Aliança Catalana está teniendo problemas para encontrar candidatos a las próximas elecciones municipales. La formación ultra había prometido que anunciaría el día de Sant Jordi a su cabeza de lista en Barcelona, una forma de dar empaque a la revelación de sus aspirantes en las elecciones municipales. Pero, una vez llegada la fecha, la formación únicamente ha hecho públicos los nombres de seis candidatos y, la mayoría de ellos de ciudades medianas, y con sonada ausencia de la capital catalana.

La formación xenófoba ya avanzó hace unos días que se veía obligada a posponer el gran anuncio, ya que la persona a la que había “encomendado” que fuera el candidato se habría retirado en el último momento. Desde el partido reiteraron su deseo de presentar candidatura por Barcelona y aseguraron además que se encontraba en conversaciones con diferentes personas que podrían encabezar la lista.

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, por el momento, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes. Para ello, está haciendo un esfuerzo por reunir nombres propios para encabezar las candidaturas y también personas dispuestas a aparecer en sus listas, una tarea que no siempre es fácil para un partido sin implantación territorial en muchas zonas de la geografía catalana.

Además, Aliança desea poder presentar por Barcelona a un candidato que sea una cara conocida para los votantes, lo que consideran que podría ser un golpe de efecto para el resto de candidaturas. En los últimos meses la formación se ha interesado por el exconseller de Economía de Junts, Jaume Giró, que rechazó la propuesta y, según publicó recientemente Nació, también por el expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien tampoco aceptó.

“Me costará de digerir, toda la vida he sido acusada y ahora soy acusadora”. La frase la pronunció Blanca Serra tras convertirse en la primera víctima que relató a la Fiscalía de Memoria Democrática las torturas que sufrió de manos de policías franquistas. Menos de un mes después de que la Fiscalía concluyera la investigación, esta histórica activista de la izquierda independentista catalana murió este viernes a los 82 años.

La juventud de Serra es un ejemplo de la violencia sufrida por ser mujer e independentista durante la supuestamente modélica Transición: junto a su hermana Eva, fue detenida en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente). Los agentes las arrestaron siempre en su casa. Estaban vigiladas.

Los policías torturaron Serra ya muerto el dictador en la misma comisaría conocida por la oposición al franquismo como 'la casa de los horrores'. Via Laietana 43, sede de persecución a los disidentes antes y después de 1975. A día de hoy, sigue albergando la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya pese a las reiteradas demandas de las víctimas para convertirlo en un espacio de memoria. Todos los Gobiernos de PP o PSOE se han negado a sacar a la Policía del edificio. Otra muestra de modélica Transición.

El archivo de la investigación por torturas resultó agridulce para Serra: por primera vez se investigaron las torturas, pero al final la Fiscalía no pudo identificar a sus autores. “No se reconstruye la estructura jerárquica de la represión ni se abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, lamentó Serra en un vídeo, su última aparición pública el pasado marzo.

Blanca Serra nació en Barcelona en 1943. Licenciada en filología clásica por la Universidad de Barcelona, trabajó como profesora de lengua española. Era hija del arqueólogo Josep de Calassanç Serra, y hermana de la historiadora y activista independentista Eva y de Josep de Calassanç Serra, uno de los fundadores de Terra Lliure.

Durante el franquismo, Serra militó en el Front Nacional de Catalunya y a finales de los años sesenta fue una de las fundadoras del Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), formación de visión marxista con bases de anarquismo. También fue miembro de la Assemblea de Catalunya.

En noviembre de 1975 tuvo que exiliarse en Francia y participó en el Congrés de Cultura Catalana en Perpiñán. Cuando regresó a España, fue detenida, acusada de haber colaborado con ETA y Terra Lliure y le aplicaron la ley antiterrorista, que amparaba detenciones largas e incomunicadas sin garantías legales.

Durante la Transición, tanto ella como su hermana Eva (fallecida en el 2018), fueron torturadas varias veces por la policía franquista, primero en la jefatura de Vía Laietana de Barcelona, y después en la Dirección General de Seguridad, en Madrid.

Toda su vida estuvo marcada por el activismo político en favor de la independencia de Catalunya y la lengua catalana: fue portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir que promovió las consultas independentistas en Catalunya desde 2006.

Posteriormente, formó parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y suscribió el polémico Manifest Koiné, documento firmado en 2016 por un grupo de filólogos, lingüistas y docentes que criticaban el bilingüismo en la sociedad catalana y abogaban porque el catalán fuera la única lengua oficial de una hipotética Catalunya independiente.

La investigación de la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, la primera del Ministerio Público que requirió documentos a la Policía y a los archivos, dio plena credibilidad a Serra, consideró demostradas las torturas, las calificó de crímenes contra la humanidad, pero pidió su archivo al no poder identificar a sus autores.

“Es un gran día para hacer memoria y recuperar un pasado que no se ha acabado”, declaró Serra el 19 de mayo de 2025 tras comparecer ante la fiscal delegada de Memoria Democrática en Barcelona, Sara Expósito. Pese a andar con la ayuda de un caminador, albergaba la certeza de que tenía que declarar ante la Fiscalía. “Los jóvenes tienen que conocer lo que pasó”, dijo, alertando del contexto global de ascenso de la extrema derecha. Conocer el pasado para que no se repita. Blanca Serra lo intentó toda su vida.

A Rocío Jurado se le rompió el amor, de tanto usarlo. Son cosas que pueden pasar. Y en esas está el sistema autonómico, una de las vigas maestras de lo que algunos llaman “régimen del 78” y otros consideran un arreglo pasablemente democrático que ha permitido a los españoles, por primera vez en siglos, vivir 50 años sin guerras ni dictaduras.

La fiebre nacionalista, en su variante de postureo, ha llegado incluso a Aragón. Me refiero a un postureo casi acrobático. Jorge Azcón, presidente del Partido Popular aragonés, presidente de la comunidad autónoma y candidato a la reelección, ha conseguido azuzar los instintos tribales por un lado y por otro.

