Podemos Cantabria ha presentado un escrito complementario ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, dentro de las diligencias de investigación preprocesal que se están tramitando actualmente, con el objetivo de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal diversos antecedentes relacionados con la gestación del convenio singular suscrito entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde.

La formación ha informado este jueves en un comunicado que la decisión se adopta una vez concluido el procedimiento de acceso a la información pública promovido por Podemos, que requirió la intervención de los mecanismos de garantía previstos en la normativa de transparencia, y tras analizar el expediente administrativo facilitado por la Consejería de Salud.

Según ha explicado, el examen del expediente administrativo facilitado por la Consejería le ha permitido comprobar que la documentación remitida no contiene referencias a reuniones mantenidas entre el Gobierno de Cantabria y responsables del Hospital Santa Clotilde o de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para abordar el futuro convenio singular durante el año 2024.

Sin embargo, “existe información pública que sitúa el inicio de los trabajos y negociaciones relacionados con dicho convenio varios meses antes de la aprobación de la modificación legislativa que incorporó el artículo 90 bis a la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria y habilitó esta nueva figura de colaboración”.

El partido ha precisado que entre esa información figura la reunión mantenida el 29 de mayo de 2024 entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y representantes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la que ambas partes anunciaron públicamente que estaban trabajando en un “convenio singular que dé estabilidad a la colaboración entre instituciones”.

Asimismo, la propia Memoria 2024 del Hospital Santa Clotilde recoge expresamente que durante dicho ejercicio el centro ya se encontraba trabajando en el denominado 'Acuerdo de vinculación' con el Servicio Cántabro de Salud, incluyendo reuniones relativas a la definición de la futura cartera de servicios y de los volúmenes de actividad previstos para los próximos años.

Para el consejero ciudadano de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, “resulta cuando menos extraño que en mayo de 2024 se hable de negociaciones sobre algo que legalmente no existe hasta varios meses después”.

“Después de varios requerimientos a transparencia teníamos esperanza de conocer el contenido de esas negociaciones, pero ahora que transparencia ha cerrado el expediente no nos queda otra que informar a la Fiscalía”, ha señalado.

Para Podemos, “si la propia documentación corporativa del hospital sitúa el denominado 'Acuerdo de vinculación' como uno de los elementos estratégicos del plan de crecimiento y ampliación del centro en su Memoria de 2024 y, además, se habla públicamente del convenio singular meses antes de existir esa figura legal, resulta razonable preguntarse si la modificación normativa y el posterior expediente administrativo respondieron a una planificación preexistente, cuestión que precisamente corresponde esclarecer a la Fiscalía”, ha concluido.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria ha solicitado a la Consejería de Salud que aclare qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde -que recibirá 256 millones de dinero público en los próximos 16 años para privatizar servicios sanitarios- para hacerse una operación quirúrjica o pruebas diagnósticas. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” -preguntan- “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”.

En paralelo, el coletivo denuncia que Santa Clotilde no dispone de todos los medios diagnósticos necesarios para asumir parte de la actividad que se le deriva, por lo que determinadas pruebas diagnósticas son subcontratadas a HT Médica, y carece del personal y las instalaciones que exige el convenio singular que entró en vigor en enero de 2026.

El colectivo ha puesto en marcha la campaña #YoPrefieroLaPública para denunciar el modelo de colaboración público-privada impulsado por el Gobierno de Cantabria y ha recibido numerosas consultas sobre la llamadas que están recibiendo los ciudadanos cántabros para derivarles al centro privado. Por ello, la Plataforma ha remitido un escrito a la Consejería de Salud “solicitando una aclaración sobre una cuestión fundamental: ¿Qué ocurre si un paciente rechaza ser derivado al Hospital Santa Clotilde?”.

Esta incertidumbre -según la Plataforma- “está generando preocupación entre muchas personas que desean seguir siendo atendidas exclusivamente en la sanidad pública, pero temen que ejercer esa decisión pueda tener consecuencias negativas”.

Los defensores de la salud pública consideran que cualquier paciente debe poder decidir libremente dónde quiere recibir asistencia sanitaria, “pero esa libertad solo es real cuando existe información clara, transparente y accesible sobre las consecuencias de aceptar o rechazar una derivación”, matizan. Por ello, han pedido a la Consejería que responda “de forma expresa y pública a esta cuestión” para ofrecer seguridad jurídica y tranquilidad a todos los pacientes de Cantabria.

Campaña de apoyo a la sanidad pública

La campaña #YoPrefieroLaPública, impulsada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, comenzó el pasado 12 de junio divulgando ilustraciones creadas con inteligencia artificial para denunciar el modelo de colaboración público-privada impulsado por el Gobierno de Cantabria.

La campaña se presentó con mensaje: “Quiero que el dinero gastado en convenios con la sanidad privada para derivar pacientes, se inviertan en la pública para que derivar no sea necesario. El dinero público para la pública”.

La iniciativa surge como respuesta al convenio por el que el Gobierno de Cantabria destinará 256 millones de euros de dinero público durante los próximos 20 años al Hospital Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios.

Desde la Plataforma defienden que esos recursos deberían invertirse en reforzar el Servicio Cántabro de Salud, “aumentando el personal, la actividad quirúrgica y la capacidad diagnóstica de los hospitales públicos, de forma que las derivaciones al sector privado no fueran necesarias”.

La campaña ha ido creciendo en difusión y el pasado 4 de julio, durante la celebración de la Magosta de Vargas, decenas de personas se sumaron espontáneamente a la iniciativa fotografiándose con mensajes como “Yo me opero en la pública, no en Santa Clotilde” o “Para mi hijo no elijo Santa Clotilde, prefiero la pública”, incrementando la repercusión en redes sociales.

La Plataforma subraya que las publicaciones han llegado a miles de personas y han generado “un amplio número de reacciones, comentarios y compartidos, poniendo de manifiesto que existe una creciente preocupación social por el modelo de derivaciones a centros privados y por el futuro de la sanidad pública en Cantabria”.

La Plataforma espera que la Consejería de Salud responda en los próximos días a la consulta planteada porque, en su opinión, se trata de una cuestión que afecta directamente a los derechos de los pacientes y a su capacidad para decidir, con toda la información, dónde desean ser atendidos. En este sentido, insisten en que la ciudadanía tiene derecho a saber “si ejercer su libertad de elegir la sanidad pública puede tener alguna consecuencia sobre su posición en la lista de espera”. “La transparencia también forma parte del derecho a la salud”, concluyen.

La Federación de Sanidad y Servicios sociosanitarios de CCOO en Cantabria ha denunciado que los pacientes que requieren pruebas diagnósticas, como ecografías o endoscopias, se van a derivar a Santa Clotilde.

Así lo ha señalado el sindicato este miércoles en nota de prensa, en la que ha censurado que “la gestión de Sierrallana-Tres Mares no solo no reduce las derivaciones a Torrelavega, sino que ahora derivan a Santander, a la sanidad privada”.

La responsable de Acción sindical, María José Barrio, ha lamentado que “si ya es complicado llegar hasta Sierrallana desde Campoo, ir a Santa Clotilde puede suponer una odisea”, ya que “desde Reinosa se tardarían dos horas y media, pero desde cualquier pueblo de la comarca no hay posibilidad de llegar, salvo en coche particular, y muchas personas mayores no tienen esa posibilidad”.

Barrio ha criticado que las endoscopias se perdieron “hace tiempo” y la Gerencia “no ha querido recuperarlas”. “Es más fácil pagar horas extraordinarias y que los pacientes campurrianos se desplacen hasta Torrelavega solo en horario de tarde”, ha apostillado.

En cuanto a las ecografías, ha señalado que se han estado realizando en el Tres Mares “de manera programada y rutinaria”, pero al “recortar” la frecuencia se ha generado una lista de “varios meses”, por lo que se está utilizando de “excusa” para que se deriven también.

