Como en el resto de España, la Sanidad Pública Andaluza (SPA) nace sobre la escasa red sanitaria generada al final de la dictadura, construyéndose en su casi totalidad tras la misma. Este logro es la respuesta a una profunda aspiración unánime de la ciudadanía manifestada, en gran medida, mediante una amplia movilización popular. La SPA y el sistema nacional de salud, financiados finalmente con los impuestos de todos, adquirieron en pocos años un desarrollo notable, alcanzando niveles de calidad que los llevaron hasta los primeros puestos de los rankings internacionales. No obstante, la crisis financiera de 2008 y las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno de entonces en Andalucía, del Partido Socialista Obrero Español, dieron lugar a un claro retroceso de su desarrollo. Desde 2019, el Gobierno del Partido Popular (PP) de Moreno Bonilla ha alcanzado el poder en Andalucía y ha inaugurado una política aún más agresiva que plantea, por primera vez, la práctica deconstrucción funcional y organizativa del SPA. El objetivo del presente artículo es describir este proceso.

Desde su llegada al poder en 2019, el Gobierno del PP se ha empleado a fondo para ir, progresivamente, deteriorando la SPA. Para ello, ha usado combinada y simultáneamente dos estrategias básicas: la infrafinanciación y la privatización. La Consejería de Sanidad (CS) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en manos de Moreno Bonilla, han emitido una amplia y variada gama de decretos y órdenes en esa línea. Vamos a intentar mostrar resumidamente los hechos en los que nos basamos para lanzar esta afirmación.

Infrafinanciación. En la primera figura se observa la financiación de la SPA a lo largo de los años. Como puede verse, los presupuestos anuales de la SPA (línea de puntos azules) sufren una franca detención y posterior descenso a partir de 2010, debido a la crisis financiera de 2008. Es la época de la austeridad y los recortes.

Para estimar la extensión real de dichos recortes, se calcularon, a partir de 2010 (primer año con recorte evidente), una serie de valores “virtuales” en los que al presupuesto de 2009 (último año sin claros recortes) se le sumó la cantidad correspondiente a la variación porcentual del IPC entre ese año y cada uno de los años posteriores analizados. Eso permitió construir una serie de cifras imaginarias de presupuestos “no recortados” (línea de puntos rojos). La suma de las diferencias entre el presupuesto real y el “no recortado” de cada año, nos daría la suma del recorte total. Este ascendió a 21,000 millones de euros. Esa cantidad puede ser entendida como una deuda sanitaria histórica que ha dejado una profunda huella en los recursos y en la funcionalidad de la SPA.

Llama la atención que los recortes se extendieron más allá de 2018, cuando los efectos de la crisis financiera se daban ya por concluidos. No obstante, Moreno Bonilla alargó los recortes hasta el año pasado cuando, por primera vez, se igualó el presupuesto de 2009 (más el correspondiente incremento debido a la variación del IPC). Pero, desde 2009 hasta el año pasado, trascurridos 15 años, habían ocurrido al menos tres cosas importantes en Andalucía: 1) había 414.893 andaluces más (datos del Instituto Nacional de Estadística INE); 2) el número de andaluces con más de 64 años, los que más recursos sanitarios requieren, había crecido en 423.759 personas (INE); 3) además, la deuda sanitaria histórica seguía ahí. Ninguno de estos tres hechos se había compensado.

Para abordar con mayor precisión el nivel de financiación de la SPA en el periodo PP se puede comparar el gasto sanitario público per cápita (GSP) de Andalucía con el GSP per cápita medio del resto de las CCAA. Estos datos figuran en la tabla siguiente.

Como se ve, durante todo este periodo, el GSP per cápita andaluz ha sido inferior a la media española. Si estos déficits anuales se multiplican por el número de andaluces existentes cada año se alcanza una cifra de algo más de 17,000 M€ que la SPA no recibió. Estos datos confirman que nuestra SP lleva un largo periodo de tiempo sufriendo una financiación escasa con respecto a los estándares nacionales. Pero, además de que los presupuestos son escasos, el PP, desde 2019, aumentó claramente la desviación de dinero de la SPA al sector sanitario privado, como se verá más adelante.

Los resultados de esta financiación deficiente de la SPA son muy lesivos y, en bastantes aspectos, no solo no mejoran, sino que empeoran, la situación previa. Así, durante estos años, la SPA es la que menor tasa de médicos y enfermeros por 1000 habitantes tiene de toda España; asimismo, la SPA cuenta con el número de camas hospitalarias, aparatos de TAC y RNM y quirófanos por 1000 habitantes menor o de los menores de entre todas las CCAA. La Atención Primaria (AP) ha sido la más dañada por este desmantelamiento. Esto es de enorme gravedad ya que se ha demostrado que una AP accesible, con visita clínica en 48 horas, en la que las personas son vistas por el mismo equipo por largos periodos y que desarrolla funciones preventivas, disminuye la mortalidad de la población en un 30%. Pues bien, la cita media de la AP actual es de más de 11 días, los ciudadanos sufren cambios continuos de los profesionales que los ven y los programas preventivos se han eliminado por falta de plantilla.

Los efectos de estas deficiencias, base de las inaceptables listas de espera de la SPA actuales, son bien conocidos de todos.

Es preciso destacar que la financiación deficiente de la SPA habría podido ser paliada en este periodo empleando los superávits presupuestarios que, año tras año, han quedado sin gastar (véase un informe de FACUA sobre la inversión en infraestructura sanitaria en estos años), o usando los importantes ingresos adicionales que se recibirían de aceptar la nueva financiación para Andalucía propuesta por el gobierno central, o mediante la suspensión de las mejoras tributarias a las grandes fortunas, o la introducción de medidas de control en el gasto del SAS, como el de farmacia, que se expondrá más adelante. Por ello, se puede concluir que la asfixia presupuestaria de la SPA es parte de un programa predeterminado de este gobierno.

Privatización. Desde su llegada, el Gobierno de Moreno Bonilla ha hecho todo lo posible por apoyar a las empresas sanitarias privadas y por privatizar la SPA, mediante la aplicación inmediata de una serie de medidas. A continuación, vamos a detallarlas en varios apartados.

Tras el resumen anterior, puede afirmarse que el lobby de las empresas sanitarias ha logrado una extensa penetración en la SPA gracias al Gobierno de Moreno Bonilla y a su intención privatizadora.

Importa destacar que el Gobierno del PP ha usado las situaciones críticas de la SPA como oportunidades para instaurar su programa regresivo. Así, en vez de corregir la deficiente financiación debida a la crisis financiera, ha extendido los recortes de ese periodo fuera del contexto temporal, como se ha visto al principio, lo que ha ahondado el deterioro de la SPA y favorecido la expansión de las empresas aseguradoras. También, ha usado la difícil situación sanitaria generada por la pandemia de Covid 19 y la posibilidad coyuntural de realizar contratos de emergencia, para derivar fondos públicos sin control a clínicas privadas, empresas farmacéuticas u otras, incluso arriesgándose fuera del periodo de cobertura legal, un tema que ya hemos descrito en otro lugar. Todo ello confirma la intención deficitaria y privatizadora de la SPA de este Gobierno.

Queremos concluir este análisis sobre el deterioro actual de la SPA aportando nuestra opinión sobre la intencionalidad profunda del Gobierno andaluz actual y su gobierno en relación con la SPA. Pensamos que lo que se intenta es cambiar el concepto de salud. Para la mayoría de la población, la salud es un derecho conquistado que nos hace iguales a todos en cuanto a la salud, y que se sostiene sobre un sistema de Sanidad Pública universal, gratuito en el acceso, de alta calidad y pagado con los impuestos de todos. Sin embargo, para Moreno Bonilla y su Gobierno, la salud es un negocio en el que quien quiera mejor salud ha de adquirirla en el mercado privado, por lo que solo el que disponga de mayores medios económicos podrá acceder a ella, y los demás tendrán que conformarse con una SPA cada vez más deteriorada. Y la pregunta es: ¿lo vamos a consentir?

José Antonio Brieva Romero, ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

Antonio Vergara de Campos, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas

La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.

El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida Cantabria contra la resolución por la que se modifica el convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander en la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud, suscrito el 31 de octubre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 16 de enero de 2026.

“Es un primer paso en la defensa de la salud pública y los intereses de toda la ciudadanía de Cantabria frente al impulso privatizador del gobierno del PP y la presidenta María José Sáenz de Buruaga”, admite el coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón.

IU suma así su trabajo al de entidades en defensa de la sanidad pública “para que los millones de euros que el PP prevé desviar a un hospital privado se mantengan en la red pública para reforzar los servicios que atienden a todo el mundo sin distinción”.

El Gobierno debe remitir el expediente en 20 días improrrogables

El órgano judicial reconoce a IU como parte personada en el procedimiento, dando inicio formal a la fase judicial del proceso. La resolución deja claro que la admisión se produce sin perjuicio de lo que resulte del examen del expediente administrativo, es decir, sin que exista todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El juzgado ha acordado asimismo reclamar al Gobierno de Cantabria el envío del expediente administrativo completo, que deberá ser remitido en un plazo improrrogable de 20 días, cumpliendo con los requisitos legales de integridad, orden y autenticidad establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.

Además, la resolución judicial ordena a la Administración que practique los emplazamientos legales a las personas o entidades que pudieran resultar interesadas en el procedimiento, debiendo justificar ante el juzgado que dichas notificaciones han sido correctamente efectuadas.

El auto recuerda también al gobierno autonómico su obligación legal de colaborar con la justicia, facilitando la remisión del expediente y el correcto desarrollo del procedimiento judicial.

Desde Izquierda Unida se valora esta admisión a trámite como un paso necesario y relevante para garantizar la transparencia y el control judicial sobre una modificación del convenio que afecta a la prestación sanitaria pública en Cantabria.

IU subraya que el análisis judicial permitirá aclarar si la actuación administrativa se ajusta plenamente a la legalidad vigente, una vez se disponga del expediente completo.

El Grupo Parlamentario Regionalista registrará una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026, que actualmente se encuentran en plena tramitación tras superar las enmiendas a la totalidad, para que el Parlamento de Cantabria fiscalice anualmente el convenio singular de privatización sanitaria con el Hospital Santa Clotilde de Santander, que supone un gasto de 256 millones de euros durante los próximos 16 años.

Paula Fernández, candidata electoral del PRC en Cantabria, ha propuesto este viernes una medida para obligar a que los convenios privatizadores con hospitales privados y centros sanitarios concertados rindan cuentas en la Cámara autonómica antes de recibir fondos públicos.

Con su propuesta, Fernández ha introducido un mecanismo de control para los convenios singulares sanitarios, pensando en un caso concreto: el convenio privatizador con el hospital Santa Clotilde, que desde su opaca introducción a través de una enmienda del PP en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 ha contado con información a cuentagotas.

La idea del PRC, que tiene un pacto de presupuestos con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y que, a priori, cuenta con el visto bueno de la presidenta, es que la financiación anual ya no sea automática y tenga que pasar por una comisión del Parlamento, para evitar que se repita el proceso que se dio con el convenio privatizador que tiene hoy el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el hospital privado. Un acuerdo que, en teoría, buscaba resolver el problema de las listas de espera, aunque aún no cuenta con suficientes camas, aparatos y personal para asumir todas las tareas que tiene encomendadas a través de este acuerdo.

