Emiliano García-Page ha hecho referencia hoy a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para reclamar que se abandone el “cortoplacismo” y defender que haya una política “con perspectiva, a medio y largo plazo, de entendimiento y hasta cierto punto de conciliación”. Y aunque no ha hecho ninguna referencia expresa ni al Gobierno central ni a los partidos independentistas, ha añadido: “Si algo he llevado mal en estos últimos años es que ha habido gente que, por no ser autónomo, pero sí pretender ser independiente, ha hecho que en España nos tengamos que plantear lo que somos”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha hecho estas declaraciones con motivo un premio que le ha otorgado en Toledo la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). En este contexto, ha alabado a este sector y ha aprovechado para dejar claro que “ser autónomo no significa independiente”. “En términos políticos se entiende que no es lo mismo ser autonomista que ser independentista”, ha dicho.

Dicho esto, ha remarcado que la sociedad depende del contexto, de la economía y de las administraciones, y que en un escenario electoral como el actual, es importante tener en cuenta cuestiones como los cambios tecnológicos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

“Cualquier proceso de adaptación que podamos imaginar pasa por millones de decisiones individuales. Y todo dependerá de la capacidad que tendremos de ir adaptándonos al ritmo vertiginoso que nos reclama hoy la tecnología y la sociedad”, ha añadido.

El intentar gobernar escuchando y pactando me parece que exige más valentía que lo que algunos consideran ser valiente, que es el insulto, el 'no' por el 'no' o la confrontación permanente

Tras pedir que, sea cual sea el resultado de las elecciones, se atienda adecuadamente al sector de los autónomos, ha señalado que el premio recibido es “inmerecido” porque su labor como presidente es la de “escuchar” y “¿qué tiene de inteligente no hacerlo?”.

“El intentar gobernar escuchando y pactando me parece que exige más valentía que lo que algunos consideran ser valiente, que es el insulto, el 'no' por el 'no' o la confrontación permanente. Lo que exige moderación, valentía, hoy en día es pactar y escuchar. Para eso hay que ser valientes, porque tirarnos los trastos a la cabeza sabemos cualquiera de nosotros”.

Page ha subrayado que, vote lo que vote la gente, su deseo es “que se abandone con urgencia el inmenso cortoplacismo en el que estamos instalados”. “Se necesita con urgencia una política de perspectiva, política del medio y del largo plazo. Multitud de problemas no se abordan por el simple hecho de que se está más pendiente del telediario de la noche”.

Y también ha abogado por una “perspectiva de entendimiento, hasta cierto punto de cierta conciliación” porque, según ha reconocido, si algo ha llevado mal en estos últimos años es que “ha habido gente que. por no ser autónomo, pero sí pretender ser independiente, ha hecho que en España nos tengamos que plantear lo que somos”. “Eso, lo que somos, quedó muy claro hace casi 50 años en la Constitución del 78, que va para otros 50”, ha concluido.

Si hay algo que se le da bien a Gabriel Rufián es lanzar frases contundentes. Cortas y cortantes. Sea en las redes, en la tribuna del Congreso, interpelando en una comisión parlamentaria o troleando a Vito Quiles. Ahora, con el orden que permite un libro, y con datos y citas, las resume y amplía. El título es fiel al estilo del candidato de ERC: Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar), editado por Ara Llibres.

Rufián supera el método Loquillo, el de colocar un titular en cada respuesta. En este caso, en cada párrafo. Empezando por la dedicatoria, puesto que se dirige a todos los votantes, ya sea a los que denomina fachas, a los de izquierdas o a los que no saben qué son. A todos ellos no les ofrece pureza, sino respuestas (otra de sus sentencias a modo de eslogan).

El libro lo ha escrito él y se nota. No solo porque la editorial lo confirme, sino porque en algunos momentos casi se le puede escuchar. El arranque es uno de ellos: “Yo vengo de la mierda. A mí me dijeron muchas veces que adónde creía que iba y que yo no podía. A mí nadie me esperaba aquí”. Esta última frase está destacada en negrita. Hay más así, para lectores perezosos o por si no queda claro qué es lo que Rufián quiere subrayar.

De todos los enunciados-tuit del inicio hay uno en el que el portavoz de ERC reconoce que fue un “cabrón” con Joan Tardà, el dirigente republicano que más le enseñó en el Congreso y que mejor le ha defendido fuera y dentro del partido. “Fui egoísta y soberbio. Me aguantó cosas inaguantables. Porque yo no sabía nada y me creía que sí; él, en cambio, lo sabía todo y no lo decía”. Ese comportamiento lo circunscribe a sus inicios, aunque para varios de sus compañeros en el grupo parlamentario no sea un pasado tan lejano. A Tardà lo define como una de las tres mejores personas que ha conocido en su vida. Se podrían discutir algunas de las opiniones que incluye en el libro. Pero que Tardà es una buena persona es algo irrebatible.

En el decálogo de intenciones que formula, señala que “ni un político gana elecciones solo con talento ni un partido las gana sin él”. Aprovecha para arremeter contra los aparatos de los partidos como si lo analizase desde una columna, como si ser el hombre fuerte de ERC en Madrid y llevar una década de diputado fuese un papel secundario. Y prosigue, como quien no quiere la cosa, para llevar el agua al molino que le conviene: “Los aparatos de los partidos deben entender que el carisma y los activos electorales son algo que tenemos que cuidar y potenciar [...] Quien pone la cara debe tener medios y mando”.

A Rufián le iban detrás distintas editoriales porque sabían que este libro se vendería solo. Pero, además, ha tenido la suerte de que Pedro Sánchez adelantase las elecciones y que el debate sobre la estrategia de las izquierdas haya vuelto a dar titulares y titulares, aunque no tantas buenas noticias para sus votantes.

Rufián despliega el catálogo de reflexiones, que viste como propuestas, para ese frente entre las izquierdas soberanistas y la izquierda española que no ha fructificado. Incluye uno de sus hits, el de que la gente pasará por encima de los partidos, y un diagnóstico que se ha demostrado bastante atinado: las izquierdas españolas son el problema. Podría añadirse que presentar la alianza entre ERC y Podemos en plena negociación con el resto tampoco ayudó, pero eso daría para otro capítulo.

El jefe de filas de los republicanos en Madrid es de los políticos que más pronto entendió la importancia de las redes. Como elemento de promoción, la editorial destaca que tiene un millón de seguidores en X y “ya no se sabe ni cuántos en TikTok”. Por eso el capítulo que dedica al poder digital es especialmente interesante. Más allá de empezarlo con Ortega y Gasset (qué sería de los libros de políticos si no incluyesen como mínimo una cita orteguiana), en el diagnóstico la clava: “Antes se hacía política para los medios. Ahora se hace política para las redes”. No lo dice como queja, él es quien mejor ha sabido hacer esa transformación.

Su lamento es que la izquierda no lo tenga igual de claro. “La izquierda debe entender que sin poder digital es como una gacela herida en medio de la sabana: comida para las hienas. El fascismo vende en la red mucha de su mercadería impunemente gracias a dos de los mantras más tramposos de la izquierda: ‘No compremos su marco’ y ‘No les contestemos, que les hacemos grandes’”. Rufián defiende que esa actitud es un error y, además, oculta mucha cobardía. Su tesis es que el bucle de “la desinformación fascista” es infinito y, por tanto, hay que darles la batalla en su campo, en las redes, y disputarles ese poder digital.

Aunque es evidente que el libro no está escrito para el lector catalán, tiene un capítulo dedicado a Catalunya. Empieza diciendo que quiere hacer autocrítica, aunque no la hace a nivel personal por los errores que haya podido cometer, sino en nombre del independentismo. Por haber repartido carnets de pureza y de buen catalán durante muchos años. Insiste en que este movimiento necesita obtener más apoyos y alerta de que “con épica y con banderas no se le da una casa a nadie, no se lucha contra la precariedad o no se bajan los precios”. “Y tratando a la gente como si fueran niños en un parque de bolas a la espera del pastel de cumpleaños, tampoco”. Ha pasado tiempo, pero leyéndolo es imposible no asociar ese pastel a la declaración de independencia, que duró lo que tardan en apagarse unas velas de cumpleaños.

