El PSOE denuncia que los directivos de Valdecilla recibieron el correo sobre derivaciones a la sanidad privada: “Lo sabían todos”

El PSOE de Cantabria ha pedido el cese del gerente del Hospital de Valdecilla, Félix Rubial, y una auditoria interna al Servicio Cántabro de Salud para conocer la verdad sobre el “pilotaje para forzar las derivaciones diagnósticas a Santa Clotilde”.

En rueda de prensa, y tras reunirse con una persona afectada y con miembros de la Defensa de la Salud Pública, el secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha exigido al consejero de Salud, César Pascual (PP), al que ha calificado como “el rey de los recortes y las privatizaciones”, que depure “responsabilidades” porque “el tiempo de las explicaciones ya ha pasado” y más cuando “cada día se ha dado una versión diferente del mismo hecho”.

La realidad, para el líder socialista, es que el Gobierno de Cantabria ha pasado de anunciar la libre elección hospitalaria a “condenar a los cántabros a acudir a un hospital privado a recibir atención médica y a amenazarles con que, de no hacerlo, les sacan de las listas de espera”.

“Ese es el modelo del PP”, ha criticado el socialista, que ha tachado de “muy grave” todo lo que se está conociendo sobre ese pilotaje “para forzar con amenazas” a los pacientes las derivaciones diagnósticas a la sanidad privada.

“No estamos ante una cuestión menor de procedimiento, ni ante un error humano. Aquí había intención, había decisión, había voluntad y había determinación”, ha lamentado el secretario general del PSOE, que ha afirmado que, aunque ahora lo niegue el Gobierno, “lo sabían todos” porque la instrucción remitida por correo eléctrico incluía en copia a muchos responsables de Valdecilla, desde el director gerente del hospital hasta el director y la subdirectora médica.

“No es un error, es una decisión política, es ideología, aunque nos quieran hacer creer que era solo responsabilidad del director de Planificación Sanitaria”, ha insistido Casares, que ha remarcado que el correo electrónico con la instrucción para iniciar la prueba piloto evidencia que “este pilotaje se había decidido y consensuado”.

Por otra parte, el socialista ha denunciado que, además de la instrucción sobre cómo proceder con las derivaciones a Santa Clotilde, para el pilotaje se distribuyeron las agendas de todos los pacientes de Radiología de los hospitales de Cantabria.

Un servicio por el que se iniciaba esa prueba piloto para derivar las pruebas a la sanidad privada y que, en caso de que el paciente se negase, amenazarle con sacarle de la lista de espera.

“Los pacientes tienen miedo y se sienten amenazados”, ha alertado Casares.

Ante todo ello, Casares ha exigido a Pascual, como máximo responsable de la sanidad pública regional, que actue para “conocer qué está ocurriendo en la sanidad” y proceder a depurar responsabilidades.

“La pregunta no puede limitarse a si hubo o no un error. La pregunta es quién tenía conocimiento de ese procedimiento, desde cuándo, qué instrucciones recibió el personal, cuántos pacientes fueron llamados, cuántos fueron derivados a Santa Clotilde, cuántos rechazaron la derivación y qué ocurrió posteriormente con cada uno de ellos”, ha señalado el líder socialista.

Además de pedir una acción directa del Ejecutivo, ha avanzado que el PSOE ha registrado una interpelación y una batería de preguntas en el Parlamento de Cantabria para que los cántabros conozcan la verdad.

“Ayer el consejero de Salud decía que lo ocurrido no es motivo de cese y que se trata de un error. Pero en la Sanidad Pública de Cantabria desde que gobierna el PP vamos de error en error, y de recorte en recorte. No basta con decir que la instrucción era errónea”, ha insistido Pedro Casares.

Además, ha asegurado que el PSOE ya advirtió que el “megacontrato con el hospital privado de Santa Clotilde, por más de 256 millones de euros, no era una colaboración público-privada más y que tendría consecuencias”, las cuales, a su juicio, están saliendo a la luz y cuyo “trasfondo y objetivo es desmantelar progresivamente servicios clínicos de la sanidad pública para que sean gestionados por hospitales privados”.

“El negocio es redondo. Primero deterioran lo público con recortes, amplían las listas de espera y firman contratos con hospitales privados para ampliar su estructura con dinero público, y ahora amenazan a pacientes con que perderán su plaza en la lista si no se hacen las pruebas en la sanidad privada”, ha advertido el dirigente socialista.

Por su parte, la paciente Laura Colina ha explicado -como ya adelantó elDiario.es- que el 10 de septiembre le llamaron del Hospital de Laredo para darle cita de una resonancia que tenía pendiente y que la derivaron a Santa Clotilde.

Tras recibir esa información, ha explicado que no lo aceptó y que desde el Servicio Cántabro de Salud la amenazaron telefónicamente con quitarle la prueba, por lo que ha puesto una reclamación.