L'extenista mallorquí Rafael Nadal, guanyador de 22 'Grand Slams', ha estat investit aquest dimarts doctor honoris causa, màxima distinció que concedeix una institu­ció acadèmica, per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM).

Durant l'acte, presidit pel rector de la Universitat Politècnica de Madrid, Óscar García Suárez, Nadal ha confessat que el seu camí cap a aquest reconeixement acadèmic no és el clàssic: “La meva formació ha estat diferent. La meva universitat ha estat la vida, els viatges i el contacte amb diferents cultures. La meva família, el meu entorn i el meu equip han estat també grans mestres”.

Així mateix, ha reflexionat que “l'èxit pot ser enganyis”. “És fonamental mantenir sempre la humilitat i l'autocrítica. L'èxit no arriba ni ràpid ni per casualitat. En cert sentit, l'esport d'alt nivell s'assembla a un procés d'investigació constant. El progrés arriba a través de petites millores diàries, aprendre de cada victòria i cada derrota”.

Durant l'esdeveniment, que ha tingut lloc al Rectorat de la UPM, el professor de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (INEF) de la UPM Javier Durán ha actuat com a padrí.

El nomenament ha tingut lloc a proposta de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la UPM, que el considera “el millor esportista espanyol de tots els temps”. La universitat destaca del balear els seus 22 títols de 'Grand Slam', haver estat número u del món, o les seves dues medalles d'or olímpiques.

La universitat subratlla que el de Manacor, “a més de ser una figura indiscutible de l'esport, també ha destacat en la seva vida per la projecció d'uns valors humans exemplars, basats en l'esforç i la perseverança, qualitats que l'han convertit en un referent dins i fora de les pistes de tenis”.

“Aquests valors coincideixen plenament amb els principis d'excel·lència, integritat, treball i solidaritat que la Universitat Politècnica de Madrid transmet als seus estudiants i a la societat”, ha dit la UPM sobre l'extenista, també investit honoris causa l'any passat per la Universitat de Salamanca.

Caldrà recordar que Nadal també va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Salamanca, on va defensar el valor de l'esport com a “pont” de “convivència, cordialitat i respecte mutu” en un món marcat per una “constant divisió i polarització” que va demanar combatre amb l'educació.

Davant el claustre de doctors de la institució acadèmica, Nadal va rebre un reconeixement que va considerar fruit de l'educació rebuda de la seva família, present a l'acte, i de l'experiència viscuda a les pistes i els seus viatges per tot el món.

El extenista mallorquín Rafael Nadal, ganador de 22 'Grand Slams', ha sido investido este martes doctor honoris causa, máxima distinción que concede una institución académica, por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Durante el acto, presidido por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García Suárez, Nadal ha confesado que su camino hacia este reconocimiento académico no es el clásico: “Mi formación ha sido distinta. Mi universidad ha sido la vida, los viajes y el contacto con diferentes culturas. Mi familia, mi entorno y mi equipo han sido también grandes maestros”.

Asimismo, ha reflexionado que “el éxito puede ser engañoso. Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica. El éxito no llega ni rápido ni por casualidad. En cierto modo, el deporte de alto nivel se parece a un proceso de investigación constante. El progreso llega a través de pequeñas mejoras diarias, aprender de cada victoria y cada derrota”.

Durante el evento, que ha tenido lugar en el Rectorado de la UPM, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la UPM Javier Durán ha actuado como padrino e impartirá la 'laudatio'.

El nombramiento ha tenido lugar a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM, que lo considera “el mejor deportista español de todos los tiempos”. La universidad destaca del balear sus 22 títulos de 'Grand Slam', el haber sido número uno del mundo, o sus dos medallas de oro olímpicas.

La universidad subraya que el de Manacor, “además de ser una figura indiscutible del deporte, también ha destacado en su vida por la proyección de unos valores humanos ejemplares, basados en el esfuerzo y la perseverancia, cualidades que lo han convertido en un referente dentro y fuera de las pistas de tenis”.

“Estos valores coinciden plenamente con los principios de excelencia, integridad, trabajo y solidaridad que la Universidad Politécnica de Madrid transmite a sus estudiantes y a la sociedad”, sentenció la UPM sobre el extenista, también investido honoris causa el año pasado por la Universidad de Salamanca.

Cabe recordar que Nadal también fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, donde defendió el valor del deporte como “puente” de “convivencia, cordialidad y respeto mutuo” en un mundo marcado por una “constante división y polarización” que pidió combatir con la educación.

Ante el claustro de doctores de la institución académica salmantina, Nadal recibió un reconocimiento que consideró fruto de la educación recibida de su familia, presente en el acto, y de la experiencia vivida en las canchas y sus viajes por todo el mundo.

El Ayuntamiento de Madrid plantea un concurso de ideas para reconfigurar el gran campus de Ciudad Universitaria, que concentra multitud de facultades o centros de la UNED al noroeste de la ciudad. Este martes, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presidido en el Palacio de Cibeles un encuentro con los rectores de las tres universidades con presencia en la zona: la Universidad Complutense (UCM), la Politécnica (UPM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La reunión se produjo en el marco de una comisión de seguimiento para un convencio entre Cibeles y su Consorcio del campus, con idea de aunar miradas y redefinir el campus.

En este sentido, el delegado ha detallado que en el concurso de ideas pueden participar equipos multidisciplinares de las distintas materias de las tres universidades, con estudiantes de estudios de grado, máster o doctorado, pero también con profesores y egresados, con el fin de “soñar con lo que debe ser la Ciudad Universitaria del futuro”. Esta iniciativa busca fomentar la participación de la comunidad educativa en la mejora de la Ciudad Universitaria en sus dimensiones urbanística, arquitectónica, social y económica, de movilidad y sostenibilidad, cultural, de ocio y como gran zona verde.

En la reunión han participado, como integrantes de este consorcio, los rectores de la UCM, Joaquín Goyache; de la UNED, Ricardo Mairal, y de la UPM, Óscar García. El convenio firmado se enmarca en los más de 60 acuerdos que el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha suscrito en los últimos meses con instituciones públicas, colegios profesionales, asociaciones y entidades privadas con el fin de impulsar la redacción y diseño del Plan Estratégico Municipal de Madrid (PEM), cuya aprobación inicial está prevista para la primavera de 2027 y que vendrá a sustituir al Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

Carabante ha abordado con los rectores varias cuestiones que vinculan al Consistorio con estas tres universidades, entre las que destaca el concurso de ideas para “la puesta en valor y transformación de la Ciudad Universitaria”, cuya resolución coincidirá en 2027 con el centenario de su creación. “Este es el campus urbano más importante de Europa y, por tanto, lo que debemos hacer es consolidarlo y pensar cómo debemos reseñarlo para que siga siendo un icono de la ciudad de Madrid”, ha señalado el delegado.

Carabante incide en que la transformación que se plantea no se centra únicamente en un giro de conocimientos, sino en cambios “también desde el punto de vista urbanístico” y en los que se incluyan “elementos de sostenibilidad”. Con el fin de fomentar la diversidad en la composición de los equipos, las ideas del concurso deberán estar integradas por miembros de, al menos, dos de las tres universidades y dos de los tres perfiles.

Las propuestas podrán entregarse hasta el 21 de septiembre. El fallo del jurado se dará a conocer un mes después y en 2027, se organizará una exposición con las ideas ganadoras. Con todo ello, el concurso aspira a convertir a la Ciudad Universitaria de 1927 en el “campus del talento urbano más relevante de Europa en el siglo XXI, dotar de un propósito a sus 350 hectáreas con usos que vayan más allá del académico y convertir este punto de la ciudad y su patrimonio en un icono imprescindible para el ciudadano y el viajero”.

Los seis grandes desafíos que han de resolverse

El concurso de ideas establece que las propuestas que se presenten deben resolver seis grandes desafíos: la superación de la fractura urbana que representa “la desconexión física y psicológica” en Moncloa-Aravaca generada por las infraestructuras viarias, recuperando la continuidad con el resto de la ciudad; la identificación de “áreas infrautilizadas o residuales” para rediseñarlas y ponerlas en valor, evitando la dispersión actual. Otras de las propuestas son la reversión del exceso de superficies pavimentadas y viales sobredimensionados para su integración en el sistema de infraestructura verde regional y local.

Además, se buscará transformar el modelo de movilidad mediante la resolución del impacto del vehículo privado y “la saturación de aparcamientos en superficie que degradan el paisaje y la experiencia peatonal” con nuevas fórmulas, unidas a un despliegue estratégico para integrar otros usos complementarios al tejido universitario. Lo que se pretende es lograr “una mejora de la relación espacial entre los volúmenes arquitectónicos existentes”, aislados según el Ayuntamiento por “un paisaje fragmentado y poco amable” e integrar el patrimonio edificado con el resto del campus.

Por su parte, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha agradecido formar parte del Plan Estratégico municipal, que ayude a “pensar en el futuro de la Ciudad Universitaria”. Aunque aún no tienen definido el proyecto, Goyache ha manifestado que quieren que Ciudad Universitaria sea un lugar que “vivan” los ciudadanos de Madrid y los visitantes porque tiene “un patrimonio histórico, cultural y deportivo más que interesante”.

Los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para las universidades públicas llegaron este jueves al debate de las enmiendas a la totalidad en la Asamblea de Madrid en medio de las reacciones ante el nuevo borrador de la Ley de Educación Superior de la región (LESUC). La Coordinadora de Plataformas de las seis universidades públicas y otras entidades y asociaciones están elaborando ya informes que apuntan a la “inconstitucionalidad de la ley”, según han anunciado en una concentración de docentes, personal universitario y estudiantes frente a la Asamblea este jueves. Prevén hacer “alegaciones en el proceso de la información pública” de esta norma, de la que solo se han conocido borradores hasta ahora, y añaden: “Si se aprueba, acudiremos a los tribunales”.

“Hay múltiples factores por los cuales el nuevo borrador es inconstitucional. Quizás el más grave sea que vulnera derechos fundamentales constitucionales como el derecho de reunión o la libertad de expresión”, ha asegurado Eva Aladro, miembro de la Plataforma. “Establece, por ejemplo, multas por poner una pancarta no autorizada y no dice quién tiene que autorizar la pancarta”.

Además, explica que “vulnera también la autonomía universitaria” al establecer unos “órganos de control nombrados a dedo desde la Comunidad de Madrid. Es inconstitucional porque las universidades tienen sus propios órganos de gobierno establecidos por ley orgánica”. “Toda la ley está hecha para manipular, y para teledirigir. Es ilegal”, añade. Estos órganos de gobierno son los Consejos Sociales, cuyo presidente lo nombra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que se ha encargado en los dos últimos años de emplazar en ellos a hombres afines al PP (o excargos) y a las universidades privadas.

Los presupuestos presentados esta mañana en la Asamblea destinarán un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, lo que se traduce en un incremento del 6,5% respecto a 2025. Sin embargo, Aladro apunta que las nuevas cuentas “no tienen en cuenta la inflación” y el incremento en gastos: “Desde el año 2008, los estudiantes de la Universidad de Madrid han perdido un 35% de poder adquisitivo”.

Sin embargo, la Plataforma por las universidades públicas madrileñas insiste en que la Comunidad destina menos del 0,5 por ciento de su PIB a los centros “cuando por Ley Orgánica debería invertir un 1%”. “Es la comunidad más rica y la que menos invierte en sus universidades públicas. Es la que menos invierte por estudiante y la que tiene los precios de matrícula más altos”, subraya Alba Lirón, miembro de la Plataforma.

Ciudad Universitaria, ciudad fantasma. Lo que un miércoles a primera hora de la mañana debería ser una avenida en pleno bullicio, hoy se ha convertido en un desértico paisaje. Apenas pasan una decena de estudiantes a la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde les espera un piquete informativo organizado por la plataforma Por Pública. Para entrar, deben responder a una pregunta: “¿Sabes cuánto porcentaje del PIB destina la Comunidad de Madrid a sus universidades públicas?”. No llega al 1%. Así que la segunda pregunta, les sale sola: “Entonces, ¿qué haces aquí?”.

Varios piquetes como este han repetido la escena durante la primera hora de la mañana en varias facultades, haciendo un recorrido que cada vez unía a más estudiantes organizados y a algunos profesores y personal de las universidades. A su llegada a la Facultad de Historia y Geografía de la Complutense, mientras empezaban un recorrido por sus pasillos, gritaban: “¡Hoy hay huelga, hoy no hay clase!”. Pero sus cánticos se han interrumpido por un compañero. “¡No hay nadie! Nos damos la vuelta”. No había ni un alma. No hay que convencer a nadie de que salga de clase porque la huelga “ha sido un exitazo”, celebra Miguel Sevilla, estudiante en la Complutense y uno de las decenas de alumnos que forman los piquetes. “No hay nadie dando clase. Solo han habilitado un aula para los alumnos que quieran ir a estudiar. Hemos ido a decirles que es muy importante estudiar hoy, porque hay que aprobar, pero es todavía más importante hacer la huelga, porque si no no vamos a poder estudiar mañana”, añade.