“El único interés de la Consejería de Salud es que prospere el negocio que ha hecho con la sanidad privada. Ya tienen pacientes y usuarios de tercera categoría, como consideran a los de Campoo”, ha manifestado Barrio, que ha apuntado que “ni siquiera es Santa Clotilde quien realiza las pruebas radiológicas, es una empresa subcontratada, HT médica, gestionado por un fondo internacional como es Fremman Capital”.

Ha aseverado que “la atención primaria está bajo mínimos, con la mayoría de consultorios rurales sin atención médica, lo que agrava la situación en el centro de salud, que aún no ha recuperado la atención bucodental y que ahora, debido a una incidencia sobrevenida, está desviando pacientes de pediatría a otros centros de salud”.

Para la responsable de Acción sindical, “la falta de profesionales no debe ser excusa, hay que reorganizar y gestionar los recursos disponibles para evitar, en lo máximo posible, los desplazamientos”.

Los presupuestos de la Junta para 2026, elaborados por el Gobierno de coalición de PP y Vox, triplican los fondos destinados a derivar pacientes a la sanidad privada en comparación con las cuentas de 2023, las últimas firmadas por el anterior Ejecutivo socialista. Esta escalada ya se inició en 2024, coincidiendo con la entrada de PP y Vox en el Ejecutivo.

En concreto, la polémica se centra en el notable incremento de los programas Paracelso —destinado a derivar pacientes a clínicas privadas para aliviar las listas de espera quirúrgicas— y Galeno —enfocado en la externalización de pruebas diagnósticas—. Para el próximo año, el programa Paracelso alcanzará los 15,9 millones de euros, mientras que el Galeno estará dotado con 14,5 millones; unas cifras que consolidan el progresivo trasvase de fondos públicos hacia el sector privado.

Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han censurado con dureza este incremento presupuestario, una situación que, según denuncia la oposición, el propio director general de Planificación Económica del SES llegó a reconocer en comisión parlamentaria como un “inconveniente” que el Ejecutivo autonómico pretende modificar ahora por la vía de una “enmienda” técnica.

Isabel Gil Rosiña (PSOE) y José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) han coincidido en alertar de la “privatización encubierta” de la sanidad pública. Según ambos portavoces, ante las críticas de la oposición por el blindaje a la privada, el alto cargo del SES aseguró que las cifras consignadas en el proyecto no coinciden con las previsiones reales y que el Gobierno regional las rectificará antes de que expire el plazo el próximo día 15.

La portavoz socialista ha detallado el desglose de esta externalización, que “se triplica” al pasar de los 6,4 millones de euros que el PSOE presupuestó para intervenciones quirúrgicas a los 15,9 millones fijados para 2026; y de 5,2 millones para pruebas diagnósticas a los 14,5 millones actuales. Además, Gil Rosiña ha aseverado que la promesa de inyectar 500 millones más en la sanidad extremeña es “una gran operación de propaganda que no resiste el contraste con la realidad”, ya que esa cuantía se diluye en el conjunto de la Consejería de Salud y Dependencia.

Por su parte, González Frutos ha puesto el foco también en el ámbito educativo, criticando el aumento de los conciertos y la fórmula elegida para la educación infantil: “Pretenden vender la universalización de la etapa de 0 a 3 años a base de dar un cheque privado en vez de construir nuevas unidades en la escuela pública, lo que evidencia el carácter parasitario y lobista de los intereses privados en los servicios públicos”.

Desde el grupo parlamentario del PP, el diputado Hipólito Pacheco Delgado ha querido restar tensión al choque defendiendo que el director general del SES realizó “un ejercicio de humildad y transparencia” al admitir que existía “un error” en el proyecto de presupuestos que se va a solucionar de inmediato.

Asimismo, Pacheco ha replicado a Gil Rosiña exigiéndole “humildad” tras haber sido consejera durante ocho años y le ha recordado que el anterior Ejecutivo socialista también recurría a los conciertos sanitarios. “Aquí no se privatiza ninguna sanidad; la sanidad extremeña es y seguirá siendo gratuita y universal”, ha zanjado. En esta misma línea, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha defendido con firmeza que las cuentas de 2026 responden a las necesidades de la región, destacando medidas consensuadas en el seno del Ejecutivo de coalición como la homologación salarial de los docentes, la gratuidad de la educación infantil y la inversión en vivienda protegida, infraestructuras y simplificación administrativa.

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha asegurado que la reciente decisión de “derivar a entidades externas” diversas terapias de habilitación funcional del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX) de Cáceres supone un “nuevo avance en el proceso de privatización encubierta” de los servicios públicos de atención social y sanitaria en la región.

En un comunicado, señala que la “controversia política” surgida tras el anuncio realizado a finales de mayo por la Junta de Extremadura “resulta secundaria” frente a lo que considera el “verdadero problema de fondo”, que es la “progresiva pérdida de gestión pública directa” en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, que se encuentra externalizada “casi al cien por cien”.

Según el SIP, la externalización de estas terapias se ha justificado mediante argumentos que considera “falaces” y contribuye a reforzar la percepción de que Extremadura es “incapaz de sostener por sí misma su Estado de bienestar”.

En este sentido, el sindicato ha acusado al Ejecutivo autonómico de María Guardiola de “impulsar una estrategia orientada a incrementar el peso de la gestión privada” en estos servicios; y ha recordado que en los últimos meses viene alertando del deterioro de distintas áreas vinculadas a la sanidad y los servicios sociales.

Así, ha señalado que el pasado mes de enero anunció un seguimiento específico de la situación del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), al que considera uno de los órganos “con mayores problemas de funcionamiento”.

Asimismo, ha incidido en que durante el mes de abril ya advirtió sobre la existencia de dificultades de personal que, a su juicio, tienen carácter estructural y no coyuntural, y que afectan a la capacidad de prestación de servicios públicos “en condiciones adecuadas”.

El SIP también ha vinculado esta situación con las movilizaciones desarrolladas durante los últimos meses por trabajadores del sistema sanitario extremeño, quienes han reclamado medidas para reforzar los recursos humanos y materiales disponibles en la red pública.

En relación con el ámbito de la discapacidad, el sindicato sostiene que la derivación de nuevas especialidades a organizaciones externas confirma una tendencia que, según afirma, ha llevado a que “la práctica totalidad de la gestión de estos servicios se encuentre actualmente externalizada”.

Además, ha planteado dudas sobre el cumplimiento íntegro del Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX).

La organización ha advertido de que esta situación afecta a más de 6.300 familias extremeñas y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener sobre la calidad asistencial y las garantías de atención que reciben los usuarios del sistema.

Por último, el SIP ha rechazado que el debate deba centrarse exclusivamente en la continuidad de los servicios y ha defendido que la cuestión principal es determinar quién los gestiona y bajo qué condiciones.

En este sentido, ha insistido en que el mantenimiento de las prestaciones es una “obligación de la Administración” y ha reclamado una apuesta decidida por la gestión pública directa en el ámbito de la dependencia y la discapacidad. 

La Conselleria de Sanitat va derivar en els anys 2024 i 2025 més de 270 milions d’euros a hospitals i clíniques privades a través del pla de xoc per a desfer-se de les llistes d’espera en assistència quirúrgica i d’activitats no concertades, entre les quals destaquen proves diagnòstiques, diàlisis, salut mental o radioteràpia. Els grups sanitaris més beneficiats per aquest negoci cada vegada més gran són Vithas (46,2 milions), Hospital Clínica Benidorm —dirigit pel germà del conseller Mariano Gómez— (25,3 milions), Diaverum Servicios Renales (23,7 milions), Quirón Salud (22,6 milions), Neural (21 milions), ITA Salud Mental (19,7 milions), Grupo Imed (18,2 milions), Baxter (15,8 milions), Instituto Valenciano de Oncología (10,8 milions), Ribera Salud (10,4 milions) i Asisa (8,8 milions).