En una acusación genérica y que también es una de sus preferidas, el republicano insiste en que “el 90% de los medios de comunicación catalanes le compra toda la mercancía a Convergència”. Y que los medios lo hacen porque se vive mejor callando y comprando que criticando las votaciones de Junts con PP y Vox. En este capítulo la cita que le hubiese encajado mejor sería la de Campoamor, porque igual su visión se explica por la distancia y el cristal con que la mira.

A Junts le dedica unos cuantos dardos y le pide que deje de imitar a la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, para volver a Jordi Pujol. Quién iba a decir que hasta Rufián se apuntaría a la moda de reivindicar al fundador de Convergència. De paso, acusa a ERC de tener una relación freudiana de amor/odio basada en el miedo hacia el mundo posconvergente.

El arranque y el epílogo son lo mejor del libro, un Rufián en estado puro. El final pretende ser una carta a un votante de barrio de Vox y/o de Aliança Catalana. Hay que reconocer que la contundencia de sus argumentos, una mezcla de emotividad y datos bien escogidos, podría lograr su objetivo, y es que algún lector que esté dispuesto a apoyar a la extrema derecha se lo repiense. De las muchas frases ingeniosas que le dedica al partido de Abascal, hay una definición que los retrata a la perfección: “Vox es el ectoplasma político del falangismo, franquismo, terraplanismo y cuñadismo social”. Aunque la más ocurrente es la de que Vox es el partido del cuarto cubata.

A los fans de Rufián, este libro no les defraudará. Al resto, no les sorprenderá.

** Como ganar a los fachas (Leer antes de votar) llega a las librerías el martes 20.

Roger Español hace nueve años que espera justicia. El 1 de octubre de 2017, perdió un ojo por una bala de goma. Según un informe de los Mossos, el agente de la Policía Nacional UC563 no solo fue el autor del disparo de ese proyectil. Instantes antes de la lesión, el mismo policía ya había disparado a este activista.

Junto al citado agente se sentarán otros tres en el banquillo. Son los únicos policías que no han sido amnistiados. La defensa de Español y la acusación particular piden hasta 13 años por un delito de torturas. No lo tienen fácil porque la Fiscalía se ha situado desde un principio del lado policial al considerar que solo cumplieron con la orden judicial de requisar urnas y papeletas del 1-O.

La cuestión es si se extralimitaron en su deber. Primero, porque desde el 30 de abril de 2014, en Catalunya está prohibido el uso de las balas de goma, algo que a la Policía Nacional le ha importado muy poco.

La decisión de vetar el uso de este tipo de proyectiles tan lesivos se adoptó tras una comisión parlamentaria que se constituyó a raíz de diferentes casos, entre ellos el de Ester Quintana, que también perdió un ojo en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 por el impacto de una pelota disparada por los Mossos. En su caso, los dos agentes acusados fueron absueltos, pero, como la autoría policial del disparo estaba fuera de toda duda, Quintana fue indemnizada por la Generalitat. La Conselleria de Interior tuvo que disculparse con una ciudadana de la que, en un inicio, se desentendió.

Así que ahora la Policía Autonómica no puede usar las balas de goma (tampoco en Euskadi y Navarra), mientras que la Policía Nacional las sigue disparando.

Y la segunda cuestión es cómo la desobediencia civil está cada vez más criminalizada. En eso, España tampoco es una excepción. Habermas era de los que defendían que una democracia madura incluye la desobediencia civil como uno de sus elementos importantes. No hace falta retroceder hasta Thoreau para defender la vigencia de la protesta como instrumento para denunciar injusticias.

Hemos visto recientemente cómo se condenaba con multas a cuatro de los nueve activistas climáticos vinculados a los colectivos Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, a los que se juzgó por haber lanzado agua con témpera roja a una de las paredes del Congreso en 2023. Su objetivo era denunciar “la inacción del Gobierno en materia de emergencia climática”. En ese juicio, la Fiscalía pedía una pena de 21 meses de prisión y argumentó que su propósito era escarmentar a los activistas. Es solo un ejemplo.

Por eso es importante que seis organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos (Amnistía Internacional, la OMCT, INCLO, REDRESS, ICHRP) asistan como observadores a las cuatro sesiones previstas en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra los cuatro policías.

Deberá dirimirse si la actuación de los agentes fue proporcionada. Pero tal vez la pregunta previa que todos deberíamos hacernos, sobre todo los que diseñan dispositivos de seguridad y sus jefes políticos, es si, ante una protesta pacífica, los agentes pueden disparar.

Roger Español espera justicia, pero no está claro que la llegue a obtener.

Por cierto, el juicio, que se celebra tras nueve años, se acabará el próximo 1-O. ¿Casualidad?

Tarde de tensión y enfrentamientos en el Fossar de les Moreres, en la víspera de la Diada. Cientos de activistas antifascistas han tratado de boicotear un acto de Aliança Catalana, pero los Mossos d’Esquadra han desplegado un fuerte cordón y han contenido a los manifestantes, con algunas cargas incluidas, que ha acabado con tres personas detenidas.

La asistencia de la formación xenófoba e independentista tensiona desde hace unos años los actos solemnes del Fossar de les Moreres, pero en esta ocasión una convocatoria multitudinaria de grupos de la izquierda independentista, antifascistas y entidades sociales ha llevado a los Mossos d'Esquadra a acordonar toda la plaza para evitar enfrentamientos.

El acto de Aliança, previsto para las 17:30 h pero que ha arrancado una hora más tarde, ha congregado decenas de militantes del partido, que ocupaban en solitario el Fossar ante el blindaje policial. La líder de la formación, Sílvia Orriols, ha pronunciado su discurso mientras de fondo se escuchaban gritos de “Catalunya antifascista”.

Orriols ha llegado a las inmediaciones de la plaza media hora antes de la convocatoria. Ha ido a esperar a una cafetería, a la que ha sido custodiada por un grupo de sus acólitos. Mientras tanto, sus bases proferían gritos de “independencia”, “puta CUP y puta España”, o “Catalunya catalana”, lema ya clásico entre el nacionalismo más xenófobo.

Cargas y una agresión al fotógrafo Jordi Borràs

La tensión ha derivado en enfrentamientos al término de la intervención de la líder del partido xenófobo. Por un lado, los Mossos han cargado contra los manifestantes antifascistas para mantener el cordón policial en hasta en tres ocasiones, mientras los simpatizantes de Aliança Catalana arrancaban las pancartas de la contramanifestación.

Uno de los momentos más complicados se ha dado después de que un grupo de activistas, que de alguna forma logró entrar en el Fossar, lanzara pintura contra miembros de Aliança. Los Mossos les han detenido y algunos simpatizantes del partido han tratado de agredirles. 

Instantes después, un manifestante antifascista detenido ha sido trasladado fuera del perímetro policial pasando por delante de donde se encontraban los simpatizantes de Orriols, que han tratado de abalanzarse sobre él.

Durante esos altercados, el fotoperiodista Jordi Borràs ha sido también víctima de una agresión. Según ha relatado y se observa en imágenes captadas por VilaWeb, un agente de policía lo ha empujado y ha caído al suelo y, allí, ha recibido una patada de un manifestante del grupo xenófobo.

En el balance policial, los Mossos han contado este jueves tres detenciones, además de la investigación por desórdenes públicos contra el grupo que ha tirado pintura y otras dos mujeres detenidas antes de la manifestación por llevar extintores en una maleta. 

Al término del acto, algunos militantes de Aliança han abandonado el lugar entre insultos de los manifestantes antifascistas. Una de las últimas en salir ha sido la propia Orriols, escoltada por algunos de sus colaboradores y posteriormente por los antidisturbios de los Mossos. Pasadas las 19:00 horas ha subido entre abucheos a uno de los autocares del partido.

La protesta de rechazo a la formación xenófoba estaba convocada por numerosas entidades: Arran, COS, Alerta Solidària, SEPC, la Organización Juvenil Socialista, el sindicato IAC o Top Manta han llamado a la manifestación a las 17:00 horas en el Fossar de les Moreres. Pero también desde Aliança Catalana prevían hoy sacar músculo y congregar más militantes que en anteriores ocasiones, algunos de ellos llegados en autobús a Barcelona. 

