La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, cerró la semana pasado un pacto de presupuestos con el PSC, los primeros que aprobará Salvador Illa. Pero de eso ya parece que hace un siglo, pues desde entonces el PSOE y sus socios han vivido el movimiento sísmico de la investigación judicial contra José Luís Rodríguez Zapatero y el avance de la causa sobre Leire Díez.

Ante tales sacudidas, los Comuns recetan cautela y resaltan sus dos líneas rojas: solo se mantendrán en el Gobierno si no se demuestra financiación irregular ni tampoco que Sánchez estuviera al tanto de lo que hacía “Ábalos, Cerdán o Leire”. A la vez, apremian a Gabriel Rufián a aclarar qué quiere hacer en unas eventuales elecciones generales.

El protagonista de la semana ha sido el expresidente Zapatero. ¿Usted se lo cree cuando dice que no ha hecho nada ilegal?

Ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Lo que sí tengo clarísimo es que el PSOE no ha dado todas las explicaciones que hacen falta. Sánchez se quedó muy corto. Tenemos que esperar a que la Justicia haga su camino, porque hay mucho de lawfare, pero no todo es lawfare. Lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra, en el caso del fiscal general del Estado.

Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir. El mínimo exigible para todos los partidos progresistas es ser ejemplares y tender hacia la corrupción cero.

La Audiencia Nacional sospecha que el PSOE pagó a Leire Díez para maniobrar contra fiscales y policías. Sánchez ha dicho que si hay algo irregular, se actuará. ¿Qué debería hacer el PSOE o qué debería decir?

Necesitamos de una vez por todas la Oficina Anticorrupción a nivel estatal y una regulación sobre los lobbies y sobre qué puede hacer un expresidente. La línea entre el lobbismo y el tráfico de influencias es muy fina. ¿Un expresidente puede ser lobbista? Yo tengo mis dudas. Sánchez tiene que pensar cómo hacer limpieza. El PSOE es un partido en transición: entre todos lo hemos empujado hacia el reconocimiento del catalán, la plurinacionalidad o la ley de amnistía. Se están tocando teclas que cuestionan el régimen anterior, pero estamos viendo cosas como el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, que nos recuerdan demasiado a las inercias del pasado.

Ustedes son socios de gobierno con el PSOE. ¿Su listón para salir de este Gobierno, llegado el caso, sería que se demostrase que ha habido financiación irregular del PSOE?

Las líneas rojas serían dos: financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que ha podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire. Podríamos hablar de una conspiración con nombres y apellidos, como Aznar, Feijóo o Abascal. Pero tengamos claro que esta gente no viene a hacer nada contra la corrupción, lo que quiere es un quítate tú para ponerme yo. La gente de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen no nos puede venir a dar lecciones sobre salud democrática, y menos cuando van del brazo de la extrema derecha.

¿Cree usted que la legislatura se ha agotado y es momento de empezar a pensar en unas elecciones?

Las elecciones no las puede convocar Aznar ni esa internacional reaccionaria que tuvo encuentros en la embajada de los Estados Unidos con Feijóo, Abascal y Ayuso. Si tiene sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando. No tiene sentido que el Gobierno vaya arrastrando los pies. Tenemos [pendiente] la ley mordaza, la prórroga automática de alquileres o el registro horario. Lo que tienen que hacer es que esta legislatura valga la pena para la gente.

Ya antes de todos estos episodios le costaba mucho al Gobierno poder aprobar sus propuestas. No sé si está pidiendo también a los socios que ayuden un poco más para que el Gobierno pueda gobernar.

En los temas donde el Partido Socialista pensaba que España tenía que avanzar, se ponía a negociar. Y en aquellos temas que no consideraba prioritarios, como la prórroga automática de alquileres o el tope del 2% al incremento anual de alquileres, al PSOE ni lo hemos visto. Es importante que el PSOE baje del pedestal, que piense en este año de legislatura que queda, más allá de que la justicia vaya haciendo su camino tenemos que hacer que el Gobierno pueda seguir avanzando. A estas horas nadie espera que España tenga presupuestos. Ahora, también sabemos que el Gobierno puede hacer muchas cosas sin presupuestos.

Es muy importante que Gabriel Rufián acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad

La exalcaldesa Ada Colau ha sido una de las más entusiastas en la defensa de la propuesta de Gabriel Rufián para las izquierdas. ¿A usted le gustaría compartir una lista con ERC en las generales?

Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Hemos escuchado a Esquerra decir que este no es su proyecto. Sí es muy importante que Gabriel Rufián, al que hemos escuchado hablar en una línea diferente a la de su partido, acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. La propuesta de ERC es que sea el cabeza de lista de las elecciones generales por Catalunya bajo sus siglas. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Gabriel? Tiene en redes un altavoz muy importante, pero tiene que acabar de decidir, porque hay gente que se está referenciando en él y que llegado el caso puede encontrarse con una gran decepción. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás.

¿A los Comuns les gustaría hacer una lista conjunta con Esquerra?

Cuando se trata de impulsar las transformaciones que necesita nuestro país y de parar a la derecha y a la extrema derecha aquí no sobra nadie. En 2023, mucha gente ya daba por perdida la posibilidad de tener un Gobierno de coalición progresista y creamos una herramienta que lo hizo posible. Ahora estamos en un contexto mucho más duro, con una internacional reaccionaria sin filtros y desacomplejada, y las encuestas no son una fuente de esperanza: la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y nos necesitamos todas. Puede haber muchas maneras de colaborar, pactos preelectorales, programáticos, postelectorales… tenemos que encontrar la fórmula. Estamos hablando con Más Madrid, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar, con Podemos, con Compromís, con la Chunta Aragonesista o con Més. Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana.

Usted pidió una reunión la semana pasada con Gabriel Rufián y todavía no ha tenido respuesta de ella. ¿No le parece que eso es despectivo hacia su formación?

Quiero ser muy prudente. Cuando queremos que las cosas salgan bien se necesita una cierta discreción. Lo que sí le puedo decir es que las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, están directamente implicadas y trabajando en la construcción de esta herramienta y están en contacto con Gabriel y con su entorno. Cuando tengamos novedades las comunicaremos.

Situémonos en Catalunya. Viendo los acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra, ¿estos presupuestos no habrían podido estar listos cuando tocaba hace medio año y no haber esperado ahora y, por tanto, no tenerlos vigentes solo medio año?

Claro que podríamos haber tenido unos presupuestos hace tres meses. Nosotros hicimos el trabajo y llegamos a un acuerdo, pero el Govern y ERC no. Tampoco me gusta hacer una política de reproches, creo que en el fair play. Lo más importante es que Catalunya tendrá presupuestos este año y no solo este año, sino que ya previendo que podríamos hablar de unos presupuestos de legislatura, ampliamos el acuerdo que habíamos firmado, pensando en que tienen que sernos útiles para 2027 y para 2028.

Han logrado la limitación de la compra especulativa de viviendas. ¿Cómo ha quedado finalmente esta medida y cómo está la tramitación?

El 60% de las compras que se hacen en el Estado se pagan al contado. ¿Quién puede pagar 400.000 o 500.000 euros de golpe? Evidentemente, no suelen ser familias trabajadoras. Detrás hay grandes rentistas, fondos buitre, especuladores. ¿Cómo actuar legislativamente sin que nos lo tumbe el Tribunal Constitucional? No prohibiendo la compra, sino regulando el uso de la vivienda, tirando de la declaración de zona tensionada.

En las zonas tensionadas solo podrás comprar para vivir, para un familiar cercano, o un edificio entero, pero ese edificio estará sujeto al tope de alquiler y destinado a familias de manera permanente. No estamos prohibiendo la compra, sino el uso especulativo. Registramos una proposición de ley y creamos un grupo de trabajo con el Govern, pero no tenemos los votos suficientes. Queremos que sea una ley de país, y ahora vamos a una posición central que tiene que tener el Sindicat de Llogateres, y evidentemente también con la CUP y con ERC.

También han conseguido del Govern una Dirección General de Disciplina de la Vivienda. Entiendo que es para sancionar el fraude del alquiler, pero ¿cómo funcionaría?

Vemos una falta importante de voluntad política con las sanciones a quienes defraudan con la ley de la vivienda. Primero aprobamos el régimen sancionador, después acordamos con el Govern la contratación de 100 inspectores, 60 ya están trabajando y 40 en formación, pero las sanciones que está poniendo el Govern son anecdóticas: pocas y muy bajas. Las muy graves pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, y en cambio están poniendo sanciones de 3.000, 4.000 o 5.000 euros.

¿Y qué les explican cuando hacen esa pregunta a sus socios? ¿Qué les dicen?

Siempre están trabajando, siempre lo están mirando, siempre lo están estudiando. Se acabó. Pactaron el régimen sancionador, pactaron el cuerpo de inspectores, ahora necesitamos voluntad y visión política. Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable.

La persona que esté al frente de la Dirección General tiene que ser un nombre pactado entre Govern y Comuns. No es que nosotros entremos en el Govern: necesitamos a alguien que por trayectoria, por formación, por experiencia sepa hacia dónde tenemos que ir, porque la conclusión es que no están haciendo todo lo que deberían hacer.

Algún nombre tendrán en mente, ¿no?

Tenemos unos cuantos nombres, pero, como digo, al final el nombre no lo impondremos ni ellos ni nosotros, tiene que ser una persona de consenso. Todavía no está decidido y no quemaremos los nombres de personas que podrían ser. Para nosotros es importante la mirada política: las sanciones no pueden ser anecdóticas, hay que ir a por lo gordo, que son los que nos están echando de nuestros barrios.

Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable

El Govern ha pactado con ERC la línea orbital ferroviaria. Ustedes le pedían la retirada de la R-Aeropuerto, pero finalmente han dicho que mantienen de momento. ¿Qué piensan de la orbital?

