La Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yuste y el Comité Europeo de las Regiones han aplazado la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, otorgado al Comité Europeo de las Regiones, al 25 de mayo. La decisión se toma después de que Adelante Andalucía presentara una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC), ya que en este acto el rey Felipe VI le iba a dar el galardón al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), a su vez vicepresidente del Comité, en una ceremonia que iba a tener lugar en principio el 12 de mayo, a cinco días de las elecciones.

Ante este recurso, en el que la formación solicitaba la cancelación de la entrega del galardón, y ante “cualquier controversia o utilización política del premio”, se ha optado por el aplazamiento consensuado por las partes, y habiendo sido informada la Casa de Su Majestad el Rey.

El propósito de este aplazamiento responde a la “salvaguarda del prestigio y la solvencia internacional” del Premio Carlos V, que lleva entregándose más de tres décadas, así como “proteger la solemnidad de la ceremonia ante cualquier intención espuria o que enturbie el fundamento de estos galardones”, indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

El Ejecutivo regional subraya, en todo caso, que esta edición del Premio Carlos V ha recaído en una institución europea, y no en ninguna figura política concreta. De hecho, el fallo del jurado hace referencia expresa a que, “en tiempos de complejidad y polarización, el Comité de las Regiones ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación”.

“Acto electoral con el rey”

Adelante Andalucía había anunciado este jueves un recurso ante la Junta Electoral por este acto, sustentándolo en que el acto de entrega estaba previsto a cinco días de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía. “No queremos rey, pero si lo tenemos que al menos no se dedique a hacer campaña por el PP”, denunciaba la formación política.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, argumentó que “el rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral, es un acto de campaña”, antes de incidir en que “la Casa Real no puede hacer campaña por ningún candidato, ni siquiera por el PP”.

El anuncio de la entrega lo hizo el miércoles la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola (PP). El Gobierno extremeño justificó la entrega del galardón a la Comisión Europea de las Regiones con el argumento de que “encarna la unidad en la diversidad, lo que sustenta la integración europea”. Concretamente, la presidencia del Comité Europeo de las Regiones para el mandato 2025-2030 recae en la húngara Kata Tütto, con Juan Manuel Moreno como vicepresidente, dos representantes de países distintos y pertenecientes a distintas familias políticas europeas que se unen en un mandato inspirado por los valores de la Unión.

El rey Felipe VI entregará al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), el próximo 12 de mayo, cinco días antes de las elecciones andaluzas. Se trata del XIX Premio Europeo Carlos V, que concede la Fundación Yuste y que en esta edición ha recaído en el Comité Europeo de las Regiones, organismo europeo del que Moreno es ahora vicepresidente y de ahí que recoja el galardón. Adelante Andalucía ha denunciado al monarca y al presidente andaluz por este acto ante la Junta Electoral de Andalucía (JEC), alegando que “no queremos rey, pero si lo tenemos que al menos no se dedique a hacer campaña por el PP”.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola (PP), ha sido la encargada de comunicar el fallo del jurado. El premio está previsto que lo recoja Moreno –todavía no está oficialmente confirmada su presencia– acompañando a la actual presidenta del Comité Europeo de las Regiones, la húngara Kata Tütto, quien desde 2019 es miembro de la Asamblea de Budapest.

La entrega del premio la protagoniza el rey Felipe VI en su condición de presidente de honor del Patronato de la Fundación Yuste y la motivación del recurso de Adelante se sustenta en que el acto de entrega será el martes 12 de mayo en el Monasterio de Yuste (Cáceres), a cinco días de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas el día 17. La presidenta del Patronato de esta Fundación es la propia presidenta extremeña, María Guardiola.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado ese recurso en una nota, con la que ha argumentado que “el rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral, es un acto de campaña”, antes de argumentar que “la Casa Real no puede hacer campaña por ningún candidato, ni siquiera por el PP”.

“Lo mínimo es que mantenga su neutralidad”

La exigencia de Adelante Andalucía se dirige a que el acto sea desconvocado formalmente. “Por supuesto nosotros no estamos de acuerdo con que exista la monarquía, con que exista el rey y no querríamos el apoyo del rey, pero nos parece que ya que existe el rey y ya que existe la monarquía lo mínimo es que mantenga su neutralidad y más ante unas elecciones”, ha concluido el candidato de Adelante Andalucía.

“Lo que pasa es que el PP siente que las instituciones son su cortijo”, ha apostillado en este sentido, mientras ha señalado “la falta de neutralidad de la Casa Real”.

María Guardiola dio a conocer en rueda de prensa este miércoles el fallo del XIX Premio Europeo Carlos V, que este año se entregará al Comité Europeo de las Regiones con el argumento de que “en tiempos de polarización y de complejidad política” como los actuales, este organismo “ha sabido promover el diálogo, el entendimiento, la cooperación entre realidades muy diversas”.

“¿Eso sí se puede hacer?”

Adelante ha seguido señalando a la Casa Real que ha contrastado con “la estricta actuación de la Junta Electoral”, de la que ha recordado que en el caso de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla ha prohibido la emisión del documental Salud No Responde de las Mareas Blancas por cuanto su emisión estaba prevista en el Teatro Municipal de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe y ha considerado el escenario como una demostración de la falta de neutralidad de las instituciones, en este caso, el Ayuntamiento mairenero.

“Hace apenas dos días la Junta Electoral ha prohibido la proyección de un documental de las Mareas Blancas en Sevilla, simplemente porque su contenido es crítico con la gestión sanitaria del PP y dicen que eso no se puede hacer en un centro cívico. No se puede hacer porque eso atenta contra la neutralidad, ya que estamos en la precampaña de las elecciones”, ha argumentado José Ignacio García, antes de preguntarse de forma retórica si “darle un premio a uno de los candidatos por parte del rey de España a cinco días de las elecciones, ¿eso sí se puede hacer?”.

Guardiola defendió el miércoles que los miembros del Comité Europeo de las Regiones son elegidos por los ciudadanos, ya que son alcaldes, presidentes autonómicos, responsables locales, responsables regionales que “conocen de primera mano las necesidades de los ciudadanos”, por lo que otorgar el Premio Carlos V a este organismo reivindica que las regiones no son “la periferia de Europa”, sino una “parte esencial de su núcleo”.

Juan Manuel Moreno hace gala a menudo de ser un político “previsible” y la elaboración de las listas electorales del PP andaluz para los comicios del 17 de mayo confirman esa definición. El presidente de la Junta volverá a ser candidato por Málaga, su provincia de origen, y ha refrendado su confianza en todos los consejeros de su Gobierno, situándolos en los puestos de salida de sus respectivas provincias, para garantizar así su continuidad en el Parlamento la próxima legislatura.

El Comité Electoral del PP de Andalucía ha aprobado este miércoles las listas electorales en las ocho provincias, que encabezarán cuatro mujeres y cuatro hombres. Además de Moreno por Málaga, las candidaturas estarán lideradas por el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, por Almería; el titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, por Cádiz; el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, por Córdoba; la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, por Granada; la titular de Igualdad, Loles López, por Huelva; la consejera de Medio Ambiente, Lina García, por Jaén; y la responsable de Cultura, Patricia del Pozo, por Sevilla.

El resto de consejeros también tiene asegurado su escaño, así como el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que va de número tres por Córdoba, y el titular de Justicia, José Antonio Nieto, de número cinco por esta provincia. La responsable de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ocupa la segunda plaza de Málaga, por detrás de Moreno; y los puestos cuatro y cinco en esta provincia son para la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y para el de Turismo, Arturo Bernal.

La consejera de Educación, Carmen Castillo, es la número dos por la provincia de Almeria, y el responsable de Economía e Industria, Jorge Paradela, que entró como cuota independiente en el Gobierno de Moreno la pasada legislatura, es el número dos por la provincia de Sevilla.

El PP ha contado con una amplísima mayoría absoluta de 58 diputados en esta legislatura y muchos de ellos repiten en las listas electorales. Están en puestos de salida algunos presidentes provinciales, como el de Huelva, Manuel Ándres González, o el de Jaén, Erik Domínguez; y Almería (Fernández-Pecheco, en sustitución de Javier Aureliano, que dimitió tras ser detenido por un presunto caso de amaño de contratos públicos en la Diputación Provincial).

También repiten veteranas diputadas como la gaditana Ana Mestre, vicepresidenta de la Cámara en esta legislatura; el malagueño José Ramón Carmona; el almeriense Pablo Venzal o las cordobesas Beatriz Jurado y Araceli Cabello. En la lista de Sevilla entra la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento, Minerva Salas, defenestrada por el alcalde José Luis Sanz; y hay dos ausencias destacadas, la del presidente provincial y delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez (que sí estuvo en las listas de 2022 y dimitió para ocupar el cargo institucional que ahora ostenta); y la expresidenta del partido, Virginia Pérez.

“Se trata de una apuesta por la experiencia política y la gestión de los últimos años, ya que siete de los cabezas de lista forman parte como consejeros y consejeras del actual gobierno autonómico y el octavo, Antonio Repullo, actualmente secretario general del PP de Andalucía, fue delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Córdoba en la legislatura anterior”, ha explicado el partido.

El presidente del Comité Electoral, Antonio Sanz, ha destacado la “diligencia” con la que el PP de Andalucía ha solventado este “trámite importantísimo”, lo que a su juicio representa “una muestra más de la unidad, la serenidad y la estabilidad que reina en el PP de Andalucía, que es la misma de la que hace gala nuestra comunidad autónoma”.

Sanz las describe como unas candidaturas “sólidas, preparadas y con una clara vocación de servicio”, con las que el partido afronta las elecciones “desde la confianza, la estabilidad y la responsabilidad”, con el objetivo de seguir consolidando el proyecto de Moreno en Andalucía.

“Al PSOE de Andalucía siempre se le ha dado mal la gestión de las expectativas. De las malas expectativas”, dice, con sorna seca, un veteranísimo del socialismo andaluz, ya en la retaguardia “militante”.

El PSOE andaluz es conocido por todos como un partido “ciclotímico”, propenso a los altibajos emocionales, sobre todo desde que discurre por la angosta senda de la oposición, tras ostentar el poder casi 37 años consecutivos.

Un día surfean en éxtasis la ola del “efecto Montero”, cuando el partido se encomendó a la mujer con más poder institucional de España como secretaria general y candidata en Andalucía (“Hemos elegido lo mejor que tenemos porque vamos a por todas”); y al día siguiente, vuelven a caer en depresión, cuando las primeras encuestas post Montero no arrojan el resultado esperado.

Ese socialismo andaluz, hogar de unos 40.000 militantes, se ha topado de bruces, este martes, con un inesperado fuego amigo: un sondeo de intención de voto del CIS para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que su líder y candidata, María Jesús Montero, conocía, pero muchos de sus acólitos no.

El instituto demoscópico del Gobierno de Pedro Sánchez -el más potente del país- ha enfriado las expectativas de la candidata socialista, situándola diez puntos por debajo en intención de voto del claro favorito, el popular Juan Manuel Moreno, a un mes y medio para las urnas. Es el primer sondeo de peso que se publica desde que se convocaron las elecciones, el 23 de marzo.

De los datos del estudio, además, se desprende que Moreno tira de la marca PP hacia arriba, mientras Montero arrastra la marca PSOE hacia abajo (el partido del puño y la rosa aún despierta entre los andaluces más “simpatía” que el PP, único parámetro en el que les ganan). Casi el 53% de los encuestados responde “Juanma Moreno” cuando se les pregunta quién prefiere que les gobierne, frente al 22,6% que elige a Montero.

El 45,7% de los encuestados ve al popular “más preparado para gobernar”, más “honesto” (39,5%), más “sincero”(40,2%), más “fiable” (42,3%) y más “dialogante” (47%), atributos que la socialista -exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda durante ocho años- sólo inspira al 21,3% (preparada), al 18,3% (dialogante) y al 16,5% (fiable).

El CIS propone también una serie de méritos de un dirigente y pide a los encuestados que identifiquen esos valores con los candidatos: quién tiene más proyecto e ideas claras; más pragmatismo, iniciativa y capacidad de gestión para resolver problemas; quién tiene más sensibilidad, más conocimiento de los problemas de Andalucía y más visión de futuro. Moreno puntúa en todas por encima del 43%, mientras la cota más alta de Montero es el 23% en “capacidad de gestión”.

La exvicepresidentea del Gobierno fue consejera de la Junta de Andalucía, primero de Sanidad, luego de Hacienda, durante 14 años, con los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Los últimos ocho años ha sido un pilar del Ejecutivo de Sánchez, desde donde ha impulsado la quita de deuda autonómica y una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, ambas beneficiosas en términos absolutos para Andalucía.

A tenor del resultado de esta macroencuesta, incluso sus dotes como gestora de lo público tras más de dos décadas en gobiernos está muy desgastada entre los andaluces.

Fidelidad y trasvase de votos

Moreno mantiene la fidelidad del voto al PP en un 80,7% respecto a quienes le apoyaron hace cuatro años, en las autonómicas de 2022, sin embargo, Montero retiene al 66,3% y pierde casi un 20% de los votantes que logró su predecesor, Juan Espadas, en beneficio de otras opciones políticas -el PP (8,7%), Por Andalucía (5,9%) y Adelante (5,3%)- pero sobre todo de electores que se van a la abstención (15,6%).

Esta foto fija, avalada por más de 6.000 entrevistas, ha pillado a los socialistas en mitad de su particular “Semana de Gloria”, como ha bautizado una dirigente de la ejecutiva regional del PSOE-A al tortuoso proceso de elaboración de las listas electorales en las ocho provincias andaluzas.

Entre el lunes y el martes, las asambleas locales del partido han debatido los mejores candidatos para enviar al Parlamento andaluz. Este miércoles cada comité provincial del PSOE elevará una propuesta de lista a la dirección regional, que podrá ratificarla o modificarla para su aprobación definitiva, el próximo viernes, en el Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos.

El forcejeo entre las familias, corrientes, oficialistas y críticos del PSOE en cada una de las ocho provincias de Andalucía se ha intensificado tras el varapalo del CIS, que deja poco espacio para el optimismo. Los socialistas están hoy en su suelo electoral, tienen 30 de los 109 diputados en el Parlamento. Con la llegada de Montero, aspiraban a alcanzar 38, uno más por cada provincia, disputando los restos al PP de Moreno, que en 2022 se hizo con el último escaño en prácticamente todas las circunscripciones.

Hoy esas expectativas están congeladas. Hay tensiones por acaparar los principales puestos de salida prácticamente en todas las provincias, a pesar de que Montero y su secretario de Organización, el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, ya habían tanteado a los ocho secretarios provinciales durante la Semana Santa, tratando de consensuar las candidaturas y evitar “el espectáculo público de un partido abierto en canal”.

Las fricciones perduran en los ocho territorios con más o menos intensidad. La dirección regional pidió a los secretarios provinciales que ostentan algún cargo institucional incompatible con ocupar un escaño en el Parlamento andaluz [Granada, Almería y Córdoba] que no entraran en las listas del 17M para evitar la lectura de que “toman posiciones” para sustituir a Montero tras las elecciones, en caso de que el resultado sea muy malo.

El CIS ha revelado que las expectativas del PSOE en las autonómicas es peor que en unas generales, con Sánchez de candidato. Cuando se pregunta a los 6.000 encuestados andaluces a quién votará en las generales, el PSOE vuelve a imponerse al PP como la primera opción con el 27,7% frente al 25,4%, un vuelco que no logran los socialistas en las autonómicas. En el recuerdo de voto, el 35,3% lo hizo por el PSOE en las generales de 2023, frente al 26,4% que apoyó al PP (pese a que los populares ganaron las legislativas en Andalucía).

En principio, el planteamiento de la dirección regional a los ocho secretarios provinciales fue “bien recibido”, pero ha añadido una nueva variable a un puzle ya de por sí difícil, con fuertes discordias internas en Cádiz, Córdoba y Jaén (en esta última concurrirá el presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, que dejará su cargo al líder provincial, Juan Latorre), y de menor intensidad en Almería, Granada y Huelva.

Más preparado, dialogante y fiable

Hace apenas tres semanas, el PSOE celebraba el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo, que proyectó una victoria de los socialistas en las elecciones generales, a 8,5 puntos del PP, y un significativo estancamiento de Vox. El instituto que dirige José Félix Tezanos usó en aquel sondeo 4.016 entrevistas, con un nivel de confianza del 95,5%.

Este martes, el CIS ha publicado el estudio ‘Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones’, que va mucho más allá del título y radiografía las debilidades y fortalezas de los partidos y los candidatos que concurren a las elecciones andaluzas. La macroencuesta se realizó entre el 12 y el 26 de marzo (Moreno disolvió el Parlamento el 23 de marzo).

Tezanos utiliza aquí más entrevistas de las que suele usar en los barómetros mensuales del CIS (6.016 encuestados), con un margen de error inferior. La encuesta empieza preguntando a los andaluces cómo se han visto afectados por el tren de borrascas del pasado enero, pero termina indagando por su opción de voto para las autonómicas, la valoración de los candidatos y su capacidad de gestión.

A la pregunta “¿a qué partido votaría usted?”, el 32,1% responde al PP en intención directa, diez puntos por delante del PSOE, con un 22%; Vox con un 8,8%; Adelante Andalucía, con un 7,7%; la coalición Por Andalucía, con un 5,8%; Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, con un 1,3%; y Podemos, con un 0,5%.

