El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha derivado el 43% de las operaciones de cadera y de rodilla que se han hecho en los dos últimos años y medio en Cantabria al hospital privado Santa Clotilde, con el que ha firmado un convenio singular hasta el año 2046 por 256 millones de euros.

Casi la mitad de estas cirugías se realizan en la sanidad privada, pese a que este centro hospitalario religioso solo cuenta con tres quirófanos -de los seis que exige tener el convenio singular- frente a los 33 de Valdecilla, y realiza además otras operaciones.

De hecho, según los datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Cantabria al Parlamento autonómico, la sanidad pública solo ha operado al 57% de los pacientes en los tres hospitales públicos de la comunidad.

Desde enero de 2024, han pasado por el quirófano 5.743 pacientes para hacerse una operación de cadera o colocarse una prótesis de rodilla. De ellos, 2.464 fueron derivados a Santa Clotilde, que en este tiempo ha intervenido 999 caderas y 1.465 rodillas. De estas últimas, muchas más que los tres hospitales públicos juntos: 1.141. No obstante, el mayor número de cirugías de cadera si se sigue haciendo en la sanidad pública: 2.135 frente a las 999 del centro privado.

Si bien los hospitales públicos han hecho el 57% de estas cirugías, Valdecilla es donde más se realizan. En estos dos años y medio ha hecho 2.568 intervenciones. Contrasta la escasa actividad del Hospital de Laredo, donde solo se han realizado el 1,8% de las operaciones. En Sierrallana se ha operado al 10,6% de los pacientes cántabros y en Valdecilla al 44,7%.

Presiones para aceptar citas en la sanidad privada

Las derivaciones de pacientes de la sanidad pública a la privada han sido objeto de polémica recientemente, por las presiones denunciadas por algunos ciudadanos por parte del Servicio Cántabro de Salud para aceptar pruebas y cirugías en el hospital Santa Clotilde.

Así se confirmó con un correo electrónico -catalogado como “error” por parte del Gobierno de Cantabria- difundido desde el Servicio de Admisión de Valdecilla con copia a la cúpula directiva. A raíz de desvelarse este mail, la Consejería de Salud ha negado que se haya eliminado a ningún paciente de las listas de espera por negarse a que le atiendan en la sanidad privada.

Duplicar los quirófanos

El Hospital Santa Clotilde de Santander, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, tendrá que ampliar sus instalaciones y la plantilla de su centro médico para poder cumplir las exigencias del convenio de privatización de servicios sanitarios que ha firmado con el Servicio Cántabro de Salud.

El propio consejero de Salud de Cantabria, César Pascual (PP), admitió que el acuerdo se ha hecho para “dar estabilidad” a la orden religiosa que lo gestiona, porque necesita hacer una importante inversión y prevé construir otro edificio con nuevos quirófanos, para cumplir las exigencias materiales del convenio singular que entró en vigor en enero.

El acuerdo obliga a ampliar el actual centro sanitario de Santander con 16 camas (hasta sumar 84) y 20 consultas más, pasando de las 14 actuales a 34. Asimismo, deberá duplicar el número de quirófanos de tres a seis. También deberá disponer de seis puestos más de hospital de día y habilitar otros 20 más para rehabilitación.

Entre la lista de tareas pendientes también figura comprar dos ecógrafos y aumentar el número de salas de radiología y endoscopias digestivas, con lo que completaría el catálogo de exigencias de medios materiales.

El convenio, consultado por elDiario.es, y que entró el vigor hace unos meses, detalla las “dotaciones en proyecto” pero no indica en qué fecha el hospital privado estará a pleno rendimiento para gestionar los servicios sanitarios privatizados desde el Servicio Cántabro de Salud.

Canarias se mantiene en los puestos de cabeza de la privatización sanitaria en España. En el último informe publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), las Islas aparecen en la cuarta posición en esta clasificación, por detrás de Madrid, que este año lidera en solitario con la puntuación máxima, Baleares y Catalunya. 

La lista se elabora a partir de la ponderación de diez indicadores obtenidos de fuentes oficiales: el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística. 

El año anterior, este informe daba a Canarias la misma puntuación que Madrid, la región que desde 2014 se sitúa al frente de esta clasificación. Aquel estudio remarcaba el “llamativo incremento” de la privatización sanitaria en las Islas, ya que los años precedentes la posición del Archipiélago en la lista se había movido entre el tercer y el octavo puesto. 

Pese a abandonar ese primer puesto en el informe de 2026, publicado este martes por la FADSP, Canarias se consolida en el grupo de alta privatización con 26 puntos, dos menos que el año anterior, y se mantiene muy por encima de la media estatal (21,8 puntos). 

En la serie histórica del estudio, Canarias ha experimentado un notable crecimiento en esos indicadores de privatización desde 2014, año en el que marcaba 18 puntos. 

El informe señala que el proceso de privatización de la sanidad en España sigue siendo “creciente y desigual” entre comunidades. En la cabeza se sitúan Madrid, con 34 puntos (el máximo); Baleares y Catalunya, con 28, y Canarias, con 26. En el lado opuesto, La Rioja, con 14 puntos; Murcia, con 15,5, y Extremadura, con 17,5, tienen el menor índice de privatización. 

La FADSP habla de un deterioro de la sanidad pública debido a la “infradotación” de recursos, a la falta de políticas públicas, la “obsolescencia de los modelos organizativos” y la “ineficiencia en la gestión”. A juicio de la federación, las privatizaciones provocan un aumento de la mortalidad evitable y agravan las desigualdades en salud entre la población. 

Como en ediciones anteriores, el estudio vuelve a citar una investigación publicada en la revista científica The Lancet que relacionaba el aumento de la externalización de servicios con un incremento significativo de las tasas de mortalidad evitable como consecuencia del deterioro en la calidad asistencial. 

Entre las más altas en la mayoría de variables

El informe asigna un valor (del 1 al 4) a cada uno de los indicadores según la posición que ocupa cada autonomía en los cuartiles de esa variable. Sobre un máximo de 34 puntos, Canarias suma 26. La media se sitúa en 21,8. 

En el desglose por capítulos, las Islas registran valores sensiblemente superiores al promedio del Sistema Nacional de Salud en varios aparatos claves: 

El informe de la FADSP advierte que las cifras reales de concertación con la sanidad privada están infraestimadas, ya que no contemplan el modelo de mutualidades de funcionarios o la existencia de partidas directas no contabilizadas de forma diferenciada. En las Islas se mantienen en vigor contratos caducados con las clínicas privadas después de que, por ejemplo, quedara desierto el concierto de hospitalización de media estancia porque el sector entendía que eran insuficientes los 180 millones de euros presupuestados. 

Seguros de salud y gasto de bolsillo 

Con 217 euros por habitante y año, Canarias también se sitúa por encima de la media (210) en el gasto medio en seguros de salud privados. La evolución histórica refleja un aumento progresivo en este indicador: 94 euros en 2014, 130 en 2019 y 187 en el informe anterior. En el periodo entre 2014 y 2026 el crecimiento acumulado alcanza el 130%. 

La FADSP insiste en que las listas de espera y las demoras asistenciales son los principales “motores de la privatización”, al empujar a las familias con capacidad económica a contratar pólizas ante la falta de respuesta del sistema público. 

Según los datos recogidos en el informe, el gasto sanitario de bolsillo -dinero abonado de forma directa por la ciudadanía en servicios o productos sanitarios- se situó en Canarias en 553 euros per cápita el último año, por debajo de la media nacional (566). Este indicador ha aumentado un 73,5% en las Islas respecto a los 306 euros registrados en 2014. El estudio asocia este desembolso al nivel de renta y a la necesidad de costear prestaciones que el sistema público no cubre o cubre de manera deficiente. 

Como publicó recientemente Canarias Ahora a partir de los datos recogidos en el informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el sector privado facturó el año pasado 454 millones de euros en primas de seguros de salud, 36 millones más que el ejercicio precedente, pese a perder unos 10.000 clientes. Además, el gasto de bolsillo aumentó hasta los 800 millones de euros en el Archipiélago. 

El peso de la sanidad privada en Extremadura ha experimentado un crecimiento del 94,4% desde el año 2014. Se trata del segundo mayor incremento porcentual de todo el país durante la última década, solo por detrás de Asturias (95,8%) y por delante de Castilla-La Mancha (90%), según refleja el 12º informe sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas, presentado este martes por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Pese al acelerado ritmo de expansión registrado en los últimos 12 años, la región extremeña se mantiene en el grupo de comunidades con menor grado de privatización global en términos absolutos. En una escala donde la media nacional se sitúa en 21,8 puntos, Extremadura obtiene una puntuación de 17,5, lo que la coloca como la séptima autonomía con menor peso del sector privado, lejos de las cifras de la Comunidad de Madrid (34 puntos), Baleares y Cataluña (ambas con 28).

Parámetros de medición y mapa autonómico

Para evaluar el grado de privatización, la FADSP analiza cuatro variables clave: la transferencia de fondos públicos a empresas privadas por contratación de servicios (outsourcing), las concesiones administrativas de gestión de centros públicos, las aportaciones estatales a mutualidades como Muface, Mujeju e Isfas, y el gasto directo de las familias en aseguramiento privado o pagos de bolsillo.