La iniciativa es una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales del Presupuesto para 2026 de Cantabria y más que probablemente saldrá adelante, con el visto bueno del PP. Según ha explicado Paula Fernández en una comparecencia ante los medios, la enmienda deriva del “caso concreto” de convenio con Santa Clotilde.

“Queremos garantizar transparencia, control público y evaluación anual de resultados allí donde antes no la hubo, para que los resultados de salud, los indicadores de accesibilidad y el grado de cumplimiento del convenio y sus adendas sean conocidos, debatidos y fiscalizados públicamente cada año”, ha asegurado Fernández.

Hasta ahora, la posibilidad de establecer un convenio singular se caracterizaba por un control eminentemente administrativo y técnico, sin la intervención parlamentaria directa que ha propuesto el PRC.

De hecho, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria presentó en enero un recurso contencioso para demandar la nulidad del “irregular y oscuro” convenio, denunciando “la falta de la memoria técnica y económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente”.

Privatización en Santa Clotilde

La inclusión en el convenio con Santa Clotilde de mamografías y endoscopias de los programas de cribado de cáncer de mama y colón ha sido una de las cuestiones que más polémica ha levantado. Estos programas se suman a la actividad que ya venía prestando el hospital desde hace tiempo a través de convenios anuales.

Se trata de la atención a personas con patología crónica o con un grado de autonomía reducida cuya asistencia sanitaria no pueda ser proporcionada en su domicilio o que requieran rehabilitación.

También se incluyen los programas de ortogeriatría, hospitalización de día, atención geriátrica, paliativa y control de dolor, además de consultas, procesos quirúrgicos y pruebas diagnósticas para cumplir con la ley de garantías de tiempos máximos de demora.

El acuerdo, que se publicó a mediados de noviembre en el Boletín Oficial (BOC), está vigente desde el 1 de enero, con una duración de 16 años prorrogables por cuatro más, con lo que la duración máxima será de 20 años.

En enero se publicó una adenda en el BOC que recoge el procedimiento para la medición de resultados con unos indicadores que vinculan la financiación al cumplimiento de objetivos de resultados en salud e indicadores de accesibilidad, evaluados anualmente. Según esa adenda, el 1% de la financiación anual del contrato (15,9 millones) está asociada al grado de cumplimiento de los objetivos.

Podemos ha presentado una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra una resolución de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria que inadmite el acceso al expediente administrativo relativo al acuerdo anunciado entre el Servicio Cántabro de Salud y Mutua Montañesa para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en traumatología y cirugía ortopédica “con el fin de reducir las listas de espera”.

La formación considera que la resolución del Ejecutivo autonómico constituye “un nuevo episodio de opacidad en la privatización de la sanidad”, al impedir -como se queja el partido- saber si la tramitación del acuerdo se está realizando como convenio singular al amparo del artículo 90 bis de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, así como verificar la existencia de informes técnicos, jurídicos y económicos que “deberían sustentar una decisión de esta relevancia”.

Podemos subraya en un comunicado además que la propia resolución de la Consejería “confirma” que se está trabajando en el convenio, al “reconocer expresamente” que el acuerdo con Mutua Montañesa se encuentra “en proceso de elaboración”.

Para la formación, esta admisión acredita que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) -que el pasado mes de noviembre anunció que Salud y Mutua Montañesa trabajaban en nuevo convenio para reducir las listas de espera en trauma y cirugía ortopédica- “está avanzando en la tramitación del acuerdo de espaldas a la ciudadanía y negando el acceso a la documentación necesaria para ejercer un control democrático previo, lo que hace aún más injustificada la negativa a facilitar el expediente”.

Al hilo, Podemos se refiere al precedente del convenio con el Hospital Santa Clotilde, tramitado ante el propio Consejo de Transparencia, donde el acceso al expediente administrativo “solo se produjo de forma tardía, progresiva e incompleta, dificultando el control de la legalidad del procedimiento”.

“Estamos ante un nuevo caso de oscurantismo en la gestión de la sanidad pública. Ya lo hicieron con Santa Clotilde y no vamos a permitir que lo hagan de nuevo ahora”, avisan, para exigir “transparencia antes de la firma del acuerdo y no cuando la decisión ya esté consumada”.

La reclamación pide que el Consejo requiera a Salud a identificar la documentación ya existente, confirmar si la tramitación se realiza conforme al artículo 90 bis y facilitar el acceso a las memorias e informes que sustenten el acuerdo con Mutua Montañesa.

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

La externalización de servicios sanitarios públicos en Aragón ha dejado de ser una medida puntual para convertirse en una práctica cada vez más extendida. Contratos recientes en hospitales como el de Teruel y Alcañiz con Ribera Salud y Quirónsalud por más de un millón de euros en total evidencian un incremento del gasto público destinado a empresas privadas, mientras formaciones como el PSOE, Teruel Existe e Izquierda Unida denuncian una “privatización progresiva” basada en mayores costes, menor control público y un debilitamiento de la sanidad pública, especialmente en el medio rural, lo que se une al problema de la cobertura de plazas.

La sanidad pública aragonesa atraviesa un momento de tensión estructural marcado por la falta de profesionales, especialmente en zonas rurales como Teruel. En este contexto, el Gobierno de Aragón ha recurrido de forma creciente a la externalización de servicios médicos, adjudicando contratos a empresas privadas como las citadas, presentada como una solución puntual para garantizar la atención sanitaria, lo que ha abierto un intenso debate político y social.

El PSOE de Teruel lleva semanas alertando de que el modelo privatizador del Gobierno de Jorge Azcón “ya ha llegado al Hospital de Alcañiz” con el contrato que Salud ha sacado a licitación para externalizar parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología durante seis meses por algo más de 428.000 euros. Los socialistas acusan a la consejería de Sanidad de “mala gestión” y afirman que el PP “crea el problema” para justificar la necesidad de la externalización, destacando que la lista de espera para una consulta externa de traumatología ha aumentado en 170 días en los últimos dos años y medio.

Ante las justificaciones del Departamento de Sanidad sobre la “infradotación estructural de la plantilla” y el déficit de traumatólogos “sostenido en el tiempo”, que impiden hacer frente a las largas listas de espera que existen en este momento, tanto en consultas externas como en cirugía, el diputado socialista Rafael Guía asegura que nunca antes había sido necesario un contrato de estas características en el hospital bajoaragonés y en ningún caso haciendo uso de la empresa privada. Además, sostiene que, frente a otros planes de choque que contaban con los propios profesionales de la sanidad pública, Azcón está apostando por “el modelo privatizador del Partido Popular, que externaliza todos los servicios a empresas amigas como Quirón o Ribera Salud”.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales.

En el Hospital Obispo Polanco de Teruel, por ejemplo, se han adjudicado contratos por valor aproximado de 600.000 euros, incluyendo contratos como el adjudicado a Ribera Salud por 199.000 euros para cubrir guardias en ginecología, anestesia y urología, o el de 398.370 euros para servicios como otorrinolaringología, rehabilitación y dermatología. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

Además, ha denunciado el agravio comparativo entre profesionales, indicando que el personal externalizado llega a cobrar cerca de 98 euros por hora frente a los 29 euros de los especialistas del propio hospital.

Según Teruel Existe, los datos muestran que la externalización no es un fenómeno abstracto, sino una realidad concreta, donde el problema sanitario tiene carácter estructural y afecta a todos los hospitales no ubicados en Zaragoza, como los de Teruel, Alcañiz, Barbastro, Calatayud o Jaca. Problema, además, que se agrava por la gestión de la sanidad realizada por personas que habitualmente tienen escasos conocimientos en materia sanitaria y por las dificultades, en ocasiones, ejercidas por los jefes de servicio de los grandes hospitales de limitar que los médicos de su servicio se desplacen para realizar guardias en los centros hospitalarios de menor tamaño.

El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha asegurado que este proceso responde a un modelo que “tiende hacia la privatización progresiva”, poniendo como ejemplo el hospital de Torrejón de Ardoz. “La externalización se presenta como un concurso público, pero en realidad responde a un mercado cerrado dominado por grandes grupos empresariales que se reparten los concursos y zonas de trabajo y su objetivo es maximizar el beneficio”, ha afirmado, señalando directamente a Quirón y Ribera Salud.

Cobertura de plazas

La formación ha criticado la gestión sanitaria del actual Gobierno de Aragón del PP en funciones, al que ha acusado de “no haber sido capaz de cubrir las plantillas de los hospitales en el territorio ni de atraer médicos al medio rural, pero sí de externalizar servicios para generar negocio con la sanidad pública”.

Izquierda Unida de Aragón también ha expresado su preocupación tras conocerse que las 44 plazas médicas ofertadas para los centros de salud del Bajo Aragón Histórico han quedado completamente desiertas. La formación considera que este hecho supone un nuevo episodio del grave deterioro que atraviesa la Atención Primaria en zonas como Alcañiz, Caspe, Andorra, Utrillas, Alcorisa, Maella o Valderrobres.

Desde Izquierda Unida sostienen que esta situación es interesada. El PP, afirman, bloqueó durante toda la anterior legislatura la convocatoria de oposiciones a medicina de familia, acumulando un total de 332 plazas. “El PP ha retrasado esta oposición porque esta legislatura quería reducir plazas de medicina de familia del mundo rural desde una visión reduccionista del número de cartillas por médico y sin tener en cuenta la dispersión territorial, las características de la población a atender o los centros residenciales que abordar. Y ha usado el mantra de que no hay médicos y de que no quieren ir al mundo rural para justificarlo”, afirma María Milián.

A juicio de IU, la cobertura de plazas en el mundo rural es un problema cuando se trata de plazas temporales, pero las plazas fijas sí se cubren ampliamente. Por ello, la formación defiende que la mejor forma de mejorar la atención primaria en el ámbito rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas. 

Modelos en contraste: Ribera Salud, Quirónsalud y la gestión pública directa

El debate sobre la externalización sanitaria en Aragón se abre en medio de una comparación más amplia entre los distintos modelos de gestión que conviven en el sistema sanitario español. La presencia de empresas como Ribera Salud y Quirónsalud responde a esquemas diferentes de colaboración público-privada, cuyas consecuencias han sido ampliamente observadas en comunidades como la Valenciana o Madrid. Frente a ellos, el sistema público puro sigue siendo el modelo predominante, aunque no exento de dificultades.

El caso de Ribera Salud representa el modelo más ambicioso de privatización sanitaria en España. Su fórmula, como el modelo Alzira, se basa en la gestión integral de hospitales y áreas de salud mediante un sistema de pago capitativo: la administración abona una cantidad fija por habitante, independientemente del uso real de los servicios. Este diseño introduce un incentivo claro a la contención del gasto. Diversos informes y controversias surgidas en la Comunidad Valenciana apuntaron a prácticas orientadas a reducir costes, así como a dificultades de control y transparencia por parte de la administración. A ello se sumaron pagos adicionales y ajustes económicos fuera de las previsiones iniciales, lo que acabó cuestionando la supuesta eficiencia del modelo. La reversión progresiva de estos hospitales a la gestión pública reflejó, en última instancia, las tensiones acumuladas durante años.

