El FC Barcelona no realizará el homenaje planeado a los jugadores de la selección española, campeones del mundo, en el partido de este jueves en el Spotify Camp Nou. El motivo es que “porque no se da en el contexto ni es el momento más apropiado”, tal como ha justificado el presidente del club, Joan Laporta. El giro se produce a raíz de la agresión que sufrió un joven a manos de la Policía Nacional en el Elche-Barça después de que un agente le retirara una bandera independentista catalana. En cambio, el club realizará un “acto de exaltación a la estelada”, en palabras de Laporta.

“No, hemos decidido que no se hará ese acto en reconocimiento de los jugadores del Barça que ganaron el Mundial y que nos había propuesto la Real Federación Española”, ha dicho el blaugrana. “Lo han entendido perfectamente”, ha añadido, en declaraciones a los medios oficiales del club.

“El fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie”. Así, el nuevo plan cuenta con la colaboración de la ANC, que repartirá 10.000 estelades a las puertas del estadio. “Contra su catalanofobia, demostramos más que nunca nuestra fuerza”, ha afirmado la entidad en un mensaje en X.

Desde el Barça, quieren contribuir a la defensa de los “valores” que representa esta bandera. “Expresa los anhelos de libertad de muchos culés y catalanes. Debe respetarse. Esa voluntad forma parte de la libertad de expresión y es una forma de expresarnos de forma pacífica que no genera violencia ni odio”, ha apuntado Laporta.

En este sentido, el club ya rechazó y condenó “la actuación desproporcionada y violenta” de la policía el pasado domingo y se han puesto “a disposición” del joven agredido y su familia para “ayudarles con lo que sea necesario”. Así, con este acto de “exaltación”, Laporta espera que “sirva de una vez por todas para que los culés y catalanes puedan ir con la estelada sin que corra peligro la integridad física y para que la bandera deje de estar estigmatizada por las fuerzas de seguridad”.

Una ley para evitar que se requisen estelades

El revuelo de los hechos ocurridos en el campo del Elche ha llegado también al Congreso, donde ERC ha registrado una proposición no de ley para garantizar que no se requisen estelades en eventos deportivos. Los republicanos exigen que “ninguna instrucción política, policial o particular” impida la exhibición de estas banderas.

“La legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte sólo permite restringir esos símbolos que incitan a la violencia, el odio o la discriminación, supuestos que no se pueden aplicar a una bandera por el simple hecho de representar una opción política”, añade la formación.

Entre las diversas peticiones que recoge la proposición, ERC también incluye que el Gobierno remita a las Cortes Generales, en un máximo de tres meses, un “informe detallado” sobre las actuaciones realizadas para “proteger la libertad de expresión en recintos deportivos” y exigen también que se solicite al Defensor del Pueblo una “investigación monográfica sobre ”posibles actuaciones discriminatorias“ de los cuerpos policiales.

La Policía Nacional abrirá una información reservada para investigar la actuación de varios de sus agentes antidisturbios los alrededores del estadio Martínez Valero en la previa del partido Elche-Barça, cuando golpearon a un aficionado azulgrana tras retirarle la bandera 'estelada' que llevaba.

Así lo ha decidido la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana tras una conversación entre el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y su homóloga valenciana, Pilar Bernabé, que ha confirmado que se investigarán los hechos para que se puedan tomar las “decisiones pertinentes”.

La decisión llega tras una jornada de críticas a la actuación policial por parte del F.C. Barcelona y partidos políticos como Junts, ERC y la CUP. En un comunicado, el club ha condenado la detención del joven y el uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de los agentes.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha denunciado el “abuso y maltrato” de la Policía Nacional a un aficionado del F.C. Barcelona, al que agentes antidisturbios golpearon y aporrearon tras quitarle una bandera 'estelada' antes de entrar en el estadio Martínez Valero de Elche (Alicante).

ERC, por su lado, ha exigido al Ministerio del Interior una “investigación inmediata” para determinar si la actuación policial “se ajustó a los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales” y reclama la comparecencia de Marlaska para dar explicaciones. La CUP, por su parte, subraya que “el gobierno más progresista de la historia” haya “enviado a la policía española a pegar a un joven por llevar una estelada”.

Tal y como muestran los vídeos de los hechos grabados por los aficionados, tras la retirada de la enseña independentista, los agentes llegan a echar de la cola para acceder al estadio al joven, que se queja y es apartado con fuerza por parte de agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Tras los primeros porrazos, el joven da un golpe a un agente y acaba en el suelo, donde es golpeado más veces.

“Si alguien que estaba allí tiene información, toda, que nos la haga llegar”, ha pedido la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en un mensaje en X, en el que también ha ofrecido ayuda jurídica al joven. Asimismo, la portavoz adjunta en el Congreso, Pilar Calvo, subraya que la 'estelada' “no es una bandera ilegal” ni “supone un llamamiento a violencia alguna”.

“La policía terminando a golpes de forma desproporcionada”, lamenta Calvo, quien recuerda que los de Carles Puigdemont “ya han denunciado” en otras ocasiones situaciones similares. Las quejas por la retirada de 'estelades' son habituales entre los aficionados del Barcelona que se desplazan a distintos campos de España para ver a su equipo.

Juntos registrará en el Congreso varias preguntas al Gobierno por los incidentes. El partido quiere que Interior concrete la base legal concreta que permitía a los agentes ordenar la retirada de las 'estelades' y si considera que su exhibición, por sí misma, constituye una conducta prohibida o sancionable.

La formación soberanista también solicita saber qué conducta atribuían los agentes al joven y si el uso de la fuerza se ajustó a los principios de legalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Junts reclama saber si se ha abierto una investigación interna e identificado a los agentes que intervinieron.

Además, el grupo parlamentario quiere saber si el Ministerio del Interior ha impartido instrucciones específicas a la Policía Nacional sobre el tratamiento de las 'estelades' y otros símbolos políticos de los aficionados catalanes en los desplazamientos deportivos fuera de Catalunya y si existe algún protocolo que justifique actuaciones como la vivida en Elche.

Acaban de cumplirse dos años de una de las investiduras más agitadas que se recuerdan. Y eso que, en Catalunya, ha pasado casi de todo en los últimos años. El 8 de agosto de 2024, Salvador Illa se convirtió en president de la Generalitat, pero el foco político se lo arrebató Carles Puigdemont, que ese mismo día hizo una aparición fugaz en Barcelona, antes de volver a esfumarse en dirección a Bélgica, donde permanece desde 2017.

La principal tarea que el president socialista se impuso entonces es que capítulos como aquel no se repitan en Catalunya. En sus palabras, “normalizar la situación política”. El contexto le ha ayudado aunque no del todo. La ley de amnistía se pactó unos meses después a cambio de los votos de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, pero aun los principales líderes políticos catalanes, como el propio Puigdemont u Oriol Junqueras, no han podido disfrutar de sus efectos. Y, sin ello, el president sabe que la “normalización” no es completa.

Con todo, las cosas han cambiado mucho en Catalunya en los últimos años, con un independentismo a la baja y un Govern que con frecuencia saca pecho de su apuesta por la “colaboración” en vez de la “confrontación”. El principal objetivo de Illa se da, por tanto, casi por logrado.

Sin embargo, en el ecuador del mandato, el president está encontrándose con problemas difíciles de resolver y que desgastan a un ejecutivo que llegó con la promesa de la buena gestión. En la rueda de prensa de balance de este último semestre, Illa reconoció al menos dos: el que tiene que ver con la cartera de la Educación, donde ha mantenido un pulso con los profesores aún no resuelto, y el de la movilidad, con Rodalies como eterna fuente de quebraderos de cabeza del Govern.

Después de reconocer “dificultades” en ambas cuestiones, Illa respondió en el mismo tono triunfalista que marcó todo el balance de su gestión. “Tendremos una movilidad y una educación excelentes y no pasará demasiado tiempo antes de que lo veamos”, aseguró en la última comparecencia antes de irse de vacaciones.

Para cumplir esta promesa, el Govern tendrá que dar la vuelta a unos problemas persistentes en los últimos años. En el ámbito de Rodalies, los datos son desalentadores. El servicio de Renfe cerró el primer semestre del año con un 16% menos de usuarios que el mismo periodo de 2015, y eso que durante algunos de esos meses los billetes fueron gratuitos.

Rodalies, tras un semestre negro

Pese al optimismo con el que el Govern encaraba el arranque de 2026, los problemas se acumularon en la red ferroviaria tras el accidente de Gelida, el 20 de enero, tras lo cual hubo días en el que el servicio permaneció cerrado, algo que nunca había pasado, y la recuperación de algunas líneas se demoró mucho más allá de lo previsto por la Generalitat.

El Govern lo confía todo a dos aspectos. Por un lado, que lleguen los 110 convoyes encargados por Renfe. Unos trenes nuevos que siempre se consideraron como un hito de mejora del servicio, pero de los que aún no se tiene noticia pese a que ya deberían llevar meses en servicio según lo pactado con la operadora del Ministerio.

En segundo lugar, el Govern confía en el cambio de operadora de Rodalies, que en los próximos meses debe pasar de la propia Renfe a una mixta participada por la propia Generalitat, aunque bajo el paraguas de la empresa ferroviaria del Estado. La nueva empresa, que tendrá como nombre Rodalies de Catalunya, por el momento sigue sin desarrollarse y cuenta como único trabajador con su máximo responsable, Òscar Playà. La promesa era que comenzase a funcionar en enero de 2027, un horizonte cada vez más asfixiante.

Los problemas en Educación vuelven en septiembre

En el ámbito educativo, el curso pasado estuvo marcado por las huelgas de docentes que se acabaron convirtiendo en el principal pulso laboral al Govern de Illa. Maestros y alumnos se fueron de vacaciones sin haber encarrilado este conflicto, que volverá en septiembre y, cuando parecía que el año escolar no podía acabar peor, la exclusión de Catalunya de las pruebas PISA acabó suponiendo la sacudida definitiva en el sector.

