La Formación Profesional se ha convertido en la opción educativa preferida por los jóvenes gracias a sus altas tasas de inserción laboral, según Comisiones Obreras. En Madrid, donde la demanda ha aumentado un 85% entre 2018 y 2025, el crecimiento de la oferta se ha concentrado especialmente en los centros privados.

La comunidad lidera el podio de la privatización, seguido por Catalunya y Euskadi, sostiene el sindicato. “Distinguimos Madrid porque tiene un modelo bastante más privatizador que otras comunidades, así como datos bastante más preocupantes”, aclara la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La oferta privada en la región ha crecido un 122% (más de 50.000 estudiantes) frente al 58% de la pública. La red pública ha pasado de concentrar el 58% de las matrículas a un 49%, mientras alrededor de 60.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública durante el curso 2024-2025.

Así lo revela el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales, elaborado por Comisiones Obreras, que alerta de un modelo que deja sin plaza pública a miles de estudiantes madrileños. “La oferta pública ha aumentado, pero no al ritmo que la demanda. Cuando los jóvenes no encuentra los estudios que quieren en la pública, no les queda más remedio que optar por esta opción”, señala la secretaria de enseñanza pública de la Federación de Educación de CCOO Madrid, Inmaculada López.

El sindicato sostiene que Madrid ha “renunciado” a ampliar la red pública, convirtiendo el acceso a la Formación Profesional en “un privilegio condicionado por la renta y el código postal”. El informe llega meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un real decreto para limitar la apertura de centros privados y evitar la “mercantilización sin calidad” de estas enseñanzas.

Esta expansión también ha tenido un impacto económico para las familias. Estudiar un ciclo de Formación Profesional en un centro privado cuesta entre 3.000 y 6.000 euros anuales y algunas titulaciones especializadas pueden alcanzar los 16.000 euros, según el informe. Como consecuencia, el gasto medio familiar se ha duplicado en siete años, pasando de 1.069 euros en 2016 a 2.085 euros en 2023. “Es un problema grave. Se está haciendo negocio de un derecho y que su acceso dependa de la situación económica de las familias”, sintetiza la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La FP a distancia y la dual

El crecimiento no ha sido uniforme entre las distintas familias profesionales, ni en las modalidades. Según el sindicato, la oferta privada se ha concentrado en los ciclos con mayor demanda laboral, como Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico o Radioterapia, mientras la oferta pública madrileña no ha aumentado al mismo ritmo. El aumento también se ha trasladado a la modalidad a distancia: la oferta pública ha crecido un 185,4% y la privada se ha disparado un 659%.

Las cifras son todavía más elevadas en los grados superiores, donde la matrícula privada ha aumentado un 664%, frente al 206% de las públicas. El número de centros que imparten en esta modalidad se ha multiplicado por casi cuatro: de 28 en el curso 2018-2019 a 102 en el 2024-2025.

Desde el sindicato aseguran que esta modalidad supone para muchas empresas “coste cero y beneficio 100%”, ya que no requieren centro, ni materiales para su desarrollo. Sin embargo, los alumnos presentan mayor tasa de abandono escolar porque “hay menor conexión con la práctica real, falta el contacto humano y menos orientación para saber qué hacer después”.

La Formación Profesional dual combina la enseñanza en el aula con prácticas obligatorias en empresas. Comisiones Obreras advierte de que este modelo choca con la realidad del tejido empresarial madrileño. Según el sindicato, el 95% de las más de medio millón de empresas activas en la región son autónomos sin asalariados o microempresas de entre uno y nueve trabajadores, una estructura que, a su juicio, aumenta el riesgo de que parte del alumnado termine desempeñando funciones propias de un trabajador en lugar de recibir la formación prevista, convirtiéndose en mano de obra barata o en sustitución de puesto de trabajo.

Madrid, a la cabeza de la privatización

Madrid encabeza el ranking de comunidades con mayor peso de la Formación Profesional privada. Le siguen Catalunya, donde las matrículas privadas representan el 45,58% del total y Euskadi, con un 43,8%. Además, Madrid y Catalunya son las únicas comunidades que cobran por cursar la FP, mientras Castilla-La Mancha (10,85%) y Canarias (8,7%) registran la menor presencia de enseñanza privada.

La tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid es del 25,33%, según la Encuesta de Población Activa, por encima de la media nacional (23%). Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan se sitúa en el 8,56%.

El informe también foco en la brecha de género. Aunque cuatro de cada diez estudiantes Formación Profesional aseguran no haber recibido orientación sobre esta vía durante la ESO, solo el 4% de las alumnas afirma haber contado con información suficiente, frente al 14% de los alumnos. La desigualdad también se refleja en la elección de estudios; solo el 16% de las mujeres matriculadas en FP en Madrid cursa ciclos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las ramas con mejores salarios y mayor estabilidad laboral, según el sindicato.

Falta de transparencia de datos

Comisiones Obreras denuncia también la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante el proceso de admisión a la Formación Profesional. Según explica, este año los centros han dejado de publicar los listados de admitidos y las familias solo pueden consultar el resultado de su solicitud a través de la plataforma Raíces.

Esta decisión impedirá elaborar su habitual informe de escolarización y conocer cuántos estudiantes se quedan sin plaza pública en cada ciclo. “Han sabido retirar esos datos tiempos”, afirma San Millán, que considera que la medida busca evitar que se visibilice el déficit de plazas públicas.

El sindicato anuncia que estudiará acciones legales al considerar que la publicación de estos listados forma parte de un procedimiento de concurrencia competitiva y debe ser accesible para garantizar la transparencia del proceso.

“Es desolador, consciente y dirigido. Creo que tiene que ver con la huelga de octubre. Suficientes datos estamos dando, cifrar cuantos se quedarían fuera, sería otra losa encima”, insiste la secretaria.

Las propuestas de Comisiones Obreras

Entre sus propuestas, Comisiones Obreras reclama un plan plurianual para ampliar las plazas públicas y eliminar las listas de espera, un marco estatal que garantice estándares mínimos de calidad en la Formación Profesional. También solicita un sistema público de datos comparables entre comunidades autónomas, reforzar las garantías de la FP dual e incorporar orientación académica con perspectiva de género.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el sindicato exige unificar las instrucciones sobre el Proyecto Intermodular, hacer más transparentes los procedimientos para la captación de empresas, crear la figura estructural del prospector empresarial y establecer acuerdos marco que faciliten la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

La comunidad educativa andaluza ya tiene fecha para medir su capacidad de movilización el próximo otoño. La Asamblea por la Educación Pública Andaluza ha acordado convocar una huelga general educativa el 11 de noviembre y arrancar el curso con un calendario de movilizaciones para preparar esa jornada de protesta. Así se aspira a reproducir en Andalucía la ola de contestación que este último curso ha recorrido el país, impactando en Catalunya, la Comunitat Valenciana o Madrid.

Esta convocatoria llega apenas unas semanas después de que comenzara a gestarse un frente común por la educación pública andaluza, impulsado por una treintena de organizaciones educativas bajo el paraguas de Noviembre Verde. Su propósito, superar la tradicional fragmentación de las protestas educativas en Andalucía, unificando las reivindicaciones de todos los niveles educativos, desde la convicción de que el momento de reaccionar es “ahora o nunca”.

Aquella iniciativa, nacida al calor de las movilizaciones que han sacudido otras comunidades autónomas durante el último curso, celebró este sábado su primera asamblea presencial en Antequera y concluyó con un “compromiso conjunto”: trabajar para celebrar una huelga general educativa unitaria en toda Andalucía. “El movimiento entiende esta como la manera para ejercer la máxima presión e imponer sus reivindicaciones a largo plazo”, sostienen las organizaciones participantes.

La hoja de ruta empieza en septiembre

Alrededor de un centenar de representantes de sindicatos como Ustea, CCOO o CELE, asociaciones de familias como la Plataforma Familias NEAE Andalucía, organizaciones estudiantiles, plataformas ciudadanas y colectivos universitarios como UMAxlapublica respaldaron el acuerdo suscrito en Antequera, que fija noviembre como horizonte de una movilización autonómica en defensa de la educación pública.

La huelga, sin embargo, no será el primer paso. Las organizaciones acordaron dedicar el inicio del curso —“desde el primer día”— a construir las bases mediante asambleas, encierros, concentraciones y otras acciones de coordinación surgidas de los propios centros educativos, con el objetivo de llegar al 11 de noviembre con un movimiento consolidado.

La hoja de ruta incluye, además, una nueva reunión el 26 de septiembre para “profundizar en los debates, hacer balance del inicio de curso y continuar construyendo el camino hacia la huelga y el movimiento en su conjunto”.

La estrategia reproduce en buena medida el modelo seguido en la Comunitat Valenciana, Catalunya y Madrid, donde las movilizaciones se fueron articulando durante semanas antes de desembocar en huelgas y manifestaciones multitudinarias, que lograron movilizar a 35.000 personas en ciudades como Barcelona y Valencia.

Una agenda común para todas las etapas

Pese a la diversidad de colectivos que integran el movimiento, la asamblea evidenció un amplio consenso en torno al diagnóstico de la situación. Las entidades participantes consideran que ha llegado el momento de “hacer frente a la infrafinanciación y la progresiva mercantilización y privatización del sistema educativo público andaluz”, que califican de “límite” en todas sus etapas.

“Es ahora o nunca cuando debemos tomar las riendas de nuestra educación y enfrentarnos a aquellos que la utilizan como una oportunidad de negocio, precarizando a los y las docentes, privatizando y desmantelando la enseñanza infantil, primaria y secundaria, y expulsando al estudiantado de la Formación Profesional y la universidad”, apuntan en la resolución aprobada tras la reunión.

Sobre esa base, las organizaciones han comenzado a elaborar una plataforma reivindicativa común que atraviesa todas las etapas educativas, desde la escuela infantil hasta la universidad. Entre las principales demandas figuran el aumento de la financiación pública, la bajada de la ratio en las aulas, la creación de plazas públicas —especialmente en Infantil de 0 a 3 años, Formación Profesional y másteres habilitantes—, la mejora de las infraestructuras y la climatización de los centros, el incremento de las becas y de los recursos para atender al alumnado con necesidades específicas, mejoras laborales para el profesorado y el rechazo a fórmulas de privatización y colaboración público-privada.

Andalucía se suma al “otoño caliente”

La decisión adoptada en Antequera supone un paso más en el intento de frenar un “deterioro” del sistema educativo que, a su juicio, se ha ido acelerando en los últimos años. “La situación de la educación pública en Andalucía roza ya lo insostenible y había que hacer algo”, resume Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública.

El movimiento percibe que la comunidad andaluza comparte los mismos problemas estructurales que han alimentado las protestas en otros territorios, aunque considera que Andalucía presenta además algunos factores que agravan ese escenario, como la pérdida continuada de unidades educativas o la entrada en déficit estructural de las universidades públicas andaluzas. Un diagnóstico que, a su juicio, evidencia el alcance del “desmantelamiento” que denuncian.

Con el horizonte del 11 de noviembre, el reto pasa ahora por comprobar si ese malestar que durante años ha permanecido disperso entre sindicatos, familias, estudiantes y plataformas ciudadanas logra consolidarse en una movilización sostenida capaz de situar a Andalucía en el mapa del “otoño caliente” que la comunidad educativa prepara en distintos puntos del país.

El malestar que se respira entre el profesorado, las familias y el alumnado andaluz ha ido creciendo en los últimos años, pero sin llegar a traducirse en un movimiento social capaz de llenar las calles. Pese a que la comunidad educativa en su conjunto denuncia un progresivo “desmantelamiento” de la educación pública —cierres de unidades, falta de recursos y aumento de las ratios—, las protestas han permanecido fragmentadas entre sindicatos, organizaciones estudiantiles, asociaciones de familias y plataformas locales.

En cambio, comunidades como Catalunya, Madrid o la Comunitat Valenciana sí han logrado este curso articular movilizaciones multitudinarias y coordinadas frente a sus gobiernos autonómicos. En Andalucía ese frente común seguía siendo una asignatura pendiente. Hasta ahora. Una treintena de organizaciones del ámbito educativo ha comenzado a tejer una alianza que aspira a unificar las reivindicaciones de la comunidad educativa y convertir el próximo otoño en el arranque de un ciclo de movilizaciones en defensa de la enseñanza pública.