Él asegura que en su facultad, Derecho –una de las menos movilizadas– solo cinco profesores daban clase este miércoles. La Biblioteca María Zambrano, la más grande de toda la Complutense y conocida por abrir fines de semana e incluso durante toda la noche en época de exámenes, está cerrada. Ciencias de la Información, la facultad en la que se graduó y que galardonó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el título de 'Alumni Ilustre' repite el patrón: ni alumnos fumando en la puerta, ni coches ocupando el parking. Vacía. En Matemáticas, a medida que el piquete avanzaba por el pasillo, instaba a los pocos que todavía se resistían a unirse a la huelga a hacerlo. A su paso, algunos profesores cerraban la puerta de sus clases, apurados. Uno de ellos, se asomaba para interrumpir a los manifestantes: “Eso díselo al Gobierno central, hablad de vivienda, hablad de sueldos”. Detrás, su clase estaba medio vacía.

Fuera, delante de la Facultad de Físicas, un grupo de trabajadores del centro tomaba café. Solo uno de ellos, Jesús Navarro, ha accedido a hablar. Es investigador, se dedica a una de las áreas más precarizadas de las universidades públicas madrileñas: “Hay problemas económicos en gestión de proyectos, de sueldos, de pago a profesores e investigadores, y es verdad que los recortes en investigación afectan a estos proyectos y estos contratos”. De hecho, él tiene un contrato predoctoral de investigación que “contempla el pago de la matrícula” de su doctorado por parte de la universidad, pero asegura que se ha visto obligado a adelantar ese dinero de su propio bolsillo. No hace huelga –aunque sí que acudirá a la manifestación del próximo jueves– porque “perder dos días de investigación repercute mucho a la hora de [su] investigación”. “No puedo permitirme dos días de no trabajar, hay fines de semana en los que me toca trabajar también”, añadía.

El futuro de la pública: “Privatización encubierta y un control ideológico”

Rosana Díaz y Diego Núñez son bibliotecarios. Esta mañana caminaban junto a las decenas de estudiantes que se dirigen a la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para movilizar a más alumnado. “Trabajo aquí, me he educado aquí en esta misma universidad y no queremos que nos cuelen una ley que va a suponer una privatización encubierta y un control ideológico por parte de la Comunidad de Madrid. La universidad tiene que ser el sitio del pensamiento libre”, defendía la primera. El segundo, subrayaba que “una de las mejores bibliotecas universitarias también está en riesgo. Es una cosa que no puede privatizarse”.

El curso pasado, un suceso penoso reflejaba el estado de las públicas en Madrid: La biblioteca de Filosofía, en la Complutense, dejaba de comprar libros por falta de presupuesto. Recordando este episodio, Díaz dice: “Todas hemos sufrido recortes. Se ha publicado el caso de Filología, pero hemos sido todas”.

Cuando llegaban con más apoyos a las puertas de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica, el piquete se ha encontrado con una escena muy diferente a la que se vive en la Complutense. El centro mandó un escrito al alumnado en el que aclaraban, en mayúsculas y en negrita: “NO HAY PARO ACADÉMICO DECLARADO EN LA UPM”, a diferencia de la UCM, donde sí se ha declarado un paro oficial.

El contraste se notaba este miércoles. La cafetería no estaba tan llena como siempre, pero tampoco había demasiada diferencia, según los estudiantes. En las aulas, más de lo mismo. Muchos observaban desde los laterales de los pasillos y soltaban risas nerviosas cuando el piquete gritaba al unísono: “Tú que estás riendo, también te están jodiendo”. Un grupo de alumnas se explicaban: “Nos dijeron que podíamos tener prácticas con nota y que no se suspendían las clases”. “La biblioteca está cerrada, pero las clases siguen. Muy poca gente ha faltado por la huelga”, aseguraba una de ellas, Julia. “Me parece bien para reivindicar nuestros derechos, pero si se hace que se haga bien, que no tengamos clases”, ha concluido.

Profesores de universidades públicas de la Comunidad de Madrid darán un total de 50 clases en la calles de la capital este jueves y sábado y el próximo miércoles 26 y jueves 27, coincidiendo con los días de huelga. La iniciativa tiene como objetivo mostrar apoyo a las concentraciones y reivindicar el papel de los docentes. En estas cuatro jornadas, de mañana y tarde, docentes de la Universidad Complutense (UCM), la Autónoma (UAM), la Politécnica (UPM) y la Rey Juan Carlos (URJC) ofrecerán una muestra de su trabajo en áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Tecnología, Ingenierías, y Humanidades y Comunicación, según ha informado UCM por la Pública en un comunicado.

Este proyecto, llamado 'La uni en la calle', arrancará este jueves en el Paseo de Coches del Retiro a la altura de la Plaza del Monumento a Martínez Campos. Las clases empezarán a las 17.30 horas y versarán sobre Historia, Semiótica, Discursos de Odio, Patrimonio Cultural o Movimientos Sociales LGTB, entre otras.

El sábado tendrá lugar en la plaza frente al Museo Reina Sofía desde las 11 horas, donde profesoras de la Facultad de Ciencias Físicas explicarán en clases experimentales el Cambio Climático, los fenómenos adversos meteorológicos y llevarán a cabo experimentos y demostraciones en una isla de calor. Además, habrá una clase práctica de Veterinaria con perros a cargo de profesoras de la Facultad de la UCM. Allí mismo, profesorado de las Facultades Ciencias Políticas y Sociología y el Aula de Teatro-Laboratorio Social explicarán “análisis socioeconómicos de la privatización de la universidad”, y otras docentes de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Información hablarán sobre “manipulación persuasiva y redes sociales para la movilización”.

Paralelamente, en la Cuesta de Moyano, también desde las 11 horas, un equipo de profesoras de la Facultad de Psicología de la UCM abordarán la educación universitaria y “sus violencias”, así como la función de “refugio” de la Educación. Tambiénr habrá unas clases de profesoras de la URJC sobre la narración y orden social, la fotografía o la “hipervigilancia” en la sociedad contemporánea.

Por otro lado, en el Retiro, al lado del Monumento a Alfonso XII, un equipo de profesorado en Psicología desarrollarán explicaciones en las áreas cognitivas, emocionales, salud mental, nuevas técnicas y relaciones de estos sectores del conocimiento con las dinámicas del sistema social.

Días de huelga

Ya el miércoles 26, primer día de huelga universitaria, en la Plaza de Pedro Zerolo se desarrollarán, de las 12 a las14 horas, clases de Semiótica Social, Trabajo Social y Discapacidad y un conjunto de microclases colectivas de Educación crítica e Innovación ecosocial y crítica en la Pedagogía a cargo de profesorado de CC de la Educación y otras Facultades.

El jueves 27, segundo día de manifestación, en la Plaza del Reina Sofía, también desde las 12 hasta las 14 horas, habrá clases de Físicas, Filosofía del derecho, Comunicación Audiovisual y Ciencias de la Educación de la Autónoma, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica, que ocuparán la plaza para “llenar de contenidos didácticos” las movilizaciones.

Estas iniciativas se desarrollan en el marco de la convocatoria de dos días de huelga por la coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes frente a la “asfixia” económica de los centros universitarios y para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una “financiación adecuada” que permita ofrecer un servicio público “de calidad”. Las concentraciones cuentan con el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.

Por otro lado, la plataforma 'UCM Por la Pública' ha informado que la Delegación Central de Estudiantes va a convocar este tarde el paro académico en la Complutense. Ello significa que, de acuerdo con los estatutos del estudiantado en el BOUC n°23 Artículo 5, se permitirá la suspensión de la obligación del estudiantado que secunde el paro académico de seguir las actividades académicas establecidas.

El año 2030 se acerca, y con él la fecha límite para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 “objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible”, según los define la ONU. Pero, como sucedió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS –que, lejos de ser un canto al viento, cuentan con hitos concretos que alcanzar– van a quedarse a medias. En este momento, según la ONU, únicamente alrededor del 17% de las metas de los ODS están en el camino de cumplirse y un 35% se encuentran estancadas o incluso en retroceso.

Ante un trabajo ingente por delante, las alianzas entre diferentes actores se presentan como una de las principales herramientas que tienen administraciones (en el sentido amplio), empresas, tercer sector y también los ciudadanos –quizá el eslabón más débil de esta cadena– para impulsar los ODS. Como un ejemplo de manual de ese axioma que dice que el todo es más que la suma de las partes. Tanto, que construir alianzas es un objetivo en sí mismo, el número 17.

“La agenda marca no solo una oportunidad, sino una responsabilidad a todos los actores del desarrollo. Uniendo ese ejercicio de responsabilidad, ese idioma común, las alianzas se convierten en la herramienta para su consecución”, ha explicado José Ángel Calle Suárez, director de Alianzas para el Desarrollo Sostenible e Innovación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrrollo (Aecid), durante las jornadas Alianzas para el futuro, claves para un desarrollo global y sostenible, organizadas por elDiario.es en colaboración con Acciona.

Cristina Ruiz, directora de la Fundación de Acciona, ha explicado de manera práctica que significan estas alianzas para una organización como la suya. “Nosotros trabajamos fundamentalmente en llevar acceso a la energía, agua y saneamiento a comunidades en desarrollo, pero también en contextos humanitarios”, ha explicado. “Prestamos un servicio básico, por lo que tenemos que ser capaces de llegar, llegar bien y quedarnos. Así que para nosotros esa coordinación, colaboración, alianzas con autoridades públicas a nivel nacional, local y tradicional es fundamental para ser capaces de identificar dónde están las mayores necesidades. Alianzas y colaboración también con las personas que viven en las comunidades, que van a elegir si quieren o no quieren ser parte del proyecto y que nos van a hacer entender cuáles son sus demandas. Alianzas con organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones que están en el terreno y que tienen un conocimiento específico o o una especialización diferente a la nuestra. También, sin duda, con financiadores”.

Para Jaime Moreno Serna, profesor permanente en la Universidad Politécnica de Madrid y fundador del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM), “las alianzas aportan un ingrediente esencial en el ámbito de la generación y transferencia de conocimiento. En primer lugar, nos dan el foco, nos llevan a situar nuestra investigación y nuestra docencia en retos que son significativos para la sociedad en su conjunto, para la industria, para la administración pública, para los ciudadanos, para las organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, y casi para mí lo más importante, [nos dan] investigación, ciencia, creatividad. La creatividad es esencial y las alianzas estimulan el diálogo entre saberes” en el que cada uno aporta su conocimiento especializado, ha valorado.

La administración como impulsora

Los tres panelistas han coincidido en la necesidad de acelerar en la consecución de los ODS y en que la administración pública debe “promover e impulsar” acciones, en palabras de Calle Suárez, pero “sin el resto de los actores de la sociedad, del mundo de la empresa, el mundo universitario, de la comunicación”, no se avanzaría igual de rápido. “Necesitamos aproximar mucho más las posiciones del mundo empresarial el mundo académico, el mundo de la investigación. Los grupos de investigación son aceleradores de todo esto. Y hay responsabilidad masiva de los grandes medios de comunicación”, ha argumentado.

A partir de ahí, el siguiente paso es identificar qué actores son apropiados para cada alianza, ha explicado Ruiz: “¿Qué necesito? ¿Necesito recursos financieros, recursos de experiencia, recurso de conocimiento? Y, para cada caso, buscar al mejor. A veces se buscan alianzas porque son complementarias desde el punto de vista de que [los actores implicados] hacemos cosas diferentes y a veces hacemos lo mismo, pero de maneras diferentes”. Después viene pensar qué se quiere hacer y cómo, qué aporta cada uno. “También es muy importante tener una gestión compartida y una corresponsabilidad. Cada uno tiene que tener su ámbito de trabajo, sus actuaciones y sus responsabilidades, pero siempre entendiendo que esto no va de que cada cada uno haga su isla de trabajo, sino que hay que colaborar, ser corresponsables en el éxito del trabajo que se está poniendo en marcha”, ha elaborado.

Una alianza redonda en Etiopía

Pero toda esta teoría solo tiene sentido si se materializa en el terreno. Es el caso de la Alianza Shire, un proyecto para llevar energía eléctrica a la población refugiada en Dollo Ado, Etiopía. que los ponentes han presentado como ejemplo de cooperación entre diferentes entidades y en el que están presentes los tres organismos que han participado en la jornada, junto al Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur). “Es la primera alianza multiactor de la acción humanitaria española”, ha puesto en valor Moreno Serna. “Hace ya unos cuantos años tuvimos una visión compartida para explorar el potencial de esta colaboración multiactor en el acceso a energía en campos de refugiados, un tema para el cual prácticamente no había soluciones”, ha explicado.

La Alianza Shire ha permitido ofrecer acceso a energía a 13.000 personas refugidas en la frontera entre Etiopía y Somalia, “una de las regiones más duras del planeta”, mediante la instalación de sistemas solares domiciliares de última tecnología. Estos sistemas no solo proveen de energía, un logro ya en sí mismo: les permiten ahorrar en el consumo energético en el hogar, dejar de gastar en velas u otros métodos de iluminación, etc., lo que les generaba un gasto “inasumible”, ha destacado la directora de la Fundación de Acciona. Además, el trabajo realizado y el conocimiento generado permitirá replicar el proyecto en otros lugares.

