ERC cierra un preacuerdo con el PSC para investir a Illa que votarán sus bases el viernes

Salvador Illa ha dado este lunes un paso de siete leguas en su carrera hacia la presidencia de la Generalitat. ERC ha cerrado un preacuerdo con el PSC por el que acepta apoyar la investidura a cambio de cambios sustanciales en las financiación de Catalunya que según los republicanos supone la salida de Catalunya de la financiación de régimen común, con un sistema de concierto similar al vasco y navarro. Además se ha acordado crear una consejería de política lingüística y un nuevo impulso a la llamada resolución del conflicto político a través de una convención de partidos catalanes. Con todo, el acuerdo debe superar ahora el examen más difícil de todos: someterse a la votación de las bases republicanas.

Finalmente el preacuerdo se ha cocinado a dos bandas, por un lado con el PSC, con el que se lleva semanas discutiendo el conjunto del documento, pero también con el Ministerio de Hacienda, encargado de avalar tanto la fórmula de la financiación como de dar las garantías de cumplimiento del acuerdo. De hecho este lunes la dirección de ERC no ha dado luz verde al preacuerdo hasta que no ha cerrado los últimos flecos con representantes del Gobierno central, que han acabado convenciendo de su palabra a la mayoría de los dirigentes republicanos.

Aunque finalmente se ha rubricado el pacto, la reunión de la ejecutiva, de cerca de ocho horas, no ha sido pacífica, ya que varios dirigentes han apostado por continuar negociando para afilar más el documento.

La plana mayor de ERC ha comparecido en una rueda de prensa en la que la portavoz de ERC, Raquel Sans, que ha puesto el acento en el acuerdo alcanzado sobre la financiación de la Generalitat. Siempre según ha indicado la portavoz, el acuerdo incorpora, por un lado, que la Agencia Tributaria de Catalunya, creada en 2007, acabe recaudando todos los impuestos, en un proceso gradual que comenzaría con la tributación del IRPF del próximo año. 

Pero, además de la mera recaudación, los republicanos afirman que la Generalitat saldrá de la ley de financiación de régimen común para pasar a una situación de concierto económico. En ese marco, Generalitat y Estado negociarían bilateralmente el pago de los servicios que la administración general en Catalunya, el llamado “cupo” en el caso vasco, además de un fondo solidario, mientras que el resto de recursos se quedarán en la Generalitat. Por el momento el Ministerio de Hacienda no ha confirmado ninguno de estos extremos.

El preacuerdo deberá ser ratificado ahora por las bases de ERC, en una consulta que se celebrará el próximo viernes, día 2 de agosto, de forma telemática y presencial en las sedes. Una votación que llega en un momento de crisis en el partido y que se ha abierto en canal mientras negociaba la investidura. No solo ha estallado el conflicto larvado desde hacía meses entre el presidente de la formación, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Marta Rovira, por los sucesivos reveses electorales. El escándalo de la campaña de falsa bandera de los carteles sobre el alzheimer de Maragall ha situado a ERC en las peores prácticas de la política, de las que siempre había propugnado huir.

La situación interna del partido es lo que en estos momentos produce más preocupación en el PSC, que temen que parte de la militancia pueda votar contra el acuerdo como protesta contra la dirección de ERC. Las bases deberán debatirse entre apoyar el preacuerdo para evitar una repetición electoral que ERC no desea o emplear la votación para mostrar su rechazo a la dirección interina del partido que pilota Marta Rovira hasta el congreso del próximo otoño, en el que Junqueras opta a la reelección como presidente pero la secretaria general dejará la primera línea orgánica.

Las negociaciones, que han coordinado Rovira y la vicesecretaria primera del PSC, Lluïsa Moret, han tenido como mayor nudo la financiación. Los republicanos reclamaban avanzar hacia un nuevo modelo de financiación para Catalunya equiparable al concierto foral vasco y navarro, mientras que los socialistas apostaban por el consorcio tributario entre Hacienda y la Generalitat contemplado en el Estatut. 

Las conversaciones se han desarrollado con una presión 'in crescendo' de Junts, cuyo objetivo era una repetición electoral, la única opción para que Puigdemont pudiera intentar ser investido tras la pérdida de la mayoría independentista. Al redoblado anuncio sobre su regreso, Puigdemont añadió un serio aviso al Gobierno en la recta final de la negociación entre socialistas y republicanos, cuando sus diputados en el Congreso tumbaron varios proyectos clave del Ejecutivo.

A la maniobra de Junts respondieron el PSC y ERC con un carrusel de acuerdos institucionales para intentar mostrar que el Ejecutivo sí es fiable y que cumple los pactos. En una semana, se firmaron hasta tres avances en traspasos acordados en noviembre del año pasado para que ERC diera sus votos a Pedro Sánchez para ser investido.

A la puesta en marcha de los trabajos para traspasar la primera línea de Rodalies de Barcelona en 2025 le siguió otro gesto de aproximación entre socialistas y republicanos: la transferencia de 1.520 millones en los próximos tres años a la Generalitat, 1.058 de ellos vinculados con Rodalies y 450 para I+D, partidas que respondían al pacto PSOE-ERC en el Congreso.

La puesta en escena del acercamiento se completó con la reunión de presidentes en Barcelona del pasado miércoles. Pedro Sánchez y Pere Aragonès quisieron dar solemnidad al traspaso a la Generalitat de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un encuentro institucional que supuso la antesala del pacto para investir a Illa.