Por su parte, Quirónsalud encarna un modelo más vinculado a la lógica de mercado. Como mayor grupo hospitalario privado de España, su actividad se basa en conciertos sanitarios, derivaciones desde el sistema público y gestión de hospitales bajo fórmulas mixtas. En comunidades como Madrid, este modelo ha mostrado una gran capacidad para absorber actividad asistencial y reducir tiempos de espera. Sin embargo, también ha generado un incremento significativo del gasto público asociado, debido a pagos adicionales por actividad y a la captación de pacientes desde la red pública. Esta dinámica ha sido criticada por introducir incentivos a aumentar el volumen de servicios prestados, más que a optimizar su eficiencia global. A ello se añaden cuestionamientos sobre la transparencia de los acuerdos y sobre sus efectos en las condiciones laborales del personal sanitario.

Tampoco escapa la relación entre el grupo sanitario Quirónsalud, la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los focos más sensibles del debate político y mediático sobre la sanidad pública y la colaboración con empresas privadas. Según la información publicada por diversos medios, este empresario facturó a Quirónsalud más de un millón de euros en un solo año —2021—, cifra que supone un incremento notable respecto al ejercicio anterior. En concreto, sus ingresos procedentes de la compañía se multiplicaron aproximadamente por cuatro tras el inicio de su relación con Ayuso. Estos pagos, según las versiones conocidas, corresponderían a trabajos de consultoría y servicios profesionales, si bien la naturaleza exacta de algunas operaciones ha sido objeto de escrutinio público.

En paralelo, Quirónsalud ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, el volumen de recursos públicos destinados a hospitales y servicios gestionados por el grupo ha alcanzado cifras de varios miles de millones de euros. Este crecimiento no responde a un fenómeno puntual, sino a un modelo sanitario en el que la colaboración público-privada tiene un peso estructural, especialmente en determinadas áreas hospitalarias.

En conjunto, la experiencia de distintas comunidades autónomas sugiere que la colaboración público-privada puede ofrecer soluciones puntuales en contextos de presión asistencial, pero también introduce riesgos estructurales si se convierte en un elemento central del sistema. Entre ellos destacan el aumento del gasto a medio plazo, la pérdida de capacidad operativa del sector público y la creciente dependencia de grandes grupos sanitarios. Estos factores resultan especialmente relevantes en el contexto aragonés, donde la externalización comienza a consolidarse como respuesta a problemas estructurales aún no resueltos.

Todos los pasos están indicando el camino hacia una sanidad privada, dice Blanca Parra. Ella, médica jubilada, es una de las profesionales que se ha unido a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria convencida de que “las cosas pueden cambiar con la participación de todos”. Se trata de una entidad que reúne a colectivos -como la propia Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, Ecologistas en Acción, Asamblea de las Mujeres de Cantabria o el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca- y ciudadanos a título particular que se constituyó precisamente para llevar a los tribunales el convenio de privatización con el Hospital Santa Clotilde de Santander.

Ahora se están dando a conocer en reuniones en distintos puntos de la geografía de Cantabria donde escuchan a ciudadanos y profesionales sanitarios y tratan de ayudarles con sus necesidades. “El dinero que se está yendo a la sanidad privada puede hacer mucho bien en la sanidad pública”, estima Parra. La portavoz de la plataforma considera que el sentimiento de defensa de la sanidad pública “tendría que estar muy arraigado en la población” y lamenta que “la reacción de los ciudadanos frente al deterioro de la sanidad pública es contratar un seguro privado”.

¿Por qué se necesita esta plataforma? ¿Está en riesgo la sanidad pública en Cantabria?

Nosotros lo vemos así y creemos que la sanidad pública en Cantabria está sufriendo un deterioro, vemos cómo se va privatizando con el convenio de Santa Clotilde, el Plan de Salud 2025-2029, las listas de espera... Podríamos analizar que el sistema público de salud está muy deteriorado, que pasa en otros sistemas y en otros servicios autonómicos. El propio Servicio Nacional de Salud como tal, desde hace veinte años, está sufriendo algún deterioro. Desde la Plataforma queremos reivindicar una sanidad pública como la que se conformó con la Ley de Sanidad del año 1986 y con los principios que tiene.

Ustedes están haciendo actos públicos, reuniéndose con ciudadanos. ¿Qué perciben en esos encuentros?

Hace un año que empezamos a trabajar desde la plataforma y estamos en los comienzos de darnos a conocer y abrirnos a la población, porque lo que queremos es que la gente nos conozca y sepa lo que podemos hacer por ellos. Hemos estado en Toranzo y en Torrelavega, estamos pendientes de ir a Solares y Cabezón de la Sal. Queremos ser testigos de los problemas que los ciudadanos tienen en cada localidad. La recepción está siendo buena. Nos apoyan sindicatos, asociaciones de vecinos, Ecologistas en Acción... y nos estamos abriendo a través de las redes sociales. Nuestra asociación es muy abierta, todas las personas que se inscriban pueden participar directamente. Nos reunimos una vez al mes y pueden venir todas las personas que quieran. Un principio muy importante es que colaboren, que se impliquen, que entre todos podemos hacer muchas cosas. Nos preocupa mucho la ciudadanía, que se manifiesten. Las cosas pueden cambiar con la participación de todos.

Las Urgencias de Valdecilla están más saturadas que nunca con más de 400 personas al día, hay centros de salud cerrados por falta de médicos, demoras en la propia Atención Primaria para una consulta con el médico de cabecera. ¿Tienen la sensación de que los ciudadanos protestan poco dada la situación?

Los ciudadanos protestan poco, pero al tiempo van avanzando en la contratación de los seguros privados. Las personas que pueden están contratando un seguro médico. En los últimos seis años el crecimiento de los seguros médicos privados en Cantabria ha sido de un 247%, según los últimos datos que tenemos de 2024. El 24% de la población en Cantabria ya tiene un seguro privado. Es un dato más bajo que el que tiene el resto de España, que es el 31%. La reacción de los ciudadanos frente al deterioro de la sanidad pública es contratar un seguro privado, si pueden permitírselo. El sistema de salud público busca soluciones pequeñas, con un contrato o con un concierto que soluciona un problema puntual de la lista de espera. Pero no existe un concepto global de lo que es el sistema nacional de salud y de la necesidad de cuidar, porque esto se llevaba a cabo desde el Consejo Interterritorial de Salud y hoy día es un Consejo muy político, del que unos se levantan porque son contrarios al partido del Gobierno. No tendría que ser así. Este sentimiento de defensa de la sanidad pública tendría que estar muy arraigado en la población.

No paramos de escuchar que faltan médicos en centros de salud, que se retrasan las lecturas de mamografías o en las consultas de cardiología de Sierrallana porque hay un médico de baja u otro de vacaciones. La Consejería de Salud dice que el asunto no tiene remedio, porque no hay profesionales que contratar. Sin embargo, la sanidad privada llega al rescate y no tiene problemas de personal. ¿Cómo se explica esta situación?

La falta de médicos es cierta, hay una falta de profesionales especialistas, sobre todo en Atención Primaria cuando las plazas del MIR de Primaria no se cubren. La gestión de la sanidad pública corresponde a las comunidades autonómas. La gestión de contratar profesionales le compete a cada comunidad autónoma. No podemos estar permanentemente culpando a los demás de cuestiones que no son nuestras. Plantear soluciones es complicado, porque una gestión en unos organismos tan amplios como son los de la gestión sanitaria es difícil, pero es la gestión de cada comunidad. Faltan médicos sobre todo el área rural y esta plataforma ha protestado mucho por ello, pero el número de colegiados médicos que tenemos en Cantabria es una tasa altísima, como pasa con las enfermeras. Sin embargo, el Colegio de Enfermería está pidiendo 900 profesionales más. Cómo conseguir que estos profesionales se queden y que les interese es una tarea de cada Consejería. Tienes que conseguir atraer a las personas, darles los medios que necesiten para que resulte atractivo el poder trabajar aquí. Tenemos que conseguir que el Hospital Valdecilla, que siempre ha sido un referente nacional, vuelva a ser atractivo. Yo creo que se ha tirado mucho la toalla, por ejemplo, contratando con el Hospital privado de Santa Clotilde. Son soluciones fáciles. El dinero que se está yendo a la sanidad privada puede hacer mucho bien en la sanidad pública.

La plataforma que usted representa es muy crítica con el convenio del Servicio Cántabro de Salud con el Hospital de Santa Clotilde y dicen que se firmó “en la oscuridad”, sin anunciarse debidamente, porque no está nada justificado ni argumentado económicamente.

La sanidad pública se está privatizando delante de las narices de los ciudadanos. Sacan un convenio singular como este en noviembre, que no tiene competencia pública, y que se firma entre un servicio público -la Consejería de Salud- y un centro privado en las condiciones en que se publica, cuando no existe ningún tipo de informe, ni económico, ni jurídico. Cuando modificas una ley para que los hospitales privados sin ánimo de lucro puedan firmar convenios singulares... Claro que legalmente lo pueden hacer, pero, ¿cómo desviamos 256 millones a un hospital privado durante 16 años más? Estamos hipotecando la sanidad de dos décadas, con un hospital que no tiene ni los medios tecnológicos ni el personal necesario. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no invertimos en nuestros hospitales? ¿Por qué no los mejoramos? Estamos hablando de un dinero público. Que no nos engañen. El propio personal del Hospital de Santa Clotilde se ha puesto en huelga el otro día. Tenemos que ser sinceros y contar las cosas como son. Que solucionen las cosas y que no busquen soluciones baratas. Un concierto singular es un concierto muy particular, se tiene que realizar en condiciones de mucha objetividad y de mucha transparencia, y aquí no ha habido transparencia y sí mucho ocultismo.

La Plataforma ha presentado un recurso contra la privatización de servicios sanitarios a través de este concierto singular. ¿En qué se basa y en qué punto se encuentra?

Lo que queremos es la anulación del convenio singular con Santa Clotilde. Hemos hecho la solicitud y tenemos que esperar a que se admita a trámite este recurso y en ese segundo tiempo es cuando tenemos que presentar todas las alegaciones que justifiquen la anulación. Aún no hemos tenido contestación. Desde la plataforma ya estamos impulsando una recogida de fondos para poder financiar el recurso judicial. Lógicamente, si no se admite se devolverá el dinero a las personas que lo hayan ingresado.

El programa de cribado de cáncer de mama había funcionado hasta ahora en la sanidad pública. ¿Qué razones creen que impulsan al consejero de Salud a privatizarlo y transferirlo a Santa Clotilde?

No encontramos ninguna razón para privatizar la gestión del programa de cribado de cáncer de mama. No nos explicamos por qué unos cribados que se están haciendo magníficamente bien en la sanidad pública tienen que transferirse a una entidad privada. No lo entendemos y necesitamos explicaciones de por qué se transfiere algo que se está haciendo, y muy bien, en la sanidad pública.

Empezó por un supuesto atasco en la lectura de mamografías...

Que ya no existe.

¿Saben desde la plataforma cómo se están leyendo estas mamografías en el centro privado?

Que yo sepa, no. No tenemos conocimiento de ello.

Vemos ahora una huelga de médicos en el contexto nacional porque quieren tener un estatuto propio, sin compartirlo con el resto de los sanitarios. Una semana de huelga al mes que según el consejero de Salud está haciendo un daño similar al de la pandemia. ¿Qué valoración hacen de esta situación?