La crisis de Rodalies de principios de año me recuerda a la que tenemos ahora con Educación: son problemas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. El problema de Rodalies no es responsabilidad del Govern del PSC, pero si la crisis estalla ahora, tú la tienes que saber gestionar. Tuvimos una crisis de infrafinanciación y una crisis de autoridad del Govern: tuvo que venir el Secretario de Estado de Infraestructuras para plantarse ante Renfe porque aquí nadie tenía autoridad suficiente.

La R-Aeropuerto no puede ser un tren exclusivamente para turistas: tiene que entrar en la lógica de Rodalies. Hemos pactado que en 2027 empezará, pero con estudios para reconvertirse en 2030 en Rodalies. En cuanto a la orbital ferroviaria, es necesario conectar el Maresme con Vilafranca del Penedès sin pasar siempre por Barcelona. Los esfuerzos en estos presupuestos los hemos puesto en 21 millones para una red de autobuses alternativos hasta que Rodalies funcione.

¿Quién cree que tiene la culpa de que no se resuelva el conflicto laboral del Govern con los docentes [la entrevista se realizó el jueves, un día antes del preacuerdo con los sindicatos]?

Teníamos los profesionales peor pagados de todo el Estado y el complemento específico no se había actualizado en 25 años, fruto de los recortes de Convergència. La situación que tenemos ahora no es fruto del presente sino del pasado. Ahora bien, cómo se resuelve esta crisis sí es responsabilidad del Govern: no se puede empezar en septiembre un nuevo curso sin resolver este conflicto.

Los maestros no piden privilegios; piden poder hacer bien su trabajo. Sin más herramientas, ni el mejor docente del mundo puede con niños que duermen con los zapatos puestos por poder ser desahuciados o con niños en procesos migratorios que quizás no conocen la lengua. Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir poniendo parches o plantearnos que tenemos un problema grave social y educativo. Cuando todos los indicadores dicen que vamos por el mal camino, no tiene sentido enchufar unos cuantos millones más y seguir como si no pasara nada.

¿El Govern se equivocó cuando pactó con los sindicatos educativos minoritarios fuera de la mesa de negociación de los profesores?

No confrontaré acuerdos ni sindicatos. El mejor favor que le podemos hacer a la educación de nuestro país es pensar que tenemos que ir todas a una. Los nuevos acuerdos, que son necesarios, no enmiendan los anteriores. Menos reproches y más pensar qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestro país.

Tienen el compromiso del Govern de que no volverá a haber infiltraciones policiales sin autorización judicial. ¿Cómo queda este asunto en la letra pequeña?

El PSC cada vez que se sale del acuerdo de investidura o de los presupuestos se equivoca. Lo vimos con las bajas laborales, en la gestión de Rodalies y en el conflicto con los docentes. Las movilizaciones no se tienen que ver como algo a contener, sino como un mensaje de “no podemos más”. Lo que no debía haber hecho el Govern bajo ningún concepto es espiar a los docentes. Es un error de campeonato. Pactamos con el Govern que esto nunca más puede volver a pasar, ni en el ámbito de la educación ni en otros ámbitos con asociaciones, entidades o sociedad civil organizada. A partir de ahora, las infiltraciones en ciertos colectivos solo podrán ser con orden judicial y en casos de extrema necesidad por cuestiones de seguridad.

La consellera dijo que las infiltraciones habían sido una decisión operativa, y que la parte política no había tenido nada que ver. ¿Por qué pidieron la dimisión de Trapero, que es el responsable político?

Pedimos la dimisión de Trapero porque pensamos que por su trayectoria él conocía perfectamente cuáles eran las inercias. Nos costaba mucho entender y creer que él no conociera las inercias y las dinámicas de la comisaría general de información, que es desde donde se trabajaron estas infiltraciones. Era extraño que él no lo supiera.

¿No se creyeron a la consellera cuando dijo que él no sabía nada?

Yo me creo que la consellera no supiera nada. No sé si en este punto concreto Trapero lo sabía. Ahora, Trapero sabe perfectamente cómo funciona, y porque además pensamos que esto no viene de ahora, sino que esto se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que no nos hemos enterado.

Vea la entrevista íntegra.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han sellado este jueves el acuerdo de los presupuestos en el Palau de la Generalitat. Govern y Comuns renuevan así el pacto alcanzado hace dos meses, ahora con 2.500 millones para vivienda, una nueva ley para convertir oficinas vacías en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y una dirección general de disciplina de vivienda. El texto acuerda mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios -40 barrios y 400 millones- en 2027 y 2028. Se encarga también un estudio para que la línea R-Aeroport sea una prolongación del R4 antes de 2030. Tras pactar con ERC y Comuns, el Govern prevé aprobar las cuentas el viernes y llevarlas al Parlament.

El acuerdo plantea destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura: 1.500 millones en recursos propios y 1.000 millones del Institut Català de Finances (ICF).

Ley para convertir oficinas en VPO

Se recoge la voluntad de “trabajar conjuntamente” en una proposición de ley para incrementar el parque de vivienda protegida, incorporando la reconversión de oficinas y locales comerciales en VPO.

Al calendario para aprobar la prohibición de la compra especulativa antes del verano, se le suma una nueva ley para reconvertir oficinas vacías en vivienda protegida. Albiach ha aspirado a que esta ley comience a funcionar antes de acabar el año, en entrevista este mismo jueves en TV3.

Albiach ha asegurado que a partir de la próxima semana comenzarán las conversaciones con ERC y la CUP para contar con su apoyo para prohibir la compra especulativa.

Pobreza energética

Con este acuerdo, el Govern se compromete a impulsar el Fondo de Atención Solidaria antes del verano. Este fondo debe servir para rescatar a las familias en situación de pobreza energética y para dar respuesta a la finalización del convenio con las empresas eléctricas que servirá para condonar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Este convenio finalizó el 31 de diciembre de 2025. El presupuesto inicial es de 3 millones de euros para 2026 y 10 millones para 2027.

R-Aeropuerto y Terras de l'Ebre

Se encarga un estudio para incorporar al Pla de Govern la transformación, en una segunda fase antes de 2030, del servicio previsto Sant Andreu-Aeropuerto hacia un recorrido ampliado que sea operado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Así, analizar la definición de una R4 Norte entre el Aeropuerto y Terrassa o Manresa y la posibilidad de una R4 Sur. También se pacta valorar el adelanto del estudio de vialidad el tren-tramo de Terres de l'Ebre para finalizar el 2028.

Salud sexual y violencias machistas

Además, se acuerda elaborar un plan para incrementar el número de matronas y para mantener las que se forman en Catalunya, para asegurar la mejora de la atención de los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en toda Catalunya, garantizando también la asistencia ginecológica.

El documento también recoge la creación antes de terminar el primer semestre de 2027 de la Comisaria General de Prevención y Denuncia de las Violencias machistas, reforzando y ampliando los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra, así como las unidades de investigación de los delitos vinculados con las violencias machistas.

Cuentas en julio

La actualización del pacto con los Comuns también contempla actuaciones territoriales. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido este jueves que los pactos cerrados esta semana con ERC y Comuns hacen “mejores” los presupuestos respecto a los presentados hace dos meses. La consellera ha asegurado que el Govern tiene “la maquinaria lista” para iniciar la tramitación de las cuentas y calcula que podrán ser aprobadas durante la primera quincena de julio.

La presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha solicitado una reunión “urgente” con Gabriel Rufián, para que el portavoz de ERC en el Congreso aclare cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales.

Los partidos de izquierdas, incluida ERC, han reaccionado este jueves a las palabras de Rufián de este miércoles. El jefe de filas de ERC en las Cortes redobló su apuesta por la unidad electoral de las fuerzas progresistas, que ha incomodado a su partido, y aseguró que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso “ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión” en la izquierda.

El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, ha insistido este jueves en recordar que su partido ya es un “frente amplio”, y ha asegurado que mantienen la apuesta por Rufián como candidato en las próximas elecciones generales. Este miércoles Rufián desveló que ha puesto “condiciones” a Esquerra para repetir como candidato.

En una entrevista en La 2Cat, López ha relativizado las palabras de su líder en el Congreso y ha asegurado que no dejará el partido: “ERC liderará en Catalunya, con Gabriel Rufián, un proyecto que puede ser mucho más amplio”.

López ha afirmado que la dirección del partido y Rufián están “muy cerca” sobre la fórmula para presentarse a las elecciones, sin aportar más detalles.

Por su lado, los Comuns han reclamado aclaraciones a la propuesta del portavoz de ERC. En declaraciones a TV3, Albiach ha dicho desconocer si Rufián “se ha emancipado de ERC” o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso.

Se ha preguntado si Rufián está negociando con la dirección de ERC la configuración de la candidatura del partido a las próximas generales o si quiere construir una “alternativa estatal” en la que concurran diversas formaciones. “Ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado”, ha afirmado Albiach.

Para Albiach, la mejor solución es “estar todos, cuantos más mejor” en una misma candidatura, aunque también ha dicho que se deben “respetar los procedimientos” de todas las formaciones.

A favor de la unidad de la izquierda se ha mostrado el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que “por supuestísimo” se ha mostrado dispuesto a negociar sobre la propuesta de Rufián.

En una entrevista en TVE, Santiago ha señalado que su formación está “deseando” que alguien les explique la propuesta porque lo han pedido “en varias ocasiones” y todavía no han tenido “la suerte” de que se les detalle.

En todo caso, ha precisado que en IU creen que los “hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años” y que son partidarios de un “proyecto de izquierda federal con un proyecto de país integral” y “que no anteponga la prioridad regional”.

El economista francés Gabriel Zucman ha ganado relevancia mundial en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad pero, sobre todo, por ser el impulsor de una propuesta para que los patrimonios de más de 100 millones paguen al menos un 2% anual de impuestos. Esta 'tasa Zucman' es ahora una de las peticiones que los Comuns han puesto sobre la mesa de Salvador Illa para actualizar el acuerdo de los presupuestos catalanes, que el grupo de Jéssica Albiach ya pactó hace unos meses, pero que el Govern quiere volver a presentar la próxima semana, tras alinearse con ERC.