Segons les respostes del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, a una pregunta parlamentària de la diputada del PSPV-PSOE Yaissel Sánchez, aquestes derivacions i el pla de xoc estan emparats per un decret del 1997 i un altre del 2021, aprovat amb l’anterior govern d’esquerres, per a reduir les llistes d’espera quirúrgiques i atendre la demanda derivada de l’increment de població arran de la recuperació per al sistema públic dels departaments de Dénia i Manises. “El 2024 i el 2025, la població assignada als departaments de salut de gestió directa de la Comunitat Valenciana ha crescut en 600.000 persones”, assenyala la resposta. És a dir, que, per l’organització actual i el creixement de població, per a la Conselleria de Sanitat resulta imperatiu recórrer a clíniques i hospitals privats per a millorar el servei.

Així doncs, el grup que més operacions i diagnòstics ha captat de la sanitat pública ha sigut Vithas, a través dels seus centres a València Hospital 9 de Octubre, El Consuelo i Turia; Hospital Rei Don Jaime a Castelló i les societats NISA i Mediterránea Médica. En total, 26,2 milions pel pla de xoc i quasi 20 milions en activitats no concertades.

En segon lloc en ingressos i amb un creixement exponencial en activitats no concertades està l’Hospital Clínica Benidorm, ara conegut com a Centro Médico Salud Baleares i les seues empreses satèl·lit, que van ingressar en menys de dos anys 20,3 milions en no concertades i 5 milions en el pla de xoc. Aquesta companyia, dirigida pel germà del conseller de Sanitat, forma part des del finals del 2025 del Grupo Ribera Salud, que al seu torn va aconseguir 10,4 milions d’euros més, quasi 5 milions més en pla de xoc i 5,5 en diagnòstics i proves. Ribera Salud, al seu torn, ingressa uns 190 milions a l’any per la gestió de l’àrea del Vinalopó (Elx-Crevillent).

Quirón Salud va ingressar en dos anys 10 milions del pla de xoc i 12,6 milions d’activitat no concertada. Com passa amb Vithas, Imed, Asisa o Quirón mateix, aquests centres també ingressen grans quantitats a través del conveni amb Muface per als empleats públics.

El Grupo Imed, que ha dut a terme una expansió important a la Comunitat Valenciana en els últims anys, va obtindre 11,7 milions del pla de xoc i 6,5 milions d’activitats no concertades. Asisa va ingressar 8,8 milions, dels quals més de 8,5 corresponen al pla de xoc per a reduir les llistes d’espera quirúrgiques. L’IVO, que ja té un conveni amb la Generalitat pel servei d’oncologia que supera els 53 milions d’euros a l’any, va ingressar el 2024 i el 2025 10,8 milions més pel pla de xoc.

A aquests grans grups cal sumar empreses especialitzades en diàlisi, salut mental, cirurgia maxil·lofacial o odontologia, que completen aquestes derivacions de 270 milions en dos anys: 194 milions en activitat no concertada i 76,8 en el pla de xoc.

Pel seu interés informatiu, adjuntem la resposta del conseller Marciano Gómez sobre el repartiment del pla de xoc i l’activitat no concertada.

La Conselleria de Sanidad derivó en los años 2024 y 2025 más de 270 millones de euros a hospitales y clínicas privadas a través del plan de choque para acabar con las listas de espera en asistencia quirúrgica y de actividades no concertadas, entre las que destacan pruebas diagnósticas, diálisis, salud mental o radioterapia. Los grupos sanitarios más beneficiados por este cada vez mayor negocio son Vithas (46,2 millones), Hospital Clínica Benidorm —dirigido por el hermano del conseller Mariano Gómez— (25,3 millones), Diaverum Servicios Renales (23,7 millones), Quirón Salud (22,6 millones), Neural (21 millones), ITA Salud Mental (19,7 millones), Grupo Imed (18,2 millones), Baxter (15,8 millones), Instituto Valenciano de Oncología (10,8 millones), Ribera Salud (10,4 millones) y Asisa (8,8 millones).

Según las respuestas del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a una pregunta parlamentaria de la diputada del PSPV-PSOE Yaissel Sánchez, estas derivaciones y el plan de choque están amparados por un decreto de 1997 y otro de 2021, aprobado con el anterior gobierno de izquierdas, para reducir las listas de espera quirúrgicas y atender la demanda derivada del incremento de población tras la recuperación para el sistema público de los departamentos de Dénia y Manises. “En 2024 y 2025, la población asignada a los departamentos de salud de gestión directa de la Comunitat Valenciana ha crecido en 600.000 personas”, señala la respuesta. Es decir, que por la organización actual y el crecimiento de población, para la Conselleria de Sanidad resulta imperativo recurrir a clínicas y hospitales privados para mejorar el servicio.

Así, el grupo que más operaciones y diagnósticos ha captado de la sanidad pública ha sido Vithas, a través de sus centros en València Hospital 9 d’Octubre, El Consuelo y Túria; Hospital Rey Don Jaime en Castelló y las sociedades NISA y Mediterránea Médica. En total, 26,2 millones por el plan de choque y casi 20 millones en actividades no concertadas.

En segundo lugar en ingresos y con un crecimiento exponencial en actividades no concertadas se encuentra el Hospital Clínica Benidorm, ahora conocido como Centro Médico Salud Baleares y sus empresas satélite, que ingresaron en menos de dos años 20,3 millones en no concertadas y 5 millones en el plan de choque. Esta compañía, dirigida por el hermano del conseller de Sanidad, forma parte desde finales de 2025 del Grupo Ribera Salud, que a su vez consiguió otros 10,4 millones de euros, casi 5 millones más en plan de choque y 5,5 en diagnósticos y pruebas. Ribera Salud, a su vez, ingresa unos 190 millones al año por la gestión del área del Vinalopó (Elche-Crevillent).

Quirón Salud ingresó en dos años 10 millones del plan de choque y 12,6 millones de actividad no concertada. Como ocurre con Vithas, Imed, Asisa o el propio Quirón, estos centros también ingresan grandes cantidades a través del convenio con Muface para los empleados públicos.

El Grupo Imed, que ha realizado una importante expansión en la Comunitat Valenciana en los últimos años, obtuvo 11,7 millones del plan de choque y 6,5 millones de actividades no concertadas. Asisa ingresó 8,8 millones, de los que más de 8,5 corresponden al plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas. El IVO, que ya tiene un convenio con la Generalitat por el servicio de oncología que supera los 53 millones de euros al año, ingresó en 2024 y 2025 otros 10,8 millones por el plan de choque.

A estos grandes grupos hay que sumar empresas especializadas en diálisis, salud mental, cirugía maxilofacial u odontología, que completan estas derivaciones de 270 millones en dos años: 194 millones en actividad no concertada y 76,8 en el plan de choque.

Por su interés informativo, adjuntamos la respuesta del conseller Marciano Gómez sobre el reparto del plan de choque y la actividad no concertada.

El hospital privado de Santa Clotilde pondrá en funcionamiento una unidad de cuidados intensivos (UCI) por “el aumento de la complejidad” de las operaciones quirúrgicas que hará dentro del convenio con la sanidad pública, según ha reconocido el consejero de Salud, César Pascual. Un acuerdo por el que el hospital religioso recibirá 256 millones de euros en los próximos 16 años y que podría prorrogarse hasta 2046.

Pascual ha asegurado que la nueva UCI que se proyecta en el centro privado no está pensada para derivar pacientes críticos de los hospitales de la red pública —como Valdecilla o Sierrallana—, sino para dar cobertura a los pacientes de la sanidad pública que se operen en ese centro privado. Como ha explicado el consejero, esta infraestructura es necesaria para aquellos pacientes que, tras ser intervenidos en Santa Clotilde, requieran una reanimación más compleja o cuidados intensivos que el hospital no podía ofrecer hasta ahora.

