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Vigilantes y limpiadores trabajan sin cobrar en toda España

Trabajadores de limpieza y seguridad de Esabe y Sequor protestan por los retrasos en el cobro de sus nóminas.

Elena Cabrera

Una mano escribe con un espray rojo “MOROSOS” sobre el suelo. La palabra queda pintada justo sobre el escalón que hay que pisar para entrar o salir de la oficina. Es imposible no verla. A la espalda del graffitero hay decenas de personas con banderas de plástico rojo que celebran la pintada. Alguien tira petardos. Entre el humo, puede leerse otro escrito, esta vez sobre la pared, que dice “OLIVARES PINOCHO”. Es la mañana del 8 de octubre y estamos en la Zona Franca de Barcelona, delante de la sede central de la empresa Sequor Seguridad. Alguien graba todo esto, probablemente con el móvil, y lo sube a YouTube.

Ese día, los 500 trabajadores de la provincia estaban llamados a la huelga debido a los retrasos reiterados en el pago de las nóminas. Inspección de Trabajo recibe, unos días después, otra denuncia del Comité de Empresa, como todos los meses desde abril. El sindicalista de Comisiones Juan Carlos Conde rellena el escrito de su puño y letra mayúscula, y añade: “no se están efectuando las cotizaciones a la Seguridad Social”.

El principal cliente de Sequor es la administración pública. Sus vigilantes hacen servicios en todo tipo de instalaciones municipales, autonómicas o estatales. Ese mismo 8 de octubre, en Madrid, se montaba cierto alboroto en la puerta del Instituto Español de Oceanografía en María de Molina: decenas de vigilantes sin cobrar a fin de mes protestan con gritos y pancartas en la acera. En ese edificio hay dos vigilantes, en otros tiempos fueron hasta seis. Ambas están en nómina con Sequor pero ese día sólo hay una. La que está ausente lleva 21 años trabajando en este edificio y ha vivido varias subrogaciones. Nunca habían dejado de pagarla hasta ahora que está con Sequor, donde le deben un mes: “no está tan mal, sé que hay compañeros muchísimo peor”. Sabe que no puede hacer otra cosa más que aguantar y esperar.

A la puerta del Oceanográfico no había solo trabajadores de Sequor. Se les sumaba los de otra empresa: Esabe. Y, al día siguiente, ese mismo avispero de pancartas, pegatinas, protestas y banderas de plástico rojo se trasladaba a la puerta del Ministerio de Defensa. Para UGT, Sequor y Esabe viene a ser lo mismo, una es continuación de la otra, y los contratos que había conseguido Esabe, una empresa a punto de cerrar, se traspasan a Sequor sin concurso público porque, como dice el sindicato, se trata de la misma gente. Las pancartas de los manifestantes ante el Hospital La Fe de Valencia también unen a ambas empresas: “Esabe y Sequor no pagan” y el sindicato CSI-F denunciaba el 17 de octubre que al menos 60 trabajadores no habían cobrado ninguna nómina desde agosto, que se les debe una media de 10.000 euros a cada uno, que la adjudicataria pasó de Esabe a Sequor sin que nada cambiara y que la empresa, según Europa Press, “achaca el retraso a la Generalitat”.

Retrasos de cinco meses en el cobro de las nóminas de los trabajadores de las divisiones de seguridad y limpieza de Esabe ha sido la noticia recurrente en todo el estado español, en múltiples sedes de administraciones públicas, durante todo el año. En la madrugada del 1 de octubre, el vigilante José Reina se quitó la vida. Trabajaba en las dependencias del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla. Tenía 53 años, estaba casado y era padre de dos hijos ya veinteañeros. Su empresa le adeudaba 10.000 euros en nóminas impagadas desde abril. Cada céntimo que entraba en su cuenta se lo comía el negativo del banco. Esa empresa se llama Esabe. Dos meses antes de su suicidio le subrogaron a otra, COS, que tampoco le pagó a tiempo. El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) denunció en esa ocasión que al menos 100 vigilantes de Esabe se les debe cantidades similares que la adeudada a José Reina, trabajadores “a los que las malas praxis empresariales les han arruinado la vida y colocado en una situación de máxima emergencia y vulnerabilidad”. Reina había denunciado a Esabe pero SPV alerta de que estos juicios se están fechando para 2014 en adelante.

“Abonar irregularmente las nóminas a sus trabajadores, tener embargadas cuentas por la tesorería de la seguridad social por falta de cotización, declarar de forma fraudulenta sus ingresos a la hacienda pública y multitud de denuncias en todas las inspecciones provinciales de trabajo del estado por irregularidades manifiestas” son las prácticas empresariales que ya denunciaba UGT hace un año. “Esto es conocido por ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y administración central de estado”, recordaban. Los sindicatos exigen de lo público que dejen de conceder concursos a las mismas personas que reiteradamente no pagan a sus trabajadores, aunque cambien los nombres de las empresas.