La propuesta de los Comuns es prácticamente calcada a la del francés. Se trataría de que las fortunas de más de 100 millones paguen un tipo efectivo del 2%. Es decir, que después de contar todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que la ley permite, se les imponga un suelo mínimo del 2% de su patrimonio a pagar anualmente. “Se trata de acabar con los privilegios fiscales de los ultrarricos con una medida de sentido común: la tasa Zucman”, recalcan fuentes de la formación.

De esta manera, los Comuns pretenden enmendar algunos flecos del impuesto temporal que en España se aplica desde 2022 a las grandes fortunas. Por un lado, buscan que la tasa sea permanente. Por otro, apuestan a que la aplicación de este umbral mínimo vaya de la mano de cambios en la forma en cómo se contabilizan las fortunas. “Ahora, la ley deja fuera de los impuestos al patrimonio varios tipos de bienes, entre ellos bienes o inmuebles vinculados a una empresa”, aseguran desde los Comuns, que indican que debería contabilizarse el conjunto de la fortuna en la línea a las tesis de Zucman.

Actualmente, el impuesto temporal en España contempla un tipo del 3,5% por encima de 10,7 millones de euros. Además, el impuesto al patrimonio de Catalunya tiene, gracias a un acuerdo de 2022 de los Comuns, un tipo del 2,75 por encima de los 10,7 millones y del 3,48 por encima de los 2. Pero, debido a las excepciones y descuentos a las que los multimillonarios pueden acogerse y que los Comuns quieren topar, el impuesto medio que se recauda en Catalunya y en España “no llega ni al 0,3% del total de patrimonio que declaran las personas con grandes fortunas”, explican fuentes de la formación.

Para llevar a cabo esta reforma fiscal, el plan del grupo de Albiach es convencer a los socialistas de sacar adelante una propuesta para que el Parlament ejerza su iniciativa legislativa ante el Congreso. Una fórmula que la Cámara catalana ha ejercido en diversas ocasiones, la última hace pocas semanas para proponer cambios en la ley de la eutanasia, y que permitiría que tres diputados catalanes acudan a Cortes a defender la proposición de ley.

Gabriel Zucman es un economista muy influyente en el conjunto de la izquierda global, pero al que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado cercano. En febrero pasado, el presidente recibió a Zucman en Madrid, durante unas jornadas ministeriales contra la desigualdad. Dos meses después el economista participó en el gran encuentro progresista de Barcelona con el que Sánchez enmarcó la cumbre con Lula y otros jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas.

Los Comuns quieren ahora que los socialistas vayan más allá de las palabras y muestren su compromiso con la propuesta estrella de Zucman sobre fiscalidad. De sellarse este acuerdo, se incorporaría al conjunto de medidas que ya firmaron en su día Comuns y PSC a cambio del apoyo a las cuentas. Entre los pactos destaca la nueva regulación para prohibir las compras de vivienda por parte de inversores, una medida que dependerá de los municipios y finalmente afectará tanto a los grandes caseros y como a empresas.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha desmarcado de las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha asegurado que no cree que los dirigentes de Junts, ni sus votantes y militantes sean racistas. De esta forma se ha expresado en una entrevista en TV3 después de que Díaz asegurara el jueves que Junts ha sido “siempre” un partido racista y clasista.

Según Albiach, Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nunca España. Aun así, ha admitido que la vicepresidenta hizo unas declaraciones con las que “puede comulgar más o menos”.

“Tengo diferencias abismales con Junts, pero hay un tema de estrategia: no quiero soltarles la mano porque son necesarios para la transformación”, ha insistido. Y, en este sentido, ha recordado que el partido de Carles Puigdemont facilitó la investidura de Pedro Sánchez.

Albiach ha añadido que es una “lástima” que las declaraciones de Yolanda Díaz hayan terminado “eclipsando” el debate de fondo sobre la vivienda que tienen con Junts. Y ha asegurado que se estaba hablando con los juntaires sobre el decreto para prorrogar automáticamente los alquileres.

Estas palabras de la líder de los Comuns no han servido para calmar las aguas entre los de Puigdemont, quien ha asegurado en una publicación en X que “continúa la manipulación de los moralmente superiores”. “Es contra vosotros que luchamos. Luchamos contra los que prefieren a Manuel Valls y al PP en Barcelona”, ha seguido, en declaraciones que hacen referencia a los sucesivos pactos que han realizado los Comuns para mantener a Colau al frente del Ayuntamiento de la capital catalana. El último de ellos le arrebató la alcaldía en el último momento a Xavier Trias.

Las declaraciones de Díaz también indignaron a Junts, que ha suspendido las relaciones con Sumar hasta que no rectifique las acusaciones de racismo. Según Albiach, los posicionamientos de los junteros en inmigración son “preocupantes” y equivocados. Aun así, considera que son postulados que no se entienden sin la presión electoral que el partido ultra Aliança Catalana ejerce sobre Junts. Con todo y pese a las diferencias, ha dicho que, por una cuestión estratégica, no se debe dejar de la mano a Junts, a quien considera “necesarios” para la transformación.

En referencia a los posicionamientos de Junts en cuanto a la inmigración, la líder de los Comuns en el Parlament ha hecho referencia a la enmienda pactada en el Senado entre PP, Vox y Junts en el marco de la ley de multirreincidencia. Según Albiach, es un “error” vincular inmigración con delincuencia y lo único que hace es “reforzar posicionamientos racistas”.

Los Comuns han alcanzado un acuerdo con el Govern para apoyar los primeros presupuestos de la presidencia de Salvador Illa. La formación de Jéssica Albiach firmará este jueves el pacto con el Ejecutivo en el Palau de la Generalitat, después de haber llegado a varios acuerdos, entre ellos –el más relevante– una nueva regulación para que los municipios puedan limitar las compras especulativas de vivienda dentro de las zonas tensionadas.

La regulación de este tipo de compras de viviendas, las que no tienen por objetivo que el comprador viva en ellas, es una de las prioridas que los Comuns llevan enfocando varios meses. La semana pasada el grupo de expertos nombrado por la Generalitat avaló la medida, que los equipos del Departamento de Economía y los Comuns han seguido negociando hasta este mismo miércoles.

El pacto alcanzado en este ámbito es el apoyo de los socialistas a la proposición de ley de los Comuns en el Parlament, aunque con modificaciones. Lo que establece el texto es que serán los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas y planeamientos urbanísticos, los que podrán adoptar la medida, que supondrá prohibir a las empresas y grandes propietarios la compra de vivienda para invertir. En el caso de los pequeños tenedores, podrán adquirir pisos y ponerlos en alquiler al precio regulado.

Como ya se planteó, esta regulación solo podrá sacarse adelante en las zonas de mercado de la vivienda tensionado, que actualmente afecta a 271 municipios donde vive el 90% de la población catalana. Quedarán exentos de la prohibición los grandes tenedores que compren fincas enteras, aunque deberán destinar los pisos del inmueble al alquiler regulado, y también las adquisiciones por causa de muerte.

Además, a lo largo de los últimos días, los Comuns han ido anunciando algunos de los pactos alcanzados con el Govern en el marco de la negociación presupuestaria. Entre ellos, la ampliación de las ayudas al alquiler o para acceder a las becas comedor.

El Govern despeja así el camino de los presupuestos, a la espera de acabar de mover a ERC. En el Departamento que capitanea Alicia Romero el calendario óptimo para la aprobación de sus primeras cuentas no puede extenderse más allá del primer trimestre del año.

Los republicanos habían condicionado hasta ahora el apoyo a los presupuestos catalanes a que saliera adelante su propuesta para que el Congreso habilite a la Generalitat a recaudar el IRPF, a través de la Agència Tributaria de Catalunya. Pero finalmente Oriol Junqueras anunció que está medida quedaría subsumida dentro de las enmiendas al modelo de financiación, que por el momento aún no han entrado en la Cámara.

“Hito”, “salto adelante” y “oportunidad única”. El president Salvador Illa no ha ahorrado calificaciones positivas para celebrar el modelo de financiación autonómica que este viernes ha presentado el Gobierno de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras pactarlo con ERC. La nueva propuesta es, según el jefe del Govern, “la mejor posible para Catalunya” pero, también “buena para el conjunto de España”.

Con el nuevo modelo de financiación, ha asegurado Illa, Catalunya “recibe una financiación acorde con su singularidad política, nacional y cultural” y permite “dar un salto cualitativo en materia de autogobierno”. Es, en palabras del jefe del Govern, “la financiación que los catalanes merecen”, pero también un modelo más eficiente y de más cohesión para el conjunto de la ciudadanía española.

En un mensaje que ha pronunciado tanto en catalán como en castellano para dirigirse al conjunto de España, Illa ha asegurado que Catalunya “no pide privilegios” y que seguirá mantiendo su apuesta por contribuir a la solidaridad. “Catalunya será solidaria de acuerdo con su capacidad”, ha destacado.

El president de la Generalitat ha reclamado asimismo a los partidos de la oposición no bloquear el acuerdo y a situarse en la “política útil”. Illa ha hecho esta petición después de que este viernes desde Junts hayan mostrado su oposición a un sistema que, según critican, no supone el concierto económico que los independentistas reclaman.

Antes de esta declaración, el president se ha reunido con los líderes de ERC, Oriol Junqueras; y de los Comuns, Jéssica Albiach, para presentarles el modelo de financiación. El republicano ha advertido tanto a Illa como a Pedro Sánchez que “todavía queda mucho trabajo por hacer” porque se debe aprobar la propuesta en el Congreso.

En esta línea, Albiach ha pedido a Junts que apoye la votación en la cámara baja porque, según dice, “no se entendería que alguien que ama a Catalunya” no vote a favor. La líder de los Comuns ha reconocido que con el nuevo modelo “todo el mundo gana” y ha destacado que se cumple el principio de ordinalidad, pero también el de solidaridad.