“Hacemos un llamamiento a demostrar que hay una mayoría que no acepta la catalanidad retrógrada y cerrada que utiliza la extrema derecha para dividirnos”, señalan los organizadores, autodenominados Unitat antifeixista per una terra de tothom. “¡No podemos normalizar su proyecto!”, proclaman. La concentración ha provocado diversos momentos de tensión entre la policía catalana y los manifestantes, pero por el momento los Mossos no han tenido que intervenir.

Por su parte, Orriols ha mandado un mensaje supuestamente para “calmar los ánimos”, pero ha arremetido contra quienes considera que les quieren agredir. “Si vienen a agredirnos, lo que haremos es amorrarlos al suelo hasta que los Mossos lleguen y puedan levantar acta”, ha afirmado en X. “En ningún caso cediremos a su voluntad de que haya una lucha directa”, ha añadido.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avanzado este miércoles que se ha abierto un expediente por “supuesta falta muy grave o grave” a los agentes que golpearon a un seguidor del Barcelona al que arrebataron una bandera estelada antes del partido entre este equipo y el Elche el pasado 23 de agosto.

Tras abrir una investigación de oficio sobre lo ocurrido, Marlaska ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y en respuesta a la diputada de Junts Marta Madrenas, que de esa “información reservada” se ha pasado a la apertura de un expediente para evaluar si la actuación es constitutiva de falta grave o muy grave.

Una decisión adoptada después de que considerar que “no se justifica en modo alguno” la actuación policial independientemente de que esa persona portara un símbolo “absolutamente legítimo” como es la bandera estelada.

Los hechos investigados tuvieron lugar el pasado 23 de agosto a raíz de un vídeo difundido en redes sociales que muestra cómo agentes de la Policía Nacional golpean a un joven, menor de edad, tras arrebatarle la mencionada bandera. El joven se encara con los policías, y estos terminan golpeándole en el suelo.

La diputada de Junts ha denunciado que este pasado domingo en Alcorcón (Madrid) se vivió un incidente similar también con un estelada, un episodio que el ministro ha señalado que hay que “contextualizar” pero que, según las noticias que él tiene, sus circunstancias “son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche”.

Este perfil del hasta ahora director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se publicó el 21 de octubre de 2020 tras su absolución en la causa contra la cúpula de los Mossos por el 1-O. Recuperamos el texto por su interés informativo tras el anuncio de su marcha.

Josep Lluís Trapero empezó desde abajo y ascendió a lo más alto de la cúpula de los Mossos d’Esquadra sin buscar ni deber favores políticos. Criado en un barrio obrero de Santa Coloma de Gramenet, los que le conocen bien destacan su tozudez y la costumbre de hablar claro. Un mando que atiende a cualquier agente que le requiera, tenga o no galones. En el 2013 fue elegido jefe de los Mossos por el entonces conseller de Interior, Ramon Espadaler, un político procedente de Unió que ni era ni es independentista. A Trapero se le escogió solo porque se consideró que podía hacerlo mejor que otros comisarios que aspiraban a ese mismo ascenso. Era algo que se sabía dentro y fuera de los Mossos y que ahora también queda recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional que lo ha absuelto. El ascenso de Trapero, subrayan los magistrados, fue “un reconocimiento personal sin vinculación con el proyecto independentista”. 

Trapero siempre ha sido solo un policía que quería hacer de policía, al que algunos quisieron encumbrar a la categoría de héroe y otros presentar como un traidor. Su gestión en los atentados de agosto del 2017 lo convirtió en un icono hasta el punto de que su cara acabó estampada en camisetas. Su “Bueno, pues molt bé, pues adiós” como respuesta a un periodista que se quejó de que el major contestase en catalán a una pregunta formulada en esta misma lengua llegó a ser trending topic mundial en Twitter esa tarde del 22 de agosto. En actos públicos o en reuniones privadas se comporta igual. Si le preguntan en castellano, responde en castellano. Si lo hacen en catalán, contesta en catalán. Con comparecencias como esa se ganó muchos fans pero también detractores en algunos medios de comunicación.

Antes de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, una parte del independentismo recelaba de él por considerarlo como una persona de orden del que costaba imaginar que estuviese dispuesto a desobedecer órdenes para favorecer la causa independentista. Hay que situarse en esas semanas de finales de verano y el otoño del 2017 para entender cómo la Policía catalana y, sin buscarlo, sus máximos responsables, acabaron formando parte de la bronca política.

En el Govern, casi de manera secreta, algunos altos cargos se llegaron a plantear la posibilidad de relevar a Trapero y buscar un mando policial que sí estuviese dispuesto a hacer lo que hiciese falta para que el secesionismo lograse su propósito. Al final los planes se truncaron, el major siguió al frente de los Mossos y, del mismo modo que plantó cara a más de un político, hizo lo propio con el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a quien se encargó la coordinación de todos los cuerpos policiales con presencia en Catalunya para el 1-O.

Trapero defendió su autoridad y la autonomía de la Policía autonómica y alertó de que su intención era cumplir las instrucciones de la jueza cuando esta pidió que el día del referéndum se actuase con proporcionalidad. La magistrada Mercedes Armas reclamó a todos los mandos policiales, incluido Pérez de los Cobos, tener “paciencia” y actuar con contención durante esa jornada. El coronel de la Guardia Civil, con un carácter como mínimo igual de fuerte que Trapero, no perdonó que el major reivindicase el papel de los Mossos y, tras la actuación de varios agentes de la Policía Nacional y después de escuchar sus declaraciones en sede judicial, es evidente que el concepto que ambos tenían de lo que debía ser una actuación proporcionada no fue la misma.  

Tanto Pérez de los Cobos como el autor de la mayoría de atestados de las causas relativas al proceso soberanista, el teniente coronel Daniel Baena, transformaron sus “percepciones personales” de lo que vivieron en declaraciones inculpatorias ya en sede judicial. Primero en el Supremo y después en la Audiencia Nacional. Baena se esforzó y no poco en presentar a Trapero como uno de los responsables de la estrategia independentista. En la sentencia conocida este miércoles, los jueces desaprueban que este mando de la Guardia Civil se dedicase a acusar sin pruebas. “Lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas [...] se parte de la conclusión a la que se quiere llegar”. 

Pocos días después del 1-O, Puigdemont le hizo llegar una carta de agradecimiento que Trapero ni contestó. Ambos sabían que no veían las cosas igual y que la situación podría complicarse todavía más. Es lo que pasó, los dos fueron destituidos en base a la aplicación del artículo 155 y mientras el primero siguió, ya desde Waterloo, buscando y obteniendo protagonismo, Trapero optó por la máxima discreción. No quiso ni escuchar a los que por vía indirecta le hicieron llegar la posibilidad de integrarse en la lista electoral de Puigdemont. En esos momentos era difícil encontrar a alguien más hastiado de los políticos.

Durante estos tres años ha estado alejado de cualquier foco mediático, centrado en su familia y en preparar su defensa. Un tiempo en el que ha seguido trabajando y recibiendo cartas a diario. La periodista Mayka Navarro explicó hace unos meses en un artículo que aunque el major trata de responderlas todas a mano, no termina de leer aquellas que le tratan como un héroe. Porque era y es solo un policía. 

Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del colectivo independentista Acció Cassandra y ha ordenado a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra “identificar” a los respectivos jefes de operativo que comandaron la expulsión de cantantes de la Sagrada Familia en la visita del Papa León XIV por llevar simbología independentista.

La Policía Nacional expulsó el 10 de junio a unos 600 cantantes que iban a protagonizar el cierre musical de la misa del papa en la Sagrada Família ante el temor de que algunos de sus miembros cantaran el himno de Catalunya, Els Segadors, y mostraran símbolos independentistas, algo que no estaba previsto en el programa acordado con el templo y los organizadores de la visita papal.