El resultado sitúa a Moreno 23,4 puntos por delante de su principal competidora, María Jesús Montero, como opción de gobierno preferida para los andaluces. El 40,9% de los encuestados prefiere que el dirigente popular siga como presidente de la Junta, tras casi ocho años en el poder, frente al 17,5% que se decanta por la socialista.

La pregunta por la preferencia de gobierno de los encuestados también arroja respuestas significativas cuando se observa qué votaron en las andaluzas de 2022: un 24% de los que apoyaron al PSOE-A hace cuatro años, siendo candidato Espadas, ahora mudaría su voto a otras opciones políticas: la mayoría al PP de Moreno (13%), y otros se pasarían a la coalición Por Andalucía, que encabeza Antonio Maíllo (5,7%) o a Adelante Andalucía (5,4%).

La mayor fidelidad de voto la retiene Moreno, con un 86,6% de convencidos entre los votantes del PP. Además, el presidente de la Junta y candidato a la reelección también convence a un 27,8% de quienes votaron a Vox en 2022, un dato significativo para los de Moreno, que salen a revalidar una mayoría absoluta amenazada (en la mayoría de encuestas) por el crecimiento constante de la ultraderecha (el viaje a la inversa sólo lo hace el 4,9%).

Moreno y Montero son los candidatos con un índice de popularidad más alta, más del 95% de los anda4luces conoce a ambos. Pero el popular es el mejor valorado, con un 5,86, mientras que la socialista está en cuarta posición, con un 3,93, por detrás de otros candidatos menos conocidos, como el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía y líder federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo (4,73), o el de Adelante Andalucía, José Ignacio García (4,82).

Cuatro de cada diez andaluces encuestados valora como “buena o muy buena” la gestión del Gobierno de Moreno en los últimos cuatro años, sin embargo, el 49,6% califica de “mala o muy mala” la política del Gobierno de Sánchez, con quien identifican directamente a Montero.

En el sondeo, también es llamativo que el partido anticapitalista y andalucista de Teresa Rodríguez, que hoy encabeza José Ignacio García, aventaje a la coalición que de IU, Sumar, Podemos y otros cinco partidos de izquierdas, pilotada por Maíllo. Adelante Andalucía tiene hoy dos diputados en el Parlamento y Por Andalucía cinco. Cuando el CIS realiza la encuesta, Podemos aún no se había integrado en esta última coalición.

Los “15.000 votos” que necesita Moreno y “el millón” que busca Montero

La encuesta del CIS se ha publicado con todos los candidatos haciendo campaña. Moreno, en una entrevista en el programa de Ana Rosa, en Antena 3, ha asegurado que la diferencia entre lograr los 55 diputados de la mayoría absoluta o quedarse en 52 y verse obligado a pactar con Vox es de “apenas 15.000 votos”. El popular ha puesto un listón factible a los suyos, pero les ha pedido que “no se confíen”, que “no se vayan a la playa”.

Montero estaba en un desayuno informativo, en Sevilla, presentado por la exdiputada por Cádiz en el Congreso y exeurodiputada, Carmen Romero, que le ha puesto el listón mucho más alto: “Nos hacen falta un millón de votos más, unos 250.000 más por provincia, ¿cómo tendrán que trabajar esas casas del pueblo?”, ha conminado a la candidata. En las últimas cuatro elecciones celebradas en Andalucía (autonómicas, generales, municipales y europeas), el PP prácticamente ha clavado su resultado (en torno a 1,5 millones de votantes), mientras que el PSOE ha fluctuado desde los 880.000 de las autonómicas al 1,2 millones de las generales.

El CIS sobre intención de voto en Andalucía ha pillado a todos los partidos ultimando sus listas electorales en las ocho provincias pero, de todos ellos, es el PSOE quien afronta esta semana con más dificultad para encajar a sus candidatos en unas papeletas menguantes, a juzgar por el sondeo.

La elaboración de candidaturas es una prueba de estrés para los partidos, que ven cómo sus dirigentes se disputan los puestos de salida con más o menos ansiedad, según las expectativas electorales en cada provincia. El CIS deja poco margen para el entusiasmo socialista y, al hacerse público 24 horas antes de que los comités provinciales aprueben sus propuestas de candidatos, suponen una tensión añadida para la ejecutiva de Montero. “Esto es lo que nos faltaba”, se queja un secretario provincial.

El estado anímico de los socialistas y la unidad o las discrepancias que aireen a final de semana, tras la confección definitiva de las listas electorales, será un buen termómetro de las expectativas reales que tiene el partido de cara al 17M. Pero también del futuro del PSOE andaluz tras los comicios. “Un partido roto no funciona igual que un partido unido. Eso sirve para una campaña electoral , pero también para trabajar la legislatura que viene”, dice un veterano socialista, fuera de las quinielas de candidatos.

El dato del CIS más positivo para el PSOE es el que ratifica su estrategia de campaña: los socialistas no acuden a las urnas focalizando su marca de partido ni siquiera la de su candidata, sino dando prioridad a los problemas de los andaluces, singularmente la sanidad.

El deterioro de la atención sanitaria escaló al primer problema en la encuesta del Centra, que financia la propia Junta de Andalucía, y también lo es en este sondeo del CIS. Cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente, seguido de la vivienda (17,2%) y la falta de infraestructuras, como trenes, carreteras (16,4%).

Montero ha planteado estos comicios como “un referéndum por la salud” y ha reiterado que el 17 de mayo “nos jugamos la vida”. Respecto a estos problemas identificados como los más graves por los encuestados, la mayoría ve más “cercana” la gestión del PP (25,1%), pero seguida de cerca por el PSOE (21,4%), y a más distancia Vox (8,8%), Adelante Andalucía (5,3%) y Por Andalucía (4,2%).

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juan Manuel Moreno, es el líder andaluz mejor valorado (5,87 puntos) según un estudio del CIS, que sitúa a la socialista María Jesús Montero en cuarto lugar (3,32 puntos), a mes y medio para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Son datos que se desprenden del estudio 'Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones', realizado del 12 al 26 de marzo con 6.016 entrevistas, según ha informado en nota de prensa el Ministerio de la Presidencia. Moreno disolvió el Parlamento andaluz y convocó las elecciones el pasado 23 de marzo, cuando aún se estaban realizando las entrevistas para esta encuesta.

Al preguntar quién prefiere que sea el presidente del Gobierno andaluz, el 40,9% afirma que se decanta por Moreno; el 17,5% por la vicesecretaria general del PSOE; el 5,6% por el aspirante de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el 5,5% por el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Cuando se realiza el sondeo, Vox aún no había confirmado a su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, como cabeza de cartel electoral en las andaluzas.

Moreno y Montero son, con diferencia, los candidatos con un nivel de conocimiento más alto. El aspirante de la formación anticapitalista Adelante Andalucía es el segundo líder andaluz mejor valorado, con un 4,82 (aunque con un nivel de popularidad mucho más bajo); y Maíllo el tercero, con un 4,73, en una clasificación encabezada por el presidente de la Junta, con un 5,87, y en la que la candidata del PSOE-A obtiene un 3,93, mientras que el representante de Vox logra un 3,32.

Sobre las cualidades que debe tener un presidente de Andalucía para gobernar, el 46,4% cree que Moreno, cuya gestión recibe una puntuación media de 5,79, cuenta con “capacidad de gestión y competencia para ello” y un 23,7% dice que María Jesús Montero cuenta con esa misma capacidad.

De cara a los comicios autonómicos, el 65% asegura que, a la hora de votar, lo hará pensando en los temas propios de Andalucía, frente a un 27,5% que lo hará pensando en las temáticas generales de España. El 44,2% reconoce que la principal razón por la que elige un partido es “porque es el que mejor representa sus ideas”, el 32,8% dice que el motivo para su elección es porque “es el partido que está más capacitado para gestionar en la comunidad autónoma”, y el 30,9% asegura que es por “la situación económica y social”.

El CIS pregunta a los andaluces cuál es el principal problema que sufren y, como ocurrió con el último barómetro del Centra (financiado por la propia Junta), en primer lugar destaca el deterioro de la sanidad pública, asunto clave en la campaña de Montero contra Moreno. Un 24,8% responde que el primer problema es la sanidad; un 13,7%, el paro; un 11,7%, la vivienda; un 5,3%, las infraestructuras y un 5,2%, la inmigración.

La mayoría de los encuestados confía en el PP para solucionar estos problemas: el 25,1% elige al partido de Moreno, pero seguido muy de cerca por el PSOE de Montero (21,4%) y, a mucha más distancia Vox (8,8%). Adelante Andalucía logra sorpasar en nivel de confianza a la coalición Por Andalucía (un 5,3% frente al 4,2%) y frente a Podemos (1,5%), que aún no se había integrado en la confluencia que encabeza Maíllo.

Valoración de la gestión de los gobiernos andaluz y central

El 40,2% considera que la gestión en su conjunto que ha realizado en los últimos cuatro años el Gobierno andaluz ha sido “muy buena o buena”; el 32,9% dice que “regular”, y un 25,8% cree que la gestión ha sido “mala o muy mala”, según el estudio del CIS.

En cuanto a la labor del Ejecutivo central, un 23,3% afirma que ha sido “muy buena o buena”; un 26,1% dice que “regular” y un 49,6 % que “mala o muy mala”.

María Jesús Montero, despojada ya del enorme poder institucional que ha acaparado en el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha metido de lleno en la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. La candidata socialista teme que su rival, el presidente de la Junta y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, logre su objetivo de implantar una campaña “sin pulso, hipotensa, donde no se hable de los servicios públicos y de gestión”.

“Moreno va de fiesta en fiesta, de evento en evento, intentando tocar la fibra sensible y aparentar una moderación que nada tiene que ver con la realidad de Andalucía. Su política bebe de esa radicalidad en la que está instalado a nivel nacional. En su equipo juegan el doble papel de poli bueno y poli malo. Si empieza a hablar de gestión, la cosa se le va a complicar en las próximas semanas”, ha asegurado.

Durante un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía, Montero ha defendido que las buenas cifras de crecimiento económico en Andalucía son imputables a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha acusado a Moreno de atribuirse los resultados de esas políticas en su territorio. La candidata socialista ha afeado al presidente de la Junta que ayer hiciera gala de la bajada histórica del paro en Andalucía, mientras, en paralelo, la dirección nacional de su partido negaba los mismos datos para el conjunto del país -22 millones de ocupados- tildándolos de “maquillaje”.

“Andalucía ha crecido a remolque, sin impulso propio, gracias al aumento del empleo, el buen comportamiento del consumo privado y de las empresas, y estos factores han crecido gracias a las políticas del Gobierno de España”, ha dicho Montero, tras denunciar que la Junta de Andalucía “no está aprovechando el crecimiento europeo para mejorar la convergencia con otras regiones”. “Somos los últimos en renta per capita, el paro está por encima del resto y crecemos por el aumento de la población, no por el dinamismo económico propio”, ha dicho.

Al desayuno informativo, en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, han acudido dirigentes del PSOE de todas las provincias, justo en una semana clave para la elaboración de las listas electorales, que se resolverán el próximo viernes. También han asistido los líderes de CCOO y UGT en Andalucía y el presidente de la patronal, el expresidente de la Junta, Manuel Chaves (ni José Antonio Griñán ni Susana Díaz estaban presentes), o el Defensor del Pueblo Andaluz.

Montero ha defendido su papel en el Ministerio de Hacienda al impulsar la quita de deuda autonómica, que beneficia a Andalucía más que al resto en términos absolutos, así como su propuesta para la reforma del modelo de financiación. Sobre esto último, uno de los frentes por los que le atacará Moreno en campaña, la socialista ha defendido la presencia en su campaña de Salvador Illa, president de la Generalitat, así como la del ministro de Fomento, Óscar Puente, que en las últimas semanas ha protagonizado un pulso directo con la Junta a cuenta de la parálisis de la línea de AVE entre Madrid y Málaga.

La dirigente socialista ha rechazado rotundamente “el marco mental” de que el PP tiene ganadas las elecciones en Andalucía y se ha negado a responder si Sánchez adelantará las generales en caso de que su resultado en las urnas el 17 de mayo sea muy malo. “Vamos a ganar las elecciones”, ha dicho. La exministra ha augurado que su partido votará a favor del decreto de vivienda, impulsado por los ministros de Sumar, para prorrogar el precio de los alquileres.

También ha subrayado que desde el Ministerio de Hacienda siempre se opuso a la cesión del IRPF a Cataluña y asegura que “no está contemplada” la cesión de ese impuesto “tras las elecciones andaluzas”

Montero ha elegido para su presentación en este acto en Sevilla a una histórica dirigente socialista, cargada de simbolismo: Carmen Romero, diputada por Cádiz en el Congreso durante 14 años, eurodiputada y 20 años en la ejecutiva de UGT. Romero también es la exmujer de Felipe González, expresidente del Gobierno y referente del PSOE más ortodoxo, hoy abiertamente enfrentado a Pedro Sánchez.

González acompañó hace unos días, aquí en Sevilla, al presidente de la Junta y rival de Montero en las elecciones, el popular Juan Manuel Moreno, algo que a la exministra de Hacienda no le sentó nada bien. Romero ha brindado un apoyo cerrado a la sevillana, pero también le ha puesto el listón altísimo: “Nos hacen falta un millón de votos más, unos 250.000 más por provincia, ¿cómo tendrán que trabajar esas casas del pueblo?”, ha subrayado.

Lo dijo el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), el mismo Domingo de Ramos: en Semana Santa “no hay política”, y de hecho anunciaba que iba a hacer “un paréntesis” en la precampaña electoral de las andaluzas del 17 de mayo para disfrutar de estos días. Esto lo aseguraba en declaraciones tras un acto personal como es acompañar –junto a su esposa– a sus tres hijos a la iglesia del Salvador de Sevilla, de donde sale la cofradía del Amor de la que son hermanos y de la que depende la Borriquita, en la que salen los más pequeños de la cofradía.

Fue dicho y no hecho, porque las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina, así que estos días su agenda institucional ha estado copada por actos cofrades en Cabra (Córdoba), Cádiz, Granada, Jaén, Málaga en varios frentes y de nuevo en Sevilla capital. En todos los casos ha estado escoltado por su equipo de comunicación institucional, que ha enviado fotografías, notas de prensa y audios incluso en plena madrugada del Jueves al Viernes Santo, cuando acudió a la salida de la popular hermandad del Abuelo en Jaén.

Pero en esta sobreabundancia de presencia cofrade no ha estado solo, ya que –con las elecciones del 17M en el horizonte– se ha movilizado junto a él por toda la geografía andaluza la práctica totalidad de su Consejo de Gobierno, con los consejeros repartidos en sus provincias para honrar a las hermandades hasta sumar un centenar de actos. Sólo ha habido uno que se ha escapado, José Carlos Gómez Villamandos (responsable de Universidad, Investigación e Innovación), que no ha participado en ningún evento al menos de forma institucional.

Una agenda sobrecargada

Salvo el Sábado Santo, en general con pocas cofradías en toda Andalucía, el día más tranquilo fue el Lunes Santo al coincidir por la mañana con la celebración del Consejo de Gobierno andaluz. Eso no impidió que por la tarde Moreno visitase un par de hermandades en Granada (la del Trabajo y la de San Agustín), además de asistir a la salida de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate también en la capital nazarí.

Esa misma jornada, los consejeros de Turismo (Arturo Bernal) y Sanidad y Presidencia (Antonio Sanz) realizaron ofrendas florales a dos corporaciones de Sevilla, la de Hacienda y portavoz de la Junta (Carolina España) acudió a la salida de una hermandad en Málaga y la de Fomento (Rocío Díaz) anunció su asistencia al palco oficial de la Semana Santa de Granada. Todos estos actos se incluyeron en la agenda oficial del Gobierno andaluz.

El presidente estuvo acompañando a cofradías el Martes Santo por la mañana en Sevilla y por la tarde en Cádiz, el Jueves Santo en Cabra (Córdoba) y la Madrugada en Jaén. El único respiro se lo permitió el Sábado Santo, sin ningún evento, en contraposición a un Miércoles Santo frenético en el que en Málaga visitó a la hermandad de Zamarrilla y asistió al cambio de guardia de la Legión al Cristo de la Buena Muerte.

Gran despliegue el Miércoles Santo

Ya por la tarde de ese mismo día, y a título personal, cumplió con su cita como hombre de trono con el Cristo de la Exaltación de la malagueña hermandad de las Reales Cofradías Fusionadas. La Junta envió fotografías del presidente en los momentos previos a la salida y con Moreno ya vestido para la ocasión, aunque no remitió imágenes portando el trono.

El Miércoles Santo fue de hecho una jornada en la que el Gobierno andaluz tocó a zafarrancho, ya que se desplegaron por una treintena de actos en las ocho provincias 11 de los 13 consejeros (todos menos el de Universidad y el de Justicia), hasta el punto de que dos visitaron a una misma hermandad –la del Baratillo en Sevilla–, el de Industria a las 11 y el de Sanidad y Presidencia a las 12.15 horas. Con todo, donde hubo más acumulación de consejeros (tres, los de Hacienda, Empleo y Turismo) fue en Málaga el Jueves Santo para el traslado del Cristo de la Buena Muerte a su trono procesional con la Legión de por medio.