Los detalles del modelo se comunicarán a los partidos del arco parlamentario en una reunión convocada por el Govern, prevista para las 17 horas de este viernes. Por su parte, tanto el PP como Vox y Aliança Catalana han anunciado que no asistirán al encuentro. Los populares han definido el modelo como “chantaje político”, mientras que los de Vox consideran que la propuesta “consagra la desigualdad de los españoles”. Por último, el partido xenófobo catalán asegura que el modelo pactado “pretende maquilar los acuerdos del Estado” y es “una nueva muestra de sumisión política”.

La Generalitat de Catalunya cierra su oficina de acción comercial en Tel Aviv (Israel) tras llegar a un acuerdo con los Comuns y como respuesta a la guerra de Gaza. El pacto se ha oficializado tras las negociaciones encabezadas por la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y el president, Salvador Illa, las últimas semanas.

Tal y como ha adelantado Catalunya Ràdio y ha confirmado elDiario.es, el cierre de la oficina, que abrió hace diez años, se llevará a cabo este mismo miércoles. Se trata de una vieja reivindicación de los Comuns y de la comunidad palestina en Catalunya que había ganado peso tras el inicio de la invasión israelí de Gaza.

Durante la sesión de control en el Parlament, Illa ha sostenido que “nadie puede tener dudas de la actitud del Govern con lo que está pasando en Gaza”. “Hemos tomado las decisiones que se tenían que tomar cuando se tenían que tomar”, ha apostillado.

Visión opuesta ha expresado el presidente de Junts, Carles Puigdemont, quien ha arremetido contra el Ejecutivo por el cierre de la oficina comercial menos de 24 horas después de que su grupo sí votara a favor del trámite inicial en el Congreso sobre el embargo de armas a Israel. “Un error grave”, ha zanjado el expresident sobre la salida de ACCIÓ de Israel.

Albiach, tras una reunión con el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en la que se ha cerrado el acuerdo, ha defendido que la invasión en Gaza “requería respuestas”. “La pregunta sería ¿por qué no antes?”, ha ahondado Albiach, para quien Catalunya no podía seguir “impasible” ante el “apartheid” de Israel en Gaza.

La oficina de ACCIÓ es únicamente comercial y depende del departamento de Empresa, cuyo titular, Miquel Sàmper, había defendido mantener abierta la delegación hace tan solo un mes. No tiene relación con las oficinas de representación que la Generalitat tiene en diversos países y que son eminentemente políticas.

Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, la oficina de ACCIÓ en Tel Aviv había cancelado todas las actividades de promoción empresarial y las misiones en la región. Además, la recomendación de la agencia era que los empresarios no viajaran a Israel. En la actualidad, se mantenía como una oficina técnica sin representación política ni institucional, que dejará de estar operativa a lo largo del día de hoy.

La red de oficinas exteriores de comercio y de inversiones de ACCIÓ cuenta con 40 sedes en todo el mundo para facilitar a las empresas catalanas la implantación comercial y productiva en los mercados exteriores de más de 100 países.

El anuncio del acuerdo entre el Govern y los Comuns llega un día después de que la Unión Europea anunciara que revisará el Acuerdo de Asociación con Israel para presionar al primer ministro Benjamin Netanyahu ante el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Este martes el Congreso también empezó a tramitar una norma para el embargo de material militar a Israel.

“Sobran los motivos”, ha insistido Albiach, que ha recordado que el “genocidio” de Israel en Gaza ha causado ya 53.000 personas asesinadas, 15.000 de ellas niños, y 120.000 heridas, y unos 14.000 bebés a punto de morir de hambre o por desnutrición.

La dirigente de los Comuns ha subrayado que la “colonización y limpieza étnica” de Israel impedían a Catalunya “seguir mirando hacia a otro lado ante ”la vulneración de derechos humanos“.

Albiach ha apoyado a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA), ha reclamado que siga adelante el proceso penal internacional contra Israel, y ha pedido que se apliquen todas las sanciones y medidas necesarias para detener el genocidio, además de recordar el carácter “pacifista y solidario” del pueblo catalán.

La Asamblea Nacional de los Comuns ha aprobado su ponencia política y organizativa con el 80% de los votos a favor. Concretamente, el texto ha recibido 389 votos a favor, 60 en contra y 33 abstenciones. También ha aprobado el informe de gestión de la ejecutiva, formada por Ada Colau, Candela López y Jéssica Albiach, pero lo ha hecho por la mínima, con sólo el 46,25% de los votos a favor. El 36,19% se ha opuesto, y el 17,56% se ha abstenido.

El partido empieza así su nueva etapa post Colau, con la vista puesta en “crecer” como espacio político y con el mandato de mejorar resultados tras un ciclo electoral que “no ha sido positivo”, tal como se menciona en la ponencia aprobada este domingo.

El texto sitúa la misión de los comunes de liderar la construcción de una mayoría política social que les permita interpelar a un “espacio social muy amplio”, al tiempo que se definen como una “fuerza de lucha y de gobierno”. Según la formación, Catalunya está en una “etapa de transición” tras el procés, lo que les puede dar opciones de crecer electoralmente.

En el documento, los Comuns consideran que se abre un nuevo escenario político, en el que la sociedad catalana “se está reencontrando en un nuevo catalanismo”. En este sentido, alertan de que Catalunya tiene dos caminos posibles: o una mayoría orientada “hacia las élites y los poderes económicos”, u otra que es “la construcción de una mayoría popular”.

El texto apuesta por un “nuevo pacto con el Estado para lograr un autogobierno fuerte basado en la financiación singular y el reconocimiento del carácter plurinacional y plurilingüe del Estado”. De hecho, asegura que “Catalunya necesita una financiación propia como eje central de un autogobierno renovado”, al tiempo que apunta que el cambio de sistema de financiación también debe ser “una oportunidad para el conjunto de territorios del régimen común” para ver “satisfechas” sus “legítimas aspiraciones a una financiación justa”.

La nueva ejecutiva

El máximo órgano de la ejecutiva queda en manos de Candela López, exalcaldesa de Castelldefels, diputada y vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, y Gemma Tarafa, concejala y portavoz en Barcelona. López es la única que repite del triunvirato de la anterior etapa, en la que compartía cargo con Colau y Albiach.

Albiach se pone al frente de un cargo de nueva creación y se convierte, junto Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, en responsable institucional del partido. Ella en Catalunya y él en el Gobierno. Mientras López y Tarafa se centrarán más en cuestiones orgánicas de la formación, ellos serán los encargados de explicar la estrategia.

Por otro lado, los diputados Aina Vidal y Gerardo Pisarello se encargarán de las portavocías, cargo que compartirán y en el que relevan al diputado Joan Mena.

Un aspecto al que los Comuns le han dado mucha importancia durante la Asamblea de este fin de semana es a la necesidad del partido de ganar músculo en los municipios y hacerse presentes más allá de Barcelona. La apuesta por el municipalismo definirá la nueva etapa de los Comuns tras la marcha de Colau y la pérdida de la capital catalana.

De ello se encargarán Lídia Muñoz y Tània Corrons. La primera fue alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat y la segunda ha estado al cargo de la organización y de las finanzas de la formación.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dejado la primera línea de política justo una década después de fundar Barcelona en Comú y dar el salto desde el activismo en las calles a la administración. Colau, que ya dejó su acta de concejala el pasado 25 de octubre, se ha despedido este sábado de la formación y de su militancia con un discurso que ha reivindicado el camino recorrido durante los últimos año, pero reconocidendo que se va en un “momento difícil”.

“Debemos actualizar nuestras tesis para ser un espacio útil para la transformación social”, ha asegurado en la Asamblea Nacional de los Comuns, en la que el partido afronta una reorganización y un cambio de caras. Hoy, Colau ha hecho la que ha sido su última intervención como coordinadora de la formación, cargo para el que ha renunciado volverse a presentar. “Me voy, pero esto no significa dejar la familia de los Comuns”, ha aclarado.

Ante su marcha, los suyos han tenido que afrontar la búsqueda de nuevos liderazgos en un momento en que las urnas no arropan tanto al partdido como lo hicieron años atrás. Colau ha dejado así un encargo a sus sucesoras: “Tenemos que reforzar nuestra presencia en las instituciones”.

También dejará la coordinación Jéssica Albiach. Colau y ella dirigían el máximo órgano de la ejecutiva junto a Candela López. Ante la falta de relevo, el triunvirato se convertirá, previsiblemente, en un dúo en el que López repite y al que se suma la concejala de Barcelona Gemma Tarafa. Ambas forman parte del círculo de confianza de la exalcaldesa.

Aún así, Albiach no deja la ejecutiva, sino que ocupará un nuevo cargo junto a Ernest Urtasun. Ambos se convertirán en responsables institucionales en el Parlament y el Gobierno. Albiach consolidará así su cargo como máximo responsable del partido en Catalunya, donde los Comuns son pieza clave para construir las mayorías que necesita Salvador Illa. Por otro lado, los diputados del Congreso Aina Vidal y Gerardo Pisarelo se convertirán en portavoces en substitución de Joan Mena.

Los relevos de la ejecutiva, en la que se cambiarán 20 cargos de 47, se presentan en una lista única que la militancia refrendará este domingo, culminando así un relevo amable y sin aspavientos como el que se está viviendo en el seno de otros partidos catalanes. Lo que no se tratará en este encuentro es la reforma del código ético que la formación tiene encima de la mesa desde hace tiempo y que establece que sus líderes sólo puedan combinar un cargo institucional y uno orgánico.

Eso entra en contradicción con diversos nombres como el de Candela López, que ostenta desde hace casi un año tres cargos. Igualmente, hay dos diputados que tambié tienen responsabilidad en ayuntamientos: Luís Mijoler es alcalde de El Prat y Núria Lozano, teniente alcalde de l'Hospitalet.

“Hemos acabado teniendo demasiadas responsabilidades”, ha reconocido López, que ha anunciado que “pronto” dejará el acta de diputada en el Parlament para dedicarse a la coordinación del partido, cargo que combinará con el de vicepresidenta de la Diputación de Barcelona.

