¿Cómo se monta una huelga unitaria entre dos sindicatos de clase, dos profesionales conservadores, dos anarcosindicalistas, otro intersindical progresista, una asociación de familias, un colectivo de docentes, otro transversal y dos asociaciones de estudiantes? A esa pregunta tratan de responder estos días CCOO, UGT, ANPE, CSIF, CGT, CNT, STEM, CSIT, la confederación de AMPAS Confapa, la asamblea Menos Lectivas, la Marea Verde, el Sindicato de Estudiantes y el Frente de Estudiantes para organizar una protesta que, idealmente, paralice la educación madrileña, a imagen y semejanza de la huelga docente en la Comunitat Valenciana.

La idea se concretó la semana pasada, cuando UGT y CCOO, por un lado, y CGT, CNT y la asamblea de profesores Menos Lectivas anunciaron el mismo día de manera independiente que convocarían sendos paros el próximo curso. CCOO y UGT explicaron desde el primer momento que su idea era sumar al resto de organizaciones para lograr un frente común que dote de fuerza al movimiento y también aprender de las lecciones que deja la pelea en el Levante: es más fácil empezar unidos que acabar unidos.

La tarea requerirá flexibilidad de todos. Como explican desde el sindicato STEM, “la unidad de acción sindical en nuestra Comunidad se encuentra actualmente muy deteriorada, con apenas espacios de coordinación entre los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial [CCOO, UGT, CSIF y ANPE] y aquellos que trabajamos fuera de esta [STEM, CGT, CNT, CSIT]”, entre otras cuestiones motivada porque los primeros firmaron un acuerdo con la Comunidad de Madrid que los segundos rechazaban por insuficiente y que acabó siendo una treta del Gobierno regional.

Para explorar hasta dónde puede llegar la unidad, las 13 organizaciones se reunieron el pasado lunes —con una cierta protesta de algunos sindicatos porque les convocaran a algo ya planteado en vez de incluirlos desde el principio— con el objetivo de poner elementos en común y empezar a diseñar una agenda que acabe en una convocatoria de huelga indefinida. La reunión fue positiva para casi todas las partes, según han relatado a este diario varias personas presentes en la cita. Ahora, cada organización debe respaldar o no la movilización y en qué términos la apoya. Unas ya han hecho ese proceso, otras están consultando a sus bases. El próximo jueves 11 se vuelven a reunir para definir posturas ya de manera oficial y empezar a dar pasos.

Donde hay bastante acuerdo, más allá de aterrizarlo más adelante en cifras o reivindicaciones concretas, es en las áreas de reclamación: mejores salarios, más docentes, especialistas para atender la diversidad, menos horas lectivas, más recursos en general, la falta de plazas públicas en la FP, medidas contra el calor en los centros...

Es más lo que nos une que lo que nos separa", dice UGT; "Hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca", sostiene CCOO. "Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos", opina Menos Lectivas. "Nadie se puede permitir fallar aquí", sostiene CGT

“Creo que es más lo que nos une que lo que nos separa”, expresa Chema Pinto, de UGT, un sentir optimista mayoritario entre las organizaciones. “En este momento hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca”, sostiene Aída San Millán, de CCOO. “Los movimientos sociales, esto está estudiado, van y vienen. Y este puede no volver en 20 años”, cierra. “Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos”, corroboran desde el colectivo docente Menos Lectivas. “Nadie se puede permitir fallar aquí”, ahonda Rafael Valentín, de CGT, “creo que vamos en el buen camino para solucionar este asunto, que es conseguir mejoras laborales que necesitamos como agua de mayo”.

La primera toma de contacto sirvió para ver dónde está cada uno y empezar a abordar los asuntos que marcarán la convocatoria: quién se va a unir —las dudas atañen principalmente a ANPE y CSIF—; en qué fecha empezarán los paros —hay propuestas de septiembre, octubre o incluso enero—; quién negociará con la Consejería de Educación llegado el momento —hay acuerdo en que será un comité mixto que incluya también a organizaciones que no están presentes en la mesa sectorial—; el rol de la asamblea unitaria que se reunirá el próximo día 24 para votar sobre todas estas cuestiones, si será consultiva o vinculante; y cómo se articularán esas votaciones —quién puede votar y cómo se establece un método fiable—.

ANPE es el sindicato que parece plantear más dudas. “Plantear una huelga a finales de curso para dentro de varios meses sin saber cómo van a venir las instrucciones de inicio de curso, que se publican ahora, y cuando en el seno de la mesa sectorial la administración estaba proponiendo abrir un proceso negociador sobre diversos temas... Nos sorprendió”, explica Esteban Serrano, vicepresidente de ANPE Madrid. “Nosotros somos más de la vía de comenzar con una negociación, intentar llegar a acuerdos y, si la Administración no atiende a razones, entonces plantear medidas reivindicativas”, argumenta.

CSIF Madrid emitió un comunicado en el que señala que los servicios mínimos que suele imponer la Comunidad de Madrid hacen las huelgas poco efectivas y, como ANPE, advierte de que “los descuentos en nómina podrían ser muy abultados y no serviría nada más que para dar un balón de oxígeno” al Gobierno regional, aunque concluye que “no descarta adherirse a esta convocatoria o a otras y tomará en breves fechas una postura definitiva, siempre valorando el interés general de los docentes y por supuesto en pro de la unidad sindical de acción”. A nivel estatal, el sindicato comunicó después que empieza en septiembre una “campaña de movilizaciones” que no descarta concluya en una huelga.

Cuándo se para

La fecha de la convocatoria es de los primeros elementos a resolver. CCOO y UGT habían propuesto que el curso ni empezara (hacerla en septiembre), mientras Menos Lectivas, de la mano de CGT, apostaba por enero. No parece que vaya a ser un gran escollo, en cualquier caso.

“Nosotros vamos a la huelga, a eso ya estamos comprometidos por mandato de la asamblea”, explica San Millán, de CCOO. “No nos importa flexibilizar las fechas”.

Exactamente la misma palabra utilizado por Valentín, de CGT. “Nosotros la preferimos en enero, con alguna movilización y quizá incluso paros antes, en octubre. Pero si CGT tiene que cambiar su propuesta de hoja de ruta para la huelga, se cambia. Es una propuesta flexible, lo importante es que salga bien para que sea masiva, eficaz y efectiva contra la consejería, que está muy muy muy –la triple repetición es suya– en contra de los derechos laborales”.

Una persona presente en la reunión, no adherida a ninguna de estas dos formaciones y que prefiere no identificarse, pondera ambas propuestas: “Una huelga indefinida a partir de septiembre es complicada, no veo tanto mimbres como en la Comunitat Valenciana. Y a la de CGT le veo el problema de que si a una indefinida en enero le metes unas jornadas previas puede resultar desmotivador”, y apuesta por una especie de tercera vía: huelga en enero, pero sin grandes alharacas previas, como mucho algún paro parcial para no desgastar al profesorado. El paro en enero tiene la ventaja, cierra esta fuente, de que da más tiempo para organizar cajas de resistencia, etc. y llegaría con la paga extra de navidad recién ingresada, que ejercía de colchón.

Quién negocia

Aunque no hay nada cerrado a la espera de la reunión del próximo jueves, varias fuentes coinciden en que hay un cierto consenso en que las futuras negociaciones deben recaer en un comité mixto de huelga que represente a todas las organizaciones y no dejar ese rol solo a quienes están presentes en la mesa sectorial de Educación (CCOO, UGT, CSIF y ANPE), el órgano oficial de conversación entre sindicatos y Gobierno regional. Entre otras razones, para que no se dé la paradoja de que alguien que eventualmente no apoye la huelga (si fuera el caso de ANPE O CSIF) negocie en nombre de otros que sí.

“Era una propuesta que llevábamos varios y un acto de confianza”, sostiene Millán, aunque otras organizaciones dicen que más bien “lo aceptaron”. Su compañero Pinto cree que “no es el momento de egos”, y también menciona que “hay que restablecer la confianza”, alusión a las diferencias pasadas entre organizaciones. En STEM dudan de que las asociaciones estudiantiles formen parte de ese comité porque es una huelga de profesores lo que está sobre la mesa y deben ser ellos quienes negocien, argumentan.

En cualquier caso, ahonda San Millán, “es un lugar complejo, porque la huelga la hacen los trabajadores, pero tenemos mucha responsabilidad los convocantes. Y es igual de importante saber dibujar la puerta de entrada que la de salida. Un comité mixto es la forma más realista y honesta de negociación de salida de una huelga”, sostiene.

Quién decide

Uno de los aspectos que más debates puede levantar es quién tendrá el poder de decisión sobre los movimientos del colectivo durante la huelga. Sobre si una eventual propuesta de la Consejería de Educación se acepta o no. Sobre hasta dónde forzar.

De momento las organizaciones han convocado una asamblea unitaria de profesores el próximo día 24, como siguiente paso a la reunión del jueves 11. En esa gran cita se debe votar la fecha de la convocatoria y dibujar una tabla de reivindicaciones, idealmente con unos máximos y unos mínimos “de salida” a partir de los cuales una propuesta merece ser votada por el colectivo de trabajadores.

La duda es si esta asamblea debe ser consultiva o vinculante. Si su voto es decisión o si luego cada una de las 13 organizaciones debe validarla por su cuenta y método: algunas con sus propias asambleas, otras no. Y aquí las posturas difieren algo.

“CGT quiere que la asamblea sea vinculante. Sabemos que cuando se negocia, se debaten cuestiones, se puede ganar o perder. Nosotros queremos que sea vinculante para que no pase eso de 'tú has ganado y tú has perdido', sino que la asamblea pueda decidir cosas y se respeten, independientemente de cada sindicato”, sostiene Valentín, de CGT. CCOO también cree que la asamblea del 24 debe decidir, pero STEM no lo tiene claro.

“En STEM los acuerdos pasan por la asamblea de STEM”, expone Sergio López. “Nuestra asamblea nos suele dar mandatos abiertos, un plan A y un plan B, según el contexto. Está en nuestros estatutos consultar”, explica.

¿Un censo para votar?

Lo que apela a la cuestión de la unidad, de las reivindicaciones mínimas, de qué se acepta y qué no. Qué se vota (¿tiene sentido plantearle a la asamblea una oferta de subida de, por ejemplo, 50 euros al mes, si se están reivindicando varios cientos?) y cómo y quién. Los sindicatos le dan vueltas a cómo establecer un mecanismo por el que un sindicato no se pueda desmarcar por su cuenta aceptando un acuerdo que el comité de huelga rechaza en su conjunto, una situación que se acabó dando en la Comunitat Valenciana.

“Tenemos algunas propuestas”, desliza San Millán, que prefiere reservarlas para el jueves 11. “Hubo hasta quien propuso firmar algo ante notario, pero no sé si es legal. Debería haber un compromiso de mínimos, una línea roja común. Y también establecer de alguna manera que si se consulta algo y sale que no, sea que no para todos”.

Lo que tiene que quedar es clara la función de la asamblea, pide Valentín, de CGT. “Sería importante que si se establece que es vinculante, sea vinculante, no vale bajarse del carro”.

STEM también planteó en la reunión del lunes, que para su sindicato es importante, tanto como posible motivo de autoexclusión si no se da, establecer un mecanismo para votar posibles propuestas que sea transparente. “Que todo el profesorado tenga la oportunidad de decidir sobre el tipo de movilización en cada momento. Si se mantiene, si se suspende, que pueda opinar sobre cualquier propuesta de acuerdo. Esto no es incompatible con asambleas unitarias, que nos permiten ir modulando acciones. Pero en los momentos clave, que se dé la oportunidad a todo el profesorado de opinar. Y, habida cuenta de que no somos capaces de juntar a los más de 50.000 que somos a día de hoy, plantear consultas telemáticas fiables y verificables, como han hecho en la Comunitat Valenciana y en Catalunya”, explica López.