El convenio singular con Santa Clotilde empezó a funcionar el uno de enero aunque el hospital todavía no cumple los requisitos exigidos en el acuerdo en cuanto a personal e instalaciones. De hecho, proyecta una ampliación del actual edificio para poder alcanzar las exigencias técnicas de un acuerdo que ya está en vigor.

La externalización de cribados de cáncer “no es una obligación”

Una de las cuestiones más polémicas del acuerdo fue que incluía los programas de cribado de cáncer de mama y de colon que se realizan en la sanidad pública. El consejero justificó esta circunstancia por la demora en la lectura de las pruebas de mamografías, aunque fue una situación puntual que ya se ha resuelto. De tal manera que se sigue ocupando de ello el Servicio Cántabro de Salud.

El consejero de Salud ha confirmado que estos cribados se seguirán haciendo en la sanidad pública aunque están recogidos en el convenio con Santa Clotilde. Según el consejero, implica que “tenemos la posibilidad de hacerlo, puede haber momentos punta que en un momento determinado pueda ser necesario, y lo que contempla el convenio es esa posibilidad, pero no significa que se vayan a mandar. De hecho, no se están mandando”, ha zanjado a preguntas de elDiario.es en una comparecencia de prensa para presentar la reforma y ampliación del Hospital de Día Médico de Sierrallana.

El convenio singular suscrito con el hospital privado establece el montante fijo de 256 millones de euros de dinero público en los próximos 16 años, con la única salvedad de rebajar el 1% por incumplimiento. Es decir, que el centro privado seguirá cobrando el 99% del dinero aunque no cumpla los objetivos del convenio o no realice los cribados. Que se hayan incluido servicios sanitarios que no se están prestando no representa inconveniente para Pascual ni va a reducir el dinero que perciba el centro privado.

El “bulo” de las derivaciones y las listas de espera

Respecto a la derivación de pacientes de la sanidad pública a Santa Clotilde, que ya se está haciendo, el consejero ha asegurado que pueden elegir entre operarse en lo privado o en lo público y que no pierden su puesto en las listas de espera en el caso de rechazar una derivación a Santa Clotilde para adelantar su operación o prueba diagnóstica. Según Pascual, se trata de un “bulo lanzado interesadamente”. “No es retirado de la lista en absoluto, sigue esperando a que le toque en su hospital”, ha insistido a preguntas de los medios de comunicación sobre esta cuestión.

El PSOE ha advertido que el Servicio Cántabro de Salud ha vuelto a externalizar un servicio esencial. Se trata de las biopsias del Hospital Comarcal de Laredo. La licitación publicada, cercana al millón de euros, confirma una tendencia que ya resulta imposible ignorar, según han denunciado los socialistas en un comunicado. “La Consejería está desmantelando progresivamente la capacidad pública del sistema sanitario, sustituyendo recursos propios por contratos privados”, han advertido.

Para el grupo municipal socialista, esta decisión no es un hecho aislado. En su opinión “responde a una política sostenida del Partido Popular caracterizada por la falta de inversión, la ausencia de planificación y el abandono de los servicios públicos, especialmente en áreas críticas como el diagnóstico, la atención primaria o la gestión de las listas de espera”.

Los socialistas aseguran que “cuando un hospital comarcal deja de poder realizar ni siquiera sus propias biopsias, el problema no es puntual, es estructural”. Que la externalización se presente como una solución “eficiente”, en realidad supone, “un paso más en la pérdida de autonomía, capacidad y calidad del sistema sanitario público”, según la formación.

Desde el PSOE lamentan que “lo que hoy se externaliza por 'necesidad' se convierte mañana en una dependencia permanente. Cada contrato privado es un parche que tapa la herida… pero agranda la dependencia del sistema respecto a empresas externas. En lugar de reforzar los equipos, modernizar el equipamiento o planificar a medio plazo, se opta por licitaciones que cubren carencias inmediatas a costa del futuro del sistema público”.

El sistema público de Salud de Cantabria necesita, según el PSOE, “refuerzos, no recortes encubiertos”. La formación ha cuestionado al alcalde de Laredo, Miguel González, la defensa del sistema sanitario público, frente a “un modelo que se va vaciando pieza a pieza”.

al Necesita profesionales, equipamiento y planificación, no más contratos que sustituyen lo que antes se hacía desde lo público. La ciudadanía merece una Sanidad fuerte, cercana y capaz, no “un modelo que se va vaciando pieza a pieza”.

Podemos Cantabria ha presentado nuevas alegaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno después de que la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria defendiese formalmente su negativa a facilitar el expediente relativo al convenio singular de vinculación con Mutua Montañesa para la realización de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas destinadas a reducir las listas de espera.

La formación considera “especialmente grave” que el Ejecutivo autonómico “pretenda declarar inaccesible la totalidad del expediente administrativo”, incluyendo informes jurídicos, memorias económicas y documentación preparatoria relacionada con la derivación de actividad sanitaria pública a una entidad privada, ha señalado.

En sus alegaciones, Podemos recuerda que el artículo 90 bis de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria exige para este tipo de convenios la existencia de informes justificativos, memoria económica, informe jurídico y acreditación de disponibilidad presupuestaria. A juicio de la formación, ello demuestra que existen documentos administrativos sustantivos “y no simples notas internas o documentación auxiliar, como sostiene la Consejería en sus alegaciones ante el CTBG”, ha explicado en un comunicado.

Podemos sostiene además que la Consejería de Salud está repitiendo la misma pauta seguida en el precedente del convenio singular con el Hospital Santa Clotilde. En aquel caso, “la documentación relevante únicamente fue facilitada tras múltiples reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y de forma progresiva, una vez avanzado el procedimiento administrativo”, ha indicado.

La formación ha incorporado precisamente ese precedente reciente del CTBG a sus alegaciones, destacando que finalmente la propia Consejería terminó entregando la documentación del expediente del convenio con Santa Clotilde tras la intervención del Consejo. Según Podemos, ello demuestra “que la documentación preparatoria y justificativa de este tipo de convenios sí tiene carácter de información pública y puede ser objeto de acceso”.

Además, Podemos advierte de que parte de la documentación del convenio con Santa Clotilde solo fue entregada una vez transcurridos los plazos ordinarios de impugnación, lo que según el Consejo de Transparencia “limitó de forma efectiva el control democrático y la capacidad de fiscalización pública”.

Para Pablo Gómez, miembro del consejo ciudadano de Podemos Cantabria, considera que el convenio proyectado con Mutua Montañesa “afecta directamente al modelo de gestión sanitaria, al uso de fondos públicos y a la derivación de actividad asistencial a entidades privadas”, por lo que “existe un evidente interés público en conocer los informes, memorias y criterios técnicos que están sirviendo de base para seguir avanzando en la privatización de la sanidad pública”.

Qué empeño del PP por inocularnos, a la gente de Andalucía, el virus del desánimo. Qué afán el de Moreno Bonilla por autonombrarse ya presidente de la Junta para que quienes ansiamos una alternativa que nos proteja de sus políticas demos la esperanza por perdida y este domingo 17 no vayamos a votar. Y cómo lo vi venir y, ya la semana pasada, os advertí de que, hecho un liante, nos iba a intentar distraer. Vaya maniobra de marketing lanzar un videoclip, para tapar lo importante. Mientras, además, intentaba censurar canciones reivindicativas del Carnaval de Cádiz, amordazar el cantar de nuestro pueblo (que podéis oír aquí).

En verdad, la gente votamos; la gente decidimos. Y la campaña electoral ha demostrado que, al fin, hay la alternativa que pedíamos frente al privatizador Bonilla, destructor de lo público e impulsor de desigualdad.