En cuatro ocasiones, los consejeros de turno participaron de manera oficial en la procesión del Santo Entierro, en la que es frecuente una gran presencia institucional que suele incluir representaciones de los gobiernos central y andaluz, diputaciones, ayuntamientos y hasta el Ejército. Fueron los casos de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en Jimena (Jaén) y la de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en Sevilla. Al Santo Sepulcro de Málaga lo acompañaron los titulares de Hacienda (Carolina España) y Turismo (Arturo Bernal), y también al Santo Sepulcro, pero en este caso al de Granada, la responsable de Fomento, Rocío Díaz.

Salida de nazareno

Sí resulta más extraño que en la agenda gubernamental se incluyera hasta la salida a título personal de un consejero con su cofradía. Fue el caso del responsable de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, con su hermandad del Prendimiento, un acto en teoría íntimo y anónimo del que se remitió información y fotografía con el protagonista vestido de nazareno (aunque sin antifaz) junto al hermano mayor de la corporación.

De todo el Consejo de Gobierno, la más activa con diferencia ha sido la consejera de Fomento, multipresente en su provincia de Granada, y también han tenido una agenda bastante cargada la de Sostenibilidad y la de Cultura.

El momento más curioso se vivió el Martes Santo con la hermandad del Cerro en Sevilla, en cuya salida coincidieron (vara en mano en la presidencia) Moreno y el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Sevilla, Javier Fernández. Horas después –ya por la tarde y cerca del Ayuntamiento– veía esa misma hermandad la líder socialista en Andalucía y candidata a la Junta, María Jesús Montero, un momento del que el PSOE envió imágenes pero que no se anunció en la agenda oficial del partido. De la misma manera se procedió con Montero viendo la Semana Santa o acudiendo a actos cofrades en Huelva, Jaén, Málaga, San Roque y Jerez (Cádiz) y Granada.

De las cofradías a los toros

Por cierto, que la bajada del telón de la Semana Santa el pasado fin de semana marcó un cambio de tendencia por parte del Gobierno andaluz, que saltó a la pantalla de los toros, otro terreno en el que suele prodigarse con generosidad. El pistoletazo de salida se dio el sábado con la corrida Picassiana de Málaga, en la que estuvieron los consejeros de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, y la de Hacienda, Carolina España.

Ya en la mañana del Domingo de Resurrección, Sanz estuvo con el presidente, Juan Manuel Moreno, en el pregón taurino de la Feria de Abril de Sevilla, para acudir ambos por la tarde a la corrida celebrada en la Maestranza y a la que también acudió el rey emérito. “Es casi una obligación del presidente del Gobierno de Andalucía defender una tradición, una cultura, una economía ancestral como es la tauromaquia”, señaló Moreno; “Andalucía es taurina y su Gobierno, también”, apostilló Sanz.

Las elecciones del 17 de mayo en Andalucía van a escudriñar un intenso debate sobre la sanidad pública, la política con más presupuesto de todas las que gestiona el Gobierno de Juan Manuel Moreno (16.266 millones de euros) y, sin embargo, el principal motivo de preocupación de los andaluces después del paro, según el último barómetro del Centra, financiado por la propia Junta.

En el histórico de encuestas de opinión pública e intención de voto que sufraga la Consejería de Presidencia desde hace 20 años, primero bajo gobiernos del PSOE y ahora del PP, nunca hasta hoy había destacado la sanidad por encima del paro como el principal problema de Andalucía.

En el último estudio de opinión publicado con un gobierno socialista en Andalucía (el Egopa de diciembre de 2018, poco antes de las elecciones en las que Moreno arrebató la presidencia a Susana Díaz), la principal preocupación personal de los encuestados era la falta de empleo, señalada en primer lugar por el 43,8% de los andaluces, seguida de la sanidad (21,1%).

En la derrota de los socialistas, después de 37 años en el poder, pesó mucho el descontento ciudadano por la gestión sanitaria -otrora “joya de la corona de la Junta”-, que cristalizó en multitudinarias manifestaciones en las calles de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva.

El polémico proyecto de fusión hospitalaria en Granada prendió la mecha de un malestar acumulado entre la gente, que terminó estallando por la “escasez” de medios y por la “falta de personal” que dejaron los recortes en el gasto público durante la crisis financiera de 2008. El médico Jesús Candel, alias Spiriman, personalizó aquel cabreo visceral con el último Gobierno socialista, que fue duramente castigado en las urnas. Aun así, la encuesta que publicó la Junta en diciembre de aquel año, poco antes de las elecciones, volvió a identificar el paro como el principal problema de los andaluces, por delante de la sanidad.

Siete años después, la foto fija del llamado CIS andaluz (la última edición fue el pasado diciembre) sitúa la gestión sanitaria como el primer problema para el 22,3% de los andaluces, seguido del desempleo para el 15,3%. Este periodo han sido años de gobiernos del PP, que heredó déficits estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) comunes al resto de autonomías -como la falta endémica de médicos- pero también se enfrentó a la pandemia del Covid-19, que desbordó la atención asistencial y disparó las listas de espera de pacientes.

Moreno, que ha gobernado todos estos años y que llegó a la Junta prometiendo “otro modelo de gestión sanitaria”, ha visto cómo la percepción de los andaluces sobre la atención clínica y hospitalaria iba empeorando año tras año, mientras un ciclo de economía en auge achicaba la tasa de paro a mínimos históricos: el 14,6% de la población activa, unos 622.800 desempleados.

La paradoja para el presidente Moreno es que hoy la sanidad pública disfruta -y la Junta no para de repetirlo- del “presupuesto más abultado de su historia y de una plantilla de sanitarios récord”, que el PP contabiliza en 30.000 más que en 2018. Estas macrocifras, sin embargo, contrastan con la percepción que los ciudadanos tienen hoy de la sanidad pública, y con un dato relevante: en los últimos ocho años, el porcentaje de andaluces con un seguro médico privado ha crecido del 15 al 40% de la población, y en ciudades como Sevilla supera el 50%.

Las listas de espera sanitarias, la bestia negra de la Junta

El malestar ciudadano por los retrasos en la atención primaria, por las listas de espera para un diagnóstico y para operarse será un leit motiv en la campaña de todos los partidos políticos en Andalucía, aunque es la candidata socialista, María Jesús Montero, quien lo ha apostado todo a esta carta, planteando los comicios como “un referéndum sobre la salud”.

“Nos jugamos la vida en estas elecciones”, ha asegurado esta semana. El presidente y candidato del PP a la reelección le ha reprochado su “tendencia a la hipérbole”: “Decirle a la gente: se va a morir si vota a Juanma no es creíble”.

Moreno y Montero son dos candidatos que pueden confrontar sus modelos de gestión sanitaria, porque ambos han gobernado muchos años esta tierra. Sin embargo, la comparativa entre la gestión socialista y la gestión popular del SAS va a estar trufada de lecturas interesadas y datos retorcidos, porque se trata de dos momentos políticos y económicos muy distintos, con muchos matices.

La socialista acusa al popular de tener “planificada” la “privatización paulatina de la sanidad pública”, y pone como ejemplo el incremento del gasto en derivaciones de pacientes a clínicas y hospitales privadas, tanto por la vía de los conciertos como por el aumento de los contratos de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, que el SAS prorrogó hasta dos años después de la pandemia, y que están siendo investigados por dos juzgados.

Montero ha llegado a acusar a Moreno, sin datos, que prepara el “copago sanitario”, que ha pedido un informe para cambiar drásticamente el modelo de sanidad, que dejaría de ser “universal y gratuita”, y recuerda las palabras del propio presidente de la Junta durante una entrevista el verano pasado: “La sanidad pública, tal como va envejeciendo la población, llegará un momento que será inviable”.

La Junta ha salido a desmentir tajantemente esta acusación. El PP, además, ha sacado a relucir el presupuesto en conciertos sanitarios en la época de Montero como consejera de Salud, así como los contratos de emergencia que firmó a clínicas privadas. Moreno se ha hecho un buen puñado de fotos ante infraestructuras hospitalarias nuevas que estaban prometidas, y sin ejecutar, de la época socialista, siendo la más significativa el Hospital Militar de Sevilla, abandonado durante 20 años.

Es un choque frontal entre candidatos, aunque ambos coinciden en que “la memoria de los ciudadanos” juega a su favor. Montero no teme que su adversario desempolve datos y cifras de su etapa, y saca pecho por algunos “hitos” clínicos de aquellos años, como la investigación con células embrionarias, el primer diagnóstico genético preimplantatorio para que los niños nacieran sin la enfermedad de sus padres; el primer trasplantete de cara, o la desconexión de Inmaculada Echevarría como precursora de la muerte digna... “La sanidad es mi especialidad profesional, yo tengo mi plaza en el Virgen del Rocío. Cuando quiera Moreno hablamos del orgullo de la sanidad pública”, le ha retado esta semana, poco antes de abandonar el Gobierno de Sánchez para volcarse de lleno en la campaña.

Montero y los “7.000 médicos menos”

La vicepresidenta del Gobierno fue consejera de Salud en la Junta durante nueve años, entre 2004 y 2013 (y antes viceconsejera de esta misma cartera entre 2002 y 2004). En ese periodo, el PSOE de Manuel Chaves gobernó con mayoría absoluta y el PSOE de José Antonio Griñán lo hizo en coalición con Izquierda Unida (IU). En esos 11 años hay ejemplos de todo, bueno y malo.

También la etapa de Moreno es muy desigual. El dirigente del PP es presidente desde hace más de siete años, los tres primeros gobernó en coalición con Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox; y los cuatro últimos en solitario, gracias a una sólida mayoría absoluta. La “estabilidad” de esta última legislatura, el gran aval de Moreno en campaña, no ha impedido, sin embargo, que haya cambiado tres veces de consejero de Salud en cuatro años.

Ambos candidatos han afrontado periodos particularmente difíciles para la sanidad pública. El de Montero, que abarca más de una década, termina estrellándose contra la gran recesión que puso patas arriba la economía mundial. A partir de 2008, una contracción internacional del crédito interbancario obligó a todos los países a aplicar duros recortes en el gasto público, con especial virulencia en la sanidad, la educación y los servicios sociales, competencia directa de las comunidades autónomas.

El PP está desempolvando documentación de esos años de recortes para contraatacar a la candidata socialista, acusándola de “prescindir de 7.000 médicos”, y de dejar los hospitales “saturados, con camillas de enfermos en los pasillos”. Los de Moreno se han llevado al Parlamento fotografías que retratan aquel momento, y han repetido hasta la saciedad esta cifra de “médicos despedidos”, en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento andaluz, los tres frentes en los que ha jugado Montero.

El dato de médicos que abandonaron el SAS como consecuencia de la crisis financiera aparece por primera vez en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 2013, donde se lee que “el número de efectivos sanitarios disminuyó en 7.773,44 empleados netos” entre 2011 y 2013, siendo Montero consejera de Salud. El mismo documento aclara que esa cifra incluye “médicos, enfermeros, celadores y administrativos”, pero el número concreto de facultativos afectados es muy inferior al que denuncia el PP: 1.286 menos en tres años.

Moreno y las mujeres con cáncer de mama

En el caso de Moreno, el episodio que más tensionó el sistema sanitario andaluz bajo su mandato fue la pandemia de Covid-19, que dejó cerca de 16.000 fallecidos en la comunidad. La presión asistencial desbordó las costuras del SAS, que ya arrastraba serios problemas estructurales, como la falta de médicos, sobre todo en especialidades clave, como anestaesistas, pediatras o radiólogos.

La falta “crónica” de personal daría la cara años después, de la forma más dramática, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política más dura que ha sufrido Moreno en sus siete años de gobierno, y que se saldó con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y toda su cúpula. El presidente andaluz se vio de repente con cientos de mujeres manifestándose a pocos metros de su despacho, mostrando sus pechos cortados, y gritando “¡Moreno dimisión!”.

El dirigente popular pidió disculpas, cesó a una decena de altos cargos (incluida la consejera) y precipitó un “plan de choque”, prometiendo más dinero y más personal, antes incluso de poder explicar qué había ocurrido. La versión oficial, a día de hoy, es que 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama -el 90% atendidas en la unidad de Radiodiagnóstico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla- no fueron alertadas por el SAS de que debían hacerse una segunda prueba de contraste. Algunas se enteraron dos años después de que una mamografía suya había arrojado un resultado “no concluyente”.

El escándalo se hace público por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que revela la Cadena Ser, y pone a la Junta contra las cuerdas. Se inicia una investigación judicial y el SAS recibe docenas de denuncias de mujeres por daño patrimonial que, a día de hoy, aún no ha respondido.

El Defensor y las listas de espera: “Es la puerta de la desigualdad”

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud por la vía “urgente y preferente”, pero aún no ha obtenido datos que expliquen qué falló, cuántas de las mujeres afectadas desarrollaron un cáncer por no haber sido avisadas a tiempo, cuántas han fallecido. Moreno llegó a cifrar en 23 las mujeres muertas como consecuencia de la crisis de los cribados, calculando que el 1% de los casos dudosos termina confirmándose como un tumor maligno. Pero el nuevo consejero de Salud y mano derecha del presidente, Antonio Sanz, salió rápidamente a desmentir ese 1%.

Esta semana, ya con el Parlamento disuelto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado su informe anual, correspondiente a 2025, que recoge un incremento de quejas ciudadanas por las abultadas listas de espera del SAS. Hay más de un millón de andaluces aguardando para operarse. “La lista de espera en sanidad no es un mero recurso administrativo, es la puerta de la desigualdad, es un síntoma de desprotección”, ha asegurado.

Maeztu también ha expresado su frustración por no haber podido responder a las víctimas de la crisis de los cribados que elevaron sus quejas a su oficina. “El derecho de información de estas muejeres no se ha cumplido, la Junta no me ha respondido a lo que yo he preguntado y la información suministrada es claramente insuficiente. Esto es grave”, ha denunciado, quejándose de no poder ejercer su labor de contrapeso al Gobierno andaluz, por falta de colaboración.

El malestar de los pacientes vs los incentivos de los médicos

La sanidad será la gran batalla electoral del próximo 17 de mayo. Moreno es tan consciente de ello que, en las semanas previas a la convocatoria electoral, se ha movido por toda Andalucía inaugurando instalaciones sanitarias, primeras piedras, ampliaciones y reciclando promesas que llevan en el programa electoral del PP desde 2018, antes de ser presidente. El sábado previo al anuncio electoral presentó el “nuevo hospital de Cádiz” que, en realidad, ni está licitado ni está programado aún. El lunes, horas antes de disolver el Parlamento, anunció “la ampliación del hospital de la Axarquía” en Granada.

Un Consejo de Gobierno, convocado de forma extraordinaria y sin previo anuncio, disolvió el Parlamento el lunes y desde ese instante la Ley Electoral y la de Publicidad Institucional prohíben las campañas de propaganda institucional. Dos días después, el Gobierno de Moreno anunció un acuerdo “histórico” con todos los sindicatos sanitarios que mejora las condiciones laborales y salariales de 44.600 profesionales del sector.

La decisión del PSOE de apostarlo todo a la sanidad en estas elecciones tiene sus riesgos. Fuentes del grupo parlamentario socialista admiten que en esta legislatura de cuatro años les ha costado mucho recuperar la confianza del sector sanitario, que seguía culpabilizándoles por sus años de gobierno y los recortes durante los años de la crisis.

Además, mientras Moreno acaba de firmar mejoras laborales y salariales para el colectivo, algunas de las apuestas políticas del PSOE y el resto de fuerzas de izquierdas chocan de frente con los intereses de muchos médicos. Por ejemplo, al llegar al Gobierno el PP eliminó la subasta de medicamentos -un sistema ideado por Montero para abaratar la compra de fármacos en el SAS- que benefició mucho a las grandes farmacéuticas.

Moreno también eliminó el plus de exclusividad de los médicos del SAS, una promesa electoral del PP, permitiendo que compaginasen su plaza pública con un trabajo en la privada por las tardes. Además lo hizo extensivo a los jefes de servicio, que son los responsables de decidir cuántos pacientes deriva a la sanidad privada y a qué clínicas u hospitales.

Montero, y también el líder federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, plantean prohibir esa compatibilidad, porque genera un “conflicto de intereses” que va “en detrimento de la sanidad pública y de la ciudadanía”. “No se puede denunciar por la mañana que faltan médicos en el sistema, que no hay dónde contratarlos, y luego permitir que los médicos del SAS hagan caja por las tardes en sus clínicas con los pacientes que ellos mismos envían desde la sanidad pública”, advierten fuentes socialistas.

El riesgo de este planteamiento es calibrar bien hasta dónde llega el hartazgo de los pacientes por el deterioro de la sanidad pública que reciben y hasta dónde llega la indignación de los médicos que no están dispuestos a perder los incentivos que les concedió el Gobierno de Moreno.

La exclusividad de los jefes de servicio de la sanidad pública es algo que también recoge el polémico Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad –que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios– y que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos sanitarios.

La receta electoral que usen Moreno y Montero para afrontar este debate trasciende a Andalucía y va a ser clave en las próximas elecciones generales. Esta comunidad, con 8,5 millones de personas y 6,5 millones de votantes potenciales, representa casi el 20% del escrutinio nacional y aporta 61 diputados al Congreso. El resultado de este pulso en Andalucía proyectará el devenir del futuro político de España, con más exactitud que lo hicieron las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Lo ha ido repitiendo en las distintas entrevistas que, desde que el lunes convocó las elecciones andaluzas para el 17 de mayo, ha ido concediendo: teme que los suyos den por hecha la victoria, así que el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha espoleado este miércoles a su Junta Directiva Autonómica para que no se duerma en los laureles. “Esto no está ganado, ni mucho menos”, ha insistido, a la vez que ha proclamado a su formación como “el partido de las clases medias y trabajadoras”, y no sólo eso, sino que es “el que mejor las entiende y sintoniza con sus sueños, anhelos y deseos”.