La semilla la plantó Noviembre Verde, una iniciativa surgida a principios de junio con la vocación de servir como “espacio de encuentro” entre todos los sectores educativos. Apenas unas semanas después, ese impulso ha desembocado en la convocatoria de la primera 'Asamblea por la Educación Pública Andaluza', que se celebrará este sábado 18 de julio en Antequera.

Allí, en el considerado como centro geográfico de la comunidad andaluza, sindicatos como CCOO, Ustea y CELE, organizaciones estudiantiles y universitarias, asociaciones de familias como la Plataforma Familias NEAE Andalucía y plataformas ciudadanas como la de Escuelas Infantiles tratarán de definir una hoja de ruta común para el próximo curso.

Noviembre en el horizonte

La iniciativa andaluza llega después de un curso marcado por un inédito ciclo de protestas educativas que ha recorrido buena parte del país. Aunque los conflictos se han librado contra los distintos gobiernos autonómicos, el diagnóstico que comparten los docentes es muy parecido: una profesión cada vez más tensionada, el aumento de la burocracia, la pérdida de recursos y un “deterioro” sostenido de las condiciones en las que desarrollan su trabajo.

La contestación a ese deterioro estalló esta primavera. Catalunya y, sobre todo, la Comunitat Valenciana se convirtieron en los principales referentes de una movilización que culminó con una manifestación histórica de 35.000 docentes en Valencia y un mes de huelga indefinida, ahora suspendida —aunque no desconvocada— a la espera de retomar las movilizaciones en septiembre. Ambos territorios ya han anunciado un “otoño caliente”, mientras que en la Comunidad de Madrid el profesorado de las enseñanzas no universitarias prepara un paro indefinido a partir del 14 de octubre.

Ese escenario ha servido de espejo para Andalucía. “Después de ver todos los movimientos que se habían sucedido ya en Valencia, Cataluñya y Madrid, era un clamor popular que, al menos, se intentase aquí también”, explica Raúl Lucas, activista de la educación pública andaluza y partícipe de Noviembre Verde. Si bien esa iniciativa ya ha cumplido su cometido y se ha disuelto, sus promotores esperan que ese embrión termine cristalizando el próximo curso en un movimiento capaz de movilizar a la comunidad educativa también en Andalucía. “La idea era sembrar la semilla que pudiera generar un noviembre más agitado”, resume Lucas.

Tras el intento de articular un frente común, late la sensación generalizada de que el deterioro de la educación pública se ha acelerado en los últimos años. “Vemos que cada vez va a peor, cada vez más recortes, y ahora quieren concertar el Bachillerato”, señala Óscar Marchante, secretario del sindicato CELE, en referencia al pacto PP-Vox recién alcanzado. En esa idea coincide Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública, otra de las entidades que participarán en la asamblea: “La situación de la educación pública en Andalucía roza ya lo insostenible y había que hacer algo”, defiende después de conocer que las universidades públicas andaluzas están ya en déficit estructural, tras cerrar 2025 en números rojos.

De protestas dispersas a una estrategia común

La principal diferencia respecto a movilizaciones anteriores no reside tanto en las reivindicaciones como en la forma de organizarlas. Durante años, las protestas por la educación pública han discurrido en paralelo —convocadas unas veces por sindicatos, otras por asociaciones de familias, colectivos estudiantiles o plataformas locales—, sin lograr articular una respuesta unitaria capaz de movilizar al mayor sector público de Andalucía, integrado por más de 108.000 docentes.

La apuesta ahora pasa por sentar a todos esos actores en la misma mesa para construir una agenda compartida, que marque “el plan de acción” del próximo curso. Ese fue precisamente el cometido de Noviembre Verde. Sus impulsores insisten en que nunca pretendieron fundar una nueva plataforma, sino facilitar un primer contacto entre organizaciones que hasta ahora venían trabajando de forma separada.

Lo lograron el pasado 8 de julio, cuando lograron reunir de forma telemática a más de un centenar de representantes de cerca de una treintena de entidades. La respuesta, admite Lucas, desbordó todas las previsiones. “Partíamos de una expectativa muy baja y salimos realmente sorprendidos”, confiesa. “Nunca imaginamos que fueran a participar tantos colectivos ni que el diagnóstico fuera tan compartido: hay que ponerse en pie y empezar a movilizar a la gente”, expresa este activista convencido en que “el momento es ahora”.

Encontrar los elementos comunes

Las inquietudes son compartidas, pero coordinar una estrategia global entre sindicatos y organizaciones con sensibilidades distintas, procedentes de niveles educativos diferentes y colectivos diversos no es tan sencillo. Por eso, el punto de partida ha sido identificar las reivindicaciones comunes, capaces de aglutinar a toda la comunidad educativa, situando al alumnado en el centro de la propuesta. “Si enfocamos todo en el alumnado, cualquier mejora para ellos repercutirá también en los centros, las familias, las infraestructuras y el profesorado”, esgrime Óscar Marchante.

A partir de ese planteamiento, las organizaciones implicadas han comenzado a perfilar el manifiesto que esperan revalidar este sábado en Antequera. El documento, de 19 páginas, recoge algunas de las demandas históricas de la enseñanza pública andaluza: “reducción de las ratios”, incremento de los recursos destinados a la escuela pública y, en especial, al alumnado con necesidades educativas especiales, “desburocratización de la labor educativa”, “infraestructuras dignas y adaptación climática” o el rechazo a las políticas de privatización en la Formación Profesional y la enseñanza universitaria, entre otras.

“Queremos que el dinero público se destine a lo público”, sintetiza Raúl Lucas, quien lamenta que “lo que está ocurriendo es que recursos destinados a la educación pública terminan utilizándose como trampolín para empresas privadas”. Los organizadores de la asamblea aseguran que ese diagnóstico es compartido por prácticamente todos los sectores de la enseñanza, desde la educación primaria hasta la universidad, y confían en que ese consenso facilite la construcción de un movimiento amplio y sostenido en el tiempo.

El debate sobre la huelga

Si las reivindicaciones parecen concitar un amplio consenso, la fórmula para defenderlas sigue abierta. La asamblea de Antequera deberá abordar una de las cuestiones más delicadas: qué forma deben adoptar las movilizaciones del próximo curso.

En la Comunitat Valenciana, Catalunya o Madrid la huelga se ha convertido en el principal instrumento de presión. En Andalucía, sin embargo, todavía no existe un acuerdo claro y algunos sindicatos consideran que antes es necesario fortalecer la organización de la comunidad educativa. Es el caso de USTEA: “Creemos que es importante empoderar y movilizar al profesorado antes de convocar una huelga”, esgrime Francisco Fernández, portavoz de Educación de esta organización sindical, que propone celebrar asambleas y movilizaciones desde principios de septiembre para garantizar la implicación de la comunidad educativa.

USTEA ya había comenzado a trabajar en esa dirección antes del nacimiento de Noviembre Verde. El sindicato había lanzado un formulario entre el profesorado para explorar posibles movilizaciones y mantenía conversaciones con otras organizaciones cuando recibió la convocatoria del nuevo espacio de coordinación. “Nos pareció una excelente idea”, reconoce Fernández, quien comparte que “las expectativas son buenas” porque participan docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y universidad, además del alumnado y las familias. “Esa unidad puede ser muy interesante”, augura el representante sindical.

Desde CCOO también valoran positivamente la creación de un espacio unitario. “Esperemos que esto sea el germen de esa unidad tan necesaria”, apuntan desde el sindicato, que recuerda que llevan desde 2019 defendiendo la igualdad de oportunidades y el ascensor social en la enseñanza superior universitaria.

Un deterioro compartido, que se agrava en Andalucía

Los problemas que denuncian son similares a los que han desencadenado las movilizaciones en otros territorios, pero las organizaciones implicadas sostienen que Andalucía presenta además algunas particularidades que agravan el deterioro de la enseñanza pública.

“Cuando hablamos con otras organizaciones del Estado comprobamos que los problemas son muy parecidos, pero la eliminación de aulas públicas en Andalucía es muy superior a la del resto”, señalan desde USTEA. Según los datos recopilados por el sindicato a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2019 se han suprimido 2.758 unidades de Infantil y Primaria.

A ese diagnóstico suman el creciente número de docentes interinos bloqueados en las bolsas de trabajo y de funcionarios desplazados de sus centros como consecuencia de la supresión de aulas. Todo ello, sostienen, ha contribuido a incrementar el malestar de la comunidad educativa y ha reforzado la convicción de que “en Andalucía necesitamos protestas similares a las de Valencia, Madrid, Aragón o Cantabria”.

Los colectivos que impulsan el movimiento unitario andaluz consideran que la educación pública atraviesa un punto de inflexión y atribuyen ese deterioro a las políticas educativas del Gobierno de Juan Manuel Moreno. “El Partido Popular se está cebando con la educación pública”, sostienen desde USTEA. “Quieren hacer de un servicio público un negocio y la educación tiene que estar por encima de cualquier interés político”, añade en esa línea el secretario del sindicato CELE.

Ese será precisamente el reto del frente común que empieza a tomar forma: canalizar el malestar que durante años ha ido cociéndose en los centros educativos andaluces, hasta consolidar un movimiento capaz de ganar la calle y convertir a Andalucía en un nuevo foco de movilización en defensa de la educación pública durante el próximo otoño. “Esperemos conseguirlo”, suspiran, “porque el futuro de nuestras aulas no puede seguir esperando”, como concluye el manifiesto.

El traspaso de las competencias en Educación a las comunidades autónomas ha servido para reducir las diferencias entre regiones en el último cuarto de siglo. Así lo asegura CCOO en un estudio publicado este jueves, en el que analiza 22 indicadores educativos y su evolución comunidad a comunidad entre el año 2000, cuando se completó el proceso de transferencia competencial, y el 2026.

“A diferencia de lo que suele a veces transmitirse como una opinión extendida”, dice CCOO, “la asunción de las competencias educativas por parte de las comunidades autónomas ha supuesto una sustancial mejora en los indicadores y reducción de las diferencias territoriales”.

El estudio analiza la evolución de aspectos como la escolarización a diferentes edades, los recursos económicos destinados a educación, lo que califica como “procesos” (ratios de alumnado por docente, tasas de estudiantes en programas de diversificación, tasas de idoneidad –quién está en el curso que por edad le corresponde–) o resultados académicos y las diferencias entre comunidades durante estos años.

Sostiene el sindicato que casi todo ha mejorado en dos décadas y media. “En todos los indicadores hay –entre el primer curso y el más reciente de cada serie– un claro incremento (o reducción, para el caso de las ratios o de la tasa de abandono educativo temprano); esta mejora es más fuerte en el caso de los indicadores de escolarización, multiplicando por cinco o por cuatro anteriores tasas. Pero si analizamos las diferencias entre las comunidades autónomas en cada indicador, nos encontramos con que en 17 indicadores se ha producido una reducción –en ocasiones muy fuerte– de las diferencias territoriales, frente a cinco casos en los que estas diferencias han aumentado ligera o moderadamente”.

Y en esos cinco que han empeorado (la tasa de abandono temprano y cuatro programas de refuerzo o diversificación para estudiantes con problemas), “las diferencias son reducidas y, salvo uno (la tasa de abandono educativo temprano), todos son indicadores de procesos educativos, en los que las comunidades autónomas tiene mayor margen de actuación o están más condicionadas por factores sociales”, añade CCOO.

Todo mejora

CCOO empieza explicando que la educación no es ajena a la sociedad. “Las que son diferentes, desde el punto de vista de numerosos indicadores sociales y económicos, son las distintas comunidades y no solo su educación. Así, la tasa de paro, el PIB per cápita, el número de plazas hospitalarias por habitante, etc., no son los mismos en todas las comunidades, mostrando importantes y, en cierta medida, históricas diferencias entre ellas, con una dispersión no menor a la de los indicadores educativos. Es en este marco de desigualdad social en el que hay que entender y valorar las diferencias educativas, así como plantear medidas de reducción”, explica el sindicato.