La duda puede estar, y está entre ciudadanía progresista, en a cuál de las tres izquierdas es mejor votar para evitar un tercer mandato de Moreno, letal para los servicios públicos. Letal para gente, con nombres y apellidos, como las mujeres, víctimas de cáncer, que esta semana han contado sus casos en un emocionante #MeToo sanitario. Porque, como han alertado los científicos, durante la Junta de Bonilla, de 2019 a 2024, en Andalucía ha habido 3.701 muertes por cáncer que podían haberse evitado.

La duda puede ser a cuál de las tres izquierdas votar. Pero no si quedarnos en casa. Porque, como el bulle bulle progresista pedía, el PSOE ha puesto al frente a la Montero, IU-Sumar y Podemos se han unido en Por Andalucía con Maíllo y Adelante Andalucía, con José Ignacio García, suma votantes nuevos, abierta a cooperar.

Lo que no se puede dudar es si quedarnos en casa o ir a votar:

Hay mimbres para dar la sorpresa. Y Andalucía es maestra en sorprender.

Andalucía soberana

Sorprendimos en la Transición cuando se nos quiso imponer ser una autonomía de segunda, frente a Cataluña, Galicia y País Vasco. Y, entonces, al negarnos, determinamos el carácter igualitario de la estructura autonómica española. Pero también fuimos imprevisibles hace menos:

Igual que en las autonómicas de 2012, Javier Arenas (PP) ganó pero no gobernó y en las de 2018 ganó Susana Díaz (PSOE) pero quien gobernó fue Moreno Bonilla (PP), apoyado por Cs y Vox, este 17M, las izquierdas de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía pueden ganar o sumar lo bastante para, juntas, gobernar.

Nada impide que este domingo 17M, de nuevo, las y los andaluces contradigamos esa supuesta reelección de Moreno que dictan encuestas que en el pasado ya se equivocaron.

Amigas víctimas de los recortes

Seguro que hay andaluzas y andaluces que votaron a Moreno y ahora sufren cáncer o conocen a quien lo padece por el desastre de los cribados, fruto de sus recortes en sanidad pública. Sólo en mi casa, como escribí la semana, mi madre y yo tenemos, cada una, a una gran amiga afectada, y ambas descubrieron su enfermedad, aún a tiempo de tratarla, gracias a que la periodista Mercedes Díaz (SER) destapó las negligencias de la Junta.

Seguro que incluso andaluzas y andaluces que en su día votaron a Moreno Bonilla ahora tienen cáncer o conocen a quien sufre esa u otras enfermedades agravadas por sus recortes. E indignados por las mentiras y el frívolo videoclip con que él quiere tapar la verdad, este 17M van a votar a quienes sí pongan los medios para salvar a los enfermos.

Esta semana, mi amiga afectada por el retraso en diagnóstico y tratamiento de cáncer, la lúcida profesora de Periodismo de la Universidad de Sevilla, María Lamuedra, ha dado el paso de contar su caso, dentro del #MeToo sanitario.

¿Cómo, además de haber causado tanta enfermedad y sufrimiento con tal de beneficiar el negocio de la privada, Moreno se permite mentir y decir que él querría indemnizar a las afectadas pero se lo impiden sus servicios jurídicos? ¿Cómo sigue negando que hayan muerto mujeres por su política sanitaria, cuando le constan seis casos, entre ellos los de Carmen Ríos, Inmaculada González y Purificación Fernández?

¿Cuántos estamos en peligro por el uso de material sanitario caducado, como el que, esta semana, ha desvelado el compañero Néstor Cenizo de elDiario.es Andalucía que ha pasado, impunemente, en el hospital comarcal de la Axarquía (Málaga)?

Cantar y bailar está genial. ¿A quién no le gusta? Pero queremos estar sanas y tener a nuestra gente sana con nosotras para compartir la vida y la fiesta. Cargarse a posta la sanidad pública y celebrarlo cantando, pese al dolor de las víctimas y sus familias es ofender y herir. A los afectados y a cualquiera con la más mínima empatía y sensibilidad.

A mí no se me va de la cabeza mi añorada amiga, fundadora y directora de elDiario.es Andalucia, Lucrecia Hevia. Lucre, muerta de cáncer, a los 49 años, el 7 de julio de 2025, no hace ni un año, mientras su hermana, con la misma enfermedad, pero viviendo en Bilbao, se ha salvado. Lucre, promotora del mejor periodismo y sociedad, por lo que la APS nos invita a cuantos más mejor a firmar para que le pongan una calle en Sevilla, como faro democrático. No sé si ella podría haberse librado de morir tan joven, como debieron hacerlo las 3.701 víctimas de cánceres evitables en Andalucía entre 2019 y 2024. Pero, como la vi padecer el deterioro sanitario público, no se me va del pensamiento.

Juan Manuel Moreno, que la conocía, que le negó sistemáticamente entrevistas hasta que esta campaña electoral, al fin, ha decidido darnos la primera, cuando ya era tarde para que se la hiciera ella, debería recordarla, como a todas las damnificadas por sus políticas. Cortarse un poco. Ser más respetuoso.

Frente a su frivolidad y su doble cara, votemos. Votemos por las que ya no están y para protegernos quienes seguimos vivos, de enfermedades y desigualdad. Votemos, votemos y votemos, esperanza y progreso. Acallemos, con nuestros votos, los dañinos cantos de sireno. Y alcemos nuestro propio canto, comprometido con cuidarnos.

El convenio singular de privatización sanitaria con el hospital privado religioso Santa Clotilde, que recibirá 256 millones de euros de dinero público en los próximos 16 años, ha protagonizado uno de los debates del Pleno de Presupuestos en el Parlamento de Cantabria. Ha sido con ocasión del debate de la Ley de Acompañamiento, una especie de cajón de sastre donde se modifican leyes y se incluyen algunas medidas fiscales que afectan a cualquier área del Ejecutivo.

Así, durante el desarrollo del debate, el diputado del PSOE y exconsejero de Sanidad durante la pasada legislatura, Raúl Pesquera, ha criticado la medida que ha introducido el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) -vía enmienda pactada con el PP- para que el Gobierno autonómico rinda cuentas anualmente en el Parlamento sobre el convenio singular con el hospital Santa Clotilde y sus respectivas adendas.

Un convenio que ha llevado a los tribunales la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que también ha impugnado administrativamente la formación política Podemos. Además, el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida Cantabria contra la resolución por la que se modifica el convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander.

Pesquera ha calificado de “milonga” la enmienda regionalista y la ha atribuido a que los diputados del PRC facilitaron con su voto que exista el convenio singular el año pasado, al aprobar una modificación en la ley que permite externalizar servicios sanitarios con entidades sin ánimo de lucro, como ha ocurrido con Santa Clotilde. “Ahora quieren enmendar su error”, ha reprochado.

Desde la tribuna parlamentaria, el diputado socialista ha explicado que estos convenios existen en España desde 1986, pero nunca han sido necesarios en Cantabria hasta el año pasado. En opinión del exconsejero de Sanidad, el Gobierno del PP ha creado así la “sanidad concertada, que antes no existía” y por eso no estaba recogido en la ley autonómica. Por eso, antes no se contaba a los médicos de Santa Clotilde como parte del sistema público de salud y ahora sí, según ha precisado.

Y es que desde el 1 de enero de 2026, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) reconoce los méritos profesionales del personal que trabaja en el hospital privado Santa Clotilde como si fuesen personal público. Antes no se reconocían porque trabajaban en una entidad privada. “Desde el 1 de enero sí se cuentan porque están incorporados al Sistema Nacional de Salud, artículo 1 del convenio que han firmado. Ahora sí, antes no. Eso es nuevo”, ha denunciado Pesquera.