La intención del partido es revisar formalmente esta cuestión de la mano de la nueva ejecutiva, una vez finalizada la asamblea de este fin de semana.

La vista puesta en las municipales

Colau ha dejado claro en su discurso que la nueva etapa del partido debe estar enfocada a reforzar el carácter municipalista del partido. “Debemos combatir las élites locales y las globales”, ha aegurado la exalcaldesa, que ha reivindicado que, “aunque a menudo se la vea como el hermano pequeño de la política, el municipalismo es la base de todo”.

Esta tesis es compartida por Jéssica Albiach, que ha asegurado que al partido le falta “base social. Tenemos que crecer en la AMB y en las zonas rurales”. La también excordinadora ha apuntado que la formación no es municipalista “por vocación, sino por estrategia” y ha reivindicado la necesidad de reforzar la presencia en los ayuntamientos como única manera de “perdurar a pesar de las tormentas”.

La única de las tres coordinadoras que se quedará en el cargo, Candela López, es quien se ha tenido más autocrítica, asegurando que los núcleos locales “no han tenido la implantación que deberían haber tenido” y ha coincidido con sus compañeras en que los municipios son clave para el futuro de los Comuns.

La reestructuración de la cúpula se da tras la caída de votos en las elecciones generales y autonómicas, así como la pérdida del Ayuntamiento de Barcelona, el último gran bastión de un partido que llegó a gobernar en diversas ciudades -ahora sólo tienen tres- y que llegó a ser primera fuerza en Catalunya en las elecciones generales de 2016.

Ahora, el objetivo del partido es fortalecerse de cara a las elecciones municipales de 2027, entendiendo que su campo de juego está en los ayuntamientos. Así se entiende el nuevo liderazgo de López y Tarafa. La primera fue alcaldesa de Castelldefels y es vicepresidenta de la Dipiutación de Barcelona; la segunda ocupó la concejalía de salud en Barcelona.

Tal es la apuesta de los Comuns en el ámbito municipal y tan descolocada dejó a la formación la pérdida de la capital catalana a manos de Jaume Collboni, que la exalcaldesa, a pesar de que ha dejado su acta de concejala, no ha descartado explícitamente la posibilidad de volverse a presentar a las elecciones de 2027. Mientras tanto, Colau empezará a dar clases universitarias y ostentará la presidencia de la fundación del partido juntamente al exiministro Joan Subirats, un cargo que carece de remuneración.

Una apuesta por el ecologismo

En la asamblea de este fin de semana, que cuenta con la ausencia destacada de Yolanda Díaz, además de revisar la cúpula, los Comuns también han votado diversas resoluciones que marcarán su postura en las diversas cuestiones.

La militancia ha aprobado, entre otras cosas, que se doblen y se hagan permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas. Esta votación se da en el marco del paquete fiscal acordado entre el PSOE y Sumar esta semana, en el que se elimina el impuesto a las energéticas. “Denunciamos la oposición a esta medida por parte de las fuerzas políticas de derechas, así como la timidez del PSOE para actuar con más contundencia en la defensa de los recursos públicos”, afirman.

Igualmente, se ha aprobado que la formación apueste por triplicar el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto de transmisiones patrimoniales para las compras de vivienda por parte de grandes tenedores o empresas. Así mismo, en materia de vivienda, insisten en la necesidad de regular el alquiler de temporada, de habitaciones y turístico.

De la misma manera, el partido ha fijado como límite el año 2030 para que Catalunya ya no cuente con escuela concertada. En la misma línea, apostarán porque se invierta un presupuesto extraordinario de 500 millones de euros para la educación inclusiva.

Los Comuns han apostado por posicionarse como bandera en la lucha contra el cambio climático. La formación proponen conseguir el 100% de la producción eléctrica con energías renovables en 2050 y reclaman una moratoria en la construcción de nuevas infraestructuras viarias hasta que Catalunya cuente con la red de trenes “mínima necesaria”. De la misma manera, reafirman su oposición a la ampliación del aeropuerto y al Hard Rock.

Los Comuns se preparan para hacer ajustes en el partido durante su próximo congreso. La formación tiene previsto llevar a cabo no solo un cambio de caras, obligado en parte por la marcha de Ada Colau, sino también una reforma en la organización de su cúpula. Si hasta ahora el espacio estaba dirigido por tres coordinadoras, a partir de noviembre pasarán a ser dos, pero también habrá nuevos roles para Jéssica Albiach y Ernest Urtasun como responsables institucionales, un cargo de nueva creación.

De esta forma Albiach, presidenta del grupo parlamentario en Catalunya, dejará de ser coordinadora de la fuerza política después de tres años. Del antiguo triunvirato, formado por Colau, Albiach y Candela López, solo repetirá esta última, y lo hará formando tándem con Gemma Tarafa, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. Ambas son, además, del círculo de confianza de la exalcaldesa Colau.

Catalunya en Comú celebrará su asamblea los próximos días 16 y 17 de noviembre. Este será un cónclave importante, después de la salida de Colau tanto del Ayuntamiento de la capital catalana como del máximo órgano de dirección, pero también tras un ciclo electoral en el que los Comuns han ido a la baja. Será además el primer congreso tras la pérdida de la alcaldía de Barcelona, un golpe que en la formación ha costado encajar.

Fuentes de la formación explican que, en el actual contexto, la idea de reestructurar la cúpula de los Comuns tiene que ver con la necesidad de fortalecer el partido y enfocarlo principalmente hacia el ciclo electoral de las próximas municipales. López fue alcaldesa de Castellfels y es vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, mientras que Tarafa ocupó la regidoría de Salud con Colau, por lo que ambas tienen un marcado acento local y experiencia de gestión.

A la vez, el nuevo papel de Urtasun y Albiach consolida sus roles de máximos responsables en dos ámbitos claves para los Comuns: el Gobierno central, del que forman parte dentro de Sumar, y el Parlament de Catalunya, donde son una pieza clave para construir las mayorías que necesita Salvador Illa.

Albiach se mantendrá, por tanto, como principal referente política a nivel de Catalunya. Por su parte, el ministro de Cultura era ya la cuota de los Comuns en el Consejo de Ministros y es también la persona que, desde el partido, está al tanto de las negociaciones de calado con la parte socialista del Gobierno.

Urtasun, ejerce también de portavoz de Sumar, si bien lo hace como representante de la coalición con la que acudieron los Comuns a las elecciones generales. Por esa razón, en el partido ven ese papel totalmente compatible con el nuevo cargo que tendrá en los Comuns.

Según el calendario que regla la cuarta asamblea nacional de la formación, todas las candidaturas deberán presentarse antes del día 29 de octubre. No se espera que haya oposición a la lista que liderarán López y Tarafa, que llevan una candidatura que trata de integrar a las diferentes familias del espacio.

La ponencia política y organizativa, que también se cerrará en esa misma asamblea, define a los Comuns como “el partido de la vivienda y el trabajo dignos”. En ese mismo documento se aborda la necesidad de hacer crecer el partido en el ámbito municipal, sobre todo fuera del área metropolitana de Barcelona.

Aún no se han culminado los primeros dos meses de mandato, pero Salvador Illa comienza a tener ya exámenes. Los Comuns, a priori los más estrechos socios de los socialistas, quieren comenzar a medir sus relaciones con el Govern con una propuesta de resolución fiscal en el debate de política general que comienza este martes en el Parlament.

La propuesta que defenderá Jéssica Albiach sigue la línea de lo acordado para la investidura de Illa, pero supondría escenificar en el Parlament el compromiso del nuevo president de no facilitar la instalación del macrocasino del Hard Rock en Tarragona.

La propuesta que presentan los Comuns sobre fiscalidad consta de tres puntos. En el primero reclaman mantener los actuales niveles impositivos en sucesiones y patrimonio, así como impulsar la fiscalidad ambiental e integrarla con la de la Unión Europea y, en resumen, “alcanzar un sistema fiscal más justo y progresivo”.

En segundo lugar, los Comuns proponen aumentar la tasa turística un 50% en los próximos presupuestos del año 2025, a la vez que permitir que la recaudación de esta figura pueda ser destinada a políticas de vivienda. En este momento el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET) de la Generalitat oscila entre un euro por persona y noche y los 3,50 euros para los establecimientos más lujosos.

Finalmente la formación de Albiach reclama recuperar la fiscalidad del juego anterior al año 2014, cuando se rebajó al 10% para facilitar la llegada de un casino que sería el corazón del complejo turístico que acabó siendo el Hard Rock. La propuesta reclama que todo el juego sea tasado con un impuesto del 50% sobre las ganancias, lo que el partido entiende que haría inviable o, al menos, mucho más difícil la llegada del macrocasino al complejo de Salou y Vila-seca.

Todas estas peticiones están incluidas, con más o menos detalle, en el pacto firmado el pasado 3 de agosto entre PSC y Comuns para la investidura. De lo que se trata ahora, por tanto, es de comenzar a darles cauce legislativo, para lo que necesitan encontrar una mayoría en el pleno del próximo jueves. Del apoyo o no del PSC a estas medidas dependerá la postura de los Comuns en la nueva legislatura, en la que los socialistas les necesitan para sacar adelante la labor legislativa.

El grupo parlamentario del PSC está pagando el sueldo de dos asesores de los Comuns en el Parlament. Tal y como ha avanzado el diario Ara y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN), los dos partidos lo acordaron durante las negociaciones para la configuración de la Mesa del Parlament al inicio de legislatura.

Según consta en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) del 17 de julio, los socialistas propusieron el nombramiento de dos asesores (técnicamente para su grupo parlamentario) vinculados a los Comuns. Ambas formaciones acordaron que se cedieran estos asesores a los Comuns, por lo que a quien prestan sus servicios es al grupo parlamentario presidido por Jéssica Albiach.