El informe muestra una mejoría evidente generalizada en los últimos 25 años en los 22 indicadores, en 17 comunidades autónomas (más de 10.000 datos, destaca CCOO). De media en España, todos los indicadores han subido, algunos en tasas superiores al 100%. La tasa de escolarización ha mejorado en todas las edades, superando el 90% en 3, 16 y 17 años. En el tramo 0-2 ha pasado de un 9% a rozar el 40%.

Algo similar pasa con el gasto por estudiante (que ha pasado de 4.271 euros en 2004 a 6.851 en 2023), la tasa de idoneidad (del 63,2% al 76,3%), las ratios de alumno por profesor (de 12,1 a 10,9), las tasas de graduación (del 73,4% al 93,2% en la ESO, del 46,8% al 54,9% en Bachillerato) y el abandono temprano (del 29,1% al 12,8%).

“Hay comunidades que han colaborado más”

Partiendo, como hace CCOO, de que la evolución de la educación está ligada a la evolución de la sociedad, y dado que España ha mejorado en casi todo en el último cuarto de siglo, que los indicadores mejoren con carácter absoluto puede considerarse esperable, reflexiona el sindicato. Para CCOO, lo destacable es que se haya ido avanzando la vez que se reducen las diferencias entre territorios. Aunque, apostilla, “hay comunidades que han colaborado más que otras a la convergencia”.

Porque a la vez que mejoraban los indicadores con carácter general se reducían las diferencias entre comunidades. Para medir esta brecha, CCOO utiliza el coeficiente de variación, una medida de dispersión que analiza la relación entre la desviación estándar y la media de los valores. Traducido: “El coeficiente se incrementa a medida que los datos se vuelven más diversos y disminuye cuando son más homogéneos”, explica CCOO.

Así, en escolarización, el CV entre la mejor comunidad y la peor para el alumnado menor de tres años ha pasado de 116% entre Catalunya y Galicia, respectivamente, a un 21% hoy entre Galicia —que estaba la última y hoy es la primera— y Asturias. Algo similar sucedió con los jóvenes de 16 años (de una diferencia de seis puntos porcentuales a 2,4, que es prácticamente converger) y de 17 años (la brecha ha bajado de 25 puntos entre Baleares y Euskadi en el 2000 a 14 entre las mismas regiones en 2025).

El gasto por estudiante también tiende a la convergencia. Los 4.271 euros anuales que se invertían en cada alumno en 2004 se convirtieron en 6.851 en 2023, y el CV pasó de 13,52 a 12 en esos 20 años. Murcia y Euskadi eran entonces los extremos bajo y alto, respectivamente; el País Vasco sigue liderando la inversión hoy, pero Madrid ha caído a la cola.

Lo mismo sucede con la tasa de idoneidad a los 15 años, que puede analizarse como la cara contraria de la repetición. En el año 2000 estaba en un 63,2% (el porcentaje de jóvenes que está en el curso que le toca por edad) y hoy ha subido al 76,3% mientras las diferencias entre la comunidad con mejores datos (Castilla-La Mancha) y la peor (Baleares) se ha reducido a la mitad.

El informe analiza también los resultados académicos, con la misma conclusión. Las tasas brutas de graduación en ESO y Bachillerato han mejorado cinco puntos en 20 años con carácter general, llegando al 79% y el 55%, respectivamente, mientras se cerraba la brecha. Los 20 puntos de diferencia entre Extremadura, a la cola en esta estadística en 2001, y Asturias, han bajado hasta menos de 15 hoy.

La importancia de los programas de compensación

El sindicato explica que, más allá de la inversión anual en educación, buena parte de la convergencia se ha logrado a partir de programas ajenos a esa financiación general del sistema, programas dedicados específicamente a la compensación de desigualdades territoriales específicas de la educación. “Sin ellos no se explicaría la importante reducción de las diferencias territoriales”, explica CCOO, que destaca además que son fondos que parten de la Conferencia Sectorial de Educación, el órgano en el que negocian el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

Aparecen en este apartado los fondos vinculados a la Memoria de la LOGSE (cuyos importes se extendieron en más años de los previstos); los de la LOE 2006 (que llegaron hasta 2010 y se prolongaron hasta 2011) y los recursos vinculados a los llamados Programas de Cooperación Territorial y de impulso de la Formación Profesional (de 2018 hasta la actualidad, claves para la eclosión reciente de la escolarización en la educación infantil).

El Grupo Parlamentario Socialista ha asegurado que la negativa del Gobierno de Aragón a entregar los informes sobre la privatización del Bachillerato “es un escándalo”. Así lo ha dicho el portavoz socialista en la Comisión de Educación, Jorge Pastor, quien este miércoles ha criticado el “oscurantismo” del Gobierno de Jorge Azcón sobre este asunto. El PSOE solicitó hace 99 días información para conocer los informes que avalaban la privatización del Bachillerato anunciada por Jorge Azcón estando como presidente en funciones.

“La única respuesta ha sido que la orden está paralizada por medidas cautelares y no se aporta ni más información ni ninguno de los informes solicitados”, ha dicho Pastor. El diputado ha recordado que se pidieron tanto los informes de Intervención y los de Inspección Educativa “que debían justificar las necesidades de privatizar el Bachillerato cuando en Aragón sobraban más de 2.000 plazas de Bachillerato, siendo que además es una etapa no obligatoria”.

Pastor ha denunciado la negativa a facilitar esta información y ha argumentado que “aunque la orden para privatizar el Bachillerato esté paralizada cautelarmente, el expediente administrativo tiene que existir”. Ha comparado esta solicitud con la realizada en el caso de la devolución de las pinturas de Sijena: el PSOE también solicitó información y la respuesta fue “que el proceso estaba judicializado y que, por tanto, fuésemos mejor directamente al departamento y que en el Departamento se nos daría la información que estábamos solicitando”. “¿Por qué en este caso todavía no nos dan estos informes?”, se ha preguntado el parlamentario socialista.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco ha retocado prácticamente un tercio articulado de su anteproyecto de ley de Universidades tras recibir medio millar de alegaciones. Así, se recoge el blindaje del término 'Universidad', es decir, se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. En este sentido, cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y los denominados “chiringuitos universitarios”.

“Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema. No se van a poder usar de forma impropia 'universidad' y 'universitario' para referirse en estos términos a lo que no lo es”, ha argumentado el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado este miércoles en Bilbao el estado actual del anteproyecto, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Acompañado por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua, y por la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea, el consejero ha explicado las principales aportaciones incorporadas al texto tras el análisis de las cerca de 500 alegaciones recibidas de parte de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo la EHU, el buque insignia del sistema vasco, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales que, tal y como ha subrayado Pérez Iglesias, “han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos”.

Tras anunciar que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación da por concluida la fase de participación pública del anteproyecto, Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han analizado con la debida atención y estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha”. En este sentido, además de las cuestiones relacionadas con la creación de “chiringuitos” privados, la EHU ha solicitado y la reforma incluye un incremento del límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

Es decir, se dobla el límite de profesorado asociado del 5% propuesto al 10% y, en el caso del profesorado sustituto, se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto. “El anteproyecto dobla al 10% el porcentaje de profesorado asociado porque la EHU pidió subirlo para cubrir con esa figura determinadas áreas, al igual que la cuota de personal sustituto, un asunto controvertido que, tras haber sido fijado en el 2% del total de plantilla, ahora se eleva al 5%, aunque se mantiene la idea de cubrir los puestos con personal propio”, ha aclarado el consejero.

Sobre el “malestar” expresado por la EHU por el hecho se dejara vía libre a la creación de una nueva universidad pública, Pérez Iglesias ha desvelado que su departamento no contempla ninguna creación ni tiene en mente ninguna nueva universidad pública, pero que sí se mantiene el término 'centro universitario público' para, ha subrayado, “evitar suspicacias y a petición de la EHU”. En todo caso, aunque no se contempla ningún proyecto como universidad pública como tal, sí ha desvelado que en un plazo de un año, ya trabajan con la propia EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en estudios de posgrado. Se trataría, como ha explicado el consejero de un modelo similar al del centro superior de música, Musikene, con la presencia de personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales, modelo con el que la EHU está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.

En cuanto a la carrera académica, la nueva regulación es “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, según ha expresado Pérez Iglesias. Para ello, se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida). Y, al mismo tiempo se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario. Además, se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.

La ley elimina “ambigüedades” de los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, pero remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario y a la negociación colectiva con los sindicatos. En cuanto a la conciliación, en el texto se integra la conciliación de la vida personal, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. “Algunas -de las alegaciones- se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate, pero todas han permitido un examen crítico del documento tras analizar el espíritu de las alegaciones y tratar de dar salida a las propuestas, no recogerlas tal cual. Lo importante es que contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria” ha remarcado el consejero, para añadir que “los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

A modo de resumen, el consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional. El consejero ha explicado que tras los cambios, el Anteproyecto de Ley delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de manera que la planificación del Gobierno vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Por su parte, desde la EHU indican a este periódico que en la presentación del anteproyecto han podido comprobar que algunas de sus alegaciones han sido recogidas en el nuevo texto, como las relacionadas con la carrera académica, el personal sustituto, la ética en la investigación, la creación -o no creación- de una Universidad pública, la internacionalización, etc. Pero deben estudiar el documento en su totalidad, algo que por el momento no han podido realizar al no haberlo recibido.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria, que requiere la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y su aprobación en la legislatura, salvo sorpresa mayúscula, está garantizada.

Vox no només vol colar la 'prioritat nacional' per a aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Entre les esmenes presentades als comptes autonòmics de Pérez Llorca, la formació ultra exigeix l'“estricte compliment” de la neutralitat política i social a les aules de la Comunitat Valenciana.

Així, la iniciativa planteja l'addició d'un nou apartat als deures del personal docent recollits en el Decret 193/2025 de convivència en el sistema educatiu, i introdueix una secció específica davall el títol 'Pla de Convivència' que busca “blindar l'activitat escolar davant posicionaments partidistes o dogmàtics”.

D'acord amb el document presentat a les Corts Valencianes, al qual ha tingut accés elDiario.es, “els directius, els docents i el consell escolar del centre educatiu han de vetlar per la seua neutralitat ideològica”.

Aquesta obligació afectarà de manera integral el disseny, l'aprovació, la impartició i el control dels continguts educatius, així com la programació d'activitats i l'elecció dels llibres de text i altres materials didàctics. Vox pretén que s'actue “evitant qualsevol forma d'adoctrinament ideològic”.

A més, la proposta estén aquesta responsabilitat als agents externs a la comunitat escolar. L'esmena estableix que el professorat i els equips directius “també són responsables dels continguts que puguen impartir persones i col·lectius externs al centre”. Aquesta mesura obligarà a un control previ de les conferències, els tallers o les xarrades complementàries que organitzen persones o entitats externes en les instal·lacions públiques.

Reforç de la Inspecció Educativa

Aquesta proposta complementa una altra esmena presentada per Vox orientada a facultar la Inspecció d'Educació perquè actue de manera prioritària quan existisquen indicis de vulneració de drets. En aquests casos, els inspectors mantindran la competència de “vetlar per la seguretat, el benestar o els drets fonamentals de l'alumnat” mitjançant visites i entrevistes d'urgència als centres escolars.

El redactat manté que aquestes tasques de control es desenvoluparan sota els principis d'“objectivitat, proporcionalitat i contradicció” i salvaguardant la “presumpció de correcció en l'actuació dels professionals de l'educació”.

Vox no solo quiere colar la 'prioridad nacional' para aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Entre las enmiendas presentadas a las cuentas autonómicas de Pérez Llorca, la formación ultra exige el “estricto cumplimiento” de la neutralidad política y social en las aulas de la Comunitat Valenciana.

Así, la iniciativa plantea la adición de un nuevo apartado a los deberes del personal docente recogidos en el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo, e introduce una sección específica bajo el título 'Plan de Convivencia' que busca “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”.

De acuerdo con el documento presentado en las Corts Valencianes al que ha tenido acceso elDiario.es, “los directivos, los docentes y el consejo escolar del centro educativo deben velar por su neutralidad ideológica”.