El próximo 8 de septiembre será la primera jornada de curso y, también, la primera convocatoria de huelga. El mensaje que envían los docentes es claro: quieren demostrar que el conflicto laboral está vivo desde el primer día. El malestar acumulado a lo largo de los últimos años, sumado a una negociación errática y descuidada del Govern, acabó con los trabajadores de la Educación en pie de guerra.

El Departamento dirigido por Esther Niubó cometió un error fatal al llegar a un acuerdo con los minoritarios CCOO y UGT fuera de la mesa sectorial, lo que calentó los ánimos de USTEC y CGT, mayoritarios. Posteriormente, USTEC acabó firmando un nuevo pacto, pero fue rechazado por la mayoría de los trabajadores. El malestar tiene diferentes aristas porque, a la cuestión salarial, se suman quejas sobre la dotación del modelo de escuela inclusiva, la burocratización o incluso los currículums.

Sobre el fiasco en las pruebas PISA, de las que Catalunya ha sido expulsada por primera vez en la historia, la explicación de Educación es que, durante la celebración de las pruebas, en los centros catalanes se excluyó a un porcentaje de alumnado demasiado elevado para las exigencias de la OCDE, que es quien organiza estos tests internacionales. El máximo fijado por esta entidad es el 5%, pero en los centros catalanes se dejó al margen al 23% del alumnado seleccionado.

En su comparecencia de balance, Illa aseguró que “iría hasta el final” para conocer lo ocurrido, una frase que ya ha pronunciado en otras crisis. El president, sin embargo, ratificó su confianza en la consellera Niubó.

Nuevas cuentas y pensando en la financiación

Pese a los incendios sufridos por el Govern en las carpetas de Rodalies y profesores, Illa cruza el ecuador de su mandato habiendo aprobado unos presupuestos, una carta que durante mucho tiempo se le había resistido. Tras un largo estira y afloja con ERC, finalmente los republicanos se unieron a socialistas y comuns para aprobar unas cuentas propias de los tiempos de buena recaudación, claramente expansivas y con amplio margen para hacer inversiones.

Illa puede respirar tranquilo en lo relativo a la parte presupuestaria al menos durante todo 2027, que además es año de elecciones municipales. Sin embargo, la batalla económica que el president deberá luchar a la vuelta de las vacaciones es la nueva financiación autonómica. La propuesta del Gobierno está sobre la mesa y pasará primero por un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 4 de septiembre, para acabar en el Congreso, previsiblemente antes de fin de año.

El president está convencido de que la nueva financiación no decaerá porque bien el PP, que gobierna comunidades muy beneficiadas con la propuesta, o bien Junts, serán incapaces de dejar morir el proyecto. “Pido al resto de comunidades la misma responsabilidad que ha tenido Canarias”, dijo Illa, después de que la autonomía insular anunciase su apoyo a la nueva financiación. “Y, a las formaciones catalanas, les pido que piensen en Catalunya”, remató.

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, y posteriormente interpuso un recurso de casación contra su sentencia condenatoria.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera “amnistiados los actos” por los que fue acusada Serret “y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.

“Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía”, ha celebrado ERC en un comunicado.

Los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval “contundente” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Por ello, añade el comunicado, “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.

“Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión”, subraya ERC.

Condenada por desobediencia

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern que presidía Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.

Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

La sentencia recordaba que Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia, volvió a España en 2021 para ponerse a disposición del Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.

La plaza 19 de la sección penal del tribunal de instancia de Barcelona ha condenado a ocho activistas independentistas por intentar impedir un acto de Societat Civil Catalana (SCC) a favor de la lengua castellana y de Miguel de Cervantes en 2018. Las condenas por delito contra las libertades fundamentales han sido de dos años de prisión para dos de ellos; medio año para otros dos y multas a los cuatro restantes.

Los procesados –en total 18, aunque los otros diez quedaron absueltos– solicitaron la amnistía, pero el magistrado alega que el acto, que se celebraba en la Universitat de Barcelona, no era independentista, sino contra la lengua castellana, según ha informado la defensa, Alerta Solidària.

Alerta Solidària critica que se les deniegue la amnistía por no considerarse un acto independentista, pero al mismo tiempo se les condene con el agravante de discriminación ideológica.

Cada uno de los 18 procesados se enfrentaba a peticiones de dos años y medio de prisión y a una multa de 6.500 euros. Se les acusaba de un delito de coacciones y de otro contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades. La fiscalía aplicó a todos los acusados el agravante de discriminación ideológica.

Los hechos que se remontan a la primavera de 2018. La entidad Societat Civil Catalana organizó un acto en el edificio histórico de la UB de homenaje a Miguel de Cervantes, pero un grupo de activistas independentistas irrumpió con pancartas e impidió el desarrollo del acto. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes y la negativa del rectorado universitario a permitir la entrada de los Mossos, el acto fue suspendido.

La fiscalía aseguraba que los manifestantes impidieron el libre ejercicio de un acto legítimo mediante la intimidación. El ministerio fiscal y SCC interpusieron una querella que ha acabado con las 18 personas procesadas, aunque ningún informe policial ni de la UB registró ningún herido ni daños materiales graves.

España se rompía, Pedro Sánchez era un traidor a la patria y las plazas del país clamaban, jaleadas por la derecha política y mediática, contra una transacción “corrupta e inadmisible” que vulneraba los principios de independencia judicial, la separación de poderes y hasta el Derecho Europeo. El mismo PP inflamado, exaltado e hiperventilado en estos meses por los casos de corrupción que afectan al PSOE, calentó la calle contra la amnistía con la convocatoria de hasta cinco grandes manifestaciones entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, además de secundar decenas de concentraciones frente a la sede del PSOE . Hoy, sin embargo, calla tras el espaldarazo de la justicia europea, salvo para decir que respeta el fallo del TJUE (Tribunal de Justicia Europea) que allana el regreso de Puigdemont a Catalunya y da la razón al Gobierno de España.

Ya no hay duda: la norma es constitucional y conforme al Derecho Europeo, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los principales artífices de la ley, después de que el TJUE haya escrito negro sobre blanco que la medida de gracia ni choca contra los intereses financieros de la Unión ni es contraria tampoco a la directiva en materia de terrorismo. Eso sí, nadie saldrá a la calle para pedir que Feijóo se vaya a su casa por azuzar el enfrentamiento, ni insultará a los jueces por poner todos los palos a su alcance en la rueda de la normalización institucional, política y social en Catalunya, ni tampoco se pedirá a los magistrados del Supremo que cuelguen la toga por torpedear su aplicación. Lo que toca ahora es que se cumpla con la ley contra la que también se manifestaron los togados antes incluso de que fuera aprobada.

En lo jurídico, el fallo de Luxemburgo es rotundo porque los jueces entienden que el perdón de la responsabilidad contable no ha mermado los recursos propios de la Unión y que la norma no vacía de contenido la directiva europea contra el terrorismo, puesto que excluye expresamente los delitos que atentan contra la vida y la integridad física. En lo político, resuelve algo mucho más importante, y es si España puede permitirse cerrar, por ley, una herida que llevaba abierta más de una década.

Para quienes quieran leer el fallo más allá del mero trámite procesal, habría que detenerse en la razón que el propio TJUE esgrime para avalarla, esto es que la ley busca reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. Algo que no es baladí porque es el tribunal de la Unión Europea quien reconoce que el derecho, cuando se aplica con generosidad, puede ser un instrumento de concordia, y no solo de castigo.

Que la más alta instancia judicial europea haya puesto esa palabra —reconciliación— en el centro de su argumentación jurídica dice mucho sobre lo que estaba en juego, que no es solo la interpretación de un artículo del Tratado de Funcionamiento de la UE, sino si una democracia madura puede permitirse pasar página sin renunciar al Estado de derecho.

Y, en efecto, las democracias no debieran medirse solo por su capacidad de perseguir el delito, sino también por su competencia para decidir a través de sus instituciones, cuándo cerrar un ciclo de confrontación. España no es el primer país que recurre a una amnistía para desactivar una crisis territorial. Ya lo hizo durante la Transición y lo han hecho también otros países europeos con sus propios conflictos internos. La diferencia esta vez es que la medida ha nacido de una negociación parlamentaria polémica para investir a un presidente de Gobierno, y por eso necesitaba la confirmación de que no vulnera las reglas comunes que todos los estados miembros se comprometieron a respetar.

La alternativa a la reconciliación que Sánchez se propuso como objetivo de su mandato no era solo la aplicación estricta del ordenamiento jurídico, sino también la prolongación sine die de un conflicto político que, ante la incapacidad de la derecha para resolverlo, decidió trasladarlo a los tribunales de justicia. Una Catalunya con sus líderes políticos fugados o inhabilitados, con causas judiciales abiertas durante años y con la cuestión territorial convertida en el centro del debate político, no era un escenario más justo, sino la cronificación de una fractura con la que la derecha ha buscado siempre enfrentar territorios y sacar rédito electoral.

Por supuesto, la sentencia del TJUE no borra lo ocurrido en 2017 y que tampoco obliga a nadie a estar de acuerdo con el independentismo y lo que hizo, pero sí abre la puerta a que España deje de organizar su política en torno a esa fractura y empiece a discutir sobre otros asuntos. El fallo servirá para desbloquear judicialmente el asunto, pero también para que en la próxima década la política deje de hablar de quién tiene que pedir perdón a quién y dedicarse a hacerlo de vivienda, de sanidad o de educación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y ha eliminado los últimos obstáculos para que todos los políticos y activistas encausados en el marco del procés puedan acogerse a la norma, como ya lo han hecho unas 300 personas. Sin embargo, la sentencia de este jueves no tendrá unos efectos inmediatos para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que deberán esperar a la resolución de los tribunales españoles.