Es capaz de prometer que, mientras él mande, no habrá ningún trasvase del Ebro, porque ese río es maño y de nadie más. Lo cual suena poco español. Pero también es capaz de rechazar el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, porque no está dispuesto a “pagar las deudas de los catalanes”. Y eso, a según quién, le sonará españolísimo y altamente patriótico.

A veces habla de “las deudas de los catalanes”. Y otras veces, de “las deudas de los independentistas catalanes”. Con lo que “catalanes” e “independentistas” se convierten en términos intercambiables. Desde el desastre de 2017, aquella brillante maniobra encabezada por Carles Puigdemont que concluyó en sentimiento de derrota para unos y para otros, lo de los “catalanes” da mucho juego electoral a la derecha española.

Mientras Aragón se dispone a acudir a las urnas, con la izquierda (supuestamente “vendida” a los catalanes en general) cruzando los dedos para que su derrota no alcance la condición de calamitosa, en Cataluña vuelven las manifestaciones de protesta por el funcionamiento de Rodalies, la red ferroviaria regional.

Cabe recordar que la primera manifestación masiva contra el desastre de Rodalies data de 2007, hace casi 20 años. La organizó la Plataforma por el Derecho a Decidir y abrió camino al independentismo. Casi 20 años ya, y Rodalies no ha hecho más que empeorar. Un año tras otro, las inversiones presupuestadas para adecentar la red se han quedado en el papel porque sólo se ha ejecutado una pequeña parte de las obras previstas.

El accidente mortal en Gelida, la paralización completa del tráfico ferroviario y su reanudación, parcial y deficiente (tan parcial y deficiente que no hay estómago para cobrar a los viajeros), sin perspectivas de mejora a la vista, demuestra que ciertos agravios largamente denunciados por los catalanes, sean independentistas, españolistas o mediopensionistas, tienen mucho fundamento.

Hay que ser usuario de Rodalies para comprender hasta qué punto el caos ferroviario complica la vida colectiva.

Y ahí estamos. Todos humillados y ofendidos, todos jugando la carta de la insolidaridad, todos abusando del tribalismo y la demagogia. Y todos tironeando, indiferentes a los problemas reales de los ciudadanos, de un sistema autonómico que nunca acabó de construirse (la inutilidad del Senado) y que, a este paso, tiene complicado sobrevivir como mecanismo funcional. ¿Alguien ha pensado qué pasará si llega a romperse? 

Un total de 30.000 personas, según los organizadores, y 8.000, según la Guardia Urbana, participaron este sábado por la mañana en la manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República para denunciar la situación de Cercanías. Bajo el lema Prou! Única via, Independència (¡Basta! Única vía, Independencia), la marcha ha arrancado a las 12.15h en el monumento de Rafael Casanova y ha culminado más de una hora después en la plaza Sant Jaume.

''Independencia', '1 de Octubre, ni olvido ni perdón' o “Urquinaona lo volveremos a hacer” son algunas de las consignas que se han escuchado durante la marcha, donde también se han quemado algunas banderas españolas. Esta es la primera de las dos manifestaciones que tendrán lugar este sábado por el caos en la red ferroviaria.

A las doce y cuarto del mediodía ha arrancado la manifestación. La marcha ha comenzado en el monumento a Rafael Casanova y la cabecera de la manifestación ha llegado a plaza Sant Jaume en torno a la una y media del mediodía, donde han tenido lugar los parlamentos finales.

El objetivo de la protesta era denunciar años de desinversión del Estado en la red de Rodalies y reivindicar que la única solución para resolver la crisis ferroviaria es la independencia. Durante la misma se han visto muchas banderas esteladas y se han escuchado gritos de “independencia”.

Otras consignas que se oyeron durante la protesta fueron “Si queréis ir a la hora, España fuera”, “Fuera España de Catalunya”, “1 de Octubre, ni olvido ni perdón” o el ya citado “Urquinaona lo volveremos a hacer”. Algunos de los manifestantes también llevaban carteles donde se podían leer mensajes como “Merecemos trenes de calidad”, “Hartos de Rodalies”' o “Depender de España mata”.

Uno de los puntos de tensión se produjo cuando la protesta pasó por delante de la comisaría de la Policía Nacional en Via Laietana, momento en el que se escucharon fuertes silbidos y los manifestantes estallaron con gritos de “Fuera las fuerzas de ocupación” y “La policía tortura y asesina”. Además, también ha quemado una bandera española muy cerca del edificio.

Esta movilzación es la primera de las dos manifestaciones que tendrán lugar este sábado en Barcelona para denunciar el caos en la red ferroviaria. La segunda protesta está convocada a las cinco de la tarde y la impulsan las plataformas de usuarios de tren. Precisamente, la ANC y el Consell han acusado a las plataformas de “contraprogramar” su marcha.

Llach pide “un adelanto electoral plebiscitario”

El presidente de Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha cerrado este sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona la manifestación reclamando a los partidos independentistas “que dejen de apoyar al PSC-PSOE y fuercen un adelanto electoral plebiscitario”.

En un ambiente de plaza llena, con muchas esteladas y gritos de “independencia”, Llach ha presentado el deterioro del servicio ferroviario como un problema estructural y ha situado la independencia como “la única solución” no solo para Rodalies, sino también para otros ámbitos como la sanidad, la educación o la vivienda.

Por su parte la CUP ha denunciado la gestión “incompetente” del Govern y le ha acusado de querer “tapar las vergüenzas del gobierno socialista del PSOE de Madrid”. “Nuestra apuesta es muy clara, confrontar con aquellos que han permitido que Catalunya se caiga a pedazos”, ha afirmado el diputado Dani Cornellà en una atención a los medios.

“Hoy es una jornada de lucha histórica donde toda la sociedad civil dirá lo suficiente y reivindicará que queremos unos servicios públicos que den respuesta a la gente trabajadora”, ha añadido el diputado, que ha vuelto a reclamar la dimisión de la consellera de Territori, Silvia Paneque.