CCOO ve con buenos ojos la propuesta. “Es importante articular mecanismos de voto, pero con censos”, sostiene San Millán. “Quizá a través del email de la consejería”, desliza.

Con estos frentes abiertos, las organizaciones se disponen a avanzar. Hay optimismo porque, dicen, el profesorado “no puede más” y está dispuesto al paro, según les cuentan en sus visitas a sus centros. Llamar hoy a un sindicalista es que te explique que acaba de salir de un colegio o instituto y muchos profesores, todos, dicen algunos, les muestran su hartazgo y su disposición a parar. Solo STEM tiene dudas de este espíritu y ANPE duda de la conveniencia del momento y del orden de los factores.

Pero todos son conscientes de la importancia del momento y del movimiento, y de los riesgos de que salga mal. Lo resumen STEM: “La huelga es uno de los instrumentos de lucha más importantes de los que nos dotamos los trabajadores y trabajadoras y su utilización a la ligera puede ser contraproducente, más aún la huelga indefinida por el elevado desgaste que supone y el riesgo de derrota que puede suponer de no organizarse correctamente”.

El conflicto educativo valenciano no da tregua. Este jueves, convocados por STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora d'Assemblees Docents, miles de maestros y profesores han vuelto a recorrer las calles de València en un tono festivo y reivindicativo. En esta ocasión, la marcha ha contado con la presencia y el apoyo de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, del Consorcio Provincial y forestales de la Generalitat —recibidos por los docentes al grito de “más bomberos y menos toreros”— y ha estado precedida por miembros de los conservatorios de música, quienes, vestidos de riguroso negro, portaban sus instrumentos en las fundas simulando ataúdes al ritmo de una marcha fúnebre.

Antes de que comenzara la manifestación, los representantes sindicales advirtieron que retomarán y recrudecerán las movilizaciones en septiembre si la Conselleria de Educación no cede y reabre una negociación “real” en los dos bloques que mantienen encallado el acuerdo: las retribuciones salariales y el peso del valenciano en la enseñanza pública.

Esta nueva movilización coincide con la decimonovena jornada de paros de una huelga indefinida que cumple ya su cuarta semana consecutiva y que supone un pulso histórico contra la Administración autonómica. En un intento de desbloquear la situación, la consellera de Educación, Carmen Ortí, que este jueves ha presentado los presupuestos de su departamento en las Corts, ha convocado a los sindicatos a una nueva mesa sectorial mañana viernes a las 14:00 horas. Se tratará de la décima reunión formal desde que arrancaran los paros el pasado 11 de mayo; una cita clave en la que la Administración deberá poner sobre la mesa un nuevo “documento definitivo” con su propuesta.

Pese a la convocatoria, el optimismo entre los representantes de los trabajadores es nulo. Las centrales sindicales insisten en que los contactos técnicos mantenidos durante esta semana han sido meros “grupos de trabajo para aclarar dudas” y no una negociación real. Marc Candela, portavoz de STEPV, se ha mostrado escéptico respecto a la cita de mañana: “Hay temas encallados como las retribuciones o el valenciano, y no creemos que la conselleria avance ni un milímetro. Si el documento final no nos satisface, continuaremos el curso próximo; la lucha docente no se acaba aquí si no se atiende el clamor de las bases”.

Por su parte, Xelo Valls, representante de CCOO, ha instado a la conselleria a entregar el documento definitivo para someterlo de inmediato a debate y votación entre el profesorado. Valls ha recordado que la presión de las calles ya ha servido para frenar recortes previstos por el anterior conseller y actual responsable de Hacienda, José Antonio Rovira. Además, ha desmontado la excusa económica de la Generalitat al señalar a Les Corts Valencianes como vía de solución: “En el debate presupuestario se pueden presentar enmiendas, y el PP se puede autoenmendar si quiere resolver este conflicto modificando alguna partida al alza”.

“Inoperancia” de los negociadores del Consell: Ortí y McEvoy

La indignación por la gestión del conflicto ha llevado a los portavoces a señalar directamente la “inoperancia” de los negociadores de la Generalitat. Javier Català, portavoz de la Coordinadora d'Assemblees Docents, ha calificado de “inaceptable” que, tras casi un mes de paros y con un goteo constante de dimisiones en los equipos directivos de los centros, sigan sin ofrecerse soluciones reales. Català ha exigido la intervención inmediata del president de la Generalitat, Pérez Llorca: “Ha quedado demostrado que la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy no son interlocutores válidos. El president debe actuar y cambiarlos”.

En esta misma línea se ha pronunciado Kilian Cuerda, portavoz de UGT, quien ha acusado a la conselleria de aplicar una estrategia cruel: “Ya está bien de dilatar deliberadamente la huelga para aumentar el dolor y el sufrimiento de las familias, el alumnado y el profesorado”. Cuerda ha censurado que, tras horas de reuniones, Educación presente borradores en los que “apenas modifican una palabra” y ha avisado de que el colectivo no tolerará más desaires. “Nuestra cultura es la del pacto, pero también la de la lucha. Si no saben negociar desde el respeto, y no desde la chulería y el insulto, que se vayan a casa”, ha zanjado.

La comunidad educativa valenciana aguarda ahora el resultado de la décima mesa de mañana viernes. De lo que ocurra a partir de las 14:00 horas en la sede de la conselleria, ubicada en la avenida de Campanar, dependerá si el curso escolar 2025-2026 finaliza con una tregua o si, por el contrario, la huelga se enquista de manera indefinida hasta congelar la vuelta a las aulas tras las vacaciones de verano.

El impulso del Gobierno de Jorge Azcón a la enseñanza concertada continúa en Aragón. Primero fue la concertación del Bachillerato —una medida que provocó una fuerte contestación en la escuela pública— y ahora es el turno de la Formación Profesional. El aumento de titulaciones en centros privados y concertados, especialmente en los grados superiores vinculados al sector audiovisual, preocupa a una parte del profesorado de la red pública. Mientras que en 2023-2024 el 86% de las nuevas implantaciones correspondían a centros públicos, la proporción se reduce al 60% en la planificación para el próximo curso, impulsada por la entrada de nuevos ciclos en centros privados y concertados.

Buena parte de ese incremento de la oferta privada se explica por la futura Ciudad del Cine de Zaragoza. El complejo audiovisual de Distrito 7, cuya gestión formativa ha sido adjudicada al Grupo San Valero durante los próximos 30 años, incorporará siete ciclos audiovisuales concertados con cuotas de alrededor de 60 euros al mes por alumno. Entre ellos figuran Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Sonido para Audiovisuales y Espectáculos o Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.

La medida ha despertado inquietud entre docentes de la red pública, que temen que esta nueva oferta compita directamente con enseñanzas similares ya implantadas en centros de Zaragoza, Huesca, Barbastro o Teruel. “Van a competir por los mismos alumnos”, resume uno de los profesores consultados. Según recuerdan desde la enseñanza pública, Producción de Audiovisuales se imparte en Teruel y Realización en Barbastro, mientras que otros ciclos del ámbito audiovisual también están presentes en centros públicos de Zaragoza y Huesca. “Cuesta mucho encontrar alumnos para algunos de estos estudios. Nos preocupa que una parte de esa matrícula se desplace ahora a la nueva oferta concertada”, explican.

Sin embargo, las críticas no se centran solamente en la competencia entre centros. Los docentes recuerdan que algunos de los ciclos que ahora volverán a ofertarse en Distrito 7 ya formaron parte del catálogo de CPA como enseñanzas privadas. Según explican, Producción de Audiovisuales dejó de impartirse hace alrededor de cinco cursos e Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen lleva varios años sin conseguir abrir grupo de primero. “Dos ciclos que cerraron por falta de alumnos vuelven ahora convertidos en concertados. Antes costaban alrededor de 400 euros al mes y ahora tendrán cuotas muy reducidas. Es evidente que eso cambia las condiciones de partida”, señalan.

La situación genera especial malestar porque, según denuncian, en los últimos años se han cerrado ciclos en zonas rurales por no alcanzar los mínimos de matrícula exigidos por la Administración. “Hemos visto desaparecer enseñanzas en el medio rural porque no se llegaba a determinados números de alumnos. Por eso sorprende que ahora se concierten ciclos que ya habían demostrado dificultades para captar estudiantes”, apuntan.

La polémica se enmarca dentro del desarrollo de Distrito 7, el gran complejo audiovisual que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza en los antiguos suelos de Giesa. La futura Ciudad del Cine prevé arrancar con alrededor de 400 alumnos y una oferta centrada en perfiles audiovisuales, uno de los sectores por los que más está apostando la Administración autonómica en los últimos años. El Gobierno municipal adjudicó recientemente al Grupo San Valero la gestión del área formativa del proyecto durante los próximos 30 años. La alcaldesa, Natalia Chueca, justificó la adjudicación de la Formación Profesional al Grupo San Valero por tratarse de “una entidad aragonesa de referencia, con casi 30 años de experiencia en formación audiovisual, reconocida por todo el sector y con una capacidad única para ofrecer de manera integral formación profesional, universitaria, especializada y para el empleo en el ámbito audiovisual”.

Varios docentes temen que la concentración de recursos, instalaciones y promoción en torno a este proyecto termine perjudicando a enseñanzas ya implantadas en la red pública. También alertan de una posible competencia por las plazas de prácticas en empresas, un aspecto clave en la Formación Profesional.

Las críticas coinciden además con la decisión del Departamento de Educación de suprimir varios ciclos de FP en centros públicos de Calatayud, Ateca e Illueca. Entre ellos figuran el grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del IES Emilio Jimeno, el de Termalismo y Bienestar del IES Leonardo Chabacier, el grado medio de Cocina y Gastronomía del IES Zaurín o el de Atención a Personas en Situación de Dependencia del IES Sierra de la Virgen. La medida ha sido criticada por el PSOE, que considera que supone un nuevo golpe para la oferta educativa en el medio rural: “Golpea directamente al corazón del mundo rural. Es un desastre”, ha dicho el portavoz comarcal de la Comunidad de Calatayud, Ramón Duce.

No es la única polémica que atraviesa esta nueva Ciudad del Cine, la adjudicación de este complejo se hizo de forma directa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, después de que se declarase desierto el proceso de adjudicación por problemas tecnológicos de la única empresa que concurrió. Esto fue calificado como “chapuza” por parte del PSOE y como “un verdadero fiasco” desde Zaragoza en Común.

El peso de la pública cae en las nuevas implantaciones

En el curso 2023-2024 se identifican 29 nuevas enseñanzas, de las que 25 se implantaron en centros públicos y cuatro en concertados o privados. Un año después, para 2025-2026, la proporción se mantenía similar: 22 de las 27 nuevas enseñanzas correspondían a la red pública. Sin embargo, en la planificación para 2026-2027 la distribución cambia. De las 25 nuevas enseñanzas identificadas, 15 corresponden a centros públicos, tres a centros concertados y siete a centros privados, la mayoría vinculadas al ámbito audiovisual. Este cambio en el modelo ha sido calificado por CCOO como un “desmantelamiento activo y coordinado” de la FP pública. El sindicato sostiene que “la educación pública pasa a ser residual en los niveles clave” y denuncia que el Ejecutivo está favoreciendo a “macrocentros privados de grandes firmas”.

Aun así, en el conjunto de los tres cursos analizados, la red pública sigue concentrando la mayor parte del crecimiento de la oferta. De las 81 nuevas enseñanzas identificadas, 62 se implantaron en centros públicos, 12 en concertados y siete en privados.

Desde Educación defienden que la ampliación de la FP responde a la necesidad de adaptar la formación a los sectores con más demanda laboral y a la creciente demanda de estas enseñanzas. Recuerdan que este curso casi 450 personas se quedaron sin plaza en su primera opción en Zaragoza y no pudieron entrar: “Para evitar que se produzca una situación similar, se decide concertar plazas en ese Distrito 7; desde el Departamento se entiende que no deben quedarse casi medio millar de aragoneses sin poder formarse estando esa posibilidad”, exponen. Añaden que las plazas de FP sostenidas con fondos públicos “no compiten entre sí, sino que se complementan para sumar talento y oportunidades de empleabilidad”.