Los de Puigdemont y Junqueras son los casos icónicos de la amnistía, por su gran trascendencia política. El Supremo negó a ambos representantes políticos la posibilidad de acogerse a la amnistía con una argumentación novedosa en siete años de procedimiento judicial y que rechazaron dos magistradas del propio tribunal.

El instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena determinaron que el expresident y los exconsellers debían quedar excluidos de la norma porque se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que se pronunciará, según se espera, en otoño.

Será entonces, y a la espera de si el Supremo da una última vuelta de tuerca e intenta un nuevo movimiento para sortear al Constitucional e impedir la amnistía a Puigdemont y frustrar su retorno, cuando la amnistía se habrá aplicado por completo.

Las prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y otros tribunales al TJUE no versaban exactamente sobre la argumentación del Supremo, pero sí suponen un respaldo casi total al conjunto de la ley y refuerza al TC para dar amparo a los independentistas.

Por esta razón, después de escuchar al Tribunal europeo, Puigdemont, Junqueras y otra decena de exmiembros del Govern, deberán esperar a dos tribunales más: el Constitucional, que puede dejar muy determinada la aplicación de la amnistía, y de nuevo el propio tribunal sentenciador, es decir, el Supremo, que sería en todo caso el responsable de aplicar la medida del olvido penal, si así lo determinara el Constitucional.

Los beneficiados inmediatos: CDR y exaltos cargos

Los beneficiarios directos y más inmediatos de la decisión del TJUE son los 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos, y los 13 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la causa por terrorismo de la Audiencia Nacional.

El aval rotundo de Luxemburgo a la norma no deja margen de maniobra al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional para amnistiar a los encausados, pese a las dudas que mostraron ambos tribunales al enviar sus cuestiones prejudiciales. Las defensas de los activistas de los CDR ya han reclamado a la Audiencia Nacional que aplique el olvido penal “de inmediato”.

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Uno de cada tres convocados de la selección es catalán, pero lo de Catalunya y La Roja es complicado, que diría Rajoy.

“¿Por qué algunos aficionados apoyan a los jugadores de su equipo cada fin de semana, pero luego desean que pierdan en el escenario más importante del deporte?”, se preguntaba hace poco el New York Times, en un artículo sobre la curiosa relación entre Catalunya y la selección.

Hay gente que se alegra cuando gana España y a su vez cuando pierde. Hay independentistas que celebran sus goles en silencio, que se justifican diciendo que hay muchos jugadores del Barça, o que solo ven el partido para ver si ocurre el desastre. Hay, también, gente alejadísima de la política o de cualquier sentimiento nacionalista incapaz de apoyar a La Roja.

En resumen, ni todos los independentistas van en contra de La Roja ni todos los que quieren que pierda son independentistas. Es un sentimiento contradictorio, no sé si mayoritario, pero desde luego transversal y, a la vez, compatible con encontrar bares copados de forofos y barrios en los que parece que nadie se haya dado cuenta de que hay partido.

Hace unas semanas, cuando se debatían los artículos que se publicarían en esta sección, pareció una buena idea desplazarse a un feudo independentista para tomar la temperatura de la afición a la selección en la Catalunya de los estertores del procés.

No ha sido fácil encontrar el lugar. La mayoría de los municipios del Top10, esos en los que más del 90% de los vecinos apoyaron a los partidos nacionalistas, no tiene bar. En los pueblos donde sí lo hay el local o estaba cerrado por descanso del personal el lunes o responden que no tienen intención de dar el fútbol.

Encuentro refugio en Els omells de na Gaia, un bonito pueblo de casitas de piedra en la comarca del Urgell (Lleida), que cuenta con apenas 126 habitantes. En las últimas autonómicas, el 87,2% de los vecinos optaron por opciones independentistas.

Llamo al único bar que hay en el pueblo, que suele cerrar a las 22.00 horas, y Naiara me confirma que este lunes alargarán un poco el horario para poder ver el fútbol.

El bar, a falta de dos minutos para el España–Portugal, está desierto. Solo hay un tipo de pelo blanco en la barra, bastante dicharachero, de espaldas a la televisión. Se llama Ramón. Suena el himno de España y la televisión se apaga.

“¡Boicot!”, espeta Ramón entre risas. “¡Es broma hombre!”, añade, antes de explicar que la televisión se debe haber apagado porque lleva horas sin que nadie pulse el mando. La vuelven a encender y empieza el encuentro.

Justo en ese momento llegan tres tipos más, parece que con intención de ver el partido. “Poca gente”, dice uno de ellos. “Lo deben estar viendo en casa o trabajando”, añade.

“Bueno, es que da vergüenza quedar para ver un partido de la selección, ¿no?”, dice Ramón sin que nadie le haya preguntado. Ramón cenará un pincho de tortilla, una cerveza sin alcohol y un helado de chocolate y no se girará para mirar la televisión en ningún momento del partido.

El grupo de tres amigos, el único termómetro al alcance para poder elaborar esta crónica, resultará ser el prototipo de catalán que no sabe qué hacer cuando juega la selección.

Lo primero que hacen es pedir el mando y cambiar la retransmisión de Dazn, en castellano, por la de 2Cat, el canal en catalán de RTVE.

Gritan “¡Uy!” con la primera ocasión fallada de Oyarzabal, y un jubiloso “¡mira!” cuando Cristiano Ronaldo está a punto de marcar el primero de Portugal. “A Lamine que no me lo toquen”, será una de las pocas salidas de tono que se les escuchará en los 90 minutos.

Naiara, la camarera, añade una capa más a las contradicciones que flotan en el ambiente del bar. “Normalmente, quiero que pierda España, pero es que hoy juega contra Portugal”, explica. “Entre España y Cristiano Ronaldo, creo que odio más a Cristiano”.

Se acerca el minuto 90 y Naiara debate con su compañera si cierran el bar en caso de que finalmente haya prórroga. Lo que en cualquier local del país sonaría a sacrilegio está aquí encima de la mesa y nadie hace aspavientos.

“No sabemos qué hacer”, admite. Ramón, a todo esto, ya se ha largado y solo queda el grupo de tres amigos en todo el bar.

Por suerte para Naiara y para este periodista — el pueblo está a una hora y media en coche de Barcelona y se ha hecho tarde—, Mikel Merino marca en el 90 y España logra pasar a cuartos de final.

No se escucha nada. Ni un “gol”, ni un “joder”. Nadie alza los brazos, nadie da un golpe de rabia en la mesa. El árbitro pita el final y el grupo de amigos sigue observando el televisor impasible, sin saber si se alegran o no por lo que acaba de ocurrir.

El 24 de septiembre del 2023, a 48 horas de que Feijóo constatase que no basta con quererlo para ser presidente del Gobierno, el PP convocó la primera de sus manifestaciones de esta legislatura. Las crónicas recogieron que, ya solo empezar, se escucharon los primeros cánticos de “Puigdemont, a prisión” y que, en los discursos, el ataque más suave que se dedicó a Pedro Sánchez fue la de promover la “impunidad” del procés.

En esa misma concentración, Aznar, quién si no, acusó al entonces candidato socialista de estar dispuesto “a todo” para “satisfacer a golpistas”.

El PP intentó calentar la calle, aunque no lo logró. Una vez en el Congreso, planteó enmiendas a la ley de amnistía que no solo rechazaban el perdón y olvido legal de los delitos atribuidos a los líderes del procés, sino que directamente abogaban por disolver a los partidos que volviesen a plantear un referéndum como el del 1-O. Fue tras algunos coqueteos frustrados en los pasillos de Bruselas y mensajes, a través de emisarios del mundo económico, para ver si Puigdemont estaba dispuesto a escuchar al PP y avenirse a investir a Feijóo.

Parece que hace mucho de eso, pero en realidad fue anteayer. No hay peor memoria que la de los políticos —a Sánchez le pasó con Podemos y también con Junts—, aunque a veces sea algo bueno, puesto que les obliga a negociar y ceder. En lenguaje cursi, sería lo que se ha bautizado como el arte de la política. Para el resto, es lo que toda la vida se ha resumido en hacer de la necesidad virtud.

Y ahí, en ese punto del camino, es donde está ahora el PP en su estrategia con Junts. Lo cierto es que ha llegado más pronto de lo previsto, porque estaba cantado que sería así pero en el cálculo de probabilidades tenía más opciones que fuese tras las próximas generales y en función del resultado. Miguel Tellado, el dirigente popular que más sagaz intenta ser y que menos lo consigue, resumió la semana pasada en una frase cuál es la posición actual de su partido: “Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una organización criminal”.

Mientras, los populares insinúan que existen unos contactos que en Junts niegan. Míriam Nogueras fue tajante este lunes en una entrevista en TV3: “No hay relación”.

A los viejos del lugar en esto de la información política nos hizo gracia escuchar a Feijóo decir que había que “pasar página del procés”. Fue este fin de semana en el congreso del PP catalán. No nos hizo gracia porque fuese una frase especialmente ocurrente, sino porque justamente es lo que propuso Salvador Illa en la última campaña autonómica. Esa misma expresión. Y entonces los populares le afearon que renunciase a “defender a la mitad de los catalanes” (Cuca Gamarra dixit).

Juan Fernández, nuevo secretario general del PP catalán y, de momento, una de las voces más sensatas, se estrenó este lunes con una rueda de prensa en la que aseguró que no van a hacer política “mirando por el retrovisor”. Tiene su interés, puesto que, si hay alguien que ha enseñado las garras cada vez que el PP ha coqueteado con Junts, ha sido la dirección de los populares catalanes.