Según confirmaron ambos grupos parlamentarios este acuerdo se cerró durante las negociaciones por la Mesa del Parlament. Fuentes de los grupos han subrayado que este acuerdo no contradice las normas económicas del Parlament y añaden que existen precedentes de otras instituciones donde se han dado casos similares, como el Congreso de los Diputados. Las mismas fuentes remarcan que esta situación no supone coste extra alguno para la Cámara catalana.

Fuentes de los Comuns también han garantizado que estos dos asesores no ponen en riesgo su independencia política aunque formalmente quien haya propuesto los asesores sea el PSC, y aunque los fondos para pagar sus sueldos también provengan de los recursos reservados para el grupo parlamentario socialista .

Contra los pronósticos iniciales, los comuns no entrarán en el Govern de Salvador Illa. La formación que colideran Ada Colau, Jéssica Albiach y Candela López priorizó durante las negociaciones para la investidura firmar un acuerdo que incluyese sus principales demandas antes que colocar consellers propios. Y esa dinámica se mantendrá durante la legislatura, según explica el partido, que quiere asegurarse de que el PSC cumple con lo firmado y no gira a la derecha para buscar una geometría variable con Junts.

Illa y Albiach sellaron el 3 de agosto el acuerdo para la investidura del líder del PSC. En un acto en la Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, ambos sellaron un texto de 13 páginas que contempla, entre otros asuntos, la construcción de 50.000 nuevos pisos protegidos, la recuperación progresiva de la sexta hora escolar y la gratuidad de la educación hasta los 3 años durante la legislatura. 

También un compromiso para “no facilitar” proyectos como el macrocasino del Hard Rock en Tarragona, el punto de choque que provocó el adelanto electoral el 12 de mayo. Con este acuerdo, los comuns consiguen que se eliminen las reducciones fiscales sobre el juego para acabar con los incentivos para que este tipo de proyectos aterricen en Catalunya.

Entre los comuns cunde una sensación de satisfacción con el acuerdo alcanzado, mucho más a la izquierda de lo que esperaban en un inicio y de lo que, dicen, habría deseado el PSC, habida cuenta de los gestos que Illa lanzó a Junts durante la legislatura pasada, según argumentan. Pero esa satisfacción con lo firmado muta hacia el escepticismo cuando miran hacia el futuro de la legislatura. Especialmente tras conocer la lista de consellers que Illa fue desvelando la semana pasada.

“El Govern no nos sorprende para nada, hay perfiles que son mucho más cómodos para nosotros, más fáciles para trabajar, como Alicia Romero en Economía, Esther Niubó para Educació”, sostiene David Cid, portavoz de los comuns en el Parlament. El problema, precisa, está más en perfiles como el de Ramón Espalader en Justicia, Miquel Sàmper en Empresa y Trabajo y Olga Pané en Salut. 

“En Sanidad vamos a estar muy vigilantes porque tienen un modelo muy alejado del nuestro y habrá que ver qué políticas construye”, advierte. Después de conocerse el nombramiento, en las redes circularon vídeos de Pané en los que señalaba que los médicos en Catalunya trabajan pocas horas o hablaba de la cooperación con el sector privado en la gestión sanitaria. 

También escama en los comuns la elección de Espadaler, líder de Units per Avançar, partido heredero de Unió. El nuevo conseller de Justicia ya ocupó cargos similares con gobiernos de Convergencia i Unió entre 2012 y 2014, durante la presidencia de Artur Mas, al frente de Interior, y entre 2001 y 2003 con Jordi Pujol al frente de la Generalitat. Entonces se desempeñó como titular de Medioambiente. El nuevo conseller se posicionó en contra de la reforma de la ley del aborto impulsada por la entonces ministra de Igualdad Irene Montero y en el pasado también rechazó el matrimonio homosexual.

Cid cree que el Govern va en la línea de lo que el PSC busca en el último tiempo: la transversalidad ideológica, para atraer al votante de la antigua Convergència desencantado con la deriva de Junts. “Illa es la expresión de eso, Illa no es Maragall”, dice el portavoz de los comuns, que asegura que lo que marcará la relación con el PSC en la legislatura es lo que vaya haciendo el PSC con los acuerdos que han sellado. 

El primer paso, como adelantó hace unos días el propio portavoz en una entrevista en EFE, serán los presupuestos para el próximo año, en los que van a velar por que se haga efectiva la eliminación de los privilegios fiscales para los proyectos como el Hard Rock. “Nosotros exigiremos que medidas que están en el acuerdo de investidura que firmamos ya se incorporen a este nuevo presupuesto”, dijo el dirigente de la formación, que deseó “una negociación rápida”. Cid ha emplazado ya al bloque de la investidura que forman con el PSC y ERC a abrir una mesa para esa negociación a la vuelta del verano. 

La decisión, por tanto, de no haber planteado como una prioridad entrar en el Govern tiene que ver con la desconfianza que genera a los comuns el PSC de Illa, que en contra de la tradición de los socialistas catalanes, con el exministro de Sanidad se ubica ideológicamente más a la derecha que el PSOE estatal, argumentan fuentes de esa formación. La correlación de fuerzas actual en el Parlament tampoco ha reforzado esa ambición inicial de exigir consellerias a cambio del apoyo a la investidura El PSC obtuvo 42 escaños en las pasadas elecciones mientras que los comuns registraron el peor resultado desde su nacimiento con 6 diputados. 

Esta negociación discurre en paralelo a las malas relaciones entre el PSC y los comuns en el Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, fue incapaz de aprobar las cuentas públicas este año precisamente por el 'no' de los de Ada Colau, y se tuvo que someter a una cuestión de confianza para sacar adelante esos presupuestos. La pelea de fondo era la exigencia de Barcelona en Comú de entrar en el gabinete, algo que el PSC rechazaba. Los comuns en cualquier caso separan ambas negociaciones y aseguran que la relación entre Albiach e Illa es “fluida”. “La relación conflictiva se circunscribe a nivel del ayuntamiento por la deriva de Collboni de desmontar o limitar el modelo de Colau”, asegura Cid.

En los comuns aseguran que no hay un debate sobre la mesa en cuanto a entrar en el Govern a medida que avance la legislatura o si aprovechar una negociación concreta para dar ese salto. Es algo, dicen, que medirán en función del PSC que se vayan encontrando en el Govern. “El contenido del acuerdo va más allá de la investidura, nos da espacio y un papel en la legislatura. Pero no hemos fijado el límite de la relación. No hemos cerrado la puerta y no hay un calendario ni un horizonte sobre si entrar o no”, dice Cid. “Estamos a la expectativa de ver qué van haciendo, la relación que vamos a mantener con ellos es de acuerdo, acuerdo, acuerdo”, dice, parafraseando el ‘programa, programa, programa’ de Julio Anguita. 

Una decisión a contracorriente en la izquierda

No hay precedentes en la izquierda transformadora, un espacio que siempre que ha tenido la oportunidad ha puesto sobre la mesa en las negociaciones con el PSOE la entrada en gobiernos de coalición. Lo hizo Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, en 2003, en un Ejecutivo que nunca llegó a tomar posesión a causa del ‘tamayazo’. También Iniciativa per Catalunya Verds, en los dos tripartitos con el PSC y ERC, y también IU en Andalucía. 

Las experiencias de coalición con el PSOE se dispararon con la irrupción de Podemos en la política española, primero en ayuntamientos y comunidades autónomas y después en el Gobierno estatal. En las negociaciones para aquella primera experiencia, de hecho, hubo sectores dentro del espacio confederal que apostaron por un acuerdo de gobernabilidad sin entrar en el Consejo de Ministros. 

La decisión de los comuns también se desmarca de la estrategia marcada por Sumar durante las negociaciones para la segunda coalición progresista. La alianza de partidos entonces liderada por Yolanda Díaz se aseguró un acuerdo programático con los socialistas pero exigió estar en el gabinete de Sánchez con ministerios propios.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han firmado este sábado su acuerdo para la investidura del líder socialista como president de la Generalitat. Lo han hecho la tarde de este sábado en la Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Los dos líderes han estado acompañados de miembros de sendos equipos negociadores. El lugar de la escenificación de la firma es simbólico, ya que es donde antes se aplico la ley de barrios, impulsada por el tripartit. Además, han asegurado que es una zona en la que se han desplegado políticas de vivienda como las que se quieren replicar durante la próxima legislatura.

La firma se ha dado pocas horas después de que las bases de ERC refrendaran el pacto que negociaron los republicanos y, por tanto, una vez la investidura de Illa está ya asegurada -a la espera de la decisión de las juventudes republicanas, que el lunes decidirán el sentido de voto de su diputada.

Los Comuns aprobaron el miércoles su acuerdo con el PSC (con un apoyo del 98,4% de miembros del Consell Nacional que participaron en la votación). Este pacto incluye 50.000 nuevos pisos protegidos, la recuperación progresiva de la sexta hora escolar y la gratuidad de la etapa 0-3 durante la legislatura, así como el compromiso de “no facilitar” macroproyectos como el Hard Rock.

“Esta tiene que ser la legislatura de la vivienda”. Con estas palabras ha celebrado la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, el acuerdo alcanzado por formación y el PSC para que sus seis diputados apoyen la investidura de Salvador Illa. Un acuerdo que se centra en las políticas sociales pero que, como ha defendido Albiach ante el Consell Nacional de su partido, tiene un claro acento en las políticas para garantizar el acceso a la vivienda y, aunque está centrado en lo programático, no cierra la puerta a la entrada de los Comuns al Govern.

Entre los acuerdos que tienen que ver con el derecho a la vivienda, PSC y Comuns han pactado fijar un tope al precio del alquiler de temporada, la reducción de los pisos turísticos, una unidad anti-desahucios o aumentar el parque público en 55.000 pisos más de nueva construcción o por tanteo y retracto a lo largo de seis años, tal como avanzó El Periódico.

En esta misma línea se detalla la necesidad de evitar que hasta 53.000 pisos pierdan la condición de vivienda pública, uno de los asuntos en los que los Comuns ya incidieron en la legislatura pasada. Los dos partidos también acuerdan estudiar un impuesto “a la especulación” y luchar contra los inmuebles vacíos.