Sin embargo, los docentes reclaman conocer los criterios que han llevado a autorizar esta nueva oferta audiovisual y si se ha evaluado el posible impacto sobre los ciclos públicos ya existentes. “Nosotros no cuestionamos que haya más formación audiovisual”, concluyen. “La pregunta es por qué se financian nuevas enseñanzas en centros privados cuando ya existen ciclos similares en la red pública y algunos de ellos siguen luchando cada año por mantener la matrícula”.

La iniciativa surgió de forma espontánea, según cuenta Carlos Boix, uno de los portavoces de la acampada. A lo largo de la jornada del lunes, los docentes ya contaban con toldos, más de 40 tiendas de campaña y provisiones para afrontar una protesta de carácter indefinido. Este martes tuvo lugar la segunda noche de acampada y, pese a las condiciones meteorológicas, alrededor de 130 personas durmieron en la plaza de la Virgen de València, un improvisado 15M con vocación de permanencia. Al menos, hasta que el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca alcance un acuerdo con los sindicatos para “salvar” la educación pública valenciana.

Algunos docentes se incorporan tras las manifestaciones y pasan la tarde en la plaza, donde se agrupan alrededor de los toldos y de las tiendas instaladas en el centro de la explanada. Se acomodan con sillas de playa, mantas en el suelo y neveras repletas de comida y bebida para merendar o cenar.

Otros se preparan para pasar la noche. “He llegado después de la manifestación y he venido preparada para montar la tienda y quedarme a dormir”, cuenta Arantxa Medina, profesora de Formación Profesional en el IES La Serranía. A lo largo de la tarde de este martes, se pudo observar cómo más huelguistas se sumaban a la iniciativa instalando tiendas de campaña alrededor de la plaza, con mantas y cojines traídos de casa, en una organización improvisada, pero creciente.

Otro de los organizadores de la protesta, situada a menos de 30 metros del Palau de la Generalitat, Jaume Cantarero, destaca la buena acogida que ha tenido la acampada entre la ciudadanía: “No para de acercarse gente a traernos comida, material y agua; estamos sobrepasados por las continuas muestras de afecto”. Desde el lunes, numerosas personas les han ofrecido sus casas para asearse y han tejido una red logística improvisada para cubrir las necesidades básicas de una acampada que pretende mantenerse de forma indefinida.

“Eso fue lo primero que planteamos: la logística. Nos coordinamos para tener varios puntos de aseo y cubrir necesidades, tanto públicos como privados, así como posibles puntos de avituallamiento”, explica Cantarero, profesor de Matemáticas en un instituto de Burjassot. También señala que han creado un sistema de recogida selectiva de residuos para minimizar el impacto de la acampada. Las personas que se suman a lo largo del día aportan materiales como papel higiénico, sillas, mesas plegables o utensilios básicos.

Los docentes acampados se organizan de forma asamblearia —unas 40 personas se reúnen para planificar las próximas jornadas—, establecen turnos de vigilancia nocturna y han habilitado puntos de recogida y reparto de provisiones. Dulces, empanadillas, fruta y bebida, sobre todo agua —indispensable ante las altas temperaturas y el sol que castiga durante todo el día la plaza—, forman parte de una infraestructura improvisada pero eficaz. La organización y la previsión son esenciales para sostener una protesta indefinida. “Me han comentado que mañana tienen previsto hacer una comida, van a hacer una paella. Está todo muy bien organizado”, explica Arantxa.

La huelga educativa también cuenta con su propia emisora. Ràdio Vaga, nacida el 11 de mayo de 2026, emite por internet desde El Punt, Centro de Libre Aprendizaje, en la ciudad de València. Este martes, la emisora trasladó temporalmente su punto de emisión a la plaza de la Virgen. El domingo por la noche ya realizaron un programa en directo frente a la Conselleria de Educación, mientras cientos de docentes seguían las negociaciones y trataban de impedir la salida de las autoridades. Bajo los toldos de la acampada, los conductores improvisaron un estudio con micrófonos, mesas de sonido y ordenadores desde el que realizaron una emisión especial para seguir el desarrollo de la protesta y dar voz a sus participantes.

Los docentes subrayan que se sienten arropados por las familias y la ciudadanía, tanto en las manifestaciones como en la acampada. “La mayoría de gente que nos ve con la camiseta verde nos apoya”, señala María Jiménez, profesora en el IES Les Rodanes.

Sin embargo, la iniciativa no se limita a dormir frente al Palau. Tradición, cultura y reivindicación convergen en una protesta que evoca inevitablemente la histórica Primavera Valenciana de febrero de 2012. A lo largo del martes se organizaron talleres de pancartas, espacios creativos para niños, música en directo y bailes tradicionales valencianos, además de improvisadas muixerangues que fueron animando el ambiente en la plaza.

En el marco de la cuarta semana de huelga, los docentes presentan la acampada como una medida excepcional ante el inmovilismo de la Conselleria de Educación. “No pensaba hacer más días de huelga porque nos estamos quemando, pero me enteré de esta iniciativa y, ya que parece que las manifestaciones multitudinarias no sirven de mucho, hay que buscar otras vías para ganar visibilidad y apoyo”, explica Arantxa.

En la misma línea, Susana González, docente del CEIP Cervantes de Riba-roja de Túria, subraya: “No queremos que haya crispación, como dice la Conselleria. Solamente queremos llegar a acuerdos, pero para eso tienen que estar las dos partes con voluntad de dialogar”.

La Conselleria de Educación ha publicado una nueva orden para hacer frente a las olas de calor en las aulas valencianas. El departamento que dirige Carmen Ortí ha dictado unas instrucciones específicas destinadas a paliar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos, unas medidas que entrarán en vigor de forma oficial a partir del próximo curso 2026-2027, aunque la Administración permitirá que se apliquen de manera transitoria durante lo que resta del presente año escolar.

El documento normativo contempla, como principal novedad, la posibilidad de implantar la jornada reducida en los institutos durante los meses de junio y septiembre. Bajo este supuesto, los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) podrán concentrar las clases en horario continuo de 8:00 a 13:00 horas, evitando así la permanencia del alumnado en las aulas durante las horas centrales del día, cuando la insolación es más intensa. Asimismo, se autoriza a retrasar una hora el inicio de las clases en las modalidades de tarde.

Para poder llevar a cabo esta flexibilización horaria, la propuesta deberá contar con el visto bueno del Consejo Escolar de cada centro público y ser comunicada posteriormente a la Dirección Territorial correspondiente. No obstante, la Conselleria establece como línea roja que esta reducción horaria no altere en ningún caso los servicios de comedor ni de transporte escolar, y que no suponga ningún tipo de coste económico adicional para las arcas de la Generalitat.

Más allá de los horarios, las directrices obligan a los equipos directivos a implementar un paquete de medidas preventivas diarias. Entre las tareas fijadas se encuentra el control estricto de la temperatura, la identificación de las zonas más frescas del recinto, el mantenimiento de persianas bajadas bajo sol directo, la ventilación en las horas más frescas y la suspensión de actividades físicas intensas en las horas de máxima calor. Además, los centros deberán vigilar de cerca la conservación de alimentos y medicamentos, así como facilitar la hidratación constante de los estudiantes.

Para las situaciones más extremas, el protocolo establece que, si los termómetros registran valores excesivos y el centro carece de espacios alternativos adecuados, la dirección podrá ponerse en contacto con el responsable municipal de Protección Civil. Al ser esta la autoridad competente, será la encargada de evaluar el riesgo y decretar, si lo estima oportuno, la suspensión temporal de la actividad académica, notificándolo de forma paralela a la Dirección Territorial.

El STEPV tilda el plan de “insuficiente”

STEPV, sindicato mayoritario de la enseñanza pública valenciana, valora de forma positiva que, “por primera vez, la conselleria reconozca formalmente la necesidad de adoptar medidas específicas ante las altas temperaturas” y que se abra la puerta a la flexibilización horaria en las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP.

Sin embargo, la central sindical considera que el documento se queda “corto” al no resolver el problema de fondo de las infraestructuras educativas. Según denuncia el STEPV, la resolución es insuficiente porque no define un protocolo claro ante situaciones de estrés térmico, no concreta medidas estructurales para climatizar los edificios ni desarrolla un registro de temperaturas y de sus efectos sobre la salud. Por todo ello, el sindicato ha anunciado que continuará exigiendo a la Generalitat un Plan Integral de Adaptación Climática que incluya inversiones reales en sistemas de sombreado, ventilación y climatización para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

El Defensor del Pueblo acaba de abrir una actuación ante la Dirección General de la Policia solicitando información detallada acerca de la actuación policial del pasado domingo, 31 de mayo, en la ciudad de Valencia, en la que una persona, en el transcurso de una manifestación de docentes junto a la Conselleria de Educación, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional.

A través de videos difundidos por los medios de comunicación, esta institución ha tenido conocimiento de los incidentes acaecidos el pasado domingo en Valencia, cuando un grupo de docentes -en huelga desde hace semanas- se manifestaban en defensa de la educación pública y una asistente a la concentración -al parecer maestra jubilada- fue empujada fuertemente por la espalda sufriendo lesiones tras golpearse con el suelo sin haber existido, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad. Pareciera que, tras observación del video, se utilizó la fuerza de manera desproporcionada.

El Defensor del Pueblo recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido doctrina respecto al uso de la fuerza por los funcionarios policiales, que se exige el cumplimiento de determinados requisitos y que, además de tener que ser proporcionado, para hacer uso de la fuerza ha de concurrir un determinado grado de resistencia por parte del sujeto pasivo.

El Defensor del Pueblo reclama a la Dirección General de la Policia un informe valorativo sobre lo hechos, que se le haga llegar documentación audiovisual que pudiera existir sobre el suceso diferente a la difundida por los medios de comunicación, y que le informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse como consecuencia de esta actuación policial.

La plaza de la Virgen de València ha amanecido este martes con 31 tiendas de campaña rodeando el espacio, donde cerca de 50 docentes han pasado una noche “tranquila” y donde piensan continuar hasta que la Conselleria de Educación “muestre una voluntad negociadora”.

En el marco de la cuarta semana de huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, esta iniciativa ha surgido de forma “espontánea e informal”, según ha contado a EFE Carlos Boix, uno de los portavoces de la acampada, situada a los pies de la Catedral, la Basílica y el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, Boix ha señalado que la intención es continuar ocupando la plaza de forma indefinida hasta que la consellera de Educación, Carmen Ortí, “muestre una voluntad negociadora que hasta ahora no ha tenido”.

El organizador ha explicado que a lo largo del día establecerán un sistema de rotaciones para que “haya movimiento y presencia todo el rato” y ha asegurado que “cuanto más gente venga, mejor”, al igual que por las noches: “Esto es libre, quien quiera puede quedarse”, ha añadido.

Esta mañana se han podido contar más de 30 tiendas de campaña, una de ellas preparada con toldos y llena de provisiones de comida, agua y refrescos, donde los docentes se han podido proteger del sol y alimentarse con productos como fruta, dulces, empanadillas y botellas de agua guardadas en neveras de playa.

Además de acampar, los docentes tienen previsto hacer talleres de pancartas, de resistencia pacífica y otras actividades como conciertos, que irán preparando conforme pase el tiempo, además de organizarse por comisiones para controlar la logística, traer material de limpieza y más comida.

La autorización debe ser municipal

Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que “todo elemento de ocupación de la vía pública” debe tener la autorización del Ayuntamiento, por lo que su incumplimiento “será una falta administrativa que el consistorio deberá proceder a resolver acorde a su propia normativa”.