“Ustedes lo facilitaron con su voto” -se ha dirigido al PRC- “y, por tanto, ustedes son cómplices de que haya un convenio singular con Santa Clotilde”. Pesquera ha dicho que su partido lo avisó en las comisiones y que ahora “no pueden venir a lamentarse”. El Parlamento no tiene ninguna capacidad ejecutiva para rescindir un convenio por lo que no considera operativa la propuesta regionalista. “Tendremos Santa Clotilde para cinco legislaturas por lo menos”, ha advertido. “Tendremos 20 años de actividades sanitarias que deberían realizarse en el sistema público”, ha reiterado.

“Con lo beligerante que ha sido Paula Fernández [candidata electoral del PRC] con la sanidad, con qué poco se ha conformado”, ha subrayado durante su intervención, enla que ha lamentado que su aportación al presupuesto haya sido mover de destino una partida de cinco millones de euros ya que “no se ha aportado presupuesto adicional”. “Son ustedes los facilitadores de las politicas del Gobierno regional, ustedes les colocaron en el Gobierno y les aprobaron los presupuestos”, ha afeado a los regionalistas.

Pesquera ha subrayado que defender los servicios públicos “también es gestionarlos, que no consiste solo en aumentar el dinero que se gasta sino gastarlo de forma adecuada”. “Ustedes aumentan el presupuesto, pero no lo gestionan y si pueden lo externalizan para que sean otros los que gestionen ese dinero”, ha criticado al PP.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, le ha replicado que el convenio privatizador con Santa Clotilde ha existido y seguirá existiendo y los ciudadanos quieren saber que se cumplen los compromisos que recoge. Eso se consigue, a su juicio, haciendo que el Gobierno vaya cada año a rendir cuentas al Parlamento. “Hay otra vía, la judicial, que está abierta para quien quiera impugnarlo”, le ha recordado al PSOE. 

El diputado autonómico del PSOE Pedro Polo ha denunciado este lunes la privatización “de facto” de consultas y guardias en los servicios de ginecología, anestesia y urología del Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel después de concatenar cuatro contratos en poco más de un año que han supuesto gastar más de un millón de euros.

En una nota, ha apuntado que con la licitación actualmente en proceso se solapan dos contratos similares para los mismos servicios, precisamente cuando PP y Vox acaban de firmar un pacto de gobierno donde, ha resaltado, “no hay ni una sola línea en la que se hable de sanidad pública”.

“La prioridad de la sanidad pública no existe”, ha afirmado Pedro Polo ante los medios de comunicación a las puertas del centro sanitario de la capital, indicando que lo que siempre había sido “una cuestión excepcional” con el objetivo “de tapar algunos agujeros”, el Gobierno de Azcón lo ha convertido en una práctica “totalmente estable” que obedece “a una estrategia de privatización de la sanidad pública”.

El objetivo de las externalizaciones, que se replican en otros hospitales como Alcañiz o Barbastro es, ha afirmado el diputado en las Cortes de Aragón, “llevar dinero público a las arcas de empresas privadas”. Ha señalado, en este sentido, que los contratos “siempre se los queda la misma empresa”. “No hay competencia: en primer lugar se dio a dedo a Ribera Salud con contratos por procedimiento negociado sin publicidad, vendido como excepcional, y ahora siguen siendo para la misma empresa con un procedimiento abierto”.

Oposiciones paralizadas

Para Polo la estrategia de Jorge Azcón y el Partido Popular es “hacer pensar a la población que no hay médicos, que no hay posibilidad de cubrirlo con plazas públicas” denunciando que, sin embargo, los procesos de oposiciones y provisión de esas plazas “están completamente paralizados”.

“Mientras ponen todos los esfuerzos, aún estando en funciones, en privatizar la sanidad pública mediante contratos externos, no mueven un dedo para avanzar en los procesos selectivos y en la captación de médicos, que están totalmente paralizados”, ha reprochado Polo al Departamento de Sanidad, criticando además el “efecto perverso” de que los médicos de los contratos privados cobren mucho más que los médicos del sistema público.

“Están potenciando que nadie quiera venir a lo público”, ha dicho Polo, recordando que los contratos adjudicados y en licitación contemplan 1.750 euros al día por guardia en laborables y 2.350 en festivos mientras los médicos del sistema público las cobran a entre 300 y 400 euros. “Y encima el Gobierno de Aragón no tiene ni un solo minuto para hablar con ellos y solucionar sus problemas tanto salariales como de condiciones laborales”, ha concluido.

El programa de cribado de cáncer de mama de Cantabria, cuya privatización anunció el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) dentro del convenio singular con el hospital religioso Santa Clotilde, sigue haciéndose en la sanidad pública sin demoras que justifiquen su privatización.

El propio Ejecutivo del Partido Popular reconoce textualmente que “actualmente no se están realizando lecturas de mamografías” en el centro sanitario privado. Lo ha hecho a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista que había pedido información sobre otra cuestión pararela: cuál es la titulación, especialidad y experiencia previa específica que tienen los profesionales que realizan las mamografías en Santa Clotilde. El Gobierno ha eludido responder directamente a esta cuestión bajo la premisa de que todavía el hospital privado no ha iniciado la gestión del programa.

En cualquier caso, la privatización del cribado de cáncer de mama se anunció tras haberse detectado un presunto atasco en la lectura de 3.900 mamografías. El consejero de Salud, César Pascual (PP), informó de esta cuestión, dijo que la sanidad pública no tenía radiólogos suficientes y ofreció la solución: que el hospital privado leyese un millar de mamografías pendientes para disolver la lista de espera en la comunicación de resultados.

Finalmente, se descubrió el engaño: Santa Clotilde llevaba leyendo mamografías desde nueve meses antes. Ese encargo ya se había hecho en enero de 2025, cuando no había atasco. El hospital privado Santa Clotilde, perteneciente a la Orden de San Juan de Dios, llevaba meses haciendo los informes de las mamografías públicas cuando el consejero de Salud anunció que se le había encargado este servicio para aligerar los resultados del programa de cribado de cáncer de mama. Lo hizo con un contrato menor —al que tuvo acceso elDiario.es— de seis meses que entró en vigor en enero y había caducado a final de junio por importe de 14.900 euros.

Pese a estas circunstancias, el Gobierno de Cantabria firmó un convenio singular con el Hospital Santa Clotilde para los próximos 16 años, prorrogable hasta los 20, por importe 256 millones de euros, que incluye los cribados de cáncer de mama y de colon. Aunque entró en vigor el pasado mes de enero, el centro sanitario no está gestionando por el momento las mamografías, según admite el propio Ejecutivo del PP en su respuesta parlamentaria.

Ese es otro de los puntos polémicos del acuerdo. Santa Clotilde carece de la infraestructura y medios necesarios para desarrollar este programa y prevé hacerlo en colaboración con otra empresa, HT Medica —propiedad de un fondo internacional de capital riesgo—, que opera dentro del propio centro sanitario.

En cualquier caso, la necesidad de la externalización queda cuestionada porque el programa sigue funcionando en la sanidad pública con normalidad. Las mamografías se siguen realizando según el calendario de cribados y los resultados se comunican a las participantes en un plazo máximo de un mes.

A estas circunstancias se une el compromiso adquirido por el Partido Popular en el pacto para la aprobación de los presupuestos de Cantabria de 2026. El PRC incluyó una partida de cinco millones de euros para el programa de prevención del cáncer de mama “dentro de la sanidad pública”, según matizó con insistencia la candidata electoral regionalista, Paula Fernández.

Desde el Gobierno de Cantabria no se ha confirmado si se ha renunciado a la privatización del programa o si el hospital privado lo gestionará en un futuro, como está firmado en el convenio singular que entró en vigor en enero.