Con estos indicadores, el mapa autonómico vuelve a situar a Madrid a la cabeza del ranking de privatización por duodécimo año consecutivo, seguida de Baleares, Cataluña y Canarias (26). En el extremo opuesto, las autonomías menos privatizadas son La Rioja (14,5), Murcia (15) y la propia Extremadura (17,5), seguidas por Castilla y León (18,5).

Desde la FADSP, su portavoz Sergio Fernández ha advertido de que la privatización “está presente en todas las comunidades” y que las diferencias territoriales responden únicamente a “su intensidad y a las fórmulas que utiliza cada autonomía”. Por su parte, José Manuel Aranda, presidente de la Asociación de Sanidad Pública de Baleares, ha atribuido esta tendencia a las políticas que “estimulan la colaboración público-privada a través de conciertos y concesiones”, recordando la importancia de proteger el sistema público para evitar el deterioro de los indicadores de salud.

El gasto en seguros privados aumenta un 81%

El informe documenta asimismo un incremento generalizado en el gasto individual dedicado a la contratación de pólizas privadas en toda España, que ha pasado de un promedio de 115,94 euros por habitante en 2014 a superar los 210 euros en 2026, lo que representa un aumento del 81%.

Desde la federación señalan que este incremento responde a que parte de la ciudadanía recurre al aseguramiento privado ante las demoras en los tiempos de atención del sistema público. En el caso del gasto desembolsado directamente por las familias para servicios no cubiertos por la sanidad pública, como la odontología, Castilla-La Mancha encabeza el gasto medio nacional con 638,3 euros por habitante, seguida de Asturias (625,3 euros) y Aragón (623,6 euros).

“El Gobierno del PP aprovecha el mes de agosto para privatizar nuevos servicios sanitarios”. Así lo ha denuncido este lunes el PSOE de La Rioja. Su diputado regional Miguel González de Legarra ha desvelado que el Gobierno de Capellán “ha decidido privatizar nuevos de servicios quirúrgicos, en concreto la actividad de cirugía plástica y reparadora, cirugía maxilofacial y estomatología y cirugía del antepié”. El modelo del PP en La Rioja “está muy claro; cuando la sanidad pública tiene un problema, en lugar de reforzarla, se privatiza”.

El diputado socialista ha dicho que “esta privatización ha sido preparada, documentada y finalmente tramitada por el rocedimiento de urgencia y aprovechando el mes de agosto”. Y es que “no estamos hablando de una decisión que se haya improvisado última hora, ya que existe una memoria, una planificación del contrato, existen lotes, procedimientos concretos, hay un presupuesto de casi 750.000 euros y una decisión perfectamente definida para sacar actividad quirúrgica fuera del sistema público”.

González de Legarra ha explicado que, en caso de cirugía plástica y reparadora, el documento del Gobierno “reconoce que cuenta con un único facultativo en el servicio, pero también reconoce que, de los 50 lunes hábiles asignados para realizar cirugía mayor con ingreso, solo se utilizaron 26”. El diputado socialista se ha preguntado “cómo puede el Gobierno justificar la privatización de actividad quirúrgica alegando insuficiencia de capacidad, cuando sus propios documentos reconocen que una parte de la capacidad quirúrgica asignada ni siquiera se está utilizando”.

Si hablamos de cirugía plástica, ha relatado González de Legarra, la lista de espera “ha pasado de 25 pacientes en diciembre de 2024, a 70 en julio de 2026”. La demora media “supera los 150 días, y la propia memoria reconoce que la lista se ha triplicado en 19 meses”.

Y en cirugía maxilofacial “la plantilla ha pasado de tres facultativos en activo a uno, la lista alcanzó los 740 pacientes y hay 266 pacientes que llevan más de 100 días esperando”. Y algunos de ellos “llegan a 458 días de espera”. Y precisamente esos 458 días “son los que utiliza el propio Gobierno para justificar la urgencia de la privatización”. Y aquí aparece además un dato que hace todavía más difícil de entender la decisión de la Consejería porque “precisamente estos dos lotes correspondientes a cirugía maxilofacial han quedado desiertos”.

Miguel González de Legarra ha exigido al Gobierno de La Rioja “que explique públicamente qué nuevos servicios quirúrgicos pretende privatizar, cuánto dinero público va a destinar a ello y qué capacidad quirúrgica propia está dejando de utilizar”. El diputado socialista ha señalado que “este es el modelo sanitario del Partido Popular en La Rioja, que se traduce en menos capacidad propia, más actividad fuera del sistema público y más dinero público destinado a empresas privadas”.

El Gobierno de Aragón no ha aclarado qué ocurrirá a partir del próximo 1 de enero con cinco contratos de asistencia sanitaria adjudicados a Ribera Salud que finalizan el 31 de diciembre. En conjunto, estas adjudicaciones suman 1.265.300,18 euros y permiten cubrir consultas externas, guardias, urgencias y procedimientos quirúrgicos en los hospitales de Teruel, Alcañiz, Calatayud y Barbastro.

El Departamento de Sanidad asegura que por el momento no dispone de información sobre cuáles de estos servicios continuarán en 2027 ni sobre si la actividad que ahora se presta mediante estas adjudicaciones se recuperará con medios propios del sistema público. Tampoco ha concretado si se recurrirá a nuevas contrataciones una vez finalicen los expedientes actuales.

La cuestión fue planteada esta semana en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón por la diputada socialista María Rodrigo, que reclamó al Gobierno información sobre el futuro de estos servicios. El director general de Planificación Sanitaria no respondió durante la comisión a qué contratos se prorrogarán y cuáles finalizarán: “No sabemos qué contratos se van a prorrogar de nuevo con empresas privadas, no sabemos qué contratos van a finalizar directamente, no sabemos qué actividad piensan recuperar con medios propios y no conocemos tampoco ningún calendario para hacerlo”, señaló la diputada.

Cinco contratos que vencen en diciembre

Los cinco expedientes que tienen como fecha de finalización el 31 de diciembre suman 1.265.300,18 euros. El de mayor importe corresponde al Hospital de Calatayud, donde Ribera presta consultas externas de Traumatología, atiende urgencias no ingresadas y realiza procedimientos quirúrgicos con hospitalización. La adjudicación asciende a 356.675,65 euros.

Le siguen el servicio contratado en Barbastro, por 288.250 euros, que cubre consultas de Otorrinolaringología y Urología y guardias de Urología, y el de Alcañiz, de 222.374,53 euros, destinado a consultas, urgencias y procedimientos quirúrgicos de Traumatología. Estos dos últimos expedientes contemplan una posible prórroga: de seis meses en el caso de Barbastro y de doce meses en el de Alcañiz.

En Teruel hay dos adjudicaciones diferentes para cubrir guardias de Ginecología, Anestesia, Urología y otros servicios que resulten necesarios, ambas por 199.000 euros. Una comenzó en febrero y la otra en junio, por lo que durante varios meses coincidieron para cubrir esta actividad en el Hospital Obispo Polanco. La documentación consultada no recoge una prórroga para ninguno de los dos expedientes.

Los cinco contratos están adjudicados formalmente a Ribera Medical, una de las sociedades del grupo Ribera Salud. En expedientes anteriores aparece Torrevieja Salud, que figura como denominación anterior. Para este artículo se utiliza Ribera Salud para referirse al grupo empresarial.

La posibilidad de continuidad no es igual en todos los casos. Dos de los cinco contratos —los de Alcañiz y Barbastro— contemplan expresamente una prórroga, mientras que en los otros tres no figura esta opción en la documentación consultada. El Gobierno de Aragón no ha aclarado si hará uso de esas prórrogas ni qué fórmula aplicará para mantener, modificar o recuperar el resto de la actividad.

Más de dos millones de euros adjudicados desde 2025

Los cinco contratos que vencen a final de año forman parte de una sucesión de adjudicaciones a Ribera Medical y a Torrevieja Salud, su anterior denominación, para cubrir actividad sanitaria en distintos hospitales aragoneses. Según la relación de contratación consultada, desde abril de 2025 estas adjudicaciones suman 2.359.264 euros.

Entre ellas figuran servicios de Rehabilitación y Otorrinolaringología en Huesca, consultas de Otorrinolaringología, Rehabilitación y Urología en Barbastro y consultas de Rehabilitación, Otorrinolaringología y Dermatología en Teruel. También se adjudicaron servicios de Traumatología en Calatayud y distintas guardias médicas en Teruel.

Durante 2026 se han sucedido nuevas contrataciones para cubrir actividad asistencial en los cuatro hospitales que ahora concentran los cinco expedientes con vencimiento a 31 de diciembre. La cuestión pendiente es qué ocurrirá con esos servicios cuando termine el año.

Rodrigo sostiene que una eventual prórroga podría servir al Ejecutivo autonómico para disponer de tiempo para incorporar profesionales al sistema público. “Si durante esos seis o doce meses el Gobierno no trabaja en captar profesionales, esto está ocultando una cuestión más de fondo: ese cambio de modelo a un modelo totalmente privatizador que tiene el Gobierno de Azcón”, afirmó la diputada. Esta última consideración corresponde a la valoración política del PSOE sobre la estrategia del Ejecutivo autonómico.