Esta obligación afectará de manera integral al diseño, aprobación, impartición y control de los contenidos educativos, así como a la programación de actividades y la elección de los libros de texto y otros materiales didácticos. Vox pretende que se actúe “evitando cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”.

Además, la propuesta extiende esta responsabilidad hacia los agentes de fuera de la comunidad escolar. La enmienda establece que el profesorado y los equipos directivos “también son responsables de los contenidos que puedan impartir personas y colectivos externos al centro”. Esta medida obligará a un control previo de las conferencias, talleres o charlas complementarias que organicen asociaciones extraescolares en las instalaciones públicas.

Refuerzo de la Inspección Educativa

Esta propuesta complementa otra enmienda presentada por Vox orientada a facultar a la Inspección de Educación para que actúe de manera prioritaria cuando existan indicios de vulneración de derechos. En esos casos, los inspectores mantendrán la competencia de “velar por la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado” mediante visitas y entrevistas de urgencia en los centros escolares.

El redactado mantiene que estas labores de control se desarrollarán bajo los principios de “objetividad, proporcionalidad, contradicción” y salvaguardando la “presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación”.

Profesores e investigadores de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) han reunido más de 12.000 firmas en un manifiesto en defensa de los correctores de la Selectividad. Este nuevo movimiento llega después de que cuarenta estudiantes hayan presentado recursos ante la Justicia para que no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad.

El manifiesto, que ha sido presentado este miércoles en Bilbao por los profesores de la EHU Iñigo Urrutia -que fue Aldezle o defensor del alumnado- y Lore Erriondo, critica que “el trabajo del profesorado y de quienes corrigen los exámenes se ha puesto en entredicho, tanto en algunos medios de comunicación como mediante movilizaciones y acudiendo a los tribunales”. “Queremos expresar nuestra preocupación e indignación por todo lo ocurrido en torno al examen de euskara de la PAU. Hace años que muchos profesores y profesoras de EHU participan en los exámenes de la prueba de acceso a la universidad. Durante años apenas ha habido problemas, desde luego ningún caso que haya llegado a la opinión pública y mucho menos a los tribunales. El de este año, en cambio, ha superado todos los límites”, recoge el documento.

“Es grave que tras no superar el examen de euskara, y antes de solicitar la revisión, se acuda a los medios de comunicación. Es grave organizar una concentración delante de un edificio de la EHU, poniendo públicamente en duda el trabajo y la actitud del profesorado y queriendo condicionar la revisión. Es grave que, después de realizada la revisión —es decir, tras haber corregido de nuevo el examen otros profesores y profesoras—, también se cuestione la corrección y la revisión de estos. Es grave querer obtener en los tribunales los resultados que no se han conseguido en el examen. Y, por supuesto, es aún más grave que el juzgado de lo contencioso-administrativo haya resuelto, aunque sea de forma provisional, que la calificación de la prueba de euskara de los alumnos y alumnas que han recurrido no se tenga en cuenta para el acceso a EHU”, lamentan.

En el escrito defienden que la resolución judicial supone “un privilegio” para aquellos alumnos que acudieron a los tribunales en respecto al resto del alumnado que ha realizado la PAU. “¿Deben anteponerse los derechos de unos pocos estudiantes a los derechos de miles de estudiantes? ¿Debe un juez sustituir la función del profesorado y de quienes corrigen los exámenes? Nos resulta incomprensible”, señalan.

“No sabemos cómo terminará finalmente todo este conflicto, pero nos preocupan profundamente las consecuencias que pueda tener de cara a los próximos años. El trabajo del profesorado y de quienes corrigen los exámenes se ha puesto en entredicho, tanto en algunos medios de comunicación como mediante movilizaciones y acudiendo a los tribunales. Queremos recordar que quienes corrigen no son únicamente profesorado de EHU; el profesorado de Educación Secundaria asume la misma responsabilidad y realiza su trabajo con la misma profesionalidad. Por ello, este conflicto no es un simple ataque contra la Universidad del País Vasco: es también un ataque de desconfianza y de deslegitimación contra todo el sistema educativo público vasco”, recalcan los profesores e investigadores de la EHU.

Otra de las cuestiones que han criticado durante la presentación del manifiesto es el panorama que deja la decisión judicial de cara a las próximas convocatorias de Selectividad. “¿Qué consecuencias tendrá todo esto de cara a los próximos años? ¿Quién querrá ser el próximo año corrector o correctora de la PAU? ¿Está calibrando el Gobierno vasco en qué situación podemos encontrarnos dentro de un año? Nos hemos sentido desamparados y desamparadas, y eso puede tener graves consecuencias de cara al futuro”, apuntan.

Los profesores e investigadores han querido expresar su “apoyo y solidaridad a todo el profesorado que ha sido corrector de la PAU”. “Sin ellos y ellas este proceso sería imposible y porque sabemos que afrontan año tras año este reto y este examen con profesionalidad y actitud constructiva. Asimismo, queremos subrayar que EHU ha priorizado desde el inicio la profesionalidad, la transparencia y el servicio público en este asunto. Se han cumplido rigurosamente los procedimientos vigentes, se han activado todos los mecanismos de revisión y, en todo momento, se ha intentado garantizar los criterios académicos y un trato igualitario hacia todo el alumnado. Por ello, nos parece grave que se ponga en duda la actuación de la institución y de sus profesionales”, argumentan.

Por último, han querido lanzar un mensaje a la ciudadanía exigiendo respeto para su trabajo y para el sistema educativo público. “Somos profesorado de la universidad pública del País Vasco y estamos orgullosos de serlo. Ante este intento de poner en duda nuestra capacidad y profesionalidad, y de poner en el punto de mira a la propia EHU, exigimos respeto. Pero ese respeto no corresponde solo a la EHU: se le debe a todo el sistema educativo público, a todos los profesionales que trabajamos en él y a la legitimidad de la evaluación del alumnado. Respeto al sistema educativo público, respeto a la Universidad del País Vasco”, concluyen.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha señalado que durante este curso escolar 2025-2026 han aflorado “más casos” de expedientes disciplinarios y de acoso escolar que en el curso anterior, si bien esto se debe a que se detectan “mejor”, ha asegurado.

“Eso no quiere decir que haya más casos, sino que detectamos mejor esos casos”, ha puntualizado Silva este viernes en declaraciones a la prensa, previas a la reunión extraordinaria del Observatorio de la Convivencia en Cantabria para evaluar el clima de convivencia en los centros educativos, proponer herramientas de mejora y prevenir situaciones que afecten a la misma.

El consejero ha manifestado su “satisfacción general” sobre el clima de convivencia de los centros educativos de la región porque, como se corroborará a final de año cuando tengan los datos definitivos del informe, éste “no es malo”, ha aseverado.

Así, aunque Cantabria cuente con “un buen clima de convivencia” en los centros educativos, el titular de Educación ha apostado por no “relajarnos” y estar “permanentemente alerta para que no haya conflictos graves”.

En cuanto al acoso escolar, ha destacado que en este curso 2025-2026 no ha habido un caso tan “mediático” como el que se produjo en el curso pasado --a un joven con discapacidad en un instituto de Santander--, si bien sí se han registrado “incidentes y conflictos de convivencia”.

El consejero ha abogado por ser “prudente” en cuanto a los datos dado que no son definitivos, aunque ha indicado que han aflorado “más casos” debido a que “detectamos mejor”, ya que “tenemos más concienciación, más formación, más recursos”.

Silva ha añadido que a medida que pase el tiempo y se apliquen las medidas de convivencia, incluso si sale adelante la ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar, probablemente se logrará “tener una imagen más fiel de lo que ocurre en los centros educativos”.

“Me decantaría entre la prudencia, pero, al mismo tiempo, la preocupación por la convivencia, porque es algo muy derivado de la salud mental y de las redes sociales en todas las redes educativas”, ha sentenciado.

Guía de accesibilidad emocional

Durante el encuentro, el director general de Calidad y Equidad Educativa, José Luis Blanco, ha expuesto el trabajo que ha realizado el Servicio de Inspección Educativa sobre el seguimiento de las comisiones y los planes de convivencia en 28 centros educativos de toda la región.

Las principales conclusiones de ese estudio señalan que la implantación de la comisión de convivencia es “mayoritaria”, se ha detectado que algunos centros no la han puesto en marcha, por lo que es necesario una revisión anual y una actualización de estos planes.

Además, los resultados del análisis realizado apuntan que es necesario mejorar la participación, especialmente de familias y estudiantes en esa comisión de convivencia.

En el encuentro también se ha presentado el borrador de la guía de accesibilidad emocional al observatorio de la convivencia, con la finalidad de que se puedan hacer aportaciones para mejorar la formación y los recursos disponibles en el ámbito de la convivencia.

Esta guía es un “recurso estratégico” para que los centros planteen la convivencia desde el punto de vista preventivo, algo en lo que viene insistiendo la Consejería de Educación y que recoge el proyecto de ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar.

Esta guía también aboga por “hablar más de la convivencia en sentido positivo”, dentro de la estrategia educativa de que los centros sean “espacios seguros” donde no haya conflictos de convivencia.

UGT ha calificado de “fracaso” la actual implantación del modelo de inclusión educativa en Cantabria, tras mostrar su “profunda preocupación” por los efectos que tendrá tanto en el profesorado como en el alumnado.

En un comunicado, el secretario de UGT Enseñanza en Cantabria, Jesús San Emeterio, ha criticado que “lejos de mejorar la atención al alumnado”, la implantación del modelo de inclusión educativa está generando “importantes desequilibrios” en la organización de los centros, “una creciente sobrecarga burocrática” para el profesorado y “una merma en la calidad de la atención educativa”.

“Hay que tener en cuenta que esta merma de la calidad educativa afecta a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que incide en el principio de equidad, pilar fundamental en la atención a la diversidad desde su nacimiento con la LOGSE en las sucesivas leyes orgánicas hasta actual LOMLOE”, ha enfatizado el responsable de UGT Enseñanza en Cantabria.

Para el sindicalista la inclusión educativa debe sustentarse en recursos suficientes, planificación y una atención ajustada a las necesidades reales e individualizadas el alumnado, pero la aplicación del actual modelo “está provocando efectos contrarios a los que dice y anuncia perseguir”, a su juicio.

San meterio ha puesto como ejemplo la modificación de las funciones del profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), que se ve obligado a desarrollar gran parte de su labor dentro del aula de referencia y con el conjunto del grupo clase, “lo reduce drásticamente la atención individualizada que recibía el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”, ha explicado.

“Alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Trastorno del Espectro Autista, incluido el síndrome de Asperger, o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), entre otros, están dejando de recibir las sesiones individualizadas que hasta ahora resultaban fundamentales para su desarrollo académico, emocional y social”, ha incidido San Emeterio.

Además ha indicado que las dos horas semanales de atención individualizada que muchos de estos estudiantes recibían “no suponían una medida segregadora”, sino una herramienta “imprescindible” para dotarlos de estrategias, habilidades y recursos que posteriormente les permitieran participar con mayores garantías en su aula ordinaria y avanzar hacia una inclusión real y efectiva.

Según el sindicalista, la desaparición o reducción de estos apoyos específicos puede derivar en un empeoramiento del rendimiento académico, mayores dificultades de adaptación y una pérdida de oportunidades para un alumnado “que precisamente requiere una respuesta educativa más ajustada y especializada”.

Funciones ajenas a la especialidad

El responsable autonómico de UGT Enseñanza ha añadido a sus críticas “el creciente número” de plazas perfiladas y “la tendencia de muchos centros” a asignar al profesorado especialista funciones ajenas a su especialidad, “impidiendo que pueda desarrollar plenamente la docencia para la que ha sido formado y seleccionado”.

“Numerosos maestros y maestras de especialidades como Música y Educación Física ven cómo sus horarios se completan con materias de otras áreas, mientras su propia especialidad queda infradotada”, ha concretado San Emeterio, que considera que esta práctica tiene “consecuencias directas sobre la calidad educativa”.

San Emeterio también ha rechazado que “a burocracia asociada a la gestión de los distintos programas europeos y proyectos implantados este curso está absorbiendo ”una parte creciente del tiempo y del esfuerzo del profesorado con un horario insuficiente asignado a las coordinaciones“.