ERC insiste en reclamar la dimisión de Óscar Puente

También ERC ha reivindicado la necesidad de reclamar un servicio de trenes “dignos y fiables”. Así lo ha exigido la vicesecretaria general de Món del Treball, Economia i Llengua del partido, Laura Pelay, en una atención a los medios antes del inicio de la protesta. La republicana ha se ha sumado a la CUP al pedir las dimisiones de la consellera de Territorio, Silvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

“Estamos hartos de ser rehenes cotidianos de un sistema fallido. No puede que cada día nos levantemos y que esto sea una ruleta rusa”, ha recriminado Pelay. Finalmente, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado al Govern a “reaccionar” ante el “clamor unánime” de las movilizaciones.

Turull ha dicho que espera que las marchas “tengan el impacto que deberían tener en cualquier gobierno”, pero ha lamentado que “la primera lógica” del ejecutivo sea “no molestar a Renfe ni Madrid”. Para terminar, tampoco él a desaprovechado para pedir el cese de Sílvia Paneque y Óscar Puente.

El año pasado Julio Manrique, ya como director del Teatre Lliure, inauguró la temporada con un clásico del repertorio del siglo XX, La Gavina, de Anton Chéjov. Este año ha decidido apostar por el autor que le proporciono uno de sus mayores éxitos, el inglés Jez Butterworth, uno de los grandes dramaturgos ingleses actuales. De este adapta su obra El barquer, que se trata sin duda de uno de los estrenos más esperados de la temporada barcelonesa.

En 2019, Manrique supo unir todo el complejo ardid teatral de Butterworth en Jerusalem, una obra en el que un soberbio Pere Arquillué interpretaba a un Falstaff contemporáneo que vivía en un bosque shakespereano, rodeado de jóvenes a los que facilitaba drogas… Tres horas de rave continua y buen teatro que supuso un gran éxito. Ahora, Manrique ha decidido abordar esta obra situada en un pueblo de Irlanda del Norte, un drama rural donde saldrán a flote las miserias y las tragedias de una sociedad que durante 30 años vivió y sufrió un terrible conflicto bélico. 

La obra está situada en 1981, los años de plomo en los que Margaret Thatcher está en el poder en Londres y el IRA lucha con todo, desde las acciones armadas hasta las grandes huelgas de hambre en las cárceles inglesas. Un cadáver aparece bien conservado en uno de los pantanos cercanos al pueblo. Es el día de la celebración de la cosecha y la familia Carney verá como aquel descubrimiento trastoca la jornada... 

Producción propia, 19 actores en escena, la sala grande, la Fabià Puigserver, obra de larga duración, más de tres horas. Es un gran montaje, ¿no?

Sí, es una producción excepcional, es una tirada de la moto muy importante. Es una obra extraordinariamente grande, un tipo de trabajo que claramente solo puede hacerse desde un teatro público. Pero lo estoy pasando muy bien pese a que hay que arremangarse muy fuerte porque hay muchas almas subidas a esta barca. Es bien bonito tener un elenco que va desde los 79 años que tiene Imma Colomer, hasta los ocho años que tiene Elena Salvat. Y eso ya convierte el proceso en algo emocionante de por sí.

Esencialmente, ¿sobre qué va la obra?

Sobre la tierra como fuente de vida y de conflicto. Toda la obra, excepto la escena del prólogo, transcurre en un día de finales de agosto en una granja en Irlanda del Norte, en una zona rural. Se celebra el día de la cosecha. Se celebra que la tierra da vida y nos alimenta. Pero la obra aborda un periodo en el que se vive un conflicto que también tiene su origen en la tierra, en el territorio. La tierra es también fuente de discrepancias, de violencia, de guerra y de destrucción.

Es bien bonito tener un elenco que va desde los 79 años que tiene Imma Colomer, hasta los ocho años que tiene Elena Salvat.

¿Y eso se refleja formalmente?

La obra empieza con un cadáver que se encuentra al fondo de un pantano con una bala en la cabeza. El cadáver de alguien que ha estado desaparecido durante diez años, algo que sucedió en el periodo de los troubles [el conflicto armado], cuando el IRA sospechaba que había gente que podían ser confidentes de la policía. Precisamente para representar ese pantano vamos a usar el suelo de la sala. La escenografía la he trabajado con Lluc Castells y hemos querido huir de una conformación escenográfica que volviese todo demasiado estático. Pero no te puedo contar más, tendrás que ir al estreno...

¿Qué destaca del texto?

Butterworth, cuando escribe, consigue algo muy difícil: poner muchos personajes en escena y lograr que todos pinten algo, que tengan una voz, que no haya figuración y todos sean una pieza importante dentro del relato, Y luego tiene la maestría de dejarlos hablar y que sean ellos los que construyan la obra; es muy hábil. Además, los personajes no están para dar lecciones o decir lo que el autor quiere, sino que los deja ser. 

¿Qué visión da el autor sobre el conflicto? 

La pareja de Butterworth, Laura Donnelly, que es actriz y de hecho estuvo en el reparto que estrenó la obra en el Royal Court en 2017, tiene raíces irlandesas y tuvo un tío que estuvo en el IRA y que forma parte de estos casos de los llamados “desaparecidos”. Fueron hasta 17. Y fueron aflorando después de los acuerdos de paz del 98 del Viernes Santo. Laura Donnelly le contó esta historia a Butterworth y es a partir de ahí desde donde construye. 

Los años del procés independentista fueron particularmente calientes y muy cargados emocionalmente y por ahí, creo, la obra resonará en el público

Es bien relevante ese punto de partida, pero un inglés tratando el tema del IRA desde la Irlanda rural. Se antoja una tarea nada fácil...

Es verdad, pero creo que se acerca con mucha sensibilidad y trata con muchísimo respeto el mundo del republicanismo irlandés. Y no está interesado en dar lecciones ni en decir lo que deberíamos pensar. La obra plantea la historia de alguien que ha estado en la lucha armada, en el IRA, que en un momento dado dice “ya no puedo más, estoy harto de sangre y de bombas”, y se aparta. Deja las armas e intenta montar otro tipo de patria, que es su familia, en el campo. Pero de una manera inevitable la violencia acaba llamando a la puerta otra vez. El autor acaba metiéndose hasta la médula en lo que supone el uso de la violencia para resolver las cosas.