Ribera Salud tampoco confirma por ahora si continuará prestando estos servicios en 2027. Consultada por este medio sobre la previsión para los contratos que finalizan a finales de año, la compañía señala que está “a disposición del Gobierno de Aragón y de todos los gobiernos que necesiten colaboración para mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios de los ciudadanos, especialmente en especialidades y áreas de difícil cobertura”.

El comité autonómico del PSOE de Cantabria, celebrado este sábado, ha aprobado una resolución para exigir la paralización del convenio con Santa Clotilde y que se depuren responsabilidades en las derivaciones de la sanidad pública a la sanidad privada.

Los socialistas han defendido que la Sanidad Pública “es el buque insignia de nuestro Estado del Bienestar”. Para el PSOE de Cantabria, el Gobierno del Partido Popular ha impulsado desde 2023 recortes y privatizaciones en Cantabria, con el objetivo de deteriorar la confianza y desmantelar el Servicio Cántabro de Salud (SCS) tal y como lo conocemos.

Así, han recordado que sólo en los últimos meses, “hemos visto cómo los centros privados de Cantabria han ido incrementando las contrataciones con el SCS como el reciente convenio anunciado con la Mutua Montañesa para la realización de pruebas diagnósticas radiológicas e intervenciones quirúrgicas traumatológicas por cuatro años”.

Pero la principal amenaza, a juicio del Comité Autonómico de los socialistas cántabros, sobre la supervivencia del Servicio Cántabro de Salud, es la entrada en vigor del convenio singular con el hospital privado de Santa Clotilde por valor de 256 millones euros con una vigencia de 20 años.

De esta forma, en la resolución han recordado que “en los últimos días hemos denunciado que el Gobierno del PP ha puesto en marcha un proyecto piloto para la derivación de pacientes, llegando a amenazar a pacientes con la exclusión de las listas de espera si rechazan la atención médica en dicho centro”.

Los socialistas cántabros han concluido que se trata de un proyecto piloto ilegal, que el Gobierno comenzó negando, después reconociendo para finalmente, tras culpabilizar de ello a un responsable sanitario, anunciar su retirada. “Un ejemplo más de las alarmantes decisiones del Partido Popular para recortar la asistencia sanitaria pública en Cantabria”, han añadido.

Rechazo al cierre de aulas y despido de docentes

Durante el Comité Autonómico de este sábado se ha aprobado igualmente otra resolución referente al ámbito educativo. El PSOE ha rechazado la política de cierre de aulas y despido de docentes y ha exigido al Gobierno dialogo social para fortalecer la educación pública.

Los socialistas cántabros han defendido que la educación pública es uno de los pilares del estado del Bienestar y también “uno de los principales instrumentos de garantía de la igualdad de oportunidades, de cohesión social y de vertebración territorial”.

Para los socialistas cántabros, el curso escolar ha comenzado “de la peor forma posible” en Cantabria, con el cierre de 52 aulas, el despido de 176 docentes y la comunidad educativa en huelga y manifestándose ante los recortes del Partido Popular.

En la resolución aprobada por el Comité Autonómico, han señalado que la reducción de las ratios, la carga burocrática, la regulación de las actividades extraescolares, la financiación de la red pública o el fortalecimiento de la escuela rural y la educación en la diversidad son algunos de los asuntos que exigen una interlocución estable con los representantes del profesorado, las familias y el alumnado, que dé paso a acuerdos para fortalecer la Educación Pública.

Además, el PSOE de Cantabria ha afirmado en la resolución que una verdadera política educativa debería ver en el descenso del número de alumnado “una oportunidad para avanzar hacia una mejor atención educativa” y no traducirse en la desaparición de unidades y docentes.

Los testimonios de pacientes cántabros que fueron presionados para ser derivados a la sanidad privada evidencian que estaba sucediendo incluso antes de enviarse el polémico protocolo que, según el Gobierno de Cantabria, fue “un error” de “un funcionario”.

La instrucción se envió en abril. Sin embargo, otros pacientes han explicado a elDiario.es que al menos un mes antes ya habían recibido una llamada advirtiéndoles de que si rechazaban operarse en el hospital privado Santa Clotilde “perderían la cita”. Es decir, que se les penalizaría colocándoles nuevamente al final de la lista.

El convenio singular de privatización de servicios sanitarios con el Hospital Santa Clotilde -256 millones de euros hasta 2046- entró en vigor en enero, desde cuando al parecer -por los testimonios de pacientes- se han detectado las presiones para no rechazar las pruebas y cirugías en este centro.

En este sentido, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado que el convenio singular “es una internalización de Santa Clotilde en el Servicio Público de Salud”. “No es una privatización”, ha matizado. Esto supone dar carta blanca a las derivaciones, ya que la sanidad cántabra considera al centro privado como parte de la red pública.

En cualquier caso, tanto la presidenta como el consejero han negado las presiones y las penalizaciones a los pacientes que no quieren acudir a Santa Clotilde.

Paco lleva esperando desde enero para una intervención de prótesis de cadera catalogada como preferente. En marzo le dieron fecha para operarse en Santa Clotilde. “Por diversas razones rechacé la propuesta”, explica. Porque vive al lado del Hospital Valdecilla, porque no quiere ser partícipe del uso de recursos públicos en la sanidad privada y “porque ante un imprevisto en la intervención prefiero estar en un hopital con todos los recursos”, aunque precisa que no duda de la calidad de los cirujanos de la sanidad privada.

Después de la conversación, su mujer volvió a llamar a Valdecilla para interesarse por cómo quedaba su situación en la lista de espera. Le dijeron que se lo pensasen bien “porque a los que lo rechazamos nos ponen al final de la lista”, refiere. “Eso es ilegal”, advirtió ella. Pero al otro lado del teléfono insistieron en que meditaran bien las consecuencias de no aceptar la operación en Santa Clotilde. Paco todavía está esperando la operación.

El caso de Paco evidencia que las presiones existían antes de la instrucción de abril, enviada por correo electrónico desde el Servicio de Admisión con copia a toda la cúpula directiva. Al menos en su caso, y en otro más de similares circunstancias que prefiere no dar testimonio público de ello.

En ambos casos, todavía no se les ha vuelto a citar para sus cirugías. Ya les advirtieron que pasaban a ser los últimos de la cola.

Tras destaparse la polémica, tanto la presidenta de Cantabria como el consejero de Salud han atribuido este protocolo a un error de un funcionario que interpretó mal las instrucciones. El responsable de sanidad, César Pascual, dijo que la situación se remontaba a dos o tres semanas. Posteriormente se desveló el contenido del correo, fechado en abril. Ahora, aparecen casos de pacientes que aseguran que ya se aplicando lo que desde el Gobierno dicen que nunca sucedió: que perdían su posición en la lista de espera cuando rechazaban hacerse una prueba o cirugía en la sanidad privada.

El asunto ha provocado que todas las fuerzas políticas -excepto Vox- hayan pedido explicaciones públicas e incluso una auditoría, como ha hecho el PSOE. El consejero César Pascual ha respondido que el Servicio Cántabro de Salud se “auto-audita” solo y que lo pertinente es un informe.

Las primeras quejas de pacientes se canalizaron a través de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que hace unos meses ya había pedido explicaciones al Gobierno sobre qué ocurría con los pacientes que rechazaban ser atendidos en lo privado. De hecho, en algunas reuniones informativas del colectivo, algunos ciudadanos habían referido patrones similares a los que ahora se denuncian. Se quejaban de que les presionaban con ponerles al final de la lista si no acudían a la cita en Santa Clotilde.

El polémico protocolo

El correo electrónico enviado en abril desde el servicio de Admisión a la cúpula directiva del Hospital Valdecilla explica qué comunicar al paciente cuando se le cita por teléfono. “En caso de que el paciente no desee acudir o no acepte la realización de la prueba en la sanidad privada, ”le informamos que debido al convenio singular con el hospital Santa Clotilde sus recursos están considerados como propios del servicio de salud“, advierten.

“Si no desea realizarse la prueba en este hospital entendemos que renuncia a la misma y procederemos a su anulación”, concluye.

El PSOE de Cantabria ha acusado a la presidenta autonómica, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, de “mentir” sobre la derivación de pacientes al Hospital de Santa Clotilde y ha insistido en “depurar” responsabilidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Así lo ha expresado en un comunicado la portavoz de los socialistas cántabros, Ainoa Quiñones, tras las declaraciones de la jefa del Ejecutivo regional en las que ha reconocido que el correo de un funcionario sobre cómo derivar pacientes a dicho centro “nunca debió enviarse” y se trata de un “error reconocido, explicado, rectificado y corregido”.

También aseguró que no existe “ninguna orden, decisión política e instrucción” para sacar de las listas de espera a aquellos que se nieguen a ser atendidos en Santa Clotilde y afirmó que la polémica es una “manipulación” en torno al convenio singular para “tapar” la responsabilidad el Gobierno central (PSOE-Sumar) en el conflicto médico.

Además, la presidenta lamentó “profundamente” la más mínima “incertidumbre, inquietud, molestia que esto ya ha podido generar a un paciente”.

Al respecto, Quiñones ha señalado que “los únicos que quieren desviar la atención son el Partido Popular y el Gobierno de los recortes y privatizaciones que Buruaga preside”, a la que ha acusado de “estar mintiendo a la ciudadanía”.