En cuanto a la acampada de València, las propias ordenanzas del Consistorio valenciano señalan que la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal (artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal), que prohíben la pernocta y acampada (artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines).

La Delegación del Gobierno, explican, garantiza la protección del derecho de reunión. Además, tal y como recoge el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana”.

La Delegación del Gobierno deberá garantizar el derecho fundamental de reunión así como la seguridad de quienes lo ejercen y de quienes transitan alrededor: “En ello seguiremos trabajando”.

Miles de docentes -más de 5.000, según la Delegación del Gobierno- han vuelto a recorrer las calles de València este martes, en un recorrido que finalizaba en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar- en la decimoséptima jornada de huelga indefinida, para exigir al Gobierno valenciano que atienda sus reivindicaciones y ponga fin al conflicto educativo. En medio de un ambiente festivo y reivindicativo —como ha venido siendo habitual en las últimas semanas, a excepción de los incidentes del pasado domingo— los representantes de los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública valenciana (STEPV, CCOO y UGT) han comparecido de manera conjunta para fijar sus líneas rojas y valorar el estado del conflicto laboral, que cumple ya su cuarta semana de paros.

Pese al cansancio acumulado tras semanas de un “esfuerzo titánico”, los portavoces sindicales han asegurado que la comunidad educativa no va a bajar los brazos y han situado la resolución del conflicto en el tejado de la Conselleria de Educación. De este modo, exigen la reapertura inmediata de las cuestiones retributiva y lingüística para poder alcanzar un principio de acuerdo definitivo.

Marc Candela, portavoz de STEPV, ha detallado los mínimos exigidos para poner fin a los paros. Aunque ha reconocido que se han logrado avances en materias como las ratios, ha dejado claro que la negociación está completamente encallada en dos puntos clave: las retribuciones y el valenciano. “Lo que nos han ofrecido no es aceptable ni para nosotros ni para el profesorado que participó en la consulta”, ha afirmado Candela, quien estima que la Conselleria remitirá un documento definitivo entre la tarde del miércoles y el jueves. Según el representante sindical, si el Consell cede en estos dos apartados, las bases valorarán positivamente el texto y se podrá proceder a la firma.

Candela también ha criticado con dureza la estrategia de la Administración autonómica, acusándola de aplicar tácticas dilatorias: “Llevamos nueve mesas de negociación y en cada una avanzamos un puntito; la estrategia de la Conselleria es dilatar la salida del conflicto”. Respecto al cambio en la tipología de las movilizaciones, ha explicado que el profesorado ha optado por concentrar las acciones para evitar el desgaste diario, dando paso a medidas de gran impacto en el espacio público como la acampada en la plaza de la Virgen de València, que conviven con las grandes manifestaciones coordinadas por las tres centrales sindicales.

Por su parte, Xelo Valls, representante de CCOO, ha admitido que el profesorado “está acusando el cansancio” tras tantas jornadas de huelga, pero ha matizado que “la energía sigue ahí”. Valls ha definido la negociación con el Gobierno valenciano como una “partida de frontón” y ha insistido en la necesidad de pactar un acuerdo base global. Asimismo, la portavoz ha desmontado el argumento presupuestario de la Generalitat al recordar que, aunque las cuentas autonómicas ya estén presentadas, el mecanismo parlamentario permite modificarlas: “Se pueden presentar enmiendas, el PP se puede incluso autoenmendar y se pueden abrir líneas presupuestarias para mejorar la cuestión salarial”.

Por último, Kilian Cuerda, portavoz de UGT, ha destacado el hito histórico que supone esta movilización, señalando que “se ha roto el tabú de que el profesorado no se movilizaba”, y ha recordado que, en la última consulta sectorial, apenas 89 docentes de entre más de 30.000 participantes votaron a favor de deponer las protestas. Cuerda ha acusado directamente al Consell de buscar “aumentar deliberadamente el sufrimiento de las familias, del alumnado y de los docentes” para enmascarar su falta de voluntad política.

El representante de UGT ha tildado de “nueva provocación” la postura del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y ha concretado que la brecha salarial del colectivo se sitúa en torno a los 300 euros debido a que el complemento autonómico permanece congelado desde el año 2007. Cuerda ha exigido un “interlocutor honesto” y ha reiterado que el sindicato está abierto a una aplicación progresiva de esta subida y a una negociación constructiva en torno al valenciano si la Conselleria decide incorporar sus propuestas.

“La Selectividad disfraza azar como mérito”. Antonio Amante pasó tres años como presidente de Canae (la principal asociación de estudiantes del país) peleando para eliminar la Selectividad (o PAU, en su nombre oficial) como método de cribado para repartir al estudiantado por los diferentes grados y universidades. “No estamos de acuerdo con que en una prueba de tres días que se realiza a una persona de 18 años, con toda la presión, la ansiedad y el estrés que produce, determine su futuro profesional y también personal”, repetirá durante la entrevista.

¿Es justa la Selectividad?

Yo creo que no. Desde Canae siempre hemos defendido avanzar hacia un sistema en el que la nota de Bachillerato, que es donde un estudiante puede desarrollarse –su esfuerzo, su trabajo durante dos años, los conocimientos adquiridos de una manera más integral–, sea la referencia para el acceso a la universidad. No estamos de acuerdo con que en una prueba de tres días que se realiza a una persona de 18 años, con toda la presión, la ansiedad y el estrés que produce, determine su futuro profesional y también personal.

Pero hay estudios que dicen que en los centros privados y concertados muchas veces inflan las notas. Contar solo con esas calificaciones para el acceso a la universidad les favorecería mucho.

Somos totalmente conscientes de que esto existe. Nosotros lo que defendemos es acompañar esta propuesta con mecanismos efectivos de inspección en aquellos centros donde se producen estas situaciones. También valoramos propuestas adicionales a la de la nota en sí, como podría ser un trabajo final de Bachillerato, igual que se hace en la universidad en grado y en máster, que sea corregido por personas independientes vinculadas a la universidad, como sucede con los exámenes también de selectividad.

Se trata de afrontar el fondo de la cuestión, que es obligar a un estudiante a presentarse a algo parecido a una oposición, y sustituir ese sistema por algo más flexible que además elimine la competencia desleal que pueda haber entre centros. Pero pensando sobre todo en el estudiante, en que si realmente tiene capacidades para hacer la carrera que quiere hacer las pueda demostrar a través de algún mecanismo que no tenga por qué ser un examen concentrado en 90 minutos, con el componente de estrés que eso conlleva.

En la Lomloe dice que la EBAU “mide la madurez académica y los conocimientos adquiridos en el Bachillerato, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios”. ¿Cree que se ajusta a esta definición la prueba?

No. Tenemos un sistema establecido durante muchos años, pero en ningún momento ha habido voluntad política de plantear una alternativa. Simplemente se han atendido algunas reivindicaciones que hemos hecho, sobre todo organizaciones estudiantiles, para flexibilizar la prueba, homogeneización de criterios y otras cuestiones algo menores. Pero no se ha ido más allá nunca. Nunca se ha intentado valorar otras opciones.

Hay gente experta que ha estudiado mucho durante muchos años sobre esta cuestión y que plantea alternativas. Creo que el problema fundamental es de voluntad por parte de las administraciones. Que nos quieran escuchar, saber y ponerse de verdad en la piel de un estudiante que se enfrenta a esas pruebas. Pero cada vez que hemos planteado esta cuestión la Administración ha dado portazo a valorar un posible cambio de modelo. Yo entiendo que les ha podido venir muy bien este sistema para hacer un cribado y como método selectivo de alumnado, pero podemos hacer reflexiones, como otros países han hecho, para buscar modelos diferentes.

La selectividad disfraza azar como mérito

¿Qué mide entonces la PAU?

La capacidad de memorizar y de retener información a corto plazo. Creo que también en cierto modo intentan que puedas tener una capacidad de gestionar la presión de un examen. Y pueden ser habilidades reales, pero no las que la universidad ni el mundo laboral van a valorar después. La universidad también necesita personas con pensamiento crítico, con capacidad de analizar, conectar ideas, etcétera. Pero la PAU, tal y como ha funcionado durante las últimas décadas, no fomenta esto. Hay estudiantes brillantes que a lo mejor se bloquean en un examen y estudiantes que les puede costar un poquito más y que luego lo superan con una súper buena técnica de memorización en apenas dos semanas. Estás disfrazando azar como mérito. No creo que se mida la capacidad real de una persona. En cambio, sí la puedes medir en una etapa de dos años de Bachillerato con un mejor desarrollo y una mejor atención individualizada.

Pero si el examen es igual para todos, ¿no hay una cierta justicia?

Nosotros hemos valorado positivamente que se hayan homogeneizado criterios de corrección, faltas ortográficas y demás, pero queremos ir más allá y cambiar la fórmula que tenemos actualmente. El sistema perjudica al estudiante en cuanto a su desarrollo académico y personal. Se dedica todo un curso entero a preparar a un estudiante para estos tres días, cuando realmente el alumno puede adquirir durante esos dos años de bachillerato muchas competencias que son valoradas con una observación directa por parte del profesor en el aula. Durante meses se puede valorar realmente de manera transversal todas esas competencias; en apenas unos días no se refleja la capacidad real de una persona.

Está mencionando mucho el tema del estrés, la presión, la salud mental. ¿Estamos normalizando algo que no debería ser normal? Y, relacionado de alguna manera, ¿es malo que un estudiante de 18 años afronte un poco de presión, que luego se va a encontrar en la vida?

Creo que deberíamos hacer una reflexión. Si ya de por sí tenemos, en general, un sistema que está diseñado para ser suficientemente estresante –más aún para las personas jóvenes, que tenemos cantidad de barreras para desarrollar nuestro proyecto vital–, si ya tenemos un futuro poco óptimo y además añadimos al desarrollo personal y profesional de una persona esa barrera que es la selectividad, creo que estamos perpetuando un sistema que lo que hace es ahondar en una peor salud mental de las personas, en mayores problemas de ansiedad. Evidentemente durante la vida hay problemas, pero las administraciones, la sociedad en general, podemos aportar nuestro granito de arena para reducir esa carga negativa, esa ansiedad. Porque las personas jóvenes somos quienes tenemos una peor situación y todo esto ahonda más en ese problema.

El cambio de modelo de examen en los últimos dos años, ¿supone algún cambio real respecto a todas estas cuestiones que hablamos o es simplemente cambiar una cosa por otra muy parecida que no arregla realmente nada?

El modelo actual sigue teniendo componentes muy teóricos y muy mecánicos de procedimiento que se podrían repensar. Aun así, es verdad, por experiencias que he escuchado de compañeros en el último año, que en la última selectividad se ha notado ese ámbito competencial introducido en las pruebas para acercar un poco el contenido teórico a ejemplos prácticos. Por esa parte la valoración puede ser más positiva que el modelo actual, pero aun así creo que seguimos con una idea que en fondo sigue siendo la misma. El procedimiento es el mismo: muy teórico, muy mecánico. Estudio y vomito en el examen y después prácticamente me olvido de todo lo que he puesto. Esto es el sistema que hay ahora y creo que es el principal problema.

El componente socioeconómico se despliega en varias ramas en la PAU. Por un lado están las tasas para examinarse; también influye si te puedes pagar una academia

¿Crees que es una prueba en la que influye el componente socioeconómico del estudiantado?

Por supuesto. El componente socioeconómico se despliega en varias ramas. Por un lado –esto lo denunciamos desde Canae todos los años– están las tasas que hay que pagar para examinarse de la PAU. No tiene ningún sentido hacer pagar, insisto, a un estudiante de 18 años más de 150 euros para examinarse para poder entrar a la universidad. La siguiente rama que se desprende es que el nivel socioeconómico de tu familia te permita apuntarte a una academia para poder reforzar contenidos que no has podido asentar lo suficiente durante el bachillerato o si necesitas entrar a una carrera que tiene un 13 de nota de corte. Por supuesto que hay una desigualdad socioeconómica brutal en este sistema.