Como en el resto de España, la Sanidad Pública Andaluza (SPA) nace sobre la escasa red sanitaria generada al final de la dictadura, construyéndose en su casi totalidad tras la misma. Este logro es la respuesta a una profunda aspiración unánime de la ciudadanía manifestada, en gran medida, mediante una amplia movilización popular. La SPA y el sistema nacional de salud, financiados finalmente con los impuestos de todos, adquirieron en pocos años un desarrollo notable, alcanzando niveles de calidad que los llevaron hasta los primeros puestos de los rankings internacionales. No obstante, la crisis financiera de 2008 y las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno de entonces en Andalucía, del Partido Socialista Obrero Español, dieron lugar a un claro retroceso de su desarrollo. Desde 2019, el Gobierno del Partido Popular (PP) de Moreno Bonilla ha alcanzado el poder en Andalucía y ha inaugurado una política aún más agresiva que plantea, por primera vez, la práctica deconstrucción funcional y organizativa del SPA. El objetivo del presente artículo es describir este proceso.

Desde su llegada al poder en 2019, el Gobierno del PP se ha empleado a fondo para ir, progresivamente, deteriorando la SPA. Para ello, ha usado combinada y simultáneamente dos estrategias básicas: la infrafinanciación y la privatización. La Consejería de Sanidad (CS) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en manos de Moreno Bonilla, han emitido una amplia y variada gama de decretos y órdenes en esa línea. Vamos a intentar mostrar resumidamente los hechos en los que nos basamos para lanzar esta afirmación.

Infrafinanciación. En la primera figura se observa la financiación de la SPA a lo largo de los años. Como puede verse, los presupuestos anuales de la SPA (línea de puntos azules) sufren una franca detención y posterior descenso a partir de 2010, debido a la crisis financiera de 2008. Es la época de la austeridad y los recortes.

Para estimar la extensión real de dichos recortes, se calcularon, a partir de 2010 (primer año con recorte evidente), una serie de valores “virtuales” en los que al presupuesto de 2009 (último año sin claros recortes) se le sumó la cantidad correspondiente a la variación porcentual del IPC entre ese año y cada uno de los años posteriores analizados. Eso permitió construir una serie de cifras imaginarias de presupuestos “no recortados” (línea de puntos rojos). La suma de las diferencias entre el presupuesto real y el “no recortado” de cada año, nos daría la suma del recorte total. Este ascendió a 21,000 millones de euros. Esa cantidad puede ser entendida como una deuda sanitaria histórica que ha dejado una profunda huella en los recursos y en la funcionalidad de la SPA.

Llama la atención que los recortes se extendieron más allá de 2018, cuando los efectos de la crisis financiera se daban ya por concluidos. No obstante, Moreno Bonilla alargó los recortes hasta el año pasado cuando, por primera vez, se igualó el presupuesto de 2009 (más el correspondiente incremento debido a la variación del IPC). Pero, desde 2009 hasta el año pasado, trascurridos 15 años, habían ocurrido al menos tres cosas importantes en Andalucía: 1) había 414.893 andaluces más (datos del Instituto Nacional de Estadística INE); 2) el número de andaluces con más de 64 años, los que más recursos sanitarios requieren, había crecido en 423.759 personas (INE); 3) además, la deuda sanitaria histórica seguía ahí. Ninguno de estos tres hechos se había compensado.

Para abordar con mayor precisión el nivel de financiación de la SPA en el periodo PP se puede comparar el gasto sanitario público per cápita (GSP) de Andalucía con el GSP per cápita medio del resto de las CCAA. Estos datos figuran en la tabla siguiente.

Como se ve, durante todo este periodo, el GSP per cápita andaluz ha sido inferior a la media española. Si estos déficits anuales se multiplican por el número de andaluces existentes cada año se alcanza una cifra de algo más de 17,000 M€ que la SPA no recibió. Estos datos confirman que nuestra SP lleva un largo periodo de tiempo sufriendo una financiación escasa con respecto a los estándares nacionales. Pero, además de que los presupuestos son escasos, el PP, desde 2019, aumentó claramente la desviación de dinero de la SPA al sector sanitario privado, como se verá más adelante.

Los resultados de esta financiación deficiente de la SPA son muy lesivos y, en bastantes aspectos, no solo no mejoran, sino que empeoran, la situación previa. Así, durante estos años, la SPA es la que menor tasa de médicos y enfermeros por 1000 habitantes tiene de toda España; asimismo, la SPA cuenta con el número de camas hospitalarias, aparatos de TAC y RNM y quirófanos por 1000 habitantes menor o de los menores de entre todas las CCAA. La Atención Primaria (AP) ha sido la más dañada por este desmantelamiento. Esto es de enorme gravedad ya que se ha demostrado que una AP accesible, con visita clínica en 48 horas, en la que las personas son vistas por el mismo equipo por largos periodos y que desarrolla funciones preventivas, disminuye la mortalidad de la población en un 30%. Pues bien, la cita media de la AP actual es de más de 11 días, los ciudadanos sufren cambios continuos de los profesionales que los ven y los programas preventivos se han eliminado por falta de plantilla.

Los efectos de estas deficiencias, base de las inaceptables listas de espera de la SPA actuales, son bien conocidos de todos.

Es preciso destacar que la financiación deficiente de la SPA habría podido ser paliada en este periodo empleando los superávits presupuestarios que, año tras año, han quedado sin gastar (véase un informe de FACUA sobre la inversión en infraestructura sanitaria en estos años), o usando los importantes ingresos adicionales que se recibirían de aceptar la nueva financiación para Andalucía propuesta por el gobierno central, o mediante la suspensión de las mejoras tributarias a las grandes fortunas, o la introducción de medidas de control en el gasto del SAS, como el de farmacia, que se expondrá más adelante. Por ello, se puede concluir que la asfixia presupuestaria de la SPA es parte de un programa predeterminado de este gobierno.

Privatización. Desde su llegada, el Gobierno de Moreno Bonilla ha hecho todo lo posible por apoyar a las empresas sanitarias privadas y por privatizar la SPA, mediante la aplicación inmediata de una serie de medidas. A continuación, vamos a detallarlas en varios apartados.

Tras el resumen anterior, puede afirmarse que el lobby de las empresas sanitarias ha logrado una extensa penetración en la SPA gracias al Gobierno de Moreno Bonilla y a su intención privatizadora.

Importa destacar que el Gobierno del PP ha usado las situaciones críticas de la SPA como oportunidades para instaurar su programa regresivo. Así, en vez de corregir la deficiente financiación debida a la crisis financiera, ha extendido los recortes de ese periodo fuera del contexto temporal, como se ha visto al principio, lo que ha ahondado el deterioro de la SPA y favorecido la expansión de las empresas aseguradoras. También, ha usado la difícil situación sanitaria generada por la pandemia de Covid 19 y la posibilidad coyuntural de realizar contratos de emergencia, para derivar fondos públicos sin control a clínicas privadas, empresas farmacéuticas u otras, incluso arriesgándose fuera del periodo de cobertura legal, un tema que ya hemos descrito en otro lugar. Todo ello confirma la intención deficitaria y privatizadora de la SPA de este Gobierno.

Queremos concluir este análisis sobre el deterioro actual de la SPA aportando nuestra opinión sobre la intencionalidad profunda del Gobierno andaluz actual y su gobierno en relación con la SPA. Pensamos que lo que se intenta es cambiar el concepto de salud. Para la mayoría de la población, la salud es un derecho conquistado que nos hace iguales a todos en cuanto a la salud, y que se sostiene sobre un sistema de Sanidad Pública universal, gratuito en el acceso, de alta calidad y pagado con los impuestos de todos. Sin embargo, para Moreno Bonilla y su Gobierno, la salud es un negocio en el que quien quiera mejor salud ha de adquirirla en el mercado privado, por lo que solo el que disponga de mayores medios económicos podrá acceder a ella, y los demás tendrán que conformarse con una SPA cada vez más deteriorada. Y la pregunta es: ¿lo vamos a consentir?