En un discurso que arrancó al son de la canción Alas, de Shinova, (“el momento perfecto es ahora...”), Moreno ha presentado un eufórico balance de resultados, atribuyéndose desde su llegada a San Telmo en 2019 “un proceso de cambio y transformación como nunca había vivido nuestra tierra”. Ha desgranado una cascada de datos, ha defendido que todos los servicios públicos están mejor ahora e, insistiendo con las clases medias y las más vulnerables, se ha ufanado de que “han crecido en prosperidad” porque la renta media por hogar se ha incrementado un 40% estos años, de ahí que considere “fundamental continuar este proyecto”.

Para ello es clave superar la cierta sensación entre los suyos de que la victoria el 17M está asegurada, de ahí que haya utilizado su discurso para dar un aldabonazo. “Quedan 53 días de trabajo, no os confiéis”, animándoles a lanzarse a la calle “con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila” porque representan a un “Gobierno que dice la verdad”. Eso sí, le quedan “muchas cosas por hacer” porque “la ambición de convertir a Andalucía en la locomotora de España todavía no ha concluido”.

Silencio con Vox y a la carga contra el PSOE

Y es que el PP no sólo busca la victoria, sino reeditar su actual mayoría absoluta “para no depender de nadie, ser libres e independientes para defender los intereses de los andaluces”. Así que la fórmula es la misma que tan buenos resultados le dio en 2022: aunque en ningún momento ha hecho referencia a Vox, ha vuelto a insistir en que votar al PP es la mejor opción para evitar los sobresaltos de un Gobierno inestable, un PP que “no hay duda de que defiende los intereses de Andalucía mejor que nadie, abierto, moderado e inclusivo”.

De Vox no ha dicho ni media palabra, pero al PSOE sí le ha dedicado una parte sustancial de su intervención. “No entremos en la campaña que han diseñado en Ferraz”, la sede nacional de los socialistas, ya que “el sanchismo lo inunda todo, sólo sobrevive en la división y la confrontación, lo van a hacer mucho”. Así que ha animado a Pedro Sánchez a que venga a la campaña –“esto es España, no tenemos ningún problema”–, pero advirtiendo a los suyos de que “va a venir a confrontar, tensionar, buscar el cuerpo a cuerpo e intentar provocarnos”.

“Os pido que no entremos en la provocación”, empujando a los suyos a “trabajar con humildad y máximo respeto a nuestros adversarios”, con lo que de paso abona el perfil moderado del que hace gala. “Esa es nuestra forma de entender la política y la que vamos a seguir practicando”, la que ha vuelto a reivindicar como la “vía andaluza”, y que ha hecho del PP andaluz “un proyecto de mayoría que abarca a las clases medias y trabajadoras y donde cabe todo el mundo”. “Os pido que no perdamos nuestro libro de estilo, otros que se sienten poderosos, que hagan lo que quieran”, ha apuntado en referencia al arranque de la precampaña de la candidata socialista, María Jesús Montero.

El PP frente a “proyectos antiguos”

Moreno ha criticado también que sus oponentes “quieran hacer ver que esto va de blanco o negro, eso son fórmulas de hace 20 años, proyectos antiguos que no conectan con la realidad de Andalucía”. A su juicio, así evidencian que “no se han dado cuenta de nada”, a lo que ha contrapuesto un PP que “cumple con la palabra dada” y sitúa el interés de los ciudadanos “por encima de todo” al margen del “politiqueo”.

“Estamos en lo que tenemos que estar”, que es “el respeto al adversario, la centralidad en la vida pública y la estabilidad”. “Esto es un marco de convivencia que funciona”, ha presumido, y que “nos diferencia del resto de territorios en España y está a años luz de lo que pasa en el Gobierno de España”.  

“Andalucía es hoy una realidad completamente distinta, una realidad pujante y una economía sólida capaz de competir y codearse con las regiones más prósperas de España”, ha repetido. “Hemos hecho un imponente esfuerzo en los servicios públicos”, todo ello pese a que la comunidad está “infrafinanciada” y “sin el cariño y el respeto del Estado”.

“Así que quedan 53 días de esfuerzo, compromiso, dedicación y cariño para nuestros paisanos, que son para los que trabajamos”, insistiendo una y otra vez en la necesidad de no confiarse. Sólo así podrá mantenerse “este proyecto tan bonito que hemos construido”, una propuesta política “pegada a la tierra” y que es la que mejor representa a Andalucía, como tanto insistía el PSOE en sus años de bonanza en el Ejecutivo andaluz.

Andalucía ya tiene fecha para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el domingo 17 de mayo. Tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este mismo martes, se activa el calendario electoral con fechas clave tanto para los partidos como para la ciudadanía: desde el inicio y final de la campaña hasta el sorteo de las mesas electorales o los plazos para votar por correo, que se puede solicitar desde ya.

La convocatoria conlleva la disolución del Parlamento andaluz y abre una secuencia de plazos fijados por la legislación electoral. A partir de ese momento se inicia un periodo de 54 días hasta la jornada electoral, durante el cual se desarrollarán los trámites de presentación y proclamación de candidaturas. El resultado de ese calendario marcará la composición del nuevo Parlamento y la formación del Gobierno que dirigirá la comunidad durante los próximos cuatro años.

Voto por correo

Los ciudadanos censados en Andalucía con derecho a votar en las elecciones autonómicas pueden solicitar el voto por correo desde este miércoles y hasta el 7 de mayo (inclusive). El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 13 de mayo.

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos, sin tener que acudir en persona a una oficina postal. La solicitud también se puede realizar en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial– que le impida la formulación personal de dicha petición.

Campaña electoral en pleno mayo festivo

La campaña electoral se sitúa fuera de dos de los principales hitos del calendario festivo andaluz: la Feria de Abril de Sevilla y la romería del Rocío, pero coincide con otros eventos primaverales como las celebraciones de mayo en Córdoba.

Arrancará en la medianoche del jueves 30 de abril al viernes 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo, y se prolongará durante 15 días, hasta las 00:00 horas del viernes 15 de mayo. El sábado 16 quedará como jornada de reflexión, previa a la votación del domingo 17.

Durante este periodo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a los logros de la administración o que utilice imágenes coincidentes con las campañas de los partidos. La Ley Electoral de Andalucía, por su parte, permite únicamente que el Consejo de Gobierno realice campañas institucionales orientadas a fomentar la participación electoral.

Constitución del Parlamento

Una vez celebradas las elecciones y proclamados los resultados, la sesión constitutiva del nuevo Parlamento de Andalucía que surja de las urnas queda fijada el jueves 11 de junio de 2026 a las 12:00 horas.

El presidente andaluz ha optado por agotar el plazo máximo previsto en la Ley Electoral de Andalucía, que establece que dicha sesión debe celebrarse dentro de los 25 días posteriores a las elecciones. El presidente de la Junta hizo lo mismo en 2022, cuando logró una rotunda mayoría absoluta que le facilitó todos los trámites constitutivos para que la legislatura echase a andar rápido: la conformación de la Mesa del Parlamento, su investidura y la formación del Gobierno. 

El presidente andaluz ha optado por agotar el plazo máximo previsto en la Ley Electoral de Andalucía, que establece que esta sesión debe celebrarse dentro de los 25 días posteriores a las elecciones. Ya hizo lo mismo en 2022, cuando logró una rotunda mayoría absoluta que le permitió agilizar todos los trámites para que la legislatura echase a andar rápido: la conformación de la Mesa del Parlamento, su investidura y la formación del Gobierno.

En esta ocasión, los sondeos apuntan a un escenario más abierto, en el que el resultado de Vox y del PSOE podría ser determinante para la configuración de la Mesa del Parlamento y el inicio de la legislatura. Ese margen de 25 días cobra así mayor relevancia en caso de que sean necesarias negociaciones para constituir el órgano rector de la Cámara, encargado de marcar los tiempos durante toda la legislatura.

Jornada electoral y escrutinio

La votación se celebrará el domingo 17 de mayo, entre las 9:00 y las 20:00 horas. Las elecciones se adelantan así un mes antes de lo previsto, después de que el presidente de la Junta haya decidido poner fin a la legislatura antes de junio, aunque prácticamente completando los cuatro años de mandato, algo que no ocurría desde 2012. La primera razón esgrimida para anticipar la fecha ha sido la de “llegar al próximo verano con un nuevo Gobierno a pleno rendimiento”, siempre que el resultado de las urnas no complique las negociaciones parlamentarias.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, ha asegurado esta mañana que la fecha elegida para las elecciones en Andalucía -el próximo domingo 17 de mayo- buscaba sortear “la gymkhana de las fiestas de primavera” en esta comunidad, después de la Feria de abril, pero antes de la romería del Rocío, aunque también admite que “siempre da gusto pillar por sorpresa al adversario”.

Moreno insiste en que su intención era lograr la “máxima participación” en unos comicios que le vienen de cara tras cuatro años de mayoría absoluta: todos los sondeos públicos e internos coinciden en que el PP volverá a ganar. Algunas encuestas vaticinan que revalidará la mayoría absoluta [55 diputados], aunque la mayoría difumina ese escenario, debido a la tendencia de crecimiento de Vox.

El dirigente popular ha reconocido que el partido de Santiago Abascal -aún sin candidato oficial a la Presidencia de la Junta- es una fuerza “sólida” que ha demostrado “buenos resultados” en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Pero ha insistido en “no obsesionarse en hablar de Vox, porque el PP tiene hoy el cariño de la mayoría de los andaluces”.

En una entrevista en Onda Cero, le han preguntado cuál es su adversario en estas elecciones, y Moreno no ha dudado en apuntar a la abstención: “Me da miedo el exceso de confianza porque hoy no hay adversario político”, ha subrayado. El PP logró una victoria rotunda en 2022 con una participación del 58,3% de los votos, logrando 58 escaños [tres por encima de la mayoría absoluta], de los que los ocho últimos fueron gracias a convertirse en primera fuerza en las ocho provincias y acaparar todos los restos de votos.

El éxito de Moreno tuvo dos claves importantes: movilizó a su electorado [1,5 millones de papeletas], tomó mucho voto prestado del centro izquierda moderado que temía la entrada de Vox en el Gobierno y, sobre todo, se benefició de la desmovilización radical en el espacio de la izquierda. El PSOE tocó su suelo electoral, con 883.000 papeletas, y el resto de formaciones a su izquierda (divididas y enfrentadas) no consiguieron amortizar su desgaste. El próximo 17 de mayo, el presidente de la Junta teme que el buen tiempo muchos andaluces viajen a la costa en vez de acudir a las urnas.

El dirigente popular no considera una amenaza real a la todavía vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, a la que ha calificado como “una extensión de Sánchez que no genera ilusión en Andalucía”.

“Yo no veo el repunte del PSOE ni en los sondeos que nosotros hacemos ni en los que se han publicado ni en la calle. Tienen un mal resultado”, ha dicho, sobre la primera valoración de Montero sobre el adelanto electoral al 17 de mayo, que la socialista vincula con la crisis del modelo sanitario andaluz y con el “miedo” del presidente a un posible “repunte” de su partido, en referencia al crecimiento de votos y escaños en las últimas elecciones de Castilla y León.

Moreno ve “preocupados y nerviosos” a los socialistas. Asegura que no teme enfrentarse en un “cara a cara” con Montero, porque puede confrontar modelos de gestión muy distintos. “Nosotros gobernamos para la mayoría y ellos sólo para una parte”, ha dicho, tras recordar que la candidata socialista fue consejera de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz durante 14 años.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha convocado este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario para informar de la disolución del Parlamento y la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo. La campaña electoral arrancará la noche del jueves 30 de abril, la semana posterior a la Feria de Sevilla, y en pleno mayo festivo en Córdoba.

El candidato del PP a la reelección ha decidido terminar con la legislatura un mes antes de lo previsto, pero apurando casi hasta el final un mandato completo de cuatro años, algo que no ocurría en Andalucía desde 2012. El domingo 17 de mayo están llamados a las urnas 6,5 millones de andaluces.

Moreno parte como claro favorito en todas las encuestas, que le sitúan próximo a revalidar la mayoría absoluta en el Parlamento (55 diputados), salvo que el auge de Vox condicione la gobernabilidad en Andalucía, como está ocurriendo ya en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La primera razón esgrimida por el presidente para anticipar la fecha ha sido la de “llegar al próximo verano con un nuevo Gobierno a pleno rendimiento”, algo que ocurrirá siempre que el resultado que arrojen las urnas no se enrede en las complejas negociaciones de la derecha y la ultraderecha [Extremadura celebró elecciones hace casi cuatro meses y la vencedora, la popular María Guardiola, aún no ha sido investida presidenta].

Hay otros motivos que Moreno no ha citado hoy, pero sobre los que viene reflexionando (en público y en privado) desde hace días: las dos tragedias que ha sufrido Andalucía en las últimas semanas, el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas, y la borrasca que asoló gran parte del territorio y obligó a desalojar pueblos completos, han fortalecido el perfil institucional de Moreno. El PP está en un momento político sólido, capaz de revalidar su mayoría absoluta.

Otras razones son más peregrinas, pero también influyentes: la visita del Papa a España, entre el 6 y el 12 de junio, dificultaba convocar las andaluzas en esas fechas, porque el PP prevé que muchos de sus votantes viajen a Madrid y a Barcelona para ver a León XIV (“van más los nuestros que los de Vox”, dicen). También ha tenido que sortear el complejo calendario de fiestas de la primavera, entre ferias, romerías, el Rocío, para buscar una “mayor participación”, ha asegurado.

La fecha elegida, de hecho, coincide con la Feria de Córdoba, algo que al PP de esta provincia le aterra, por el riesgo de que muchos de sus votantes estén de fuera ese fin de semana (la capital concentra más del 50% del escrutinio de la provincia, y el último diputado en liza en las autonómicas de 2022 lo ganaron los populares por muy poco).

Moreno ha disuelto el Parlamento andaluz 48 horas antes de un Pleno en el que se iban a aprobar dos decretos ley un cuatro proyectos de ley, incluida la Ley del Turismo Sostenible y la Ley para el Avance de la Ciencia, que ahora decaen.

Andalucía, la comunidad más poblada con 8,5 millones de habitantes, representa casi el 20% del sufragio nacional (61 escaños en el Congreso), su peso político y su proyección en las próximas elecciones generales es muy superior al de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

“Estabilidad y normalidad democrática”

El Gobierno andaluz ha difundido un vídeo a las 20.30 horas donde Moreno ha anunciado la fecha electoral y ha anunciado la primera idea fuerza de su mandato con mayoría absoluta: “la estabilidad y la normalidad democrática”. El presidente de la Junta ha admitido que muchos le han pedido “anticipar” los comicios, porque sus adversarios políticos ni siquiera estaban preparados, pero ha preferido completar el mandato.

Moreno lleva semanas -desde el fracaso electoral del PP en Extremadura, el pasado diciembre- confrontando dos ideas antagónicas a modo de lema de campaña: “estabilidad o lío”, en alusión al bloqueo al que Vox somete al PP en las tres comunidades donde han ganado, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario.

“La estabilidad se ha convertido en una seña de identidad de mi gobierno”, ha subrayado. En estos cuatro años, el Parlamento andaluz ha aprobado 64 leyes y decretos ley, una actividad legislativa mucho más prolífica que en la pasada legislatura, cuando el primer Gobierno de Moreno [una coalición de PP y Ciudadanos] dependía del apoyo externo de la extrema derecha.

Desde las elecciones andaluzas de 2022, la Junta ha aprobado cómodamente cuatro presupuestos autonómicos, y ha hecho valer esa estabilidad siempre en confrontación con la compleja aritmética política del Congreso, que ha impedido al Gobierno de Pedro Sánchez siquiera presentar unos Presupuestos Generales del Estado.

Moreno también ha destacado que, en este periodo, el Parlamento andaluz ha aprobado un par de proposiciones de ley de la oposición con el apoyo de la mayoría absoluta del PP -“algo inusual en política”-, aunque la más significativa -la gratuidad de las gafas para menores de edad- fue una iniciativa del grupo mixto Adelante Andalucía, remitida al Congreso para mutar en ley estatal. El presidente popular ha reclamado ya a sus adversarios una campaña “limpia, respetuosa, sin mentiras y noble”.

Montero abandona el Consejo de Ministros

La principal rival de Moreno es la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que en los próximos días abandonará el Ejecutivo central para volcarse en la campaña de las andaluzas. Preguntada sobre si el de este martes será su último Consejo de Ministros, en la Cadena Ser: “Siempre depende del presidente, pero estará por ahí por ahí”, tras aclarar que tiene que “cerrar cosas pendientes”.

Si Moreno acude a las urnas con el lema “estabilidad o lío”, la candidata socialista ha planificado estos comicios como “un referéndum por la salud”. El PSOE, que puntúa bajísimo en intención de voto, tiene el reto de movilizar a una base social dormida, que en las andaluzas de 2022 rondó los 883.000 votos, y un año después, en las generales, sumó casi 600.000 papeletas más. La estrategia de los socialistas no pasa por jugar la baza de sus siglas -hoy en horas bajas- ni la de su candidata, que no ha supuesto el revulsivo para el electorado progresista que ellos esperaban.