“Buruaga sabe perfectamente que no fue un error, que era una decisión política para poner en marcha un proyecto piloto en Cantabria de lo que ya hacían Ayuso o Mazón en Madrid o Valencia”, ha enfatizado.

De este modo, ha insistido en que “no era un error” y sí “una decisión política”. “Era un proyecto piloto como los responsables sanitarios indicaban con instrucciones muy precisas en los correos electrónicos enviados a los profesionales de los hospitales”, ha censurado.

Para Quiñones, la presidenta cántabra “debe estar fumando en pipa viendo una vez más como su consejero de Salud, César Pascual, evidencia con decisiones y hechos lo que el PP quiere esconder: el deterioro progresivo y paulatino de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada con megaconciertos millonarios como el de Santa Clotilde, por 256 millones de euros”.

En este sentido, ha indicado que la instrucción “está dada desde abril” y, por tanto, no se sabe “cuántos pacientes han sido derivados, cuántos se han negado y cuántos siguen callados por miedo a ser expulsados del sistema de listas de espera”.

Además, la portavoz del PSOE cántabro ha denunciado que también existe “un miedo creciente entre los profesionales sanitarios a los que se exige tomar medidas que van en contra de su propio criterio como son estas derivaciones a un hospital privado, y que muchas veces acatan por miedo a represalias”.

El correo electrónico que se envió desde el servicio de admisión en abril a toda la dirección de Valdecilla difunde las instrucciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para sacar de la lista de espera a los pacientes que rechacen ser derivados al hospital privado Santa Clotilde. No es que perdieran su turno, es que directamente se quedaban sin prueba.

Así figura textualmente escrito en el polémico correo electrónico. “El mensaje que nos ha facilitado SCS que hay que usar en el aviso del paciente es el siguiente”, indica.

A continuación explica concretamente qué comunicar al paciente cuando se le cita por teléfono. “En caso de que el paciente no desee acudir o no acepte la realización de la prueba en la sanidad privada, ”le informamos que debido al convenio singular con el hospital Santa Clotilde sus recursos están considerados como propios del servicio de salud“, advierten.

“Si no desea realizarse la prueba en este hospital entendemos que renuncia a la misma y procederemos a su anulación”, concluye.

Según este mensaje, fue el Servicio Cántabro de Salud el que ordenó anular las pruebas a quienes rechacen la sanidad privada. Tanto el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Luis Carretero, como el consejero de Salud, César Pascual, dicen que el mensaje fue un error de “un funcionario” y que no fue una instrucción oficial. Aunque el correo electrónico reproduce instrucciones claras sobre el protocolo e incluye una conversación tipo para presionar a los pacientes a aceptar la cita en la sanidad privada.

No concuerdan tampoco los tiempos. El consejero Pascual dijo el mensaje se envió hace dos o tres semanas. La fecha del correo lo desmiente: se envió en abril, hace cinco meses, y llegó al director gerente del Hospital Valdecilla, Félix Rubial; al director médico, Ramón Herrería; a la subdirectora María del Castañar García y al jefe del servicio de Radiodiagnóstico, Juan Jordá.

La cabecera del correo electrónico reza: citación radiología piloto Santa Clotilde y explica a los destinatarios que se pueden citar resonancias “como hemos hablado para este piloto”.

El polémico caso de las listas de espera se destapó con los testimonios de pacientes afectados que publicó elDiario.es tras las denuncias que habían hecho a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. “Vas a perder la prueba”, les advirtieron por teléfono cuando rechazaron acudir a Santa Clotilde.

Todos los partidos políticos, excepto Vox, han pedido explicaciones. El PSOE de Cantabria reprocha que todos los directivos sabían lo que estaba ocurriendo y pide el cese del gerente del Hospital de Valdecilla, Félix Rubial, y una auditoria interna al Servicio Cántabro de Salud para conocer la verdad sobre el “pilotaje para forzar las derivaciones diagnósticas a Santa Clotilde”, exige el secretario general Pedro Casares en una rueda de prensa.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) cree que el consejero de Salud no dice la verdad sobre las derivaciones a Santa Clotilde: “nos constan quejas con nombres y apellidos”, ha dicho la diputada Paula Fernández, que también ha pedido que Pascual comparezca en el Parlamento para dar explicaciones.

Por último, Cantabristas considera que “el Gobierno del PP se está escondiendo detrás de los funcionarios públicos para atacar estructuralmente a la sanidad pública” y que el proyecto del Gobierno del PP es “trasladar de forma estructural parte de la actividad y la financiación pública a los centros sanitarios privados”.

El PSOE de Cantabria ha pedido el cese del gerente del Hospital de Valdecilla, Félix Rubial, y una auditoria interna al Servicio Cántabro de Salud para conocer la verdad sobre el “pilotaje para forzar las derivaciones diagnósticas a Santa Clotilde”.

En rueda de prensa, y tras reunirse con una persona afectada y con miembros de la Defensa de la Salud Pública, el secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha exigido al consejero de Salud, César Pascual (PP), al que ha calificado como “el rey de los recortes y las privatizaciones”, que depure “responsabilidades” porque “el tiempo de las explicaciones ya ha pasado” y más cuando “cada día se ha dado una versión diferente del mismo hecho”.

La realidad, para el líder socialista, es que el Gobierno de Cantabria ha pasado de anunciar la libre elección hospitalaria a “condenar a los cántabros a acudir a un hospital privado a recibir atención médica y a amenazarles con que, de no hacerlo, les sacan de las listas de espera”.

“Ese es el modelo del PP”, ha criticado el socialista, que ha tachado de “muy grave” todo lo que se está conociendo sobre ese pilotaje “para forzar con amenazas” a los pacientes las derivaciones diagnósticas a la sanidad privada.

“No estamos ante una cuestión menor de procedimiento, ni ante un error humano. Aquí había intención, había decisión, había voluntad y había determinación”, ha lamentado el secretario general del PSOE, que ha afirmado que, aunque ahora lo niegue el Gobierno, “lo sabían todos” porque la instrucción remitida por correo eléctrico incluía en copia a muchos responsables de Valdecilla, desde el director gerente del hospital hasta el director y la subdirectora médica.

“No es un error, es una decisión política, es ideología, aunque nos quieran hacer creer que era solo responsabilidad del director de Planificación Sanitaria”, ha insistido Casares, que ha remarcado que el correo electrónico con la instrucción para iniciar la prueba piloto evidencia que “este pilotaje se había decidido y consensuado”.

Por otra parte, el socialista ha denunciado que, además de la instrucción sobre cómo proceder con las derivaciones a Santa Clotilde, para el pilotaje se distribuyeron las agendas de todos los pacientes de Radiología de los hospitales de Cantabria.

Un servicio por el que se iniciaba esa prueba piloto para derivar las pruebas a la sanidad privada y que, en caso de que el paciente se negase, amenazarle con sacarle de la lista de espera.

“Los pacientes tienen miedo y se sienten amenazados”, ha alertado Casares.

Ante todo ello, Casares ha exigido a Pascual, como máximo responsable de la sanidad pública regional, que actue para “conocer qué está ocurriendo en la sanidad” y proceder a depurar responsabilidades.

“La pregunta no puede limitarse a si hubo o no un error. La pregunta es quién tenía conocimiento de ese procedimiento, desde cuándo, qué instrucciones recibió el personal, cuántos pacientes fueron llamados, cuántos fueron derivados a Santa Clotilde, cuántos rechazaron la derivación y qué ocurrió posteriormente con cada uno de ellos”, ha señalado el líder socialista.

Además de pedir una acción directa del Ejecutivo, ha avanzado que el PSOE ha registrado una interpelación y una batería de preguntas en el Parlamento de Cantabria para que los cántabros conozcan la verdad.

“Ayer el consejero de Salud decía que lo ocurrido no es motivo de cese y que se trata de un error. Pero en la Sanidad Pública de Cantabria desde que gobierna el PP vamos de error en error, y de recorte en recorte. No basta con decir que la instrucción era errónea”, ha insistido Pedro Casares.

Además, ha asegurado que el PSOE ya advirtió que el “megacontrato con el hospital privado de Santa Clotilde, por más de 256 millones de euros, no era una colaboración público-privada más y que tendría consecuencias”, las cuales, a su juicio, están saliendo a la luz y cuyo “trasfondo y objetivo es desmantelar progresivamente servicios clínicos de la sanidad pública para que sean gestionados por hospitales privados”.

“El negocio es redondo. Primero deterioran lo público con recortes, amplían las listas de espera y firman contratos con hospitales privados para ampliar su estructura con dinero público, y ahora amenazan a pacientes con que perderán su plaza en la lista si no se hacen las pruebas en la sanidad privada”, ha advertido el dirigente socialista.

Por su parte, la paciente Laura Colina ha explicado -como ya adelantó elDiario.es- que el 10 de septiembre le llamaron del Hospital de Laredo para darle cita de una resonancia que tenía pendiente y que la derivaron a Santa Clotilde.

Tras recibir esa información, ha explicado que no lo aceptó y que desde el Servicio Cántabro de Salud la amenazaron telefónicamente con quitarle la prueba, por lo que ha puesto una reclamación.