Hay muchas carreras y cada vez más que tienen unas notas de corte imposibles. ¿Buena parte del problema se solucionaría si hubiera más plazas públicas que hiciera que las notas de corte cayeran algo?

No soluciona el problema de raíz, pero creo que ayudaría. Vemos todos los años estudiantes que sirven, que valen, que lo desean y que se han esforzado durante mucho tiempo para poder acceder a unos estudios que realmente quieren hacer y que por algunas décimas no pueden acceder a esa carrera. Aquí hay otro problema, que es la creación de las universidades privadas. Si no aumentamos plazas en la pública, pasa como en la Formación Profesional, que la gente se tiene que ir a estudiar a la privada por unas décimas.

Ha mencionado que les parece adecuado que se hayan homogeneizado criterios entre comunidades autónomas. ¿Tanto agravio había? ¿Era necesaria una selectividad más similar por todo el estado?

Estamos de acuerdo con la homogeneización sobre todo en relación a los criterios de corrección, penalización por faltas de ortografía, etc. En eso sí estamos de acuerdo. Pero no pensamos que haga falta una selectividad única. Además de las competencias, creemos que en todas las comunidades no se puede estudiar exactamente lo mismo. Hay contenidos históricos que deben conocer los estudiantes de su propio territorio, y eso se debe seguir manteniendo.

Otra cuestión que nos preocupa y que nos comenta mucha gente son los plazos, del tiempo que hay entre que acaba el curso y se hace la selectividad. Porque todas las comunidades se examinan en los mismos días o casi, pero hay comunidades en las que se empieza más tarde las clases de bachillerato y por tanto terminan más tarde. Entonces, hay estudiantes que tienen una semana de preparación intensa de selectividad hasta que empiezan los exámenes y otras comunidades que tienen 15 o 20 días para prepararse. Hay un agravio entre territorios. Nos gustaría que se homogeneice también ahí.

La novena reunió de la mesa de negociació entre els sindicats educatius, la consellera Carmen Ortí i el seu equip ha finalitzat de forma abrupta amb un tancament improvisat. Malgrat que la titular d'Educació va aixecar la sessió tot just una hora i un quart després del seu inici, els representants d'STEPV, CCOO i UGT es van plantar i es van mantindre a l'interior de l'edifici de l'avinguda de Campanar, a València, a l'espera d'una resposta a la seua exigència de reobrir les negociacions sobre la qüestió retributiva, donada per tancada per l'Administració autonòmica amb els sindicats minoritaris CSIF i ANPE.

Passades les 22:30 hores, la consellera va citar els representants de les tres organitzacions al seu despatx. En aquesta trobada, Ortí els va confirmar que no es reobriria la negociació salarial i va instar els portaveus a abandonar el recinte públic. No obstant això, els líders sindicals van decidir desatendre el requeriment i romandre de manera indefinida a l'interior de l'immoble. Al recinte també romanien els membres de la Conselleria i els representants dels altres dos sindicats -CSIF ha publicat un vídeo en què el seu portaveu, José Seco, sol·licitava que se'ls deixara abandonar l'edifici-.

Tanmateix, els representants sindicals convocants de la vaga van abandonar el recinte al voltant de la mitjanit, després de rebre un requeriment en el qual se'ls comminava a fer-ho advertint-los que, de no deixar el complex, podrien ser sancionats per una falta molt greu, que podria comportar la inhabilitació i la separació del servei, “és a dir, perdre el nostre treball”. A l'eixida, s'han sumat als docents concentrats en l'exterior de la Conselleria.

Sobre les 00.15, la policia ha realitzat un intent de desallotjament davant la resistència pacífica d'unes desenes de docents. No va haver danys i els manifestants van seguir concentrats en un altres accés. La consellera d'Educació va haver d'eixir per una altra porta passada la una de la matinada.

El mateix portaveu d'STEPV, Marc Candela, va confirmar les circumstàncies des de l'interior de la Conselleria d'Educació: “La consellera ens ha rebut al seu despatx i ens ha dit que no reobrirà la negociació salarial”. Així mateix, Candela va denunciar públicament les fortes pressions rebudes per part de l'Administració per forçar-los a desallotjar el complex de Campanar, assegurant de manera taxant: “Pràcticament ens han amenaçat i obligat a eixir, però no ho farem”.

Hores abans, els representants dels docents li havien proposat a la consellera elevar una consulta directa sobre el tema retributiu —el que més rebuig va obtindre en la consulta realitzada entre el professorat— al conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, per estudiar la viabilitat d'una contraoferta. Aquesta petició va ser la que va provocar que Ortí decidira donar per acabada la reunió general de manera unilateral abans de rebre'ls al seu despatx per ratificar la seua postura.

La consellera va comparèixer davant dels mitjans de comunicació prèviament a eixa reunió amb els portaveus sindicals per advertir que el seu departament no prendrà decisions “sota pressió ni ocupació de l'espai”. Ortí va defensar que l'increment salarial ofert és “un boníssim acord” i va reiterar que aquest bloc no es reobrirà sota cap circumstància, ja que ja va ser firmat per CSIF i ANPE, emplaçant la resta d'organitzacions a avançar exclusivament en les meses sectorials temàtiques convocades a partir d'aquest dilluns.

Per contra, els sindicats majoritaris, protagonistes del tancament, insistixen que és “imprescindible” comptar amb un document base decent que aglutine de manera global totes les matèries del conflicte per a poder desactivar les aturades. Els representants dels treballadors recorden que un 91% del professorat valencià ha rebutjat l'actual esborrany i que un 94% s'oposa al pacte retributiu que la conselleria pretén blindar com a tancat, per la qual cosa consideren inviable continuar la negociació obviant el clamor de les bases.

Mentre es desenvolupava la mesa de negociació, la tensió es va traslladar a l'exterior del recinte. Centenars de docents van secundar la mobilització abrigant el tancament mitjançant diferents accions, com una asseguda i una cadena humana que va envoltar les instal·lacions de la Conselleria en protesta pel bloqueig institucional, unes protestes que es van prolongar durant la nit.

Aquesta mobilització a la via pública, que s'havia desenvolupat de manera pacífica durant les últimes tres setmanes, va viure aquest diumenge les primeres actuacions policials desproporcionades per part dels agents antiavalots. La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana ja ha anunciat l'obertura d'una investigació exhaustiva per a depurar responsabilitats davant l'agresió d'un agent de la Policia Nacional que va empènyer violentament una docent contra l'asfalt, un fet qualificat per les autoritats d'“inacceptable”.

La novena reunión de la mesa de negociación entre los sindicatos educativos, la consellera Carmen Ortí y su equipo ha finalizado de forma abrupta con un encierro improvisado y una actuación policial contra los manifestantes que se concentraban en uno de los accesos de la Conselleria de Educación. Pasadas las 00.15 de este lunes, agentes antidisturbios intentaron el desalojo a la fuerza a decenas de huelguistas que resistían pasivamente en uno de los accesos para intentar que nadie pudiera salir del edificio. Tras una primera actuación de los agentes, los manifestantes volvieron a sentarse en el acceso principal.

A pesar de que la titular de Educación levantó la sesión apenas una hora y cuarto después de su inicio, sobre las 19.15, los representantes de STEPV, CCOO y UGT se plantaron y se mantuvieron en el interior del edificio de la avenida de Campanar, en València, a la espera de una respuesta a su exigencia de reabrir las negociaciones sobre la cuestión retributiva, dada por cerrada por la Administración autonómica con los sindicatos minoritarios CSIF y ANPE.

Pasadas las 22:30 horas, la consellera citó a los representantes de las tres organizaciones a su despacho. En este encuentro, Ortí les confirmó que no se iba a reabrir la negociación salarial e instó a los portavoces a abandonar el recinto público. No obstante, los líderes sindicales decidieron desatender el requerimiento y permanecer de manera indefinida en el interior del inmueble. En el recinto también permanecían los miembros de la conselleria y los representantes de los otros dos sindicatos -CSIF ha publicado un vídeo en el que su portavoz, José Seco, solicitaba que se les dejara abandonar el edificio-.

No obstante, los representantes sindicales de las tres plataformas convocantes de la huelga abandonaron el recinto alrededor de la media noche, después de recibir un requerimiento en el que se les conminaba a hacerlo advirtiéndoles que, de no dejar el complejo, podrían ser sancionados por una falta muy grave, que podría comportar la inhabilitación y la separación del servicio, “es decir, perder nuestro trabajo”. A la salida, se han sumado a los docentes concentrados en el exterior de la conselleria.

Ha sido después cuando la policía nacional ha realizado la actuación a la fuerza para salir del recinto. Tras un primer intento, los manifestantes han despejado la puerta y se han sentado en otro acceso. La consellera de Educación ha salido por otro de los accesos pasada la una de la madrugada.

El portavoz de STEPV, Marc Candela, confirmó las circunstancias desde el interior de la Conselleria de Educación: “La consellera nos ha recibido en su despacho y nos ha dicho que no va a reabrir la negociación salarial”. Asimismo, Candela denunció públicamente las fuertes presiones recibidas por parte de la Administración para forzarlos a desalojar el complejo de Campanar, asegurando de forma tajante: “Prácticamente nos han amenazado y obligado a salir, pero no lo vamos a hacer”.

Horas antes, los representantes de los docentes le habían propuesto a la consellera elevar una consulta directa sobre el tema retributivo —el que más rechazo cosechó en la consulta realizada entre el profesorado— al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, para estudiar la viabilidad de una contraoferta. Esta petición fue la que provocó que Ortí decidiera dar por terminada la reunión general de manera unilateral antes de recibirlos en su despacho para ratificar su postura.

La consellera compareció ante los medios de comunicación previamente a esa reunión con los portavoces sindicales para advertir que su departamento no tomará decisiones “bajo presión ni ocupación del espacio”. Ortí defendió que el incremento salarial ofrecido es “un buenísimo acuerdo” y reiteró que este bloque no se reabrirá bajo ninguna circunstancia, puesto que ya fue firmado por CSIF y ANPE, emplazando al resto de organizaciones a avanzar exclusivamente en las mesas sectoriales temáticas convocadas a partir de este lunes.

Por el contrario, los sindicatos mayoritarios, protagonistas del encierro, insisten en que es “imprescindible” contar con un documento base decente que aglutine de manera global todas las materias del conflicto para poder desactivar los paros. Los representantes de los trabajadores recuerdan que un 91% del profesorado valenciano ha rechazado el actual borrador y que un 94% se opone al pacto retributivo que la conselleria pretende blindar como cerrado, por lo que consideran inviable continuar la negociación obviando el clamor de las bases.

Mientras se desarrollaba la mesa de negociación, la tensión se trasladó al exterior del recinto. Centenares de docentes secundaron la movilización arropando el encierro mediante diferentes acciones, como una sentada y una cadena humana que rodeó las instalaciones de la conselleria en protesta por el bloqueo institucional, unas protestas que se prolongaron durante la noche.

Esta movilización en la vía pública, que se había desarrollado de manera pacífica durante las últimas tres semanas, vivió este domingo las primeras actuaciones policiales desproporcionadas por parte de los agentes antidisturbios. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ya ha anunciado la apertura de una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades ante la agresión de un agente de la Policía Nacional que empujó violentamente a una docente contra el asfalto, un hecho calificado por las autoridades de “inaceptable”.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha advertido a los sindicatos que las decisiones de su departamento no se toman “bajo presión ni ocupación del espacio” y ha defendido que la oferta de incremento retributivo es “un buenísimo acuerdo”.

Ortí ha comparecido ante los periodistas, junto al secretario general de Educación y cuatro directores generales, tras la novena reunión con los sindicatos y después de darla por cerrada mientras los representantes del STEPV, CCOO PV y UGT-PV se han mantenido en el interior de la sala de reuniones hasta que la consellera diera respuesta a su petición de que hablara con el conseller de Hacienda para garantizar una mejora salarial.