La obra, que dirigía nada menos que Sam Mendes, fue bien recibida en su estreno en Londres, se llevó varios premios importantes, 4 Tonis, 2 Lawrence Oliver, y tuvo además buenas críticas. No levantó susceptibilidades.

Es curioso, ¿verdad? Porque si bien ahora la situación está pacificada, fueron 30 años de conflicto y murieron 3.700 personas. Hay muchas heridas abiertas. Es verdad que no hubo polémica, pero sí que me han contado que la gente salía muy conmocionada del teatro. Y es que esa fuerza de conmover, de llevar a la reflexión, sí que la tiene la obra. 

Los movimientos independentistas en el Estado Español durante los 80 y los 90, y también en el siglo XXI, se ha mirado mucho en todo lo que fue el proceso de paz irlandés. ¿Cómo cree que puede resonar esta obra en Catalunya?

Lo hará, indudablemente. Aunque el tema vasco y el catalán son bastante diferentes, la raíz del problema es la misma: a una parte de la gente que vive en estos territorios le gustaría independizarse del Estado al que pertenece. Pero el camino que se ha seguido es distinto. Quizá lo de Irlanda del Norte tiene algo más que ver con la historia de Euskadi y ETA. En Catalunya ha sido una cuestión más política y que ha tenido diferentes fases. Los años del procés independentista fueron particularmente calientes y muy cargados emocionalmente. Por ahí, creo, que resonará. 

El argumento de "las familias se rompen en Catalunya con el procés" se utilizó tanto y, en mi opinión, a veces tan demagógicamente por parte de algunas voces políticas, que se me atraganta la comparación

¿En qué sentido?

La obra de Butterworth sucede en el año 1981, año en el que los presos del IRA que están en cárceles inglesas llevan a cabo huelgas de hambre como manera de reivindicar el ser tratados como presos políticos. Pero Margaret Thatcher, primera ministra británica, les dice que de eso nada, que ellos son criminales. Ese asunto del estatus de preso político va a resonar aquí con fuerza. 

El enfrentamiento y el enconamiento con el otro también está bien presente en la obra. El autor muestra cómo los temas políticos pueden afectar de distinta forma a miembros de una misma familia...

Por supuesto que la política se mete dentro de las familias. Y es verdad que eso está en la obra. Pero soy prudente porque el argumento de “las familias se rompen en Catalunya” se utilizó tanto, y en mi opinión, a veces tan demagógicamente, por parte de algunas voces políticas, que se me atraganta la comparación. Recuerdo con demasiada nitidez a Albert Rivera, Inés Arrimadas y a miembros del partido Ciudadanos haciendo bandera de eso y llevando fotos lacrimógenas a los debates televisivos. 

La música, leyendo el texto, está omnipresente todo el rato, algo tampoco nada de extrañar en una sociedad como la irlandesa, ¿cómo la habéis trabajado?

Butterworth es muy musiquero. Además, es autor de acotaciones largas donde describe con detalle y propone que ahí y allí suene tal o tal música. Le he seguido en unas y en otras no. Estará Bowie, los Stones… Y por supuesto, los Undertones, grupo fundamental de Derry, del que todavía sigues viendo en Irlanda del Norte murales en las calles. Luego nosotros también nos hemos dado algún capricho como incorporar a The Pogues. Y también habrá canciones cantadas en vivo. Carles Pedragosa ha encontrado unos cantos en gaélico de Irlanda que se llaman “Lamentos”, melodías muy sencillas pero muy emotivas, superbonitas.

Desde que estoy en la dirección del Lliure, estamos avanzando mucho en el convenio con los trabajadores, que está pendiente de renovación desde hace la tira de tiempo

Marta Marco, Roger Casamajor, Ernest Villegas, Mima Riera, Anna Güell, Marc Soler ¿cómo ha sido un poco la elección del reparto? 

Algunos los llamé directamente para proponerles el papel y luego ha habido procesos de casting largo, hemos visto mogollón de gente para el montón de personajes jóvenes que hay en la obra. Y otros fueron apuestas después de darle muchas vueltas. Me como mucho el tarro con los repartos. Roger Casamajor fue una corazonada, por ejemplo, nunca había trabajado con él. 

Pues Casamajor es Quinn Carney…

Sí, el protagonista. Lo había visto trabajar en teatro muchas veces y luego vi la serie La Mesías y flipé con su interpretación. Luego le oí hablar diciendo que para él había sido un punto de inflexión el hacer la serie, que algo se le abrió como actor y pensé: que yo tenía esa misma sensación. Releyendo la obra me di cuenta de que Carney era él, porque es de Andorra, de montaña, tiene poco de urbanita.

En octubre de 2023, fue nombrado director del Teatre Lliure. ¿De qué está más contento de sus dos años como director del Lliure?

Son muchas cosas, pero si hay que decir una diría que de haber abordado el tema de la gente que trabaja en la casa. Soy una persona cercana al Lliure, he trabajado bastante aquí, tanto como director y como actor. Y sentía que era necesario cambiar el ambiente de dentro. El Lliure tiene una identidad bonita, ligada al compromiso social, pero también al compromiso de trato entre técnicos, compañías, actores y artistas que pasan por aquí. Y ese espíritu que conocí y disfrute se estaba marchitando. Las causas son mil, pero a mí me parecía prioritario darle la vuelta.

Creo que estamos haciendo apuestas valientes dentro de la programación y que estamos apostando porque todas ellas estén al mismo nivel, sin ciclos u otro tipo de encapsulamientos

Me imagino que es algo muy relacionado con el derecho laboral, ¿no?

Estamos avanzando mucho en el convenio con los trabajadores, que está pendiente de renovación desde hace la tira de tiempo. Soy muy optimista.