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha dicho que fue “un funcionario” quien ordenó desviar a pacientes de la sanidad pública a la privada, a través de un correo electrónico difundido a varios directivos y personal de admisión.

En este sentido, ha negado categóricamente que se trate de una directriz oficial emitida por la cúpula directiva. “Decir que un alto cargo dio una instrucción es rotundamente falso”, ha apostillado.

Pascual ha explicado que las instrucciones fueron redactadas por un trabajador del área de admisión que “confundió el alcance del convenio singular con el hospital concertado y las reglas aplicables a la sanidad pública”.

Según su versión, el correo electrónico se envió “hace dos o tres semanas” y el protocolo interno del Hospital Valdecilla -en el que se ordenaba retirar la cita o mandar al final de la cola a los usuarios que rechazaran ser derivados a la sanidad privada- fue “rápidamente anulado por las gerencias” en cuanto se detectó.

A preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa de presentación de la Ley de Salud Digital, el responsable de la sanidad autonómica ha respaldado las explicaciones previas de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y ha insistido en que “no hay constancia de que nadie se haya quitado de la lista de espera” y que la opción de derivación hacia centros concertados como el Hospital Santa Clotilde sigue siendo un procedimiento voluntario.

“Un correo no es una instrucción legal”

Durante su comparecencia, el consejero ha hecho hincapié en la diferencia entre un mensaje informal de gestión y un acto administrativo regulado.

Según ha argumentado, lo difundido a varios directivos y áreas de admisión no constituye en ningún caso una instrucción formal de la Consejería. “Una instrucción es una cuestión absolutamente legal que tiene validez y rango normativo; decir que se mandó una instrucción no es lo mismo que se envíe un correo interpretando lo que sea”, ha remarcado el titular de Salud.

Sin sanciones ni cese para el empleado de admisión

Cuestionado sobre si la Consejería o el SCS prevén la apertura de un expediente o el cese del responsable que remitió la indicación, Pascual ha descartado adoptar medidas disciplinarias de calado.

“Errores se pueden cometer y un error no es motivo de cese”, ha aseverado. También ha explicado que no ha considerado necesario solicitar explicaciones personales de forma directa al trabajador involucrado.

A juicio del consejero, el fallo humano debe contextualizarse en el escenario de sobrecarga que atraviesa la atención sanitaria en la comunidad tras los paros laborales. “Hemos perdido 169.000 consultas o pruebas y tenemos mucha tensión asistencial y mucha presión por recuperar” -ha justificado Pascual- dando a entender que el empleado actuó guiado por el afán de “agilizar citaciones y maximizar huecos en las agendas”.

En su opinión, la gestión del incidente ha quedado acotada al ámbito de los gerentes del Servicio Cántabro de Salud y del propio centro hospitalario.

“Dos únicas quejas por el tono”

En relación con el malestar social y las denuncias acumuladas por colectivos de usuarios y representaciones sindicales, el consejero ha replicado que solo se hn registrado “dos quejas de dos personas que se han sentido presionadas”.

Pascual ha aclarado que, tras investigar ambos expedientes, las reclamaciones no obedecen a exclusiones reales de la lista, sino a discrepancias con el “tono” empleado por el personal administrativo encargado de realizar las llamadas. Es más, el consejero ha argumentado que una de las usuarias que ha protestado “finalmente se hizo la prueba” en el hospital Santa Clotilde, ejerciendo su derecho a reclamar pero sin perder la atención sanitaria.

Protocolo de derivación: “El paciente no sale del sistema”

Para disipar las dudas sobre la “demora voluntaria” planteadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Pascual ha detallado cómo actúa el protocolo cuando un ciudadano rechaza la oferta de acudir al centro privado.

La propuesta de derivación a Santa Clotilde se realiza únicamente para “adelantar los plazos” previstos en el hospital público. Si el paciente prefiere mantenerse en Valdecilla, “no pasa nada: no se modifica en absoluto su cita y se queda exactamente donde estaba para la fecha programada”.

En el caso de rechazos expresos, la normativa congela temporalmente el cómputo de los plazos de demora garantizada porque la decisión parte del usuario, pero en ningún caso implica perder la plaza ni ser relegado al último lugar de la lista.

“No tenemos ningún tipo de instrucción para pasar a nadie al último lugar; el paciente sigue en la lista y pasa a la siguiente ronda de llamadas, un mes o dos depués”, ha concluido el consejero.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha admitido que existió una orden interna para sacar de la lista de espera a los pacientes que rechazasen ser derivados a la sanidad privada, pero justifica que fue “un error” que ya ha sido corregido porque no se ajusta al procedimiento que debe aplicarse.

Así lo ha reconocido después de que elDiario.es adelantase la información sobre las presiones a quienes querían ser atendidos en lo público y tras desvelar, posteriormente, SER Cantabria el contenido de esa instrucción que se envió a varios directivos del Hospital público Valdecilla y a los servicios de admisión. Por tanto, aunque la Gerencia no se responsabiliza del envío de esta circular, si parece que la cúpula del centro sanitario estaba al tanto de las circunstancias.

El detonante ha sido el testimonio de algunos pacientes que recurrieron a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y que se lo comunicaron también a los medios de comunicación. Eldiario.es recogió los primeros testimonios pero la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria no quiso valorar la situación y no respondió a las preguntas este medio sobre las presiones a pacientes de la sanidad pública para que aceptasen una cita en la sanidad privada. En cambio, sí que ha habido una respuesta oficial cuando SER Cantabria ha ido desvelando todos los detalles del caso.

Durante los últimos meses se ha estado llamando a ciudadanos cántabros para citarles a hacerse pruebas o cirugías en el hospital privado de Santa Clotile, con el que el Gobierno de Cantabria ha firmado un convenio singular por importe de 256 millones de euros hasta 2046.

Se les decía que si lo rechazaban -porque preferían ser atendidos en la sanidad pública- se les ponía al final de la lista de espera. Perdían su turno porque se consideraba una “demora voluntaria”. “Me dijeron que si rechazaba ir a Santa Clotilde automáticamente me quedaba sin la prueba”, confirma Laura Colina. “Se les dice que deben aceptar la derivación a Santa Clotilde porque pertenece a la red del Servicio Cántabro de Salud”, explican desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

Hostigamiento a los pacientes, según CCOO

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria ha denunciado estas “malas prácticas” del Servicio Cántabro de Salud para reducir las listas de espera y habla de “hostigamiento” a los pacientes para que acudan al Hospital Santa Clotilde con “amenazas veladas de que si lo rechazan pueden eternizarse en las listas de espera o, incluso, salir de ellas”.

Su responsable, Arantxa Cossío, dice que es “especialmente grave” que se haya dado “una instrucción” a trabajadores del hospital para advertir a los pacientes de que rechazar una derivación podría suponer la anulación de la prueba y su salida de la lista de espera. La propia Gerencia ha reconocido esta instrucción “y lo achaca a un error cometido por una persona que trabaja en admisión”.

“De ninguna manera” va a tolerar que “se criminalice a los trabajadores de primera línea de una directriz que viene de arriba”, cuestiona. Desde el sindicato insisten en que las pautas de citación provienen siempre de jefaturas y altos cargos directivos de la estructura sanitaria, por lo que “si una supuesta instrucción incorrecta ha llegado a la plantilla, habrá que investigar su origen y depurar responsabilidades pero no usar a ningún trabajador como cabeza de turco”.

Preguntas de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública

Hace unos meses, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria solicitó a la Consejería de Salud que aclarase qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” –preguntaron– “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”. Todavía siguen a la espera de la respuesta.

Varios ciudadanos cántabros han denunciado presiones para realizarse pruebas médicas en el Hospital privado Santa Clotilde con la advertencia de que si lo rechazan, porque prefieren esperar a ser atendidos en la sanidad pública, perderán su puesto en la lista de espera y la demora será mayor. La Consejería de Salud había negado estas prácticas y hasta ahora mantenía que era una opción voluntaria. No obstante, los testimonios de algunos afectados coinciden en lo contrario.

“Vas a perder la prueba, te la van a quitar”, le dijeron por teléfono a Laura Colina cuando la llamaron del Hospital de Laredo para darle cita para una resonancia y dijo que prefería hacérsela en Valdecilla. “Me dijeron que si rechazaba ir a Santa Clotilde automáticamente me quedaba sin la prueba”, confirma. En esa misma llamada le aconsejaron no renunciar y hacer un escrito –que ya ha gestionado– pidiendo que la prueba se haga en la sanidad pública y que la mantengan en la lista de espera. “¡A qué punto hemos llegado, coaccionando a un paciente bajo la amenaza de perder la prueba diagnóstica”, denuncia.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública asegura que no es un caso único y que tiene varias reclamaciones de usuarios del Servicio Cántabro de Salud sobre las derivaciones a la sanidad privada. “Se les dice que deben aceptar la derivación a Santa Clotilde porque pertenece a la red del Servicio Cántabro de Salud”, explican desde la entidad. De hecho, según refieren los propios afectados, se les ha explicado que negarse a ello es como negarse a hacerlo en Valdecilla, perdiendo todos sus derechos a ser atendidos.

