Hard Rock, el casino de la discordia que entorpece el acuerdo para los presupuestos entre ERC y PSC

La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos llegaba a España en forma de pinchazo de la burbuja inmobiliaria, por lo que todos los gobiernos estaban necesitados de buenas noticias económicas. A principios de la década pasada, el gigante del juego Las Vegas Sands buscaba un lugar donde emplazar lo que llamaban “Eurovegas” y la Generalitat presidida entonces por Artur Mas, que se describía como 'business-friendly', se agarró a aquella oportunidad como una de sus propuestas estrella. 

Difícilmente podría imaginar entonces que, una década después, ese proyecto, al que luego se le llamó BCN World y, más tarde, Hard Rock, sería el principal escollo que entorpece el acuerdo de presupuestos entre ERC y PSC.

Tanto los socialistas como Junts reclaman ahora al Govern de Pere Aragonès un “compromiso político” explícito para conseguir que el macro complejo de turismo y juego se materialice. Los republicanos, que nunca se han entusiasmado por la idea del Hard Rock, se revuelven y aducen que el proyecto sigue los necesarios trámites administrativos y que, de todas formas, su puesta en marcha no se incluye en las partidas de los presupuestos que se están negociando.

Pero para el PSC el Hard Rock es sobre todo el símbolo de que la Generalitat vuelve a ser aquella administración favorable a los negocios y a la promoción económica, una senda que a su juicio abandonó por el procés. Por eso, junto al complejo turístico en la localidad de Vila-seca (Tarragona), los socialistas también reclaman al Govern compromisos en otras iniciativas ligadas al cemento, como la ampliación del Aeropuerto de El Prat o la autovía conocida como el cuarto cinturón.

A favor de su petición de dinamizar el Hard Rock, los socialistas tienen a la patronal, a los hosteleros y a los dos ayuntamientos directamente afectados por el complejo, Vila-seca y Salou. Sin embargo, el que se propone ser uno de los espacios recreativos más grandes de Europa tiene enfrente a ecologistas y a la plataforma Aturem el Hard Rock y, de forma más matizada, despierta dudas en los sindicatos. Mercè Puig es la secretaria general de CCOO en Tarragona y recuerda que, cuando ella accedió a ese cargo, la idea del complejo turístico ya llevaba tiempo anunciada. Su sindicato siempre ha puesto en duda las grandes cifras de empleo que esgrimen los impulsores, que han llegado a hablar de hasta 20.000 puestos de trabajo.

“Nosotros no podemos posicionarnos a favor ni en contra por la sencilla razón de que no conocemos qué se pretende hacer. Después de todo lo que ha pasado en ocho años, nadie nos ha llamado para explicarnos si el proyecto sigue adelante tal como estaba, si se ha modificado, reducido o adaptado, ni en qué medida”, explica Puig. Por eso desde el sindicato mayoritario reclaman conocer qué inversiones se proyectan, cuántos puestos de trabajo y de qué calidad. “Si hay trabajo, a mí me da igual si es en el sector servicios, industria, limpieza o turismo. Lo que sí me importa es la calidad del trabajo, que la empresa cumpla los convenios, pague a sus trabajadores y que sea seria”, afirma.

Un plan que no acaba de arrancar

La historia del complejo recreativo de Vila-seca es larga y con curvas, como demuestra el hecho de que haya tenido hasta tres sobrenombres. Inicialmente se llamó Eurovegas, aunque el promotor de aquella idea, Las Vegas Sands, pronto se decantó por un emplazamiento en la Comunidad de Madrid donde finalmente tampoco se llevó a cabo. A finales de 2012 la empresa Veremonte tomó el relevo y presentó una idea bajo el nombre de BCN World. La idea seguía siendo la misma que la anterior: un macrocasino de 30.000 metros cuadrados, otros 425.000 destinados a plaza hotelera, 50.000 más de espacio comercial y 120.000 de grandes espacios para eventos. Todo ello comportaría, calculan, unos 5.000 millones de euros de inversión.

En el caso de Veremonte el emplazamiento estaba claro: debía realizarse al lado de Port Aventura, uno de los parques de atracciones más grandes de Europa, en un unos terrenos rústicos que CriteriaCaixa, propiedad de la Fundación La Caixa, había ido adquiriendo décadas atrás y que estaba dispuesta a vender si se recalificaban. Veremonte afirmaba que podía asegurar la inversión y la Generalitat puso facilidades en forma de modificaciones legislativas, como la rebaja de los impuestos del juego del 55% al 10%, medida que entraría en vigor con el inicio del funcionamiento de BCN World.

Pero las cosas se empezaron a torcer cuando la tramitación del plan director urbanístico (PDU) se alargó debido, entre otras cosas, a la complejidad de encajar los cambios de usos del suelo a la legislación nacional y a las normas comunitarias, también en materia medioambiental. En 2015 los rumores de que Veremonte podría abandonar la operación se confirmaron. La Generalitat corrió a buscar inversores y acabó reuniendo a tres candidatos: la china Melco, la tradicional casa catalana de casinos Peralada y la americana Hard Rock. El pánico cundió en 2017 cuando los dos primeros se retiraron y el único que mantuvo la apuesta fue el grupo que tiene como emblema los hoteles con forma de guitarra eléctrica.