Francisco Quintero ganaba “desgraciadamente” un buen sueldo en Transportes Blindados de Esabe: entre 4.500 y 5.000 euros. Dice él que por desgracia porque, si no hubiera sido así, no se habría comprado un piso, ni un coche, ni se habría metido en reformas. El piso se lo quedó el banco en enero y no le admitieron la dación en pago, por lo que sigue pagando la hipoteca. Debe un año de las letras del coche, por loq ue está esperando que cualquier día se lo embarguen. No cobra nómina desde abril y la empresa le adeuda más de 120.000 euros debido a más de dos mil horas extras que no le han pagado. Además de contra la empresa y contra el grupo de empresas, Francisco está decidido a ir contra el dueño, Juan José Prados del Pino, contra el que ha puesto una demanda civil. Este vigilante quiere que cada persona con responsabilidad “cargue con la culpa de los perjuicios a más de tres mil familias que, a nivel nacional, están esperando cada mes si paga o no paga, muchos compañeros han tenido que dejar su casa, esta situación es insostenible”.

A Quintero le consta que la deuda de esta empresa no es sólo con los empleados. Una inspectora de Hacienda de Bilbao se puso en contacto con él para requerirle documentación del año 2008. Al preguntarle porqué, la funcionaria le explicó que Esabe, con quien no conseguía contactar, llevaba diez años sin pagar el IRPF, a pesar de que se lo había retenido a los trabajadores. Francisco es delegado sindical e intentó que sus algo más de veinte compañeros de transportes de caminiones blindados pusieran una demanda colectiva, pero al final solo convenció a cinco de ellos. Esperan un juicio a finales de diciembre aunque Francisco tiene información que apunta a que la empresa va a intentar cerrar a finales de noviembre. Según estas mismas informaciones y fuentes sindicales, Sequor entraría en concurso de acreedores próximamente.

En mayo se ponían en huelga indefinida los trabajadores de la limpieza de los juzgados de la Comunidad de Madrid. En junio hacían dos jornadas de paro 90 trabajadores de limpieza y seguridad de los juzgados de toda Asturias, la cárcel de Villabona, el Instituto Nacional del Carbón, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, Defensa y Muface se quedaban sin limpieza. Ese mes en Linares (Jaén), las empleadas dedicadas a la limpieza del Centro de Día de Mayores arrancaban una huelga indefinida debido a los dos meses que vivían sin cobrar. En julio diez trabajadoras de limpieza de las dependencias de Aduanas de Irún y Pasajes hacían huelga durante una semana: cuatro meses sin cobrar y vacaciones denegadas. Los 36 vigilantes de los juzgados de Sevilla interpusieron en agosto 52 demandas en Trabajo por impagos, con protestas ante sus diferentes sedes. En septiembre, las tres limpiadoras del edificio El Kursaal de Algeciras denunciaron que no cobraban desde marzo. Por lo mismo se pusieron en huelga indefinida los trabajadores de limpieza de diferentes institutos de secundaria de Alcalá de Henares, Guadarrama o Las Rozas en Madrid. No se pusieron en huelga pero en octubre cuatro trabajadores del barco de la vigilancia aduanera de Cantabria, Alcaravan-1, denunciaron ante el Juzgado de lo Social que no cobraban desde mayo. También el mes pasado las 25 limpiadoras de las dependencias del CSIC se pusieron en huelga indefinida tras siete meses de pasar la fregona sin recibir un euro; según CCOO el CSIC está al corriente de los pagos pero “el enorme agujero que tiene la empresa Esabe con la Hacienda y tesorería pública se están llevando el sueldo de las trabajadoras”. El 7 de noviembre, los empleados de seguridad del vigués Museo del Mar se concentraban en la puerta por los impagos de sus nóminas. La empresa que tienen en común todos estos casos y muchos más que aquí no caben es la misma, Esabe. Incluso, en alguno, también Sequor.

La fragmentación informativa de todas estas noticias que han sembrado ediciones locales de periódicos, ha hecho que el caso de Esabe y Sequor pasara desapercibido. Pero un comentario en Facebook llamó la atención de Mercedes Milá, que está preparando un reportaje para su programa en Cuatro, Diario D, sobre las actividades de ambas empresas. Manuel García Jurado, empleado de Esabe y sindicalista de UGT la acompañó el pasado día 13 en una visita sorpresa a la oficina de la empresa. “Tienen tantas deudas -explica Jurado- con la Tesorería y Hacienda que les han embargado las cuentas pero los vigilantes siguen yendo a trabajar aunque no cobren porque si no van pierden todos sus derechos”. Manuel lleva desde julio sin cobrar y compañeros suyos destinados en Institutos no lo hacen desde abril. “Han logrado servicios a costa de bajar los precios pero han desviado el dinero a otros sitios”, aventura Manuel, que también señala al propietario único de la empresa, Juan José Prados del Pino, como máximo responsable.

Desde UGT indican que lo que antes era Esabe Limpiezas es ahora Terral Wind y que la división de seguridad es ahora Sequor. “Es algo habitual en ellos”, comentan fuentes del sector de limpiezas de este sindicato, que cree que “a base de huelgas” ha conseguido que las diferente administraciones cancelaran los contratos con Esabe para dárselos a otros. Aunque no pueden comprobar, indican, si aún quedan contratos vigentes porque no han conseguido de Esabe un listado de centros donde tienen servicios. El objetivo de los sindicatos es que la administración no siga otorgando concesiones a los mismos, pero con distinto collar.

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