El Gobierno de Cantabria firmó un convenio de privatización de servicios sanitarios para derivar operaciones quirúrgicas y pruebas médicas al hospital privado Santa Clotilde, propiedad de una orden religiosa que recibirá 256 millones de euros de dinero público durante los próximos veinte años, hasta 2046.

A raíz de estas circunstancias, la Plataforma cree que se está coaccionando a los pacientes y que, probablemente, si alguno protesta se le atenderá según lo establecido, pero habrá otros muchos que creerán lo que les dicen e irán a Santa Clotilde aunque no quieran, por temor a las consecuencias.

En realidad, según explican desde el colectivo el protocolo establece que si un paciente rechaza hacerse la prueba en la sanidad privada sale de la lista “estructural” y pasa a estar en situación de “demora voluntaria”. Supone que se les cita por orden de antigüedad en función de la disponibilidad del centro público.

Hace unos meses, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria solicitó a la Consejería de Salud que aclare qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” –preguntaron– “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”.

La cuestión afecta directamente a los derechos de los pacientes y a su capacidad para decidir dónde desean ser atendidos. En este sentido, desde la Plataforma insisten en que los ciudadanos tienen derecho a saber “si ejercer su libertad de elegir la sanidad pública puede tener alguna consecuencia sobre su posición en la lista de espera”. “La transparencia también forma parte del derecho a la salud”, subrayan.

El negocio de los seguros de salud no para de crecer en Canarias. La sanidad privada ingresó 454 millones de euros en primas en 2025 tras aumentar en 36 millones (un 8,6%) su facturación, obteniendo así un récord histórico. Y ello a pesar de que, por primera vez en años, se redujo el número de personas con una póliza de salud en el Archipiélago, pasando de los 484.712 del año precedente a los 474.878, casi 10.000 asegurados menos. Así lo refleja el último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una fundación que agrupa al sector sanitario y sociosanitario privado. 

Por lo tanto, el gasto medio por asegurado en Canarias creció en cerca de 94 euros al año, de los 862 a los 956 euros, lo que supone un incremento de casi el 11%. Esa cifra está alineada con los análisis de las grandes consultoras globales de salud y riesgos. 

En su informe Global Medical Trend Rates Report 2026, AON, una de las mayores consultoras de riesgos del mundo, ya proyectaba una inflación del 10% para los seguros médicos privados en España debido al aumento de la demanda de atención, el envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de patologías crónicas. 

Ante estos datos, la catedrática en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Beatriz González López-Valcárcel apunta a dos posibles dinámicas. Por un lado, al crecimiento en España de los seguros colectivos contratados por medianas y grandes empresas como incentivo para atraer o retener talento. “Es lo que pasó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y ahora está empezando a pasar aquí”, explica la investigadora, que también es miembro del consejo científico asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 

Para la experta, sería conveniente conocer cuantas primas son de empresa y cuántas de familia. No obstante, señala que publicaciones como las de IDIS constituyen “informes de parte” elaborados por grupos de presión que “seleccionan la información que difunden” según sus intereses. Este periódico ha preguntado a la fundación por ese dato y por una explicación a la subida de precios, pero no ha obtenido respuesta. “No disponemos de más datos que los que figuran en el informe y no tenemos más consideraciones a este respecto que las que figuran en el documento”, señalan fuentes de este colectivo. 

Para López-Valcárcel, la subida de la prima media puede deberse a un aumento de la cobertura (“se incrementan las prestaciones o se reduce el copago y las franquicias”) o a una subida neto de precios. “Es decir, que para la misma cobertura y las mismas prestaciones ahora cobran más. Sería muy importante conocer esta desagregación y saber la cobertura real”, insiste la catedrática, que añade que a las aseguradoras “les da igual la renta” de los usuarios. “Lo que les interesa es tener un pool de asegurados sanos que utilicen poco el seguro. Les da igual que sean ricos o pobres”, sostiene. 

La subida de las primas con la misma cobertura estaría reflejando “una elasticidad-precio muy rígida”. “Esto significa que aunque suba el precio, sigues pagando. Y eso puede deberse a la percepción de necesidad ligada a las listas de espera de la sanidad pública. Ya tener un seguro de salud no es algo voluntario, sino que de alguna manera te ves obligado porque no quieres tener que esperar por las interminables listas de espera”, señala López-Valcárcel, que insiste en que sería conveniente que el sector privado publicara los datos desagregados para disponer de un conocimiento más profundo de estas dinámicas. 

A la catedrática le preocupa especialmente otro de los datos que recoge el informe de la Fundación IDIS. En 2024, el último año con los datos consolidados, el gasto de bolsillo para asistencia sanitaria (sin la intermediación de una póliza de seguros o de la cobertura de la sanidad pública) rozó en Canarias los 800 millones de euros. “Es una cifra enorme. En realidad, siempre en España, y también en Canarias, del gasto sanitario privado el gran porcentaje es gasto de bolsillo, más que gasto en primas de seguros. Son cifras muy altas y eso refleja una inequidad del sistema importante”, asevera la experta. 

El informe de IDIS detalla que el gasto sanitario total en Canarias ascendió a 6.123 millones en 2024. De esta cantidad, uno de cada cuatro euros (1.550 millones) fueron a parar a la sanidad privada. Dentro de esta provisión privada de servicios de salud, el gasto en bolsillo acapara más de la mitad. Los seguros, un 27%. Y los conciertos, el 21% restante.

Conciertos con la sanidad privada

El Servicio Canario de Salud (SCS) destinó 333 millones de euros en 2024 a los conciertos con la sanidad privada, lo que representa un 7,3% del gasto sanitario público autonómico. El Archipiélago sigue siendo de las comunidades que más porcentaje destina a ese fin, aunque en los últimos años el peso de los conciertos sobre el total del presupuesto del SCS ha caído tras sucesivos y notables incrementos presupuestarios. 

López-Valcárcel señala que la sanidad concierta “por bloques” intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas para solucionar listas de espera y también las largas estancias de personas mayores que tienen que recuperarse después de una operación. El informe de la Fundación IDIS recoge que la sanidad privada realiza prácticamente la mitad de las cirugías en Canarias, atiende más del 40% de las urgencias y canaliza una de cada tres consultas. 

“Que la privada tenga mucha producción o mucha actividad (muchas camas, muchas intervenciones quirúrgicas…) a mí no me preocupa nada, porque bajo el sistema de conciertos en la privada se opera a personas que financia el Servicio Canario de Salud. Es un tema de provisión. Lo que sí me preocupa es que si tú tienes dinero puedas pagar de bolsillo o con primas de seguros unas pruebas para acelerar el diagnóstico de una enfermedad y que luego se trate más rápido, que es algo que puede estar pasando y esto sí que puede estar reflejando un problema de inequidad”, explica la catedrática. 

La economista sostiene que el verdadero cuello de botella de la sanidad pública canaria está en el bloqueo de camas de agudos por pacientes mayores o crónicos con alta médica que no disponen de plaza sociosanitaria, por lo que defiende potenciar conciertos específicos de media estancia para liberar los hospitales públicos. “Para eso vendrían bien los conciertos con hospitales privados de media estancia, no de complejidad, y eso es lo que nos falta. El número de camas ocupadas por pacientes mayores con multimorbilidad que en el hospital no sólo no ganan nada, sino que tienen riesgo de infecciones o de demencia, es una preocupación importante de los gerentes de los hospitales”, sostiene. 

Los equipos de alta tecnología

Según el informe de IDIS, la sanidad privada dispone del 60% de los aparatos de resonancia magnética de todo el Archipiélago o el 56% de los mamógrafos. 

Con respecto a los equipos de alta tecnología, López-Valcárcel contrapone dos políticas de inversión. La sanidad privada acude donde atisba “expectativas de rentabilidad económica”. La pública responde a la disponibilidad presupuestaria y gracias a la inyección de fondos europeos (como el Plan de Transformación y Resiliencia) los hospitales del SCS pudieron “renovar muchos aparatos” porque “es un gasto muy fácil de ejecutar y justificar” ante las instituciones comunitarias. No obstante, la catedrática lanza una advertencia a corto plazo: una vez agotada la financiación europea en 2026, la red pública afrontará años de “sequía” presupuestaria para la renovación de su equipamiento sanitario tecnológico. 

Este periódico también ha remitido un cuestionario a la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria (PP) está tramitando un convenio con Mutua Montañesa para derivar a dicho centro cirugías de la especialidad de Traumatología y pruebas de resonancia y escaner que hasta ahora se hacían en la sanidad pública.

El acuerdo que se pretende firmar es otro convenio singular, como el aplicado en el hospital religioso Santa Clotilde, con un presupuesto mucho más moderado de 6,5 millones como máximo, frente a los 256 millones del centro privado, y una vigencia de cuatro años. En el caso del Hospital de la Orden de San Juan de Dios la privatización sanitaria se prolongará durante veinte años, hasta 2046, hipotecando la futuro gestión en la comunidad durante las próximas dos décadas.

Los convenios singulares permiten adjudicar servicios sanitarios sin concurso.

El acuerdo ha sido adelantado por El Diario Montañes y confirmado por fuentes del Gobierno a Europa Press.