Según explicaron algunos cantantes del coro, diversos integrantes introdujeron dobladas entre sus partituras esteladas para exhibir en algún momento del acto. Junto a las enseñas que escondían algunos de estos cantantes, tenían un texto que proponía desplegarlas durante la interpretación del canto del Virolai y cantar a continuación Els Segadors.

En su auto, el juez Santiago García ordena tomar declaración a cuatro de los cantantes del coro como testigos e indagar en el operativo policial antes de investigar a cualquier mando.

El magistrado ha requerido a los Mossos y la Policía que identifiquen a los respectivos jefes de operativo (al ser un acto con presencia del rey Felipe, la seguridad en el interior de la Sagrada Família correspondía a la Policía, mientras que en el exterior recaía en los Mossos) así como la “cadena de mando que ordenó el encapsulamiento exterior y confinamiento de la cantoria” tras su expulsión de la basílica.

El presidente de Acció Cassandra y abogado, Lluís Gibert, ha destacado la importancia de la admisión a trámite de su querella porque confirma que los hechos denunciados “no son una exageración política, ni una simple polémica organizativa, sino unos hechos lo suficientemente graves para merecer una investigación penal con todas las garantías”.

El FC Barcelona no realizará el homenaje planeado a los jugadores de la selección española, campeones del mundo, en el partido de este jueves en el Spotify Camp Nou. El motivo es que “porque no se da en el contexto ni es el momento más apropiado”, tal como ha justificado el presidente del club, Joan Laporta. El giro se produce a raíz de la agresión que sufrió un joven a manos de la Policía Nacional en el Elche-Barça después de que un agente le retirara una bandera independentista catalana. En cambio, el club realizará un “acto de exaltación a la estelada”, en palabras de Laporta.

“No, hemos decidido que no se hará ese acto en reconocimiento de los jugadores del Barça que ganaron el Mundial y que nos había propuesto la Real Federación Española”, ha dicho el blaugrana. “Lo han entendido perfectamente”, ha añadido, en declaraciones a los medios oficiales del club.

“El fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie”. Así, el nuevo plan cuenta con la colaboración de la ANC, que repartirá 10.000 estelades a las puertas del estadio. “Contra su catalanofobia, demostramos más que nunca nuestra fuerza”, ha afirmado la entidad en un mensaje en X.

Desde el Barça, quieren contribuir a la defensa de los “valores” que representa esta bandera. “Expresa los anhelos de libertad de muchos culés y catalanes. Debe respetarse. Esa voluntad forma parte de la libertad de expresión y es una forma de expresarnos de forma pacífica que no genera violencia ni odio”, ha apuntado Laporta.

En este sentido, el club ya rechazó y condenó “la actuación desproporcionada y violenta” de la policía el pasado domingo y se han puesto “a disposición” del joven agredido y su familia para “ayudarles con lo que sea necesario”. Así, con este acto de “exaltación”, Laporta espera que “sirva de una vez por todas para que los culés y catalanes puedan ir con la estelada sin que corra peligro la integridad física y para que la bandera deje de estar estigmatizada por las fuerzas de seguridad”.

Una ley para evitar que se requisen estelades

El revuelo de los hechos ocurridos en el campo del Elche ha llegado también al Congreso, donde ERC ha registrado una proposición no de ley para garantizar que no se requisen estelades en eventos deportivos. Los republicanos exigen que “ninguna instrucción política, policial o particular” impida la exhibición de estas banderas.

“La legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte sólo permite restringir esos símbolos que incitan a la violencia, el odio o la discriminación, supuestos que no se pueden aplicar a una bandera por el simple hecho de representar una opción política”, añade la formación.

Entre las diversas peticiones que recoge la proposición, ERC también incluye que el Gobierno remita a las Cortes Generales, en un máximo de tres meses, un “informe detallado” sobre las actuaciones realizadas para “proteger la libertad de expresión en recintos deportivos” y exigen también que se solicite al Defensor del Pueblo una “investigación monográfica sobre ”posibles actuaciones discriminatorias“ de los cuerpos policiales.

La Policía Nacional abrirá una información reservada para investigar la actuación de varios de sus agentes antidisturbios los alrededores del estadio Martínez Valero en la previa del partido Elche-Barça, cuando golpearon a un aficionado azulgrana tras retirarle la bandera 'estelada' que llevaba.

Así lo ha decidido la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana tras una conversación entre el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y su homóloga valenciana, Pilar Bernabé, que ha confirmado que se investigarán los hechos para que se puedan tomar las “decisiones pertinentes”.

La decisión llega tras una jornada de críticas a la actuación policial por parte del F.C. Barcelona y partidos políticos como Junts, ERC y la CUP. En un comunicado, el club ha condenado la detención del joven y el uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de los agentes.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha denunciado el “abuso y maltrato” de la Policía Nacional a un aficionado del F.C. Barcelona, al que agentes antidisturbios golpearon y aporrearon tras quitarle una bandera 'estelada' antes de entrar en el estadio Martínez Valero de Elche (Alicante).

ERC, por su lado, ha exigido al Ministerio del Interior una “investigación inmediata” para determinar si la actuación policial “se ajustó a los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales” y reclama la comparecencia de Marlaska para dar explicaciones. La CUP, por su parte, subraya que “el gobierno más progresista de la historia” haya “enviado a la policía española a pegar a un joven por llevar una estelada”.

Tal y como muestran los vídeos de los hechos grabados por los aficionados, tras la retirada de la enseña independentista, los agentes llegan a echar de la cola para acceder al estadio al joven, que se queja y es apartado con fuerza por parte de agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Tras los primeros porrazos, el joven da un golpe a un agente y acaba en el suelo, donde es golpeado más veces.

“Si alguien que estaba allí tiene información, toda, que nos la haga llegar”, ha pedido la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en un mensaje en X, en el que también ha ofrecido ayuda jurídica al joven. Asimismo, la portavoz adjunta en el Congreso, Pilar Calvo, subraya que la 'estelada' “no es una bandera ilegal” ni “supone un llamamiento a violencia alguna”.

“La policía terminando a golpes de forma desproporcionada”, lamenta Calvo, quien recuerda que los de Carles Puigdemont “ya han denunciado” en otras ocasiones situaciones similares. Las quejas por la retirada de 'estelades' son habituales entre los aficionados del Barcelona que se desplazan a distintos campos de España para ver a su equipo.

Juntos registrará en el Congreso varias preguntas al Gobierno por los incidentes. El partido quiere que Interior concrete la base legal concreta que permitía a los agentes ordenar la retirada de las 'estelades' y si considera que su exhibición, por sí misma, constituye una conducta prohibida o sancionable.

La formación soberanista también solicita saber qué conducta atribuían los agentes al joven y si el uso de la fuerza se ajustó a los principios de legalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Junts reclama saber si se ha abierto una investigación interna e identificado a los agentes que intervinieron.

Además, el grupo parlamentario quiere saber si el Ministerio del Interior ha impartido instrucciones específicas a la Policía Nacional sobre el tratamiento de las 'estelades' y otros símbolos políticos de los aficionados catalanes en los desplazamientos deportivos fuera de Catalunya y si existe algún protocolo que justifique actuaciones como la vivida en Elche.

Acaban de cumplirse dos años de una de las investiduras más agitadas que se recuerdan. Y eso que, en Catalunya, ha pasado casi de todo en los últimos años. El 8 de agosto de 2024, Salvador Illa se convirtió en president de la Generalitat, pero el foco político se lo arrebató Carles Puigdemont, que ese mismo día hizo una aparición fugaz en Barcelona, antes de volver a esfumarse en dirección a Bélgica, donde permanece desde 2017.

La principal tarea que el president socialista se impuso entonces es que capítulos como aquel no se repitan en Catalunya. En sus palabras, “normalizar la situación política”. El contexto le ha ayudado aunque no del todo. La ley de amnistía se pactó unos meses después a cambio de los votos de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, pero aun los principales líderes políticos catalanes, como el propio Puigdemont u Oriol Junqueras, no han podido disfrutar de sus efectos. Y, sin ello, el president sabe que la “normalización” no es completa.

Con todo, las cosas han cambiado mucho en Catalunya en los últimos años, con un independentismo a la baja y un Govern que con frecuencia saca pecho de su apuesta por la “colaboración” en vez de la “confrontación”. El principal objetivo de Illa se da, por tanto, casi por logrado.