¿Qué ha aprendido en estos dos años como director?

Soy una persona impulsiva y de sangre caliente. Lo que he aprendido es que hay que tener paciencia. Pero, al mismo tiempo, hay que ser un poco testarudo en lo que en lo que quieres ir a buscar. Cuando eres director te llegan opiniones de todo tipo: cómo se debería programar, cómo no, qué se debería hacer y qué no en el teatro público, etc. Hay que escuchar, pero al final hay que tener personalidad para lo que tú intuyes y crees que puede valer, para aquello que quieres perseguir.

¿Y qué está persiguiendo? 

Que el teatro sea un lugar de encuentro, aunque suene cursi. Creo que estamos haciendo apuestas valientes dentro de la programación y que estamos apostando porque todas ellas estén al mismo nivel, sin ciclos u otro tipo de encapsulamientos. Quiero que los públicos se mezclen, es algo lento, pero vas viendo pequeños avances. Decía Peter Brook, poniéndonos viejunos y cursis de nuevo, que el teatro es una forma de alegría. Bueno, pues eso, igual es eso.

El pasado miércoles era un día importante para Junts. Debían responder al guiño lanzado por Pedro Sánchez en Rac1 y 2Cat, que les invitaba a rehacer la relación con el Gobierno. Míriam Nogueras compareció ante los medios en la sede de Barcelona para explicar que, para ellos, nada había cambiado. Pero el hecho de que saliera sola y de que casi monopolizara la deseada cuota de pantalla que tuvo la formación ese día generó comentarios entre los periodistas que siguen habitualmente al partido.

Desde el partido consideran lógico que la líder en el Congreso dé la respuesta a Sánchez y aseguran que en la puesta en escena no caben interpretaciones políticas. Pero lo que nadie puede negar es que el runrún existe y que algunas de las decisiones de la cúpula de Junts parecen pensadas para hacer de Nogueras una posible candidata en Catalunya.

“Ha ganado experiencia en Madrid, conecta con el voto convergente tradicional pero también con el indepe de nueva hornada y, sobre todo, es un perfil que puede parecer idóneo para confrontar a Sílvia Orriols”, razona un experto en comunicación electoral que en su día trabajó para el partido.

Nogueras, una diputada que llegó protegida por Jordi Turull pero que ha crecido hasta tener una órbita propia, es uno de los nombres que comienzan a sonar como posible relevo generacional en Junts, aunque no el único. Y la novedad en el espacio posconvergente es justo esa: tras 10 años de mando absoluto de Puigdemont, en los últimos meses se ha comenzado a abrir un debate sobre su sucesión.

El 'puigdemontisme' se repliega

“Hay quien está queriendo enterrar al president [Puigdemont] antes de tiempo”, aseguró un dirigente de Junts sobre el clima interno de su propio partido en un encuentro con varios diputados de otras formaciones hace unas semanas. Una afirmación que resalta que, si bien las quinielas se han abierto, también hay personas de gran ascendente que mantienen intacto su apoyo a Puigdemont. “No es momento de experimentos”, sentenciaba este dirigente.

Según las fuentes consultadas por este diario, no existe ahora ninguna corriente relevante dentro de Junts que desee plantear un relevo forzado de Puigdemont, ni mucho menos cuestionar abiertamente su papel, más allá de voces minoritarias y muy localizadas. Pero sí se ha extendido la idea de que es hora de pensar en el día de mañana.

El regreso del líder a Catalunya siempre se había imaginado como un hito que podría relanzar el partido pero, tras la extraña visita exprés que hizo en verano de 2024, esas expectativas han bajado. Que el expresident pueda volver a Catalunya amnistiado es un deseo extendido en el independentismo, pero ya pocos confían en que acabe siendo un punto de inflexión electoral.

También hay algo parecido a un consenso, al menos de puertas para afuera, en que si Puigdemont desease volver a concurrir a unas elecciones, una vez amnistiado, nadie podría oponerse. El “president del 1-O” aún cuenta con un aura de legitimidad entre los suyos que nadie se atrevería a discutir.

Pero, llegado ese escenario electoral, sería muy determinante la elección de sus acompañantes en las listas, porque podría marcar el futuro de Junts. Sin olvidar que, si los resultados no fuesen los deseados en su último embate ante las urnas, la carrera sucesoria caería por su propio peso.

Las municipales, momento crítico

La actual coyuntura de Junts es complicada. El partido ha perdido poder institucional a marchas forzadas, hasta el punto de que solo cuenta hoy con una alcaldía en una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, y otras seis en localidades de más de 25.000 habitantes. Pero el gran peligro al que se enfrentan ahora es otro. Aliança Catalana, que no para de crecer en las encuestas, es muy eficaz robándole electorado.

“En las municipales sufrirán mucho”, pronostica un consultor político que trabajó en el Govern codo con codo con Junts. “Por eso una de sus cartas, que creo que les condiciona más de lo que parece, sería tratar de forzar unas elecciones generales antes de las locales. En el Congreso les podría ir bien y llegarían con impulso a las elecciones más difíciles, que son las municipales”, despliega.

En esa clave electoral piensan también los alcaldes y alcaldables de Junts. Desde el pasado verano, varios ediles se han mostrado muy inquietos por la deriva del partido y, aunque la sangre nunca ha llegado al río y cada conato de revuelta ha sido aplacado por la dirección, la desazón de los cargos que mantienen los feudos del partido generan un clima de opinión poco favorable a Puigdemont.

Pero, además, la propia cúpula del partido ha echado gasolina sobre la hipótesis electoral. Hace dos semanas el presidente del grupo parlamentario de Junts en el Parlament, Albert Batet, abandonaba esta responsabilidad para centrarse en un cargo de nueva creación dentro de Junts, la de adjunto a la presidencia, y también director de las campañas electorales que estarían por venir.