Este segundo convenio no será el último que firmen los responsables de la sanidad pública. Falta un tercer acuerdo -todavía pendiente- con el Centro Hospitalario Padre Menni, que atiende a personas con enfermedad mental.

Mutua Montañesa se define a sí misma como una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que colabora con la Seguridad Social “en la misión de cuidar de la salud y el bienestar de los trabajadores, gestionando la salud y las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, así como las prestaciones económicas relativas a la incapacidad laboral por enfermedad común y aquellas otras prestaciones encomendadas por la Seguridad Social.

La entidad da cobertura a más de 30.000 empresas y autónomos a través de 21 delegaciones y 340 profesionales distribuidos por todo el país. Aunque su referencia y presencia principal está en Cantabria con su hospital, especializado en Medicina Rehabilitadora y Traumatología, situado en la avenida del Faro de Santander.

Privatización sanitaria con Santa Clotilde

El convenio singular con Santa Clotilde no se anunció públicamente y pasó desapercibido en los acuerdos del Consejo de Gobierno porque la inversión no se reflejó en la nota de prensa que se suministró a los medios de comunicación. La noticia la adelantó elDiario.es y el ejecutivo de Buruaga justificó que no se había hecho público porque “estaba pendiente de firmarse”.

Lo cierto es que el convenio entró en vigor el 1 de enero de este año y nunca hubo una firma pública ni una fotografía oficial de un acuerdo polémico que desató numerosas críticas por parte de partidos políticos, sindicatos y asociaciones como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

A raíz de este acuerdo se va a pagar al hospital privado más del doble de lo que venía percibiendo por las prestaciones de hospitalización, cirugía y rehabilitación que ya realizaba el centro médico dependiente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

elDiario.es también desveló que un informe oficial advirtió que el convenio para la privatización sanitaria aprobado por el PP compromete el presupuesto de Cantabria hasta 2042. El documento alertaba del “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas del acuerdo firmado con el hospital Santa Clotilde: “Obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público”.

Críticas del PSOE

“Es un paso más hacia la privatización y un golpe más a la sanidad pública” -denuncia Marcos Agudo, secretario de Salud del PSOE de Cantabria- “una nueva vuelta de tuerca en esa carrera privatizadora de la sanidad pública”.

En su opinión, es “absolutamente incomprensible” que el Gobierno de Cantabria “siga transitando por una senda que no ha demostrado otra cosa que inutilidad y despilfarro, sin ningún beneficio para el conjunto de la ciudadanía; sólo numerosos beneficios para unas pocas manos: los que hacen negocio a costa de la salud de todos”.

Agudo sostiene que detrás de las privatizaciones hay un incremento de casi 2.000 personas en la lista de espera respecto a noviembre de 2025 y un aumento de 20 días de demora para hacerse una intervención quirúrgica. Esta situación “es todo un desastre” para la ciudadanía de Cantabria que ha visto “regalados” 256 millones de hacia la sanidad privada, y de 65 millones de un plan de reducción de listas de espera que no han servido para absolutamente nada más que para incrementar las demoras. “Un desastre para los cántabros y un buen negocio para la empresa privada”, ha concluido.

El Gobierno de Cantabria ha pagado 4,2 millones de euros al hospital religioso Santa Clotilde por los servicios sanitarios -estancias de pacientes y operaciones- corrrespondientes a los tres primeros meses del año. La cantidad facturada de enero a marzo es la mitad de lo que se venía pagando hasta ahora -8,4 millones- antes de que entrase en vigor el contrato singular de privatización impulsado por la Consejería de Salud que incrementa notablemente esta cantidad hasta los 16 millones al año.

El acuerdo, según expresó el propio consejero César Pascual, se firmó para “dar estabilidad” a la orden religiosa “que quiere hacer una inversión muy importante de casi 60 millones”, y que “pronto empezará a construir un bloque con nuevos quirófanos” y a dotarse “de tecnología que hasta ahora no tenían”. Una tecnología y unas dotaciones exigidas en el convenio y que el hospital está lejos de cumplir porque todavía no ha empezado las obras de ampliación del centro sanitario necesarias.

Las intervenciones quirúrjicas realizadas en Santa Clotilde son sobre todo operaciones de rodilla y cadera, varices, hernias y lesiones cutáneas. Además de 470 operaciones de cataratas, según los datos aportados por el Gobierno de Cantabria al Parlamento.

Aunque estaba incluido inicialmente en el convenio, y justificó el incremento del precio, no se están realizando cribados de cáncer de mama y de colon como anunció el propio consejero. Ambos programas de prevención de cáncer se siguen haciendo en la sanidad pública.

La cantidad facturada por Santa Clotilde se desglosa de la siguiente forma. Los meses de enero y febrero han sido prácticamente idénticos, con 1,3 milllones, mientras que en marzo el coste ha subido hasta superar de largo los 1,5 millones de euros.

El convenio singular para privatizar servicios sanitarios públicos con el Hospital Santa Clotilde estima abonar 16 millones anuales durante los próximos 16 años, lo que hace un total de 256 millones. Existe, además, la posibilidad de prorrogar la privatización de servicios sanitarios durante cuatro anualidades más, hasta el año 2046.

La avería del aparato de la unidad móvil de detección de cáncer de mama de la zona de Selaya ha provocado retrasos en las mamografías desde abril, la fecha en la que se produjo la incidencia. La Consejería de Salud resolvió alquilar otro aparato, tras tratar sin éxito de reparar el anterior. El problema es que el personal no está familiarizado con el funcionamiento del nuevo mamógrafo y no se le ha facilitado formación, lo que ha generado un retraso en el funcionamiento de la unidad y, por tanto, del programa de cribado para las pacientes de la zona.

Hace unos días, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, y el consejero de Salud, César Pascual, anunciaron públicamente que en unos días llegaría a Selaya “un nuevo mamógrafo de última tecnología”, cuando en teoría el aparato -presumiblemente de alquiler- ya estaba en la unidad móvil de la zona donde “serán examinadas cerca de 900 mujeres y se utilizará para garantizar la continuidad del programa mientras se dota de un nuevo mamógrafo de última tecnología y se actualiza la anterior”. La nota oficial no aclara si se trata del mismo equipo, de otro nuevo o de la reparación del mamógrafo que se averió hace cuatro meses.

Ante estas dudas, la diputada del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) Paula Fernández ha registrado unas preguntas sobre este asunto en el Parlamento autonómico para conocer, en primer lugar, si el aparato con tecnología de tomosíntesis de la unidad móvil de cribado de cáncer de mama de Selaya que se incorporó recientemente ha sido comprado, alquilado o cedido, cuál es el periodo previsto de utilización y que pasará con el anterior.

La regionalista también ha solicitado documentación de las incidencias técnicas y averías, el expediente de la compra o alquiler del aparato y las modificaciones, suspensiones o reprogramaciones del calendario de citas que se hayan producido desde abril “como consecuencia de incidencias en su equipamiento”.

Además, la candidata regionalista a la presidencia de Cantabria ha pedido información sobre el personal destinado actualmente al Programa de Detección Precoz del Cáncer de mama y si se han producido variaciones en la plantilla desde principios de año.

Al hilo de esta cuestión, también quiere conocer si se le ha dado formación específica al nuevo personal contratado para manejar los nuevos equipos de mamografías.

Marcha atrás privatización

Tras el intento de privatización de la realización de mamografías con el convenio singular firmado con el hospital privado de Santa Clotilde, la sanidad pública sigue encargándose por ahora del programa de cribado que el consejero de Salud, César Pascual, anunció que se derivaría al centro religioso y cuyo coste ya estaba contemplado en los 256 millones de euros que recibirá en las próximas dos décadas.

El cambio de opinión no se refleja en una disminución de la cantidad que percibirá Santa Clotilde que incluía la prestación de este servicio. Tampoco se ha anunciado oficialmente la renuncia del Gobierno de Cantabria ni se han explicado los motivos, cuando anteriormente se insistía en la imposibilidad de realizarlo con medios públicos.

La única circunstancia que ha cambiado tiene relación con el acuerdo entre el Gobierno del Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria para aprobar los presupuestos de la comunidad correspondientes al año en curso. El PRC puso, entre otras, la condición de que se destinasen cinco millones de euros para reforzar los programas públicos de prevención y detección precoz del cáncer de mama. De esta exigencia, podría derivar el cambio de planes del ejecutivo popular y la decisión de que la sanidad pública siga prestando este servicio de cribado.

La Fiscalía de Cantabria ha archivado la investigación en torno al convenio singular entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde, abierta a raíz de una denuncia de Podemos que alertaba de posibles irregularidades en la tramitación, aprobación y posterior modificación del mismo.

El objetivo de las diligencias iniciadas por el ministerio público era esclarecer los hechos denunciados en abril por el partido morado respecto a ese acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de enero, con un compromiso económico estimado de entre 254 y 320 millones de euros y una duración de 16 a 20 años. Pero tras las actuaciones practicadas estos meses, la fiscal del caso ha archivado la denuncia, aunque Podemos puede acudir no obstante al tribunal que corresponda.

La representante de la Fiscalía ha acordado dar carpetazo a las actuaciones en base a una serie de consideraciones fácticas y jurídicas, y a la vista de los informes solicitados a diferentes organismos, según consta en el decreto que ha dictado, consultado por Europa Press.

