Luz verde a la expropiación del castillo que el pueblo salvó hace dos siglos y una familia rica quiso vender
El castillo de Alaró, uno de los enclaves históricos más emblemáticos de Mallorca, está un paso más cerca de pasar a manos públicas tras décadas de disputas sobre su titularidad. El Consell Insular ha aprobado el expediente de expropiación de 201.347 metros cuadrados del recinto, una superficie que comprende buena parte de los elementos patrimoniales de la antigua fortificación, entre ellos sus murallas, seis aljibes, acequias, silos y diferentes yacimientos arqueológicos. La decisión abre un plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones antes de que la institución insular pueda avanzar hacia la aprobación definitiva y la ocupación de los terrenos.
La operación supone un nuevo capítulo en la larga controversia que rodea al castillo, cuya propiedad ha enfrentado durante décadas a las administraciones públicas con la familia Ordinas, vinculada durante generaciones a este enclave. El conflicto adquirió una nueva dimensión el pasado año, cuando trascendió que los propietarios habían puesto a la venta por 3,4 millones de euros la finca en la que se encuentra la fortificación, una operación que reavivó el debate sobre quién debe gestionar y preservar uno de los símbolos históricos de la isla.
La historia de la titularidad del castillo tiene, además, un episodio especialmente significativo para los vecinos de Alaró. En 1811, cuando el Estado puso el fortín a la venta, los habitantes del municipio realizaron una colecta popular para reunir el dinero necesario y adquirirlo. Aquel esfuerzo colectivo permitió que el principal símbolo del pueblo pasara a manos de sus habitantes. Sin embargo, las leyes de desamortización llevaron de nuevo al Estado a subastarlo en 1885, adjudicándolo a Pere José Sampol Cañellas. Décadas después, en 1935, Antonio Ordinas Català adquirió la finca de Es Verger, donde se encuentra el recinto, y sus descendientes han defendido desde entonces sus derechos sobre buena parte de la propiedad.
Una disputa que se prolonga desde hace décadas
El desencuentro entre los propietarios y las instituciones no es nuevo. El Consell ya intentó negociar la adquisición del recinto a principios de los años noventa, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. En los últimos años, las diferencias se han extendido también a las intervenciones de conservación, el mantenimiento de las murallas y las condiciones de acceso al enclave.
La controversia se hizo especialmente visible en abril de 2025, cuando el Consell anunció su intención de expropiar el castillo para garantizar su conservación y convertirlo en un espacio de interpretación histórica, arqueológica y paisajística. La familia Ordinas se opuso a la iniciativa y reivindicó la titularidad privada de las murallas y de buena parte del recinto. Su representante legal llegó a advertir de que la institución insular pretendía obtener rédito político de la operación y defendió que los propietarios habían asumido durante generaciones las tareas de mantenimiento y vigilancia.
La venta anunciada por 3,4 millones de euros añadió entonces un nuevo elemento a la disputa. El anuncio inmobiliario describía la propiedad como una finca rural de uso agrícola, con más de 500 olivos y vistas panorámicas sobre Mallorca. La familia ya había intentado venderla tres años antes por 2,5 millones de euros. Mientras tanto, el Consell defendía que la titularidad privada dificultaba una gestión integral del patrimonio y limitaba las posibilidades de garantizar su conservación y disfrute público.
Murallas deterioradas y seis aljibes en riesgo
El expediente aprobado ahora afecta a una superficie de 201.347 metros cuadrados repartidos en cuatro parcelas catastrales y contempla elementos de especial relevancia histórica y arqueológica. Entre ellos figuran las murallas de la antigua fortificación, que presentan desprendimientos, y seis aljibes de gran valor patrimonial, algunos de ellos en riesgo de hundimiento, además de acequias, silos y restos arqueológicos. Quedan fuera del procedimiento el oratorio y las edificaciones adyacentes, cuya titularidad corresponde al Obispado de Mallorca, así como el camino público de acceso al recinto.
La delimitación de la propiedad ha sido precisamente uno de los principales obstáculos para resolver el conflicto. El Estado mantiene derechos sobre parte de las construcciones y restos del castillo, una titularidad que durante años ha permanecido sin una delimitación precisa sobre el terreno. De hecho, el Consell ha reclamado a la Administración central que concrete qué parte del recinto le corresponde, sin que hasta ahora se haya resuelto definitivamente esta cuestión. La institución insular ha incluido en el expediente el ámbito necesario para su recuperación, pero deberá excluir de la expropiación aquellos terrenos que finalmente se acrediten como de titularidad pública.
En los años sesenta, el Ministerio de Hacienda inició una investigación sobre la titularidad de diferentes inmuebles que podían pertenecer al Estado y concluyó que las ruinas de la fortificación y sus murallas eran estatales. En 1969, el Gobierno declaró la inalienabilidad del inmueble y su afectación al entonces Ministerio de Educación y Ciencia. El posterior traspaso de competencias a Balears contribuyó a generar un limbo administrativo que ha complicado su gestión.
Ya en 2009, un Juzgado de Palma rechazó entonces un recurso de la familia contra una licencia concedida para intervenir en las murallas y la Torre del Homenaje. En otro procedimiento, posteriormente confirmado por la Audiencia Provincial, se desestimó la reclamación de titularidad sobre varios edificios integrados en el conjunto, que fueron atribuidos a la Iglesia.
Una nueva etapa para su conservación
La aprobación del expediente se produce después de casi tres años de trabajos técnicos y patrimoniales destinados a inventariar los elementos del recinto, estudiar su configuración y delimitar las parcelas afectadas.
El procedimiento se apoya en la Ley 4/2025, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos, que incorporó una disposición específica para el castillo de Alaró. Esta norma calificó el recinto como sistema general en suelo rústico y declaró su utilidad pública y la urgente ocupación para crear un espacio de interpretación histórico y arqueológico. También establece que el enclave debe destinarse a la conservación, restauración, interpretación y disfrute de sus valores, garantizando el acceso público.
El Ayuntamiento de Alaró ha celebrado la decisión del Consell, que considera un paso decisivo para garantizar la protección de la antigua fortificación. La reivindicación, recuerda el Consistorio, se prolonga desde hace más de siete años y ha contado con la implicación de distintas entidades y colectivos del municipio.
En enero de 2025, ambas administraciones formalizaron un convenio de colaboración y en julio comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas, destinadas a estudiar las estructuras existentes, documentar hallazgos y profundizar en el conocimiento histórico del conjunto. Los trabajos de diagnóstico y las investigaciones arqueológicas continúan y servirán de base para diseñar las futuras intervenciones.
Una vez que la finca pase a titularidad pública, una de las prioridades será impulsar un proyecto de consolidación y restauración de las murallas y del resto de elementos patrimoniales. El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado la “perseverancia de todas las entidades y personas que han mantenido viva” esta reivindicación y ha definido la conservación del castillo como “un sentimiento de pueblo y una responsabilidad compartida”. El Consistorio también ha vuelto a lamentar la “falta de actuación” del Estado, al que reprocha que, pese a ser titular de una parte del recinto, no haya avanzado en la delimitación y deslinde de los terrenos que le corresponderían.
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