“El PP no debe hablar con Junts porque es un movimiento nacionalpopulista de corte supremacista”, proclamaba con su contundencia habitual el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en una entrevista publicada en abril de 2024.

Que el PP no quiera mirar por el retrovisor es una buena noticia. También lo sería que reconociese que ellos, lejos de ayudar a pacificar nada, incendiaron todo lo que pudieron: antes, durante y después del procés.

El siguiente paso sería aclarar cuál es su oferta para Catalunya porque hasta ahora ha sido el no a todo y, además, de la mano de Vox. Si quiere demostrar que va en serio, puede empezar por el modelo de financiación. Ese que rechazó en el encuentro ante la cúpula empresarial catalana hace solo unas semanas. Y, después, explicar cuál será su política lingüística, puesto que, si va a ser la de Mazón o Prohens, ya puede irse olvidando de que Junts —y no solo ellos— le rían las gracias.

Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

Después de meses de sondear diversos nombres, Aliança Catalana ya ha presentado a su candidato para la alcaldía de Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès, uno de los ideólogos de la formación xenófoba e independentista, miembro desde su creación y uno de los pesos pesados del partido. La formación cierra así un proceso de búsqueda que ha sido largo y, aunque en inicio buscaban caras más mediáticas, han acabado apostando por uno de sus ideólogos.

El anuncio se ha hecho este viernes en el Born, un yacimiento de la Barcelona de 1714 que fue un importantísimo lugar de peregrinaje del independentismo durante el procés. Desde que esas brasas se apagaron, se ha convertido en un espacio de debate alejado de los tintes políticos. Pero ahora Sílvia Orriols ha querido avivar ese fuego concentrando a los suyos en este simbólico enclave.

Bajo el lema 'Salvem Barcelona', el acto ha empezado media hora tarde y con una entrada triunfal de la líder del partido, Sílvia Orriols, que ha sido recibida entre aplausos, con el público de pie y con una nota de color inesperada: a ritmo de Lay All Your Love On Me, de ABBA.

“No necesitamos a nadie mediático, sino a alguien valiente que aplique medidas correctivas que puedan revivir a Barcelona”, ha expresado Orriols, que ha hablado antes que Aragonès. Con un tono de voz más alterado de lo que es costumbre, la líder xenófoba ha arengado a los suyos con un breve discurso en el que ha dejado claro su objetivo: “el Estado libre, seguro, próspero y occidental que nos merecemos”.

Con una cadencia mucho más calmada ha tomado la palabra el ya oficial candidato a la alcaldía de Barcelona. Ha dedicado su discurso a reivindicar el pasado “glorioso” de Catalunya, un faro de una “europa civilizada” que ahora, considera, se ha visto “mancillada”. Por eso, ha reivindicado la Barcelona “de Carlomagno” y ha asegurado que debe ser “capital de toda la Mediterránea”.

En esta línea apuesta por fortalecer vínculos las ciudades que están bañadas por el mismo mar. Ahora bien, Aragonès sólo ha mencionado a Francia, Italia y Grecia y ha descuidado toda país que quede al este y en el norte de África.

Aragonès ha tirado de sus conocimientos de historia para detectar los principales problemas de Barcelona: la vivienda y la inseguridad. Los culpables: la migración, el socialismo, las “políticas woke” y la “sumisión a España”. El candidato se ha dedicado a dar cifras para justificar su tesis: que las personas migradas que llegan a Barcelona cada año quitan los pocos alquileres que hay, lo que causa que casi medio millón de pesonas vivan “hacinadas” debido a las malas políticas de la vivienda. Todo ello causa “un conflicto social que nos devuelve al pistolerismo”.

Por eso, asegura, su objetivo es mejorar la cuestión de la vivienda, pero sólo “para los catalanes de raíz y de verdad”, una afirmación que ha despertado los vítores de los asistentes.

El acto ha acabado, no con preguntas del público sino de los periodistas, un colectivo que ha sido “vilipendiado por los militantes de Aliança Catalana”, tal como ha reconocido Eduard Berraondo, jefe de prensa del partido. El también periodista ha querido “romper una lanza” a favor del gremio y ha inaugurado “una rueda de prensa”, pero que se ha realizado ante todos los militantes. Los periodistas, al intervenir, han sido iluminados con los focos y acribillados por parte de los fotógrafos. En vista de ello, sólo ha habido dos preguntas.

La disputa con Junts

Con el anuncio de la candidatura de Aragonès, se cierra un proceso difícil para el partido, que intentó suerte con otras caras visibles como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró. Ante la negativa de ambos, Aliança se ha decantado por un perfil mucho menos conocido pero de importancia en la formación. 

Jordi Aragonès, que es primo del expresident Pere Aragonès, es un joven de 33 años que, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança. Han escogido para Barcelona una de las figuras con más proyección de entre sus filas, aunque hasta ahora siempre había trabajado fuera del foco mediático. De hecho, ya fue el número dos por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024, pero el partido no obtuvo ningún escaño en esa circuscripción.

Con este nombre se va completando ya el puzzle de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se conocen los cabezas de lista del PSC, con un Jaume Collboni que buscará revalidar el cargo; los Comuns con Gerardo Pisarello al frente; ERC, que apuesta por Elisenda Alamany; y un PP en el que se da por supuesta la continuidad de Daniel Sirera. 

Así, sólo faltan los candidatos de Vox y de Junts, que celebra primarias este fin de semana y que dará a conocer a su candidato o candidata este domingo. Quien salga escogido de entre las filas juntaires se las tendrá que ver de cerca con Aragonès: las encuestas dan un resultado parecido a ambas formaciones, pero con una ligera ventaja a Aliança Catalana, que no sólo irrumpiría con impulso en el consistorio, sino que, además, se podría llegar a convertir en la primera fuerza de derecha en Barcelona. 

Así lo pronostica el último barómetro municipal, una encuesta de intención de voto que augura una importante pérdida de votos para Junts, que perdería el 75% de los apoyos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El barómetro apunta a que Junts podría perder 10 puntos, de los cuales 4 serían cosechados por Aliança. 

Tal como ha reconocido el conductor del acto, el partido en Barcelona “no tiene nada que rascar”, pero Aliança no ha querido dejar pasar la oportunidad de ocupar unos asientos en el bastión que es la capital catalana. Allí, el partido xenófobo cuenta con 346 militantes registrados, que ascienden a 416 en el conjunto de la comarca. De ahí, que las 150 sillas que se habían dispuesto para el acto no hayan llegado ni a llenarse.

Aliança apuesta por ciudades medianas

El 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Catalunya, Aliança tenía pensado anunciar diversos de sus candidatos, incluido el de Barcelona, que finalmente llegaría dos meses tarde. Pero ese día sí se reveló el nombre de otros seis cabezas de lista, casi todo en ciudades medianas donde la formación cuenta con encuestas favorables. 

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. 

Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, sumando el nombre de Aragonès, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

Después de esa jornada, se sucedió un degoteo de anuncios como el de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana para Manresa, o Joana Berrio, presidena de la Asociación Cultural Sabadell e Israel para la cocapital del Vallès Occidental.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes como podría ser el caso de Barcelona y disputarse a una buena parte del electorado que ha acabado, o bien desencantada con los líderes independentistas, o bien cautivada por los discursos securitistas i xenófobos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado de que su gobierno no tendrá “absolutamente nada que hablar” el lunes con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica “si no retiran de entrada” las cesiones al independentismo.

Desde Albacete, donde ha participado en la presentación el Programa ESA BIC Castilla-La Mancha en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PTCLM), García-Page ha sacado pecho de los proyectos puestos en marcha en la región y ha dicho que “ojalá” vinieran acompañados también de “un poquito más” de implicación en la financiación autonómica.

Ha sido en este punto donde el presidente regional se ha referido a la reunión bilateral del próximo lunes entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda para abordar la nueva financiación. “No habrá absolutamente nada que hablar si no retiran de entrada los proyectos del independentismo porque rompe la solidaridad y la igualdad en España”.

“Queremos los mismos fondos que han puesto pero con reglas distintas. Y esto es algo que le vamos a decir prácticamente todo el mundo; menos aquellos que están detrás de romper la igualdad entre todos los españoles”, ha apostillado García-Page.

Hacienda remitió cartas a las consejerías del ramo de todas las comunidades autónomas para pedir reuniones bilaterales y, de entrada, el Gobierno de Castilla-La Mancha había aceptado el encuentro.

La Policía Nacional expulsó ayer a unos 600 cantantes que iban a protagonizar el cierre musical de la misa del papa en la Sagrada Família ante el temor de que algunos de sus miembros cantaran el himno de Catalunya, Els Segadors, y mostraran símbolos independentistas.

Según han explicado algunos cantantes del coro, diversos integrantes introdujeron dobladas entre sus partituras esteladas para exhibir en algún momento del acto. Junto a las enseñas que escondían algunos de estos cantantes, tenían un texto que proponía desplegarlas durante la interpretación del canto del Virolai y cantar a continuación Els Segadors.

La Policía Nacional, a cargo del operativo en el interior del templo, detectó la situación y decidió expulsar a los 600 miembros del coro, a pesar de que muchos de ellos no tenían intención de sabotear el acto. Una columna de Mossos los escoltó desde la salida hasta una calle cercana.

“La interpretación de Els Segadors no estaba incluida en el programa oficial de la celebración aprobado previamente y, por tanto, no estaba prevista durante el acto”, responden desde la Sagrada Família. “La Sagrada Familia es un templo católico y no se pueden introducir banderas durante las celebraciones religiosas”, añaden.

Ya en la calle, los expulsados mostraron su indignación y cantaron Els Segadors, según recogen varios vídeos difundidos en redes sociales. “Nos trataron como un comando”, ha lamentado una de las intérpretes este jueves en declaraciones a Rac1.