Así, en base a los documentos aportados, por el SCS o la Consejería de Salud, la Fiscalía entiende que “no se cumplen con los requisitos de tipo penal alguno”, sino que se trata de “discrepancias sobre cuestiones de carácter administrativo”, y apunta al respecto que cualquier acto de esta naturaleza puede ser impugnado en la vía contencioso-administrativa.

Con todo ello, el ministerio público acuerda el archivo de las diligencias incoadas, sin perjuicio de que puedan volver a abrirse si surgiesen nuevos indicios. Y en caso de discrepancia, Podemos puede reiterarla ante el juzgado de instrucción que corresponda.

Dudas de Podemos

Al presentar su denuncia, Podemos trasladó a la Fiscalía sus “dudas” sobre la tramitación del convenio, la “falta de transparencia” en el acceso al expediente, la “modificación posterior del compromiso económico” y el uso de una figura “excepcional” para articular un acuerdo de larga duración con una entidad privada.

Quería así que el convenio fuera analizado “en profundidad” y, también, que el Gobierno de Cantabria (PP) aportara la documentación y diera las explicaciones que correspondieran, pues el acuerdo “compromete cientos de millones de euros de fondos públicos durante los próximos años”.

El partido también pretendía que se aclarase si se cumplieron los requisitos legales, si había “justificación suficiente” para recurrir a esa fórmula y si se valoró previamente el refuerzo de los recursos propios del sistema sanitario público.

Celebración del PP

Por su parte, el diputado autonómico y portavoz de Salud del Partido Popular, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado que el archivo, por parte de la Fiscalía, de la denuncia presentada por Podemos contra el convenio del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el Hospital Santa Clotilde “demuestra que se ajusta a la legalidad” así como también la actuación de la Consejería de Salud.

“Nunca existió el supuesto caso penal que algunos intentaron construir”, ha señalado el parlamentario del PP después de que el ministerio público haya decidido archivar las diligencias de investigación abiertas en torno al convenio. Según Vargas, los promotores de la denuncia deben explicar “por qué intentaron convertir una discrepancia política en un procedimiento penal que nunca debió salir del ámbito del debate democrático”.

A su juicio, la resolución de la Fiscalía “no admite interpretaciones”, ya que no aprecia ningún indicio de ilícito penal y acredita que la modificación del convenio contaba con cobertura presupuestaria, “no supuso un incremento del gasto, sino un ajuste técnico, y respondía a las necesidades estructurales del sistema sanitario”.

“La Justicia no se puede utilizarse para intentar ganar un debate político. Cuando alguien presenta una denuncia penal sin fundamento, quien pierde no es el Gobierno, sino la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, ha señalado el diputado del PP en un comunicado, en el que ha lamentado el uso de un tema “tan sensible” como la salud para “fabricar titulares y alimentar una campaña política”, y movilizar recursos públicos y el trabajo de organismos para que el procedimiento haya terminado “en un archivo”.

Pero “mientras algunos se dedicaban a sembrar sospechas, el Gobierno sigue trabajando para mejorar la sanidad pública, reduciendo listas de espera, incorporando profesionales e impulsando inversiones. Esa es la diferencia entre la política del ruido y la política de la gestión”, ha concluido.

El PSOE de Cantabria ha denunciado “el abuso” de la empresa Serveo hacia los trabajadores de limpieza en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En un comunicado, el secretario de Salud del PSOE, Marcos Agudo, tras la reunión celebrada con el comité de la compañía, ha afirmado que se están produciendo “nuevos abusos e incoherencias” por parte de Serveo.

En este sentido, ha opinado que, desde la entrada en vigor del convenio público-privado entre Ferrovial (hoy Serveo) y el Servicio Cántabro de Salud en 2014, los servicios no clínicos privatizados han supuesto “un problema, una ineficiencia constante y un quebradero de cabeza diario para los trabajadores y los pacientes del Hospital”.

“Los efectivos de limpieza de Valdecilla ya se redujeron en 42 trabajadores en 2014, repercutiendo en una peor prestación del servicio, ha tenido que seguir cubriendo, con menos efectivos, el mismo trabajo, o mayor, al haberse abierto nuevas unidades en el centro”, ha apostillado.

En este sentido, Agudo ha lamentado que, desde hace unos meses, Serveo se ha encargado “de forzar a trabajadores concretos para realizar coberturas de limpieza inasumibles para una sola persona, recurriendo posteriormente a la amonestación, y en algunos casos al despido”.

“El clima en el seno del personal de limpieza del hospital se ha vuelto irrespirable para sus trabajadores y la motivación de los despidos se da un contexto de profunda incoherencia de la empresa. Por un lado, a los trabajadores se les exige la cumplimentación de una guía de limpieza validada por el servicio de prevención de riesgos, pero a realizarse con los mismos efectivos, o inferiores, en un contexto de presión asistencial desbordante como es la época estival”, ha criticado.

Por otra parte, el portavoz sanitario socialista ha denunciado que el perfil de las trabajadoras despedidas es el de las limpiadoras de fin de semana, “donde se trabaja bajo peores circunstancias de personal que lo mínimamente exigido y aún así se les pide que todo se haga según protocolo”.

“No sé si Serveo o la gerencia del hospital saben cómo una sola limpiadora puede hacer la limpieza ordinaria de 24 habitaciones con su baño, las altas que vayan surgiendo y las contingencias que vayan apareciendo durante un turno. En semejantes circunstancias, y con tal carga de trabajo para tan poco personal, cumplir el protocolo marcado de limpieza es directamente imposible”, ha señalado.

Para el socialista “el cumplimiento de la guía de limpieza es incompatible con los tiempos, el ritmo de trabajo y los efectivos de limpieza del centro hospitalario en cualquier unidad, por lo que la persecución de algunos trabajadores hasta abocarles al despido es abusiva”. También ha destacado que las decisiones de reducción de personal vienen “bendecidas por la gerencia y el consejero de Salud del Gobierno cántabro, César Pascual”.

“Ha llevado hasta el extremo de que la jubilación de una limpiadora quede vacante y se cubra con una sola compañera, donde hubo dos, que se encarga de la limpieza de la segunda planta del 2 de noviembre y del área de hematología. Cualquier gestor mínimamente serio establecería, por seguridad, un personal inamovible para una planta como hematología”, ha criticado Agudo.

Según ha recordado, “esta situación no es nueva ni desconocida, ya que las mujeres del servicio de limpieza del Hospital de Valdecilla ya tuvieron que recurrir a los tribunales para que éstos les dieran la razón, en 2024, respecto a la discriminación que las limpiadoras sufrían en términos salariales, respecto de sus compañeros, varones, peones en la realización del mismo trabajo”.

Podemos Cantabria ha presentado un escrito complementario ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, dentro de las diligencias de investigación preprocesal que se están tramitando actualmente, con el objetivo de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal diversos antecedentes relacionados con la gestación del convenio singular suscrito entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde.

La formación ha informado este jueves en un comunicado que la decisión se adopta una vez concluido el procedimiento de acceso a la información pública promovido por Podemos, que requirió la intervención de los mecanismos de garantía previstos en la normativa de transparencia, y tras analizar el expediente administrativo facilitado por la Consejería de Salud.

Según ha explicado, el examen del expediente administrativo facilitado por la Consejería le ha permitido comprobar que la documentación remitida no contiene referencias a reuniones mantenidas entre el Gobierno de Cantabria y responsables del Hospital Santa Clotilde o de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para abordar el futuro convenio singular durante el año 2024.

Sin embargo, “existe información pública que sitúa el inicio de los trabajos y negociaciones relacionados con dicho convenio varios meses antes de la aprobación de la modificación legislativa que incorporó el artículo 90 bis a la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria y habilitó esta nueva figura de colaboración”.

El partido ha precisado que entre esa información figura la reunión mantenida el 29 de mayo de 2024 entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y representantes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la que ambas partes anunciaron públicamente que estaban trabajando en un “convenio singular que dé estabilidad a la colaboración entre instituciones”.

Asimismo, la propia Memoria 2024 del Hospital Santa Clotilde recoge expresamente que durante dicho ejercicio el centro ya se encontraba trabajando en el denominado 'Acuerdo de vinculación' con el Servicio Cántabro de Salud, incluyendo reuniones relativas a la definición de la futura cartera de servicios y de los volúmenes de actividad previstos para los próximos años.

Para el consejero ciudadano de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, “resulta cuando menos extraño que en mayo de 2024 se hable de negociaciones sobre algo que legalmente no existe hasta varios meses después”.

“Después de varios requerimientos a transparencia teníamos esperanza de conocer el contenido de esas negociaciones, pero ahora que transparencia ha cerrado el expediente no nos queda otra que informar a la Fiscalía”, ha señalado.

Para Podemos, “si la propia documentación corporativa del hospital sitúa el denominado 'Acuerdo de vinculación' como uno de los elementos estratégicos del plan de crecimiento y ampliación del centro en su Memoria de 2024 y, además, se habla públicamente del convenio singular meses antes de existir esa figura legal, resulta razonable preguntarse si la modificación normativa y el posterior expediente administrativo respondieron a una planificación preexistente, cuestión que precisamente corresponde esclarecer a la Fiscalía”, ha concluido.