El objetivo es trasladar a la ciudadanía que lo que está en juego son los servicios públicos, empezando por la sanidad, la educación y la dependencia. Montero acusa al PP de Moreno de planificar una privatización paulatina de todas las políticas que dependen de la comunidad, a base de “empobrecer poco a poco el servicio público”.

Las largas listas de espera de pacientes para el médico de cabecera, para el especialista o para operarse han hecho que la sanidad escale al segundo problema de los andaluces, por detrás del paro, según el último barómetro del Centra, financiado por la propia Junta.

El PSOE quiere percutir ahí con la sociedad más descontenta, poniendo especial énfasis en el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis sufrida por Moreno en esta legislatura, que se saldó con la dimisión de la consejera de Salud y toda la cúpula de su equipo.

Montero ha anunciado ya “un plan urgente en la sanidad pública” como primera medida si es elegida presidenta, y “la vivienda, la vivienda es el gran reto, dar una opción asequible a los jóvenes”. También ha explicado que Moreno ha convocado por dos motivos, “porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante” y “porque teme el repunte del PSOE”.

Tres papeletas a la izquierda del PSOE

El anuncio de la convocatoria electoral ha pillado a Vox sin candidato oficial y a Podemos barruntando aún si se presentará en solitario o permanecerá en la coalición Por Andalucía, junto a Izquierda Unida y Sumar. El partido de Santiago Abascal es el único del Parlamento que no había designado a su aspirante a suceder a Moreno, aunque en las últimas tres citas electorales Vox se ha decantado por el perfil más institucional y sobre el terreno que tenía.

En este caso, sería el portavoz parlamentario, Manuel Gavira, aunque él mismo se ha descartado hasta que la dirección nacional del partido no abriese el debate sobre los candidatos. Vox tiene hoy 14 diputados en el Parlamento y las encuestas vaticinan un crecimiento moderado que podría poner en riesgo la mayoría absoluta del PP. Abascal ya ha anunciado que su partido gobernará junto a los populares si la aritmética deja a Moreno en minoría, al contrario de lo que hicieron en 2019, cuando apoyaron la investidura el presidente del PP, pero optaron por negociar con él desde fuera del Ejecutivo andaluz.

A la izquierda del PSOE se presentan, por ahora, tres formaciones: la coalición Por Andalucía, que integra a IU, Movimiento Sumar e Iniciativa el Pueblo Andaluz, echó a rodar en octubre del año pasado, y ha elegido como candidato a la Presidencia a un rostro conocido, el exdiputado andaluz y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

La confluencia de izquierdas busca consolidar su proyecto político, que en esta legislatura ha tenido un grupo parlamentario con cinco diputados. Maíllo no quería llegar a la cita electoral sin clarificar cuál es el proyecto, los nombres y los objetivos de su coalición, como ocurrió en 2022, por eso ha dejado la puerta abierta a Podemos, pero entretanto han ido eligiendo sus listas electorales en las ocho provincias y la semana pasada presentaron las líneas maestras de su programa electoral.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, arrancó la precampaña en Andalucía este mismo sábado, en un acto en Sevilla, pero evitó hasta en cuatro ocasiones (a preguntas de la prensa) aclarar si se presentarán en solitario o en coalición con sus actuales socios. Hoy por hoy, su candidato es el parlamentario andaluz, Juan Antonio Delgado.

El último partido en liza es Adelante Andalucía, fundado por la exsecretaria general de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez, y cuyo candidato es el actual portavoz del grupo parlamentario, José Ignacio García. Adelante Andalucía tiene dos diputados, uno por Sevilla y otro por Cádiz, pero aspira a consolidar su proyecto “soberanista, de izquierdas, andalucista y anticapitalista” en estas elecciones. Desde el minuto uno se han desmarcado del debate sobre la unidad de las izquierdas, aunque el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, les incluyó en la lista de partidos invocados para rentabilizar sus votos en las próximas citas electorales.

La polémica política por la suspensión de la línea alta velocidad Málaga-Madrid hasta finales de abril “como mínimo” ha subido de decibelios en las últimas horas, cuando el presidente de la Junta de Andalucía ha asumido sin contrastar un dato de las supuestas pérdidas millonarias del corte ferroviario. El ministro Óscar Puente, ministro de Transportes, ha acusado a la Junta de Andalucía de tener un “grado de manipulación preocupante” y sostener un “disparate” por asegurar que las pérdidas serán de 1.300 millones de euros.

Ese es el dato que ha divulgado Moreno en Huelva, sin aclarar de dónde lo sacaba: “¿Qué pasaría si esta misma situación que está viviendo Andalucía y Málaga sucediera con el AVE a Barcelona? Si ahora mismo llevara Barcelona sin conexión ferroviaria desde Madrid, y por tanto con otras provincias, dos meses, se hubieran ofrecido tres fechas distintas, y tuviera un impacto económico de 1.300 millones de euros, ¿cómo estarían actuando algunos?”.

El lunes, antes de conocer que el nuevo retraso afectaría a la Semana Santa, Moreno calculó el impacto del corte en 300 millones de euros, cifra que cambió a 1.300 tras el anuncio. Si se refiere a todo el periodo en el que el AVE directo esté interrumpido, se entiende mal que Moreno la eleve en 1.000 millones tras alargarse un mes más. Desde la Junta aclaran que se refiere a dos meses, del 18 de enero al 23 de marzo.

Si se ciñe al impacto de la pérdida de ingresos en Semana Santa, como ha interpretado Puente, 1.300 millones de euros es una cifra que no casa con los datos oficiales de años anteriores. El año pasado los ingresos turísticos en esa semana rondaron los 470 millones de euros en toda Andalucía, según informó la Consejería de Turismo, con un gasto medio diario de 93,36 euros. Teniendo en cuenta que Málaga concentra alrededor del 40% de las pernoctaciones hoteleras en Andalucía en Semana Santa, se puede estimar que el turismo dejó 188 millones en la provincia. Esa cifra recoge el impacto del turismo llegado por cualquier vía, pero los estudios de movilidad turística muestran que en torno a la mitad del turismo nacional llega a Málaga por carretera, y que el tren mueve alrededor del 10% de los turistas.

Asumiendo que todo ese turismo se cae, y que nadie opta por hacer el viaje en tren con transbordo en autobús desde Antequera ni sustituye el modo de desplazarse, el impacto de perder el turismo llegado en tren en Semana Santa rondaría los veinte millones de euros.

Otra manera de estimarlo es calculando el peso del AVE en situación de normalidad. Tras la incorporación de Ouigo e Iryo hace dos años, los trayectos desde Madrid son alrededor de 160 en semanas de pico, lo que garantiza unas 75.000 plazas. Asumiendo que todas fueran ocupadas, y también que todas fuesen ocupadas por turistas, cada uno tendría que gastar 17.000 euros en su visita para que Málaga dejase de ingresar 1.300 millones de euros.

Al menos tres meses sin AVE por el desprendimiento de un talud

El servicio normal en entre Málaga y Madrid se interrumpió el 18 de enero tras el accidente en Adamuz en el que murieron 46 personas. El desprendimiento de un talud sobre la vía a su paso por Álora el 4 de febrero generó el problema que ahora impide la reapertura total, para la que se han dado dos fechas (el 8 de febrero y el 23 de marzo) que no se han cumplido. Por ahora, el AVE llega hasta Antequera y desde allí se ofrece un transbordo en autobús hasta la capital, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media. Según Puente, 3.000 personas al día están usando este servicio, de modo que la interrupción no es total.

Puente también ha defendido que el retraso es inevitable desde que los técnicos comprobaron que el alcance de los daños era más grave de lo previsto, y no bastaba con retirar la tierra caída y reponer el muro. “Nos hemos visto obligados a desmontar completamente ese talud y desmontar también el muro para dar una solución definitiva y segura”, ha dicho Puente, que asegura que hay 75 trabajadores y 23 máquinas sobre el terreno, “lo que cabe en turnos de 24 horas al día, siete días a la semana”.

“Las posibilidades son las que son. Están limitadas por la física. No podemos meter más máquinas en ese talud, ni más trabajadores, ni trabajar más horas”, ha añadido. El PP denuncia que los turnos de 24 horas que no empezaron a aplicarse cuando surgió el problema, sino hace tres semanas.

Los hosteleros no tienen esa cifra

Moreno asegura que 1.300 millones es la cifra de pérdidas que le dieron los hosteleros, algo que ha reiterado Carolina España, consejera de Economía y Hacienda: “Yo no he entrado a analizar si esos datos son exactos o no son exactos. Es lo que dice el sector”.

La Asociación de Hosteleros de la Costa del Sol, la voz más autorizada en Málaga, niega que esa cifra haya salido de allí. “Nosotros esa cifra de 1.300 no la hemos dado. En ninguna de nuestras comunicaciones aparece esa cifra”, señala una portavoz. La patronal niega que esa cifra haya salido oficialmente de ellos, aunque su Presidente, José Luque, sí dijo esto en una reunión el lunes con empresarios y la delegada de la Junta Patricia Navarro, según un audio al que ha tenido acceso este medio: “Hemos puesto de manifiesto que entre gastos directamente a los hoteles son 300 millones, 1.300 son los que evaluamos que pueden ser para todo el sector”. Es decir, el impacto indirecto.

En un principio, AEHCOS había previsto comunicar su postura, se supone que incluyendo una estimación de daños, durante la tarde del jueves. Pero ahora la anuncia para el viernes o, quizás, ya el lunes. La última nota, emitida justo tras el anuncio del nuevo retraso, informa de que las reservas hoteleras han caído un 26% respecto a 2025, y advierte del impacto económico y sobre el empleo, pero no estima pérdidas. Los empresarios no ocultan su preocupación.

¿De dónde sale la cifra de 1.300 millones? Es un dato que se comenta al comienzo de una reunión de Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, con empresarios del sector el lunes por la mañana, según publicó Diario Sur. Pero 1.300 millones eran las pérdidas esperadas si el corte duraba hasta el 23 de marzo. Durante esa reunión se conoce que el presidente de Adif acaba de anunciar que el corte de la vía se alarga hasta “la última semana de abril”, lo que deja a la ciudad sin conexión de alta velocidad para Semana Santa. Y ahí cunde la “frustración” y la “rabia”, según Sur, por el impacto económico del retraso respecto a la fecha que se barajaba.

El periódico tituló: “La ”ruina“ por no tener alta velocidad en Málaga en Semana Santa: más de 1.300 millones de euros”, aunque en el interior matizaba que esa cifra ni siquiera incluía el impacto por la cancelación de trenes en Pascua.

La publicación en X generó decenas de comentarios denunciando la “manipulación”. Y Óscar Puente entró al trapo cargando contra el medio y sus periodistas, a los que calificó de “buleros” y “mamporreros de quinta”, enzarzándose en una dura discusión con el director del periódico, al que acusó “ridículo” por no “hacer la división de la barbaridad de cifra que os manda Moreno Bonilla”.

La Asociación de la Prensa ha calificado de “preocupante” que un ministro “recurra a la descalificación” contra periodistas.

Dos fechas incumplidas

El episodio culmina por ahora una semana de tensión creciente por el retraso en la reapertura de la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid y, por tanto, con el resto de España. El nuevo retraso causó “decepción” a los empresarios y espoleó al PP, que se lanzó contra el Gobierno por los retrasos y el presunto agravio con otros territorios. Es un terreno que ya había sembrado el propio Moreno, avanzando que ya se habían “echado a perder” las previsiones turísticas durante el Festival de Cine, aunque pocos días después el festival ofreció unos datos de asistencia récord.  

Tras el nuevo retraso, muchos cargos institucionales del PP, que concentra el poder en la Junta, la Diputación de Málaga y los grandes municipios turísticos de la provincia, han martilleado con la idea, que enlaza bien con las críticas por las críticas por el colapso o carencia de otras infraestructuras, sean los atascos en la autovía A4 o la insuficiencia del Cercanías de la Costa del Sol.

El PP andaluz carga contra el Gobierno con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Carolina España, consejera de Hacienda y malagueña, habló de “ruina” y de “traición” a los malagueños. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, aguijoneó con el “desprecio” del Gobierno a la provincia y al sector turístico, y pidió “ceses” y “dimisiones”. Y el consejero de Turismo aseguró que la Semana Santa de Málaga está “perdida definitivamente”, jugando nuevamente la carta del presunto agravio con “Cataluña o País Vasco”.

La Junta de Andalucía dice estar “estudiando” emprender acciones judiciales para reclamar al Gobierno central “responsabilidad patrimonial” por la suspensión de la conexión ferroviaria, que está causando “un daño incuantificable a la 'marca Andalucía', la 'marca Málaga' y 'Costa del Sol'”. “Alguien tiene de alguna forma que asumir esa responsabilidad”, ha señalado España en Canal Sur Radio.

Paradójicamente, ha sido el alcalde de Málaga, la ciudad supuestamente más afectada, el más comedido. Tirando de su formación como ingeniero, ya avanzó que los plazos marcados inicialmente por ADIF no se cumplirían subrayando la “complejidad técnica” de los trabajos, y pidió resolverlo “rápido y bien”, aprovechando para revisar toda la línea.

“Las elecciones andaluzas va a ser un referéndum sobre la salud, el servicio público más deteriorado”. Con esta frase, María Jesús Montero ha enmarcado la estrategia de campaña del PSOE para los comicios en Andalucía, que el presidente de la Junta prevé convocar después de Semana Santa.

La vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata socialista en las andaluzas prevé abandonar el Gobierno de Pedro Sánchez tras las vacaciones, y ha confirmado que dejará por hacer algo a lo que se había comprometido reiteradamente hasta hace apenas unos días: cumplir con el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, algo que no se hizo ni en 2025 ni en 2024.

La guerra en Irán y el golpe frontal que ha provocado en las economías de todo el mundo ha obligado a España a implementar medidas de resistencia para amortiguar el impacto en los sectores más expuestos, como es el energético. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará este viernes un Real Decreto ley con un paquete de medidas que cuenten con el “consenso” de todos los socios parlamentarios de Sánchez, para garantizar que saldrá adelante.

Este es el motivo, según Montero, de la renuncia a presentar los Presupuestos Generales que, en cualquier caso, no habrían contado con el respaldo mayoritario necesario para salir adelante. En paralelo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba de retirrar su proyecto de Presupuestos para Catalunya tras la amenaza de ERC de tumbárselos. Los aliados catalanistas del PSC exigen que el Gobierno de Sánchez les ceda el IRPF, algo a lo que Montero se ha opuesto frontalmente.

Fuentes del Gobierno aseguran que la falta de acuerdo presupuestario entre PSC y ERC abocaba a un dilema envenenado para ambos: o retirar el proyecto o repetir las elecciones, un extremo que ninguno de los dos quería.

Si el Ejecutivo de Sánchez cediera ante esta exigencia, quedaría plasmado en el proyecto de Presupuestos catalanes, poniendo en un aprieto político a Montero en plena campaña de las andaluzas. La ministra de Hacienda ha negado hoy que la decisión de Illa de retirar su proyecto y seguir negociando con ERC busque “evitar dañar” su campaña en Andalucía.

Montero asegura que su duelo en las urnas con el presidente Juan Manuel Moreno será “referéndum” sobre la situación de la sanidad pública andaluza, el segundo problema de los ciudadanos, después del paro, según el barómetro del Centra, que financia la propia Junta de Andalucía. Además, la ministra ha ido más allá y ha acusado al dirigente popular de estar planeando un cambio drástico del sistema sanitario andaluz que pasaría por una mayor codependencia de la sanidad privada y “quitar la universalidad”.

“Me consta que quiere incorporar el copago y quitar la universalidad de la sanidd pública”, ha aventurado, tras instar a los votantes progresistas a movilizarse en esta campaña para “defender lo público”. El copago sanitario -pagar dos veces por lo mismo (una vía impuestos, otra directamente- es una fórmula de contención del gasto que aplican varios países europeos.

Montero ha vuelto a insistir en que la clave de estos comicios es que se active el electorado de izquierdas, y subraya la diferencia de medio millón a 600.000 votantes entre las andaluzas de 2022 y las generales de 2023. También ha señalado que Vox “no ha crecido más que desde las generales de 2019” ni el PP andaluz ha superado su techo de 1,5 millones, de ahí “la importancia de que el votante de izquierdas acuda a las urnas”.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha bajado de 25 a 22 la ratio de alumnos por aula en educación Infantil para el próximo curso escolar, que el 1 de marzo abrió el proceso de matriculación. La medida ha generado expectativas en la comunidad educativa, pero también muchas dudas.

Se trata de una bajada de ratio “instrumental” aprobada por resolución para el próximo curso, revisable cada año, condicionada a la demanda de plazas y “dentro de los límites” del decreto de admisión de alumnos, que sigue manteniendo la ratio máxima como estaba (25 por aula), según consta en la orden dictada por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta.

La bajada de alumnos por clase se hará efectiva, por tanto, siempre que los colegios no reciban más demanda de plazas que oferta, en cuyo caso, rige el artículo 5.1 del decreto de escolarización (21/2020, de 17 de febrero): “En la programación de la oferta educativa, el número máximo de alumnos y alumnas a considerar por unidad escolar será de 25 en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria”. La orden de la consejería supedita la planificación escolar de 22 por aula a la “oferta educativa existente y a la disponibilidad de espacios públicos”, entre otros factores.