Algunos de los cantantes se han quejado de que acabaron expulsados a pesar de no tener nada que ver con el plan de saltarse el programa oficial y han recordado que llevaban días ensayando.

Tras la expulsión, el acto final corrió a cargo únicamente de la Escolania de Montserrat, ubicada en un balcón lateral, y el canto que debían interpretar los expulsados se sustituyó por una grabación.

Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa: vas caminando, tranquilamente, en dirección a la tintorería de la Calle Princesa, en el corazón del barrio del Carmen (Murcia), y lo haces a paso raudo porque son casi las ocho de la tarde y están a punto de cerrar. Mientras esperas tu turno, ahí fuera, en la calle, escuchas un sonido que pretende rugir, pero no pasa del leve alboroto. Te asomas y ves una pancarta que se mueve sola; una pancarta que reza: “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”; te frotas los ojos y compruebas que no estás a finales de 2023; que, de hecho, es 2026; compruebas también que la pancarta no se mueve sola, que tras ella hay cuatro, quizá cinco personas; miras con incredulidad a la señora de la tintorería y te dice: “Sí, hijo, sí. Vienen todos los días a esta hora desde hace tres años”. Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa. Lo que son las serendipias.

Era noviembre del año 2023 y unos cuantos miles de personas se manifestaban contra la amnistía en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia convocadas por el Partido Popular. La primera escena que recuerdo es la de varios miembros de la organización, chavales de las juventudes populares, repartiendo banderas de España y de la Unión Europea en los cuatro accesos de la plaza. Una hora después, Vox había convocado una segunda manifestación al otro lado del Segura, en la calle Princesa, justo enfrente de la sede del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y hacia la que dos señoras se embarcaron después de decirle una a otra que estaba a su lado: “Venga, vamos ahora a lo de Vox, que yo me he dejado una tortilla de patatas hecha”.

Pasaron los días, los meses, los otoños, y las tortillas. La amnistía se aprobó y se fue incorporando al paisaje político con la misma naturalidad con la que se incorporan las rotondas a las salidas de los pueblos. Los autobuses dejaron de fluir y las plazas de las capitales fueron paulatinamente olvidando el sonido de los himnos y de los pitidos. Hasta el propio Partido Popular, que tan vehementemente había convocado aquellas concentraciones de noviembre del 23, fue dejando el tema de lado porque entendieron lo útil que podría ser un alto el fuego con Junts, y porque el refrán que mejor funciona en política es el de nunca digas de esta agua no beberé y este cura no es mi padre, porque nunca se sabe. Lo que pasa es que cuando enciendes una cerilla, a veces, lo que viene después ya no depende de ti.

Una liturgia vespertina

Así que es mayo de 2026, y todos los días a las ocho de la tarde, en la Calle Princesa de Murcia, la liturgia es la misma: aparecen dos personas, un hombre y una mujer. Ambos superan los sesenta años, podría decirse que holgadamente. Entre los dos, atan de los dos extremos una pancarta a dos árboles en la acera de un local de tatuajes, justo enfrente de la sede del PSRM. De un tiempo a esta parte, ponía “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”, pero ahora el eslogan es diferente y señala a la corrupción del gobierno en general. Esas dos personas esperan, junto a su pancarta, que lleguen los demás.

Muchos transeúntes del barrio del Carmen los conocen ya. Lola, una vecina que sale por las tardes a pasear con su hija, Lola también, dice que le resultan admirables los manifestantes. “Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero fíjate que llevan años aquí plantados, todos los días y no faltan ni uno”, explica. La camarera de un bar de la misma calle, en cambio, matiza: “de lunes a viernes siempre están aquí, menos en verano, Navidad y Semana Santa”.

Paco es el encargado de traer la pancarta. “¿De qué periódico venís? ¿elDiario…? ¿Ese es el del Escolar? Vosotros sois del PSOE, pero bueno, mira, al menos sois los primeros periodistas que se interesan por nosotros en todo este tiempo”. Se declaran enemigos acérrimos de este “gobierno criminal” y lamentan ser tan pocos. “La juventud, el pueblo, estáis dormidos y no sois conscientes de lo que se nos viene encima”, continúa Paco, al tiempo que van llegando el resto de los asistentes.

Cánticos y noticias

La convocatoria, explican, la hacían a través de un grupo de WhatsApp en el que hay más gente, pero cada vez se manifiestan menos. Ahora, dado el peso de la costumbre, no necesitan quedar para saber que allí se encontrarán. “Por el WhatsApp lo que hacemos es proponer cánticos para el día siguiente y nos pasamos noticias y cosas de esas”, dicen.

Se trata de otras cuatro personas, todas ellas mayores de sesenta años, excepto un señor algo más joven, Ramón, del que Paco nos advierte, “huid mientras podáis, porque como empiece a hablar no se va a callar en toda la tarde”. Ya son viejos conocidos en el barrio, y también tienen sus adversarios, como otro hombre mayor, declarado votante socialista, que les lanza alguna puya cuando pasa por su lado. Ramón le advierte que el Gobierno de Pedro Sánchez “nos está matando de hambre”, y el señor socialista le señala al torso, dejándole caer que hambre, lo que se dice hambre, no debe de pasar. “¿Sabe por qué estoy gordo, señor mío? Le pregunta; ”porque como pan“.

Es en ese momento cuando se sienten fuertes para empezar los cánticos contra una sede del Partido Socialista aparentemente vacía. “Antes”, arranca la señora que acompañaba a Paco al principio, “cuando estaba Pepe Vélez [antiguo secretario general del PSRM], se asomaba por la ventana y se reía de nosotros. Al menos nos hacía caso, porque el desgraciado que hay ahora [refiriéndose a Francisco Lucas] lo único que ha hecho ha sido mandar a la policía a denunciarnos”.

La protesta, como es evidente, no cuenta con el permiso de la Delegación del Gobierno, aunque según ellos no la necesitan porque son menos de 20 personas. Mercedes, la más mayor del grupo, y también, hay que decirlo, la más exaltada de todos ellos, explica que no son ninguna manifestación, sino una “coalición de ciudadanos ofendidos”, pero aun con todo tuvieron que buscarse un abogado para afrontar la denuncia de la Delegación de Gobierno, aunque no tuvieron que pagar una multa finalmente.

Franco, “un bendito”

Según explica la propia Mercedes, ella “no está politizada” y “no vota a ningún partido”, pero sí que afirma que la izquierda es una “panda de gentuza, vividores y asesinos que quieren reescribir la historia”. “Me río yo el 14 de abril, cuando salen a manifestarse y dicen 'Viva la República'. Y una mierda. Asesinos todos. Al cura de esa iglesia de allí [la iglesia del Carmen] lo fusilaron. Y al de san Bartolomé también. Y al de san Antón. Y […] también está el asesino más grande de toda la historia, Simón Bolívar. Luego dicen de Franco, ¡pero si fue un bendito!”.

“Yo, por ejemplo, no soy tan radical como ella”, dice Juan, otro de los asistentes, “de hecho yo he votado a los socialistas siempre. Aquí cada uno vota a una cosa y piensa de una manera distinta, pero esto ya no puede ser. ¿Es que no estáis viendo que se están cargando el país?”

A ratos algún coche o moto que pasa por delante toca el claxon en señal de apoyo, pero para Paco no es suficiente: “Nada, pitan y lo que tú quieras, pero no se nos une ni Dios, ya se les hará tarde”. A ratos, alguno de los participantes interrumpe su protesta para unirse a la conversación.

— Claro, yo me imagino que tú estarás encantado con este gobierno, ¿no?

— Yo soy anarquista, señora —respondo en defensa propia—, a mí el gobierno me da igual.

— ¿Anarquista? —contesta Paco— yo de joven estaba en la ORT [Organización Revolucionaria de Trabajadores], y éramos maoístas —dice, mientras enarbola su bandera rojigualda.

— ¿Y qué pasó? Para acabar así, quiero decir.

— Pues que nos aburguesamos de la hostia.

La del 14 de mayo de 2024 ha pasado a la historia como la noche en la que el independentismo perdió la Generalitat tras más de una década de procés. Aquellas fueron las primeras elecciones en que las formaciones que abogan por la ruptura con el Estado no sumaron mayoría en el Parlament, tras cuatro legislaturas consecutivas de dominio en la Cámara. Dos años después, los números del bloque formado por Junts, ERC y la CUP están lejos de mejorar.

Las encuestas son especialmente duras para Junts, el partido que más está sufriendo la irrupción de Aliança Catalana (AC), una formación xenófoba y de ideología independentista que, aunque trata de recoger votantes de todos los espectros, es especialmente atractiva para quienes solían apoyar a Carles Puigdemont.

Más allá del asedio al que somete AC al resto, la llegada de esta fuerza a la Cámara catalana rompe las opciones de repetir lo que durante años se llamó “bloque independentista”, es decir, una serie de partidos que actuaban coordinados y, frecuentemente, pactaban para garantizar su permanencia en el Govern. Sin embargo, la formación de Sílvia Orriols es incompatible con ERC y CUP, que advierten que nunca participarán en una ecuación que incorpore a la extrema derecha.

En este escenario, ni siquiera una mayoría independentista en escaños –que ninguna encuesta ve probable– sería traducible en una investidura o un Govern de ese color, debido a la incompatibilidad de los votos necesarios para alcanzar la suma de 68 diputados.

La aparición de la fuerza capitaneada por Orriols es uno de los problemas de Junts, pero no el único. En el partido creen que el hecho de que Carles Puigdemont siga sin poder beneficiarse de la amnistía y volver a Catalunya los obliga a pelear con una mano atada a la espalda.