Sin embargo, en el ecuador del mandato, el president está encontrándose con problemas difíciles de resolver y que desgastan a un ejecutivo que llegó con la promesa de la buena gestión. En la rueda de prensa de balance de este último semestre, Illa reconoció al menos dos: el que tiene que ver con la cartera de la Educación, donde ha mantenido un pulso con los profesores aún no resuelto, y el de la movilidad, con Rodalies como eterna fuente de quebraderos de cabeza del Govern.

Después de reconocer “dificultades” en ambas cuestiones, Illa respondió en el mismo tono triunfalista que marcó todo el balance de su gestión. “Tendremos una movilidad y una educación excelentes y no pasará demasiado tiempo antes de que lo veamos”, aseguró en la última comparecencia antes de irse de vacaciones.

Para cumplir esta promesa, el Govern tendrá que dar la vuelta a unos problemas persistentes en los últimos años. En el ámbito de Rodalies, los datos son desalentadores. El servicio de Renfe cerró el primer semestre del año con un 16% menos de usuarios que el mismo periodo de 2015, y eso que durante algunos de esos meses los billetes fueron gratuitos.

Rodalies, tras un semestre negro

Pese al optimismo con el que el Govern encaraba el arranque de 2026, los problemas se acumularon en la red ferroviaria tras el accidente de Gelida, el 20 de enero, tras lo cual hubo días en el que el servicio permaneció cerrado, algo que nunca había pasado, y la recuperación de algunas líneas se demoró mucho más allá de lo previsto por la Generalitat.

El Govern lo confía todo a dos aspectos. Por un lado, que lleguen los 110 convoyes encargados por Renfe. Unos trenes nuevos que siempre se consideraron como un hito de mejora del servicio, pero de los que aún no se tiene noticia pese a que ya deberían llevar meses en servicio según lo pactado con la operadora del Ministerio.

En segundo lugar, el Govern confía en el cambio de operadora de Rodalies, que en los próximos meses debe pasar de la propia Renfe a una mixta participada por la propia Generalitat, aunque bajo el paraguas de la empresa ferroviaria del Estado. La nueva empresa, que tendrá como nombre Rodalies de Catalunya, por el momento sigue sin desarrollarse y cuenta como único trabajador con su máximo responsable, Òscar Playà. La promesa era que comenzase a funcionar en enero de 2027, un horizonte cada vez más asfixiante.

Los problemas en Educación vuelven en septiembre

En el ámbito educativo, el curso pasado estuvo marcado por las huelgas de docentes que se acabaron convirtiendo en el principal pulso laboral al Govern de Illa. Maestros y alumnos se fueron de vacaciones sin haber encarrilado este conflicto, que volverá en septiembre y, cuando parecía que el año escolar no podía acabar peor, la exclusión de Catalunya de las pruebas PISA acabó suponiendo la sacudida definitiva en el sector.

El próximo 8 de septiembre será la primera jornada de curso y, también, la primera convocatoria de huelga. El mensaje que envían los docentes es claro: quieren demostrar que el conflicto laboral está vivo desde el primer día. El malestar acumulado a lo largo de los últimos años, sumado a una negociación errática y descuidada del Govern, acabó con los trabajadores de la Educación en pie de guerra.

El Departamento dirigido por Esther Niubó cometió un error fatal al llegar a un acuerdo con los minoritarios CCOO y UGT fuera de la mesa sectorial, lo que calentó los ánimos de USTEC y CGT, mayoritarios. Posteriormente, USTEC acabó firmando un nuevo pacto, pero fue rechazado por la mayoría de los trabajadores. El malestar tiene diferentes aristas porque, a la cuestión salarial, se suman quejas sobre la dotación del modelo de escuela inclusiva, la burocratización o incluso los currículums.

Sobre el fiasco en las pruebas PISA, de las que Catalunya ha sido expulsada por primera vez en la historia, la explicación de Educación es que, durante la celebración de las pruebas, en los centros catalanes se excluyó a un porcentaje de alumnado demasiado elevado para las exigencias de la OCDE, que es quien organiza estos tests internacionales. El máximo fijado por esta entidad es el 5%, pero en los centros catalanes se dejó al margen al 23% del alumnado seleccionado.

En su comparecencia de balance, Illa aseguró que “iría hasta el final” para conocer lo ocurrido, una frase que ya ha pronunciado en otras crisis. El president, sin embargo, ratificó su confianza en la consellera Niubó.

Nuevas cuentas y pensando en la financiación

Pese a los incendios sufridos por el Govern en las carpetas de Rodalies y profesores, Illa cruza el ecuador de su mandato habiendo aprobado unos presupuestos, una carta que durante mucho tiempo se le había resistido. Tras un largo estira y afloja con ERC, finalmente los republicanos se unieron a socialistas y comuns para aprobar unas cuentas propias de los tiempos de buena recaudación, claramente expansivas y con amplio margen para hacer inversiones.

Illa puede respirar tranquilo en lo relativo a la parte presupuestaria al menos durante todo 2027, que además es año de elecciones municipales. Sin embargo, la batalla económica que el president deberá luchar a la vuelta de las vacaciones es la nueva financiación autonómica. La propuesta del Gobierno está sobre la mesa y pasará primero por un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 4 de septiembre, para acabar en el Congreso, previsiblemente antes de fin de año.

El president está convencido de que la nueva financiación no decaerá porque bien el PP, que gobierna comunidades muy beneficiadas con la propuesta, o bien Junts, serán incapaces de dejar morir el proyecto. “Pido al resto de comunidades la misma responsabilidad que ha tenido Canarias”, dijo Illa, después de que la autonomía insular anunciase su apoyo a la nueva financiación. “Y, a las formaciones catalanas, les pido que piensen en Catalunya”, remató.

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, y posteriormente interpuso un recurso de casación contra su sentencia condenatoria.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera “amnistiados los actos” por los que fue acusada Serret “y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.

“Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía”, ha celebrado ERC en un comunicado.

Los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval “contundente” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Por ello, añade el comunicado, “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.

“Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión”, subraya ERC.

Condenada por desobediencia

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern que presidía Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.

Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

La sentencia recordaba que Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia, volvió a España en 2021 para ponerse a disposición del Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.

La plaza 19 de la sección penal del tribunal de instancia de Barcelona ha condenado a ocho activistas independentistas por intentar impedir un acto de Societat Civil Catalana (SCC) a favor de la lengua castellana y de Miguel de Cervantes en 2018. Las condenas por delito contra las libertades fundamentales han sido de dos años de prisión para dos de ellos; medio año para otros dos y multas a los cuatro restantes.

Los procesados –en total 18, aunque los otros diez quedaron absueltos– solicitaron la amnistía, pero el magistrado alega que el acto, que se celebraba en la Universitat de Barcelona, no era independentista, sino contra la lengua castellana, según ha informado la defensa, Alerta Solidària.

Alerta Solidària critica que se les deniegue la amnistía por no considerarse un acto independentista, pero al mismo tiempo se les condene con el agravante de discriminación ideológica.

Cada uno de los 18 procesados se enfrentaba a peticiones de dos años y medio de prisión y a una multa de 6.500 euros. Se les acusaba de un delito de coacciones y de otro contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades. La fiscalía aplicó a todos los acusados el agravante de discriminación ideológica.

Los hechos que se remontan a la primavera de 2018. La entidad Societat Civil Catalana organizó un acto en el edificio histórico de la UB de homenaje a Miguel de Cervantes, pero un grupo de activistas independentistas irrumpió con pancartas e impidió el desarrollo del acto. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes y la negativa del rectorado universitario a permitir la entrada de los Mossos, el acto fue suspendido.

La fiscalía aseguraba que los manifestantes impidieron el libre ejercicio de un acto legítimo mediante la intimidación. El ministerio fiscal y SCC interpusieron una querella que ha acabado con las 18 personas procesadas, aunque ningún informe policial ni de la UB registró ningún herido ni daños materiales graves.