La consellera ha lamentado la situación “inusual” que se ha producido, ha reiterado que están abiertos a negociar y han propuesto “la mejor oferta educativa posible”, y ha señalado que ahora “parece que el problema es el sueldo”, ante lo que ha recordado que ese punto de negociación se ha cerrado con dos sindicatos y no se reabrirá mientras no se avance en el resto de reivindicaciones.

Según ha señalado, el camino es seguir con las mesas de negociaciones monográficas sobre aspectos concretos, cuestión que se ha planteado en la reunión.

Sobre la propuesta retributiva, ha defendido que hasta 2028 los docentes catalanes y valencianos cobrarán lo mismo, con una diferencia de 30 ó 40 euros mensuales, pero en Cataluña el incremento alcanzado incluye la subida estatal que ya les correspondía.

En la Comunitat, ha agregado, se ofrece una subida adicional específica que llegará en septiembre y, sumando el incremento a nivel nacional, el sueldo superaría los 500 euros de incremento, “un año antes” que en Cataluña, y con posibilidad de volver a negociar en 2028.

La otra línea roja para la Conselleria es la derogación de la Ley de libertad educativa que reclaman los tres sindicatos, una medida que “corresponde”, ha dicho, a Les Corts Valencianes. “Si piden derogación, esta negociación se rompe”, porque la ley se aprobó “por la mayoría”, ha defendido.

La consellera sospecha que la huelga indefinida del profesorado tiene “un componente político” y de fondo las elecciones sindicales de diciembre.

La Conselleria está abierta a negociar pero “con respeto a los procedimientos administrativos” en el paraguas de la democracia que son la mesas de diálogo, “sin imposición y con intención de llegar a acuerdos”, ha afirmado, para denunciar que los tres sindicatos “han decidido cambiar las reglas del juego”.

“Bloqueo del diálogo”

Preguntada por los representantes sindicales que esperan en la sala una respuesta de la Conselleria, ha indicado que son adultos y por encima de todo está su voluntad: “La nuestra es llegar a que la negociación puede continuar y podamos llegar a acuerdos, no es necesario imponer la voluntad por una de las partes que bloquea el diálogo”.

Ortí ha manifestado que dialogarán con ellos para que “reflexionen” y poder solucionar la situación “con la mínima tensión posible”.

Una vez concluida la novena reunión, la consellera y los altos cargos de Educación han salido de la sala mientras los representantes de los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior después de que Ortí diera por cerrada la sesión -a la hora y cuarto de su inicio- y les emplazara a retomar las negociaciones este lunes, a la espera de que les presenten “un documento base decente”.

Los representantes de ANPE y CSIF han informado en sus redes sociales de que se encuentran también en el interior del edificio de la Conselleria porque “no se garantiza su seguridad”, ya que las personas que están protestando en el exterior “bloquean las salidas”.

Calendario de negociaciones

La Conselleria ha presentado a los sindicatos un calendario de negociaciones entre el lunes y el miércoles para abordar, en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes, las reivindicaciones de los sindicatos en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y da por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha manifestado durante la reunión que, dado que el punto de la burocracia estaba cerrado, se proponía tratar con cada dirección general los distintos puntos en las mesas que ha propuesto celebrar la semana próxima.

Así, ha propuesto un calendario de reuniones para la semana que viene de manera que mañana lunes habrá dos mesas sobre inclusión y plantillas, el martes se tratará sobre ratios y valenciano y el miércoles infraestructuras y formación profesional, todas ellas a las 9 y a las 13 horas.

Desde algunos sindicatos se ha pedido reabrir la cuestión de las retribuciones, pero la Conselleria ha afirmado que ya ha sido firmado por dos sindicatos (CSIF y ANPE) y lo dan por cerrado.

Cuando se ha conocido que la reunión había terminado sin acuerdo, en el exterior de la Conselleria los docentes han continuado concentrados de forma pacífica y han comenzado a gritar “vergonya” cuando en las inmediaciones de Campanar con Pío XII un policía ha dado un empujón que ha tirado al suelo a una de las manifestantes que caminaba por la calzada.

Després de tres setmanes de vaga indefinida, amb nombroses concentracions, protestes, mobilitzacions i manifestacions multitudinàries, fins a la data no s'havien produït incidents ressenyables, tot i que les accions de protesta sempre havien estat marcades per una forta presència policial. No obstant això, aquest diumenge s'ha viscut un lamentable episodi de violència en les rodalies de la seu de la Conselleria d'Educació, a l'avinguda de Campanar de València, quan un agent de la Policia Nacional ha espentat violentament una docent que es trobava parada a la via pública, fet que li ha provocat una caiguda i un fort colp contra l'asfalt

Els professors i mestres valencians, que s'han concentrat coincidint amb la mesa de negociació en els encontorns de la seu de l'administració educativa valenciana, han protagonitzat alguns actes de protesta en la via pública, com una cadena humana que ha envoltat el recinte de la Conselleria d'Educació, una aturada a la calçada, que ha estat dissolta pels agents antiavalots de la Policía Nacional.

Els sindicats convocants de la vaga, STEPV, CCOO i UGT, han anunciat que denunciaran les agressions patides pel personal docent concentrat aquest diumenge, que ha respost amb càntics com: “Som gent de pau, i no ens faran callar”.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciat a través de les xarxes socials que obriran una investigació del que ha ocorregut: “La imatge que acabem de veure és inacceptable. Investigarem el que ha ocorregut de forma exhaustiva per depurar responsabilitats”.

Bernabé ha sentenciat que protegir el dret a manifestar-se amb seguretat “està per damunt de qualsevol circumstància”, per concloure dient: “Aquest és un fet totalment incomprensible que entela el treball de la Policia en aquestes tres setmanes de manifestacions, en coordinació amb els sindicats convocants”.

Después de tres semanas de huelga indefinida, con numerosas concentraciones, protestas, movilizaciones y manifestaciones multitudinarias, hasta la fecha no se habían producido incidentes reseñables, a pesar de que las acciones de protesta siempre habían estado marcadas por una fuerte presencia policial. Sin embargo, este domingo se ha vivido un lamentable episodio de violencia en las inmediaciones de la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de València, cuando un agente de la Policía Nacional ha empujado violentamente a una docente que permanecia parada en la vía provocando que se diera un duro golpe contra el asfalto.

Los profesores y maestros valencianos, que se han concentrado coincidiendo con la novena mesa de negociación en las inmediaciones de la sede de la administración educativa valenciana, han protagonizado algunos actos de protesta en la vía pública, como una cadena humana que ha rodeado el recinto de la Conselleria de Educación, una sentada en la calzada, que ha sido disuelta por los agentes antidisturbios de la Policía Nacional.

Los sindicatos convocantes de la huelga, STEPV, CCOO y UGT, han anunciado que denunciarán las agresiones sufridas por el personal docente concentrado este domingo, que ha respondico con cánticos como: “Som gent de pau, i no ens faran callar” (Somos gente de paz, y no nos callarán).

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernebé, ha anunciado a través de las redes sociales que van a abrir una investigación de lo ocurrido: “La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades”.

Bernabé ha sentenciado que proteger el derecho a manifestarse con seguridad “está por encima de cualquier circunstancia”, para concluir diciendo: “Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes”.

Alrededor de las 18:00 horas llegaban a la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de València, los representantes de los sindicatos presentes en la mesa de negociación —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— para mantener el noveno encuentro desde que comenzó la huelga indefinida, el pasado 11 de mayo, con el objetivo de acabar con el conflicto laboral que ya ha vivido quince jornadas de paros. Centenares de docentes se han vuelto a concentrar a las puertas de la Conselleria -incluso han rodeado el recinto con una cadena humana- para protestar contra el Gobierno valenciano y exigir el cierre de un acuerdo que contemple sus reivindicaciones.

Así, el encuentro ha encallado de nuevo en el bloque de las retribuciones. A pesar de las aportaciones presentadas por STEPV, CCOO y UGT para intentar acercar posturas, la consellera de Educación, Carmen Ortí, se ha mantenido firme en su postura de no mover ficha, argumentando que este punto ya está cerrado tras el acuerdo firmado previamente con CSIF y ANPE. Ante este bloqueo, los tres sindicatos mayoritarios le han propuesto consultar directamente al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, para estudiar la viabilidad de sus demandas económicas, una petición que ha provocado que la consellera decidiera dar por terminada la sesión de forma abrupta y abandonar la reunión.

Las organizaciones sindicales insisten en que reabrir este bloque es una condición indispensable para poder firmar un acuerdo de bases que comience a encauzar el conflicto laboral. Pese al desplante de la Administración y a la marcha de la consellera, los representantes de STEPV, CCOO y UGT han tomado la decisión de permanecer encerrados en la sede de la Conselleria a la espera de una respuesta oficial que permita retomar el diálogo.

Marc Candela (STEPV) destacaba que han planteado “diversos flecos que quedaban en algunos puntos y hemos pedido reabrir el tema retributivo, que no damos por cerrado, porque es el que tuvo más rechazo en la consulta”. De este modo, le han solicitado a Ortí reabrir esta cuestión, “pero ha dicho que no y ha levantado la sesión”. “Seguiremos en la Conselleria esperando una respuesta”, ha dicho Candela, quien ha añadido: “No se si la consellera llamará al conseller Rovira, pero aquí estamos esperando”.

Xelo Valls (CCOO) sentenciaba que “es imprescindible tener un documento base que incluya todos los puntos, incluidas las retribuciones, que evidentemente someteremos a consulta, y eso es lo que le hemos manifestado a la Conselleria”. “En las Corts Valencianes están los presupuestos, y hay enmiendas de los grupos parlamentarios, y es importante reabrir la negociación para que se puedan incluir algunas de las cuestiones que hemos comentado”, ha insistido Valls.

Maite Tarazona (UGT) ha insistido en que han recogido “todas las cuestiones de mejora que nos han llegado y hemos ampliado las mejoras, si ellos consideran que se deben incorporar o no”. Sobre las mesas, Tarazona ha insistido en que sería necesario alcanzar un acuerdo global para después ir desarrollándolo en reuniones sectoriales para profundizar en cada uno de los apartados y que la mejora retributiva “todavía se queda muy corta”.

Paloma Martínez (ANPE) aseguraba que lo que ellos quieren es que la situación de conflicto se desbloquee, y para ello insistía en negociaciones por bloques que después se recojan “en un gran acuerdo”. “No queremos dilatar más esto, queremos resolver”, ha indicado, y para ello es necesario “trabajar cada cuestión de forma independiente, porque si no, entramos en bucle y esto no se va a acabar nunca”.

Por su parte, el secretario autonómico ha convocado para el lunes mesas sectoriales en inclusión (9:00 horas) y plantillas (13:00 horas); para el martes, sobre ratios (9:00 horas) y valenciano (13:00 horas); y para el miércoles, de infraestructuras (9:00 horas) y Formación Profesional (13:00 horas).

La última propuesta del Gobierno valenciano

El departamento que dirige Carmen Ortí propone una reducción progresiva de las ratios de alumnos por aula, que comenzará en el próximo curso escolar, con el objetivo de alcanzar los 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en la ESO y 30 en Bachillerato para el curso 2031/32. Además, se establece un plan de simplificación burocrática que incluye la creación de un expediente digital docente (EDEN), el uso de inteligencia artificial para tareas administrativas y la integración de plataformas informáticas para reducir las cargas de gestión del profesorado.

El documento también garantiza una mejora de las plantillas y las infraestructuras, comprometiendo inversiones de más de 370 millones de euros (destacando el Plan Edificant y el nuevo Plan Recole) y una reducción de dos días en el tiempo para cubrir sustituciones. Asimismo, se refuerza la inclusión educativa con el aumento de plazas de especialistas (Audición y Lenguaje y Educación Social) y se asegura el mantenimiento de la oferta actual de Formación Profesional, junto con un plan específico de formación en valenciano para el profesorado.