El empantanamiento de la situación personal y política del expresident en Bélgica es una de las claves para entender por qué en los últimos meses Junts ha roto formalmente con el Gobierno, al que apoyaron durante el primer tramo de la legislatura. Aunque la relación nunca se ha truncado del todo, en Junts creen ahora que el pacto con el Gobierno no da los réditos esperados mientras AC les come terreno por la derecha. Por eso últimamente los de Míriam Nogueras no han tenido complejos para aparecer en la misma fotografía que PP y Vox votando juntos en el Congreso.

Ese bandazo tampoco ha dado, por el momento, réditos a Junts, que en el terreno catalán es una formación sin un liderazgo claro en el Parlament y sin un candidato inapelable en Barcelona, sea cual sea el resultado de la pugna entre Josep Rius y Jordi Martí, que de momento se inclina en favor del primero.

De cara a las elecciones municipales, Junts está tratando de llevar a cabo una “reunificación”, según su terminología, del disgregado espacio de derecha nacionalista catalana que un día estuvo bajo la marca común de Convergència. En Manresa, Junts ha fichado a un concejal codiciado por Aliança y con un discurso semejante. En Sabadell, se acerca a un sector desgajado de ERC. Con los alcaldes y concejales antiguamente agrupados bajo el PDeCat, Junts aspira a ir cerrando acuerdos caso por caso.

ERC, entre la exigencia y la colaboración con Illa

En la sede de ERC se respira cautela pero también cierta sensación de alivio. Tras la debacle electoral que desalojó a Pere Aragonès del Govern llegó la decisión de firmar un acuerdo de investidura con Illa, que derivó en un congreso durísimo y que abrió el partido en dos mitades, dividido por la continuidad de Oriol Junqueras. Pero, una vez estabilizada la dirección, el último año ha sido más plácido y las encuestas acompañan.

La estrategia desplegada por Junqueras es más de gota malaya que de blitzkrieg. La idea general es apoyar y a la vez exigir a los gobiernos que están en el cargo, todos socialistas tanto en la escala estatal, como catalana e incluso en Barcelona.

Así, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Jaume Collboni y otros tantos alcaldes pueden contar con que ERC no va a intentar moverles la silla, habida cuenta de que la alternativa es la “extrema derecha o derecha extrema”, tal como suelen decir los republicanos. Pero si alguno de ellos quieren sacar delante legislación, acuerdos de gobierno o, sobre todo, presupuestos, ERC debe tener contrapartidas en cuestiones que considera estratégicas. Como la cesión del IRPF, que abortó los primeros presupuestos del Govern del PSC.

Esta política hasta ahora ha dado triunfos más bien magros a ERC, a la espera de que la nueva empresa mixta de Rodalies eche a andar, de ver qué pasa con la financiación o qué consigue a cambio de los próximos presupuestos, que Illa está convencido de que le aprobarán.

Pero las encuestas no van mal e incluso sitúan a ERC como segunda fuerza, capaz de remontar un vuelo que todo el mundo juzgaba imposible el 15 de mayo de 2024. Y eso, cuando Junqueras tampoco podría aún presentarse a las elecciones por no haberse podido acoger a la amnistía, es suficiente para refrendar la estrategia.

Una CUP invisible que busca su hueco en las municipales

El bloque independentista pasó en las últimas elecciones de controlar 74 escaños del Parlament (la mayoría está en 68) a quedarse en 59. ERC perdió 13, que la ligera subida de tres asientos de Junts no pudo compensar. Pero la bajada de la CUP no fue menos espectacular: se dejó cinco de sus nueve escaños y, en voto, perdió más de un 30%.

En aquel momento los cupaires pudieron pensar que habían sufrido un gran golpe. Pero lo que les deparaba una legislatura no era mucho mejor. Con el PSC en el Govern y los acuerdos de izquierdas en el Parlament con ERC y Comuns, la formación de la izquierda independentista ha quedado descolocada y ha perdido mucha de la visibilidad de la que gozó en otra época.

Ni siquiera el llamado “procés de Garbí”, una especie de refundación interna, logró volver a colocarlos en el mapa.

Y eso que los anticapitalistas no han renunciado a dar algunas batallas y a estar presentes en algunas negociaciones. Como ejemplo está la legislación para extender la regulación de precios a los alquileres de temporada, donde la CUP se entendió con el PSC, así como con los Comuns y ERC. En ámbitos como el policial, en cambio, la formación se ha destacado como uno de los grandes flagelos del Govern.

La CUP encara el reto de volver a ser una formación con influencia mirando a las elecciones locales del próximo año. El municipalismo, que fue el gérmen de este partido, vuelve a ser un valor refugio cuando algunas encuestas los ven fuera del Parlament. Una de las claves será si mantienen la alcaldía de Girona, ahora en manos de Lluc Salellas, que finalmente opta a la reelección.

Aliança Catalana está teniendo problemas para encontrar candidatos a las próximas elecciones municipales. La formación ultra había prometido que anunciaría el día de Sant Jordi a su cabeza de lista en Barcelona, una forma de dar empaque a la revelación de sus aspirantes en las elecciones municipales. Pero, una vez llegada la fecha, la formación únicamente ha hecho públicos los nombres de seis candidatos y, la mayoría de ellos de ciudades medianas, y con sonada ausencia de la capital catalana.

La formación xenófoba ya avanzó hace unos días que se veía obligada a posponer el gran anuncio, ya que la persona a la que había “encomendado” que fuera el candidato se habría retirado en el último momento. Desde el partido reiteraron su deseo de presentar candidatura por Barcelona y aseguraron además que se encontraba en conversaciones con diferentes personas que podrían encabezar la lista.

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, por el momento, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes. Para ello, está haciendo un esfuerzo por reunir nombres propios para encabezar las candidaturas y también personas dispuestas a aparecer en sus listas, una tarea que no siempre es fácil para un partido sin implantación territorial en muchas zonas de la geografía catalana.

Además, Aliança desea poder presentar por Barcelona a un candidato que sea una cara conocida para los votantes, lo que consideran que podría ser un golpe de efecto para el resto de candidaturas. En los últimos meses la formación se ha interesado por el exconseller de Economía de Junts, Jaume Giró, que rechazó la propuesta y, según publicó recientemente Nació, también por el expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien tampoco aceptó.

“Me costará de digerir, toda la vida he sido acusada y ahora soy acusadora”. La frase la pronunció Blanca Serra tras convertirse en la primera víctima que relató a la Fiscalía de Memoria Democrática las torturas que sufrió de manos de policías franquistas. Menos de un mes después de que la Fiscalía concluyera la investigación, esta histórica activista de la izquierda independentista catalana murió este viernes a los 82 años.

La juventud de Serra es un ejemplo de la violencia sufrida por ser mujer e independentista durante la supuestamente modélica Transición: junto a su hermana Eva, fue detenida en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente). Los agentes las arrestaron siempre en su casa. Estaban vigiladas.

Los policías torturaron Serra ya muerto el dictador en la misma comisaría conocida por la oposición al franquismo como 'la casa de los horrores'. Via Laietana 43, sede de persecución a los disidentes antes y después de 1975. A día de hoy, sigue albergando la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya pese a las reiteradas demandas de las víctimas para convertirlo en un espacio de memoria. Todos los Gobiernos de PP o PSOE se han negado a sacar a la Policía del edificio. Otra muestra de modélica Transición.

El archivo de la investigación por torturas resultó agridulce para Serra: por primera vez se investigaron las torturas, pero al final la Fiscalía no pudo identificar a sus autores. “No se reconstruye la estructura jerárquica de la represión ni se abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, lamentó Serra en un vídeo, su última aparición pública el pasado marzo.

Blanca Serra nació en Barcelona en 1943. Licenciada en filología clásica por la Universidad de Barcelona, trabajó como profesora de lengua española. Era hija del arqueólogo Josep de Calassanç Serra, y hermana de la historiadora y activista independentista Eva y de Josep de Calassanç Serra, uno de los fundadores de Terra Lliure.

Durante el franquismo, Serra militó en el Front Nacional de Catalunya y a finales de los años sesenta fue una de las fundadoras del Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), formación de visión marxista con bases de anarquismo. También fue miembro de la Assemblea de Catalunya.

En noviembre de 1975 tuvo que exiliarse en Francia y participó en el Congrés de Cultura Catalana en Perpiñán. Cuando regresó a España, fue detenida, acusada de haber colaborado con ETA y Terra Lliure y le aplicaron la ley antiterrorista, que amparaba detenciones largas e incomunicadas sin garantías legales.

Durante la Transición, tanto ella como su hermana Eva (fallecida en el 2018), fueron torturadas varias veces por la policía franquista, primero en la jefatura de Vía Laietana de Barcelona, y después en la Dirección General de Seguridad, en Madrid.

Toda su vida estuvo marcada por el activismo político en favor de la independencia de Catalunya y la lengua catalana: fue portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir que promovió las consultas independentistas en Catalunya desde 2006.

Posteriormente, formó parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y suscribió el polémico Manifest Koiné, documento firmado en 2016 por un grupo de filólogos, lingüistas y docentes que criticaban el bilingüismo en la sociedad catalana y abogaban porque el catalán fuera la única lengua oficial de una hipotética Catalunya independiente.

La investigación de la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, la primera del Ministerio Público que requirió documentos a la Policía y a los archivos, dio plena credibilidad a Serra, consideró demostradas las torturas, las calificó de crímenes contra la humanidad, pero pidió su archivo al no poder identificar a sus autores.

“Es un gran día para hacer memoria y recuperar un pasado que no se ha acabado”, declaró Serra el 19 de mayo de 2025 tras comparecer ante la fiscal delegada de Memoria Democrática en Barcelona, Sara Expósito. Pese a andar con la ayuda de un caminador, albergaba la certeza de que tenía que declarar ante la Fiscalía. “Los jóvenes tienen que conocer lo que pasó”, dijo, alertando del contexto global de ascenso de la extrema derecha. Conocer el pasado para que no se repita. Blanca Serra lo intentó toda su vida.