Una alianza, en definitiva, que aúna todo lo que se espera de este tipo de iniciativas, explotando las fortalezas que cada actor tiene: una visión compartida, creatividad para afrontar un problema, los recursos tecnológicos del sector privado o generar las estructuras organizativas que permitan sacar adelante el proyecto y mantenerlo (“es fundamental”), cooperar también con las comunidades locales y las organizaciones que trabajan en el terreno...

Otra virtud de las alianzas, ha querido destacar Calle Suárez, es juntan en la mesa con un mismo propósito a actores aparentemente contrarios. El director de la Aecid ha contado un caso en el que están trabajando conjuntamente la Xunta de Galicia, la Aecid del Gobierno de España y una empresa como Pescanova para ofrecer formación pesquera en Mozambique “fundamentalmente a jóvenes”, lo que les permite integrarse en el mercado laboral del país.

Problema-solución

Pero los proyectos también encuentran barreras, algunas de ellas internas. Ruiz, de Acciona, ha señalado que las diferentes organizaciones tienen distintas maneras de trabajar, lo que requiere “un proceso de adaptación”, y el profesor Moreno Serna ha incidido en la idea subrayando la dificultad que puede tener solo mantener la alianza en el tiempo, cohesionada y funcional. “Es necesario que haya quien cuide esa alianza, profesionales dedicados con un conocimiento específico, porque hay mucha complejidad”, un rol que, cree, “la universidad, y en particular desde el centro en el que trabajo (el idtUPM) puede cumplir. El director de Alianzas para el Desarrollo Sostenible e Innovación de la Aecid ha coincidido en este punto porque, ha explicado en base a su experiencia –ha sido cooperante muchos años–, ”la frustración en contextos complejos es muy elevada“. En ese sentido, Calle Suárez ha puesto en valor el nuevo estatuto del cooperante aprobado en España.

Preguntado específicamente, Calle Súarez también ha admitido que la burocracia que se autoimpone a veces la administración “interrumpe ese diálogo común, y ha disminuido la velocidad de nuestra capacidad de generación de alianzas”, aunque ha asegurado que los cambios recientes que se han acometido están mejorando ese aspecto.

Pero, problema solución, Ruiz ha destacado que este es precisamente otro de los puntos fuertes de las alianzas, lo que han comprobado de primera mano con Shire. “A este proyecto le ha pasado prácticamente todo que le podía pasar, y que hayamos estado en alianza nos ha hecho resistir. Ha habido situaciones dificilísimas en las que si uno solo igual tiras la toalla. Pero lo bueno de haber estado tantas organizaciones juntas” es que unas se apoyan a las otras para sacar el trabajo adelante, ha cerrado.

Cabify ha presentado este martes en Madrid dos análisis impulsados por la propia compañía que tienen como conclusión compartida la necesidad de aumentar el número de licencias de taxis y VTC. Cifran este ascenso en el entorno del 45%, hasta añadir 11.000 más a las ya concedidas. La empresa justifica la necesidad de ambos estudios para “generar un conocimiento muy útil para Madrid, la Comunidad de Madrid y otros lugares, ya que sus conclusiones se ponen a disposición del sector público y la comunidad científica”.

Aunque no se distinguen entre ambos modelos de vehículo con conductor, desde la compañía han apuntado al inicio del acto que “el número de taxis permanece invariable desde 1979, mientras se duplicaba la población y se multiplicaba por cuatro el turismo”. Actualmente no es posible adquirir nuevas licencias de taxi a través del Ayuntamiento de Madrid, mientras que conseguir una ya concedida puede suponer un coste que ronda los 140.000 euros.

Las de VTC han experimentado un fuerte crecimiento después de su auge posterior a la pandemia, hasta el punto de que según distintas fuentes ya superan los 100.000 euros y cada vez se aproximan más al precio de las del taxi. Así, un aumento de 11.000 licencias supondría poner en juego más de 1.000 millones de euros, en unos movimientos económicos de los que Cabify y otras VTC serían las grandes benficiadas si continúan sin darse nuevas licencias de taxi.

Comparativa con otras capitales europeas

El encuentro celebrado este martes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha contado con dos ponencias. En primer lugar la de José Manuel Vassallo, catedrático del Departamento de Ingeniería del Transporte, Territorio y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, y coordinador de la línea de investigación en economía y financiación del transporte en el Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT). En la intervención ha expuesto un análisis de la oferta de servicios de taxi y VTC en diversas ciudades de Europa, en contraste con el caso de Madrid.

“Ha sido un tema de investigación muy escasamente abordado. No hay una fórmula mágica que establezca cuál debe ser el número más apropiado de licencias de taxi y VTC. Por eso decidimos comparar con otras capitales europeas con características similares, para aplicar después una serie de ratios para ajustar esa comparación (población, turismo...)”, ha explicado Vassallo.

El catedrático ha reconocido la dificultad de aglutinar los datos luego ponderados: “Encontramos el problema de la falta de estadísticas oficiales, no hay una base de datos o un observatorio a nivel europeo. Fuimos analizando país por país, con bases de datos no del todo homogéneas. No hay organismos europeos que homogeinice, y hay pasíses muy transparentes como Reino Unido frente a otros con mucha opacidad y dificultad en el acceso a la información”.

La comparativa, que ha estudiado estas urbes tanto a nivel municipal como de área metropolitana, muestra que París y Londres se encuentran muy por encima del resto de capitales europeas. El ratio de 7,3 licencias por habitante de Madrid está por encima de Roma, Viena o Berlín, pero por debajo de la media ponderada por población en las ciudades seleccionadas para el estudio: 10,1. Para llegar a esta cifra, tendría que producirse un aumento del 39% en el número de licencias (9.500 más).

En el área metropolitana, donde se produce un descenso generalizado del ratio medio, el de Madrid es 3,7 licencias por habitante. Aquí el análisis de TRANSyT establece una media ponderada de 5,3 en las ciudades europeas analizadas. Para cubrirla, la Comunidad de Madrid debería facilitar un aumento del 45% de las licencias. Esto es, 11.000 más. Curiosamente, este número disminuye hasta 8.300 introducir la variable del impacto del turismo. “Es menor que en otras ciudadades europeas con las que hemos comparado a Madrid”, ha apuntado Vassallo.

Más licencias para “satisfacer la demanda”

La segunda ponencia ha venido a cargo de Josep Maria Salanova Grau, investigador principal del Hellenic Institute of Transport del Centre for Research & Technology Hellas (CERTH-HIT) y experto en modelización del transporte y la movilidad, con investigaciones previas sobre el sector del taxi en España. Este estudio ha partido de patrones de datos espaciales (de donde a donde se mueve la gente) y sobre todo temporales (en qué momento del día o la semana).

Según los datos que ha manejado el investigador, la actual oferta deja sin satisfacer el 46% de la demanda. De lunes a miércoles esa cifra es del 30%, jueves y viernes sube al 45% y sábados y domingos alcanza el 60% de demanda no satisfecha. Salanova concluye que con un aumento del 25-30% de licencias se pasaría de cubrir el 54% al 87-89% de la demanda. Si más tarde las licencias aumentan un 50-75% se cubrirá entre el 93,5 y el 97,5% de la demanda. Matiza que este último dato es con vistas a largo plazo y menos realista (con semejante aumento de oferta la demanda también sufrirá grandes transformaciones), por lo que su propuesta final de refuerzo de licencias es similar al 45% y 11.000 unidades que apunta Vassallo.

Salanova ha analizado la demanda en función de varios intervalos representativos organizados en días y horas, sin considerar viajes a aeropuertos y estaciones de tren (que ha estudiado de manera separada por las particularidades de estos viajes). Ha divido los datos de demanda en cuatro grupos: lunes a miércoles, jueves-viernes, sábado y domingo. A continuación, ha compartimentado las horas dentro de cada grupo para un análisis adaptado a los diversos periodos de oferta y demanda.

Para obtener el refuerzo necesario de la demanda, ha establecido en cinco minutos el tiempo de espera y una tasa de servicio (número de viajes de un conductor por hora) de 1.9. A continuación, ha adaptado los posibles incrementos de licencias a un escenario de aumento de este tiempo y a uno de disminución, así como a uno de disminución y aumento de la tasa de servicio, aunque en los párrafos anteriores destacamos los estándares medios.

Los propios investigadores han señalado algunas limitaciones en su trabajo, con la falta de datos oficiales homogeneizados como principal escollo. Así, han tenido que recurrir a datos de autorizaciones de transportes, estudios de la Comunidad de Madrid e incluso noticias, sin estadísticas oficiales que recojan y organicen las licencias concedidas. Otro apunte es la no diferenciación entre licencias de taxi y VTC, pese a las divergencias de su modelo en cuanto a regulación de precios, horarios o condiciones laborales. O la no contemplación de la influencia de medidas en otros transportes, como la apertura de Metro en las madrugadas del fin de semana (motivo clave del auge exponencial de la movilidad en vehículo con conductor en ese periodo).

Minutos antes de que den las nueve de la mañana, profesores y trabajadores de la Universidad Politécnica de Madrid se han reunido frente al edificio de Rectorado, junto con algunos alumnos, acompañados de banderas de palestina, kufiyas y pancartas en alusión a la masacre en Gaza. “Vergüenza nos da que nuestras autoridades de la UPM sigan impasibles” o “por el final del genocidio y del aparheid”, se podía leer en algunos carteles. Los asistentes también han portado pancartas recordando los nombres de profesores y alumnos asesinados en la Franja. 

“Este acto es, en primer lugar, un homenaje al personal que ha muerto en las universidades”, dice a elDiario.es uno de los académicos presente en el evento. La concentración de este viernes, organizada a través de la Red Universitaria por Palestina, que reúne a personal de siete universidades de la región y más de cuarenta en todo el país, denuncia la pasividad de estos centros ante el genocidio del pueblo palestino. Se unen así a las protestas y acampadas de los estudiantes españoles que se han extendido por todo el país en los últimos meses.

En paralelo a la concentración, estaba convocado el claustro de la UPM, su máximo órgano de presentación, que no había incluido en el orden del día el cómo se va a implementar los compromisos de la Conferencia de Rectores Españoles, por falta de firmas y ante la negativa del rectorado: “Es la única universidad pública madrileña que no está tomando medidas y no está negociando con los estudiantes. Se ha levantado de las conversaciones y dicen que no van a hacer nada, con el argumento de que no tienen obligación legal y porque podría tener implicaciones económicas si se rompe algún convenio, pero queremos que sepan que la vida de nuestros compañeros en Gaza está por encima de cuestiones económicas”, ha continuado explicando este profesor: “Lo que pasa en Gaza lo vivimos con infinita preocupación y dolor. Son cientos y cientos de muertos, tenemos más de 300 firmas condenando, pero nos duele la frialdad de los órganos de gobierno”. 

“La Universidad Politécnica ha sido la más reticente a sentarse a hablar con nosotras y poner encima de la mesa un acuerdo. También son quienes más consecuencias económicas pueden tener al romper relaciones con Israel, por eso es importante hacer presión”, explica a este medio un grupo de estudiantes de diferentes universidades madrileñas, organizadas a través de la Acampada Interuniversitaria. Aseguran que, aunque se han levantado las tiendas del recinto de la Complutense, siguen movilizadas: “Nos hemos transformado, pero no paralizado. En estos meses hemos conseguido cosas, pero menos de lo que esperábamos, así que ahora lo que estamos es viendo cuál es la mejor forma de continuar”.

Otra profesora de UNED, que ha acudido en solidaridad con los docentes de la Politécnica, pide a su claustro que condene el genocidio y se revisen los acuerdos con instituciones semitas y que esta universidad a distancia piense cómo puede colaborar con los centros palestinos, “ya que por contar con una modalidad online puede ofrecer tecnología y ayuda a los estudiantes, como se hizo con Ucrania”.

Kaled Abushad, profesor gazatí: “No hay un sitio seguro en Gaza, no hay donde huir”

Kaled Abushad es profesor de la universidad de Gaza, afincado desde hace poco en España, a donde llegó como profesor invitado por haber realizado su doctorado hace unos años en la Complutense. En su país sobrevive parte de su familia, aunque sabe que algunos miembros han sido víctimas de los bomberos, al igual que muchos de sus antiguos compañeros de la universidad de Gaza. Se calcula que más de 4.000 profesores y estudiantes han muerto desde el 7 de octubre, una cifra que recuerdan las pancartas que portan las decenas de manifestantes que a lo largo de la mañana se han unido a la protesta frente al edificio del Rectorado. 