España se rompía, Pedro Sánchez era un traidor a la patria y las plazas del país clamaban, jaleadas por la derecha política y mediática, contra una transacción “corrupta e inadmisible” que vulneraba los principios de independencia judicial, la separación de poderes y hasta el Derecho Europeo. El mismo PP inflamado, exaltado e hiperventilado en estos meses por los casos de corrupción que afectan al PSOE, calentó la calle contra la amnistía con la convocatoria de hasta cinco grandes manifestaciones entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, además de secundar decenas de concentraciones frente a la sede del PSOE . Hoy, sin embargo, calla tras el espaldarazo de la justicia europea, salvo para decir que respeta el fallo del TJUE (Tribunal de Justicia Europea) que allana el regreso de Puigdemont a Catalunya y da la razón al Gobierno de España.

Ya no hay duda: la norma es constitucional y conforme al Derecho Europeo, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los principales artífices de la ley, después de que el TJUE haya escrito negro sobre blanco que la medida de gracia ni choca contra los intereses financieros de la Unión ni es contraria tampoco a la directiva en materia de terrorismo. Eso sí, nadie saldrá a la calle para pedir que Feijóo se vaya a su casa por azuzar el enfrentamiento, ni insultará a los jueces por poner todos los palos a su alcance en la rueda de la normalización institucional, política y social en Catalunya, ni tampoco se pedirá a los magistrados del Supremo que cuelguen la toga por torpedear su aplicación. Lo que toca ahora es que se cumpla con la ley contra la que también se manifestaron los togados antes incluso de que fuera aprobada.

En lo jurídico, el fallo de Luxemburgo es rotundo porque los jueces entienden que el perdón de la responsabilidad contable no ha mermado los recursos propios de la Unión y que la norma no vacía de contenido la directiva europea contra el terrorismo, puesto que excluye expresamente los delitos que atentan contra la vida y la integridad física. En lo político, resuelve algo mucho más importante, y es si España puede permitirse cerrar, por ley, una herida que llevaba abierta más de una década.

Para quienes quieran leer el fallo más allá del mero trámite procesal, habría que detenerse en la razón que el propio TJUE esgrime para avalarla, esto es que la ley busca reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. Algo que no es baladí porque es el tribunal de la Unión Europea quien reconoce que el derecho, cuando se aplica con generosidad, puede ser un instrumento de concordia, y no solo de castigo.

Que la más alta instancia judicial europea haya puesto esa palabra —reconciliación— en el centro de su argumentación jurídica dice mucho sobre lo que estaba en juego, que no es solo la interpretación de un artículo del Tratado de Funcionamiento de la UE, sino si una democracia madura puede permitirse pasar página sin renunciar al Estado de derecho.

Y, en efecto, las democracias no debieran medirse solo por su capacidad de perseguir el delito, sino también por su competencia para decidir a través de sus instituciones, cuándo cerrar un ciclo de confrontación. España no es el primer país que recurre a una amnistía para desactivar una crisis territorial. Ya lo hizo durante la Transición y lo han hecho también otros países europeos con sus propios conflictos internos. La diferencia esta vez es que la medida ha nacido de una negociación parlamentaria polémica para investir a un presidente de Gobierno, y por eso necesitaba la confirmación de que no vulnera las reglas comunes que todos los estados miembros se comprometieron a respetar.

La alternativa a la reconciliación que Sánchez se propuso como objetivo de su mandato no era solo la aplicación estricta del ordenamiento jurídico, sino también la prolongación sine die de un conflicto político que, ante la incapacidad de la derecha para resolverlo, decidió trasladarlo a los tribunales de justicia. Una Catalunya con sus líderes políticos fugados o inhabilitados, con causas judiciales abiertas durante años y con la cuestión territorial convertida en el centro del debate político, no era un escenario más justo, sino la cronificación de una fractura con la que la derecha ha buscado siempre enfrentar territorios y sacar rédito electoral.

Por supuesto, la sentencia del TJUE no borra lo ocurrido en 2017 y que tampoco obliga a nadie a estar de acuerdo con el independentismo y lo que hizo, pero sí abre la puerta a que España deje de organizar su política en torno a esa fractura y empiece a discutir sobre otros asuntos. El fallo servirá para desbloquear judicialmente el asunto, pero también para que en la próxima década la política deje de hablar de quién tiene que pedir perdón a quién y dedicarse a hacerlo de vivienda, de sanidad o de educación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y ha eliminado los últimos obstáculos para que todos los políticos y activistas encausados en el marco del procés puedan acogerse a la norma, como ya lo han hecho unas 300 personas. Sin embargo, la sentencia de este jueves no tendrá unos efectos inmediatos para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que deberán esperar a la resolución de los tribunales españoles.

Los de Puigdemont y Junqueras son los casos icónicos de la amnistía, por su gran trascendencia política. El Supremo negó a ambos representantes políticos la posibilidad de acogerse a la amnistía con una argumentación novedosa en siete años de procedimiento judicial y que rechazaron dos magistradas del propio tribunal.

El instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena determinaron que el expresident y los exconsellers debían quedar excluidos de la norma porque se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que se pronunciará, según se espera, en otoño.

Será entonces, y a la espera de si el Supremo da una última vuelta de tuerca e intenta un nuevo movimiento para sortear al Constitucional e impedir la amnistía a Puigdemont y frustrar su retorno, cuando la amnistía se habrá aplicado por completo.

Las prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y otros tribunales al TJUE no versaban exactamente sobre la argumentación del Supremo, pero sí suponen un respaldo casi total al conjunto de la ley y refuerza al TC para dar amparo a los independentistas.

Por esta razón, después de escuchar al Tribunal europeo, Puigdemont, Junqueras y otra decena de exmiembros del Govern, deberán esperar a dos tribunales más: el Constitucional, que puede dejar muy determinada la aplicación de la amnistía, y de nuevo el propio tribunal sentenciador, es decir, el Supremo, que sería en todo caso el responsable de aplicar la medida del olvido penal, si así lo determinara el Constitucional.

Los beneficiados inmediatos: CDR y exaltos cargos

Los beneficiarios directos y más inmediatos de la decisión del TJUE son los 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos, y los 13 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la causa por terrorismo de la Audiencia Nacional.

El aval rotundo de Luxemburgo a la norma no deja margen de maniobra al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional para amnistiar a los encausados, pese a las dudas que mostraron ambos tribunales al enviar sus cuestiones prejudiciales. Las defensas de los activistas de los CDR ya han reclamado a la Audiencia Nacional que aplique el olvido penal “de inmediato”.

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Uno de cada tres convocados de la selección es catalán, pero lo de Catalunya y La Roja es complicado, que diría Rajoy.

“¿Por qué algunos aficionados apoyan a los jugadores de su equipo cada fin de semana, pero luego desean que pierdan en el escenario más importante del deporte?”, se preguntaba hace poco el New York Times, en un artículo sobre la curiosa relación entre Catalunya y la selección.

Hay gente que se alegra cuando gana España y a su vez cuando pierde. Hay independentistas que celebran sus goles en silencio, que se justifican diciendo que hay muchos jugadores del Barça, o que solo ven el partido para ver si ocurre el desastre. Hay, también, gente alejadísima de la política o de cualquier sentimiento nacionalista incapaz de apoyar a La Roja.

En resumen, ni todos los independentistas van en contra de La Roja ni todos los que quieren que pierda son independentistas. Es un sentimiento contradictorio, no sé si mayoritario, pero desde luego transversal y, a la vez, compatible con encontrar bares copados de forofos y barrios en los que parece que nadie se haya dado cuenta de que hay partido.

Hace unas semanas, cuando se debatían los artículos que se publicarían en esta sección, pareció una buena idea desplazarse a un feudo independentista para tomar la temperatura de la afición a la selección en la Catalunya de los estertores del procés.

No ha sido fácil encontrar el lugar. La mayoría de los municipios del Top10, esos en los que más del 90% de los vecinos apoyaron a los partidos nacionalistas, no tiene bar. En los pueblos donde sí lo hay el local o estaba cerrado por descanso del personal el lunes o responden que no tienen intención de dar el fútbol.