A Rocío Jurado se le rompió el amor, de tanto usarlo. Son cosas que pueden pasar. Y en esas está el sistema autonómico, una de las vigas maestras de lo que algunos llaman “régimen del 78” y otros consideran un arreglo pasablemente democrático que ha permitido a los españoles, por primera vez en siglos, vivir 50 años sin guerras ni dictaduras.

La fiebre nacionalista, en su variante de postureo, ha llegado incluso a Aragón. Me refiero a un postureo casi acrobático. Jorge Azcón, presidente del Partido Popular aragonés, presidente de la comunidad autónoma y candidato a la reelección, ha conseguido azuzar los instintos tribales por un lado y por otro.

Es capaz de prometer que, mientras él mande, no habrá ningún trasvase del Ebro, porque ese río es maño y de nadie más. Lo cual suena poco español. Pero también es capaz de rechazar el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, porque no está dispuesto a “pagar las deudas de los catalanes”. Y eso, a según quién, le sonará españolísimo y altamente patriótico.

A veces habla de “las deudas de los catalanes”. Y otras veces, de “las deudas de los independentistas catalanes”. Con lo que “catalanes” e “independentistas” se convierten en términos intercambiables. Desde el desastre de 2017, aquella brillante maniobra encabezada por Carles Puigdemont que concluyó en sentimiento de derrota para unos y para otros, lo de los “catalanes” da mucho juego electoral a la derecha española.

Mientras Aragón se dispone a acudir a las urnas, con la izquierda (supuestamente “vendida” a los catalanes en general) cruzando los dedos para que su derrota no alcance la condición de calamitosa, en Cataluña vuelven las manifestaciones de protesta por el funcionamiento de Rodalies, la red ferroviaria regional.

Cabe recordar que la primera manifestación masiva contra el desastre de Rodalies data de 2007, hace casi 20 años. La organizó la Plataforma por el Derecho a Decidir y abrió camino al independentismo. Casi 20 años ya, y Rodalies no ha hecho más que empeorar. Un año tras otro, las inversiones presupuestadas para adecentar la red se han quedado en el papel porque sólo se ha ejecutado una pequeña parte de las obras previstas.

El accidente mortal en Gelida, la paralización completa del tráfico ferroviario y su reanudación, parcial y deficiente (tan parcial y deficiente que no hay estómago para cobrar a los viajeros), sin perspectivas de mejora a la vista, demuestra que ciertos agravios largamente denunciados por los catalanes, sean independentistas, españolistas o mediopensionistas, tienen mucho fundamento.

Hay que ser usuario de Rodalies para comprender hasta qué punto el caos ferroviario complica la vida colectiva.

Y ahí estamos. Todos humillados y ofendidos, todos jugando la carta de la insolidaridad, todos abusando del tribalismo y la demagogia. Y todos tironeando, indiferentes a los problemas reales de los ciudadanos, de un sistema autonómico que nunca acabó de construirse (la inutilidad del Senado) y que, a este paso, tiene complicado sobrevivir como mecanismo funcional. ¿Alguien ha pensado qué pasará si llega a romperse? 

Un total de 30.000 personas, según los organizadores, y 8.000, según la Guardia Urbana, participaron este sábado por la mañana en la manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República para denunciar la situación de Cercanías. Bajo el lema Prou! Única via, Independència (¡Basta! Única vía, Independencia), la marcha ha arrancado a las 12.15h en el monumento de Rafael Casanova y ha culminado más de una hora después en la plaza Sant Jaume.

''Independencia', '1 de Octubre, ni olvido ni perdón' o “Urquinaona lo volveremos a hacer” son algunas de las consignas que se han escuchado durante la marcha, donde también se han quemado algunas banderas españolas. Esta es la primera de las dos manifestaciones que tendrán lugar este sábado por el caos en la red ferroviaria.

A las doce y cuarto del mediodía ha arrancado la manifestación. La marcha ha comenzado en el monumento a Rafael Casanova y la cabecera de la manifestación ha llegado a plaza Sant Jaume en torno a la una y media del mediodía, donde han tenido lugar los parlamentos finales.

El objetivo de la protesta era denunciar años de desinversión del Estado en la red de Rodalies y reivindicar que la única solución para resolver la crisis ferroviaria es la independencia. Durante la misma se han visto muchas banderas esteladas y se han escuchado gritos de “independencia”.

Otras consignas que se oyeron durante la protesta fueron “Si queréis ir a la hora, España fuera”, “Fuera España de Catalunya”, “1 de Octubre, ni olvido ni perdón” o el ya citado “Urquinaona lo volveremos a hacer”. Algunos de los manifestantes también llevaban carteles donde se podían leer mensajes como “Merecemos trenes de calidad”, “Hartos de Rodalies”' o “Depender de España mata”.

Uno de los puntos de tensión se produjo cuando la protesta pasó por delante de la comisaría de la Policía Nacional en Via Laietana, momento en el que se escucharon fuertes silbidos y los manifestantes estallaron con gritos de “Fuera las fuerzas de ocupación” y “La policía tortura y asesina”. Además, también ha quemado una bandera española muy cerca del edificio.

Esta movilzación es la primera de las dos manifestaciones que tendrán lugar este sábado en Barcelona para denunciar el caos en la red ferroviaria. La segunda protesta está convocada a las cinco de la tarde y la impulsan las plataformas de usuarios de tren. Precisamente, la ANC y el Consell han acusado a las plataformas de “contraprogramar” su marcha.

Llach pide “un adelanto electoral plebiscitario”

El presidente de Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha cerrado este sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona la manifestación reclamando a los partidos independentistas “que dejen de apoyar al PSC-PSOE y fuercen un adelanto electoral plebiscitario”.

En un ambiente de plaza llena, con muchas esteladas y gritos de “independencia”, Llach ha presentado el deterioro del servicio ferroviario como un problema estructural y ha situado la independencia como “la única solución” no solo para Rodalies, sino también para otros ámbitos como la sanidad, la educación o la vivienda.

Por su parte la CUP ha denunciado la gestión “incompetente” del Govern y le ha acusado de querer “tapar las vergüenzas del gobierno socialista del PSOE de Madrid”. “Nuestra apuesta es muy clara, confrontar con aquellos que han permitido que Catalunya se caiga a pedazos”, ha afirmado el diputado Dani Cornellà en una atención a los medios.

“Hoy es una jornada de lucha histórica donde toda la sociedad civil dirá lo suficiente y reivindicará que queremos unos servicios públicos que den respuesta a la gente trabajadora”, ha añadido el diputado, que ha vuelto a reclamar la dimisión de la consellera de Territori, Silvia Paneque.

ERC insiste en reclamar la dimisión de Óscar Puente

También ERC ha reivindicado la necesidad de reclamar un servicio de trenes “dignos y fiables”. Así lo ha exigido la vicesecretaria general de Món del Treball, Economia i Llengua del partido, Laura Pelay, en una atención a los medios antes del inicio de la protesta. La republicana ha se ha sumado a la CUP al pedir las dimisiones de la consellera de Territorio, Silvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

“Estamos hartos de ser rehenes cotidianos de un sistema fallido. No puede que cada día nos levantemos y que esto sea una ruleta rusa”, ha recriminado Pelay. Finalmente, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado al Govern a “reaccionar” ante el “clamor unánime” de las movilizaciones.

Turull ha dicho que espera que las marchas “tengan el impacto que deberían tener en cualquier gobierno”, pero ha lamentado que “la primera lógica” del ejecutivo sea “no molestar a Renfe ni Madrid”. Para terminar, tampoco él a desaprovechado para pedir el cese de Sílvia Paneque y Óscar Puente.

El año pasado Julio Manrique, ya como director del Teatre Lliure, inauguró la temporada con un clásico del repertorio del siglo XX, La Gavina, de Anton Chéjov. Este año ha decidido apostar por el autor que le proporciono uno de sus mayores éxitos, el inglés Jez Butterworth, uno de los grandes dramaturgos ingleses actuales. De este adapta su obra El barquer, que se trata sin duda de uno de los estrenos más esperados de la temporada barcelonesa.

En 2019, Manrique supo unir todo el complejo ardid teatral de Butterworth en Jerusalem, una obra en el que un soberbio Pere Arquillué interpretaba a un Falstaff contemporáneo que vivía en un bosque shakespereano, rodeado de jóvenes a los que facilitaba drogas… Tres horas de rave continua y buen teatro que supuso un gran éxito. Ahora, Manrique ha decidido abordar esta obra situada en un pueblo de Irlanda del Norte, un drama rural donde saldrán a flote las miserias y las tragedias de una sociedad que durante 30 años vivió y sufrió un terrible conflicto bélico. 

La obra está situada en 1981, los años de plomo en los que Margaret Thatcher está en el poder en Londres y el IRA lucha con todo, desde las acciones armadas hasta las grandes huelgas de hambre en las cárceles inglesas. Un cadáver aparece bien conservado en uno de los pantanos cercanos al pueblo. Es el día de la celebración de la cosecha y la familia Carney verá como aquel descubrimiento trastoca la jornada... 

Producción propia, 19 actores en escena, la sala grande, la Fabià Puigserver, obra de larga duración, más de tres horas. Es un gran montaje, ¿no?

Sí, es una producción excepcional, es una tirada de la moto muy importante. Es una obra extraordinariamente grande, un tipo de trabajo que claramente solo puede hacerse desde un teatro público. Pero lo estoy pasando muy bien pese a que hay que arremangarse muy fuerte porque hay muchas almas subidas a esta barca. Es bien bonito tener un elenco que va desde los 79 años que tiene Imma Colomer, hasta los ocho años que tiene Elena Salvat. Y eso ya convierte el proceso en algo emocionante de por sí.

Esencialmente, ¿sobre qué va la obra?