Batet, hombre que mantiene una obediencia inquebrantable a Puigdemont, ascendía en el partido y, de paso, ocupaba una plaza que venía a subrayar que Junts quiere estar preparado para el ciclo electoral. Su relevo es Mònica Sales, quien viene de ser su número dos y también una cara cada vez más conocida por la demarcación de Tarragona. Como portavoz del grupo colocaron a Salvador Vergés, en este caso un hombre de las comarcas de Girona y que también ha ganado relevancia en esta legislatura.

Como Nogueras en el Congreso, los dos nuevos perfiles con visibilidad en el Parlament son figuras emergentes en Junts. Y, además, están territorialmente repartidos: una de Barcelona, otra de Tarragona, un tercero de Girona. Los tres bien posicionados si hubiera que confeccionar de imprevisto una papeleta electoral.

Lejos quedan las imágenes aéreas de aquella inmensa cadena humana de 400 kilómetros que se extendió el 11 de septiembre de 2013, la Vía Catalana hacia la independencia. Más allá de la opinión de cada cual, fue un éxito mediático y organizativo. Medios internacionales como The New York Times o Le Monde se hicieron eco. En plena crisis financiera, surgió en Catalunya el movimiento de masas más persistente de aquellos años. El apoyo a la independencia en las encuestas se situaba alrededor del 50%. En los centros de poder de Madrid se respiraba miedo y en los pasillos de Bruselas, inquietud. La derecha –y buena parte de la población en España y en Catalunya– identificó la amenaza como real.

En 2025, a pesar de haber perdido la mayoría parlamentaria y el Govern, el independentismo sigue siendo un hecho social y político incontrovertible en Catalunya. En España, la gobernabilidad ha dependido de él. También cualquier posibilidad de mantener a la extrema derecha alejada del Consejo de ministros. Por eso, la ruptura anunciada por Junts hace tres semanas y su tono virulento –Míriam Nogueras calificó a Pedro Sánchez de “cínico” e “hipócrita”– deberían ser motivo de preocupación. No tanto por el gesto en sí, sino por lo que revela. Dividido, fatigado y amnistiado tras años de represión, el movimiento ha visto emerger una amenaza en su propio interior: Aliança Catalana. La última encuesta del CEO lo certifica: la formación de Silvia Orriols apunta a la tercera posición, superando a los de Carles Puigdemont. 

El independentismo, evolución histórica del catalanismo, ha sido un movimiento de clases medias y populares, radicalizadas por la crisis del 2008 y el fracaso político del Estatut. Durante buena parte del siglo XX, se forjaron en la lucha democrática contra el franquismo. Pero la Catalunya de 2025 ya no es la de 2013. Hoy, un nuevo partido independentista resume su programa en defender “la raza catalana” frente a una supuesta sustitución migratoria promovida por el Estado español. ¿Qué ha pasado para que la revolución dels somriures, que contaba con la independencia como horizonte utópico, haya visto surgir a un partido islamófobo de sus entrañas, cuya apuesta es deportar a cientos de miles de catalanes?

Catalunya ha atravesado una auténtica policrisis que ha convertido la desconfianza en la emoción dominante. El procés no solo fracasó en su objetivo, sino que generó una sensación de engaño, desgaste y distancia entre la dirigencia y las bases. Aliança vive, en primer lugar, de esa crisis de representación. Pero la desconfianza también responde a causas económicas. Con las heridas de la crisis de 2008 aún abiertas y un peso económico menguante respecto a Madrid, la crisis de la Covid-19 agravó la situación. Su impacto se sintió en los hogares: cierre de negocios, encarecimiento de la vida y precariedad. A pesar de que la macroeconomía muestre señales de recuperación, la ciudadanía no vive esa mejoría. El día a día pesa más que cualquier indicador. El precio de la vivienda sigue desbocado, los salarios no acompañan y los servicios públicos están tensionados. La sensación general es de decadencia. 

La pandemia trajo consigo una crisis de la salud mental. Las depresiones y la ansiedad fueron una constante. Durante el confinamiento, el uso masivo de las redes favoreció un repunte del pensamiento conspirativo. Otra vez, la desconfianza, ahora dirigida hacia la ciencia, la medicina o la universidad. Una encuesta reciente del CEO advertía de que esos discursos están arraigados en un tercio de la población catalana, especialmente entre los votantes de Aliança Catalana y Vox.

A este cóctel explosivo, se le suma un cambio demográfico acelerado. Entre 2016 y 2025, la población nacida fuera de España creció un 57%. Los inmigrantes han sido decisivos a la hora de sostener el mercado de trabajo. Hoy, un 23,8% de la población es migrante, con importantes variantes territoriales. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población (EULP), a pesar de que el número total de hablantes de catalán aumenta, solo el 32,6% lo utiliza en exclusiva de forma habitual.

El geógrafo Christophe Guilluy describió la ruptura entre las grandes ciudades, donde se concentran la riqueza, los empleos y las oportunidades, y las periferias, donde la decadencia se instala y la sensación de minorización cultural es mayor. Ahí es donde han arraigado las fuerzas nacionalpopulistas en Europa, y Catalunya no es una excepción. Sin pulso ni fuerza para enfrentarse al “Estado español”, esa desconfianza se ha proyectado hacia el catalán más débil o el recién llegado. La antigua clase media en crisis, defraudada con el sistema y que ve amenazada su identidad, se reagrupa alrededor del agravio y el miedo. No es casualidad que la fuerza de AC se asiente en las comarcas de Girona o la Plana de Lleida.

Aliança Catalana es una amenaza en un doble sentido. En primer lugar, para la supervivencia de la propia nación catalana. Si Catalunya ha sobrevivido históricamente como nación ha sido gracias a la sorprendente voluntad de seguir siendo un pueblo con su lengua, su cultura y sus instituciones, pero sobre todo a su capacidad de integrar a los nouvinguts. La integración ha sido el nervio del país: sin ella, no hay futuro posible. Las propuestas de AC provocarían una caída del número de hablantes de catalán, un colapso del tejido socioeconómico y un fuerte empobrecimiento cultural. Esa Catalunya imaginada, aislada y encerrada sobre sí misma, no solamente exigiría fuertes dosis de autoritarismo y violencia para intentar llevarse a cabo, sino que, además, iría contra su propio objetivo declarado.