“Más de 100.000 estudiantes están en las calles sin recibir educación, en unas condiciones muy duras. Desde hace una semana intentamos dar clase online, pero casi no hay acceso a internet. Es lo único que podemos hacer”, ha contado al resto de asistentes. Cree que con su historia se puede entender cuál es el trauma que atraviesa su pueblo. Aunque ahora lucha por conseguir el estatus de refugiado en nuestro país, es originario de Kan Jounis, desde donde tuvo que moverse a la Franja de Gaza y reconstruir su vivienda en hasta cinco ocasiones, en lugares sin electricidad, baño o servicios básicos. Dice que en la Franja no hay espacio para la felicidad, sólo se piensa en sobrevivir: “No hay un sitio seguro en Gaza, no hay dónde huir”. Ha concluido su intervención dando la gracias al movimiento propalestina, “que les da esperanza para lograr la paz”. 

Inmediatamente después una representante de la Red Universitaria por Palestina ha comenzado a leer el manifiesto: “Pedimos a los órganos de gobierno de la UPM una condena clara y explícita contra la destrucción deliberada de las universidades gazatíes y los ataques al profesorado, estudiantes y personal universitario”, comenzaba diciendo, para continuar añadiendo otras exigencias: “Pedimos, además, una dotación de recursos económicos y humanos para la recepción y protección de estas personas y para la reconstrucción de las universidades en Gaza y para la recuperación de sus programas de enseñanza”.

En el manifiesto, también han pedido que se revise y, en su caso se suspendan los acuerdos de colaboración de la UPM con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional, así como con empresas y bancos españoles o extranjeros que contribuyan a la ocupación. Por otro lado, elevan al Gobierno de España la petición de respaldar los procesos en marcha ante la Corte Penal Internacional, así como la suspensión de suministro de armas y relaciones comerciales con Israel y la suspensión de la participación de Israel en cualquier evento deportivo o cultural internacional. 

Más de medio año de movilizaciones 

Este viernes, los docentes de la Politécnica de Madrid han continuado con el ejemplo de los de la Complutense, que ha finales de mayo se reunieron en apoyo al pueblo palestino frente a su institución rectora, recordando los bombardeos a universidades y centros de enseñanza, y el asesinato de miles de profesores y estudiantes. 

El epicentro de este movimiento universitario estuvo en las acampadas de Estados Unidos, que se acabaron extendiendo a otras ciudades como París, la capital mexicana o Valencia, una de las primeras universidades españolas en llevar a cabo acciones. Tras ellas se unieron algunas como Salamanca, Oviedo, Granada o la Complutense de Madrid, donde hasta hace unos días permanecía la mayor acampada de las realizadas en España hasta la fecha. Al igual que en Valencia o en Barcelona, los organizadores decidieron levantar sus tiendas de campaña y continuar con actos de protesta descentralizados como el que se ha organizado este viernes. 

A juzgar por el aumento de la financiación de la investigación con fines bélicos, así como por las declaraciones militaristas realizadas por ciertos/as representantes políticos/as de la Unión Europea, el rearme y, con él, la posibilidad de la guerra son objetivos que van adquiriendo cada vez más fuerza. El discurso belicista justifica inversiones millonarias en proyectos con fines armamentistas que llevan años gestionándose a través de los diferentes programas de investigación impulsados por la UE. Por si no fuera suficiente, por primera vez en su historia, la Unión Europea ha decidido poner en marcha una partida para financiar investigación estrictamente militar, a través del Fondo Europeo de Defensa. Para el periodo 2021-2027, se han asignado 8.000 millones de euros específicamente a este tipo de investigación. Si es que producir conocimiento con el objetivo de matar seres humanos y destruir la naturaleza puede recibir dicho nombre. Esta cuantía desorbitada estimula la implicación de nuestras universidades en proyectos bélicos, impulsa la militarización de Europa y obstaculiza las salidas políticas negociadas ante los conflictos presentes y futuros, al tiempo que alimenta la megalómana industria armamentística.

En 2023, el 2,3% del PIB del conjunto del planeta se dedicó al negocio de la guerra, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Con estas facilidades, diez Universidades españolas han optado por participar en proyectos del Fondo Europeo de Defensa. Dos de ellas colaboran directamente con el Estado ocupante de Israel: la Universidad de Alcalá, a través del proyecto CASSATA y la Universidad de Oviedo, a través de TICHE. Ambos proyectos se llevan a cabo mediante sendos consorcios de los que forma parte la empresa griega fabricante de armas Intracom Defense AE. En mayo de 2023, esta corporación fue adquirida por Israel Aerospace Industries (IAI), una compañía pública de armamento israelí, fundada en 1953 (Fortuny & Bohigas, 2023). Con la compra de Intracom Defense AE, Israel se beneficiará de más de un millón de euros para investigar y desarrollar tecnología con fines bélicos, de forma fraudulenta, saltándose la normativa del Reglamento del Fondo Europeo de Defensa, que exige que sólo puedan optar a financiación las entidades establecidas en la UE o en países asociados y no controladas por terceros países, o por entidades jurídicas de terceros países (Reglamento 2021/697). En virtud del artículo 5 de dicho Reglamento, se considera países asociados únicamente a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en tanto que integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Más allá de los proyectos de contenido estrictamente militar, la principal fuente de financiación de la investigación en la Unión Europea es el programa Horizonte Europa (2021-2027).

Israel, que ya se beneficiaba de anteriores programas de investigación, gracias a sus acuerdos de asociación, desde 2021 lo hace en igualdad de condiciones con los estados miembros. Por ahora, este país forma parte del consorcio de 193 proyectos en los que participan universidades, empresas e instituciones públicas españolas. Más alarmante, si cabe, es la colaboración con las entidades militares israelíes, como sucede en el caso de ocho proyectos del citado programa, en los que el consorcio está formado por diversas entidades españolas junto con el Ministerio Defensa israelí y dos empresas de armamento de dicho país, la ya mencionada Israel Aerospace Industries y Rafael Advanced Defense Systems. Entre las citadas investigaciones destacan dos en las que participa la Universidad de Burgos FreeMe y Safari y otra, HERA, en la que interviene la Universidad Politécnica de Madrid. En total, en la actualidad se están desarrollando en nuestro país diez proyectos con empresas de producción de armamento israelíes y/o directamente con su Ministerio de Defensa (ocho de ellas dentro del programa Horizonte Europa y dos del Fondo Europeo de Defensa), por un montante total de 119 millones de euros, de los cuales Israel obtiene de la UE casi 4 millones y medio de euros (Comisión Europea 2023). Pero no es el beneficio económico lo más llamativo, sino que el conocimiento y la tecnología desarrollados estarán en manos de un Estado ocupante, sobre el que pesa una acusación de genocidio. Y se acaban de dictar solicitudes de detención para su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta participación en la producción de conocimiento y tecnología con fines bélicos legitima la política de ocupación, apartheid y exterminio de la población palestina, afianzando la capacidad opresora de Israel. El caso de la empresa Israel Aerospace Industries sobresale, tanto por su condición de empresa pública, dependiente de dicho Estado, como por ser uno de los principales fabricantes de armas y el mayor exportador en este sector, en un país que a su vez es el décimo mayor exportador de armas del mundo. Asimismo, ocupa el puesto 35 en la lista Top 100 del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, que clasifica a las mayores empresas del mundo productoras de armas y servicios militares, con unos ingresos que ascendieron en 2023 a 5.327 millones de dólares (Israel Aerospace Industries, 2024; Liang et al., 2023). Recordemos que esta empresa está detrás de los cinco proyectos que actualmente se están llevando a cabo en cuatro de nuestras universidades públicas ( FreeMe, Safari, HERA , CASSATA y TICHE), en los dos últimos, financiados por el Fondo Europeo de Defensa, participa de modo fraudulento, como ya explicamos. Todo ello apunta a una estrategia deliberada para aprovecharse tanto del dinero de los fondos europeos, como del saber y los vínculos con nuestras universidades.

Estamos ante un caso de necro-investigación, en el que los resultados y la tecnología desarrollada se ensayan en escenarios reales. No resulta complicado, trágicamente, imaginar dónde se prueban los prototipos: la Palestina ocupada y ahora, en tiempo real, la masacrada y asediada Franja de Gaza. No menos alarmante es el hecho de que con nuestro dinero se investiguen temas supuestamente civiles, como la retirada de minas antipersona, la protección de fronteras, el control de los desastres o el reconocimiento facial y la vigilancia marítima, entre otros, que sirven también a propósitos bélicos. El doble uso de las investigaciones no afecta únicamente a los proyectos en los que participan instituciones militares, sino a buena parte de las investigaciones que se desarrollan en nuestras universidades. Esta cuestión es especialmente problemática cuando dicho conocimiento termina en manos de un Estado reiteradamente acusado de violar los derechos humanos del pueblo palestino, así como las resoluciones de Naciones Unidas, y denunciado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (Naciones Unidas 1948; Corte Internacional de Justicia 2024). Resulta inadmisible que las universidades españolas decidan asociarse con Israel y más aún con sus entidades militares, traicionando uno de los objetivos centrales de las instituciones de educación superior: investigar y defender la paz y los derechos humanos.

En algunos casos, como el de la Universidad de Oviedo, esta participación contraviene sus propios Estatutos, que señalan claramente que dicha institución no financiará ni participará en líneas de investigación relacionadas con fines bélicos. El estímulo a este tipo de investigación y las alianzas entre universidades europeas e israelíes, desgraciadamente, no son factores nuevos y el genocidio en Gaza es la trágica evidencia de la efectividad de estas perversas alianzas. Investigar con el Estado de Israel no puede seguir siendo incentivado por la Unión Europea, porque afecta al prestigio y a la reputación de nuestras universidades, en tanto que garantes de los derechos humanos y la paz. Desde la Red Universitaria por Palestina y ante el clamor de las y los estudiantes desde sus acampadas, aquí y a lo largo y ancho del planeta, entendemos que es urgente romper las relaciones institucionales con Israel y con todas aquellas corporaciones que forman parte del conglomerado político, económico, ideológico, cultural y militar que ejecuta y legitima la ocupación y la limpieza étnica en Palestina. El reciente comunicado de la Conferencia de Rectores/as de las Universidades Españolas, consecuencia, sin duda, de la movilización en nuestros campus, eleva su nivel de compromiso, pero ante la situación descrita es preciso que se concrete de inmediato en medidas efectivas, entre otras, en la ruptura de los proyectos en los que participa Israel, empezando por los señalados en este artículo. No queremos una universidad que sea cómplice del genocidio en Gaza. No queremos una universidad que contribuya y se aproveche económicamente de la escalada belicista. Los derechos humanos no están en venta. Como académicas y académicos hacemos un llamamiento al boicot y a la no colaboración con Estados genocidas: ¡No a las investigaciones con fines bélicos! ¡No en nuestras universidades!

Sustituir la energía producida con combustibles fósiles por las fuentes renovables. Es la gran apuesta actual en el imparable proceso de la transición energética. El sol, el viento, el hidrógeno… Las fuentes renovables parecen claras. También lo está la implantación de parques eólicos, fotovoltaicos y hasta las plantas de producción de hidrógeno verde, como la de Puertollano. Incluso se trabaja ya en el diseño de las redes energéticas del futuro. Pero en todo este proceso falta un detalle: ¿cómo la almacenamos?

Es un dilema que plantea Francisco Javier Rodríguez Sánchez, catedrático de la Universidad de Alcalá (UAH) y experto en Ingeniería Electrónica aplicada a sistemas de energías renovables, “Podemos hablar de redes eléctricas de futuro, pero aunque tengamos renovables, sin almacenamiento no vamos a resolver el problema energético actual”.

Hoy en día el sistema más común para almacenar energía es una batería, pero los materiales con los que se fabrica son finitos. “Ya sabemos de las dificultades que tiene conseguirlos. Está en duda que haya suficientes. Por ejemplo, litio”, apunta. Así que almacenar hidrógeno puede ser una opción para la que todavía se buscan respuestas.

Y no solo eso. Los ingenieros electrónicos ponen el foco en la cuestión de la inercia. “El mundo eléctrico tradicional, las plantas de producción eléctrica, se basan en grandes generadores con mucha inercia que son difíciles de parar, incluso aunque haya incidencias en la red. El problema es que, al usar fuentes renovables, esa inercia desaparece”. 

Así que también hay que pensar en soluciones en ese terreno. “Sabemos que cualquier cambio en el sistema provoca alteraciones en la frecuencia de red, en la tensión… Esos cambios son peligrosos porque formamos parte de una red eléctrica europea. Un problema de Francia también es nuestro problema. Al final se puede producir la caída de todo el sistema”. Y los problemas pueden ser diversos. Basta con imaginar los efectos de una tormenta geomagnética -las perturbaciones que provoca el Sol en el planeta- que puede llegar a ‘fundir’ el sistema eléctrico.

“Tenemos que inventarnos la inercia. Para eso desarrollamos sistemas de inercia virtual basados en el almacenamiento en baterías o de hidrógeno”, explica el catedrático. Pero reproducir el comportamiento de la inercia no es sencillo. “Hay que intentar que los sistemas de energías renovables se comporten de forma similar a los tradicionales”.