Sobre la tierra como fuente de vida y de conflicto. Toda la obra, excepto la escena del prólogo, transcurre en un día de finales de agosto en una granja en Irlanda del Norte, en una zona rural. Se celebra el día de la cosecha. Se celebra que la tierra da vida y nos alimenta. Pero la obra aborda un periodo en el que se vive un conflicto que también tiene su origen en la tierra, en el territorio. La tierra es también fuente de discrepancias, de violencia, de guerra y de destrucción.

Es bien bonito tener un elenco que va desde los 79 años que tiene Imma Colomer, hasta los ocho años que tiene Elena Salvat.

¿Y eso se refleja formalmente?

La obra empieza con un cadáver que se encuentra al fondo de un pantano con una bala en la cabeza. El cadáver de alguien que ha estado desaparecido durante diez años, algo que sucedió en el periodo de los troubles [el conflicto armado], cuando el IRA sospechaba que había gente que podían ser confidentes de la policía. Precisamente para representar ese pantano vamos a usar el suelo de la sala. La escenografía la he trabajado con Lluc Castells y hemos querido huir de una conformación escenográfica que volviese todo demasiado estático. Pero no te puedo contar más, tendrás que ir al estreno...

¿Qué destaca del texto?

Butterworth, cuando escribe, consigue algo muy difícil: poner muchos personajes en escena y lograr que todos pinten algo, que tengan una voz, que no haya figuración y todos sean una pieza importante dentro del relato, Y luego tiene la maestría de dejarlos hablar y que sean ellos los que construyan la obra; es muy hábil. Además, los personajes no están para dar lecciones o decir lo que el autor quiere, sino que los deja ser. 

¿Qué visión da el autor sobre el conflicto? 

La pareja de Butterworth, Laura Donnelly, que es actriz y de hecho estuvo en el reparto que estrenó la obra en el Royal Court en 2017, tiene raíces irlandesas y tuvo un tío que estuvo en el IRA y que forma parte de estos casos de los llamados “desaparecidos”. Fueron hasta 17. Y fueron aflorando después de los acuerdos de paz del 98 del Viernes Santo. Laura Donnelly le contó esta historia a Butterworth y es a partir de ahí desde donde construye. 

Los años del procés independentista fueron particularmente calientes y muy cargados emocionalmente y por ahí, creo, la obra resonará en el público

Es bien relevante ese punto de partida, pero un inglés tratando el tema del IRA desde la Irlanda rural. Se antoja una tarea nada fácil...

Es verdad, pero creo que se acerca con mucha sensibilidad y trata con muchísimo respeto el mundo del republicanismo irlandés. Y no está interesado en dar lecciones ni en decir lo que deberíamos pensar. La obra plantea la historia de alguien que ha estado en la lucha armada, en el IRA, que en un momento dado dice “ya no puedo más, estoy harto de sangre y de bombas”, y se aparta. Deja las armas e intenta montar otro tipo de patria, que es su familia, en el campo. Pero de una manera inevitable la violencia acaba llamando a la puerta otra vez. El autor acaba metiéndose hasta la médula en lo que supone el uso de la violencia para resolver las cosas.

La obra, que dirigía nada menos que Sam Mendes, fue bien recibida en su estreno en Londres, se llevó varios premios importantes, 4 Tonis, 2 Lawrence Oliver, y tuvo además buenas críticas. No levantó susceptibilidades.

Es curioso, ¿verdad? Porque si bien ahora la situación está pacificada, fueron 30 años de conflicto y murieron 3.700 personas. Hay muchas heridas abiertas. Es verdad que no hubo polémica, pero sí que me han contado que la gente salía muy conmocionada del teatro. Y es que esa fuerza de conmover, de llevar a la reflexión, sí que la tiene la obra. 

Los movimientos independentistas en el Estado Español durante los 80 y los 90, y también en el siglo XXI, se ha mirado mucho en todo lo que fue el proceso de paz irlandés. ¿Cómo cree que puede resonar esta obra en Catalunya?

Lo hará, indudablemente. Aunque el tema vasco y el catalán son bastante diferentes, la raíz del problema es la misma: a una parte de la gente que vive en estos territorios le gustaría independizarse del Estado al que pertenece. Pero el camino que se ha seguido es distinto. Quizá lo de Irlanda del Norte tiene algo más que ver con la historia de Euskadi y ETA. En Catalunya ha sido una cuestión más política y que ha tenido diferentes fases. Los años del procés independentista fueron particularmente calientes y muy cargados emocionalmente. Por ahí, creo, que resonará. 

El argumento de "las familias se rompen en Catalunya con el procés" se utilizó tanto y, en mi opinión, a veces tan demagógicamente por parte de algunas voces políticas, que se me atraganta la comparación

¿En qué sentido?

La obra de Butterworth sucede en el año 1981, año en el que los presos del IRA que están en cárceles inglesas llevan a cabo huelgas de hambre como manera de reivindicar el ser tratados como presos políticos. Pero Margaret Thatcher, primera ministra británica, les dice que de eso nada, que ellos son criminales. Ese asunto del estatus de preso político va a resonar aquí con fuerza. 

El enfrentamiento y el enconamiento con el otro también está bien presente en la obra. El autor muestra cómo los temas políticos pueden afectar de distinta forma a miembros de una misma familia...

Por supuesto que la política se mete dentro de las familias. Y es verdad que eso está en la obra. Pero soy prudente porque el argumento de “las familias se rompen en Catalunya” se utilizó tanto, y en mi opinión, a veces tan demagógicamente, por parte de algunas voces políticas, que se me atraganta la comparación. Recuerdo con demasiada nitidez a Albert Rivera, Inés Arrimadas y a miembros del partido Ciudadanos haciendo bandera de eso y llevando fotos lacrimógenas a los debates televisivos. 

La música, leyendo el texto, está omnipresente todo el rato, algo tampoco nada de extrañar en una sociedad como la irlandesa, ¿cómo la habéis trabajado?

Butterworth es muy musiquero. Además, es autor de acotaciones largas donde describe con detalle y propone que ahí y allí suene tal o tal música. Le he seguido en unas y en otras no. Estará Bowie, los Stones… Y por supuesto, los Undertones, grupo fundamental de Derry, del que todavía sigues viendo en Irlanda del Norte murales en las calles. Luego nosotros también nos hemos dado algún capricho como incorporar a The Pogues. Y también habrá canciones cantadas en vivo. Carles Pedragosa ha encontrado unos cantos en gaélico de Irlanda que se llaman “Lamentos”, melodías muy sencillas pero muy emotivas, superbonitas.

Desde que estoy en la dirección del Lliure, estamos avanzando mucho en el convenio con los trabajadores, que está pendiente de renovación desde hace la tira de tiempo

Marta Marco, Roger Casamajor, Ernest Villegas, Mima Riera, Anna Güell, Marc Soler ¿cómo ha sido un poco la elección del reparto? 

Algunos los llamé directamente para proponerles el papel y luego ha habido procesos de casting largo, hemos visto mogollón de gente para el montón de personajes jóvenes que hay en la obra. Y otros fueron apuestas después de darle muchas vueltas. Me como mucho el tarro con los repartos. Roger Casamajor fue una corazonada, por ejemplo, nunca había trabajado con él. 

Pues Casamajor es Quinn Carney…

Sí, el protagonista. Lo había visto trabajar en teatro muchas veces y luego vi la serie La Mesías y flipé con su interpretación. Luego le oí hablar diciendo que para él había sido un punto de inflexión el hacer la serie, que algo se le abrió como actor y pensé: que yo tenía esa misma sensación. Releyendo la obra me di cuenta de que Carney era él, porque es de Andorra, de montaña, tiene poco de urbanita.

En octubre de 2023, fue nombrado director del Teatre Lliure. ¿De qué está más contento de sus dos años como director del Lliure?

Son muchas cosas, pero si hay que decir una diría que de haber abordado el tema de la gente que trabaja en la casa. Soy una persona cercana al Lliure, he trabajado bastante aquí, tanto como director y como actor. Y sentía que era necesario cambiar el ambiente de dentro. El Lliure tiene una identidad bonita, ligada al compromiso social, pero también al compromiso de trato entre técnicos, compañías, actores y artistas que pasan por aquí. Y ese espíritu que conocí y disfrute se estaba marchitando. Las causas son mil, pero a mí me parecía prioritario darle la vuelta.

Creo que estamos haciendo apuestas valientes dentro de la programación y que estamos apostando porque todas ellas estén al mismo nivel, sin ciclos u otro tipo de encapsulamientos

Me imagino que es algo muy relacionado con el derecho laboral, ¿no?

Estamos avanzando mucho en el convenio con los trabajadores, que está pendiente de renovación desde hace la tira de tiempo. Soy muy optimista.

¿Qué ha aprendido en estos dos años como director?

Soy una persona impulsiva y de sangre caliente. Lo que he aprendido es que hay que tener paciencia. Pero, al mismo tiempo, hay que ser un poco testarudo en lo que en lo que quieres ir a buscar. Cuando eres director te llegan opiniones de todo tipo: cómo se debería programar, cómo no, qué se debería hacer y qué no en el teatro público, etc. Hay que escuchar, pero al final hay que tener personalidad para lo que tú intuyes y crees que puede valer, para aquello que quieres perseguir.

¿Y qué está persiguiendo? 

Que el teatro sea un lugar de encuentro, aunque suene cursi. Creo que estamos haciendo apuestas valientes dentro de la programación y que estamos apostando porque todas ellas estén al mismo nivel, sin ciclos u otro tipo de encapsulamientos. Quiero que los públicos se mezclen, es algo lento, pero vas viendo pequeños avances. Decía Peter Brook, poniéndonos viejunos y cursis de nuevo, que el teatro es una forma de alegría. Bueno, pues eso, igual es eso.