En segundo lugar, el partido de Silvia Orriols es una amenaza para la posibilidad de mantener a raya a la extrema derecha española. Su declaración de no participar en la gobernabilidad del Estado puede arrastrar al conjunto del independentismo y del catalanismo y llevar al país a un bloqueo permanente. El avance de la desconfianza hacia cualquier solución dialogada solo mejorará las opciones de Santiago Abascal de llegar a la Moncloa.

La única manera de combatir al nacionalpopulismo es reconstruir la confianza entre España y Catalunya, y dentro de la sociedad catalana. Por un lado, el Gobierno de coalición progresista debe asumir que necesita a Catalunya y que hacen falta pasos firmes. Es imprescindible reformar el sistema de financiación, cumpliendo los compromisos de singularidad, ordinalidad y responsabilidad. Por otro, queda la tarea más compleja: hacer posible un nuevo acuerdo que devuelva la legitimidad y el horizonte compartido. Catalunya sigue rigiéndose por un Estatut recortado por el Tribunal Constitucional.

Por último, el independentismo y el catalanismo deben ser capaces de articular mayorías amplias para resolver los inmensos retos de país. En la semana de arranque del juicio al expresident Pujol es como si se cerrase una época y otra intentase abrirse. En esta última, los catalanes y catalanas deberán responder a una pregunta fundamental: ¿quién forma para del “nosotros”? ¿Volveremos a ser aquella comunidad en la que catalán es “quien vive en Catalunya y lo quiere ser”? 

El 7 de julio de 2010 cambió la historia de Catalunya y la de una familia: los Pujol. Pero ese día casi nadie lo sabía. Casi nadie a excepción del entonces jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, que fue quien le encargó a la que era líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que invitase a comer a María Victoria Álvarez, Vicky, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, conocido como ‘Junior’.

El micro colocado en un jarrón por un investigador de la agencia de detectives Método 3 grabó la conversación en la que Álvarez le relató a la dirigente popular como el primogénito de los Pujol movía bolsas de basura llenas de billetes entre España y Andorra. Todavía hoy no se sabe quién contrató a Método 3 aunque Álvarez y algunos trabajadores de la agencia señalaron al ahora diputado del PSC José Zaragoza, algo que él siempre ha negado, también en sede judicial. Es un episodio que parece tan enrevesado como fue, aunque nada comparado con los capítulos posteriores.

Ese material no vio la luz hasta pasados cinco años. También después apareció otra grabación, fechada en noviembre de 2012, en la que Sánchez-Camacho le daba una serie de nombres al excomisario Villarejo, entre ellos el de Artur Mas, el de otro de los hijos de Pujol, Oriol, o los empresarios Sumarroca, para que fuesen investigados por la mal llamada ‘policía patriótica’ del PP. Fue Villarejo quien ese mismo mes acompañó a Vicky a presentar una denuncia ante la UDEF y fue también el excomisario quien, con un nombre falso, se entrevistó con el empresario caído en desgracia Javier de la Rosa, para obtener información sobre los Pujol. El tercer elemento y muy decisivo para lograr sentar a esta familia en el banquillo fueron las presiones que se ejercieron a los hermanos Cierco, propietarios de la Banca Privada d’Andorra, en 2014, con el procés ya en marcha, y que una jueza del país vecino investiga pese a que los tribunales españoles siempre han optado por mirar a otro lado. 

Fueron unas presiones que fructificaron, puesto que ‘El Mundo’ publicó el 7 de julio de ese año movimientos bancarios de los Pujol en cuentas andorranas. A diferencia de la famosa cuenta de Xavier Trias, que era falsa, en esta piscina sí había agua. Y mucha. Sin esa portada, Pujol nunca hubiese confesado. Lo hizo 20 días después, atribuyendo un dinero que después se multiplicaría de manera prodigiosa, a un legado de su padre. Por ejemplo, según se supo a través de registros posteriores, en el año 2000, en una cuenta titularidad del expresident, se ingresaron en efectivo 307 millones de pesetas que no se declararon. Hacienda calculó que el fraude fiscal del fundador de Convergència ascendía a 885.651 euros, pero ya estaba prescrito.

Pujol pensaba que si él se inmolaba salvaría a la prole, esa de la que siempre se había sospechado por sus negocios a la sombra del padre. La primera cuenta andorrana la abrieron en 1990 y a partir de entonces se fue moviendo dinero de una cuenta a otra. No hubo ni hay prueba alguna de que el origen de esa fortuna escondida en Andorra fuese de la ‘deixa’ del abuelo Florenci. 

“Pero, ¿de qué herencia hablas, Jordi?”, explican que soltó María Pujol, su hermana, al ver por la televisión la confesión del expresident. Ese 25 de julio de 2014 era la primera vez que María oía hablar de un legado de su padre en Andorra.

El expresident fue obligado a renunciar a sus privilegios institucionales y condenado al ostracismo incluso en Convergència, el partido que fundó. Pero su cortafuegos no funcionó y quien primero lo comprobó fue el primogénito, un tipo dado a la ostentación y que no cuenta con la humildad entre sus virtudes. Los negocios de ‘Junior’ hacía décadas que eran la comidilla en los círculos empresariales catalanes. Se le atribuye “la dirección operativa de la captación y distribución de los fondos” que operaban a través de sociedades opacas y cuyos beneficios después repartía entre sus hermanos. 