Por ello, ha reclamado a la Consejería de Educación “una evaluación rigurosa y transparente” del actual modelo de inclusión educativa, la recuperación de los apoyos específicos e individualizados para el alumnado que así lo requiera y la reducción del número de plazas perfiladas cuando éstas supongan una merma injustificada de las plazas ordinarias.

Además, ha considerado “obligado” la garantía de igualdad de oportunidades para el profesorado interino de todas las especialidades, la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de la carga burocrática asociada a los programas y proyectos educativos.

Cientos de personas se han concentrado este jueves en los campus de la EHU de Bilbao, Donostia y Vitoria para denunciar “la ofensiva judicial contra el euskera”, después de que decenas de estudiantes hayan presentado demandas ante la Justicia para que no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad y al menos 25 autos de juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao hayan decretado medidas cautelares para aquellos alumnos que hayan acudido a los tribunales. “La ofensiva contra la normalización del euskera no se detiene. Al contrario, se está extendiendo, y ahora ha puesto en su punto de mira el sistema educativo. Solo así puede entenderse lo ocurrido en los últimos días: cómo se han utilizado los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen de Euskera y Literatura de la prueba de acceso a la universidad para atacar al euskera. En estos días hemos visto cómo la preocupación de ese alumnado ha sido utilizada política y mediáticamente contra el papel que desempeña el sistema educativo de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en la normalización del euskera. Y con especial gravedad hemos visto, una vez más, cómo el poder judicial ha tenido la última palabra, obligando a la EHU a eximir de euskera a los estudiantes que, tras obtener malos resultados, han acudido a la vía judicia”, han leído en un comunicado representantes del Euskalgintzaren Kontseilua organización que agrupa las principales entidades a favor del euskera, en los campus de EHU las tres capitales.

En el caso de Bilbao, ha sido la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, la encargada de leer el escrito, acompañada de representantes de los sindicatos ELA, LAB y Steilas. “De nuevo, el poder judicial se ha situado por encima de las instituciones que cuentan con el conocimiento y la legitimidad para resolver esta cuestión, por encima de la propia EHU e incluso del Gobierno vasco. Mediante esta ofensiva política, mediática y judicial actualmente en marcha, se está profundizando cada vez más en el proceso de desoficialización del euskera. De hecho, lo ocurrido en torno a las pruebas de acceso a la universidad tiene consecuencias graves y evidentes en lo que respecta a la oficialidad del euskera. Por un lado, premiará y privilegiará en el acceso a la universidad a quienes renuncian al euskera. En cambio, menospreciará a quienes han otorgado al euskera la misma importancia que al resto de asignaturas, a quienes han respetado el lugar que le reconoce el currículo educativo y han hecho el esfuerzo de aprenderlo. Convertirá en víctimas de una gran injusticia a miles y miles de estudiantes. Y este perjuicio no se soluciona aumentando plazas. Si así fuera, habría que aplicar la misma lógica al alumnado que ha obtenido malos resultados en Matemáticas o Castellano y no está conforme con ellos”, ha lamentado tras una pancarta en la que se leía “Euskara guztiontzat”.

Según ha criticado, lo ocurrido deja al descubierto que aquellos que viven en euskera son “ciudadanos de segunda”. “Todo ello ha puesto de manifiesto hasta qué punto quienes nos desenvolvemos en euskera somos ciudadanía de segunda; hasta qué punto el euskera es una lengua de segunda y subordinada al castellano. El mensaje que se ha trasladado a la sociedad es claro: el euskera no vale tanto como el castellano. Todo ello está muy lejos de una verdadera oficialidad, muy lejos de la igualdad y aún más lejos de la política de normalización que necesita una lengua minorizada como el euskera”, ha aseverado.

Durante la concentración también han criticado el papel del Gobierno vasco en esta situación. Este martes, tras la primera resolución judicial que decretó medidas cautelares, se celebró una reunión de urgencia entre el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, tras la cual tomaron la decisión de ofertar más plazas en la universidad para que los alumnos que han recurrido su examen puedan entrar sin dejar al resto de los alumnos fuera. “En Euskalgintzaren Kontseilua vemos con gran preocupación la actitud mostrada en estos días por el Gobierno vasco ante esta cuestión. Ha sido especialmente inquietante comprobar que, en lugar de abordar el verdadero problema –que el sistema de modelos lingüísticos vigente deja a parte del alumnado sin alcanzar el nivel mínimo de euskera recogido en el currículo–, el Departamento de Educación ha optado por señalar al profesorado encargado de corregir los exámenes, poniendo en duda su conocimiento, rigor y criterio. Queremos expresar nuestro apoyo a todo ese profesorado que trabaja día a día en la enseñanza y transmisión del euskera, así como a quienes han participado en la corrección de las pruebas como parte de esa labor”, ha señalado Eskisabel.

Para las entidades a favor del euskera la solución es clara: acabar con los modelos educativos A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional y B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, cuyos alumnos son los afectados en los exámenes de euskera de la Selectividad de este año. “Tenemos claro que el núcleo de este problema reside en el sistema de modelos. Desde hace tiempo se sabe y se ha demostrado que los modelos A y B no sirven para cumplir los objetivos establecidos por el propio currículo educativo. Estos modelos, además de obstaculizar el avance en la normalización del euskera, vulneran el derecho de miles de estudiantes a adquirir la lengua. Por ello, desde hace tiempo Kontseilua viene reclamando la superación del actual sistema de modelos y la generalización de un modelo educativo en euskera, con el objetivo de ofrecer más recursos a quienes menos euskera tienen. Ese es el camino, no solo para avanzar en la normalización y revitalización del euskera en un momento en que su futuro está en juego, sino también para desatar uno de los principales nudos como sociedad, profundizando en la justicia y la cohesión social”, ha trasladado, tras recordar que “en el último debate de la Ley de Educación se perdió una excelente oportunidad para dar ese paso”.

“En un momento en el que la ofensiva se ha extendido al ámbito educativo, se abre una nueva oportunidad para impulsar un modelo educativo generalizado en euskera, y queremos hacer un llamamiento a todos los agentes del ámbito del euskera y de la educación, así como a las fuerzas políticas y sindicales que creen en el futuro del euskera. Y, por supuesto, hacemos un llamamiento a todas las personas euskaltzales, a toda la ciudadanía que defiende el euskera, la justicia social y la igualdad, para que sean impulsoras de este cambio. Mientras tanto, seguiremos trabajando para crear unas condiciones reales para poder vivir en euskera. Tomemos conciencia, empoderémonos y organicémonos como euskaltzales: en los centros educativos, en la calle, entre amistades, en las redes y en todos los ámbitos de la vida”, ha concluido Eskisabel.

Otra decena de estudiantes ha decidido presentar nuevas demandas ante la Justicia para que, al igual que en el caso de sus compañeros, no se tenga en cuenta su calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad. Por el momento son cerca de 25 los autos de juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao los que han decidido tomar medidas cautelares para aquellos alumnos que hayan acudido a los tribunales. Se trata de una decisión recurrida por la EHU al considerar que “el cumplimiento de estas medidas cautelares podría generar precisamente un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas y cuyos derechos deben ser igualmente protegidos”.

Aun así, un juez, Emilio Lamo de Espinosa, ha avisado al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que incurrirá en un “delito de desobediencia” si no acata la resolución judicial -extremo que nunca ha planteado-, con el PNV volviendo a cargar contra la Universidad pública por falta de transparencia y con el PSE-EE hablando de posible “apartheid” porque el problema se concentra en colegios (privados) de modelo A, es decir, mayoritariamente en castellano. Por ello, la EHU ha anunciado ampliar provisionalmente las plazas para que ningún alumno salga perjudicado aunque la preinscripción a los grados de la Universidad pública vasca finalizó este martes, 30 de junio.

Tras las denuncias los jóvenes podrán acceder, con la nota de Selectividad sin contar la el examen de euskera, a una plaza en la EHU -u otra universidad pública del país-, pero solamente de manera cautelar. El proceso judicial no ha revisado el fondo del asunto y, cuando eso se produzca, podría ocurrir que pierdan la plaza. “Se informa a la parte recurrente que, en caso de dictarse sentencia desestimatoria en el pleito principal, podrá perder la plaza a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de esta medida cautelar”, ha plasmado el propio Lamo de Espinosa en uno de los autos.

Desde el Consejo de Estudiantes temen que esta situación “sienta un precedente”. “Este año ha sido euskera pero puede que el año que viene sea Matemáticas y esto abre un precedente para los alumnos y sus familias de que, si no están conformes con una nota, pese a las recorrecciones y a las garantías de este sistema, pueden acudir a la Justicia para que la nota que no les gusta no cuente. Aunque no consideramos que la PAU sea un modelo plenamente justo, sigue siendo el mecanismo común que debe garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo. Puede discutirse si lo consigue, pero es su promesa: llegado el momento, todo el mundo se sienta ante el mismo examen y con las mismas reglas. Para que la PAU cumpla, al menos, con esa función común, deben aplicarse criterios objetivos y respetarse la normativa vigente, como ha hecho la EHU con el conjunto del estudiantado. Sin embargo, las medidas cautelares adoptadas, lejos de garantizar esa igualdad de oportunidades, pueden profundizar las desigualdades existentes. Resulta especialmente grave que la materia apartada sea Lengua Vasca y Literatura II: el euskera no es una asignatura optativa ni prescindible, sino la lengua propia de nuestro país y una parte esencial de la universidad pública vasca. La decisión permite que algunas personas sean valoradas sin computar una materia obligatoria y obliga a reservar plazas al margen del procedimiento general”, lamentan desde el Consejo de Estudiantes.

“En un sistema con plazas limitadas, esta decisión no afecta únicamente a quienes han acudido a los tribunales. Puede desplazar en las listas a estudiantes que han seguido el procedimiento ordinario y dejarles fuera de la titulación que desean cursar. Además, si finalmente se concluyera que no existió ninguna irregularidad, se plantea el dilema de qué pasaría con quienes quedaron fuera pese a que realmente les correspondían esas plazas. No se puede corregir una posible injusticia creando otra, ni proteger a unas personas a costa de desproteger al resto. Aceptarlo sentaría un precedente peligrosísimo: que la igualdad de oportunidades dependa de quién puede permitirse acudir a los tribunales”, añaden los estudiantes.

Este jueves Euskalgintzaren Kontseilua, organización que reúne las principales entidades sociales a favor del euskara, ha convocado una manifestación en facultades de la EHU de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava “con el objetivo de denunciar la desoficialización del euskara, la ofensiva del poder judicial y el menosprecio sistemático hacia la lengua, superar el sistema de modelos lingüísticos y apostar por un modelo educativo generalizado en euskara que garantice que todo el alumnado, en igualdad, sea competente en esta lengua y avanzar en la normalización y revitalización del euskara en un contexto de emergencia lingüística”.

“Los tribunales han aprovechado los malos resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen de Euskera y Literatura II de la prueba de acceso a la universidad (PAU) para extender a la educación una ofensiva contra la normalización del euskara que viene de lejos y para profundizar en su desoficialización. Como consecuencia, han premiado y privilegiado la renuncia al euskara. Este hecho evidencia el menosprecio sistemático hacia el euskara por parte del poder judicial, con el objetivo de perpetuar el euskara como una lengua de segunda categoría y subordinada al castellano. A ello se suma que el actual sistema de modelos lingüísticos vigente en la educación de Euskadi deja a miles de estudiantes sin alcanzar un nivel mínimo de euskara”, lamentan los organizadores de la protesta, a la que se han adherido  los sindicatos ELA, LAB y STEILAS, Euskal Herriko Ikastolak, BIGE, Denon Eskola, las organizaciones estudiantiles IAS e IKAMA, además del Consejo de Estudiantes y los grupos de euskara de los campus de Leioa, Donostia y Gasteiz de la EHU.

