileña. La organización pretende que el alumnado tenga un papel activo en la huelga de octubre y ha llamado a organizar asambleas en los institutos.

La convocatoria llega en un inicio de curso marcado por las movilizaciones de distintos sectores educativos, que reclaman a la Consejería de Educación abrir una negociación sobre sus reivindicaciones. La manifestación servirá para trasladar estas demandas a las calles antes del comienzo de la huelga indefinida prevista a partir del 14 de octubre.

Se reinician las clases y yo dedico la tarde al ritual de rescatar de entre mis cosas del curso anterior el material aprovechable. Encuentro fotocopias de más, cartas de despedida, rotuladores de pizarra resecos, unas tijeras XXL que había olvidado. No son mías. También en esta tarde, en los medios y las redes se habla de PISA, esa cita trienal que nos hace rasgarnos las vestiduras (da igual cuándo lea esto). Los expertos escriben sus análisis, se publican los primeros recetarios por parte de las comunidades que han obtenido las mejores notas. Las palabras clave para esta edición son, creo entender, “pantalla”, “batacazo” y “desigualdad”. En el centro del debate educativo ahora se sitúa también la comprensión lectora del alumnado.

A pesar del chasco por los resultados, ando contenta: por lo general, de comprensión lectora (de su descenso cuesta abajo y sin frenos junto a una capacidad de expresión oral cada vez más empobrecida) solo las profesoras y profesores de Humanidades hablamos de un modo tan apremiante en nuestro día a día. Hay algo de gustoso en que una angustia casi personal ―“personal” para cualquiera que imparte Historia o Filosofía― se convierta durante una semana y media en una alarma nacional.

En mi despacho de casa, decía, pongo orden entre las cajas que el día 30 de junio me traje del instituto y solté en un rincón. Con el debate pisano de fondo, vuelvo por un segundo a ese agotamiento tan particular del final de curso (este último, con 20 lectivas de Lengua, 2º y 3º de ESO, cinco grupos, tres de ellos rozando los 30 estudiantes); ese alivio, casi orgullo, por haberse pasado el juego un año más, cifrado en el gesto de dejar caer los bártulos del cole en el suelo del estudio como quien se desploma tras cruzar la meta. Y a esa línea de meta llegué yo el año pasado con unas tijeras azules con 11 centímetros de hoja. Estas tijeras requisadas a una alumna que ahora me sacuden. (“¿Me enseñas tu estuche y la mochila para asegurarnos de que vas a estar bien?”).

Una mañana L. empezó a mostrarse muy ansiosa. Reparé en su cara desencajada, me miraba en silencio con unos ojos que cualquier docente reconoce a lo lejos. Me acerqué a ella, temblaba: escondía bajo el pupitre unas tijeras, estas tijeras azules que acabaron en mi estuche y ahora están en mi casa

Dos semanas antes de acabar el curso pasado, una mañana L. empezó a mostrarse muy ansiosa al final de una sesión de sintaxis. Reparé en su cara desencajada desde la puerta del aula mientras ya me despedía, entre risas, de otros alumnos. Me miraba en silencio con unos ojos que cualquier docente reconoce a lo lejos igual que un bombero identifica una brizna de fuego. Me acerqué a ella, temblaba: escondía bajo el pupitre unas tijeras, estas tijeras azules que acabaron en mi estuche y ahora están en mi casa. “Vamos a hablar, mi preciosa”. Bajamos al Departamento de Orientación y se pusieron en marcha los protocolos pertinentes, no sin antes descubrir que no era la única alumna con conductas autolíticas entre sus compañeros y compañeras.

― Lo que no sé es por qué lo ha hecho en mi clase, si está sacando nueves y hace un mes lloraba de alegría por haberse convertido en una maestra de la sintaxis y, además, me viene a las clases de ampliación de la tarde... Yo creía que se sentía segura conmigo, le comenté a la orientadora, como si una cosa tuviera que ver con la otra.

― Lo ha hecho delante de quien ella sabía que la iba a ver.

Efectivamente, aquella mañana vi la angustia enorme en los ojos de L. porque, ya a los pocos días mi llegada como profesora sustituta a su centro ―“paracaidismo” lo llamo yo, otros lo llaman “ser interina”―, ella se acercó a mí para contarme sus inquietudes e historial, de modo que yo, respondiendo a esa responsabilidad que a veces una alumna te otorga de forma tácita, la mantuve a todas horas en mi radar a partir de ese momento. A ella se fueron uniendo, a medida que pasaron los meses, otras niñas y niños de diversas clases hasta conformar mi grupo no oficial de apadrinados, como N., metido en una depresión no diagnosticada tras una trágica muerte en su familia, a quien me aseguraba de abrazar cada día a las 8:30 y tenerlo localizado por el móvil si faltaba a clase; M., chaval de mente inquieta y tocapelotas profesional a quien no supe cómo proteger de sí mismo; o S., una niña con un TCA (trastorno de la conducta alimentaria) y una personalidad tan frágil como luminosa.