Rechazo mayoritario a la propuesta de la Conselleria

La consulta impulsada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents, en la que participaron más de 30.000 profesores y maestros valencianos, se saldó con un rechazo masivo (91% de los participantes) a la propuesta global de la Conselleria de Educación. El profesorado tumbó la práctica totalidad de los bloques sectoriales: destaca el veto a los acuerdos sobre ratios (94%), plantillas (89%) y el pacto retributivo firmado previamente con CSIF y ANPE (94%). La única excepción ha sido el apartado de las medidas contra la burocracia, que sí recibió el respaldo del 69% de los docentes.

Respecto al rumbo de las movilizaciones, la comunidad educativa abogó mayoritariamente por mantener la presión, aunque flexibilizando la estrategia: el 54% de los participantes prefiere continuar con la huelga indefinida mediante movilizaciones puntuales, frente al 26% que opta por el formato estricto actual y un 20% que propone desconvocar el paro pero mantener otro tipo de protestas.

Una carta escrita desde el frente durante la Guerra Civil. Un carné de Falange. Una cartilla de racionamiento. Una fotografía en blanco y negro en la que casi nadie reconoce ya los rostros. Los objetos pasan de mano en mano en un aula de un instituto de Santa Fe (Granada), mientras un grupo de estudiantes explica qué son, de dónde vienen y qué historia esconden. No están leyendo un libro de texto. Están hablando de sus familias.

Durante dos días, el instituto de enseñanza secundaria (IES) Jiménez de Quesada de esta localidad granadina ha convertido sus aulas en una exposición abierta a todo el centro. El alumnado de segundo de Bachillerato ha reunido objetos fechados entre 1936 y 1975 y los ha catalogado, contextualizado y explicado al resto de estudiantes. Pero lo que se muestra sobre las mesas es solo una parte del proyecto. La otra parte ocurre fuera del aula. Cada estudiante elige a una persona mayor de su entorno -abuelos, abuelas u otros familiares-, la entrevista, graba su testimonio y lo convierte en material de trabajo. Lo que empieza como una actividad académica acaba abriendo conversaciones que, en muchos casos, nunca se habían producido.

“Las historias hay que vivirlas también en primera persona y conocer las pequeñas, las que están cerca”, explica Ángela Montes, profesora de Historia y una de las impulsoras de “Memoria Viva”, un proyecto que ya suma seis ediciones entre Santa Fe y Motril. La propuesta nace, en parte, de una limitación. Segundo de Bachillerato está marcado por la presión de la Selectividad, con un temario extenso y poco margen para salirse del guion. “Es un año muy agotador, muy centrado en los apuntes”, señala Montes. “Pero cuando llegamos al siglo XX, todavía hay personas que pueden contar lo que vivieron. Y eso cambia la forma de entenderlo”.

Ese cambio empieza por algo básico: dejar de ver la historia como un relato ajeno. “Tienen que entender que el libro no es un cuento, que esto ha pasado de verdad”, explica la profesora. La distancia temporal, sin embargo, juega en contra. Para una parte del alumnado, la Guerra Civil o el franquismo empiezan a percibirse como episodios lejanos e incluso con tintes frívolos, sin conexión directa con su vida cotidiana. El proyecto intenta romper esa distancia a través de lo más cercano: la memoria familiar.

Historias cercanas

En ese proceso aparecen historias que no estaban en los libros ni en las conversaciones habituales. Relatos que habían quedado guardados durante décadas, a veces por miedo, otras por costumbre. “Cuentan cosas que han tenido dentro muchísimos años. Nadie les ha preguntado. Era un tema tabú”, explica Montes. Las entrevistas no siempre son fáciles. Algunas personas mayores se emocionan al recordar. A veces, también quienes escuchan. “Se me han puesto a llorar algunos alumnos”, reconoce la profesora. Y en ese momento, la historia deja de ser una materia académica para convertirse en una experiencia directa.

En ocasiones, lo que emerge cambia la percepción que el propio alumnado tenía de su familia. “Te voy a contar la verdad: tu abuelo no desapareció, se lo llevaron”, relata Montes sobre algunas de las conversaciones que han surgido durante el proyecto. Son historias que habían permanecido ocultas o edulcoradas y que encuentran, por primera vez, un espacio para ser contadas.

Andrea, estudiante de segundo de Bachillerato, lo define como una experiencia “muy significativa”. En su caso, la actividad ha reforzado un vínculo que ya existía. “Soy muy cercana a mis abuelos y me parece muy bonito incluirlos en una actividad en la que ellos cuentan su experiencia”, explica. Sus abuelos, María Martín y Andrés Rueda, vivieron la posguerra siendo niños. Sus recuerdos no hablan de grandes acontecimientos políticos, sino de la vida cotidiana: la escasez, la necesidad de compartir con los vecinos “por poco que hubiera”, o una estructura social marcada por “una diferencia de clase muy rígida”.

Ese tipo de relatos, alejados de los grandes titulares, son precisamente los que permiten al alumnado aterrizar la historia. “He aprendido a valorar las facilidades que tenemos actualmente”, confiesa Andrea. Y también a cuestionar algunas ideas extendidas entre su generación: “Estas actividades nos sacan del mito y nos muestran cómo fue la realidad de la dictadura”.

Contra el auge del franquismo

La distancia entre relato y realidad es uno de los puntos que más preocupan al profesorado. Montes describe un contexto en el que ciertos discursos han dejado de generar rechazo automático. “Ahora mismo no está mal visto decir barbaridades que antes no se podían decir”, afirma. En el aula, eso se traduce en comentarios, símbolos o consignas que evidencian una banalización del franquismo entre adolescentes: “He escuchado a niños de 12 años decir ‘viva Franco’”.

Frente a ese escenario, el proyecto introduce un elemento difícil de relativizar: el testimonio directo. “Les desmonta muchos mitos y su pensamiento va evolucionando”, explica la profesora. La experiencia no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino abrir preguntas y fomentar una mirada crítica. “Que no se crean todo lo que ven en redes sociales”. Esa falta de un discurso único también se refleja en los materiales. En la exposición conviven cartas del frente con objetos cotidianos, documentos oficiales o símbolos vinculados a la dictadura. “Aquí no hay censura, todo se recibe”, asegura Montes. El objetivo no es construir un relato uniforme, sino mostrar la complejidad de una época a través de las experiencias individuales.

En ese sentido, el aula se transforma en algo más cercano a un archivo o a un museo. “El instituto se convierte en un museo vivo”, señala el director del centro, José Andrés Mateos. Para él, el proyecto representa un cambio de enfoque en la enseñanza de la historia: “Ya no hablamos de una materia basada en la memorización, sino de una disciplina viva”. La clave está en el papel del alumnado. “No estudian la historia, estudian su historia”, argumenta. Ese matiz, aparentemente pequeño, cambia la relación con el aprendizaje. El esfuerzo deja de estar vinculado únicamente a un examen y adquiere un sentido emocional, conectado con la propia identidad y el entorno.

El proyecto se enmarca dentro del programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”, pero su lógica va más allá de cualquier etiqueta administrativa. La innovación, en este caso, no pasa por la tecnología, sino por la capacidad de convertir el patrimonio cotidiano en una herramienta educativa. Cartas, fotografías, utensilios domésticos o documentos familiares permiten reconstruir cómo se vivía en la guerra, la posguerra o el franquismo desde una escala concreta: la de las familias de Santa Fe o Motril. Y, al mismo tiempo, facilitan una comparación directa con el presente.

Porque, mientras el tiempo avanza, la memoria se va estrechando. Las personas que vivieron aquellos años desaparecen y, con ellas, las historias que no se han contado. “Esas personas van muriendo y esas historias van muriendo con ellas”, advierte Montes. El proyecto no pretende resolver ese vacío, pero sí intervenir en él. Generar, al menos, un momento de escucha. “Si de 65 alumnos cala en uno o dos, yo me doy por satisfecha”, dice la profesora. Aunque, después de seis años, sospecha que el impacto es mayor. Lo suficiente, quizá, para que dentro de unas décadas alguien vuelva a abrir una caja, saque una carta o una fotografía, y encuentre en ella algo más que un objeto: una historia que alguien decidió no dejar perder.

Javier Bezares és professor de música en l’IES Oleana de Requena, oboista i director de banda, però també és el responsable del Telegram d’UGT, un dels cinc que retransmeten en temps real les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d’Educació per a posar fi al conflicte educatiu valencià, que ha fet ja tres setmanes i quinze jornades d’aturs i que diumenge viu el pròxim capítol.

Tradicionalment, les negociacions polítiques i sindicals s’han celebrat quasi en la clandestinitat, a porta tancada, entre silencis tibants, litres de café i filtracions interessades. No obstant això, aquesta vegada, les reunions estan marcades per la transparència. El que es comenta a l’interior de la seu de la Conselleria d’Educació, en l’avinguda de Campanar de València, es comunica pràcticament de manera immediata a través dels canals de Telegram de l’Stepv (prop de 45.800 seguidors), ANPE (més de 20.600), UGT (més de 20.000), CCOO (més de 12.500) i CSIF (uns 12.000).

En aquest context, en què no es tracta només de convocar mobilitzacions, sinó de contar, en rigorós directe, tot el que s’esdevé dins de la sala de reunions, el canal d’UGT s’ha convertit en un autèntic fenomen social. Per descomptat, no és el que té més subscriptors, però sí el més dinàmic, entretingut i, sobretot, humà. Cada dia Javier anima els seus companys perquè participen, canten, demostren el seu suport als que estan dins negociant... en definitiva, que reaccionen al que va passant.

Javi s’ha convertit, quasi sense buscar-ho, en un dels rostres —i veus, o més aïna paraules i mems— d’aquesta vaga. “En la primera taula de negociació vam plantejar posar llum i taquígrafs, contar tot el que s’esdevenia dins de la reunió en temps real. A partir d’ací, no sé si és per la manera com ho expliquem, una mica més pròxima que la de la resta dels sindicats, ha esdevingut un fenomen social”, explica Bezares a peu de manifestació, on ja és habitual que els docents el paren: “Aquest matí m’he fet ja unes quantes fotos amb gent que ve a les manifestacions i m’ho demana: ‘Mira, Javi el del Telegram’”.

L’engranatge del canal funciona amb la precisió de la banda de música que Bezares acostuma a dirigir. A l’interior de la taula de negociació estan Maite Tarazona i Maica Martínez, les dues negociadores d’UGT. Elles van passant a Javi, al minut, cada proposta, cada gest, cada opinió, cada document, cada recés o cada moment de tensió. Fora, Bezares ho tradueix per als milers de docents que esperen a l’altra banda del telèfon.

La retransmissió és tan fidedigna que s’ha convertit en lectura obligatòria fins i tot per als seus propis interlocutors polítics. “Ens consta que la consellera ens segueix en temps real”, confessa el professor. L’anècdota que ho confirma va passar durant una de les jornades maratonianes d’aquesta setmana: “Ahir [per dijous] vam dir en el canal que a la sala estaven a 30 graus, i tot seguit la consellera va oferir un ventall a Maica i a Maite per si tenien massa calor. Estan pendents de què publiquem”.

Un desgast personal

El canal d’UGT ha sumat més de 13.500 nous seguidors en tot just tres setmanes, un creixement exponencial esperonat per la incertesa del conflicte (ràtios, plantilles, salaris o les condicions del valencià estan damunt la taula). Però mantindre el to —en què l’humor serveix d’escut davant la gravetat dels temes tractats— té un cost personal altíssim.

“Com a professor i com a sindicalista, això suposa un desgast monumental”, admet Bezares amb una mescla de fatiga i honestedat. Hi ha, a més, una realitat econòmica difuminada darrere de les sigles: “Estem ja tres setmanes sense sou, que, encara que la gent no ho sàpia, els sindicats tampoc cobrem [durant els dies de vaga]”.