La decisión adoptada por varios juzgados del contencioso-administrativo de Bilbao de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad de las personas que obtuvieron bajas calificaciones y han acudido a la Justicia deja ahora tres escenarios posibles para los estudiantes. El asunto ha escalado a debate político con un juez, Emilio Lamo de Espinosa, avisando al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de que incurrirá en un “delito de desobediencia” si no acata la resolución judicial -extremo que nunca ha planteado-, con el PNV volviendo a cargar contra la Universidad pública por falta de transparencia y con el PSE-EE hablando de posible “apartheid” porque el problema se concentra en colegios (privados) de modelo A, es decir, mayoritariamente en castellano.

En primer lugar, se encuentran los cerca de 25 estudiantes que acudieron a la Justicia para, según uno de sus abogados representantes, Iñaki Picaza, que la nota de la asignatura en el examen de la Selectividad “no se tenga por puesta, porque el procedimiento es nulo”. Varios juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao les han dado la razón y han decretado, como medidas cautelares, que “no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula” de las personas que han acudido a los juzgados.

Estos jóvenes podrán acceder a una plaza, pero solamente de manera cautelar. El proceso judicial no ha revisado el fondo del asunto y, cuando eso se produzca, podría ocurrir que pierdan la plaza. “Se informa a la parte recurrente que, en caso de dictarse sentencia desestimatoria en el pleito principal, podrá perder la plaza a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de esta medida cautelar”, ha plasmado el propio Lamo de Espinosa en uno de los autos. La EHU ha presentado un recurso.

En segundo lugar se encuentran los alumnos que también han suspendido u obtenido un cero en el examen de euskera de la Selectividad, pero han decidido no acudir a la Justicia. Aunque es cierto que la semana pasada se acometió la revisión de esos exámenes y se determinó que en aproximadamente un 80% de los casos la calificación podía ser algo más alta que cero, pero no los dos puntos que implican que, de oficio, sea necesario un tercer tribunal corrector por observarse una gran diferencia. Sin embargo, estos alumnos se quedarían sin los 'beneficios' de quienes acudieron a la Justicia, es decir, sus bajas notas de euskera contarán en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la universidad.

El tercer escenario puede tratarse del más complicado y, como califican desde el Consejo de Estudiantes de la EHU, “injusto”. Se trata de aquellos alumnos a los que, habiendo aprobado el examen de Euskera y Literatura II, esta nota les ha bajado la media. “Tenemos a alumnos con un 8 de media que han sacado un 6 en euskera. Este año ha sido euskera pero puede que el año que viene sea Matemáticas y esto abre un precedente para los alumnos y sus familias de que, si no están conformes con una nota, pese a las recorrecciones y a las garantías de este sistema, pueden acudir a la Justicia para que la nota que no les gusta no cuente. Aunque no consideramos que la PAU sea un modelo plenamente justo, sigue siendo el mecanismo común que debe garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo. Puede discutirse si lo consigue, pero es su promesa: llegado el momento, todo el mundo se sienta ante el mismo examen y con las mismas reglas. Para que la PAU cumpla, al menos, con esa función común, deben aplicarse criterios objetivos y respetarse la normativa vigente, como ha hecho la EHU con el conjunto del estudiantado. Sin embargo, las medidas cautelares adoptadas, lejos de garantizar esa igualdad de oportunidades, pueden profundizar las desigualdades existentes. Resulta especialmente grave que la materia apartada sea Lengua Vasca y Literatura II: el euskera no es una asignatura optativa ni prescindible, sino la lengua propia de nuestro país y una parte esencial de la universidad pública vasca. La decisión permite que algunas personas sean valoradas sin computar una materia obligatoria y obliga a reservar plazas al margen del procedimiento general”, lamentan desde el Consejo de Estudiantes.

“En un sistema con plazas limitadas, esta decisión no afecta únicamente a quienes han acudido a los tribunales. Puede desplazar en las listas a estudiantes que han seguido el procedimiento ordinario y dejarles fuera de la titulación que desean cursar. Además, si finalmente se concluyera que no existió ninguna irregularidad, se plantea el dilema de qué pasaría con quienes quedaron fuera pese a que realmente les correspondían esas plazas. No se puede corregir una posible injusticia creando otra, ni proteger a unas personas a costa de desproteger al resto. Aceptarlo sentaría un precedente peligrosísimo: que la igualdad de oportunidades dependa de quién puede permitirse acudir a los tribunales”, añaden los estudiantes.

Con el objetivo de que los estudiantes de ese tercer escenario no se vean perjudicados y pierdan sus “merecidas” plazas, la Universidad vasca ofertará más plazas para que entren los que recurrieron el examen de euskera y nadie quede fuera. La decisión se ha adoptado tras una reunión de urgencia celebrada en la tarde de este martes entre el rector y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. “Como resultado del encuentro, ambas instituciones han acordado ampliar cautelar y provisionalmente las plazas de excepción cuya reserva imponen los autos judiciales en aquellas titulaciones en las que resulte necesario. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, que la ejecución de estas resoluciones perjudique al resto del estudiantado ya admitido y, al mismo tiempo, dar cumplimiento a los autos judiciales que prevén la reserva de plazas”, informan desde la universidad.

A raíz de esta situación desde la EHU consideran que la aplicación de los autos judiciales la sitúan en un conflicto con el Real Decreto 534/2024, norma estatal que regula la prueba de acceso a la universidad. “El citado Real Decreto establece expresamente que la materia de Euskara y Literatura II debe formar parte de la calificación de la fase de acceso. Sin embargo, los autos judiciales ordenan recalcular las calificaciones prescindiendo de dicha materia, lo que, a juicio de la universidad, obliga a dejar de aplicar una previsión expresa de una norma estatal vigente. Euskal Herriko Unibertsitatea considera que esta situación plantea un dilema jurídico inédito. La ejecución de los autos, en los términos en que han sido dictados, obliga a la universidad a modificar las calificaciones de acceso y a reservar plazas, dejando de aplicar una previsión expresa del Real Decreto 534/2024”, destacan desde la universidad.

“La universidad considera, además, que esta situación altera las condiciones de un proceso de admisión ya iniciado, obvia las reglas generales del sistema de acceso para un grupo concreto de personas, quiebra el principio de igualdad de oportunidades que debe regir el acceso a la universidad, resulta contraria a los derechos del resto del estudiantado, compromete la seguridad jurídica y genera un precedente de enorme gravedad para el sistema universitario”, señala la EHU, que aclara que “acatará y aplicará las medidas cautelares en los términos establecidos por los autos judiciales, por ser de obligado cumplimiento”, pero “al mismo tiempo, defenderá por todas las vías legales a su alcance la plena aplicación del Real Decreto 534/2024 y las garantías del sistema de acceso a la universidad”.

Por ello, como han anunciado este lunes, la universidad recurrirá la decisión judicial. “La universidad está estudiando cuantas acciones judiciales considere necesarias para salvaguardar la seguridad jurídica de la institución y garantizar el respeto al marco normativo vigente que regula el acceso a la universidad. La EHU mantiene los recursos ya presentados contra los autos y continuará defendiendo la aplicación del marco legal vigente y las garantías del sistema de acceso a la universidad”, concluyen.

La oferta universitaria en Extremadura es aún pública en su totalidad, pero eso va a cambiar muy pronto. PP y Vox aprobaron el pasado octubre la puesta en marcha de Uninde, que ultima su desembarco en Badajoz, y al mismo tiempo, se encuentran en tramitación otros tres centros privados en la región. El más adelantado es el proyecto del Grupo Plantea, denominado Universidad Abierta de Extremadura-ONEX, con una oferta de grados y másteres 100% online.

En septiembre recibió luz verde de la Conferencia General de Política Universitaria, aunque de forma condicionada, y esta semana superará un trámite más cuando se haga oficial el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, que se ha aprobado en pleno por un solo voto.

Según ha podido saber elDiario.es Extremadura, el posicionamiento del CES es “duro” ante la llegada de otra universidad privada a la comunidad, pero no con la suficiente contundencia que seis integrantes del pleno han considerado necesaria debido a la calidad del proyecto, su “poco” valor añadido y la “competencia” que supondrá para la Universidad de Extremadura. Todos ellos van a incorporar un voto particular al dictamen, por lo que hasta finales de semana no se dará traslado a la Consejería de Educación para que continúe la tramitación. Hay que tener en cuenta que este informe es preceptivo pero no tiene carácter vinculante, a pesar de que refleja la opinión de los agentes sociales y económicos de la comunidad.

Expendeduría de títulos

En concreto, son UGT, CCOO, la Universidad de Extremadura, el Consejo de la Juventud de Extremadura, el Tercer Sector y el representante de la economía social los integrantes que han anunciado un voto particular al dictamen.

UGT ya ha registrado su voto contrario al proyecto del grupo Planeta, que cuenta con Segundo Píriz, que fue rector de la Universidad de Extremadura durante dos legislaturas. A juicio de UGT, este tipo de macroproyectos no persiguen el interés general de la región, sino “un beneficio particular” amparándose bajo el prestigioso marchamo de la palabra “universidad”. Además, al ser formación 100% digital, el sindicato considera que no tendrá un impacto real en la fijación de la población ni contribuirá a crear un ecosistema investigador extremeño, funcionando más como “expendedurías de títulos” de carácter global que como motores de desarrollo regional.

UGT ha valorado que iniciativas como la Universidad Abierta “transforman un derecho fundamental en un negocio, favorecen la segregación social, debilitan el sistema universitario público y no aportan una innovación real a la oferta educativa de la región”. Por ello, ha reclamado una Ley de Universidades de Extremadura, “que establezca condiciones mínimas de calidad, exigencias claras y garantías suficientes para impedir una competencia desleal en perjuicio de la Universidad Pública”.

“A la Universidad Abierta le sobra el complemento de Extremadura, pues se trata de un proyecto ajeno a la región y a su futuro”, han afirmado desde UGT.

Un peligro para la educación pública

Para CCOO, el dictamen del Consejo Económico y Social “no deja totalmente establecido que el interés general de Extremadura exige priorizar el fortalecimiento del sistema universitario público y evitar decisiones que puedan incrementar la competencia por un alumnado cada vez más reducido”. Por ello, propone que la política universitaria de la Junta se oriente “a consolidar y poner en valor la Universidad de Extremadura como instrumento esencial para el progreso económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía extremeña”.

Este sindicato considera que no hay una “oportunidad real” para la implantación de una institución universitaria de carácter privado en Extremadura. “La documentación incorporada al expediente no acredita la existencia de una demanda social en Extremadura que justifique la creación de una nueva universidad privada”. De hecho, CCOO ha desvelado que el dictamen de CES pone de manifiesto que el informe de necesidad y oportunidad “no realiza un análisis riguroso de las necesidades formativas de la comunidad autónoma ni identifica las carencias del actual sistema universitario que esta universidad venga a resolver”.

La Universidad de Extremadura también ha mostrado su preocupación por el “escaso” impacto territorial de un modelo que va a ser íntegramente virtual, y, en este sentido, CCOO cree que no va a generar empleo estable ni cualificado de forma significativa. Además, denuncia que la expansión continuada de universidades privadas en España coincide con un progresivo debilitamiento financiero del sistema universitario público. Antes de favorecer la incorporación de nuevas universidades privadas, la administración debería garantizar una financiación suficiente, estable y previsible para la universidad pública, reforzando su capacidad docente, investigadora y de transferencia del conocimiento.

Titulaciones que ya existen

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), el máximo órgano de representación de los jóvenes extremeños, también ha rechazado el dictamen y ha registrado ya su voto particular. Su presidenta, Lidia Solana, ha remarcado que la posición del CJEx es “clara y firme” en defensa de una universidad pública “accesible, inclusiva y de calidad” y, sin embargo, la oferta de Planeta “coincide con titulaciones que ya existen en nuestro sistema público”.

Solana también ha explicado las dudas del Consejo de la Juventud sobre la necesidad de esta nueva universidad 100% online, que, además, no acredita que su oferta académica “responda a las necesidades formativas del tejido empresarial”. Además, “las prácticas se harán fuera de Extremadura, con lo que se favorece la fuga de talento”, ha destacado.