Somos la comunidad autónoma que mayor lista de espera tiene. La media se saca con la media de pacientes en lista de espera por cada mil habitantes. En los últimos cuatro años ocupamos puestos como el 17, 16, 17... Nos preocupa muchísimo la lista de espera. Nosotros estamos haciendo un estudio muy amplio. En este momento tenemos 98.827 cántabros en lista de espera y detrás estos números hay muchas personas que están sufriendo, que tienen dolor y ansiedad. Los números a veces no nos asustan porque no ponemos cara detrás. Ahora, que diga el consejero si es culpa de la huelga o no que seamos la comunidad con mayor lista de espera quirúrgica. Nosotros defendemos los derechos de los pacientes, de las personas. No entramos en la huelga ni en las razones que puedan tener de carácter profesional o económico y nos gustaría que por encima de sus reivindicaciones estuviera la atención a los pacientes, que creo que es la labor que tienen los médicos. Desde la plataforma, lo que queremos es hacer estudios rigurosos. Los datos que estamos dando son del Ministerio y de la Consejería de Salud. Nosotros no buscamos el voto, nuestra organización no entra a eso. De hecho, con sus propios datos, las huelgas anteriores no supusieron un aumento de las listas de espera y, en algunos casos, supusieron incluso una disminución. No deben ir asustando a la gente, porque se mete miedo a la gente y eso deriva en el crecimiento de los seguros privados. La prueba la tenemos aquí: un crecimiento del 247% en la contratación de seguros médicos. Un Plan de Salud donde está toda la política que vas a llevar a cabo durante cinco años se presenta en el Centro Botín. Un Plan de Salud se tiene que presentar en el Parlamento, donde se pueda discutir, donde la gente se pueda expresar.

Recientemente, el consejero de Salud ha anunciado que pone los datos de 51.000 voluntarios del proyecto Cohorte Cantabria en manos de una farmacéutica de Estados Unidos. ¿Qué opinan de esta operación?

Efectivamente, acabamos de ver cómo se ha vendido el ensayo clínico. Nos acabamos de enterar, igual que todos los cántabros. Estamos recopilando información sobre la operación y sobre el asunto del consentimiento de datos porque nos gusta ser muy rigurosos. Pero, el IDIVAL, que hace un estudio de investigación, el Hospital Valdecilla, el Gobierno de Cantabria, que vendan los datos a una farmacéutica... no se cómo lo consentimos. O un espacio como el que tenía la Residencia Cantabria, donde se va a hacer un edificio de docencia e investigación, de dos aspectos tan importantes, ¡y que lo gestione una entidad privada! Todos los pasos nos están indicando el camino hacia una sanidad privada, nos los están demostrando, con lo que ello supone. Hay que alertar a los ciudadanos hacia dónde vamos. Quizá hoy por hoy estamos bien, nuestra esperanza de vida es muy buena, podemos ir a un centro de salud, nos van a operar si tenemos una enfermedad grave... Espero que avancemos y veamos lo que estamos perdiendo. Sí que desde la plataforma estamos viendo a gente preocupada, pero tiene que unirse más gente. Ahora la plataforma está en expansión, explicando a la gente lo que pasa, lo que tenemos y hacia dónde vamos.

Los trabajadores del Hospital Santa Clotilde de Santander, que acaba de firmar un convenio de privatización de servicios sanitarios con el Gobierno de Cantabria por importe de 256 millones de euros hasta el año 2042, han iniciado movilizaciones para denunciar que la dirección del centro religioso está bloqueando el convenio colectivo, caducado en 2024, y la falta de personal “en áreas fundamentales”.

Los trabajadores del centro sanitario estiman que la actual plantilla de 220 empleados ya está “al límite” y que “será difícil” hacer frente a todos los compromisos adquiridos en el convenio singular con el Servicio Cántabro de Salud, que incorpora nuevos servicios sanitarios hasta ahora se prestaban exclusivamente en lo público como los cribados de cáncer de mama y colon.

“Tendrán que invertir en personas”, reclama María José Barrio, responsable de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras. El convenio singular exige unas condiciones de infraestructuras -número de camas, quirófanos, consultas, etcétera- y un número de personal sanitario que el hospital no cumple. “El problema es que el documento tampoco establece plazos para que se cumplan los requisitos”, explica Barrio. De hecho, entró en vigor el 1 de enero de 2026 sin haber resuelto esta cuestión.

En paralelo, se produce otra situación. Parte del personal que trabaja en Santa Clotilde no son trabajadores del hospital de la Orden de San Juan de Dios, sino que pertenecen a la empresa que gestiona el servicio de radiodiagnóstico desde dentro del centro sanitario. Los empleados de HT Médica no están incluidos en la plantilla de 220 personas del hospital.

El pasado 10 de marzo el centro religioso, en el acto de celebración de su patrón San Juan de Dios, anunció unas obras de ampliación que estarán acabadas a final de año. Como adelantó elDiario.es, el Ayuntamiento de Santander recalificó la parcela del hospital para permitir construir otro edificio.

Ese día, en la celebración, después de asistir a misa en la capilla del centro, el consejero de Salud, César Pascual (PP), aprovechó para reivindicar la privatización de servicios sanitarios: “No es una concesión, no es un privilegio, no es una anomalía. Es una herramienta de gestión sanitaria perfectamente legal utilizada en muchas comunidades autónomas y diseñada con un objetivo muy sencillo: poner todos los recursos disponibles en Cantabria al servicio de los pacientes”, recalcó.

CCOO denuncia “represalias”

La realidad es que los trabajadores del centro han empezado a movilizarse: no hay convenio colectivo, la plantilla es insuficiente y, además, CCOO ha denunciado “represalias” por parte de la Dirección de Personas y Valores del Hospital que “ha advertido de posibles sanciones a quiénes participen en las movilizaciones”.

“Una actuación incompatible con el ejercicio del derecho fundamental de la libertad sindical”, subrayan desde el sindicato. La directora de Personas y Valores es Eva Salmón, la diputada del PSOE en el Parlamento de Cantabria, que dirige los recursos humanos del hospital y es una de las dos personas designadas por la dirección para sentarse a negociar con el comité de empresa, como ha venido haciendo en ocasiones predecentes. Desde el Comité de Empresa comunican que la empresa parece interesada en retomar las negociaciones “con exigencias reales” para finales de marzo.

Los trabajadores iniciaron las movilizaciones de protesta el pasado 4 de marzo con una concentración a la puerta del hospital convocada por el Comité de Empresa ante “la indiferencia y dejación de la dirección que mantiene paralizada la negociación”.

La presidenta del órgano sindical del centro hospitalario, Inmaculada Martínez (UGT) considera “que hace falta gente, necesitamos más personal porque los ratios son muy generales, no están especificados y hay falta de categorías o algunas de ellas están muy escuetas”. “Se necesita como mínimo contratar a 15 personas y de ahí para arriba”, añade. Además, ha criticado que “las infraestructuras están muy anticuadas, falta espacio para trabajar y todo ello provoca problemas físicos y psicosociales”.

El convenio privatizador exige 27 trabajadores más

Hace algunas semanas, la Plataforma de Defensa de la Sanidad Publica de Cantabria ya denunció públicamente que se desvía dinero público a Santa Clotilde “sin que la entidad concesionaria disponga de los recursos necesarios para suplantar a la Sanidad pública en las prestaciones correspondientes”.

Para cumplir las condiciones del acuerdo económico millonario, que inyectará cerca de 256 millones de dinero público a lo largo de las próximas dos décadas, el hospital tendrá que ampliar la plantilla contratando a 27 trabajadores más para pasar de 78 a 105 sanitarios. Entre ellos, 22 enfermeras, 27 auxiliares de enfermería, 7 médicos de diferentes especialidades, un psicólogo, 8 fisioterapeutas, 4 terapeutas ocupacionales y 3 logopedas.

Cantabria es la única comunidad autónoma que ha firmado un convenio de privatización de servicios sanitarios, sin concurso público, por un periodo superior a los diez años. Lo normal es que la duración se limite entre uno y tres años, mientras que el Gobierno del PP en Cantabria ha firmado con el Hospital Santa Clotilde, un centro religioso de gestión privada, un compromiso de 256 millones de euros durante 16 años prorrogables hasta los 20 años, hipotecando la gestión sanitaria hasta el año 2042, como mínimo. Una duración tan elevada y un compromiso de gasto prolongado que puede alcanzar dos décadas invita a presumir, en la práctica, una cesión estructural, no una colaboración puntual.

Algunos de los convenios de otras comunidades autónomas también prohíben subcontratar servicios, establecen penalizaciones más estrictas y exigen que los centros privados dispongan de todos los recursos desde el primer día, no como en el caso cántabro que, aunque Santa Clotilde no dispone de infraestructuras, de camas, personal sanitario o consultas suficientes, el convenio ya ha entrado en vigor. De hecho, el hospital ni siquiera ha empezado a construir el nuevo edificio que necesita para cumplir las condiciones del acuerdo que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026.

Asturias, por ejemplo, también mantiene suscritos cuatro convenios singulares, pero la duración de todos ellos se limita a un año, a diferencia del caso cántabro. La Fundación Hospital Avilés también ejerce como centro de apoyo de atención especializada y también realiza el cribado de cáncer de mama, como ya está haciendo Santa Clotilde, a cambio de 10 millones de euros anuales. Además, mantiene acuerdos con la Cruz Roja para realizar hemodiálisis, con el Sanatorio Adaro como centro de convalecencia y con la Fundación Hospital de Jove en Gijón. La cantidad económica, no obstante, es considerablemente mayor que en el caso cántabro: casi 100 millones de euros anuales en total.

Otras comunidades autónomas también tienen convenios singulares -como se denomina este tipo de acuerdos sin concurso público y adjudicación directa- con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, propietaria del Hospital Santa Clotilde en Santander, aunque las condiciones son muy diferentes. Castilla y León firmó un acuerdo con los religiosos, pero solo de tres años de duración, entre 2026 y 2029, por importe de 63,6 millones de euros. Pero este contrato prohíbe expresamente la subcontratación de infraestructuras o servicios, una claúsula de la que carece el contrato con el Servicio Cántabro de Salud.

De igual forma, también establece condiciones más estrictas en caso de incumplimiento. Las penalizaciones pueden suponer que no se haga el abono o que se reduzca proporcionalmente si no se cumple la actividad asistencial máxima o si no se dispone de los medios técnicos y del personal exigidos en el acuerdo. Mucho más exigente que en Cantabria, donde la misma Orden Hospitalaria cobrará el 99% del dinero comprometido en la peor de las circunstancias, ya que solo el 1% está sujeto a sanciones.

El convenio leonés prohíbe subcontratar

Castilla-La Mancha ha añadido otra condición: que el centro religioso privado no pueda subcontratar “infraestructuras ni servicios”, una prohibición ausente del convenio cántabro, donde dentro del hospital opera la empresa privada HT Médica, que aporta los aparatos y realiza, entre otras cuestiones, la lectura de las mamografías. La cuestión es sustancial porque el convenio se ha suscrito con una entidad sin ánimo de lucro, y es precisamente ese motivo el que permite adjudicarlo a dedo.

El convenio de Castilla y León especifica incluso las características de los aparatos de rayos que deberán ser de una antigüedad máxima de diez años, cuestión que tampoco se regula en el convenio cántabro. En este sentido, precisa, por ejemplo, que durante las pruebas radiológicas deberá estar presente un médico especialista en Radiodiagnóstico, tanto durante la preparación del paciente como durante la ejecución de la prueba. En el caso de que se incluyan exploraciones bajo anestesia es obligatorio que haya un anestesista, además de un enfermero y un técnico en Radiodiagnóstico.