El profesor Francisco Javier Rodríguez, del Grupo de Investigación GEISER, Ingeniería Electrónica Aplicada a Sistemas de Energías Renovables, ha recibido el XVII Premio del Consejo Social a la Transferencia de Conocimiento Universidad-Sociedad por el trabajo Ingeniería electrónica para un futuro energético seguro y sostenible en la categoría de Ciencias de la Salud, Experimentales y las Ramas Técnicas. “Es un reconocimiento al trabajo que el grupo desarrolla desde hace muchos años. Comenzamos en el año 2000”, explica el catedrático de la Escuela Politécnica Superior de la UAH.  

Él lo tiene claro. “O bien se reduce la demanda, o bien se trabaja en tecnologías coordinadas entre sí para lograr un almacenamiento lo suficientemente fiable como para responder a las demandas del sistema eléctrico. No estamos hablando solo de invertir en placas solares y en aerogeneradores”.

Blockchain para facilitar el funcionamiento de las comunidades energéticas

GEISER cuenta con dos ámbitos de investigación. De un lado sobre los llamados prosumidores, las personas que consumen, pero también producen, por ejemplo, a través de placas solares en casa para autoconsumo.

“Es importante hacer una buena gestión de la energía”, explica el investigador. La Universidad de Alcalá diseña tecnología que lo facilite entre otras cosas porque “hay una queja sobre lo poco que se pagan los excedentes de producción energética de autoconsumo que se vierten a la red general”.

Por eso, cree que “lo ideal” es instalar sistemas inteligentes que se coordinen en las llamadas comunidades energéticas. “Trabajamos en la tecnología que haga posible el intercambio de energía a nivel local. Y luego, si sobra, se puede inyectar en la red”. Un proyecto en el que colaboran con la Universidad danesa de Aalborg.

Se trata de un concepto similar al Peer to Peer (P2P). Es decir, “comercio de energía entre los vecinos más próximos de forma que se evite casi casi regalar los excedentes. El vecino, que ahora lo paga más caro, puede comprarlo a otro vecino por menor precio. Ambos ganan”.

La Ingeniería Electrónica permite saber también cuál es la previsión de producción atendiendo a la Meteorología, cuánto se produce realmente o cuánto se consume. “Es algo que le será también muy útil a las eléctricas. Se terminará necesitando un sistema de coordinación y comunicación inteligente entre las producciones individuales y de estas con las compañías eléctricas”, asegura.

El sistema electrónico de comunicación también servirá en el caso de exceso de producción de energía -ocurrirá si se multiplican las instalaciones de autoconsumo- porque, recuerda, “eso se traduce en cambios en la frecuencia y en la tensión de la red eléctrica”.

Los investigadores ya tienen diseñado el algoritmo que lo hace posible. Ahora debe probarse en sistemas que reproducen los de una casa real. En realidad, replican lo que ocurriría en un conjunto de viviendas. “Hemos intentado usar tecnologías novedosas para registrar las transacciones de energía. Lo hacemos a través de blockchain, una base de datos que las registra y ya no se pueden modificar”.

Helios: aprovechar las antenas móviles en los edificios para producir energía

El Grupo de Investigación GEISER ha trabajado también en un proyecto de colaboración público-privada llamado Helios, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el que participaron también las empresas CLYSEMA SA y Eléctricas Hermanos Campos SL.

Su objetivo es “reconvertir los centros de retransmisión de las redes móviles -ya hay antenas en muchos edificios para el 4G y el 5G- para que sean capaces no solo de producir energía sino de auto utilizarla e inyectarla a la red cuando sobre”. 

Se trata de poner a disposición de la red eléctrica general, de forma coordinada, la capacidad de almacenamiento distribuido (baterías) que ya está instalado, pero que no se utiliza. La idea es convertir estas estaciones base en unidades de generación fotovoltaica que alimenten las baterías e inyectar energía en la red, optimizando la eficiencia energética y la rentabilidad económica dando soporte a la red eléctrica.

“La ventaja de estos centros es que todos tienen ya instaladas las baterías como alternativa de suministro eléctrico si se va la luz. Ahora casi no se usan”, explica el catedrático. Así que hay que aprovecharlas. Los investigadores de la UAH han creado un equipo electrónico que gestiona el sistema con intercambio de información en un centro de control.

“La idea es coordinar entre sí todos los centros y formar Plantas Virtuales de Potencia (PVP)”. Este sistema permite optimizar las fuentes de energía con ayuda de la Ingeniería Electrónica. En definitiva, la micro generación de energía puede compartirse si es bien aprovechada, coordinada y almacenada.

Un sistema híbrido para disponer en casa de corriente alterna y continua

Si gestionar la energía no es fácil tampoco lo es introducirla en la red desde la fuente productora. “Ha de cumplir con requisitos de calidad, de tensión, de frecuencia… Y por eso hemos trabajado en convertidores de potencia que se aplican a la producción solar y eólica”.

Ahora, la Universidad de Alcalá trabaja en un proyecto vinculado a los fondos europeos de recuperación postpandemia. “Se trata de los sistemas que participarán en gestión de la red energética del futuro”.

El investigador explica que “nuestra aportación será crear un sistema híbrido que integre sistemas de generación renovable en corriente continua, como los nuevos sistemas fotovoltaicos con tensiones en circuito abierto hasta de 2000VDC, sistemas de almacenamiento, cargas críticas como electrolizadores, cargadores ultrarrápidos de vehículos eléctricos, etc”

Hay que trabajar en la optimización del hidrógeno, la gran apuesta europea y española

Los científicos de la Universidad de Alcalá también ahondan en el hidrógeno como fuente de energía. ¿Cómo sacar rendimiento a su producción? El catedrático ofrece algunas pistas. “Cuando se produce electricidad, si existe una red eléctrica al lado, lo mejor es volcarla en ella. Es lo más eficiente porque usando el hidrógeno las pérdidas energéticas pueden superar el 50%. Tras producirlo hay que almacenarlo y posteriormente pasarlo por la pila de combustible para generar energía. Todo ello eleva las pérdidas”, explica Francisco Javier Rodríguez.

Por eso, entre los investigadores hay tanto escepticismo como esperanza en el hidrógeno, reconoce. “Hay que trabajar en la optimización de su generación y procesamiento”, insiste. En todo caso es una gran apuesta europea. También española.

 Drones y paneles inteligentes para supervisar los megaparques solares

La Universidad de Alcalá trabaja también en un proyecto junto a la Universidad Politécnica de Madrid para mejorar los sistemas de mantenimiento de los grandes parques fotovoltaicos. Recibe el nombre de COPILOT o control, supervisión y operación optimizada de plantas fotovoltaicas mediante integración sinérgica de drones, IoT y tecnologías avanzadas de comunicaciones.

Se trata de digitalizar los paneles solares, del despliegue de comunicaciones multiprotocolo, incluyendo 5G y el empleo de la información proveniente de la flota de drones para la operación en tiempo real del parque. “En las de casa no hace falta, pero sí en las grandes instalaciones de varias hectáreas”.

El proyecto se basa en añadir más sistemas inteligentes a los paneles solares. “Es una electrónica de bajo coste que permite evaluar su comportamiento y saber si hay o no problemas. Usando un dron se complementa la información: si tiene suciedad, una grieta, un punto caliente…”

Este proyecto sinérgico está en marcha desde 2021. “Les interesa mucho a las empresas porque hablamos de sistemas automáticos de revisión de los grandes parques”.

Las empresas ‘se rifan’ a los alumnos y faltan investigadores

Francisco Javier Rodríguez destaca que la Ingeniería Electrónica aplicada al sector de la energía renovable es hoy una de las salidas laborales más importantes. Las empresas se ‘rifan’ literalmente a los alumnos. Y eso repercute de forma directa en la investigación. “Nos está siendo difícil encontrar gente que investigue en el ámbito de la universidad. En segundo y tercero de la carrera ya están las empresas localizando a los mejores. Es un problema serio”.

El catedrático pone el acento también en las becas FPI o FPU que ofrece el Ministerio de Ciencia e Investigación o el de Educación. “Para el mundo de la tecnología son una miseria. No sirven, hay demasiada competencia en el mercado, incluso siendo vocacionales. Son 1.100 euros mensuales. El mejor de su promoción cobra eso durante cuatro años para hacer la tesis doctoral, así que en cuanto llega una oferta de la empresa se marcha. Seguirá ocurriendo si no se les paga mejor”.

El proyecto SwarmCity, liderado por un equipo del Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC, propone el uso de enjambres de drones para reunir información de las ciudades.

“Un enjambre es una flota de robots muy sencillos que, cuando trabajan en equipo, son capaces de hacer tareas muy complejas. Un solo de estos vehículos puede que solo sea capaz de volar por una calle y detectar varios coches, pero un enjambre podrá cubrir una ciudad completa, midiendo el tráfico y detectando los atascos”, explica Juan Jesús Roldán, investigador de la UPM y uno de los participantes del proyecto.

Rodán detalla que “otras tareas que podrían realizar estos enjambres será la detección de aglomeraciones, la medición de cambios meteorológicos y de la contaminación, así como la ayuda en la planificación urbana, la búsqueda de plazas de aparcamiento, la limpieza de las calles y el cuidado de la vegetación”.

Modelos realistas inspirados en Madrid

Con el fin de estudiar la viabilidad de los drones para realizar estas funciones, los investigadores crearon un simulador de una ciudad con modelos realistas de tráfico, peatones, clima y contaminación inspirados en Madrid. A partir de ahí, la investigación, que sigue en curso, se centra en tres objetivos: el control del enjambre de drones, el tratamiento de los datos de la ciudad y el desarrollo de una interfaz de usuario.

“Controlar un enjambre de drones no es una tarea fácil ya que los robots no tienen muchas capacidades y la comunicación entre ellos está muy limitada”, dice Roldán. Para abordar este desafío, los investigadores han diseñado un sistema basado en comportamientos inspirados en especies animales.

“Por ejemplo, un comportamiento inspirado en las bandadas de pájaros hace que los drones mantengan las distancias entre ellos, mientras que otro basado en las colonias de hormigas utiliza feromonas para distinguir las zonas exploradas e inexploradas”, añade.

Inteligencia artificial

Las ciudades generan grandes cantidades de datos, que deben procesarse para descubrir la información más relevante, algo para lo que los expertos emplean modelos de inteligencia artificial capaces de detectar eventos como un atasco o una emisión contaminante como lo haría un ser humano.

Por último, los investigadores del CAR UPM-CSIC han desarrollado una interfaz de realidad virtual para que los operadores puedan ver la información de la ciudad y mandar comandos a los drones.

“Estos usuarios se ponen un casco de realidad virtual y son introducidos en una recreación la ciudad, donde pueden ver diferentes mapas e indicadores. Además, los operadores pueden sobrevolar la ciudad, así como usar su voz o sus manos para pedir informaciones o enviar órdenes a los drones”, relata Roldán.

Pero, ¿se podría aplicar todo esto de forma práctica? Para evaluarlo, los expertos han realizado varios experimentos para probar sus desarrollos.

Roldán explica que durante las pruebas, instaron a un grupo de operadores a supervisar la ciudad, simulando fenómenos como atascos, contaminación, aglomeraciones e incendios y se plantearon preguntas para saber si los podían detectar.

Los operadores pasaron el examen con una media de notable y además declararon que su carga de trabajo era baja. “Por lo tanto, se puede afirmar que el enjambre de drones captura la información más importante de la ciudad y la interfaz de realidad virtual la muestra de una forma cómoda e intuitiva”, explica.

Ciudades más seguras, sostenibles y eficientes

De cara a una futura aplicación de SwarmCity, los investigadores de la UPM apuestan por dos tipos de usuarios los gobiernos y los ciudadanos. En el caso de los primeros, podrán tener acceso a toda la información de las ciudades recogida por los drones y utilizarla para tomar decisiones sobre planificación urbana, servicios públicos, seguridad ciudadana, etc.

Todo ello, contribuirá a la que las ciudades del futuro sean más eficientes, seguras y verdes. Por su parte, los ciudadanos pueden disponer de la información útil para su día a día, como el tiempo que va a hacer o la mejor ruta para llegar a su destino.

Hace 15 años comenzó a tomar cuerpo en la Unión Europea una iniciativa para reconocer la gestión excelente en determinados territorios con respecto al manejo y conservación de la fauna, el paisaje y el fomento de la biodiversidad. Se trata del Proyecto Wildlife Estates, que podría traducirse como “territorios o fincas de fauna silvestre”. Ahora ya se ha desarrollado en 19  países europeos y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Medio ambiente de la Comisión Europea, el órgano encargado de otorgar ‘Etiquetas de Calidad’ a las zonas que lo merezcan. Todo el proyecto está coordinado en Bruselas por la European Landowners’ Organization.  

A nivel estatal cada país cuenta con una Delegación Nacional, que en España tiene el respaldo de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde Wildlife Estates en España, María Ledesma nos cuenta que mediante estas medidas se ha conseguido reconocer la “ejemplaridad” de la gestión faunística y de la biodiversidad en territorios rurales “en los que existen numerosos usos y aprovechamientos de sus recursos naturales renovables”, pudiéndose contar entre ellos la selvicultura, la ganadería, la agricultura, el ecoturismo, la caza o la pesca.