“La Generalitat necesitaba retener a Hard Rock, así que hizo un plan urbanístico a la medida de sus intereses, cambiaron la ley para concederles una licencia de casino… En fin, hicieron lo que les dio la gana”, denuncia Eloi Redón, portavoz de la plataforma Aturem Hard Rock. Las facilidades llegaron a tal punto que la Generalitat aceptó hacer de avalista entre la vendedora de los terrenos, CriteriaCaixa, y la compradora, Hard Rock, de forma que la administración tiene la obligación de desembolsar 120 millones según se apruebe el PDU, mientras que la promotora puede bajarse de la operación si se acabase modificando el proyecto tal como ellos lo planean.

De hecho, que el proyecto se acabe teniendo que modificar es algo más que una riesgo remoto. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia catalán anuló parcialmente el plan urbanístico del complejo, lo que obligó a la Generalitat a tratar de reencajar de nuevo los usos del suelo sin afectar el proyecto de edificación. Un sudoku que por el momento el Departamento de Territorio no ha resuelto y que sigue en fase de tramitación.

Oportunidad de futuro o proyecto desfasado

El ayuntamiento de Vila-seca ha presentado 21 alegaciones al borrador del PDU de la Generalitat. Podrían parecer muchas pero, según el alcalde Pere Segura, son las habituales. “El proyecto nos encaja perfectamente, pero queremos que se tenga en cuenta cuestiones de movilidad, medioambiente...”, explica. Con todo, su apoyo a la llegada del complejo es total. “Nos ayudará a transformar el turismo, a desestacionalizarlo y a dirigirlo hacia el mundo cultural y del espectáculo. También obviamente hacia el mundo del juego, que tiene mucho tirón en Asia, pero esta no es la parte central para una empresa como Hard Rock, que vive sobre todo de la música”, aduce Segura, alcalde de Junts y que gobierna en coalición con el PSC.

La mayoría de los defensores del proyecto en el Camp de Tarragona aluden a esta necesidad de desestacionalizar el turismo que recibe la zona, muy centrado en Port Aventura. “Somos un destino muy familiar y por tanto muy vinculado a las vacaciones escolares de verano. Hemos buscado actividades para todo el año, por ejemplo con eventos deportivos, pero necesitamos otros proyectos que generen trabajo más estable y durante los 365 días al año”, explica Berta Cabré, presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo (FEHT) de Tarragona.

En un sentido similar, los empresarios consideran que el complejo pondrá Vila-seca y Salou en el mapa mundial del turismo de compras, algo que ahora mismo está muy centrado en Barcelona. “El proyecto se ha transformado como debía transformarse, menos plaza hotelera y menos casino, y más parte de shopping. Creemos que ha encajado desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y social y conforme a las necesidades que teníamos”, argumenta Cabré.

Con nada de lo anterior está de acuerdo Eloi Redón, de Aturem Hard Rock, la plataforma que agrupa el movimiento de vecinos y activistas contrarios al complejo. Según explica Redón, sus objeciones se resumen en cuatro ejes: ser un “modelo económico obsoleto”, los problemas medioambientales que comporta por su emplazamiento, el problema del juego y la ludopatía y, por último, lo que bajo su criterio sería un “pelotazo” para Caixabank gracias a la venta asegurada por la Generalitat.

“Uno de los principales problemas es que perpetúa un modelo de turismo de masas que ya está muy desarrollado en la Costa Dorada y que ha traído consecuencias nefastas”, asegura Redón, que expone que la zona de Salou no ha parado de crecer en visitantes hasta alcanzar los dos millones en 2019 mientras, en paralelo, el poder adquisitivo de la población descendía, hasta llegar a una renta familiar media un 25% por debajo del resto de la comarca.

Desde esta plataforma también ponen el foco en la cuestión medioambiental, debido a que las edificaciones afectarían de lleno dos zonas que forman parte de la europea Red Natura 2000, como son la Sequia Major y el Prat d'Albinyana. “Es un ataque sin precedentes a una de las ultimas zonas protegidas de la comarca”, resume Redón.

La pelota, en el tejado de la Generalitat

Tanto las organizaciones empresariales como los alcaldes de Vila-seca y Salou vienen reclamando con insistencia a la Generalitat que desencalle la tramitación del plan urbanístico para dar luz verde al inicio de las obras. “A lo largo de la década pasada las culpas del retraso pueden estar más repartidas, pero ahora mismo quien lo está parando es la Generalitat”, subraya contundente el alcalde de Vila-seca, que reclama que el Govern trabaje con premura, se marque unos plazos y “corrija lo que haya que corregir”. Su postura se asemeja a la que, a nivel catalán, mantiene tanto Junts, su partido, como el PSC. Ambos han puesto como condición a Aragonès, no que desencalle la tramitación del plan urbanístico, pero sí que se comprometa públicamente con el proyecto.

Por su parte, el Govern guarda silencio sobre el Hard Rock, a la espera de que lleguen los informes preceptivos de varias consellerias. Uno de los más importantes, el de Acción Climática, es por el momento desfavorable, al entender que la última modificación del plan urbanístico no cumple los requisitos ambientales, tal como reveló hace unos meses el diario Ara. Sin embargo, el documento puede modificarse para encajar en las condiciones del supervisor, algo que en su momento el Govern dio a entender que estudiaba.

“El Hard Rock sigue los trámites administrativos que le corresponden, está encarrilado y se hará”, aseguró Oriol Junqueras está semana en una entrevista en 8tv. Aunque no es una voz del Govern, sí es una de las pocas veces que un dirigente de ERC se ha posicionado con más contundencia en público sobre el futuro del macrocomplejo desde que tienen la presidencia. Si con ello los republicanos han convencido a los socialistas es una incógnita que puede despejarse esta misma semana si finalmente hay acuerdo de presupuestos.