Mientras que en el caso de los cribados de cáncer de mama que se han encargado al hospital Santa Clotilde no figura ningún protocolo en el acuerdo. Otra ventaja sobre el convenio cántabro es que en Castilla y León se revisarán anualmente los protocolos de las exploraciones.

Cataluña también firmó un convenio con el Hospital San Juan de Dios en Esplugues de Llobregat (Barcelona) para “promover actividades científicas y promover sinergias de cooperación entre las partes” por cinco años, prorrogables por otros tantos.

El PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos cántabros en los que este partido tiene representación para exigir la paralización del convenio singular del Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) con el hospital privado Santa Clotilde. Los socialistas proponen invertir los 256 millones del acuerdo en mejorar las prestaciones de los centros del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y en captar profesionales sanitarios.

El secretario de Salud del PSOE, Marcos Agudo, ha afirmado este lunes que el convenio supone “una afrenta sin precedentes” a la sanidad pública de Cantabria. “Nunca jamás, nadie, planteó semejante hipoteca con tan dañinas y duraderas consecuencias para los cántabros”, ha sentenciado.

En una rueda de prensa, ha asegurado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Salud, César Pascual, “pretenden detraer médicos, enfermeras y auxiliares de la sanidad pública para llevárselos a un hospital privado mientras asfixian a los hospitales comarcales y desmantelan los centros de salud y los consultorios rurales”.

Y ha denunciado que esa decisión “inexplicable e innecesaria de Buruaga y Pascual nace sin concurrencia pública, con asignación discrecional, a dedo, y con el objeto evidente de desmantelar progresivamente la sanidad pública”.

Agudo también ha criticado la justificación del Ejecutivo para suscribir el convenio, basada en “la imperiosa necesidad de reducir las listas de espera”, y que a su juicio es “un argumento falaz” que fue “inhabilitado” el pasado 16 de enero por el propio Gobierno al publicarse la adenda al mismo según la cual, y como ha dicho, “el 99% de la financiación estaría garantizada, aunque la consecución de los objetivos no se alcanzase”.

El responsable de políticas sanitarias del PSOE ha criticado que “únicamente se detraería el 1% del presupuesto comprometido en caso de incumplimiento”, por lo que “da igual si Santa Clotilde cumple con los objetivos que el Gobierno de Cantabria se ha marcado o no: su financiación está asegurada”.

Además, ha cuestionado que el centro disponga de medios materiales y humanos para garantizar los objetivos del convenio y ha indicado al respecto que, para ello, Santa Clotilde “requeriría duplicar de 3 a 6 el número de quirófanos, añadir 16 habitaciones, pasar de 5 a 7 ecógrafos y casi triplicar el número de consultas”. Es decir, necesitaría “hacer una inversión ingente”, así como “un incremento del 25% del personal sanitario”, que pasaría de 168 a 245 profesionales“.

Asimismo, Agudo ha señalado que Santa Clotilde “carece a día de hoy” de servicios como Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Ginecología, Urología, Cirugía Vascular, Radiología y Anestesiología, según ha enumerado.

Y añadido que lo “más sangrante” de todo es que Santa Clotilde ha recurrido a la subcontratación de “un grupo de capital riesgo radicado en Luxemburgo para la gestión del cribado del cáncer de mama”.

Agudo ha comparecido acompañado de la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, quien ha dicho que la sanidad pública en Cantabria “está retrocediendo a pasos agigantados desde que gobierna María José Sáenz de Buruaga”.

“Los que hoy recortan los recursos de la sanidad pública para dárselos a intereses de empresas privadas son los mismos que ya lo hicieron en 2011 cuando privatizaron todos los servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla por 900 millones de euros”, ha agregado en referencia a la presidenta y al consejero de Salud.

Hace tres años hubo un primer movimiento que pasó desapercibido y hoy tiene otra lectura. El Ayuntamiento de Santander recalificó la parcela del amplio recinto del hospital privado Santa Clotilde con vistas a la bahía para poder edificar en los jardines de la zona sur y en el actual aparcamiento.

Ahora se explica la operación. El convenio singular de privatización sanitaria que ha firmado el Gobierno de Cantabria con el centro sanitario exige más infraestructuras de las que tiene ahora. Más camas, más quirófanos y aparatos, más salas y consultas que requieren construir otro edificio. Algo que ya estaba previsto antes de hacerse pública la privatización.

El centro hospitalario ha confirmado a este periódico que se encuentra actualmente “en fase de elaboración del proyecto correspondiente al plan de ampliación previsto”. En realidad, el Gobierno de Cantabria ya reconoció en su día que el convenio se ha firmado para “dar estabilidad” a la orden religiosa que sostiene este centro hospitalario porque quiere hacer una inversión.

Lo cierto es que el acuerdo del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el centro religioso hasta 2042, por importe de 256 millones de euros, se ha convertido en el epicentro de la polémica política esta legislatura. Aunque ni siquiera existe una fotografía oficial de la firma del convenio que el Gobierno de Cantabria trató de hacer pasar inadvertido.

Por ahora se sabe que el centro recalificó los terrenos para ampliar el hospital, que el Gobierno modificó la ley para poder firmar un convenio singular con este centro, que se le adjudicó por ser una institución “sin ánimo de lucro” a pesar de que subcontrata servicios con la empresa HT Medica. También que no dispone del personal, material ni infraestructura necesaria; que se privatiza el cribado de cáncer de mama y de colon, que necesitó tres informes jurídicos hasta tener el visto bueno de los técnicos, que un informe oficial advirtió que el “elevado” coste comprometía todo el presupuesto de la comunidad y que, sin echar a andar, va a costar 40 millones más de lo presupuestado inicialmente.

Todo de ello salpicado por un conflicto de intereses, voces críticas, un recurso judicial y el contratiempo de la ausencia de presupuesto en Cantabria para 2026 que complica aún más su ejecución.

Décadas de asistencia sanitaria

Santa Clotilde llevaba décadas prestando asistencia sanitaria al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander a través de contratos que salían a concurso público cada cuatro años. La novedad, ahora, es que el Gobierno del Partido Popular ha decidido adjudicárselo directamente al centro religioso sin concurso previo y por un periodo de 16 años, hasta 2042, prorrogable otros cuatro años más. También se añaden nuevos servicios: se privatizan las unidades de cribado de cáncer de mama y colon que hasta ahora prestaba la sanidad pública.

Detrás de la operación están los dos protagonistas de la fórmula público-privada para reconstruir Valdecilla: La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), y el consejero de Salud, César Pascual (PP). Cuando se adjudicó el contrato a una filial de Ferrovial, para privatizar todos los servicios no sanitarios, Buruaga dirigía la Consejería de Sanidad y Pascual era el gerente del hospital público.

El tándem político ha vuelto al poder esta legislatura y está replicando la fórmula, en este caso, privatizando asistencia sanitaria. El convenio singular con Santa Clotilde no será el único, ya que han anunciado que firmarán acuerdos semejantes con el Centro Hospitalario Padre Menni o con la Mutua Montañesa.

Primeros indicios

El primer indicio de la operación fue posiblemente la recalificación urbanística de Santa Clotilde. El segundo paso, en diciembre de 2024, fue introducir una enmienda de última hora en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de Cantabria para permitir una 'sanidad concertada', similar al sistema privado sostenido con fondos públicos de la Educación. Se estableció con este trámite la figura del convenio singular para privatizar sin licitación y por un período máximo de 24 años.

En paralelo, el hospital Santa Clotilde publicó en su memoria anual que se estaba tramitando un acuerdo de vinculación con el Servicio Cántabro de Salud para definir la cartera de servicios. Ya había habido varias reuniones entre el centro privado y las autoridades públicas. Pero, entonces, todavía no había trascendido.

Ese año, Santa Clotilde abrió un servicio de Urgencias e inició la nueva Unidad de Radiodiagnóstico en colaboración con la empresa HT Médica con la presencia del consejero cántabro, César Pascual.

Trama paralela de las mamografías

Entonces no se sabía, pero desde hacía dos meses el Gobierno de Cantabria ya estaba redactando el contrato menor para externalizar la lectura de mamografías del programa de detección precoz del cáncer de mama. Un contrato por importe de 14.900 euros que se firmó en enero, del que nadie informó.

Se pidieron tres presupuestos. Quirón Salud ofreció leer 500 mamografías y la empresa que opera en Santa Clotilde, HT Médica, algo más del doble: 1.050. Todo permaneció en secreto hasta que la polémica nacional de las mamografías andaluzas revolvió el asunto.

Entonces, el consejero de Salud dijo públicamente que había 3.900 mujeres esperando los resultados de sus mamografías y que para solucionar este retraso iba a encargar la lectura de 1.000 pruebas con Santa Clotilde. Un millar de pruebas que el centro privado ya tendría que haber leído a final de junio. Pero César Pascual no mencionó el contrato. Es más, hizo creer que se iba a hacer en ese momento cuando Santa Clotilde ya llevaba haciéndolo nueve meses.

Un acuerdo secreto

Estos fueron los movimientos previos que ahora unidos por un hilo dibujan la línea de la operación. Pero la primera noticia que se tuvo del convenio fue el silencio. El Consejo de Gobierno aprobó en octubre de 2025 un gasto de 216 millones para privatizar servicios sanitarios con Santa Clotilde. La operación no trascendió hasta que la desveló este periódico. El Ejecutivo de Buruaga omitió ese acuerdo en el comunicado que hizo público.

El consejero de Salud se vio obligado a dar explicaciones. En una rueda de prensa, a preguntas de este periódico, insistió reiteradamente en que no se sabía qué servicios sanitarios incluía el convenio, cuando lo conocía desde julio según un informe oficial que lo detalla.

El expediente, al que tuvo acceso la formación política Podemos, tras una denuncia en Transparencia, desvela que la Consejería de Salud había decidido privatizar los cribados del cáncer de mama y colon cuatro meses antes de anunciarlo. Aún así, César Pascual lo negó ante los medios de comunicación.

Dos semanas después, el 31 de octubre, se publicó el convenio en el Boletín Oficial de Cantabria. Lo firman Luis Carretero, el gerente del Servicio Cántabro de Salud, y Juan José Afonso, en representación de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, titular del Hospital Santa Clotilde. Sin publicidad ni fotografías.

El convenio, que se firmó sin anunciarse, escondía una sorpresa mayúscula: 40 millones más de lo inicialmente previsto. A pesar de que este periódico desveló que un informe oficial advirtió -sin ningún éxito- del “elevado compromiso presupuestario” que repercutirá en todo el sector público y obligará a tomar “medidas de priorización del gasto en todo el sector público”.

Además, el convenio se otorgó al centro religioso en su calidad de entidad sin ánimo de lucro, pese a que subcontratará algunos servicios sanitarios privatizados que presta la empresa HT Médica que opera dentro de Santa Clotilde.

Tres meses después se publicó una adenda al convenio: el hospital tiene garantizada el 99% de la financiación aunque no cumpla los objetivos del convenio privatizador de servicios sanitarios que firmó con el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Recurso en los tribunales

A raíz de estas circunstancias, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha llevado el asunto a los tribunales y exige la nulidad del “irregular y oscuro” convenio singular por el que el Servicio Cántabro de Salud ha puesto en manos del hospital privado “una porción importante de determinadas áreas asistenciales que se sustraen del servicio público”. 