Ahora el proyecto debe pasar por el Consejo de Estado y volver a la Junta de Extremadura, para que el Gobierno regional lo remita a la Asamblea, que será la que tenga la última palabra. Además de Uninde y la Universidad Abierta de Extremadura, esperan su turno para desembarcar en la comunidad la Universidad Europea de Extremadura, de la Iniciativa Educativa Extremadura, y la Universidad CEU Núñez de Balboa, promovida por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

La aprobación de Uninde, el primero proyecto privado en la comunidad, estuvo rodeada de polémica porque la Junta de Extremadura se empeñó en llevar el proyecto a la Asamblea poco antes del adelanto electoral ordenado por María Guardiola, sin haber completado la tramitación e incluso con un informe negativo de sus servicios jurídicos. El Ejecutivo regional no informó de los últimos consejos de gobierno en los que se trató la iniciativa, incluyendo uno que fue extraordinario y, además, se elevó al Parlamento por lectura única, es decir, sin dar la posibilidad a los grupos políticos de debatir sobre este centro universitario privado, ni presentar enmiendas ni escuchar la opinión y propuestas de la sociedad civil y especialistas en la comisión parlamentaria.

El Pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado este martes día 30 y por una amplia mayoría, la Proposición de Ley de la gratuidad de los estudios oficiales de Grado Universitario o estudios superiores equivalentes en nuestra Comunidad, “un incuestionable avance social” en palabras del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que consolida un modelo de gratuidad (desde los cero años hasta la finalización de los estudios universitarios) a la vanguardia de España.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento de La Rioja, Capellán ha resaltado que esta nueva norma “convierte en derecho fundamental lo que supone un salto cualitativo en los derechos educativos de todos los riojanos que desde hoy cuenta con todas las garantías jurídicas y se blindan”. Una nueva normativa, ha resaltado, que supone “una conquista social irreversible y buena para toda La Rioja, para el futuro de todos los riojanos y las riojanas, y que permitirá ayudar a todos los jóvenes”, ya que “por Ley, todos los riojanos tendrán derecho a una educación universitaria gratuita”.

Durante su intervención, Capellán ha renovado el firme compromiso de su Ejecutivo con la educación superior y, en concreto, con la Universidad pública de La Rioja. Así, ha recordado la creación de dos nuevos Grados en la UR, Medicina y Tecnología del Lenguaje; el incremento de plazas a partir del próximo curso 2026/2027; así como el apoyo al campus riojano con la mayor financiación pública por alumno y profesor de toda España, que este año ha alcanzado los 53 millones de euros, “un récord histórico y que el próximo año volverá a incrementarse”, ha asegurado.

En 2027, también al último curso

La aprobación de esta norma supone, desde el próximo mes de septiembre, la exención automática para alumnos riojanos que se matriculen en 1º, 2º y 3º de un Grado universitario en La Rioja, tanto en la UR como en la UNED. También incluirá la previsión de que en 2027 se extienda al 4º y último curso, logrando la gratuidad completa de la primera matrícula para cursar cualquiera de los títulos oficiales de grado Universitario o estudios no universitarios equivalentes, como los que imparte la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR). 

Así, la Ley tiene por objeto la exención de la totalidad del precio público a satisfacer por los créditos académicos de la primera matrícula en estudios oficiales de Grado Universitario o estudios no universitarios equivalente al título oficial de Grado al alumnado de los centros públicos de educación superior situados ubicados en La Rioja.

Podrán beneficiarse de esta exención el alumnado entre 17 y 35 años, cumplidos en el año de formalización de la matrícula que esté empadronado en cualquier municipio de La Rioja de forma ininterrumpida durante, al menos, dos años inmediatamente anteriores al curso que comienza. Además, no deberá poseer o reunir los requisitos legales para la obtención de un título igual o de superior nivel académico. 

Con esta medida, La Rioja consolida un pionero modelo de gratuidad de la educación pública, que va desde los cero años hasta la finalización de los estudios superiores. A este respecto, ante el anuncio del Gobierno de España de aprobar, vía Decreto Ley, una rebaja en las ratios de la educación de 0 a 3 años, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico aumentará la partida destinada al bono infantil en los Presupuestos de La Rioja para 2027 “para garantizar que sea efectivamente gratuita, ofreciendo tranquilidad, seguridad y certidumbre a familias y viabilidad a los centros”.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de España no haya tenido en cuenta en su anuncio a las comunidades autónomas y que este venga sin una memoria económica que lo acompañe, si bien ha precisado que la decisión de rebajar las ratios en el tramo de 0 a 3 años le parece positiva. “Esperemos que llegue con memoria económica y con cofinanciación del Gobierno de España, porque el coste se va a incrementar. En cualquier caso, el Gobierno de La Rioja no va a dejar atrás a ninguna familia, como ya hemos demostrado antes incrementando el bono infantil hasta los 12 millones de euros este ejercicio (6 millones de euros más que en 2023)”.

No está teniendo un año tranquilo la consejera de Educación. Era esperable que el fin de las movilizaciones de la Escuela Pública tras la firma del nuevo Acuerdo regulador, en 2025, le diera el oxígeno necesario para impulsar con más tranquilidad los distintos proyectos en los que se encuentra embarcada la educación vasca. Pero no ha sido así. Citando algunos casos, el retraso inexplicable en la firma del mencionado Acuerdo, la información desdibujada de los resultados de la evaluación de diagnóstico, los problemas para trabajar las novedades que la ley educativa plantea, las ya obligadas quejas de los centros concertados sobre las plazas destinadas al personal vulnerable, o, por ir a episodios más recientes, el frente abierto con la propia EHU (antigua UPV-EHU) por las notas de la PAU en algunos tribunales han frustrado cualquier intento por tener lo que se llama un curso tranquilo.

Era de suponer que la consejera, con experiencia validada en el entorno administrativo, habría hecho acopio de fuerzas para tales imprevistos. Se habría rodeado de personas con experiencia suficiente para ayudarla a digerir determinadas malas digestiones. Habrá aprendido a surfear en aguas procelosas, desviando el objeto de atención con nuevas propuestas, a veces diametralmente ajenas a la problemática surgida. Pero lo que no esperábamos, al menos parte de la ciudadanía que sigue el devenir educativo vasco con suma atención, es el nuevo talante amenazante que empieza a utilizarse en el entorno docente. 

Da la impresión de que uno de los caminos que utiliza el Departamento cuando se encuentra con protestas públicas sobre su gestión (cierre o fusión de centros públicos, o valoraciones personales de indefensión ante amenazas del alumnado en algún instituto playero, por citar dos ejemplos de este mismo curso) es refugiarse en la apertura de expedientes disciplinarios para quienes hacen la crítica. En vez de ahondar en una información más detallada y transparente -que elimine sensaciones de abandono cada vez más recurrentes en la Escuela Pública- recurre a las sanciones.

Da la sensación de que, todo indica que las críticas son mal asumidas. Parece que se recurre a la forma más sencilla -la punitiva- para advertir de los riesgos en que incurre cualquiera cuando manifiesta su desacuerdo con las líneas marcadas desde instancias administrativas. Asustar con actos disciplinarios, aunque, en el mejor de los casos, pueda acabar en una simple llamada de atención, es poner el acento en que se lo planteen mejor aquellas personas díscolas que piensan en clave crítica.

La consejera debería saber mejor que nadie que formar al alumnado en el pensamiento crítico no puede ser sólo teoría, sino que debe ejercerse desde la práctica; ella y su equipo deben valorar que analizar la gestión, sopesar los aciertos y errores contribuye a mejorar la actuación; cualquier persona dirigente con un mínimo de experiencia -y los cargos del equipo de Pedrosa lo son- debe asumir que trabaja para mejorar un servicio público como es el educativo.

Si volvemos a los proyectos que tocaba desarrollar para este curso a punto de finalizar, la ley educativa de 2023 es precisamente uno de ellos. Si nos fijamos, ya en la exposición de motivos queda explícitamente señalado uno de los valores del sistema educativo vasco que también la Administración debería respetar: “El sistema educativo se propone formar personas que piensen por sí mismas” ¿Es posible trabajar en este principio con medidas sancionadoras como las mencionadas? No hay que avanzar mucho en la lectura de la ley para entender que en varios capítulos se insiste en la formación crítica y activa del alumnado (art.3j.) y en su preparación para el pleno ejercicio de la ciudadanía y su inserción activa en la sociedad. ¿Francamente entiende esta administración que con sanciones sobre opiniones críticas se acerca a la comunidad discente a conformar una ciudadanía plural?

No es sostenible coartar la libertad de expresión en ninguna situación. Menos aún si el motivo es que las críticas recibidas generan incomodidad. ¿Qué pretenden conseguir así?, ¿sumisión?, ¿silencio?... 

Volvamos la vista hacia el poeta ruso Y. Yevtushenko y asentimos con preocupación, compartiendo su afirmación: “Cuando la verdad es desplazada por el silencio, este es una mentira”. Este no es el camino.

La mitad de las familias con hijos en edad escolar (un 47%) los envía a clases particulares. Es una forma de empujar académicamente al alumnado que se detecta en todas las franjas de renta, pero que destaca especialmente en aquellos hogares con mayores ingresos, según los datos de informe El mercado de las clases particulares en España entre 2020 y 2024: la nueva geografía social, territorial y lingüística de la Educación en la Sombra, elaborado por EsadeEcPol y publicado este jueves.

El trabajo constata un aumento del gasto entre 2019 y 2024 hasta los 2.782 millones de euros ese curso, una subida del 38% en términos reales (descontada la inflación, es el dato que se utilizará a lo largo de este artículo) que se apoya principalmente en el refuerzo curricular, los idiomas y las actividades artísticas, y también en la caída que sufrió el sector el año de la pandemia por la suspensión de la docencia presencial.

Pero la subida no se ha dado en todas las “etapas, destino, nivel de renta, origen o comunidad autónoma”, señalan en el texto Lucas Gortazar, director adjunto de EsadeEcPol, y Juan Manuel Moreno, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED y senior fellow de EsadeEcPol: el incremento ha sido mayor en Primaria (56%) que en la ESO (19%) o Bachillerato (24%); en los idiomas (43%) y en las enseñanzas artísticas (63%); entre el 40% de las familias más humildes (más del 50%). Las familias con mayor poder adquisitivo siguen acudiendo más a esta educación “privada”, pero los hogares que tienen rentas más bajas están cerrando la brecha.

Por etapas, la que cuenta con mayor gasto es la Primaria (56%), seguida de la Infantil (33%) y baja algo en Secundaria (19%) y Bachillerato (24%). El crecimiento de este mercado repuntó el curso 2019/20 con una cantidad total de 1.691 millones de euros.

“Los resultados permiten comprender cómo el centro de gravedad de la educación en la sombra se está desplazando hacia etapas educativas más tempranas y hacia el gasto en ampliar las oportunidades de aprender (idiomas, arte y tecnología) más que al refuerzo y apoyo de las materias curriculares básicas”, valoran los autores. “Sin embargo, el aumento del gasto en idiomas y su concentración en comunidades bilingües con lengua co-oficial que vehicula buena parte de los aprendizajes (así como el mayor consumo de EeS —Educación en la Sombra— en idiomas de los hogares inmigrantes) indican que una parte no menor de esa demanda surge de la necesidad de apoyo y refuerzo al alumnado de primaria para progresar académicamente en una lengua vehicular de instrucción que no es la del hogar”, añaden.

Lejos de poner la vista en la educación pública, el mercado de las particulares se ha convertido en un negocio que va in crescendo de manera constante desde el año 2019. Los progenitores están poniendo el foco en un alternativa que se puede calificar como “privada” para satisfacer sus deseos y que sus hijos, con trabajo complementario, logren un mayor nivel con respecto al resto de niños que cursan de manera natural el periodo escolar. El salto que varios informes han detectado en los últimos años es que estas clases ya no suponen exclusivamente una actividad extraescolar de refuerzo, para no quedarse atrás, si no que son algo diferencial para, por ejemplo, superar ciertas pruebas de acceso debido a la creciente competitividad en el sistema.

“La educación en la sombra ya no es tan solo la sombra del currículo escolar. Es una economía que discurre en paralelo al sistema educativo, con sus propias lógicas de demanda, sus propias desigualdades y funciones, entre las que es cada vez más difícil distinguir entre refuerzo y ampliación”, advierte EsadeEcPol.