Mi rol en la vida escolar de estos adolescentes no tiene, no obstante, nada de excepcional, sino que sucede igual con todos los docentes de cualquier centro. Es un proceso que todo educador conoce: se desarrolla así, de modo orgánico, esto de convertirse en la figura de referencia y protección de ciertos estudiantes. Una simbiosis. Sin coordinación explícita, nos los repartimos. Pienso, por ejemplo, en J., de Historia, quien había llevado en volandas a su tutoría ―ocho diagnósticos de necesidades específicas de apoyo educativo, cinco de altas capacidades― durante tres años seguidos, y a quien este año la Consejería no le ha renovado la comisión en el IES. Pienso en A., de Música, que se encargaba de abrir su aula en los recreos para R. y H., nuestros Javis particulares, que cantaban por Taylor Swift al piano con voces esplendorosas (durante el resto de la jornada, sin embargo, mantenían el perfil bajo en una clase dominada por potenciales cachorros de Alvise, un ejército en chándal negro). Pienso en E. y J., esos profesores que dicen al principio de curso: “Los de Diversificación me los quedo yo”, y los aúpan y transforman hasta verlos graduarse. Pienso en I., profesora de necesidades especiales que conocía a la perfección cómo lograr que A. y J. L. participaran con éxito de las lecciones y era una miembro más de sus respectivas familias, así como en los esfuerzos de Q. por crear espacios fuera del horario escolar para ese alumnado recién llegado que apenas conoce nuestras lenguas oficiales.

A menudo comentamos entre colegas esta nueva realidad desconcertante también para nosotros: de un tiempo a esta parte, el trabajo extracurricular nos consume la mayoría de nuestra jornada. Impartir docencia parece que sea lo menos acuciante a estas alturas: lo complejo viene tras apagar el proyector

A menudo comentamos entre colegas esta nueva realidad algo desconcertante también para nosotros: de un tiempo a esta parte, el trabajo extracurricular nos consume la mayoría de nuestra jornada laboral. Impartir docencia parece que sea lo menos exigente o acuciante a estas alturas: lo complejo viene después de haber apagado el proyector. (Esto es una simplificación, obviamente: ambas esferas van de la mano, si no son una misma). Los equipos de profesorado encarnamos en la actualidad, desde nuestros colegios e institutos, aquello que rezaba una vieja canción de La Mandrágora: “Nos ocupamos del mar / y tenemos dividida la tarea / (...) cada uno según es nuestro talante / yo lo que tiene importancia / ella todo lo importante”. 

Así pues, empieza el 2026-2027 y lo hacemos hablando de una hecatombe (vamos servidas, últimamente, de hecatombes) y comprensión lectora. En los próximos meses hablaremos también de ratios, de cómo per se no afectan al aprendizaje; de carga lectiva, refuerzos y repeticiones; de huelgas in aeternum y mareas verdes; de vicios, virtudes, fracasos y remedios; todo ello materializado dentro de un aula con treinta almas adolescentes (en general fascinantes, curiosas e irreverentes, como manda la edad) y un profesor, una profesora que se dice que sí, que por supuesto que se puede, que de aquí este año salimos todos con el complemento predicativo cristalino, anticipando con acierto qué le pasará a Ulises tras partir de la isla de Calipso y conmocionados con la lectura grupal de Crónica de una muerte anunciada. Y cumpliremos la programación, haremos proyectos estupendos y aquí no me repite a mí ni dios. Porque es septiembre y nada está decidido hasta el último partido, no hay rival pequeño, confiamos en el míster.

Es cierto: ser docente y lograr que el alumnado aprenda no es tan complicado, al fin y al cabo. Otros nueve meses por delante para mejorar. Hay tiempo de sobra. Tendremos tiempo para todo. Lo creo. La escuela todo lo puede. Lo voy a creer también este curso. Hasta que R. le susurre a Y. “cállate, mora” y tengamos que pausar la explicación para hablar, una vez más, sobre derechos humanos. Hasta que “no me toques, maricón” y “no pasa nada, profe, que es de broma”. Hasta que “vas a tener que reunirte con la madre de I., que me ha llamado para quejarse de ti, que eres muy dura con su hijo”. Hasta que S. no levante la mirada durante todo un día porque hay una foto suya que circula por los grupos de chat del colegio. Hasta que H. se levante sin previo aviso y lance una mochila por la ventana. Hasta que tenga que bajarme un momentito a Orientación. Hasta que descubramos un nuevo caso de acoso durante el patio. Hasta que saquen las tijeras de 11 cm y entonces esa maravillosa dinámica de comprensión lectora programada para hoy, que tanto bien nos haría de cara a PISA, subiendo la moral nacional… Ay de esa dinámica que tendrá que ser para mañana.