La polémica se trasladó a la tribuna parlamentaria y ha salpicado incluso al grupo parlamentario socialista por un conficto de intereses: la diputada del PSOE Eva Salmón es a su vez la directora de Recursos Humanos de Santa Clotilde y se tuvo que ausentar de la Cámara en la votación del proyecto de presupuestos que avalaba los 256 millones para el centro religioso. Minutos antes el portavoz socialista había criticado duramente el acuerdo.

El último capítulo es un “problema” económico sobrevenido: el presupuesto autonómico congelado por falta de mayoría parlamentaria que avale las cuentas. “Como no nos han aprobado el presupuesto, mi situación es la misma que en enero de 2025: no puedo aumentar la actividad en Santa Clotilde. Sobre esa actividad vamos a ver si podemos reprogramar algo, pero el presupuesto es ese”, ha reconocido el consejero de Salud.

Desde el Gobierno de Cantabria se sigue defendiendo el acuerdo. La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho recientemente: “Jamás hemos privatizado la asistencia sanitaria”.

Acción-reacción, el PP está respondiendo a los movimientos de los últimos meses del Gobierno para limitar la expansión de lo privado en la educación y la sanidad. Desde lo legislativo, a través de leyes autonómicas o iniciativas diversas, hasta lo judicial, donde entran los recursos hasta donde haga falta llegar, los populares defienden su modelo educativo, que por extensión es lo mismo que defender la “colaboración público-privada”, alrededor siempre de la idea de la “libertad de elección”, que el Estado no puede socavar favoreciendo lo público, según su argumentario.

Universidad, FP, educación obligatoria, atención primaria, especializada, hospitales... El partido de Alberto Núñez Feijóo pelea en todos los frentes y contras las medidas del Ejecutivo en favor de lo público. En el Congreso o en las asambleas autonómicas. En la calle, en los medios o en los juzgados, y lo hace como parte de un enfrentamiento abierto entre PP y Gobierno a cuenta del modelo de país. Pedro Sánchez, tras siete años largos en La Moncloa, ha decidido dar la batalla ideológica al PP, históricamente menos reacio a aplicar sus políticas allá donde puede.

Lo explicó el presidente el día que presentó el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades. “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, razonó entonces Sánchez. Sirve para los colegios, las universidades o los hospitales.

Primero fue la universidad, luego los hospitales

Recurrir este decreto, que el Gobierno modificó el pasado mes de octubre para endurecer los requisitos necesarios para abrir (o mantener) una universidad, ha sido precisamente lo último que ha hecho el PP en materia educativa. Los populares han cargado contra este RD por todas las vías. Han acudido a los tribunales bajo la idea de que “invade competencias” y están tratando de derogarlo en el Congreso porque considera el partido que el Gobierno “se ha extralimitado en la regulación de una materia que precisa rango de ley, generar inseguridad jurídica, haber sido aprobado sin consenso, y regular unos criterios que atentan a la calidad del sistema universitario”, pese a que la CRUE (que reúne a más de 80 universidades, tanto públicas como privadas), sindicatos, alumnado y el resto de los partidos están a favor del texto, que también ha sido avalado por el Consejo de Estado.

También se han revuelto los populares contra el anuncio de una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que pretende limitar, ni siquiera revertir, la privatización del sistema sanitario que comenzó con José María Aznar en 1997 y que en algunas comunidades gobernadas por los populares –históricamente Madrid, en los últimos años Andalucía aparece como alumna destacada– se ha disparado.

Tanto el PP nacional como los autonómicos salieron en tromba contra la ministra Mónica García. “La ministra García prefiere una sanidad 100% pública y colapsada que una sanidad eficaz que cuente con la colaboración público-privada. No se trata de gestión, se trata de sectarismo”, valoró la portavoz popular, Ester Muñoz, en una entrevista en RNE. “Andalucía defenderá su autonomía. No vamos a permitir que desde un despacho en Madrid se nos diga cómo gestionar nuestros hospitales si el modelo de colaboración es eficiente”, dijo Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz. “Esta ley es un ataque directo a la libertad y a un modelo que funciona. Intentan prohibir por ley lo que funciona para imponer su ideología, aunque eso suponga más listas de espera para los ciudadanos”, añadió la madrileña Díaz Ayuso.

El partido ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional con unos argumentos similares a los empleados para el decreto universitario: invade competencias. Lo afirmó Díaz Ayuso el mismo día que se anunció la norma, exactamente como sucedió con el decreto de universidades.

En el apartado de oposición y recursos futuros está también la FP desde que el presidente Sánchez anunciara, hace dos semanas, que pretende limitar la expansión privada en este sector, desenfrenada como lo está en otras etapas educativas o en la sanidad. Explicó Pedro Sánchez que el Gobierno va “a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías” porque algunos se han convertido en “chiringuitos que solo dan diplomas”, un argumentario calcado al que se utilizó con la universidad.

Calcada también ha sido la reacción popular. El portavoz de Educación, Jaime de los Santos, tachó a Sánchez de “hipócrita”. El del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, sostuvo que “el único chiringuito” es el que puso en marcha su mujer, Begoña Gómez, en alusión a la cátedra de la Complutense.

Regular a favor

Además de oponerse a lo que va intentando hacer o anuncia el Gobierno, la otra vía de defensa de lo privado pasa por regular en su favor allá donde puede, que en estos momentos es en varias comunidades autónomas, siempre con Madrid a la cabeza.

Está sucediendo estos días, con unas dificultades probablemente inesperadas que se han cobrado la cabeza del consejero de Educación, con las universidades. Entre otras muchas medidas, el proyecto de ley pone a disposición de los campus privados los recursos de los públicos como laboratorios, etc.

En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla ha aprobado en solitario una ley que da voto a las universidades privadas en el diseño del sistema público.

Pero el ejemplo más paradigmático de esto quizá sea la Ley Maestra de libertad de elección educativa madrileña. Elocuente desde el nombre, la normativa se hizo en 2022 específicamente como respuesta a la ley nacional aprobada por el PSOE (Lomloe) y para “blindar” la escuela privada concertada, busque insignia del modelo educativo popular en la región, según admitió en su momento Ayuso.

Lo hace, por ejemplo, introduciendo el término “demanda social” para garantizar la oferta de plazas “sostenidas con fondos públicos”, la muletilla habitual cuando se quiere meter en el mismo saco a la escuela concertada y a la pública. Con esta “demanda social” y la “libertad de elección”, que el Gobierno regional nunca ha explicado como calcula, y cuando lo ha intentado no había argumentos, se justifica la creación de centros privados subvencionados, obviando que es difícil elegir público cuando no existe, como sucede en muchos nuevos desarrollos de Madrid.

Ya entonces el PP había recurrido a su movimiento habitual de intentar ganar en los tribunales lo que había perdido primero en las urnas y luego en el parlamento. Los populares participaron muy activamente de la campaña Más Plurales para intentar tumbar la última ley de educación, la Lomloe, a la que acusaban de atacar a la concertada. Fue aquella una campaña agresiva, en la que participó Hazte Oír con autobuses que mezclaban la imagen de la entonces ministra, Isabel Celáa, con Hitler, y en la que se recurrió incluso a niños pequeños.

El partido entonces de Pablo Casado recurrió a una táctica habitual en los azules: llevar a Europa lo que pierde en España. Como es habitual, porque muy rara vez Bruselas se inmiscuye en una ley nacional, no tuvo éxito.

Ayuso también ha sido pionera en crear el cheque-bachillerato, con el que paga parte de las matrículas centros privados de una etapa no obligatoria a familias que ingresen hasta 140.000 euros al año, un colectivo que para la presidenta es “clase media” y que necesita ayuda porque nunca nadie se acuerda de él, según ha explicado en alguna ocasión.

A veces conviene pararse un momento a reflexionar, repasar la cronología y encajar las piezas para ser conscientes de la gravedad lo que está ocurriendo entre una cierta apatía generalizada. Y esta legislatura podemos decir ya que el Partido Popular en Cantabria está consiguiendo llevar su agenda política mucho más allá de los límites que podría esperarse si nos atenemos a los números de un Gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria. El ejemplo más sangrante lo tenemos en el 'convenio singular' firmado con el Hospital Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios por 256 millones de euros hasta el año 2042 en beneficio de este centro religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y a las empresas privadas del sector sanitario que operan en él.

Desde que el pasado mes de octubre adelantáramos en exclusiva en elDiario.es la aprobación de ese acuerdo por el Consejo de Gobierno, que trataron que ocultar sibilinamente y del que tan solo informaron —mínimamente y con importantes incoherencias— una vez que se publicó esta información en nuestro periódico, hemos podido ir desvelando muchas otras claves que permiten entender más la operación que hay detrás y que hipoteca el futuro del sistema sanitario público de la comunidad autónoma. Hasta ahora hemos contado lo que ya sabemos, que no es poco. En las próximas semanas seguiremos escribiendo de lo que está por venir y despejando muchas otras incógnitas de un asunto capital en la legislatura.

Y es que ya sabemos que el Ayuntamiento de Santander facilitó en 2023 una recalificación urbanística en la finca en el que está situado el Hospital Santa Clotilde que le permitirá ahora ampliar sus instalaciones sobre los actuales jardines y el aparcamiento para adaptarse a las exigencias de ese convenio con el Servicio Cántabro de Salud, firmado recientemente, que a su vez le garantiza la rentabilidad de su gran inversión en infraestructuras. Porque hay que recordar una vez más que se firmó un acuerdo para privatizar servicios sanitarios con un hospital sin los aparatos, ni las camas, ni el personal exigido.

También sabemos que el PP metió de refilón a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2025 esta nueva figura del 'convenio singular' que permite otorgar a dedo estos contratos, adjudicándolos sin concurso ni competencia entre empresas hasta un máximo de 24 años. Y que la excusa es que se realizan con entidades “sin ánimo de lucro”, un aspecto cuestionable y que entra en contradicción con el tipo de compañías que operan en el sector sanitario. Ya hemos contado que Santa Clotilde pertenece a una orden religiosa, sí, pero eso no impide que firme acuerdos y subcontrate servicios hasta ahora públicos a empresas privadas y fondos de inversión con claro ánimo de lucro.

A pesar de lo que dijera el consejero de Salud, César Pascual (PP), cuando se vio obligado a dar explicaciones al respecto, llevaban meses negociando con Santa Clotilde y diseñando qué servicios públicos se canalizarían al hospital privado. Nadie pone un precio antes de saber a cambio de qué. Y los 216 millones iniciales del convenio durante 16 años, más otros cuatro años prorrogables, se convirtieron mágicamente y en apenas unos días en 256 millones por el mismo periodo de tiempo. Otra vez más tuvimos que enterarnos por nuestros propios medios, porque el Gobierno de Cantabria se ha abonado a la política oscurantista y opaca de la que incluso presume en privado. Todo ello, con informes oficiales que se ignoraron y que reconocen explícitamente que el “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas del acuerdo “obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público” y compromete “a todo el sector público”.

En cualquier caso, la sorpresa tiene que ser relativa. Los protagonistas de la privatización sanitaria en Cantabria son los mismos fantasmas del pasado que regresaron al poder esta legislatura. No podemos olvidar que Buruaga, como consejera de Sanidad, y Pascual, como director gerente del Hospital Valdecilla, fueron los responsables del megacontrato de 900 millones de euros en favor de la filial de la constructora Ferrovial que hace un lucrativo negocio con nuestra salud desde hace más de una década.