A la minva econòmica se suma la factura familiar i física. Les jornades de concentracions i les negociacions nocturnes s’estiren fins a la matinada. “L’altre dia vam estar fins a les dues i mitja del matí reunits amb la Conselleria. Són hores que no estàs amb la família i això implica un desgast brutal”.

Malgrat tot, aquest professor de música insisteix a mantindre la seua identitat intacta davant el teclat: “Jo utilitze el meu estil per a transmetre el que passa, no he canviat gens. Jo soc com em mostre en les xarxes socials. Intente donar-li aquest toc d’humor, sabent que és un tema molt seriós. Són unes setmanes de merda i intente ajudar la gent a portar-ho d’una manera més animada. Si ho aconseguim, això que ens emportem”.

Amb la negociació en un punt crític aquest cap de setmana i una consulta oberta a les bases per a decidir el rumb de les mobilitzacions, les pantalles tornaran a fer fum diumenge mateix. Bezares, no obstant això, té clar quin és el final ideal per al seu inesperat èxit digital: “Esperem arribar a un bon acord i que no calga retransmetre més reunions”.

Javier Bezares es profesor de música en el IES Oleana de Requena, oboísta y director de banda, pero también es el responsable del Telegram de UGT, uno de los cinco que están retransmitiendo en tiempo real las negociaciones entre los sindicatos y la Conselleria de Educación para poner fin al conflicto educativo valenciano, que ha cumplido tres semanas y quince jornadas de paros y que este domingo vive su próximo capítulo.

Tradicionalmente, las negociaciones políticas y sindicales se han celebrado casi en la clandestinidad, a puerta cerrada, entre silencios tensos, litros de café y filtraciones interesadas. Sin embargo, en esta ocasión, las reuniones están marcadas por la transparencia. Lo que se comenta en el interior de la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de València, se comunica prácticamente de forma inmediata a través de los canales de Telegram de STEPV (cerca de 45.800 seguidores), ANPE (más de 20.600), UGT (cerca de 20.000), CCOO (más de 12.500) y CSIF (unos 12.000).

En este contexto, en el que no se trata solo de convocar movilizaciones, sino de contar, en riguroso directo, todo lo que ocurre dentro de la sala de reuniones, el canal de UGT se ha convertido en un auténtico fenómeno social. Desde luego, no es el que tiene más suscriptores, pero sí el más dinámico, entretenido y, sobre todo, humano. Cada día Javier anima a sus compañeros a que participen, a que canten, a que demuestren su apoyo a quienes están dentro negociando... en definitiva, a que reaccionen a lo que está sucediendo.

Javi se ha convertido, casi sin buscarlo, en uno de los rostros —y voces, o más bien palabras y memes— de esta huelga. “En la primera mesa de negociación planteamos poner luz y taquígrafos, contar todo lo que estaba ocurriendo dentro de la reunión en tiempo real. A partir de ahí, no sé si es por la manera en la que lo contamos, un poco más cercana que la del resto de sindicatos, se ha tornado en un fenómeno social”, explica Bezares a pie de manifestación, donde ya es habitual que los docentes lo detengan: “Esta mañana me he hecho ya unas cuantas fotos con gente que viene a las manifestaciones y me lo pide: 'Mira, Javi el del Telegram'”.

El engranaje del canal funciona con la precisión de la banda de música que Bezares acostumbra a dirigir. En el interior de la mesa de negociación se encuentran Maite Tarazona y Maica Martínez, las dos negociadoras de UGT. Ellas le van pasando a Javi, al minuto, cada propuesta, cada gesto, cada opinión, cada documento, cada receso o cada momento de tensión. Fuera, Bezares lo traduce para los miles de docentes que esperan al otro lado del teléfono.

La retransmisión es tan fidedigna que se ha convertido en lectura obligatoria incluso para sus propios interlocutores políticos. “Nos consta que la consellera nos sigue en tiempo real”, confiesa el profesor. La anécdota que lo confirma ocurrió durante una de las maratonianas jornadas de esta semana: “Ayer [por el jueves] dijimos en el canal que en la sala estaban a 30 grados, y acto seguido la consellera le ofreció un abanico a Maica y a Maite por si tenían demasiado calor. Están pendientes de lo que publicamos”.

Un desgaste personal

El canal de UGT ha sumado más de 13.500 nuevos seguidores en apenas tres semanas, un crecimiento exponencial espoleado por la incertidumbre del conflicto (ratios, plantillas, salarios o las condiciones del valenciano están sobre la mesa). Pero mantener el tono —donde el humor sirve de escudo frente a la gravedad de los temas tratados— tiene un coste personal altísimo.

“Como profesor y como sindicalista, esto está suponiendo un desgaste monumental”, admite Bezares con una mezcla de fatiga y honestidad. Existe, además, una realidad económica difuminada tras las siglas: “Llevamos tres semanas sin sueldo, que aunque la gente no lo sepa, los sindicatos tampoco estamos cobrando [durante los días de huelga]”.

A la merma económica se le suma la factura familiar y física. Las jornadas de concentraciones y las negociaciones nocturnas se estiran hasta la madrugada. “El otro día estuvimos hasta las dos y media de la mañana reunidos con la Conselleria. Son horas que no estás con la familia y eso implica un desgaste brutal”.

Pese a todo, este profesor de música insiste en mantener su identidad intacta frente al teclado: “Yo utilizo mi estilo para transmitir lo que pasa, no he cambiado nada. Yo soy como me muestro en las redes sociales. Intento darle ese toque de humor, sabiendo que es un tema muy serio. Son unas semanas de mierda e intento ayudar a la gente a llevarlo de una forma más animada. Si lo conseguimos, eso que nos llevamos”.

Con la negociación en un punto crítico este fin de semana y una consulta abierta a las bases para decidir el rumbo de las movilizaciones, las pantallas volverán a echar humo este mismo domingo. Bezares, sin embargo, tiene claro cuál es el final ideal para su inesperado éxito digital: “Esperemos llegar a un buen acuerdo y que no sea necesario retransmitir más reuniones”.

A les 14:00 hores d'aquest dissabte ha finalitzat la consulta impulsada per STEPV, CCOO i UGT —els tres sindicats que representen el 70% del col·lectiu i que encara mantenen la convocatòria de vaga indefinida a la Comunitat Valenciana— i la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià perquè el professorat es posicionara respecte a la proposta d'acord presentada per la Conselleria d'Educació per posar fi al conflicte sociolaboral. Aquesta enquesta, en la qual han participat més de 30.000 docents, és prèvia a la reunió de la mesa de negociació que se celebrarà aquest diumenge a partir de les 18:00 hores.

Els sindicats aclareixen que el formulari s'ha realitzat sobre un esborrany que “no és el definitiu”, ja que la consulta es va llançar divendres al matí i, hores més tard, el Govern valencià va presentar un nou document amb modificacions que professors i mestres “encara no han pogut valorar”. A més, apunten que és “molt probable” que s'haja de convocar una nova consulta després de la trobada de diumenge.

Quant als resultats del procés, el professorat ha rebutjat de forma massiva la proposta general de l'administració autonòmica i la gran majoria dels blocs sectorials, amb una única excepció: les mesures sobre burocràcia.

Així, la proposta global de la conselleria ha estat rebutjada pel 91% dels participants (27.270 vots en contra); el 94% rebutja l'acord retributiu signat amb CSIF i ANPE, i el 89% s'oposa que STEPV, CCOO i UGT s'hi adherisquen. Per contra, el 69% dels docents dóna suport a la proposta sobre burocràcia i el 68% avala que els tres sindicats majoritaris signen aquest bloc específic.

L'oposició a la resta dels punts del document és aclaparadora i el professorat demana a STEPV, CCOO i UGT que no els signen: les ràtios cullen un 94% de rebutjament; les plantilles docents, un 89% en contra; la inclusió educativa, un 84%; la Formació Professional (FP), un 83%; el valencià, un 85%; i les infraestructures, un 78% de rebuig.

Quant al rumb que ha de prendre el conflicte, la comunitat educativa aposta majoritàriament per continuar amb la pressió laboral, però flexibilitzant el format. L'opció majoritària (54%) es decanta per mantindre la vaga indefinida, però amb mobilitzacions puntuals (14.736 vots); el 26% advoca per continuar amb l'atur en el seu format actual (7.117 vots); el 20% prefereix un canvi d'estratègia, amb la desconvocatòria de la vaga però seguint amb un altre tipus de protestes (5.328 vots); i només 89 participants han votat per desconvocar la vaga i aturar les mobilitzacions.

La majoria dels participants han estat docents de Secundària o Batxillerat (39%) i Primària (31%), seguits de Formació Professional (13%) i Infantil (11%). De la mateixa manera, el conflicte reflecteix un núcle molt mobilitzat: el 10% dels participants afirma haver secundat els 15 dies complets de vaga, mentre que la resta es reparteix de forma molt homogènia al llarg de totes les jornades de l'atur.

A las 14:00 horas de este sábado ha finalizado la consulta impulsada por STEPV, CCOO y UGT —los tres sindicatos que representan al 70% del colectivo y que todavía mantienen la convocatoria de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana— y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià para que el profesorado se posicionara respecto a la propuesta de acuerdo presentada por la Conselleria de Educación para poner fin al conflicto sociolaboral. Esta encuesta, en la que han participado más de 30.000 docentes, es previa a la reunión de la mesa de negociación que se celebrará este domingo a partir de las 18:00 horas.

Los sindicatos aclaran que el formulario se ha realizado sobre un borrador que “no es el definitivo”, ya que la consulta se lanzó el viernes por la mañana y, horas más tarde, el Gobierno valenciano presentó un nuevo documento con modificaciones que profesores y maestros “aún no han podido valorar”. Además, apuntan que es “muy probable” que se tenga que convocar una nueva consulta tras el encuentro del domingo.

En cuanto a los resultados del proceso, el profesorado ha rechazado de forma masiva la propuesta general de la administración autonómica y la gran mayoría de los bloques sectoriales, con una única excepción: las medidas sobre burocracia.

Así, la propuesta global de la Conselleria ha sido rechazada por el 91% de los participantes (27.270 votos en contra); el 94% rechaza el acuerdo retributivo firmado con CSIF y ANPE, y el 89% se opone a que STEPV, CCOO y UGT se adhieran a él. Por el contrario, el 69% de los docentes apoya la propuesta sobre burocracia y el 68% avala que los tres sindicatos mayoritarios firmen este bloque específico.

La oposición al resto de los puntos del documento es abrumadora y el profesorado pide a STEPV, CCOO y UGT que no los firmen: las ratios cosechan un 94% de rechazo; las plantillas docentes, un 89% en contra; la inclusión educativa, un 84%; la Formación Profesional (FP), un 83%; el valenciano, un 85%; y las infraestructuras, un 78% de rechazo.

En cuanto al rumbo que debe tomar el conflicto, la comunidad educativa apuesta mayoritariamente por continuar con la presión laboral, pero flexibilizando el formato. La opción mayoritaria (54%) se decanta por mantener la huelga indefinida, pero con movilizaciones puntuales (14.736 votos); el 26% aboga por continuar con el paro en su formato actual (7.117 votos); el 20% prefiere un cambio de estrategia, con la desconvocatoria de la huelga pero siguiendo con otro tipo de protestas (5.328 votos); y apenas 89 participantes han votado por desconvocar la huelga y detener las movilizaciones.

La mayoría de los participantes han sido docentes de Secundaria o Bachillerato (39%) y Primaria (31%), seguidos de Formación Profesional (13%) e Infantil (11%). De igual forma, el conflicto refleja un núcleo muy movilizado: el 10% de los participantes afirma haber secundado los 15 días completos de huelga, mientras que el resto se reparte de forma muy homogénea a lo largo de todas las jornadas del paro.