Encuentro refugio en Els omells de na Gaia, un bonito pueblo de casitas de piedra en la comarca del Urgell (Lleida), que cuenta con apenas 126 habitantes. En las últimas autonómicas, el 87,2% de los vecinos optaron por opciones independentistas.

Llamo al único bar que hay en el pueblo, que suele cerrar a las 22.00 horas, y Naiara me confirma que este lunes alargarán un poco el horario para poder ver el fútbol.

El bar, a falta de dos minutos para el España–Portugal, está desierto. Solo hay un tipo de pelo blanco en la barra, bastante dicharachero, de espaldas a la televisión. Se llama Ramón. Suena el himno de España y la televisión se apaga.

“¡Boicot!”, espeta Ramón entre risas. “¡Es broma hombre!”, añade, antes de explicar que la televisión se debe haber apagado porque lleva horas sin que nadie pulse el mando. La vuelven a encender y empieza el encuentro.

Justo en ese momento llegan tres tipos más, parece que con intención de ver el partido. “Poca gente”, dice uno de ellos. “Lo deben estar viendo en casa o trabajando”, añade.

“Bueno, es que da vergüenza quedar para ver un partido de la selección, ¿no?”, dice Ramón sin que nadie le haya preguntado. Ramón cenará un pincho de tortilla, una cerveza sin alcohol y un helado de chocolate y no se girará para mirar la televisión en ningún momento del partido.

El grupo de tres amigos, el único termómetro al alcance para poder elaborar esta crónica, resultará ser el prototipo de catalán que no sabe qué hacer cuando juega la selección.

Lo primero que hacen es pedir el mando y cambiar la retransmisión de Dazn, en castellano, por la de 2Cat, el canal en catalán de RTVE.

Gritan “¡Uy!” con la primera ocasión fallada de Oyarzabal, y un jubiloso “¡mira!” cuando Cristiano Ronaldo está a punto de marcar el primero de Portugal. “A Lamine que no me lo toquen”, será una de las pocas salidas de tono que se les escuchará en los 90 minutos.

Naiara, la camarera, añade una capa más a las contradicciones que flotan en el ambiente del bar. “Normalmente, quiero que pierda España, pero es que hoy juega contra Portugal”, explica. “Entre España y Cristiano Ronaldo, creo que odio más a Cristiano”.

Se acerca el minuto 90 y Naiara debate con su compañera si cierran el bar en caso de que finalmente haya prórroga. Lo que en cualquier local del país sonaría a sacrilegio está aquí encima de la mesa y nadie hace aspavientos.

“No sabemos qué hacer”, admite. Ramón, a todo esto, ya se ha largado y solo queda el grupo de tres amigos en todo el bar.

Por suerte para Naiara y para este periodista — el pueblo está a una hora y media en coche de Barcelona y se ha hecho tarde—, Mikel Merino marca en el 90 y España logra pasar a cuartos de final.

No se escucha nada. Ni un “gol”, ni un “joder”. Nadie alza los brazos, nadie da un golpe de rabia en la mesa. El árbitro pita el final y el grupo de amigos sigue observando el televisor impasible, sin saber si se alegran o no por lo que acaba de ocurrir.

El 24 de septiembre del 2023, a 48 horas de que Feijóo constatase que no basta con quererlo para ser presidente del Gobierno, el PP convocó la primera de sus manifestaciones de esta legislatura. Las crónicas recogieron que, ya solo empezar, se escucharon los primeros cánticos de “Puigdemont, a prisión” y que, en los discursos, el ataque más suave que se dedicó a Pedro Sánchez fue la de promover la “impunidad” del procés.

En esa misma concentración, Aznar, quién si no, acusó al entonces candidato socialista de estar dispuesto “a todo” para “satisfacer a golpistas”.

El PP intentó calentar la calle, aunque no lo logró. Una vez en el Congreso, planteó enmiendas a la ley de amnistía que no solo rechazaban el perdón y olvido legal de los delitos atribuidos a los líderes del procés, sino que directamente abogaban por disolver a los partidos que volviesen a plantear un referéndum como el del 1-O. Fue tras algunos coqueteos frustrados en los pasillos de Bruselas y mensajes, a través de emisarios del mundo económico, para ver si Puigdemont estaba dispuesto a escuchar al PP y avenirse a investir a Feijóo.

Parece que hace mucho de eso, pero en realidad fue anteayer. No hay peor memoria que la de los políticos —a Sánchez le pasó con Podemos y también con Junts—, aunque a veces sea algo bueno, puesto que les obliga a negociar y ceder. En lenguaje cursi, sería lo que se ha bautizado como el arte de la política. Para el resto, es lo que toda la vida se ha resumido en hacer de la necesidad virtud.

Y ahí, en ese punto del camino, es donde está ahora el PP en su estrategia con Junts. Lo cierto es que ha llegado más pronto de lo previsto, porque estaba cantado que sería así pero en el cálculo de probabilidades tenía más opciones que fuese tras las próximas generales y en función del resultado. Miguel Tellado, el dirigente popular que más sagaz intenta ser y que menos lo consigue, resumió la semana pasada en una frase cuál es la posición actual de su partido: “Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una organización criminal”.

Mientras, los populares insinúan que existen unos contactos que en Junts niegan. Míriam Nogueras fue tajante este lunes en una entrevista en TV3: “No hay relación”.

A los viejos del lugar en esto de la información política nos hizo gracia escuchar a Feijóo decir que había que “pasar página del procés”. Fue este fin de semana en el congreso del PP catalán. No nos hizo gracia porque fuese una frase especialmente ocurrente, sino porque justamente es lo que propuso Salvador Illa en la última campaña autonómica. Esa misma expresión. Y entonces los populares le afearon que renunciase a “defender a la mitad de los catalanes” (Cuca Gamarra dixit).

Juan Fernández, nuevo secretario general del PP catalán y, de momento, una de las voces más sensatas, se estrenó este lunes con una rueda de prensa en la que aseguró que no van a hacer política “mirando por el retrovisor”. Tiene su interés, puesto que, si hay alguien que ha enseñado las garras cada vez que el PP ha coqueteado con Junts, ha sido la dirección de los populares catalanes.

“El PP no debe hablar con Junts porque es un movimiento nacionalpopulista de corte supremacista”, proclamaba con su contundencia habitual el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en una entrevista publicada en abril de 2024.

Que el PP no quiera mirar por el retrovisor es una buena noticia. También lo sería que reconociese que ellos, lejos de ayudar a pacificar nada, incendiaron todo lo que pudieron: antes, durante y después del procés.

El siguiente paso sería aclarar cuál es su oferta para Catalunya porque hasta ahora ha sido el no a todo y, además, de la mano de Vox. Si quiere demostrar que va en serio, puede empezar por el modelo de financiación. Ese que rechazó en el encuentro ante la cúpula empresarial catalana hace solo unas semanas. Y, después, explicar cuál será su política lingüística, puesto que, si va a ser la de Mazón o Prohens, ya puede irse olvidando de que Junts —y no solo ellos— le rían las gracias.

Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

Después de meses de sondear diversos nombres, Aliança Catalana ya ha presentado a su candidato para la alcaldía de Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès, uno de los ideólogos de la formación xenófoba e independentista, miembro desde su creación y uno de los pesos pesados del partido. La formación cierra así un proceso de búsqueda que ha sido largo y, aunque en inicio buscaban caras más mediáticas, han acabado apostando por uno de sus ideólogos.

El anuncio se ha hecho este viernes en el Born, un yacimiento de la Barcelona de 1714 que fue un importantísimo lugar de peregrinaje del independentismo durante el procés. Desde que esas brasas se apagaron, se ha convertido en un espacio de debate alejado de los tintes políticos. Pero ahora Sílvia Orriols ha querido avivar ese fuego concentrando a los suyos en este simbólico enclave.

Bajo el lema 'Salvem Barcelona', el acto ha empezado media hora tarde y con una entrada triunfal de la líder del partido, Sílvia Orriols, que ha sido recibida entre aplausos, con el público de pie y con una nota de color inesperada: a ritmo de Lay All Your Love On Me, de ABBA.