En aquel momento se justificó en que no se privatizaban servicios sanitarios y que se dejaba en manos de una empresa privada los servicios extrahospitalarios, lo que no impidió cuantiosas protestas en la calle y una marea blanca en defensa de la sanidad pública. Ahora han vuelto con aspiraciones aún más ambiciosas: atacan directamente a servicios esenciales y avanzan en su agenda con cierto silencio cómplice, porque ante este relato de los hechos con informaciones exclusivas de elDiario.es son pocos los actores sociales o políticos que han levantado la voz hasta la fecha.

El convenio singular del Servicio Cántabro de Salud con el hospital privado Santa Clotilde de Santander se otorgó en su calidad de entidad sin ánimo de lucro y no tuvo en cuenta que algunos servicios sanitarios privatizados los prestará a partir de ahora la empresa HT Médica que opera dentro del centro privado dependiente de la Orden religiosa San Juan de Dios.

El acuerdo para privatizar servicios sanitarios con el hospital Santa Clotilde por importe de 256 millones de euros hasta 2042 necesitó de tres informes jurídicos antes de tener el visto bueno de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria.

En ninguno de ellos se hace alusión o se regula la subcontratación de servicios sanitarios públicos por parte del destinatario privado del contrato. La Consejería de Salud ya había firmado anteriormente —en diciembre de 2024— un contrato para leer mamografías con HT Médica, aunque siempre lo ha atribuido al hospital Santa Clotilde, ya que esta empresa privada opera en sus instalaciones de Santander.

En esos informes jurídicos consultados por elDiario.es -que se suceden en paralelo a la tramitación del expediente oficial- se exige aportar una memoria económica “coherente”, justificar que hay crédito suficiente para pagar cerca de 16 millones al año durante casi dos décadas y establecer sanciones por los incumplimientos de los objetivos.

Finalmente, el acuerdo se firmó sin este último requisito. De hecho, dos meses después, se añadió una cláusula para matizar que solo el 1% de la financiación será variable en función de los resultados. Es decir, que el hospital Santa Clotilde tiene garantizada el 99% de la financiación aunque no cumpla los objetivos del convenio privatizador de servicios sanitarios.

También se rubricó pese al informe oficial que advirtió que el convenio compromete el presupuesto de Cantabria hasta 2042 y que alertó del “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas, señalando que “obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público” en toda la Administración autonómica.

Tres informes jurídicos

El primer informe jurídico, del 5 de septiembre de 2025, exigió aportar una memoria económica “coherente” con las características del convenio —porque la que redactó el Servicio Cántabro de Salud “no es aplicable al caso que nos ocupa”— y un compromiso de gastos plurianual. Es decir, un documento técnico que avalase que el Gobierno dispone del dinero necesario para pagar esos cerca de 16 millones al año.

En ese documento, emitido por el servicio de asesoramiento jurídico de la Consejería de Salud en relación al borrador del convenio singular con el centro religioso privado se advierte que no es un convenio de colaboración sino una relación “contractual”. Por eso, subraya que el convenio no puede justificarse simplemente como dos partes que suscriben un convenio.

Por el contrario -insisten los técnicos en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico- la Administración debe contar con una serie de mecanismos —“análogos a la contratación pública ordinaria”, precisa el informe— que permitan hacer un seguimiento y control de las prestaciones. Se refiere a la imposición de sanciones. También precisa que aunque el convenio está excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, sí que se aplicará “para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse”.

Ese primer informe, además, llamaba la atención sobre que “no resulta precisa” su fiscalización previa por parte de la Intervención General.

Un mes más tarde, el 10 de octubre de 2025, la asesora jurídica del Servicio Cántabro de Salud emitió otro informe sobre la segunda versión del expediente que advertía de que seguía faltando el certificado de crédito y el acuerdo de aprobación del compromiso de gasto plurianual, al que obliga la Ley de Finanzas. También señala que la comisión de seguimiento del convenio no puede tomar decisiones, fijar criterios ni proponer modificaciones. El documento establece que su función se debe limitar “a realizar un mero seguimiento informativo del desarrollo del convenio”.

A los 22 días de este documento se redacta un tercer informe, esta vez firmado por otro asesor jurídico. Este documento reitera que el convenio singular con Santa Clotilde debe concretar las penalizaciones por incumplimiento, que finalmente se publicaron en el BOC días después en forma de adenda. En concreto, se exige que se incluyan los tipos de incumplimiento, que se fije el importe de la sanción y “que se diferencien las sanciones de las deducciones por incumplimiento de los objetivos”.

Faltan por conocerse públicamente algunos otros documentos como la memoria justificativa de la ausencia de convocatoria pública.

En Castilla-La Mancha también estamos haciendo el viaje, aunque nos lo vendan como paseo tranquilo por la llanura. Un viaje desde un sistema público pensado para 'pacientes', hacia un entramado semiprivado donde cada vez se piensa más en 'actividad', 'productividad' y 'sostenibilidad' que, en salud, transformándonos en 'clientes'. No tenemos ni modelo Alzira ni Valdemoro, pero compartimos el mismo guion de fondo basado en una infrafinanciación crónica, fuga de profesionales, conciertos crecientes y un discurso en el que el problema nunca es el modelo, sino 'la falta de médicos'.

Durante años, la sanidad castellanomanchega se sostuvo en algo tan simple como poderoso, su un compromiso político (al menos formal) con la cobertura universal, incluso en los pueblos donde nunca pueden salir las cuentas. Era caro, sí; era difícil, también. Pero había una premisa básica, porque aquí no se especulaba con que un consultorio rural 'sea rentable' o no. Al menos esa era la teoría.

En la práctica, cada presupuesto autonómico ha ido apretando un poco más el cinturón a la sanidad, especialmente en Atención Primaria y en el medio rural, mientras se han normalizado los conciertos con la sanidad privada para pruebas, derivaciones quirúrgicas o listas de espera desbordadas. Se repite el mismo mantra que en otras comunidades: “es solo apoyo puntual”. Pero lo puntual, curiosamente, nunca deja de crecer.

El resultado es una sanidad pública que ya no se percibe como un derecho sólido, sino como un sistema cansado, lento y saturado, al que se le pide que haga más con menos. Y, casualmente, ahí está siempre la solución milagrosa: pagar a otros (clínicas, grupos privados, aseguradoras) para que hagan lo que el sistema público no puede hacer porque lleva años estrangulado.

Cada presupuesto autonómico ha ido apretando un poco más el cinturón a la sanidad, especialmente en Atención Primaria y en el medio rural, mientras se han normalizado los conciertos con la sanidad privada para pruebas, derivaciones quirúrgicas o listas de espera desbordadas. Se repite el mismo mantra que en otras comunidades

En medio de ese contexto, los médicos reclaman un estatuto propio y van a la huelga no por capricho corporativo, sino porque son quienes ponen el cuerpo en ese proceso de deterioro. Jornadas interminables, guardias que se acumulan, consultas masificadas, imposibilidad de conciliar y una sensación creciente de estar trabajando en un sistema que les pide heroicidad diaria mientras, por detrás, se habla cada vez más de 'eficiencia', 'externalización' y 'colaboración público‑privada'.

En Castilla-La Mancha esto se vive con un añadido: la dispersión geográfica. Donde falla un médico no se abre una consulta al lado; se cierra un consultorio y, con suerte, se promete un refuerzo itinerante. La precariedad se concentra en la periferia, pero el discurso se cierra en Toledo con palabras gruesas sobre “compromiso con la sanidad pública”. La huelga, en este contexto, es casi una nota a pie de página: nos recuerda que el edificio se aguanta porque alguien sigue sujetando las vigas del techo.

En paralelo, el mercado sanitario toma nota. Seguros privados de 'bajo coste', pólizas complementarias, clínicas que se presentan como una solución moderna frente al viejo centro de salud sobrecargado. El paciente rural pasa de ser usuario de un sistema universal a cliente potencial de productos sanitarios que prometen rapidez y elección. Si la pública le da cita en 15 días, siempre habrá alguien dispuesto a hacerle una ecografía mañana por un módico copago.

La lógica es clara: cuanto más se deteriora la experiencia en la sanidad pública, más se empuja a quien puede permitírselo a buscar alternativas privadas. Y la Administración, en lugar de reforzar lo público, mira con alivio cómo se 'descongestiona' el sistema… a costa de romperlo por estratos sociales.

En ese contexto, el estatuto propio para los médicos no es solo un conflicto corporativo, pero tampoco es la épica desinteresada que algunos quieren vender: es, sobre todo, una batalla por el poder dentro del sistema, donde el paciente vuelve a quedarse fuera de plano. Si la profesión médica en la sanidad pública castellano‑manchega sigue siendo sinónimo de agotamiento, salario poco competitivo, guardias interminables y nula capacidad de decisión organizativa, el desenlace es obvio: se marcharan a otras comunidades, a la privada o directamente al extranjero, y el deterioro de la atención se convierte así en la coartada perfecta para más conciertos y más privatización.

Entonces llegarán los discursos resignados: “No hay médicos”, “no se pueden cubrir las plazas”, “hay que buscar soluciones imaginativas”. Y ahí aparecerán, como siempre, las mismas propuestas: más conciertos, más derivaciones, más mano de obra fragmentada y mercantilizada.

Castilla-La Mancha no está aún en el modelo extremo de concesiones integrales, pero va transitando un camino peligroso: normalizar la externalización, aceptar la precariedad profesional como mal menor y mirar hacia otro lado mientras se abre espacio a una sanidad paralela para quien pueda pagarla.

De usuarios a clientes el trayecto es corto: basta con que el sistema público deje de ser fiable. Y eso se consigue poco a poco: una lista de espera por aquí, un consultorio cerrado por allá, una huelga de médicos desacreditada como egoísta, un seguro privado anunciado entre noticias de colapso. Cuando queramos darnos cuenta, el debate ya no será cómo reforzar la sanidad pública, sino qué plan de precios se ajusta mejor a nuestras enfermedades crónicas o a nuestras necesidades asistenciales.

Tal vez, entonces, queramos que la sanidad pública siga siendo un lugar donde los profesionales quieran trabajar… y donde uno pueda seguir siendo paciente sin necesidad de tarjeta bancaria cómo cliente.

Podemos Cantabria ha denunciado que, según una documentación a la que ha tenido acceso, el Gobierno autonómico aprobó una modificación del expediente de gasto plurianual del convenio singular con el Hospital Santa Clotilde después de que este ya estuviera firmado y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

En un comunicado, la formación ha indicado que el convenio se publicó el 14 de noviembre de 2025 con un compromiso económico de 15.998.436 euros anuales durante 16 años, lo que supone casi 256 millones de euros. Sin embargo, el expediente de gasto plurianual inicialmente aprobado contemplaba 13,5 millones de euros anuales, es decir, 216 millones en total. “En términos sencillos: primero se publicó un convenio por casi 256 millones, y un mes después se modificó el expediente económico para que las cuentas cuadraran con esa cifra.”

Pasado el tiempo, mediante una memoria de modificación del expediente plurianual fechada el 17 de diciembre, el Servicio Cántabro de Salud incrementó formalmente el compromiso total hasta 255.974.976 euros, ajustando las anualidades para que coincidan con la cifra publicada en el convenio. Podemos ha explicado que ha tenido acceso a esta documentación tras presentar tres solicitudes de información pública y gracias a la mediación del Consejo de Transparencia.