Cabe darle una vuelta (o siete) al sistema educativo español, qué duda cabe: lo dice PISA, lo dicen los estudios y lo decimos los equipos docentes. Estamos, estaremos a todas las estrategias que nos permitan adaptarnos a los tiempos, dar respuesta a las necesidades de nuestro estudiantado, avanzar en el aprendizaje propio y ajeno. Pero escucho a los expertos en la tele y en la radio mientras deshago las cajas del curso pasado (las heridas de L. en los brazos ojalá hayan desaparecido) y cojo aliento para este que pronto empezaré, y se me repite en la cabeza un mismo pensamiento: que no es tarea fácil, desde aulas con treinta pupitres de un instituto público sin fondos para fotocopias a color, el ocuparse del mar.

El comité autonómico del PSOE de Cantabria, celebrado este sábado, ha aprobado una resolución para exigir la paralización del convenio con Santa Clotilde y que se depuren responsabilidades en las derivaciones de la sanidad pública a la sanidad privada.

Los socialistas han defendido que la Sanidad Pública “es el buque insignia de nuestro Estado del Bienestar”. Para el PSOE de Cantabria, el Gobierno del Partido Popular ha impulsado desde 2023 recortes y privatizaciones en Cantabria, con el objetivo de deteriorar la confianza y desmantelar el Servicio Cántabro de Salud (SCS) tal y como lo conocemos.

Así, han recordado que sólo en los últimos meses, “hemos visto cómo los centros privados de Cantabria han ido incrementando las contrataciones con el SCS como el reciente convenio anunciado con la Mutua Montañesa para la realización de pruebas diagnósticas radiológicas e intervenciones quirúrgicas traumatológicas por cuatro años”.

Pero la principal amenaza, a juicio del Comité Autonómico de los socialistas cántabros, sobre la supervivencia del Servicio Cántabro de Salud, es la entrada en vigor del convenio singular con el hospital privado de Santa Clotilde por valor de 256 millones euros con una vigencia de 20 años.

De esta forma, en la resolución han recordado que “en los últimos días hemos denunciado que el Gobierno del PP ha puesto en marcha un proyecto piloto para la derivación de pacientes, llegando a amenazar a pacientes con la exclusión de las listas de espera si rechazan la atención médica en dicho centro”.

Los socialistas cántabros han concluido que se trata de un proyecto piloto ilegal, que el Gobierno comenzó negando, después reconociendo para finalmente, tras culpabilizar de ello a un responsable sanitario, anunciar su retirada. “Un ejemplo más de las alarmantes decisiones del Partido Popular para recortar la asistencia sanitaria pública en Cantabria”, han añadido.

Rechazo al cierre de aulas y despido de docentes

Durante el Comité Autonómico de este sábado se ha aprobado igualmente otra resolución referente al ámbito educativo. El PSOE ha rechazado la política de cierre de aulas y despido de docentes y ha exigido al Gobierno dialogo social para fortalecer la educación pública.

Los socialistas cántabros han defendido que la educación pública es uno de los pilares del estado del Bienestar y también “uno de los principales instrumentos de garantía de la igualdad de oportunidades, de cohesión social y de vertebración territorial”.

Para los socialistas cántabros, el curso escolar ha comenzado “de la peor forma posible” en Cantabria, con el cierre de 52 aulas, el despido de 176 docentes y la comunidad educativa en huelga y manifestándose ante los recortes del Partido Popular.

En la resolución aprobada por el Comité Autonómico, han señalado que la reducción de las ratios, la carga burocrática, la regulación de las actividades extraescolares, la financiación de la red pública o el fortalecimiento de la escuela rural y la educación en la diversidad son algunos de los asuntos que exigen una interlocución estable con los representantes del profesorado, las familias y el alumnado, que dé paso a acuerdos para fortalecer la Educación Pública.

Además, el PSOE de Cantabria ha afirmado en la resolución que una verdadera política educativa debería ver en el descenso del número de alumnado “una oportunidad para avanzar hacia una mejor atención educativa” y no traducirse en la desaparición de unidades y docentes.