Un antes y un después en la educación

Analizando el gasto producido por etapas educativas se observa un ascenso en las cuantías gastadas en clases particulares. En el segundo ciclo de la etapa de Infantil (3-6 años), Esade informa de un aumento de 34 euros por alumno desde el curso 2019/20 hasta el 2023/24, lo que supone una variación del 33%. En Primaria el incremento de 113 euros en los gastos constantes supone un 56% de variación y, en el caso de la ESO, una subida de 56 euros en los gastos implica una variación del 19%. En Bachillerato, una etapa no obligatoria, se observa una suma de 79 euros en los gastos y una variación real del 24%.

A la vez, se da una escalada en los diferentes tipos de clases particulares. El gasto en la contratación para el aprendizaje de los idiomas ha repuntado en 42 euros desde el curso 2019/20 hasta el 2023/24 (un 43%). En el caso de las enseñanzas artísticas el coste escaló 23 euros (un 63% más). Sin embargo, la inversión destinada a otras actividades tuvo un gasto muy reducido y una variación real de ligera caída, como se observa en el siguiente gráfico.

La evolución del gasto por nivel de renta en el hogar también ha palpado un incremento notable. El quintil uno sufrió una variación del gasto del 65 % y siendo la del quintil dos una variación del 51 %. Consiguientemente, el quintil tres se encuentra prácticamente estable y, en el caso del quintil cuatro, su variación real fue del 26 %. El quintil cinco apreció una variación real del 35 %.

Las clases se extienden por las comunidades autónomas

Esade ha analizado el mercado de las clases particulares en Euskadi, Catalunya, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Andalucía y Madrid, comunidades que suman un 75% de todo el alumnado. La participación de las familias vascas en la educación en la sombra es de un 61%, con un gasto medio por alumno en 2020 de 474 euros. Le siguen Cataluña (412 euros, con un 55% de crecimiento) y Castilla y León (340 euros, un 48% más). La Comunidad de Madrid muestra un crecimiento de hasta 254 euros con un porcentaje de participación algo inferior, un 35,8%.

Por último, el informe aborda el gasto en idiomas por regiones el curso 2023/24. En Euskadi el gasto en idiomas por alumno fue de 268 euros, seguida de Castilla y León, donde se contabilizan 200 euros por alumno. Catalunya ocupa la tercera posición con 164 euros por alumno y Madrid, en cuarto lugar, con un gasto de 129 euros. La media nacional del gasto en idiomas por alumno es de 139 euros, según el informe.

Gráficos elaborados por Ainhoa Díez

Habemus fecha. La huelga indefinida del profesorado que convocarán más de una decena de organizaciones de todo tipo en la Comunidad de Madrid (desde sindicatos hasta asambleas de docentes, apoyada por estudiantes y familias) empezará el próximo 14 de octubre, según decidió este miércoles la asamblea unificada de docentes que tuvo lugar en la capital.

Nómina en mano para probar que lo son, más de 500 docentes se acercaron hasta el auditorio Marcelino Camacho, de CCOO, convocados por 16 organizaciones diversas (de las principales de la región solo faltaban los sindicatos ANPE y CSIF, de perfil más conservador) para afinar con algunas cuestiones esenciales de cara a la convocatoria. Se votó —a mano alzada— la fecha y se validaron las demandas que se plantearán a la Comunidad de Madrid. Si son atendidas antes de que empiece el paro en octubre —en su totalidad o hasta un punto que esta misma asamblea unitaria considere aceptable—, se desconvocará la huelga.

Como han hecho esta primavera sus compañeros de la Comunitat Valenciana o de Catalunya, el profesorado madrileño exige unas mejores condiciones de trabajo (y esto es más que dinero) que le permita atender mejor la creciente diversidad en las aulas, que ha hecho de la docencia una profesión cada vez más difícil de ejercer. El grupo de trabajo que ha elaborado la tabla de reivindicaciones, formado por representantes de CCOO, UGT, STEM, CNT y CGT, así como de las plataformas Educación Especial Digna, el Sindicato de Estudiantes y el colectivo de docentes Menos Lectivas, ha elaborado un documento con seis bloques de demandas: horario lectivo, ratios, lucha contra la segregación escolar, mejora salarial, burocracia y participación e infraestructuras. La asamblea docente de este miércoles ha añadido que se exija eliminar el sistema bilingüe, muy criticado por segregador y bajar el rendimiento del alumnado.

Una mayoría de los sindicatos docentes de la región pretendían lograr una huelga unitaria de todas las organizaciones, incluidas asambleas de profesorado como Menos Lectivas, para tener la mayor fuerza posible de cara a la negociación con la Comunidad de Madrid. Los sindicalistas que se han sentado en la mesa con el Gobierno regional saben que no les van a regalar nada y querían doblar la mano a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con el máximo apoyo posible. Pero ANPE y CSIF, dos de los cuatro que tiene representación en la mesa de negociación oficial con el Ejecutivo regional, siempre han mostrado dudas con su participación.

Pese a ello, las organizaciones han valorado la unidad conseguida y que se haya refrendado la composición de un comité de huelga unitario, con presencia de todas las organizaciones de docentes, que será el que negocie con la Consejería de Educación que dirige Mercedes Zarzalejo. Chame Pinto, de UGT, ha destacado la asistencia a la reunión; Rafael Valentín, de CGT ha puesto el ejemplo de los docentes de Asturias, Euskadi, Catalunya o la Comunitat Valenciana y cree que la huelga “es la [única] opción que le quedaba al profesorado”; Alberto Sánchez, coportavoz de STEM, que hay que “buscar el apoyo del conjunto de la comunidad educativa, familias y estudiantado, logrando que la lucha trascienda los centros educativos y llegue a cada barrio, (...)pues la educación pública fue un derecho conquistado por y para la clase obrera y es necesario que esta en su conjunto se movilice en su defensa”, según han valorado tras la reunión.

Las condiciones de trabajo en los centros

Las peticiones empiezan con las condiciones de trabajo en los centros educativos. Las asociaciones exigen bajar a un máximo de 17 horas lectivas (de clase) semanales en Secundaria (ahora son 20) y 22 en Primaria (desde 25). Además, para el caso de Secundaria, las horas de tutoría o dedicadas a gestionar la jefatura de departamentos contarían como lectivas. Esta medida pretende corregir una treta del Gobierno regional, que pactó con los cuatro principales sindicatos (ANPE, CSIF, CCOO y UGT) un acuerdo el pasado curso para bajar una hora lectiva semanal, pero después incluyó una letra pequeña que excluía de facto de esa rebaja a todos los tutores, que aproximadamente son la mitad de la plantilla, un movimiento que partió en su momento el movimiento sindical madrileño, ahora en reparación.

También exige la asamblea de docentes que se considere que, a la hora de contabilizar al personal en los centros, todo el profesorado mayor de 55 cuente como si fuera a pedir la reducción de jornada a la que tiene derecho. Y si no lo hace, “quedaría como 'extra' en el centro para otras necesidades”.

La eterna pelea por las ratios

En cuanto a las ratios, los docentes quieren que bajen a 13 estudiantes por aula en el secundo ciclo de Educación Infantil, 15 en Primaria (están en 25 en ambos casos), 20 en Secundaria (25) y 23 en Bachillerato (35). En las tres etapas de la Formación Profesional (Básica, Media y Superior) se pide también un máximo de 15. Además, y este es un punto en el que han insistido mucho las organizaciones sindicales, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acneae) computará doble a efectos de medir las ratios.

Aunque esta reivindicación se dirige a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el Gobierno central justo este miércoles el Ministerio de Educación ha ofrecido a los sindicatos una rebaja histórica en el primer ciclo de Infantil y en Bachillerato, a la vez que tramita una ley en el parlamento para hacerlo en Primaria y Secundaria. Educación no llega a las cifras que piden los docentes, pero fija un marco de mínimos que las comunidades deben cumplir.

También hay un hueco para la atención a la diversidad, que se concreta en la exigencia de que cada orientador tenga una población de referencia de 250 estudiantes, siguiendo las recomendaciones europeas, frente a los 750 actuales. En los centros de educación especial se pide un profesoinal por cada seis alumnos con discapacidad intelectual, uno para cuatro si existen pluridiscapacidades y el mismo máximo para los trastornos de conducta y el alumnado TEA (espectro autista).

Salarios e infraestructuras

El profesorado madrileño está entre los peores pagados de España, pese a que Madrid es la región más rica en PIB per cápita y tiene uno de los precios más elevados de vivienda. Por eso la asamblea pide una subida salarial de 600 euros al mes, para equipararse o acercarse al menos a sus compañeros de Euskadi. También porque han visto en Catalunya que es posible: la Generalitat ofreció esa misma subida a sus docentes. Pero, como se vio también en Catalunya, el salario no lo es todo: incluso ese aumento será insuficiente si no viene acompañado del resto de medidas. También se exige que el profesorado de FP cobre lo mismo que el de Secundaria.

Los convocantes, que defienden con carácter general la escuela pública, piden además la climatización de los centros, que se garanticen plazas de gestión y titularidad pública para todos (no concertadas) y la eliminación de infraestructuras provisionales.

Las reivindicaciones concluyen con una exigencia de que se reduzca la burocracia, que crece ley tras ley y aplasta a docentes y equipos directivos, y un plan de choque para la FP, donde el profesorado y/o las direcciones dedican muchas horas a la búsqueda de empresas para realizar las prácticas, obligatorias ahora en todas las modalidades en mayor o menor medida.

El Tribunal de Justicia de Navarra (TSJN) obliga al Departamento de Educación del Gobierno foral a aplicar en los centros privados que reciben concierto educativo las mismas reducciones de ratios que las tienen los centros de la red pública. La sentencia estima así un recurso presentado por las patronales de la educación concertada el pasado mes de septiembre.

El consejero Carlos Gimeno, que ha anunciado que el Gobierno navarro recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo, ha lamentado el fallo que da la razón a la patronal de la red concertada. “¿Un centro concertado en Navarra, de los de más prestigio, presenta las mismas necesidades educativas de un colegio público de Pamplona, o de la Comarca, o de la ciudad de Tudela, con cuatro veces más necesidades educativas?”, ha planteado. “Yo entiendo que la ratio que se aplica en los centros públicos por parte del Departamento de Educación es una medida de protección y de compensación ante las necesidades que tiene la escuela pública”, ha añadido.

En ese sentido, Gimeno ha afirmado que “la situación de las dos redes no es idéntica”. “Respeto el fallo del TSJN, pero consideramos que no partimos de una base igualitaria. No compartimos, pero sí respetamos, que no aplicamos el principio de igualdad. Nosotros creemos que siempre se puede aplicar la desigualdad si hay una justificación objetiva y absolutamente razonable. No lo digo yo, lo dicen sentencias del Tribunal Constitucional y es lo que establece el principio de equidad educativa. Por lo tanto, no entendemos que no se analice o no se contemple el índice de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que hay en cada centro”, ha señalado.

La sentencia resuelve que la reducción de ratios debe aplicarse desde el próximo curso 2026/2027 (la legislación preveía su aplicación para el curso 2027/2028). “Aplicar el fallo de esta sentencia hoy obviamente reduciría las vacantes en los centros concertados. Tendríamos que volver a repetir el proceso de admisión, porque habría que reducir la ratio de 25 en Infantil a 23, la ratio de 25 en primero de Primaria a 23, y la ratio de 30 en primero de la ESO a 28”, ha explicado. Carlos Gimeno ha asegurado que “en tres años habría centros que tienen cinco o seis unidades donde 10 o 12 alumnos deberían salir”.

El consejero ha asegurado que aplicar esta sentencia generaría un “caos organizativo en el sistema educativo navarro absolutamente ostensible”. “Aplicar la sentencia precisamente perjudicaría a las familias, a los centros y al alumnado de los centros concertados”, ha lamentado.

El consejero de Educación, además, ha recordado que en Euskadi también existen diferentes ratios entre la red pública y la red concertada por norma. “Y luego hay una cuestión que queremos también aclarar con respecto al fallo y es que en esta comunidad han existido ratios diferentes entre la red pública y la red concertada desde el 2007 hasta el 2018. Es una cuestión que ya se ha producido en esta comunidad con otros Gobiernos”, ha apostillado.