Un colegio concertado de Sevilla ha hecho una consulta a la Inspección Educativa porque, con el plazo de inscripción recién abierto para alumnos de nuevo ingreso (3 años), “ya tiene comprometidas 16 de esas 22 plazas por hermanos ya matriculados en su centro”. “Hay familias inquietas porque viven al lado del cole, pero sus hijos no tienen hermanos aquí, y no saben si tendrán plaza incluso con todos los puntos por cercanía de domicilio”, explica la directora.

Fuentes del departamento de Educación subrayan que la ratio escolar será de 22 niños por aula, pero admiten que la nueva orden permite “excepcionalmente” subir a 25 por clase si el número de solicitudes rebasa “la oferta de plazas de la zona”. La Junta no contempla que ocurra este escenario, porque la población escolar andaluza lleva encadenando seis años de descensos debido al desplome de la natalidad. La bajada de la ratio ya es, de hecho, una realidad de facto en muchos colegios provocada precisamente por el escaso número de nacimientos.

Pero la incertidumbre de las familias tiene una razón de ser: el Gobierno de Moreno no ha topado la ratio escolar por ley. De hecho, ha votado dos veces en contra de hacerlo en el Parlamento, una a principio de esta legislatura, cuando vetó una iniciativa legislativa popular impulsada por sindicatos y agentes de la comunidad educativa; y otra a finales del año pasado, a propuesta del PSOE.

Hace una semana, Andalucía se alineó con otras comunidades del PP (también alguna del PSOE) que rechazaron, en el seno de la Conferencia Sectorial, el anteproyecto de ley del Ministerio de Educación para bajar de 25 a 22 el número de estudiantes por aula, una reforma legal pactada con los sindicatos docentes que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere empezar a aplicar de forma escalonada desde septiembre.

La Junta va por delante porque su bajada de ratio escolar también entra en vigor en septiembre, pero no está blindada por ley. Tiene “carácter instrumental”, es decir, “no establece un nuevo derecho ni cambia las leyes educativas principales, sino que actúa como un medio o herramienta para aplicar, gestionar o facilitar la ejecución de una norma superior, a la que seguirá supeditada”, explican fuentes de la Inspección Educativa. Se trata, por tanto, de una herramienta de gestión administrativa y organizativa del curso escolar, subordinada a una ley de rango superior que sigue fijando el tope máximo en 25 por aula.

¿Cómo se va a traducir esta medida en el proceso de escolarización en curso? El efecto real de la bajada a 22 niños por aula (a través de una modificación puntual de la orden de admisión) será desigual: se aplicará en los centros donde el descenso de la natalidad ya ha actuado recortando considerablemente el número de alumnos por clase.

Otro efecto colateral ha sido, de hecho, la eliminación de miles de unidades escolares y, en algún caso, el cierre de escuelas por parte de la Junta, una medida muy criticada por los sindicatos y formaciones de izquierdas. Pero está por ver cómo gestiona la Junta la nueva ratio en centros donde la demanda supere la oferta.

Según la resolución de la Consejería de Educación para la admisión de alumnos de nuevo ingreso el próximo curso, aprobada el pasado 27 de febrero, “se han habilitado 3.713 unidades, lo que supone un incremento de más de 150 unidades respecto al curso escolar actual 2025/2026, como consecuencia de la reducción de la ratio máxima de alumnado por grupo de 25 a 22”.

Es decir, la Junta cuenta con un colchón de 150 aulas disponibles para posibles “desdobles”, en caso de que el número de solicitudes rebase la oferta de plazas. Desde la consejería aseguran a este periódico que podrían llegar incluso a 250 unidades más, lo que implica contar con más profesorado. Una bajada de la ratio estructural, por ley, suele llevar aparejado un desdoble de aulas -donde antes había una clase de 25 niños, ahora habrá dos de 12 y 13 (hasta 22)-, y eso implica contratar más personal y sacar más plazas de empleo público.

La Junta no ha dado ese paso, es más, sus reticencias respecto al proyecto de ley de bajada de ratio del Gobierno va en ese sentido, de ahí que hayan pedido al Ministerio que aporten fondos extraordinarios para financiar una medida que compete a las comunidades autónomas.

“El derecho de familias a elegir plaza” donde no hay más plazas

La escolarización opera de forma muy distinta en el territorio andaluz. La Junta puede controlar los nacimientos que, en más del 95% de los casos, se traducen en solicitudes de ingresos en el sistema educativo a los tres años. Pero es más difícil controlar los movimientos de las familias con niños, de un barrio a otro, de una ciudad a otra, y menos aún la elección libre del colegio que les gusta.

El PP siempre ha defendido esa “libertad de elección de las familias del colegio de sus hijos”, un derecho que no existe como tal, porque topa con la limitación física de las escuelas. En la oposición, los populares tendían a presionar junto a muchas familias para que se aumentase la ratio en aquellos colegios con sobredemanda de plazas, habitualmente privados concertados ubicados en grandes urbes, en barrios de clase media alta, donde estas escuelas terminaban teniendo hasta 28 niños por clase en Infantil y Primaria.

Los populares han seguido defendiendo este criterio desde que gobiernan en Andalucía, hace ya seis años, aunque justo este periodo experimentó un descenso de la natalidad que ha amortiguado los problemas de muchas familias para encontrar plaza en el colegio elegido para sus hijos.

En el curso pasado, el 96,62% de las familias obtuvo plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,39% logró el puesto escolar en alguno de los centros preferidos. En realidad estos datos siempre han estado en esos parámetros altos, superiores al 94%.

Aun así, a pesar de haber menos nacimientos, menos matrículas y una ratio inferior, sigue habiendo determinadas escuelas muy populares donde la demanda excede a la oferta. Las familias que no consiguen la plaza escolar que quieren para su hijo se concentran en un puñado de colegios de cierto renombre en las grandes ciudadanos (privados concertados), pero sus protestas siempre han encontrado un eco sobredimensionado precisamente por el PP y la prensa conservadora.

Para estos casos, los populares también han defendido siempre que se ningunee la ratio, apurando los márgenes que permite la ley estatal y aumentando hasta tres niños más por aula (hasta 28 en Infantil y Primaria). Por ley, la subida de la ratio se puede aplicar en un colegio concreto, con sobredemanda, o en todo su distrito escolar.

La Consejería de Educación sostiene, en conversación con este periódico, que ahora que la ratio está en 22 por aula, sólo se aumentará el margen en un colegio si no quedan plazas libres en otros centros del mismo distrito. “Si un colegio recibe 22 solicitudes, la número 23 se derivará al colegio más próximo con plazas disponibles. Sólo si no hay espacio en toda la zona escolar, nos plantearíamos aumentar la ratio”, advierten. En realidad esto siempre ha sido así.

Lo que genera dudas ahora no es lo que establece la nueva orden, sino su aplicación práctica, y las contradicciones del discurso político del PP en defensa del “derecho de las familias a elegir libremente el colegio de sus hijos”. Si una familia no logra plaza en el colegio que quiere, tendrá que conformarse con la escuela de al lado, ¿o la administración que defiende la libre elección de centro sacrificará su nueva ratio de 22 por aula para satisfacer ese “derecho”?

“Sólo carácter instrumental”

Sobre el papel, la orden que fija el tope en 22 niños por clase está condicionada a las necesidades de escolarización de cada distrito, también como ocurría antes. “La determinación del número de alumnos por unidad escolar a efectos del procedimiento de admisión tendrá en todo caso carácter instrumental para la planificación educativa y se efectuará dentro de los límites máximos establecidos en la normativa básica estatal y en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero”, reza la modificación de la orden de admisión, aprobada por la Consejería de Desarrollo Educativo el pasado enero.

La bajada de la ratio escolar es una constante en el debate educativo, una de las propuestas más consolidadas en la comunidad científica para mejorar el trabajo docente y el aprendizaje del alumnado. En esta legislatura, la iniciativa se ha estrellado dos veces contra la mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz.

En 2022, los populares vetaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir de 25 a 20 el número máximo de alumnos por aula en Infantil y Primaria. En diciembre de 2025, el PSOE andaluz lo volvió a intentar, impulsando una reforma legal con el mismo objetivo, avalada por sindicatos de profesores, asociaciones de padres y madres de alumnos, de directores de institutos y de escuelas rurales.

La iniciativa, que llevaba aparejada la contratación de 13.000 profesores nuevos, era una réplica autonómica de la propuesta que días antes había anunciado el presidente Pedro Sánchez, mandatando al Ministerio de Educación a topar el número de estudiantes por aula, que ahora está en 25 para Infantil y Primaria; 30 para Secundaria y 35 en Bachillerato y FP. Los populares de Juanma Moreno volvieron a vetarla.

Sin embargo, dos meses antes, el mismo Gobierno andaluz había firmado un acuerdo con tres de los cinco sindicatos mayoritarios del sector educativo -CSIF, ANPE y UGT- con una serie de compromisos para la mejora de la calidad en la enseñanza, incluida una bajada de la ratio en Infantil. El Consejo de Gobierno del 4 de marzo aprobó una modificación parcial de la orden de escolarización de este curso, que incluía esa bajada, pero que dista mucho de las dos reformas legales discutidas y vetadas en el Parlamento andaluz.

La nueva redacción del artículo que se ha modificado establece que la Dirección General competente en materia de planificación educativa fijará mediante resolución anual, previa al inicio del procedimiento ordinario de admisión, dentro de los límites establecidos en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, el número de alumnos y alumnas por unidad escolar que se utilizará en el proceso de admisión para cada curso escolar.

A pocos días para que el presidente andaluz disuelva el Parlamento y convoque elecciones, todos los partidos de la oposición han retomado, por separado, la estrategia de ataque más dura contra Juan Manuel Moreno, el candidato a batir.

PSOE, Vox, la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía acusan a la Junta de haber ninguneado durante casi un año los avisos por falta de personal que elevó la dirección de la Unidad de Radiodiagnóstico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentra el 90% de las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama.

Todos los partidos de la oposición se han hecho eco de las informaciones de El País que, citando fuentes del hospital, aluden a documentos y escritos que el jefe de dicha unidad, Javier Castell, elevó a sus superiores para alertar de la escasez crónica de personal (por recortes presupuestarios y porque las bajas no se estaban cubriendo) que provocaron un atasco considerable en las pruebas que debían hacerse las mujeres con sospecha de cáncer de mama.

Según esa información, que la Consejería de Salud ha declinado valorar, las primeras advertencias datan de 2023, dos años antes de que estallase el escándalo de los cribados que afectó a 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama que no fueron alertadas. La situación, revelada por la Cadena Ser en octubre de 2025, provocó el cese en cadena de toda la cúpula de la Consejería de Salud (incluida la consejera y la viceconsejera), y del propio Castell, responsable de la unidad hospitalaria que concentró la gran mayoría de casos.

Sin embargo, Castell habría propuesto un plan de mejora de la actividad en dicha unidad para paliar la falta de personal y el atasco de pruebas pendientes de realizar. Entre enero y octubre de 2025, se habrían dejado de hacer 20.400 ecografías, 12.100 TAC, 10.100 resonancias magnéticas y 6.400 mamografías. A pesar de ello, la Junta rechazó activar el plan de choque propuesto por el jefe de unidad de Radiodiagnóstico del Virgen del Rocío, que tras hacerse público el escándalo tuvo que dimitir.

Los portavoces de los partidos de la oposición al Gobierno andaluz han comparecido, uno tras otro, este miércoles en el Parlamento para exigir “responsabilidades políticas” porque, “lo sabían de antemano, lo taparon o ignoraron los avisos”. “A Moreno sólo le preocupan la vida de los andaluces si le dan votos. Son una panda de desalmados. Han perdido completamente el norte y están solamente preocupados en una rentabilidad electoral”, ha asegurado la portavoz adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz.

La crisis de los cribados de cáncer de mama fue destapada por la Asociación Amama de Sevilla, que libró un pulso contra el Gobierno de Moreno y presentó en los juzgados cientos de denuncias por daño patrimonial, que la Junta aún no ha resuelto.

Férriz ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, mano derecha de Moreno que le designó para sustituir a la anterior titular de la cartera tras su dimisión, y señalan también a la consejera de Salud que recibió los informes de alerta del servicio de Radiodiagnóstico, la hoy responsable de Medio Ambiente, Catalina García.

La oposición considera que Sanz fue nombrado para resolver “la crisis política” que desató el problema de los cribados en el Gobierno, el mayor desgaste que ha sufrido el presidente andaluz en los últimos ocho años. El portavoz de Vox en la Cámara, Manuel Gavira, ha defendido que “quien tiene que dar la cara y asumir responsabilidades políticas es Moreno”, y no Sanz, tras denunciar que la crisis de los cribados fue consecuencia del “recorte” en recursos económicos y en personal. “Sanz es el cuarto consejero de Sanidad, pero lleva sólo unos meses, mientras que Moreno lleva ocho años”, ha sentenciado.

La diputada de la coalición Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha abundado en que la crisis de los cribados “no fue un error, sino una decisión política”, y ha recordado que el Gobierno andaluz no actuó hasta que Amama no hizo el suficiente ruido y la Cadena Ser se hizo eco de sus denuncias.

Por último, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad en el Parlamento para dar explicaciones, aunque ya está previsto que Sanz se enfrente a las preguntas de los grupos este mismo jueves, durante la comisión parlamentaria. “El Gobierno andaluz conocía el problema desde 2023 y no actuó, pese a las advertencias por escrito”, ha reiterado García.

El presidente Moreno ha comparecido este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Huelva, donde ha anunciado las ayudas a los afectados por la borrasca y la primera piedra del nuevo hospital para la ciudad.

Moreno ha evitado hacer referencia directa a los nuevos informes que indicarían que la Junta fue alertada dos años antes del atasco de pruebas pendientes y miles de mamografías sin realizar, y ha reiterado que su Gobierno ya asumió responsabilidades políticas. “Se tomaron medidas contundentes. Falló la cadena de información y cesó todo el núcleo de la consejería, dimitió la consejera y la viceconsejera, se aprobó un plan de choque, se pidieron disculpas y el sistema salió reforzado. Por tanto, sí se tomaron medidas drásticas y sí hubo una asunción de responsabilidades políticas”.

Las elecciones en Castilla y León han roto de golpe dos tendencias que parecían consolidadas tras los comicios en Extremadura, el pasado diciembre, y los de Aragón, en febrero: el crecimiento de Vox, que duplicó su resultado en ambas comunidades, se ha desacelerado; y el derrumbe del PSOE, que tampoco parecía encontrar suelo, ha remontado el vuelo recuperando votos y diputados.

Son dos mensajes que cambian las reglas del juego asumidas por los grandes partidos para las elecciones andaluzas de junio. Para el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, son señales contradictorias, porque el frenazo de la ultraderecha alimenta sus expectativas de revalidar la mayoría absoluta y gobernar en solitario; pero el despertar del electorado socialista desdibuja ese escenario y le obliga a vigilar con recelo a su izquierda.

Moreno lleva meses martilleando un análisis preelectoral con un claro efecto desmovilizador para el votante progresista, a saber: que las elecciones las tiene ganadas (no hay sondeos que digan lo contrario); que no hay partido; que el PSOE no es una alternativa real en Andalucía -su marca está churruscada; su candidata, María Jesús Montero, no despierta pasiones-; y que el único suspense de estos comicios es si el PP logrará revalidar su mayoría absoluta, o tendrá que sentarse a negociar con Vox.

A esa baza se lo ha jugado todo el presidente andaluz. La inestabilidad política que han arrojado los resultados electorales de Extremadura y de Aragón, donde Vox ni gobierna ni permite formar gobierno, le ha facilitado a Moreno una campaña relativamente sencilla, centrada en captar el voto útil y contraponer el interés institucional al interés partidista: “o estabilidad o lío”, repite últimamente como lema,

En público, los populares dan al PSOE andaluz por amortizado, pero en privado la mayor preocupación de Moreno nunca ha sido Vox, sino que despierte el electorado progresista. Esa bolsa de medio millón a 600.000 votantes que marcan la diferencia entre la mayoría absoluta del PP en las autonómicas de 2022 y la victoria amarga en las generales de 2023. En la primera, los populares aventajaron al PSOE en 698.700 votos; en las segundas apenas lograron 128.500 votos más. En ambas, el PP obtuvo prácticamente el mismo resultado: alrededor de 1,5 millones de papeletas, pero lo significativo fue la abstención en el PSOE.

“La ecuación está muy clara: el PP ha tocado techo, no puede subir más, y nosotros sí. Ellos no tienen partido, nosotros sí”, dice un veterano dirigente del PSOE en Granada.

Los populares bombardean hacia afuera con mensajes que trabajan mucho el desánimo de los socialistas, para tenerlos “sujetos en su depresión”. Pero hacia adentro trabajan con microdatos, con tracking mensuales, cruzando sondeos de intención de voto con datos de preocupación ciudadana y de temas de conversación en redes sociales: el PP ha ganado las seis últimas elecciones celebradas en Andalucía pero, excepto en las autonómicas, el PSOE obtuvo un porcentaje de votos “compatible con optar a la gobernabilidad”, siempre en coalición con una izquierda más asentada que, hoy por hoy, no se vislumbra.

El PSOE cayó en Extremadura y cayó en Aragón. En Castilla y León, con una participación notable del 65,6%, ha repuntado vuelo con casi 14.000 votantes y dos escaños más, casi un 31% del escrutinio. Los socialistas andaluces ven en ese dato un síntoma prometedor, un “punto de inflexión”: “hay un despertar de nuestro electorado, los nuestros empiezan a movilizarse, y eso es superpositivo”, advierten fuentes de la dirección regional.