Otra de las novedades del acuerdo es que el Govern se compromete a “no facilitar macroproyectos como el Hard Rock” además de revertir la rebaja de los impuestos del juego al 10%, introducida en 2014 para facilitar la llegada del casino. El PSC también ha aceptado este cambio en la fiscalidad en el documento cerrado con ERC, que devolvería el impuesto al 55%, lo que ambos partidos, Comuns y republicanos, consideran que es de hecho el fin del proyecto previsto en la localidad de Vila-seca (Tarragona).

Otro de los focos del documento tiene que ver con el refuerzo de los servicios públicos, en el que se detallan una larga batería de medidas en sanidad o educación. También el transporte público tiene protagonismo en un documento que se compromete a impulsar la conexión de tranvía por la Diagonal de Barcelona, alargar líneas de metro y mantener la actual rebaja de tarifas en todo el transporte.

Las bases de los Comuns, reunidas en el Consell Nacional, han avalado el pacto para investir a Illa prácticamente por unanimidad, con 124 votos a favor y sólo dos abstenciones.

La importancia del acuerdo con la formación de Albiach es que los seis 'síes' de los Comuns, sumados a los 20 de ERC si sus bases acaban avalando el acuerdo, darían al PSC una mayoría absoluta en la Cámara que permitiría a Illa ser investido en una primera votación, sin necesidad de someterse a la segunda vuelta. Esto impondría una velocidad que aprecian tanto los republicanos como los propios socialistas, a los que les gustaría tener un Govern formado y con las carteras repartidas antes de la segunda quincena de agosto, para comenzar a funcionar a pleno rendimiento a la vuelta del periodo estival.

La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha llamado este sábado a no utilizar “el fantasma de la repetición electoral” para, textualmente, marear a la ciudadanía, y ha instado a optar por una mayoría progresista para configurar el nuevo Govern.

Así lo ha apuntado en su intervención en el Consell Nacional de la formación, donde ha garantizado que los suyos trabajarán para conseguir esa entente de izquierdas, que pasa por conseguir que ERC vote favorablemente a una investidura de Salvador Illa.

“Aquí solo hay dos opciones: una es un Govern progresista y la otra es la repetición electoral con la que esta soñando Junts”, ha avisado Albiach. Ha asegurado que los comuns “no especularán, amenazarán ni dejarán caer el fantasma de la repetición electoral. Ya está bien de historias y de marear”, ha dicho.

Ha asegurado que, desde los Comuns, encaran las negociaciones para pactar un nuevo Ejecutivo en Catalunya con optimismo y con exigencia. Se han fijado como objetivos blindar los servicios públicos y “ordenar” el modelo productivo catalán.

También ha fijado como prioridad hacer frente a la crisis del acceso a la vivienda, tras una década en la que el Govern, según ella, no la ha situado al corazón de las políticas públicas.

Los Comuns ya han avisado al PSC de que serán exigentes en los contenidos para un Govern progresista, que “se demuestra con las políticas que hace y no solo con las siglas”, ha dicho Albiach.

La líder del partido también ha tenido palabras para ERC, a quienes ha afeado que rechazaran la oferta del PSC, que les ofrecía presidir la mesa del Parlament. Una opción que contaba con los votos de los comuns. “Fue una oportunidad perdida” y “profundamente decepcionante”, ha dicho. También ha lamentado que ERC y la CUP “regalaran” la presidencia a Junts.

La dirigente del partido también ha aprovechado para anunciar que la Asamblea Nacional de la formación se avanzará a este noviembre (estaba prevista para 2025) y coincidirá así con el proceso de refundación interno de ERC.

Albiach atribuye la decisión a los malos resultados electorales y cree que es la “mejor demostración de la ambición” que tiene el espacio para “conseguir mayorías, transformar y ser vanguardia”.

Los comuns quieren dar la vuelta a la tendencia a la baja que dibujan la mayoría de las encuestas. La candidatura que lidera Jéssica Albiach empezó la campaña para las catalanas de este domingo alrededor de los ocho escaños con los que cuentan ahora mismo en el Parlament, pero la pujanza del PSC de Salvador Illa les ha ido comiendo terreno. Es por eso que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha alertado en el acto de cierre de un posible pacto entre los socialistas y Junts. 

“¿Hemos escuchado a Illa. ¿Quiere pactar con Junts, que son los que aniquilaron los servicios en Catalunya? Los aspectos más graves de esa reforma laboral del PP, ¿sabéis quién los incorporó? Convergencia. Los mismos que hoy son Junts”, ha advertido la líder de Sumar en su discurso en el acto de cierre de la coalición catalana, en Cornellá de Llobregat. “¿Queremos un gobierno progresista con los comuns o queremos un gobierno que gire a la derecha con Junts?”, se ha preguntado.

Díaz ha pedido el voto para Albiach como forma de garantizar ese futuro de izquierdas en Catalunya. Todas las encuestas dan por sentado que Salvador Illa ganará las elecciones, pero arrojan más dudas sobre los posibles pactos de gobierno. Los comuns apuestan por una fórmula de izquierdas, para la que sería necesario también el voto de Esquerra Republicana, también a la baja en los sondeos. 

Pero hay una posibilidad de que, si no hay una mayoría independentista, el PSC opte por gobernar con Junts, un escenario sobre el que se ha especulado durante toda la campaña y al que Illa no ha terminado de cerrar la puerta. “A esas personas que tengan dudas os pido que os movilicéis. Sabemos bien a quién representamos. No somos de Junts. Sabemos bien para quién estamos aquí”, ha repetido Díaz. 

“Los únicos que garantizamos un gobierno de izquierdas somos nosotros”, ha añadido después Albiach, en su discurso de cierra. Nosotros no dudamos. Nosotros no pactaremos ni con Junts ni con Pugidemonts. Hay gente escéptica, agotada, gente a la que el ruido les aleja. Hemos hecho una campaña en positivo. Nos hemos dedicado a hablar de la Catalunya que viene, de los problemas reales de la gente“, ha defendido.

La vicepresidenta segunda ha puesto el Gobierno estatal como un espejo en el que mirarse en Catalunya. “Hoy España es mejor porque hemos subido el SMI y se ha subido porque estábamos en el Gobierno”, ha dicho. “¿Creéis que alguien iba a plantear la reducción de la jornada laboral, que Urtasun si no fuera de Sumar iba a eliminar el Premio Nacional a la Tauromaquia. Por eso hay que ir con decisión con alegría y con esperanza a decir que no todos somos iguales”, ha enfatizado la ministra de Trabajo. 

En el acto de cierre han arropado también a Albiach los principales dirigentes de los comuns. Han estado sobre el escenario el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; el candidato de Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens; o el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler.

“El domingo no decidiremos quién gana sino qué tipo de Gobierno queremos. Hemos demostrado en el Gobierno del estado que quien pone el alma en un gobierno de izquierdas es Sumar. El alma de los gobiernos de izquierdas lo ponemos Sumar y los comuns. Que pongamos la fuerza que no garantiza Salvador Illa para formar un gobierno de izquierdas”, ha dicho a continuación el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. 

“Me entristece tanto ver al PSC tan a la derecha, que no representa a los trabajadores. Necesitamos un PSC que deje de mirar a la derecha y mire a la izquierda. Eso solo pasará si entramos con fuerza en el Parlament de Catalunya”, ha añadido Colau después. “No necesitamos a un PSC y a una ERC disputando el pujolismo”, ha dicho después.

Una ley para eliminar las Golden Visa

Yolanda Díaz ha avanzado además algunas medidas que Sumar impulsará en las próximas semanas como forma de llenar ese “punto y aparte” al que se refirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció después de su pausa que no dimitiría. “Por primera vez antes del verano vamos a reducir la jornada laboral a las  37 horas y media”, ha anunciado la ministra sobre una de las principales banderas de campaña de Sumar. 

La ministra también ha avanzado que el grupo parlamentario registrará próximamente una ley para eliminar las ‘Golden Visa’, los permisos especiales de residencia que concede España a través de la compra de viviendas valoradas en más de 500.000 euros. El Gobierno llevó al Consejo de Ministros hace un mes un informe para eliminarlas pero todavía no ha hecho efectiva esa medida.  “Nosotros no nos conformamos con presentar un informe que nos relate la situación de las golden visa. Desde Sumar vamos a presentar una ley que impida esos permisos de residencia para gente rica que anega nuestros países y barrios con dinero y que hace que tengamos precios imposibles en nuestro país”, ha dicho. 

“Ese punto y aparte lo tenemos que rellenar con el cumplimiento de un derecho fundamental. Se llama vivienda. Se acabó este debate. Por mucho que suba el SMI es imposible pagar un alquiler en cualquier ciudad de nuestro país”, ha proseguido Yolanda Díaz, que ha prometido regular el alquiler de temporada y los alquileres turísticos, que son, ha añadido, los que presionan al alza los precios de “este derecho fundamental”. 

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha hecho este martes en el debate de TV3 uno de los principales anuncios de su campaña. Cuando los aspirantes debatían sobre la seguridad, Illa ha anunciado que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, será su consellera de Interior y que el major Josep Lluís Trapero será director general de los Mossos d'Esquadra (un cargo de designación política) si llega a la presidencia. El candidato socialista había hecho de la seguridad una de sus prioridades en campaña aunque no ha sido hasta ahora que ha desvelado el equipo que que la dirigiría.

El electorado catalán lleva casi dos semanas inmerso en una campaña electoral, pero en todo este tiempo ha tenido difícil hacer una idea de los acuerdos que pueden forjarse tras el 12 de mayo. El debate que han celebrado este martes los ocho principales candidatos en TV3 y Catalunya Ràdio tampoco ha aclarado qué política de alianzas priorizarán los aspirantes que están en cabeza, que según los sondeos son Salvador Illa y Carles Puigdemont, seguidos por Pere Aragonès. Los reproches y vetos cruzados amenazan con hacer imposible sumar la mayoría suficiente para que alguno de los presidenciables logren la investidura.