En eso, España ha sido siempre un referente como lo es en la Red Natura 2000. De hecho, a nivel europeo, añade, aproximadamente un 50% del total de las hectáreas de territorios con la Etiqueta Wildlife Estates son coincidentes con territorios de la Red Natura 2000, en sus variantes de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) o ZEC (Zona de Especial Conservación).

“Armonía” entre políticas de conservación

“Esto pone de manifiesto la armonía entre las políticas de conservación de las Directivas Aves y Flora Fauna Hábitats y nuestro proyecto”, subraya, si bien no es un requisito imprescindible formar parte de la Red Natura para ser candidato a obtener la Etiqueta de Calidad.

Lo que sí es cierto es que nuestro país es desde el inicio uno de los de mayor relevancia tanto a nivel participativo como a nivel de desarrollo de las metodologías de evaluación y formación de Evaluadores Oficiales que se realiza desde la ETSI de Montes de la Universidad  Politécnica de Madrid. Concretamente, en España, hemos alcanzado en 2018 un total de 645.122 hectáreas con un centenar de territorios Wildlife Estates, y en el conjunto de Europa la cifra supera ya las 1.500.000 hectáreas. De ese total, Castilla-La Manca con un total de 39 zonas con este sello.

“Sin duda el alto grado de biodiversidad de muchos territorios en España y la gran cantidad hábitats y fauna que se catalogan en nuestras fronteras ayudan a valorar muy positivamente algunos indicadores como los de especies valiosas y superficie de biodiversidad”, destaca María Ledesma.

¿Cuáles son los requisitos para esta marca de excelencia? Es necesario superar una auditoría de la gestión llevada a cabo por un Evaluador Oficial que incluye un total de 14 indicadores específicos. En estos últimos se incluyen los aspectos más relevantes de la administración y gestión de territorios rurales como los temas relacionados con la tranquilidad del ecosistema, mejoras en el hábitat, disponibilidad de agua y alimento, la prevención de incendios, la presencia de especies valiosas de fauna y el grado de biodiversidad del hábitat. También se tienen en cuenta las buenas prácticas y compatibilización de los aprovechamientos y actividades que se desarrollan, e incluso un adecuado programa de comunicación que muestre a la sociedad las bondades de la gestión realizada en pro de la conservación.

La auditoría se realiza a través de un cuestionario que debe ser completado por el gestor, titular o propietario del territorio, y en base a las respuestas se van obteniendo diferentes puntuaciones. Es necesario alcanzar un mínimo de 210 puntos sobre 300 para lograr la Etiqueta, que será válida por cinco años.

No existen requisitos previos en cuanto a tipología de territorio, titularidad, aprovechamientos que se realicen o superficie mínima o máxima para optar a la Etiqueta Wildlife Estates. Según detalla María Ledesma, hasta la fecha tienen este sello numerosas fincas privadas, parques naturales, reservas de caza e incluso una Reserva de la Biosfera. Puede gestionarse la evaluación a través de particulares o entidades públicas como ayuntamientos, asociaciones de propietarios o gestores del territorio públicos o privados. Es decir, es un proyecto “abierto y participativo” para la preservación de la fauna.

Una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria, la subida de alquileres y el impacto del fenómeno Airbnb vuelven a situar la regulación de vivienda como una cuestión central en el ámbito de las políticas sociales. Una serie de fenómenos que están estrechamente relacionados con la vulnerabilidad de algunos barrios de las principales ciudades españolas.

Desde 1991, y cada diez años, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) realizan un estudio sobre esta cuestión, con datos que reflejan la evolución en ese periodo de tiempo. Estas investigaciones, que comenzaron a principios de la década de los 90, explican a través de diversas variables cómo se relacionan y retroalimentan los conceptos de vulnerabilidad urbana, exclusión social, exclusión residencial y exclusión urbana.

El estudio, al que se puede acceder en este enlace, se centra en los barrios de trece ciudades españolas y los cambios experimentados hasta el año 2011. La investigación ha sido dirigida por los profesores Raquel Rodríguez Alonso, Iván Rodriguez Suárez y Agustín Hernández Aja. Este último, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la UPM, ha atendido a eldiario.es para comentar algunas de las cuestiones fundamentales que se deben afrontar en materia de vivienda.

¿Qué se entiende por vulnerabilidad cuando se aplica a barrios de grandes ciudades?

El concepto de vulnerabilidad generalmente se toma como algo negativo. Hay una definición del sociólogo Julio Alguacil, que venía de Robert Castel: la vulnerabilidad es aquello que está entre los integrados y los que están fuera del sistema. Es un concepto gradiente, se puede estar a punto de estar fuera del sistema o muy cerca de él.

En nuestro estudio hemos establecido los espacios urbanos que pueden ser vulnerables desde una perspectiva social, estudiando variables como tasa de paro, personas sin estudios o estado de las viviendas. El trabajo recoge también la situación de los que están muy mal: analizamos el espacio urbano en su totalidad.

¿Cuál ha sido la evolución de este factor en las ciudades españolas?

Las grandes ciudades españolas han aumentado su segregación interior desde nuestro primer análisis, en 1991. Se ha incrementado la aparición de algunas áreas en las que, por comparación con el resto de los datos nacionales, están peor.

Eso ha pasado más en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, pero todas tienen espacios en los que se dan elementos de segregación, especialmente en aquellas zonas más alejadas, sin buen transporte público. Por ejemplo, estas zonas son de las más afectadas por políticas como el aumento del precio de los combustibles: si no puedes sustituir transporte privado por transporte público, la renta disponible final después de descontar estos gastos les deja en una situación más cercana a la pobreza.

¿Qué falla para que se haya dado un incremento de esa segregación interior?

Si hacemos una historia de la construcción de las ciudades, vemos que ya han sido construidas de forma desigual, incluso históricamente. Además, no se hacen las modificaciones estructurales necesarias porque a veces las presiones económicas son muy importantes como para equilibrar ese espacio.

El propio mecanismo de construcción de las clases sociales en el mercado inmobiliario necesita la segregación para que haya un diferencial de precio. Como decía un amigo, tú pagas para que no estén los más pobres al lado de ti cuando compres una vivienda.

En el caso de Madrid, la gente que se ha ido a vivir a Getafe u otras ciudades del área metropolitana ha sido principalmente aquella con estudios, quedándose en los barrios originarios los padres sin estudios y familiares que no han prosperado. Ese barrio, en relación a la media nacional, está peor, aunque en términos absolutos quizá esté igual que hace diez años. Lo que pasa es que no ha mejorado al mismo nivel que las ciudades de nueva residencia de sus vecinos más prósperos.

Como explican en el estudio, las condiciones en las que se desarrolla la exclusión espacial hacen que se retroalimente, formando un bucle. ¿Hay forma de revertir o poner freno a esa situación?

Llevamos desde los años 80 diciendo que hay que recuperar el centro de las ciudades, donde se han producido determinadas inversiones que están haciendo que algunos barrios dejen de ser lo que eran. Ahora mismo el bucle tiene roturas en esas zonas, algo que muchas veces pasa cuando el sistema inmobiliario descubre una oportunidad de negocio. Si rentas muy bajas conviven en una posición muy buena, se termina llevando a cabo un procedimiento de mejora de servicios, se convierte en un espacio atractivo y es ocupado por gente de mayor renta.

Para revertir la situación, el problema no es tanto el continente, sino a quién contiene. Con la crisis se ha incrementado la diferencia entre ricos y pobres, y la gente que es contenida está cada vez más segregada.

Lo primero sería reducir las enormes diferencias que se han generado entre las rentas y el nivel de estudios, y luego adecuar los espacios a las necesidades de las personas, hacerlos más resistentes. Si, por ejemplo, las escuelas de la periferia están en peor situación, se seguirán perpetuando estas desigualdades.

La aparición de plataformas como Airbnb está generando controversias con vecinos y administraciones públicas. ¿Cómo valora la irrupción de este fenómeno?

Cuando utilizas un elemento residencial -que tenía un valor como tal y competía con otros precios- con fines turísticos se generan tensiones. Por un lado, la relación con los habitantes del edificio: si tu edificio es residencial, tú tienes derecho a que todos los pisos sean residenciales. Y si hay una parte que no es residencial, debe haber alguien a cargo, como en las pensiones. Ahora mismo tienes tres pisos en Airbnb y no tienes ni a quién dirigirte.

La otra tensión se produce desde el punto de vista de precios. Está claro que ganas mucho más alquilando a turistas que con un alquiler residencial, pero si eso es una actividad económica con esa tasa de beneficio, tiene que tener las mismas condiciones que cualquier otra actividad económica. Es lo que están intentando hacer algunos ayuntamientos: poner límites y, cuando se pongan, que haya servicios como punto de contacto, donde se pueda acudir en caso de conflicto. No solo por el alquiler, si no por los perjuicios que puede generar.

Ahí está la falacia de la economía colaborativa: un montón de gente encuentra un espacio desregulado y viva fuera de la norma. Si no pagas impuestos, eso no es economía colaborativa, es defraudación colaborativa.

¿Airbnb es el único factor?

Es una tormenta en la que se mezcla todo. En el caso del centro de Madrid, no solo es Airbnb, sino que se dan otros fenómenos. Hay que tener en cuenta que mucha gente ha decidido ir a vivir a ciertos barrios, cambiando su composición social. Las rentas son muy importantes para entender el proceso, también las Socimis [Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario], que empiezan a comprar pisos porque ven una oportunidad de negocio.

Esto va ligado a la turistificación porque, cuando cambia el tipo de consumidor, cambia todo lo demás. Todo el espacio se convierte en más confuso, pero es difícil cuantificar cuándo un barrio se convierte en otra cosa.

Por poner un ejemplo, en algunas ciudades los bares ya no admiten despedidas de soltero: ellos mismos se han dado cuenta de que ese modelo no es sostenible. Luego hay sitios como Magaluz que, cuando se convierten en algo así, apenas tienen capacidad de resistencia.

Personas que viven en el centro se van a la periferia porque se encarecen, cuando no desaparecen, los pisos con fin residencial.cuando no desaparecen

El sistema está pensado para que pagues lo máximo que puedas. Es uno de los problemas de Internet y la economía colaborativa: te hace entrar en una subasta infinita contra miles de personas. Antes quien alquilaba un piso tenía unas pocas decenas de personas interesadas pero ahora, si el piso está en buena situación, hay miles de personas tras él, y siempre algunas tendrán más poder adquisitivo, lo que marca los precios.

También se ha producido una carencia de pisos en alquiler que viene por dos motivos. El primero, hay gente que no quiere vivir donde hay otro tipo de viviendas y empieza a competir en esta subasta por los espacios más próximos. Eso hace que las subastas se vayan extendiendo más allá de las zonas céntricas.

El otro fenómeno ha sido la nueva ley de arrendamientos urbanos, que pasó el contrato de cinco a tres años, con lo cual un montón de gente se ha encontrado con sus pisos sin inquilinos dos años antes, justo en el momento en el que todo el mundo está entrando en esa subasta.

¿Cómo considera que deberían actuar las administraciones públicas?

Hay que regular el mercado de vivienda en alquiler, que es un bien social, para que tenga unas normas que lo hagan estable, que eliminen el efecto subasta. Es decir, al revés de lo que se está haciendo. Ahora mismo, a todo aquel que tiene un piso alquilado le descuenten un porcentaje en torno al 60% al hacer la declaración de la renta, independientemente del precio de la mensualidad, del tipo de alquiler o sus condiciones.

Habría que extender la supresión del factor subasta también a otros puntos. Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no deberían poder venderse libremente, pero entras en la página web del Ministerio [de Fomento] y casi lo primero que encuentras es cómo se puede desclasificar la vivienda VPO para pasarla al mercado y venderla.

Hay quien ya habla de una burbuja de la vivienda en alquiler.burbuja de la vivienda en alquiler

La burbuja es un concepto distinto. Las burbujas financieras no se producen con la renta real, sino mediante créditos: tuvimos que importar dinero de fuera para las hipotecas. El concepto burbuja puede producir una reflexión poco clara sobre el tema. Lo que hay es una traslación de los fenómenos de desregulación sobre un mercado que tendría que tener una regulación mayor; por ejemplo, ampliando los tiempos de duración de contratos. El problema que nos encontramos no es tanto una burbuja, sino que el alquiler se ha desregulado.

Descontrol, contratación de familiares, pago de gastos personales y trasvase irregular de fondos en los proyectos de investigación llevados a cabo por la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM). Un informe de la Cámara de Cuentas ha desvelado estas prácticas, al menos, en el ejercicio de 2011 que ha investigado a lo largo de 2014. “La cámara dice que han tenido en cuenta nuestro informe de alegaciones, pero yo pongo en duda que lo hayan leído”, justifica el director general de la FUGPM Agustín Montes.