La movilización de la base electoral del PSOE andaluz -mucho más grande y con más potencial que la castellanoleonesa- es una de las tres condiciones que se han fijado los de Montero para tener opciones de gobierno: las otras dos son que Vox crezca a costa del PP de Moreno, y que los partidos a la izquierda del PSOE se coaliguen o, al menos, que una de sus candidaturas movilice a medio millón de votantes, la base más estable que ha tenido ese espacio progresista en Andalucía. “Es difícil que se den las tres a la vez, pero sólo una de las tres zarandea el tablero político”, dicen.

Moreno: “Hay que felicitar el PSOE en Castilla y León. ¿Por qué no?”

El primer discurso que ha dado Moreno este lunes, tras los comicios de Castilla y León, apunta en esa doble dirección: el presidente andaluz busca sacar partido del tropiezo de Vox, según él, una agrupación carente de los atributos para gobernar: “responsabilidad, seriedad, rigor”. “Los ciudadanos castigan a los partidos que no son serios, que bloquean las instituciones. Nos dan el voto para construir, no para destruir”, ha dicho, tras recordar una y otra vez que Extremadura celebró sus elecciones antes de Navidad y aún sigue sin investir presidenta a María Guardiola (PP), que ganó.

Pero la novedad en su discurso está en las palabras de felicitación que dedicó al PSOE de Castilla y León, un gesto inusual con el que el candidato popular trata de disuadir a los de Montero a mirarse en ese espejo de optimismo: “Hoy hay que felicitar al PSOE, ¿por qué no?, ha mejorado sus expectativas. Pero en Ferraz y en Moncloa tienen que tomar nota de que los ciudadanos apuestan por la moderación, la seriedad y la cercanía con los ciudadanos. Lo que nosotros llamamos la vía andaluza”, ha sentenciado.

Moreno, sin necesidad de adelantar los comicios en Andalucía, ha defendido aquí la estrategia nacional de Alberto Núñez Feijóo: releer cada derrota del PSOE en las autonómicas como “un clavo más en el ataúd del sanchismo”. Así, el PP andaluz vio “extrapolable” a Andalucía el fracaso de los socialistas en Extremadura y en Aragón, pero no ven el buen resultado del PSOE en Castilla y León un ejemplo para los de Montero.

La diferencia es la que hoy ha avanzado el presidente de la Junta: que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda es “el mejor rostro del sanchismo”, que no es una candidata cercana ni del territorio, que no ha llegado de abajo arriba, sino fue elegida a dedo por Pedro Sánchez “como una prolongación de sí mismo”. “Eso restó a Pilar Alegría en Aragón, pese a que era buena candidata, y será letal para Montero aquí”, avisan.

PP y PSOE tienen lecturas antagónicas e interesadas del último eslabón electoral en Castilla y León, pero ambos coinciden en que el ciclo electoral ya no se puede leer como un continuum. Las variables autonómicas se superponen a la política nacional, no son metas volantes que conducen al desenlace final en las generales.

El estado anímico de los socialistas andaluces es hoy mejor que ayer, y eso es algo que a los populares les “inquieta”. “El PSOE andaluz ha gobernado aquí 37 años, es una máquina de hacer votos, nunca les hemos subestimado”, dicen. En la calle San Vicente, sede regional de los socialistas, sí creen en el valor de Montero como candidata del territorio. “Moreno también llegó elegido por el dedo de Rajoy. Hoy se lo juega todo a caer bien, y nosotros tenemos a alguien que sabe hacer las cosas bien: conoce Andalucía, conoce la Junta porque estuvo 12 años y conoce el Gobierno central, desde donde ha trabajado para Andalucía. Si no, que le pregunten a los catalanistas”, advierten...

Moreno no va a la campaña con las siglas del PP por delante, su marca personal es la gran baza, como lo fue en 2022. El PSOE tampoco ha diseñado una campaña revalorizando su marca -hoy en horas bajas- ni a su candidata, pero lo apuesta todo a una realidad constatable en la calle y evidente en las encuestas, incluida en la que publica cada tres meses la Junta de Andalucía (barómetro del Centra): el malestar de la ciudadanía por el deterioro de los servicios públicos, sobre todo por las demoras y el colapso en la sanidad, segundo problema de los andaluces por detrás del paro. “No hay un centro de salud en Andalucía que no tenga una placa con el nombre de María Jesús Montero”, consejera del ramo durante dos décadas, dicen en su partido.

“Defiende lo público” es el lema de precampaña de los socialistas. Montero y los suyos van a seguir por esa línea, aunque este lunes hayan difundido entre sus cientos de agrupaciones los resultados de Castilla y León junto con una arenga motivacional como la de William Wallace a sus soldados ante el ejército inglés (véase la película Braveheart). “La derecha ha cabreado a la gente para que vote en contra de ellos mismos; nosotros queremos que voten para mejorar su vida, su sanidad, su educación, su dependencia. Ese es el reto”, asegura un dirigente del PSOE-A.

En Extremadura, Aragón y Castilla y León, Vox ya había sido llave de gobierno y había gobernado junto al PP antes de salirse de las instituciones de forma sincronizada por orden de Abascal. El partido de ultraderecha en estas regiones ha demostrado su habilidad y sus carencias en los gobiernos, y los ciudadanos han ido a votar con esa realidad cotejada. En Andalucía eso no ha ocurrido aún, el PP lleva gobernando desde 2019, los últimos cuatro años con mayoría absoluta, y el desgaste se imputa todo a Moreno. “El votante de derechas cabreado con la Junta encuentra refugio en Vox”, dice un diputado socialista.

Las izquierdas no cambian el rumbo

Los sondeos previos a las últimas elecciones en Castilla y León sitúan al PP con un pie dentro y otro fuera de los 55 diputados que dan la mayoría absoluta en Andalucía. En 2022, los de Moreno fueron la lista más votada en las ocho provincias y se hicieron con todos los restos, es decir, de 50 a 58 diputados a un coste mínimo cada uno de los últimos escaños. Tanto en el cuartel general del PP como en el del PSOE asumen que la repetición de ese escenario “es muy difícil” pero, para que se repita esa “carambola”, tiene que repetirse una variable clave: la desmovilización de la izquierda.

Los partidos a la izquierda del PSOE en Andalucía también han captado el mensaje de su fracaso en Castilla y León: todas las fuerzas que se presentaban, cada una tras una marca, han perdido más de 45.000 votantes. Ni siquiera los 13.000 más que ha ganado el PSOE explica en clave de “voto útil” el vaciamiento masivo de este espacio electoral. “Es más significativa la incapacidad para atraer al abstencionista”, advierten desde IU.

IU (que iba en coalición con Sumar y Equo) no tendrá representante en las Cortes castellanoleonesas por primera vez desde hace casi dos décadas, en 2007. Y Podemos se ha extinguido con 9.000 votos (0,7%), menos que la formación del agitador ultra Alvise Pérez. Por separado, las izquierdas suman ahora el 2,97% de los votos, dos puntos menos de lo que lograron juntos en 2022.  Gabriel Rufián lanzó una nueva alarma en la noche electoral: “0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia”, escribió en su perfil de X (antes Twitter).

Pero las izquierdas andaluzas ya pasaron por ese debate de la unidad varias veces en la última década, y no parece que la nueva cita electoral vaya a cambiar la hoja de ruta que tienen marcada. Por Andalucía, la coalición de partidos capitaneada por IU y Movimiento Sumar, ha elaborado sus listas en las ocho provincias, ha elegido a su candidato a presidente (el líder federal de IU, Antonio Maíllo) y esta semana presentará el borrador de su programa.

Por Andalucía ha dejado la puerta abierta a Podemos, que ya formó parte de la coalición en 2022 y ahora barrunta postularse en solitario, pero no variará su planificación si los morados dan señales de querer negociar en el último minuto. “En el último minuto no habrá ningún viraje brusco. Ya pasamos por eso en 2022 y fue un desastre”, sentencia un dirigente comunista.

La reticencia de Podemos proviene más de la dirección estatal, que pilota Ione Belarra, que la andaluza. Preguntado por su resultado en Castilla y León y la posibilidad de que también desaparezca de Andalucía -la comunidad más poblada con 8,5 millones de habitantes, el portavoz nacional, Pablo Fernández, ha vuelto a insistir en que la decisión de coaligarse con otras fuerzas para los comicios es “competencia” de la dirección andaluza.

Pero la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ya firmó el pasado verano un manifiesto en favor de la unidad con IU, Sumar y el resto de formaciones con las que hoy comparte el grupo parlamentario Por Andalucía. También se lo hicieron llegar a Belarra en los órganos de coordinación con la dirección estatal, sin obtener ninguna respuesta.

José Manuel Gómez Jurado, uno de los diputados de Podemos en la coalición, ha sido orillado por su formación tras apostar abiertamente por la unidad. Este domingo, tras los comicios de Castilla y León, reiteraba su análisis: “La unidad no es la panacea, ni la respuesta a lo que le pasa a la izquierda, eso es una evidencia más que demostrada. Fragmentar las opciones y tirar votos a la basura en un tiempo en el que los votos no sobran, también es una temeridad bastante demostrada”, escribía en su cuenta de X.

Estos comentarios, que no son nuevos, provocan reacciones muy polarizadas de los seguidores de Podemos, unos a favor, otros visceralmente en contra, que terminan tildando a los diputados de “traidores”. “¿Y se supone que tenemos que quedarnos de brazos cruzados y boquita callada, aún yendo de desastre en desastre en las últimas elecciones por no ser traidores a no sé qué causa? Andalucía es la siguiente parada y SOLO hay una causa: que la izquierda saque el mejor resultado posible”, escribía Gómez Jurado.

El tercer partido en discordia a la izquierda del PSOE, la coalición Adelante Andalucía, es la menos concernida por el debate de la unidad, porque decidió cerrar la puerta a nuevas alianzas desde el principio. El partido de Teresa Rodríguez, que hoy pilota su portavoz parlamentario y candidato, José Ignacio García, ha apostado por “un carril propio” al margen de los “líos de la izquierda”, para consolidarse como una fuerza de “soberanía andaluza, sin jefes en Madrid, de izquierdas, andalucista y anticapitalista”.

Adelante Andalucía no aspira a restar opciones a Por Andalucía, sino a “sacar del sofá al abstencionista o al votante decepcionado con el PSOE”. Hoy tiene dos diputados, y el barómetro del Centra le da el doble. Sus excompañeros en IU y Podemos están convencidos de que están “sobredimensionados” en los sondeos, visto el índice de intención de voto que marcan en provincias donde no tienen implantación territorial ni apenas representantes.

Toda la izquierda andaluza aspira a lo mismo. Las encuestas, incluso la que financia la Junta, siguen ubicando a Andalucía en el centroizquierda, aun después de ocho años de gobiernos del PP, a pesar de que hoy PP y Vox representan un bloque robusto con 72 de los 109 escaños del Parlamento Aspiran a despertar a su base electoral antes de que Moreno disuelva la Cámara en abril y convoque a las urnas en junio.

El 23 de abril de 2021, el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Nyon (Suiza), decidió oficialmente que Sevilla y el estadio de La Cartuja sustituirían a Bilbao como sede española para la Eurocopa.

En realidad, la promotora Gruconsa había empezado los trabajos de remodelación del estadio cuatro días antes –el 19 de abril– sin contrato ni presupuesto asignado ni licitación ni adjudicación, pero por encargo directo de la sociedad que gestiona el estadio, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, junto al Estado, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial.

Cuatro días después, el 27 de abril de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S.A. acordó “no firmar el contrato del estadio con la UEFA hasta disponer de los fondos necesarios” y, dos días después, solicitó formalmente una “subvención excepcional” a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta por un importe de 5,4 millones de euros para sufragar el evento. Pero las obras ya estaban en marcha sin ningún soporte contractual.

La jueza de Majadahonda (Madrid) que instruye el llamado 'caso Supercopa' ha abierto una pieza separada para esclarecer el papel que jugaron altos cargos de la Junta de Andalucía en la adjudicación irregular del contrato de reformas de La Cartuja, a cambio de supuestas comisiones ilegales. Daniel Oviedo, actual gerente de la sociedad que gestiona el estadio, está imputado junto a quien presidía dicho órgano de contratación, el exsecretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal.

La cronología de la tramitación del contrato de las obras del estadio, recogida en el informe de la Guardia Civil, revela desde el principio “una clara discordancia entre la ejecución real de las obras y su formalización administrativa”, ya que los trabajos comenzaron mucho antes de que se iniciaran los expedientes de licitación.

El debate político se centra ahora en la responsabilidad del Consejo de Administración del estadio, donde estaban representadas tres administraciones del PSOE (Gobierno, Ayuntamiento y Diputación) y una del PP (Junta), que ahora se imputan las irregularidades del contrato amañado.

¿Quién autorizó el contrato?

El 5 de mayo de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S. A., reunido por videoconferencia, aprobó realizar las obras de adecuación del estadio de Sevilla para albergar los partidos de la Eurocopa, con cargo a un presupuesto extraordinario facilitado por el Gobierno andaluz un día antes. La Consejería de Educación y Deportes, donde Arrabal ocupaba el tercer escalafón, acababa de otorgar al proyecto esa subvención excepcional que había solicitado el estadio: 4,9 millones de euros, destinados inicialmente a la construcción de guarderías.

Las actas de la reunión del Consejo de aquel día, a las que ha tenido acceso este periódico, revelan varios puntos de interés para la investigación judicial sobre el supuesto amaño de contratos en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante el mandato de Luis Rubiales a cambio de comisiones ilegales.

La decisión de dar luz verde a las obras se adoptó en aquella reunión, en la que participó “como invitado el letrado de la Junta de Andalucía, Joaquín María Barrón Tous”. Hubo seis votos favorables, correspondientes a los consejeros de la Junta, del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación Provincial, y dos abstenciones de los miembros del Gobierno central, que expresaron sus “dudas” con la “interpretación jurídica” hecha por la sociedad del estadio La Cartuja para justificar el procedimiento “mínimo” y “urgente” de contratación, sin publicidad ni concurrencia competitiva.

Aquella reunión del Consejo de Administración incluso discutió si la entidad que dirigía Rubiales iba a ser parte del órgano de contratación del estadio o sólo “le compete la eventual recomendación de licitadores”, cuando en realidad la promotora vinculada a la RFEF –Gruconsa– ya llevaba tres semanas trabajando en el estadio.

El secretario del Consejo esgrime su “informe justificativo del procedimiento mínimo de contratación”, que no termina de convencer a los consejeros nombrados por la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central). La consejera nombrada por la Junta de Andalucía, Myriam del Campo, comenta que “el informe se ha consultado con los Letrados de la Junta de Andalucía así como con el Director General de Contratación, de la Consejería de Hacienda”.

Sin embargo, el consejero designado por el Gobierno, Antonio Franco, reitera que “le preocupa que ante la fiscalización o intervención que a posteriori pueda realizarse, qué responsabilidad le cabe como Consejero si no manifiesta las dudas sobre la oportunidad de que el evento fuera a ser realizado por el Estadio con sus normas o hubiera de haber sido realizado por otra institución”. “La urgencia viene motivada porque no hay tiempo y lo que se imposibilita es la aplicación del principio de publicidad”, añade.

Arrabal y Oviedo, “poder mancomunado” para autorizar el contrato

El Consejo de Administración del 5 de mayo de 2021 dio luz verde a las obras del estadio, pero lo hizo de forma indirecta. Lo que realmente se votó aquel día, según consta en las actas, “no es la valoración o discusión sobre el informe” que justifica el “procedimiento mínimo” para la contratación, “sino la delegación en el Presidente [Arrabal] y en el Gerente [Oviedo], de manera mancomunada, de las facultades que corresponden al Consejo de Administración como Órgano de Contratación por razón de la cuantía superior a 500.000 euros, para la contratación de actuaciones en el marco y contexto de lo informado”.

Es decir, la decisión última de contratar por la vía de urgencia a la promotora Gruconsa, investigada en la causa, no recayó en el Consejo de Administración, donde están representadas cuatro administraciones, sino en los dos máximos responsables de ese órgano, hoy imputados.

Con ese “poder mancomunado”, Arrabal y Oviedo aprobaron las licitaciones y adjudicaciones a Gruconsa un mes después, aunque en realidad la promotora ya había empezado las obras 16 días antes, sin contrato ni licitación ni adjudicación. A posteriori, se presentaron tres empresas a la licitación, pero la Guardia Civil sospecha que “los presupuestos eran falsos para justificar un proceso de adjudicación” concedido de antemano a Gruconsa que, de hecho, trabajaba en el estadio mientras las administraciones en paralelo hacían el papeleo para dar “apariencia de legalidad”.

A los miembros del Consejo se les notificó la oferta de la adjudicataria, pero no las de las otras dos empresas postulantes, que no aparecen en el expediente publicado en el Portal de Transparencia del estadio. “Pudiera haber sido la propia Gruconsa la encargada de confeccionar las tres ofertas que fueron presentadas, asegurándose así ser la más ventajosa para garantizar la adjudicación de unos trabajos que ya se encontraban en ejecución”, señala la UCO en el informe remitido a la jueza.

La Diputación de Sevilla ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Administración para abordar la permanencia del gerente, cuyo cese ya reclaman abiertamente desde el PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox. La potestad de convocar al Consejo sólo depende de la actual secretaria general de Deportes de la Junta.