José Antonio Brieva Romero, ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

Antonio Vergara de Campos, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas

La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.

El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida Cantabria contra la resolución por la que se modifica el convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander en la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud, suscrito el 31 de octubre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 16 de enero de 2026.

“Es un primer paso en la defensa de la salud pública y los intereses de toda la ciudadanía de Cantabria frente al impulso privatizador del gobierno del PP y la presidenta María José Sáenz de Buruaga”, admite el coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón.

IU suma así su trabajo al de entidades en defensa de la sanidad pública “para que los millones de euros que el PP prevé desviar a un hospital privado se mantengan en la red pública para reforzar los servicios que atienden a todo el mundo sin distinción”.

El Gobierno debe remitir el expediente en 20 días improrrogables

El órgano judicial reconoce a IU como parte personada en el procedimiento, dando inicio formal a la fase judicial del proceso. La resolución deja claro que la admisión se produce sin perjuicio de lo que resulte del examen del expediente administrativo, es decir, sin que exista todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El juzgado ha acordado asimismo reclamar al Gobierno de Cantabria el envío del expediente administrativo completo, que deberá ser remitido en un plazo improrrogable de 20 días, cumpliendo con los requisitos legales de integridad, orden y autenticidad establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.

Además, la resolución judicial ordena a la Administración que practique los emplazamientos legales a las personas o entidades que pudieran resultar interesadas en el procedimiento, debiendo justificar ante el juzgado que dichas notificaciones han sido correctamente efectuadas.

El auto recuerda también al gobierno autonómico su obligación legal de colaborar con la justicia, facilitando la remisión del expediente y el correcto desarrollo del procedimiento judicial.

Desde Izquierda Unida se valora esta admisión a trámite como un paso necesario y relevante para garantizar la transparencia y el control judicial sobre una modificación del convenio que afecta a la prestación sanitaria pública en Cantabria.

IU subraya que el análisis judicial permitirá aclarar si la actuación administrativa se ajusta plenamente a la legalidad vigente, una vez se disponga del expediente completo.

El Grupo Parlamentario Regionalista registrará una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026, que actualmente se encuentran en plena tramitación tras superar las enmiendas a la totalidad, para que el Parlamento de Cantabria fiscalice anualmente el convenio singular de privatización sanitaria con el Hospital Santa Clotilde de Santander, que supone un gasto de 256 millones de euros durante los próximos 16 años.

Paula Fernández, candidata electoral del PRC en Cantabria, ha propuesto este viernes una medida para obligar a que los convenios privatizadores con hospitales privados y centros sanitarios concertados rindan cuentas en la Cámara autonómica antes de recibir fondos públicos.

Con su propuesta, Fernández ha introducido un mecanismo de control para los convenios singulares sanitarios, pensando en un caso concreto: el convenio privatizador con el hospital Santa Clotilde, que desde su opaca introducción a través de una enmienda del PP en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 ha contado con información a cuentagotas.

La idea del PRC, que tiene un pacto de presupuestos con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y que, a priori, cuenta con el visto bueno de la presidenta, es que la financiación anual ya no sea automática y tenga que pasar por una comisión del Parlamento, para evitar que se repita el proceso que se dio con el convenio privatizador que tiene hoy el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el hospital privado. Un acuerdo que, en teoría, buscaba resolver el problema de las listas de espera, aunque aún no cuenta con suficientes camas, aparatos y personal para asumir todas las tareas que tiene encomendadas a través de este acuerdo.

La iniciativa es una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales del Presupuesto para 2026 de Cantabria y más que probablemente saldrá adelante, con el visto bueno del PP. Según ha explicado Paula Fernández en una comparecencia ante los medios, la enmienda deriva del “caso concreto” de convenio con Santa Clotilde.

“Queremos garantizar transparencia, control público y evaluación anual de resultados allí donde antes no la hubo, para que los resultados de salud, los indicadores de accesibilidad y el grado de cumplimiento del convenio y sus adendas sean conocidos, debatidos y fiscalizados públicamente cada año”, ha asegurado Fernández.

Hasta ahora, la posibilidad de establecer un convenio singular se caracterizaba por un control eminentemente administrativo y técnico, sin la intervención parlamentaria directa que ha propuesto el PRC.

De hecho, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria presentó en enero un recurso contencioso para demandar la nulidad del “irregular y oscuro” convenio, denunciando “la falta de la memoria técnica y económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente”.

Privatización en Santa Clotilde

La inclusión en el convenio con Santa Clotilde de mamografías y endoscopias de los programas de cribado de cáncer de mama y colón ha sido una de las cuestiones que más polémica ha levantado. Estos programas se suman a la actividad que ya venía prestando el hospital desde hace tiempo a través de convenios anuales.

Se trata de la atención a personas con patología crónica o con un grado de autonomía reducida cuya asistencia sanitaria no pueda ser proporcionada en su domicilio o que requieran rehabilitación.

También se incluyen los programas de ortogeriatría, hospitalización de día, atención geriátrica, paliativa y control de dolor, además de consultas, procesos quirúrgicos y pruebas diagnósticas para cumplir con la ley de garantías de tiempos máximos de demora.

El acuerdo, que se publicó a mediados de noviembre en el Boletín Oficial (BOC), está vigente desde el 1 de enero, con una duración de 16 años prorrogables por cuatro más, con lo que la duración máxima será de 20 años.

En enero se publicó una adenda en el BOC que recoge el procedimiento para la medición de resultados con unos indicadores que vinculan la financiación al cumplimiento de objetivos de resultados en salud e indicadores de accesibilidad, evaluados anualmente. Según esa adenda, el 1% de la financiación anual del contrato (15,9 millones) está asociada al grado de cumplimiento de los objetivos.

Podemos ha presentado una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra una resolución de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria que inadmite el acceso al expediente administrativo relativo al acuerdo anunciado entre el Servicio Cántabro de Salud y Mutua Montañesa para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en traumatología y cirugía ortopédica “con el fin de reducir las listas de espera”.

La formación considera que la resolución del Ejecutivo autonómico constituye “un nuevo episodio de opacidad en la privatización de la sanidad”, al impedir -como se queja el partido- saber si la tramitación del acuerdo se está realizando como convenio singular al amparo del artículo 90 bis de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, así como verificar la existencia de informes técnicos, jurídicos y económicos que “deberían sustentar una decisión de esta relevancia”.

Podemos subraya en un comunicado además que la propia resolución de la Consejería “confirma” que se está trabajando en el convenio, al “reconocer expresamente” que el acuerdo con Mutua Montañesa se encuentra “en proceso de elaboración”.

Para la formación, esta admisión acredita que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) -que el pasado mes de noviembre anunció que Salud y Mutua Montañesa trabajaban en nuevo convenio para reducir las listas de espera en trauma y cirugía ortopédica- “está avanzando en la tramitación del acuerdo de espaldas a la ciudadanía y negando el acceso a la documentación necesaria para ejercer un control democrático previo, lo que hace aún más injustificada la negativa a facilitar el expediente”.

Al hilo, Podemos se refiere al precedente del convenio con el Hospital Santa Clotilde, tramitado ante el propio Consejo de Transparencia, donde el acceso al expediente administrativo “solo se produjo de forma tardía, progresiva e incompleta, dificultando el control de la legalidad del procedimiento”.

“Estamos ante un nuevo caso de oscurantismo en la gestión de la sanidad pública. Ya lo hicieron con Santa Clotilde y no vamos a permitir que lo hagan de nuevo ahora”, avisan, para exigir “transparencia antes de la firma del acuerdo y no cuando la decisión ya esté consumada”.

La reclamación pide que el Consejo requiera a Salud a identificar la documentación ya existente, confirmar si la tramitación se realiza conforme al artículo 90 bis y facilitar el acceso a las memorias e informes que sustenten el acuerdo con Mutua Montañesa.

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.