Contratar familiares a la hora de repartir los fondos de los proyectos de investigación ha sido una práctica habitual en la fundación, según la cámara. “Se han detectado varios casos en los que los servicios son prestados por familiares directos del director del convenio”, dice el informe. Así, un convenio con AENA incluye facturas de 12.000 euros por la “Documentación y realización de expedientes de control de calidad” pagados a la mujer del director. En otro proyecto, la Transcripción de textos y documentos reportó 10.320 euros, también a la esposa del coordinador.

La lista prosigue: el convenio MEDELEC utilizó una excusa similar a las anteriores para abonar 12.300 euros “a la mujer del director”, cuenta la Cámara. Otra esposa facturó 10.000 euros por la “mecanografía y traducción de documentos técnicos”. El hijo de ambos, “de 18 años” pudo facturar directamente por “Resúmenes y traducciones” 40.000 euros. En este particular, la fiscalización aclara que con ese importe era necesario un expediente de contratación “sin que se haya producido”. Se adjudicó a dedo.

En otro proyecto denominado SAGITAL, la mujer del director del convenio pasó facturas por “honorarios profesionales de colaboración”: 18.000 euros. Se alega para justificar estas elecciones “la requerida confidencialidad de los servicios”.

El director general, en conversación con eldiario.es expone que “si se dijera que la esposa es una analfabeta, de acuerdo, pero es que en uno de los casos, por ejemplo, el director es ingeniero de telecomunicaciones y ella también lo es”. Y luego se pregunta: “¿Qué es lo que impide contratarla? ¿Es el hecho de estar casado? ¿Si fueran simplemente amantes se podría?”. También aduce que “en la Universidad Politécnica, como en muchas otras, existe mucha endogamia”. Sobre el caso del traductor de 18 años, Montes recula: “tengo que hablar con el profesor”.

La cuestión familiar está bastante extendida en la distribución del dinero dedicado por la fundación a la investigación. En 2011 se pagaron diferentes cantidades a una empresa elegida directamente (sin pasar por concursos) cuyos apoderado y administrador eran el propio director del proyecto que abonaba el contrato y su esposa. Los directores han justificado que se adjudicaron así “por tratarse de las únicas que cuentan con la tecnología adecuada”. Esa sociedad en particular recibió dos pagos de 49.949 y 72.000 euros por un sistema de monitor de descarga. De igual forma, otra empresa cuyo administrador único es un familiar directo del director del convenio con INDRA se llevó 177.000 euros asignados ad hoc “por el carácter singular y especializado del trabajo”.

A modo de colofón, se ha detectado también cómo uno de los convenios de investigación financiaba la contratación de una persona que ya trabajaba en la universidad antes de que existiese ese proyecto. Se da la circunstancia de que es la esposa del director de ese convenio. 46.900 euros al año.

El cajón de sastre de las dietas

Del análisis de los técnicos de la cámara se deduce que el pago de dietas era un apartado con escaso control y justificación para utilizar los fondos económicos. Se reprocha que se pagaran viajes con, al menos, difícil relación con lo que se investigaba. “Se han detectado casos en los que se realizaban viajes en periodo vacacional, fines de semana...” . O, directamente, se pagaron a “personas ajenas al convenio”. No se trata de cortos trayectos en metro o autobús: 5.210 euros en uno de los convenios –uno de los que contrató a la esposa del director–, 2.008 euros en el de AENA, 6.420 euros en el proyecto con Smart-EC.

Con esas mismas fallas, la Cámara de Cuentas ha detectado justificantes o tickets de restaurantes que corresponden a fines de semana o festivos “sin que en modo alguno se justifiquen como gastos relacionados con los convenios”. Destacan los 3.195 euros del convenio con AENA o los 1.862 del de Alacatel.

Estos pagos han servido como una especie de cajón de sastre para justificar gastos. “Dentro de las colaboraciones y sin presentar facturas se registran gastos por un total de 80.852 euros por clases o conferencias sin especificar el su contenido, su relación con el convenio, las fechas de impartición....”. De hecho, se señala que en un proyecto se abonó de manera genérica por “clases” exactamente el dinero que quedaba de remanente, 6.128 euros, cuando el propio convenio preveía la devolución del dinero “en caso de sobrante”. Montes señala que “la Cámara de Cuentas tiene problemas para entender los proyectos de investigación: una sentencia del Tribunal de Cuentas ya concluyó que son los propios directores de los proyectos los que deben ser responsables de justificar los gastos”.

A modo de cola, el informe llama la atención sobre algunos gastos como 647 euros de taller para un coche y 16.000 euros en cátering del convenio Alcatel y 122 euros en “moda de hombre en unos grandes almacenes” en el convenio de Telecable-Asturias. El dirigente de la FGUPM contesta que le ha extrañado que “en proyectos con muchos miles de euros se haya bajado al detalle de facturas de cientos de euros que bien podrían ser un regalo de agradecimiento a unos ayudantes”. También subraya que el presupuesto investigado llega “a los 21 millones”.

En este apartado, pide la cámara que la fundación cruce sus datos de remuneración de los profesores con la Universidad Politécnica para asegurarse de que “no se sobrepasan los límites de retribuciones de profesores establecidos por la normativa aplicable”. Lo que se destaca es que al estar computándose de forma separada los ingresos que llegan de la FGUPM y de la propia universidad, el total podría estar fuera de los márgenes legales.

Proyectos agotados que siguen pagando

El análisis de la actividad investigadora de la FGUPM ha mostrado que se realizaban trasvases de fondos de unos convenios a otros y que, al mismo tiempo, proyectos ya terminados seguían abonando gastos “no relacionados con el objeto de los mismos”. Es decir, que se achacaban gastos que nada tenían que ver con los objetivos del proyecto –sería imposible teniendo en cuenta que habían expirado–.

El convenio MEDELEC se llevó a cabo en 2007 y terminó en 2008. Pues bien, en 2011 sus facturas ascendieron a 44.752 euros. Entre ellas aparecen 10.232 euros en viajes, 33.564 para energía solar y los ya mencionados 12.300 euros en gastos de transcripción para la mujer del director.

La cámara avisa de que este proyecto nació con un presupuesto de 290 euros y que, mediante trasvases desde otros convenios del director o compañeros suyos de departamento, ha abonado 68.000 euros por colaboraciones a la mujer del director entre 2007 y 2011. En 2010 “se pagan también 2.444 euros a una empresa de cocinas y baños de Toledo”.

Un par de convenios con el INTA también han sido pagadores tras su clausura. En uno de ellos, con vigencia oficial hasta 2005, en 2011 se abonaron por “colaboraciones del director” 35.500 euros. En 2010 se le pagó lo mismo por “clase o conferencia”. Otro proyecto del INTA terminado en 2007 abonó 5.420 euros en 2011. El convenio marco con Alcaltel expiró en 2006 y se le cargaron 37.287 euros en 2011. El suscrito con Airbus España, tres años después de su final, abonó 14.355 euros.

“Se realizan múltiples traspasos sin justificación entre distintos convenios con el único requisito de la petición del director del proyecto. Se producen entre convenios con el mismo director o distinto pero compañeros de departamento”, describe la Cámara de Cuentas.

Agustín Montes muestra su “total desacuerdo” con la fiscalización: “Se da la sensación de que no hacemos gestión ninguna. Se ha analizado el ejercicio de 2011 y desde ese año no hemos estado con los brazos cruzados. De hecho hemos obtenido una acreditación ISO-9000 de Aenor. Da la sensación de que el informe de la cámara ha ido buscando el sensacionalismo. Deberían haber profundizado más”.

La Fundación de la Universidad Politécnica de Madrid nació para “la promoción de la educación y la investigación”. Sus fines son cooperar “en la consecución de los objetivos de la propia universidad”. Como en sus órganos de dirección están integrados desde el rector de la UPM hasta los directores de las escuelas, depende de esta universidad. Por este motivo es parte del sector público que fiscaliza la Cámara de Cuentas de Madrid.

Decía Antonia Ruiz, empleada de limpieza de la Base Aérea de Albacete, que a los limpiadores les llaman “personal no productivo”. No generan riqueza, no venden productos, no incrementan los beneficios de la empresa. Su trabajo es invisible: de manera discreta quitaron el polvo de la mesa antes de que alguien se sentara allí, fregaron la taza del váter antes de que algún compañero entrara a usarlo, limpiaron los cristales después de que lloviera y enceraron el suelo antes de otros trabajadores lo pisaran. “Productivos no, pero necesarios sí”, recuerda Antonia.

El trabajador de la limpieza es el eslabón más débil de la cadena de trabajo en España. Crece el número de subcontratas que despide o paga con retraso a sus empleados. A los casos de Esabe, Ecomed, Pilsa o Eulen, se une la preocupación de los trabajadores de Cejal Limpiezas y Conservación de Edificios y Exteriores (CEE), cuyos 250 empleados adscritos a 15 de las escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid no han recibido la paga de diciembre y temen por la de enero.

Ya lo han decidido. El 29 de enero cuelgan las escobas indefinidamente si antes de ese día no han cobrado la paga de diciembre. Y si la reciben, pero antes del 4 de febrero no les ingresan enero, ese día estarán convocados de nuevo a la huelga.

Pagadores públicos

Según la empresa Cejal, este problema es tan sólo “una discrepancia en los pagos” ya que “los trabajadores están cobrando” aunque con algo de retraso y que “las relaciones con la Universidad son excelentes”, sin querer revelar cuánto tiempo hace que la institución no les paga.

Fuentes sindicales apuntan que la última factura que abonó la Universidad a la empresa de limpieza tuvo lugar en julio, y que habitualmente realiza los pagos trimestralmente. La Universidad, a su vez, sufre los recortes de la comunidad autónoma. Cejal obtuvo el concurso de limpieza en la Escuela Superior de Telecomunicaciones hace ocho años pero es en el actual contexto de recortes y retrasos en cadena cuando los empleados de limpieza han empezado a preocuparse. Los trabajadores del servicio de limpieza de esta escuela opinan que, al no pagarles, la empresa les está utilizando para presionar a la Universidad. Se sienten marionetas, no trabajadores.

La UPM es un cliente importante para Cejal, donde tiene a 140 trabajadores, pero en total emplea a más de 400 personas y los únicos que no han recibido la paga de diciembre son los de la Politécnica. Esta universidad tiene seis empresas de limpieza contratadas: Clece, Seguriber, Valoriza y Crespo, además de Cejal y CEE. En 2008 y 2009 la polémica empresa Esabe había conseguido tres licitaciones con la Universidad, pero ésta es una empresa que debe dinero a cientos de trabajadores y que está acusada de un presunto fraude a la Seguridad Social de 30 millones de euros, un escándalo laboral del que eldiario.es ha venido informando. La propia Universidad Politécnica se ha visto obligada a incautar 60.000 euros de la garantía que Esabe depositó al obtener este contrato de limpieza en tres de sus edificios, como informaba el miércoles eldiario.es.

Pitos y coraje

De los tres edificios que tenía Esabe, Valoriza se quedó con la Escuela de Navales, Crespo con el Instituto de Investigación del Automóvil y Cejal con la Escuela de Agrícolas desde el 7 de junio de 2012, pero ha renunciado a ello debido a la gran deuda que dejó Esabe y que se vieron obligados a asumir con la subrogación. 13 trabajadores con impagos que van desde los 4.000 a los 6.000 euros, que están a la espera de juicio con Esabe y que se vieron obligados a denunciar también a Cejal por esta herencia. Sin haber cobrado diciembre y con pocas esperanzas de cobrar enero, sin saber qué empresa se hará cargo de ellas, estas personas siguen haciendo su trabajo, limpian cada día lo que los estudiantes y profesores manchan y cada mañana sin falta a las 10 en punto se concentran en la puerta de la Escuela, al menos cinco personas, armados con pitos y coraje.

Las empresas de limpieza tienen firmado un contrato para todo 2013, que se prevé difícil y conflictivo. En este escenario, la Universidad quiere que se acepte una prórroga pero reduciendo el coste un 60 por ciento. En esas condiciones las empresas prefieren renunciar a la prórroga. El Rectorado ha ofrecido a las empresas a cambio de esta gran reducción de dinero que supondría muchos despidos y recortes de sueldo, que el contrato se extienda hasta cuatro años. “Cuatro años para despedir con mayor comodidad”, apuntan los trabajadores.

“Somos el último eslabón” dice el delegado sindical Francisco Marugán en referencia a los empleados de limpieza. Pero Francisco coincide con Antonia en que no se trata del último, sino del primero. Sin limpieza no hay condiciones de higiene ni salubridad para que los demás puedan realizar sus trabajos y esto es algo que sólo se visibiliza con las huelgas. Si no se reactiva la cadena de pagos, los pasillos, despachos y aulas de la Universidad Politécnica harán visible una suciedad que es más que eso, será la foto de un símbolo de cómo la cadena estalla por el eslabón más débil.