La oposición en bloque ha pedido al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que fuerce la dimisión de Oviedo, y éste respondió en el Parlamento que “no es un cargo público” y que las administraciones socialistas en el Consejo no se opusieron al contrato. “Si hay que sustituirlo y renombrarlo, se convoca al Consejo y se destituye, pero a ver qué dice la Justicia”, ha asegurado en el Pleno de la Cámara.

“Dudas con la interpretación de las normas”

Las actas también revelan las “dudas” respecto al procedimiento de contratación expresadas por los dos consejeros de la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central), que no cuestionaron el proyecto, pero evitaron votar a favor. “Se tienen dudas sobre al alcance e interpretación del artículo 321 [de la Ley de Contratos del Sector Público] y expresa que la situación es extrema entre poder hacer o no el evento”, en referencia a los partidos de la Eurocopa.

También manifiestan “dudas” con la justificación legal de saltarse los procedimientos ordinarios de contratación alegando “una causa sobrevenida”, por lo que “no desean refrendar el procedimiento [mínimo de urgencia] pero tampoco oponerse a la celebración del evento”. Finalmente, los consejeros designados por el Gobierno central entienden que “deben abstenerse y recomendar la atención a los plazos en la medida de lo posible y ajustarnos a la publicidad y principio de la concurrencia”.

En ese momento intervino Arrabal para hacer un poco de “retrospectiva”, recordó que La Cartuja se había pasado años sufriendo el abandono de las administraciones, que “el estadio se encontraba cerrado” y “sin un horizonte de actividad”. “Estamos ante una oportunidad única que va a impulsar gran parte de la economía de la ciudad”, dijo.

El consejero del Gobierno central le respondió que “no se discute la importancia del evento sino que se está expresando las dudas, que no certezas, sobre una interpretación de las normas”. “Dudas sobre una interpretación jurídica, lo que no debe de entenderse como una oposición al proyecto”, añadió, tras “aplaudir el emprendimiento del presidente del Consejo de Administración”.

Las obras, antes que los permisos

“Daniel, buenas tardes. El lunes llega mi primer equipo de gente para el desmontaje de los tornos”. El 16 de abril de 2021, el responsable de las obras de adecuación del estadio La Cartuja de Sevilla como sede de la Eurocopa, Ángel González Segura (Gruconsa), envió un correo electrónico con el asunto “COMIENZO OBRA” a Daniel Oviedo, gerente de la sociedad Estadio de La Cartuja S.A.

El inicio efectivo de las obras de adecuación de tornos e iluminación en el estadio La Cartuja fue el 19 de abril, es decir, 39 días antes del inicio de los expedientes de licitación y cuatro días antes de que la UEFA confirmara oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa. En ese momento, ni existía contrato entre la RFEF y la sociedad Estadio La Cartuja ni existía contrato entre estas dos entidades y la promotora Gruconsa, que ya había empezado a trabajar sobre el terreno.

Los responsables de Gruconsa, imputados en la causa, fueron informando a la Junta del inicio y desarrollo de las obras. Los promotores enviaron un Excel con los gastos a Oviedo, cuando el proyecto todavía no contaba con el visto bueno del Consejo ni la Junta de Andalucía había destinado presupuesto para ello. “¿Te encargas de comunicárselo a la Junta?”, escribió el Secretario General de la RFEF, Andreu Camps, al responsable de las obras de Gruconsa.

Camps ni siquiera sabía en ese momento que la Federación de Fútbol y la sociedad que gestiona los activos de La Cartuja aún no habían firmado ningún contrato.“La Junta está en ello porque está el director gerente de La Cartuja”, le respondió González Segura el 23 de abril, el mismo día que la UEFA eligió oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa.

Entre el 12 y el 15 de abril, los miembros de la UEFA habían visitado personalmente el estadio de La Cartuja para evaluar la viabilidad del recinto para los cuatro partidos previstos. “Las primeras impresiones han sido buenas por lo que nos han contado, ya que en Bilbao solo han tenido escollos en cada legalización y petición por parte del Gobierno Vasco y las autoridades pertinentes, mientras aquí todo han sido facilidades y buena disposición”, escribió el responsable de Gruconsa a la RFEF.

Al día siguiente, el 16 de abril, cuatro administraciones firmaron una “declaración de intenciones” comprometiéndose a acometer las reformas necesarias para que Sevilla fuera sede, y sólo tres días después empezaron los trabajos en el estadio, antes siquiera de contar con el presupuesto para pagar la obra.

La sociedad Estadio de La Cartuja adjudicó el contrato a Gruconsa por valor de 1,1 millones de euros el 11 de junio, el mismo día que empezaban los partidos de la Eurocopa, y 45 días después de que arrancaran las obras. La Guardia Civil concluye en su informe que Arrabal y Oviedo “contribuyeron” al amaño del contrato, a cambio de contraprestaciones económicas, e investigan la compra de dos pisos que ambos hicieron en esos días (uno en Sevilla y otro en Málaga), abonando a tocateja 50.000 euros cada uno.

Cuando finalmente se oficializa el contrato de adjudicación a Gruconsa, dos trabajadores de la promotora lo comentan “en tono jocoso” en una conversación intervenida por la Guardia Civil. “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, dice González Segura. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, replica Jonathan Oliva, también de Gruconsa “¿Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día. Hemos superado a los chinos. Jajaja. ¡De lujo!”.

El pasado 18 de enero, Aarón, un joven onubense de 20 años, era uno de los pasajeros del Alvia que terminó volcado tras el choque con el Iryo en Adamuz. De aquel accidente han quedado muchos datos, peleas políticas y decenas de informes, pero la madre de Aarón, Carmen, no quiere que el caso de su hijo quede en el olvido, y por eso ha escrito una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la que ha contestado en su nombre el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

En su carta se resume el rosario de médicos que su hijo visitó durante dos semanas tras la tragedia, con fuertes dolores que siempre le achacaron a una rotura de costillas, hasta que un radiólogo dio con la clave: aplastamiento de columna.

Carmen asegura en sus redes sociales que escribe a Juanma Moreno “como madre”. “No desde la rabia, aunque la haya. No desde el reproche vacío. Le escribo desde el dolor profundo, desde la impotencia y desde el agotamiento de una familia que solo ha pedido algo muy simple: que cuiden bien de su hijo”, escribe en la carta, adelantada en El Libre. Recuerda que la noche del accidente, Aarón fue trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba donde, “entendiendo el colapso del momento, únicamente le realizaron radiografías de tórax y pelvis”. Fue diagnosticado de fractura de ambas clavículas y derivado a su hospital de referencia en Huelva, el Juan Ramón Jiménez.

El primer paciente que llegó al hospital de Huelva

Si en el Reina Sofía había colapso, en Huelva no era así. Fueron los primeros afectados del accidente en llegar a ese hospital. “Pensamos que allí continuarían con un estudio completo acorde a un traumatismo de tal magnitud. Pero no fue así. Se repitieron únicamente las mismas radiografías. Insistimos en que tenía golpes en la cabeza, dolor en la mandíbula, dolor generalizado en todo el cuerpo. Su vagón había sufrido un impacto y volcado. Aun así, no consideraron necesarias más pruebas”.

El día 19 ingresó para ser intervenido de ambas clavículas. Tras la operación, “comentamos el fuerte dolor de espalda y la inflamación facial con dolor mandibular. Nos dijeron que el dolor de espalda se debía a dos costillas rotas y no se solicitó ninguna prueba adicional. Fue dado de alta”. Pero en casa los dolores eran insoportables y volvieron a Urgencias.

Esther, hermana de Carmen, cita que solo la insistencia de un radiólogo y el empecinamiento de la familia hizo posible un diagnóstico real, porque “mientras le hacían una radiografía de espalda, el personal de rayos nos dijo que si el médico decía que no había fractura, insistiéramos”. Fue premonitorio. Con las placas en pantalla, el médico de guardia insistía en que no había fractura, así que la propia familia le tuvo que decir que mirase bien la pantalla. Como se temían, Aarón tenía fractura con acuñamiento vertebral. Un TAC posterior confirmó fractura y aplastamiento vertebral. Pero ahí no acabó la odisea.

“Nos enviaron a casa andando, sin indicaciones de reposo absoluto, sin advertirnos del riesgo de que ponerse de pie pudiera agravar la lesión. Durante 15 días mi hijo estuvo levantándose para ir al baño o ducharse, sin saber que podía estar comprometiendo su lesión”.

Aarón ingresó de nuevo para ser operado, pero el día previsto no pudo operarse por falta de anestesista. Cuando el traumatólogo que finalmente lo intervino lo visitó, “lo primero que nos dijo fue: ni un pie en el suelo. Nadie nos había advertido antes”. Fue intervenido con fijación desde la vértebra 7 hasta la 12. Tiene 50 puntos en la espalda, placas y tornillos. Tras la cirugía, “el propio médico nos informó de que el TAC inicial no estaba bien informado y que las vértebras afectadas no eran las que se habían comunicado previamente. Otro error más”.

La familia siguió insistiendo en el dolor de mandíbula y rodilla. “Se prometieron pruebas que no se realizaron. Incluso intentaron darle el alta con dolores insoportables, con rescates analgésicos cada hora y media, recién operado de la columna y con costillas fracturadas. Las radiografías posteriores dijeron que no había fractura mandibular”.

Pero la familia no se conformó, y acudió a la sanidad privada. Un especialista maxilofacial, mediante ortopantomografía y TAC, confirmó fractura de mandíbula. “Mi hijo llevaba desde el 18 de enero con la mandíbula rota sin que nadie en la sanidad pública se hubiera percatado. Una fractura que debería haberse intervenido hacía más de un mes. Ahora esperamos una resonancia de rodilla, también solicitada por nuestro seguro privado, porque nuevamente en la sanidad pública no consideraron oportunas más pruebas”.

“Señor Moreno, ¿es esto justo?”

Carmen pregunta a Juanma Moreno si es justo “para un joven de 20 años que ha sobrevivido a un accidente de tal magnitud tener que mendigar pruebas diagnósticas, para una familia vivir con el miedo constante de qué será lo próximo que no hayan visto o que una madre tenga que confiar más en su intuición que en el sistema sanitario que debería proteger a su hijo”, y le lanza una pregunta final: “Si fuera su hijo, ¿se conformaría con lo ocurrido? ¿Se sentiría tranquilo sabiendo que durante semanas nadie detectó fracturas vertebrales y mandibulares tras un accidente de tren?”.

La tía de Aarón confirma que Juanma Moreno no les ha contestado de forma alguna, pero sí el consejero Antonio Sanz, aunque se muestra decepcionada con la respuesta. Cree que la carta en redes sociales llegó a sus oídos, y el pasado viernes, antes de una reunión de la familia con el director del hospital y algunos médicos, les telefoneó, “pero, por decirlo de alguna forma, no fue una conversación muy amena, porque puso en duda las lesiones de mi sobrino”.

Esther cita que el consejero había accedido a información del expediente de Aarón. Desde la Junta de Andalucía se indica a elDiario.es Andalucía que Sanz no accedió a información sensible sino solo a lo básico para poder hablar con la familia. No se entra a valorar la actuación de los médicos en este caso.

La tía del joven dice que lo peor que ve ella en él es su estado de ánimo, porque “cada vez que va al médico le sacan una cosa nueva, y eso es difícil de llevar para alguien tan joven”, y recalca que si su hermana no hubiese insistido al médico con lo que le dijo el radiólogo, su sobrino seguiría sin ser operado de la espalda.

El caso de Aarón ha sido puesto en manos de un bufete de abogados onubense. La familia quiere saber qué ha pasado y delimitar responsabilidades, de forma similar a cómo termina la carta de la madre en las redes sociales: “Esperando que esta carta no quede en el silencio y que sirva para mejorar lo que claramente ha fallado”.

El ex secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía José María Arrabal, imputado en la presunta trama de amaños de contratos en el estadio La Cartuja (Sevilla) a cambio de comisiones ilegales, fichó por la multinacional privada Acciona apenas unos días después de su cese como alto cargo del Gobierno andaluz, en enero de 2025.

El fichaje de Arrabal por Acciona a los pocos días de abandonar la Junta choca con la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos, de 2005, que establece un periodo mínimo de dos años para poder entrar en una empresa del sector en el que había tenido competencias directas cuando trabajaba para la Administración.

El que fuera número tres de la Consejería de Cultura y Deportes cesó el 3 de diciembre de 2024 y, ese mismo día, solicitó formalmente a la Junta su compatibilidad para poder fichar de inmediato por Acciona Cultura, para dirigir la divisiónd e deportes, el mismo ámbito en el que venía trabajando en la Administración.

La Consejería de Justicia, competente para determinar si un alto cargo cumple la Ley de Incompatibilidades, firmó una resolución con la autorización de Arrabal pocos días después, el 7 de enero. “Se le concedió la compatibilidad tras comprobar que como secretario general de Deportes no había participado directamente en ningún contrato ni subvención de la Junta que hubiera beneficiado a Acciona”, confirman fuentes de este departamento.

José María Arrabal ha sido el secretario general de Deportes de la Junta, “con rango de viceconsejero”, desde que se constituyó el primer Gobierno de Juan Manuel Moreno, en enero de 2019, hasta hace apenas un año. Entró de la mano del exconsejero de Educación y Deportes, el fallecido Javier Imbroda, y se mantuvo en el puesto durante seis años, dos legislaturas y cuatro consejeros distintos, hasta que dimitió en diciembre de 2024. Acto seguido, fichó por la multinacional Acciona.

La citada Ley andaluza de Incompatibilidades prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

En 2024, el entonces viceconsejero de Salud del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Guzmán, fichó por una de las principales compañías de seguros privados de España, el grupo ASISA, que le nombró director médico en Andalucía tres meses después de su cese.

Al hacerse público, la Junta abrió una investigación interna que concluyó que Guzmán había vulnerado el plazo mínimo de dos años que establece la ley para pasarse a la privada. Su contrato quedó en suspenso hasta que pasaron esos dos años, pero Nieto ya advirtió entonces que la Ley andaluza de Incompatibilidades era “muy mala” y anunció su intención de cambiarla.

Antes de ser ascendido a viceconsejero de Salud, Guzmán había sido gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante dos años y medio, en los que adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, que terminaría contratándole tres meses después de dejar la Junta. Guzmán fue imputado por un juez de Sevilla en el caso de los contratos de emergencia del SAS, que posteriormente fue archivado.

Fue precisamente a raíz de este caso que la Consejería de Justicia, que dirige José Antonio Nieto, aprobó un decreto ley en 2024 que modificó parcialmente la Ley de Incompatibilidades, estableciendo la obligatoriedad para todos los altos cargos de la Junta de solicitar por escrito autorización expresa si querían saltar de la pública al sector privado sin esperar el plazo mínimo de dos años estipulado por ley.

Fuentes de Justicia explican que el caso Guzmán “evidenció que había una laguna” en dicha ley, que no existía un mecanismo reglado para que la Junta supiera de primera mano que uno de sus ex altos cargos había empezado a trabajar para el sector privado antes de que pasaran los dos años preceptivos. “El decreto ley obliga ahora a solicitar la compatibilidad, Arrabal lo ha hecho y se le ha autorizado”, confirman estas fuentes.

El decreto ley incluyó este nuevo apartado: “Las personas que en los dos años posteriores al cese en el desempeño del alto cargo pretendan realizar una actividad privada en el mismo ámbito sectorial en el que haya desarrollado sus funciones, deberán comunicarlo a la Consejería competente en materia de administración pública y obtener, con carácter previo, autorización para el desarrollo de la misma”. Es la Inspección General de Servicios la encargada de realizar un informe sobre cada solicitud, en este caso, la del ex secretario general de Deportes.

No obstante, un portavoz de Acciona explica a este periódico que Arrabal sólo trabajó para la compañía “durante cuatro meses, a principios de 2025”. “Su contratación contó con la autorización expresa de la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Ocupó un puesto intermedio en la organización como gerente de desarrollo de negocio internacional en el área de eventos deportivos, sin ningún tipo de actividad en el mercado español. El señor Arrabal dejó la compañía en mayo de 2025 tras no superar el preceptivo periodo de prueba de su contratación”.

La jueza de Majadahonda (Madrid) que instruye desde hace dos años el llamado 'caso Supercopa', la presunta trama de amaño de contratos ligada al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha imputado a Arrabal y al actual gerente de la sociedad Estadio de La Cartuja S.A., Daniel Oviedo, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía. Un informe de la Guardia Civil les acusa de “contribuir” a la adjudicación irregular de un contrato de 1,1 millones de euros a la empresa Gruconsa S.A. a cambio de supuestas contraprestaciones económicas.

Los trabajos de reforma del estadio de La Cartuja, en 2021, empezaron “39 días antes del inicio de los expedientes de licitación correspondientes a las mismas y 45 días antes de la adjudicación de los mismos a la constructora”. Las obras se finalizaron el 7 de junio de 2021, “cuatro días después de la adjudicación de los expedientes”. La jueza ha autorizado a la Guardia Civil a requisar y clonar los dispositivos móviles y las cuentas bancarias de Arrabal y Oviedo, pero el informe policial ya recoge algunas conversaciones de ambos con los promotores imputados.

En una de las conversaciones de Whatsapp grabadas, dos responsables de la constructora bromean con que la entidad pública les haya adjudicado finalmente la obra cuando, de hecho, estaban a punto de terminarla: “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, dice Ángel González Segura, responsable de la reforma de Gruconsa. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, replica Jonathan Oliva, también de la promotora. “¿Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día. Hemos superado a los chinos. Jajaja. ¡De lujo!”

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20.