El debate de de TV3 ha sido el último de los tres televisados que se han celebrado y que deja la carrera hacia el 12M en su recta final, con solo tres días más de campaña y la jornada de reflexión del sábado. La ley electoral impide desde este martes publicar nuevas encuestas en España, aunque algunos sondeos sortean la prohibición publicándose desde otros países. En los últimos días todos los estudios demoscópicos publicados sitúan al PSC en cabeza, seguido de Junts, que se sitúa en segundo lugar y con ERC en el tercero.

El resto de partidos, representados por Ignacio Garriga (Vox), Laia Estrada (CUP), Jéssica Albiach (Comuns), Carlos Carrizosa (Ciudadanos) y Alejandro Fernández (PP), tampoco han mostrado adhesiones incondicionales, aunque algunos de ellos han mostrado sus preferencias. Albiach ha tendido la mano a todas las formaciones de izquierdas, mientras Estrada ha puesto condiciones para sumar en un bloque soberanista. Desde Junts, por su parte, han prometido que de ninguna forma pactarán con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. “Ni por activa ni por pasiva”, ha dicho Rull

Rull y Aragonès, aliados en el pasado, han chocado en diversas ocasiones. En una de ellas, el candidato de Junts ha invitado a ERC a “rehacer la unidad”, porque a su entender solo con el independentismo unido podrá retomarse el hilo del 1-O. Aragonès le ha respondido recordando que fue Junts quien abandonó el Govern y celebrando que la formación de Carles Puigdemont haya pasado “a practicar la negociación [con el PSOE] tras equipararla a una traición”.

Illa también se ha encarado con Fernández, a quien ha reclamado que deje de referirse a él como “mentiroso”. Pero que el candidato del PP se ha reafirmado, asegurando que Illa “juró y perjuró que no daría apoyo a los independentistas y a la amnistía”. “El PP ha instrumentalizado Catalunya para ganar votos en España y ha practicado la guerra sucia”, ha reprochado Illa, que ha contrastado la gestión del procés de Mariano Rajoy con la actual. “Gobernando el PP en Madrid, aquí se vulneró la ley; gobernando los socialistas no se ha vulnerado”, ha apostillado.

En el lado de la derecha, en un contexto en el que las encuestas dibujan un empate entre PP y Vox, Fernández ha cargado contra la “mentira” de Garriga sobre la regularización de migrantes que se está debatiendo en el Congreso, pero que el candidato de la extrema derecha ha dado falsamente por hecha por el apoyo del PP. “La demagogia y el populismo no se pueden aceptar, ya está bien de tanta mentira”, ha zanjado Fernández.

En el debate celebrado un día antes en La Sexta los candidatos ya habían dejado ver que la política de pactos sería uno de los temas más importantes tras el 12 de mayo, debido a los vetos cruzados. Además, como ha ocurrido en TV3, los partidos de izquierdas se intercambiaron en debates anteriores reproches, al tiempo que mostraban las distancias entre sus programas, lo que avanza que tampoco una alianza entre PSC, ERC y Comuns tampoco sería sencilla.

Aragonès, criticado por la sequía

La crisis climática y la sequía han centrado otro de los bloques, uno en el que los candidatos se han enzarzado com más vehemencia. CUP y Comuns han coincidido en acusar a Aragonès de favorecer al sector turístico durante los tres meses en los que ha estado decretado el estado de emergencia. “Ha habido restricciones para el campo, pero no para el turismo”, ha protestado Albiach.

Por su parte, Estrada ha definido la gestión del Govern como “cortoplacista” y ha considerado que se han “precipitado” al levantar este martes las restricciones de consumo de agua, sin haber impuesto freno al consumo de agua del turismo.

“No tienen ni idea de gestionar el agua. Yo tampoco, pero al menos lo reconozco”, ha apuntado con socarronería el candidato del PP, que ha cargado también contra Illa al considerar que los gobiernos del PSC, que acabaron en 2010, tampoco fueron eficaces para prevenir la falta de agua.

Illa ha considerado “arrogante” el comentario de Fernández, y ha lamentado los “bandazos” que, a su juicio, ha dado el Govern de Aragonès por apostar primero por el traslado de agua en barcos desde València para después decidirse por las desaladoras.

Por su parte, Rull se ha posicionado con claridad a favor del proyecto del Hard Rock, en la localidad de Vila-Seca (Tarragona) y ha defendido que el complejo Hard Rock es “un proyecto que pretende reforzar el sector turístico” y que será “un gran centro de convenciones y de turismo familiar” en el sur de Europa. 

El primer debate electoral de cara a las elecciones catalanas del 12M ha mostrado diferencias, vetos cruzados y reproches que abrirán un escenario complicado a la hora de elaborar pactos postelectorales. La conversación, emitida en RTVE este jueves, ha demostrado las divergencias entre partidos independentistas, que no se han quedado cortos en los ataques al candidato socialista, Salvador Illa, favorito en la mayoría de encuestas.

De hecho, Illa sorprendió a sus contrincantes asegurando que se presentará a la investidura. “¿La bloquearán? ¿Qué van a hacer?”, preguntó. A lo que el president actual y candidato de ERC, Pere Aragonès, reprochó que diera por hecha su victoria en los comicios: “Primero vienen las elecciones. Bajemos un poco”, apuntó Aragonès, que reclamó “más respeto por las urnas”.

El debate contó con la presencia de los cabeza de lista de todas las candidaturas con representación actual en el Parlament, a excepción de Junts, que envió -como ya es habitual- a su número 3 Josep Rull. La formación cuenta con su lider, Carles Puigdemont, afincado en Argelers (Francia).

Así, Rull protagonizó momentos de tensión con los otros dos candidatos independentistas; el president Pere Aragonès (ERC) y, sobre todo, con Laia Estrada (CUP).

La líder anticapitalista afeó a Rull que Junts “coquetee” con el mismo PSC que en 2017 se opuso al referéndum del 1-O, a lo que Rull contestó que la CUP es un partido que “había desaparecido” y que en las últimas semanas “ha vuelto de manera abrupta”.

Esta afirmación provocó el enfado de Estrada, que replicó que la izquierda independentista “no ha abandonado las calles nunca”. Esto sirvió para que Rull le recriminara a la de la CUP que no tuviera en cuenta su paso por la cárcel.

Con todo, Estrada intentó acabar con el rifirrafe asegurando que el “Estado busca precisamente que los independentistas se tiren los trastos a la cabeza”, pero Rull no cejó y contestó: “Es lo que está haciendo usted”.

Por su parte, el president Pere Aragonès también puso en duda la credibilidad de Junts, recordando que Puigdemont aseguró en su día que nunca haría presidente a Pedro Sánchez. Igualmente, también afeó a sus rivales que no firmaran el pacto antifascista contra Vox y Aliança Catalana, pacto que sí cuenta con la rúbrica de ERC, Comuns Sumar y la CUP.

Sobre el escenario complejo y lleno de vetos de cara a los pactos postelectorales, Jéssica Albiach (comuns) recriminó a Illa que haga “piruetas” para no aclarar si le parece una posibilidad llegar a un acuerdo de gobierno con Junts.

La líder de Comuns Sumar reiteró que los de Puigdemont son una “refundación” de Convergència y que, por tanto, simbolizan sus recortes, el “rechazo a reconocer que Palestina sufre un genocidio”, así como que están a favor de rebajar impuestos a las grandes fortunas, “igual que hace Ayuso”, en referencia a la presidenta de Madrid.

Diferencias sobre el referéndum pactado

El debate tuvo cuatro bloques, dedicando el tercero a la amnistía y a la cuestión territorial. Salvador Illa fue el encargado de abrir la conversación y apostó por “abrir una nueva etapa” para “normalizar políticamente y socialmente a Catalunya”. Así mismo, reconoció que no ha sido “cómodo” defender la amnistía en el resto de España.

A esto, Aragonès recordó al líder socialista que él mismo decía no a la amnistía hace unos meses y la ha acabado defendiendo. Por eso, el actual president se mostró seguro de que Illa acabará aceptando el referéndum pactado, siempre que las fuerzas independentistas tengan “fuerza política”, en un claro guiño a Junts. Así, celebró que los de Puigdemont se “sumen” a las negociaciones en Madrid. “Rectificar es de sabios”, dijo.

Rull aseguró que, aunque la amnistía parecía imposible, “cuando hay capacidad de negociar e influir, se pueden conseguir cosas imposibles”. Pero insistió en que “no hay que dialogar” con España, sino “negociar”.

Aquí, Estrada protagonizó otro momento de discrepancia entre fuerzas independentistas, al desmarcarse de las estrategias de Junts y ERC. Aseguró que el 1-O “desbordó” a España y reprochó a los que quieran ir a Madrid a negociar. “El referéndum no saldrá adelante si lo dejamos en manos del PSOE”, dijo, destacando la necesidad de “recuperar el foco desde aquí”. Así mismo, reclamó a sus rivales nacionalistas que dejaran de “vender humo”. “¿Por qué hacen propuestas que nos hacen retroceder?”.

La derecha carga contra Illa

El arco del PPC, Cs y Vox también cargó contra el PSC por haber aprobado la amnistía, una ley que, según el candidato popular, Alejandro Fernández Díaz, “ha dividido a la sociedad catalana”. “¿Usted ha visto reconciliación?”, preguntó. También acusó al socialista de “supeditar los intereses de Catalunya a los de Pedro Sánchez.

La opinión fue compartida por el número uno de Cs, Carlos Carrizosa, que afirmó que “la amnistía no ha servido ni para pacificarlos ni para pararlos”. Igualmente, dio por hecho que Illa, así como “fue el primero en dar el sí a la amnistía, será el primero en decir sí al referéndum”.

Finalmente, el partido de extrema derecha reprochó a los socialistas que “normalicen” a aquellos que “dieron un golpe de estado”.