Para la formación, este documento “evidencia” que el importe del convenio “no estaba plenamente respaldado en el expediente económico” en el momento de su aprobación y publicación. “Primero se firma y publica un convenio por casi 256 millones y después se modifica el expediente de gasto para que encaje. Ese no es el orden lógico ni el procedimiento garantista que exige la normativa presupuestaria”, ha señalado

Asimismo, ha cuestionado que el incremento se justifique en el rechazo parlamentario del proyecto de Presupuestos de 2026. “La ausencia de nuevos presupuestos no explica por qué se eleva el compromiso total en casi 40 millones de euros. Lo que demuestra esta modificación es que existía una incoherencia previa entre la memoria económica y el convenio firmado”, ha afirmado.

La formación considera que este nuevo documento “refuerza las dudas sobre la solidez económica y jurídica del convenio singular” y ha anunciado que incorporará esta información a las actuaciones ya iniciadas ante los órganos de control y a la valoración jurídica en curso.

Además, Podemos se ha referido a un informe interno del propio expediente que, según afirma, advertía expresamente del “elevado compromiso presupuestario” que suponía este gasto plurianual. En concreto, el documento señalaba “que el compromiso para 2026 suponía un 111% respecto del crédito inicial de 2025 a nivel de vinculación”, y advertía de que ello obligaría, para cumplir la regla de gasto, “a adoptar medidas de priorización del gasto público no solo en el Servicio Cántabro de Salud, sino en todo el sector público de la Comunidad Autónoma en los próximos ejercicios presupuestarios”.

“Es decir, el propio expediente reconocía que el convenio tensionaba de forma significativa el presupuesto sanitario y condicionaba las cuentas futuras”, ha subrayado.

Sin embargo, “pese a esa advertencia expresa, el Gobierno no solo mantuvo el convenio, sino que posteriormente elevó el compromiso total hasta casi 256 millones de euros, incrementando aún más el gasto inicialmente previsto”, ha denunciado.

Para Podemos, esta secuencia resulta “especialmente preocupante” porque “si ya se advertía internamente del impacto presupuestario y de la necesidad de recortes o priorizaciones futuras, lo lógico habría sido extremar la prudencia. En lugar de eso, el Gobierno ha aumentado todavía más el compromiso económico”.

La formación subraya que este convenio condiciona el presupuesto sanitario durante más de una década y puede obligar a reasignar recursos en detrimento de otras políticas públicas. “No se trata solo de una cifra: estamos hablando de decisiones que pueden afectar a la planificación sanitaria y al conjunto del gasto público en Cantabria hasta 2041”, ha concluido.

El Partido Popular de Cantabria ha criticado este miércoles al PSOE de “utilizar” el convenio singular de 256 millones de euros con el Hospital Santa Clotilde, recordando que el partido socialista colaboró con Santa Clotilde durante el gobierno en coalición con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Y, después, el PSOE ha reaccionado acusando al PP de “engañar” a los cántabros comparando su convenio singular hasta 2042, con los contratos que se han firmado con anterioridad, “cuando las diferencias son claras y notorias”.

El diputado regional del PP y portavoz de Salud, Miguel Ángel Vargas, ha recriminado al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), “que siga utilizando la sanidad pública para embarrar, intoxicar y enfrentar”, al calificar de privatización “aquello que la actual presidenta socialista, María Luisa Real, contrataba y elogiaba en su etapa como consejera”.

Así, Vargas ha pedido a Casares que explique “¿por qué la misma colaboración de siempre con la única entidad sanitaria sin ánimo de lucro de Cantabria es privatizar y es mala si lo hace el Gobierno del PP, pero no lo fue cuando el Gobierno PRC-PSOE destinó 91 millones de euros entre 2015 y 2023 al pago de las derivaciones a Santa Clotilde”.

Desde el PSOE, la replica he venido mediante la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, ha advertido de que “no es lo mismo firmar un mega contrato, por la puerta de atrás, sin publicidad y a dedo” que los contratos público-privados “para complementar a la sanidad pública” , por periodos de cuatro años“, ha respondido por alusiones a gobiernos anteriores.

La portavoz socialista ha especificado que “durante décadas todos los gobiernos han firmado convenios” para servicios no clínicos con concursos público, con licitación y adjudicación con bases, por periodos de cuatro años, como rige la ley de contratos con la administración pública, “y con objetivos a cumplir para recibir la financiación”.

En un comunicado de prensa, Quiñones ha matizado que el PSOE “no cuestiona el papel complementario de los hospitales privados” que tiene el Servicio Cántabro de Salud, pero ha contrapuesto el modelo habitual con Santa Clotilde con el nuevo convenio singular: “No es lo mismo ni parecido; una cosa es la colaboración público- privada, que se ha hecho siempre, y otra iniciar la privatización sanitaria en Cantabria privatizando servicios básicos como los cribados de cáncer de mama y de colón”, ha argumentado.

Quiñones ha subrayado que le preocupa que “mientras se recorta y deteriora” la sanidad pública en Cantabria con el Gobierno del PP, “se destinan 256 millones de euros a un hospital privado”, con la presidenta Buruaga (PP), “estamos ante el principio del fin de la sanidad pública en Cantabria”..

“Un pelotazo a la sanidad”

Ainoa Quiñones ha reiterado que el convenio singular es “un pelotazo a la sanidad pública en toda regla que la hipoteca durante las próximas dos décadas”.

“Comenzó este desmantelamiento en 2011 privatizando por 900 millones de euros los servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla, y vuelve al ataque ahora con este mega contrato con Santa Clotilde por 256 millones, en el que hay más oscuros que claros”, ha denunciado Quiñones en su comunicado.

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), ha asegurado que la ley que impulsa el Ministerio de Sanidad para limitar la colaboración público-privada en sanidad “no afectaría a ningún proyecto” que su Gobierno “pueda tener en marcha, en ciernes o en la cabeza, porque jamás hemos privatizado asistencia sanitaria”.

El 1 de enero entró en vigor el convenio singular que firmó con el Hospital Santa Clotilde, un centro privado y religioso, que “asumirá la realización de parte de la cartera de servicios” del Servicio Cántabro de Salud, según dice textualmente el texto del acuerdo consultado por elDiario.es.

El convenio se anunció inicialmente por 216 millones de euros, que finalmente fueron 40 más. Un acuerdo que se prolongará además durante dos décadas, hasta el año 2042, a cambio de 256 millones de euros de dinero público, cuando además el hospital privado carece actualmente del personal, camas e infraestructuras requeridas.

No obstante, de las declaraciones de la presidenta se desprende que no considera una privatización de la asistencia sanitaria el hecho de que se deriven consultas, intervenciones quirúrgicas e ingresos de pacientes a un hospital privado. A ello se añaden los programas de cribado de cáncer de mama y colon que ya no los prestaría la sanidad públicaen detrimento de este centro sanitario privado.

“Tranquilidad absoluta”, ha insistido la presidenta al ser preguntada por esta norma anunciada en las últimas horas por el Gobierno de España. Buruaga “supone” que “no se puede prohibir” la colaboración público-privada, sino que el Gobierno quiere “tratar de poner las cosas un poco más difíciles, como si nos sobrara colaboración en este país para llegar a los objetivos comunes”, informa Europa Press. En todo caso, ha dicho que, cuando un Gobierno no tiene mayoría, este tipo de reformas “no van a ninguna parte y se van a quedar en lo que se van a quedar”.

Buruaga ha recalcado que “Cantabria es la comunidad con menos grado de privatización de asistencia sanitaria en este país”. “En cualquier caso ese nunca ha sido ni es ni será el modelo del Gobierno del Partido Popular de Cantabria”, ha sentenciado, al tiempo que ha lamentado que algunos les acusen de privatizar la sanidad por el reciente convenio singular con el Hospital Santa Clotilde “basados en el desconocimiento”.

“Es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es integrar funcionalmente un centro sin ánimo de lucro y concertado en el servicio de salud porque es la manera de dar estabilidad y transparencia a una colaboración necesaria, estructural y que lleva existiendo el mismo tiempo que lleva existiendo nuestro servicio de salud”, ha argumentado.

Frenar la privatización sanitaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, para limitar este modelo a situaciones excepcionales y previa evaluación, con el objetivo de priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios.

La ministra de Sanidad, Monica García, ha justificado esta limitación en la necesidad de frenar la proliferación de modelos privados asociados -según el Ministerio- a falta de transparencia y menor capacidad de control institucional orientados al beneficio económico. Esta medida afectaría a todos los centros y servicios del sistema nacional de salud.

En el texto del anteproyecto se prohíben las concesiones de obra. Es decir, aquellas situaciones en las que una constructora levanta un hospital público y se paga un canon durante décadas. Es decir, se prohibiría el modelo que la propia presidenta Buruaga utilizó para reconstruir el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander cuando ella era la consejera de Sanidad y el actual consejero de Salud, César Pascual, dirigía el centro médico.

La ministra ha llegado a citar situaciones como las sucedidas en Cantabria cuando ha aludido a la externalización de pruebas o procedimientos, como cribados de cáncer de mama.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, considera “un despropósito inadmisible” la decisión del Gobierno de Cantabria de privatizar el futuro Parque de Salud y rechaza la “venta al mejor postor” del historial médico y los datos de salud de los más de 50.000 cántabros que forman parte del Proyecto Cohorte “para que la sanidad privada y las empresas de biomedicina hagan su dinero”.

“El afán privatizador del tándem Buruaga-Pascual no tiene límites, parecen decididos a vender hasta el último activo del sistema sanitario público de Cantabria”, ha denunciado el portavoz regionalista, después de conocer los planes privatizadores del Ejecutivo, sobre los que le exigirá explicaciones en el Pleno del Parlamento del próximo 16 de febrero.

Para Hernando, es “inaceptable” que un proyecto estratégico para el sistema sanitario cántabro, vinculado al uso de datos de salud “cedidos por los ciudadanos al sistema público y a Valdecilla” y a una apuesta por la innovación tecnológica y la colaboración con la industria, quede en manos de una fundación privada.

“Solo a un consejero que no ha dudado en defender públicamente la 'sanidad business' y que justifica el cierre de centros de salud y de consultorios rurales por razones estrictamente económicas se le puede ocurrir tal despropósito”, ha asegurado.

Asimismo, ha criticado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se “deje llevar una y otra vez” por la “política mercantilista” de Pascual. “Si esa es la idea de la sanidad pública, la presidenta debe cesar a Pascual o irse con él”, ha recalcado

En este sentido, ha recordado la externalización de obras y servicios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla que ambos llevaron en la legislatura 2011-2015, a la que ha sumado la reciente firma del convenio singular que permitirá al hospital privado Santa Clotilde recibir 256 millones de euros en los próximos 17 años, “hipotecando el futuro de todo el sector público de Cantabria y no para mejorar la sanidad pública”.

Para Pedro Hernando, la nueva privatización anunciada esta semana “empaña” la “buena noticia” del inicio del desmontaje de la Residencia Cantabria, un espacio por el que la comunidadautónoma “lleva muchos años peleando y que debería ser utilizado para engrandecer las fortalezas del sistema sanitario público”.

“Lamentablemente, si nada lo remedia, va a acabar en manos de una fundación privada, porque con el PP al frente del Gobierno de Cantabria, siempre pierde la sanidad pública”, ha concluido el portavoz del PRC.