“No necesitamos a nadie mediático, sino a alguien valiente que aplique medidas correctivas que puedan revivir a Barcelona”, ha expresado Orriols, que ha hablado antes que Aragonès. Con un tono de voz más alterado de lo que es costumbre, la líder xenófoba ha arengado a los suyos con un breve discurso en el que ha dejado claro su objetivo: “el Estado libre, seguro, próspero y occidental que nos merecemos”.

Con una cadencia mucho más calmada ha tomado la palabra el ya oficial candidato a la alcaldía de Barcelona. Ha dedicado su discurso a reivindicar el pasado “glorioso” de Catalunya, un faro de una “europa civilizada” que ahora, considera, se ha visto “mancillada”. Por eso, ha reivindicado la Barcelona “de Carlomagno” y ha asegurado que debe ser “capital de toda la Mediterránea”.

En esta línea apuesta por fortalecer vínculos las ciudades que están bañadas por el mismo mar. Ahora bien, Aragonès sólo ha mencionado a Francia, Italia y Grecia y ha descuidado toda país que quede al este y en el norte de África.

Aragonès ha tirado de sus conocimientos de historia para detectar los principales problemas de Barcelona: la vivienda y la inseguridad. Los culpables: la migración, el socialismo, las “políticas woke” y la “sumisión a España”. El candidato se ha dedicado a dar cifras para justificar su tesis: que las personas migradas que llegan a Barcelona cada año quitan los pocos alquileres que hay, lo que causa que casi medio millón de pesonas vivan “hacinadas” debido a las malas políticas de la vivienda. Todo ello causa “un conflicto social que nos devuelve al pistolerismo”.

Por eso, asegura, su objetivo es mejorar la cuestión de la vivienda, pero sólo “para los catalanes de raíz y de verdad”, una afirmación que ha despertado los vítores de los asistentes.

El acto ha acabado, no con preguntas del público sino de los periodistas, un colectivo que ha sido “vilipendiado por los militantes de Aliança Catalana”, tal como ha reconocido Eduard Berraondo, jefe de prensa del partido. El también periodista ha querido “romper una lanza” a favor del gremio y ha inaugurado “una rueda de prensa”, pero que se ha realizado ante todos los militantes. Los periodistas, al intervenir, han sido iluminados con los focos y acribillados por parte de los fotógrafos. En vista de ello, sólo ha habido dos preguntas.

La disputa con Junts

Con el anuncio de la candidatura de Aragonès, se cierra un proceso difícil para el partido, que intentó suerte con otras caras visibles como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró. Ante la negativa de ambos, Aliança se ha decantado por un perfil mucho menos conocido pero de importancia en la formación. 

Jordi Aragonès, que es primo del expresident Pere Aragonès, es un joven de 33 años que, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança. Han escogido para Barcelona una de las figuras con más proyección de entre sus filas, aunque hasta ahora siempre había trabajado fuera del foco mediático. De hecho, ya fue el número dos por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024, pero el partido no obtuvo ningún escaño en esa circuscripción.

Con este nombre se va completando ya el puzzle de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se conocen los cabezas de lista del PSC, con un Jaume Collboni que buscará revalidar el cargo; los Comuns con Gerardo Pisarello al frente; ERC, que apuesta por Elisenda Alamany; y un PP en el que se da por supuesta la continuidad de Daniel Sirera. 

Así, sólo faltan los candidatos de Vox y de Junts, que celebra primarias este fin de semana y que dará a conocer a su candidato o candidata este domingo. Quien salga escogido de entre las filas juntaires se las tendrá que ver de cerca con Aragonès: las encuestas dan un resultado parecido a ambas formaciones, pero con una ligera ventaja a Aliança Catalana, que no sólo irrumpiría con impulso en el consistorio, sino que, además, se podría llegar a convertir en la primera fuerza de derecha en Barcelona. 

Así lo pronostica el último barómetro municipal, una encuesta de intención de voto que augura una importante pérdida de votos para Junts, que perdería el 75% de los apoyos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El barómetro apunta a que Junts podría perder 10 puntos, de los cuales 4 serían cosechados por Aliança. 

Tal como ha reconocido el conductor del acto, el partido en Barcelona “no tiene nada que rascar”, pero Aliança no ha querido dejar pasar la oportunidad de ocupar unos asientos en el bastión que es la capital catalana. Allí, el partido xenófobo cuenta con 346 militantes registrados, que ascienden a 416 en el conjunto de la comarca. De ahí, que las 150 sillas que se habían dispuesto para el acto no hayan llegado ni a llenarse.

Aliança apuesta por ciudades medianas

El 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Catalunya, Aliança tenía pensado anunciar diversos de sus candidatos, incluido el de Barcelona, que finalmente llegaría dos meses tarde. Pero ese día sí se reveló el nombre de otros seis cabezas de lista, casi todo en ciudades medianas donde la formación cuenta con encuestas favorables. 

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. 

Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, sumando el nombre de Aragonès, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

Después de esa jornada, se sucedió un degoteo de anuncios como el de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana para Manresa, o Joana Berrio, presidena de la Asociación Cultural Sabadell e Israel para la cocapital del Vallès Occidental.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes como podría ser el caso de Barcelona y disputarse a una buena parte del electorado que ha acabado, o bien desencantada con los líderes independentistas, o bien cautivada por los discursos securitistas i xenófobos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado de que su gobierno no tendrá “absolutamente nada que hablar” el lunes con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica “si no retiran de entrada” las cesiones al independentismo.

Desde Albacete, donde ha participado en la presentación el Programa ESA BIC Castilla-La Mancha en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PTCLM), García-Page ha sacado pecho de los proyectos puestos en marcha en la región y ha dicho que “ojalá” vinieran acompañados también de “un poquito más” de implicación en la financiación autonómica.

Ha sido en este punto donde el presidente regional se ha referido a la reunión bilateral del próximo lunes entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda para abordar la nueva financiación. “No habrá absolutamente nada que hablar si no retiran de entrada los proyectos del independentismo porque rompe la solidaridad y la igualdad en España”.

“Queremos los mismos fondos que han puesto pero con reglas distintas. Y esto es algo que le vamos a decir prácticamente todo el mundo; menos aquellos que están detrás de romper la igualdad entre todos los españoles”, ha apostillado García-Page.

Hacienda remitió cartas a las consejerías del ramo de todas las comunidades autónomas para pedir reuniones bilaterales y, de entrada, el Gobierno de Castilla-La Mancha había aceptado el encuentro.

La Policía Nacional expulsó ayer a unos 600 cantantes que iban a protagonizar el cierre musical de la misa del papa en la Sagrada Família ante el temor de que algunos de sus miembros cantaran el himno de Catalunya, Els Segadors, y mostraran símbolos independentistas.

Según han explicado algunos cantantes del coro, diversos integrantes introdujeron dobladas entre sus partituras esteladas para exhibir en algún momento del acto. Junto a las enseñas que escondían algunos de estos cantantes, tenían un texto que proponía desplegarlas durante la interpretación del canto del Virolai y cantar a continuación Els Segadors.

La Policía Nacional, a cargo del operativo en el interior del templo, detectó la situación y decidió expulsar a los 600 miembros del coro, a pesar de que muchos de ellos no tenían intención de sabotear el acto. Una columna de Mossos los escoltó desde la salida hasta una calle cercana.

“La interpretación de Els Segadors no estaba incluida en el programa oficial de la celebración aprobado previamente y, por tanto, no estaba prevista durante el acto”, responden desde la Sagrada Família. “La Sagrada Familia es un templo católico y no se pueden introducir banderas durante las celebraciones religiosas”, añaden.

Ya en la calle, los expulsados mostraron su indignación y cantaron Els Segadors, según recogen varios vídeos difundidos en redes sociales. “Nos trataron como un comando”, ha lamentado una de las intérpretes este jueves en declaraciones a Rac1.

Algunos de los cantantes se han quejado de que acabaron expulsados a pesar de no tener nada que ver con el plan de saltarse el programa oficial y han recordado que llevaban días ensayando.

Tras la expulsión, el acto final corrió a cargo únicamente de la Escolania de Montserrat, ubicada en un balcón lateral, y el canto que debían interpretar los expulsados se sustituyó por una grabación.