La empresa Esabe no ha abonado a sus trabajadores la paga de beneficios del ejercicio 2011, las mensualidades de abril y mayo de 2012 ni la parte proporcional de las vacaciones de 2012

La cúpula de la empresa fue detenida en diciembre acusada de un fraude de 30 millones a la Seguridad Social

El grupo de empresa de limpieza y seguridad privada, Esabe, cuya cúpula directiva fue detenida en diciembre por un presunto fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social, vuelve a ser requerida por incumplir sus contratos con instituciones.

Según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid ha requerido la incautación de 56.600 euros en concepto de garantías por tres contratos de limpieza en tres de los edificios de esta universidad. Se trata del Instituto de Investigación del Automóvil, La E. U. de Ingeniería Técnica Agrícola y la E. T. S. de Ingenieros Navales.

Esabe Limpiezas Integrales SL fue la adjudicataria de unos concursos de limpieza y, según obliga la legislación de contratación con las administraciones públicas, hubo de depositar el 5 por ciento del importe de la adjudicación en la Caja General de Depósitos. Estos depósitos se realizaron en diciembre de 2008 y diciembre de 2009.

La UPM denuncia que Esabe no ha abonado a sus trabajadores la paga de beneficios del ejercicio 2011, las mensualidades de abril y mayo de 2012 ni la parte proporcional de las vacaciones de 2012. Asimismo, la Universidad asegura que su última factura pagada a Esabe se realizó en el mes de julio de 2012.

El responsable de Esabe, Juan José Prados del Pino, se encuentra en paradero desconocido, no ha sido detenido y no acude a los juicios que se están celebrando con los trabajadores tanto de Esabe como de Sequor y Terral Wind, empresas de seguridad y limpieza respectivamente con la que se le relaciona. Cientos de vigilantes y empleados de limpieza -hasta 4.000 reunían Esabe y Sequor- han trabajado en 2012 acumulando varias mensualidades de impago de sus nóminas.

“La nómina del mes de diciembre va a ser de broma”. De esta forma expresa Borja Rodríguez Vila, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, los recortes en la universidad. Porque parece una broma que la nómina de este mes le salga a alguien negativa, o que en noviembre cobre 1.960 euros y en diciembre reciba sólo 137 euros.

Cae la tarde en un despacho muy amplio y soleado en la Ciudad Universitaria. Este laboratorio es “la joya de la corona” de la Escuela de Teleco. Está compartido por algo más de diez personas y en él tiene una mesa Rodríguez Vila. Allí, delante de su ordenador en un escritorio despejado, con unas pulseras de festivales como único toque personal, hacemos números.

Todo comienza con el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. El decretazo del verano por el que se suprimía la paga extraordinaria y paga adicional o equivalente de este mes de diciembre. La Universidad Politécnica no tenía claro si debía aplicar o no este recorte retributivo a sus contratados por obra o servicio, aunque su fuente de financiación fuera europea o española, pública o privada. Por ello, realizó una consulta a la Abogacía del Estado, quien contestó que la ley tenía una “vocación de generalidad”.

“¿Traducción? Se tiene que aplicar a todos, explica Borja. En vez de intentar igualar a la gente por arriba en los derechos y en las facilidades, se les iguala por abajo, en los deberes”. A diferencia de los funcionarios, los investigadores no tienen paga extra sino un sueldo anual dividido en doce pagas para unos, o en catorce o quince pagas para otros, pero en diciembre cobran una única paga. Es diferente porque la extra de un funcionario supone sólo el sueldo base, sin complementos de productividad o antigüedad. Pero a los investigadores que no tienen extra se les deja la de diciembre en un catorceavo de lo que debería ser. Por ello, se da la paradoja de que el dinero ahorrado al no pagarle la extra a un funcionario, por ejemplo un catedrático, es mucho menos que lo que se le detrae al investigador este mes de diciembre.

Privilegios del cortoplacismo

Borja admite ser un “privilegiado” y por ello sus circunstancias personales le permiten superar el bache de cobrar en diciembre sólo 137 euros. “No tengo hipotecas ni familia que dependa de mí. Vivo con mi novia sin el mayor de los problemas pero a nivel moral y ético, a mí me revuelven las tripas estos temas. No era yo una persona muy política pero llegué a la conclusión de que el no posicionarte políticamente, el no enfadarte, el no expresar tus ideas, es ya de por sí un posicionamiento, el más cobarde”.

Este es el caso de Borja, que trabaja en un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM: “Soy una persona muy bien pagada, por encima de la media, digamos que estoy en el 10% más alto. Mi sueldo son unos 30.000 euros al año. Y al mes son 1.960”. A pesar de que los investigadores renuevan su contrato cada tres meses, y por tanto cada tres meses reciben liquidaciones como si de un fin de contrato se tratase, Borja pidió que le retuvieran el IRPF de manera constante a lo largo de todo el año. Si no le hubieran hecho este favor, este investigador hubiera tenido que “pagar por trabajar este mes”, señala rotundamente.

Semanas antes de tener una comunicación oficial, Borja empezó a temerse que esto iba a pasar. “La primera noticia que tengo es de la Universidad de Granada, sale en los medios pero se publicita muy poco. En los últimos días de noviembre oí un rumor y llamé a los que nos hacen las nóminas en el rectorado y fueron los que oficialmente me dijeron que nos tenían que retener de la nómina de diciembre, y me calcularon en qué se quedaría la mía. Pero ya al día siguiente se negaban a dar datos de nóminas porque obviamente cuando yo me entero empapelo la Universidad, la empapelo de arriba a abajo, avisando a todo aquel que sea investigador de que llame a la Oficina de Transferencia de Tecnología y se interese por su caso particular porque a lo mejor se encuentra con que su nómina de diciembre es negativa. Montamos una campaña en Change.org, donde conseguimos pasar de mil firmas, mando cartas al director a ocho periódicos, me pongo en contacto con los sindicatos universitarios y el sindicato de la administración pública se sorprende enormemente. Para cerciorarse se ponen en contacto como representantes sindicales con la oficina, le vuelven a repetir lo mismo que a mí y se suman a nosotros y nos ayudan a que se publicite todo esto”.

No fue hasta una vez realizadas estas movilizaciones, el día 3 de diciembre, que los investigadores recibieron una carta firmada por el vicerrector de Asuntos Económicos, Linarejos Gámez Mejías, que les advierte que “la supresión de ia paga extraordinaria se debe aplicar a todos aquellos contratados cuyas retribuciones son financiadas, en todo en parte, con cargo a subvenciones”.

El Rectorado añade que son “conscientes de los problemas que puede generar esta reducción inesperada de la nómina de este mes, fundamentalmente a aquellas personas que tienen prorrateado su salario anual en doce pagas. Por ello, para ayudar a los que se encuentren en dificultades, se ha habilitado un sistema de anticipos reintegrables en seis mensualidades máximo a partir de la fecha de concesión, previo compromiso del investigador principal de que el contrato se mantendrá por ese periodo como mínimo”.

Un ahorro que no es tal

“La gran pregunta que nadie contesta es ¿adónde va ese dinero?”. Borja tiene una mente analítica y es claro explicando las cosas. Primero plantea la pregunta y de inmediato nos da la respuesta: “Ese dinero legalmente no puede ir a nada más que a pagar las nóminas de los trabajadores. Con un proyecto nacional, se lo queda la entidad financiadora, que está muy bien, eso que se han ahorrado. En el caso particular de un proyecto europeo, vuelve a la Comisión Europea. Para la Unión Europea, dinero que no has gastado ni justificado, dice ‘guay, me lo quedo yo, ya lo usaré para otra cosa’. ¿Qué solución da la Universidad? Para algunos casos, que el administrador del proyecto guarde ese dinero y lo gaste más adelante en el proyecto, añadiendo más horas o lo que sea, porque dan por hecho que esto va a a ser solo este año. Yo personalmente no me lo creo, creo que el año que viene va a volver a ocurrir y volverán a hacernos lo mismo. De todas maneras, aunque me lo creyera, y vuelvo a ponerme en mi caso particular, mi proyecto se acaba el 31 de enero. El gasto que no imputo ahora en diciembre, no puedo doblar el gasto de enero. Así que estamos haciendo el idiota, básicamente”.

El proyecto en el que trabaja Rodríguez Vila se llama Smart catheterization y está orientado a aumentar la seguridad del paciente en las intervenciones de cateterismo. Están realizando el modelado geométrico en 3D para una plataforma de realidad virtual que servirá para que los médicos no usen fluoroscopía, que es el método actual. La fluoroscopía es un aparato que tira radiografías tan rápido que te permiten ver un vídeo que es útil al cirujano que introduce el cateter por la arteria para saber moverse con acierto por el interior del cuerpo. Gracias a este proyecto se eliminaría el riesgo que supone someter a una persona a la radiación de los Rayos X para realizar este vídeo. Borja trabaja en bioingeniería aplicada, proyectos cuyos resultados se ven muy pronto, en 3 o 4 años. Smart catheterization tiene un presupuesto de cinco millones de euros y la parte que corresponde al trabajo realizado en la UPM es de sólo medio millón de euros, cuando son siete en el consorcio. Sucede así porque los gastos de personal en España son mucho menores a pesar de tener la misma carga de trabajo.

Al dejar a los investigadores con una paga ridícula en diciembre, el Estado pretende ahorrar dinero para paliar el déficit pero esta Universidad no es quien paga Smart catheterization. Tiene el coste de la luz, la calefacción, el uso de las instalaciones, los ordenadores y el acceso a los artículos pero por todo ello también recibe un canon a cuenta del presupuesto.

Los números no cuadran

La investigación es un trabajo complicado y que requiere mucha dedicación y muchas horas, sobre todo cuando llegan los finales de los plazos. A pesar de que ese final está cercano para esta investigación, en los papeles aparecerá que en diciembre Borja y los suyos han trabajado apenas nada. “Al final del proyecto –explica Borja– tengo que hacer un excel en el que justifico por cada mes que esta persona ha gastado tantas horas en hacer esto y tengo un dinero asignado por persona. Dependiendo de la categoría que tenga tiene un precio por hora. ¿Cómo justifico yo nuestro sueldo de diciembre? ¿Qué digo yo que en diciembre no hemos echado horas, que en diciembre no hemos trabajado? Claro que hemos trabajado, al igual que cualquier otro mes, un poco menos porque tenemos las vacaciones de Navidad, pero en diciembre hemos trabajado y yo voy a tener que imputar horas pero no imputar dinero, porque no me ha llegado”.

En este gran despacho compartido, donde empieza a anochecer, hay algunos rostros serios y concentrados en sus ordenadores y, en uno de los rincones, nerviosismo. Cuerpos que se levantan, que se hacen preguntan, que se enseñan papeles. “Es que aquellos van a leer su tesis dentro de unos días”, aclara Borja. “El problema que tenemos en la investigación es que la sociedad española no reconoce nada, nada, nada a los investigadores. Sobre todo a los investigadores predoctorales y postdoctorales. Se tiene en muy alto prestigio a los catedráticos de universidad pero el proceso que hay que seguir para alcanzar ese puesto está muy mal visto. Yo conozco muchos investigadores y no he conseguido todavía conocer a alguien al que alguna persona cercana de su entorno no le haya dicho deja de hacer el tonto y ponte a trabajar. Son personas que a lo mejor trabajan diez horas al día por cuatro perras. No es nuestro caso el de las cuatro perras, relativamente, por lo que a lo que nos dedicamos, la investigación aplicada, suele tener mucho más dinero que la investigación básica. Y cuando en la sociedad misma está ya tan afectado el que el investigador es un vago que no quiere trabajar, todas las putadas que puedan hacer van a resbalar”.

Acabemos con los números. El presupuesto de la Comunidad de Madrid para la Politécnica era de 225 millones de euros. Como deciden duplicar las tasas, lo reducen a 190. La pérdida de 35 millones de euros sólo se compensa en 5 o 10 millones con la subida de las tasas. Para 2013 se espera una nueva reducción pues las tasas también aumentaron este año. “Llegamos a la degeneración absoluta de que nos están apagando muchos días la calefacción por las tardes porque no hay dinero para pagarla. Una cosa es trabajar con jersey y otra tenerte que poner el abrigo. Lo que consiguen es que tomes la decisión de irte a casa a trabajar y claro te pagas tu internet, tu calefacción, tu luz”.

Borja quiere contraponer, como ejemplo, dos formas de entender los problemas: “El CSIC tiene déficit y necesita cortar. El director ha entendido que el patrimonio del CSIC son sus investigaciones. ¿Qué van a hacer? Van a recortar personal pero van a vender edificios. ¿La otra forma de entenderlo? La UPM está construyendo edificios. Para 2013 se va a construir una residencia para estudiantes y profesores, se está construyendo un edificio nuevo que es un centro de apoyo a la innovación tecnológica. Y el colmo de los colmos, tenemos a Ágatha Ruiz de la Prada visitando Bolivia para vender alta costura, pagada por la UPM. ¡Ágatha Ruiz de la Prada vendiendo alta costura en Bolivia! Es absurdo, aquí no hay dinero para la calefacción y tenemos a esa mujer viajando invitada. No es sólo que no haya dinero, es que no se está usando bien. Estamos haciendo el idiota con eso”.