Él y su mujer actuaban como una “unidad de caja”, según consta en el sumario. Que la influencia del apellido le sirvió para hacer negocios es más que evidente. Igual que a su madre, la fallecida Marta Ferrusola, propietaria de una empresa de jardinería y que se autodenominaba la “madre superiora de la congregación”, según consta en una anotación. O a otros hermanos, que, a través de sus consultorías, también accedieron a contratos de la Generalitat. Lo que a fecha de hoy no se ha podido aún relacionar es un pago concreto de una empresa que tras lograr un contrato público entregase un dinero que acabase en alguna de las cuentas en el extranjero de los Pujol. Ahí está la clave de este caso, demostrar que los indicios, por creíbles que sean, son pruebas suficientes para condenar al clan y a su patriarca, que en estos más de 11 años ha recorrido el camino del castigo público a la rehabilitación política. La imagen definitiva y más celebrada por la familia fue la recepción a Pujol en el Palau de la Generalitat por parte del president, Salvador Illa, en septiembre del año pasado. 

La deshonra del expresident, el hombre que lo fue todo en Catalunya, arrastró a su partido, ya lastrado en ese momento por unos recortes sociales a los que intentaba dar la vuelta envolviéndose en la bandera y con argumentos que aún son actuales como el déficit fiscal y el de infraestructuras. Artur Mas tuvo que deshacerse del padre político y con él, de sus siglas, Convergència, una decisión que todavía hoy hay quien ahí dentro considera que fue un error. El partido de orden se sumó al desorden y el propio Mas acabó apeado, en 2016, tras la votación más famosa de las bases de la CUP. El argumento de los cupaires fue que de esta manera se superaban el pujolismo y los recortes.

Convergència ya había empezado a transmutar en sopas de siglas diferentes. En 2015 rompió el matrimonio electoral con Unió y se integró en una coalición, Junts pel Sí, junto a ERC y representantes de la ANC y Òmnium Cultural. Un año después se enterró definitivamente la marca fundada por Pujol y se la rebautizó como el PDeCAT. El invento no funcionó, entre otros motivos porque se le imputó por la causa del 3%, sobre la presunta corrupción de CDC que se investiga desde hace más de una década. Así, en julio del 2020, aparecen las nuevas siglas: Junts per Catalunya. Pero más allá de las sucesivas marcas, si el procés aceleró y descarriló, fue de su mano (no solo de la suya) y provocó el desconcierto de una parte de su electorado que ahora quiere pasarle cuentas votando a Aliança Catalana.

Lo que vaticinan las encuestas es que al menos uno de cada cinco votantes de Junts en las últimas elecciones estaría ya dispuesto a depositar en las urnas la papeleta azul oscuro de Aliança. Si el electorado de Convergència era el más fiel en las autonómicas, el de Junts es el más infiel. Así lo constata el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que publicó este lunes un barómetro que en los cuarteles del partido de Puigdemont se esperaba con temor: los de Sílvia Orriols atraparían hoy a Junts, con una estimación ambas formaciones de 19-20 escaños, y la alcaldesa de Ripoll obtendría mayores tasas de aprobación que el expresident.

El auge de Aliança, que en provincias como Lleida o Girona se situaría como primera fuerza, bebe principalmente de ese trasvase de Junts, al que pegaría un bocado del 20% de sus electores. “Las dudas sobre el papel de Junts y su orientación política favorecen ahora a su principal adversario”, advierte Juan Rodríguez Teruel, director del CEO, en referencia por ejemplo a la ruptura anunciada por Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Con todo, el crecimiento de Aliança supera al universo de Junts, y avanza también a costa de transferencias de voto de partidos como ERC o Vox. No debería sorprender entonces los grados de simpatía que expresan los votantes de Orriols hacia otros partidos: solo aprueban a uno, el partido de Santiago Abascal (5,2), y suspenden a los demás. El director del CEO apunta incluso a la aparición en un futuro de un voto dual de derecha radical que opte por Vox en las generales y por Aliança, en Catalunya.

A ambas formaciones las une su principal preocupación, el rechazo a la inmigración, pero también otros factores: su rotundo rechazo a los gobiernos español y catalán, o la nostalgia del pasado y de pérdida de valores tradicionales. Tres elementos que ayudan a entender los agasajos recientes de la derecha política y mediática a la alcaldesa de Ripoll. 

Pujol, a diferencia de su hijo Oriol, el primero en pisar la cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en el llamado ‘caso ITV’, nunca tuvo la independencia entre sus objetivos aunque, a medida que avanzó el procés, afirmó que no tenía “alternativa” a un movimiento que, en sus propias palabras, actuaba como “placas tectónicas en movimiento”. Lo que ni el expresident ni sus sucesores supieron calcular es que ese desplazamiento se los llevarían a él y a su partido por delante.

El archipiélago de Nueva Caledonia, en el Pacífico sur, explotó el año pasado en unas revueltas populares duramente reprimidas en las que murieron 14 personas, tras más de tres décadas de relativa calma social. Con un estatus particular dentro de Francia, que incluye una alambicada vía pautada para la independencia, el intento unilateral de París de alterar el censo electoral para incluir a la población de origen francés —más allá de los nativos canacos— encendió la ira de la nueva generación de independentistas, lastrada también por las malas perspectivas económicas.

Los disturbios llevaron a prisión preventiva en la Francia metropolitana a Christian Tein, presidente de la principal formación independentista, el Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista (FLNKS). Liberado tras un año, pero todavía pendiente de juicio, Tein asegura que su detención tuvo motivación política y niega cualquier papel organizador de la revuelta. También insiste en que la vía a la independencia es irreversible, aunque Francia quiera mantener el dominio sobre una región de creciente importancia geopolítica y fuente de materias primas como el níquel.

El Gobierno francés negoció este verano un acuerdo con las formaciones del archipiélago del que el FLNKS se descolgó, entre acusaciones de falta de honestidad negociadora, y a finales de octubre el Parlamento galo aprobó el retraso de las elecciones en el territorio a 2026, también en contra de la voluntad de la mayoría de independentistas, recelosos de que se certifique la extensión del censo. Tein, que ha estado de gira europea en busca de apoyos para la causa, protesta por la actitud de Emmanuel Macron y los sucesivos gobiernos franceses. A Madrid llegó para intervenir en el Congreso, invitado por EH Bildu.

¿Por qué rechazan el cambio en el censo y el adelanto electoral?

El asunto del censo electoral ha derramado mucha sangre, infelicidad y dificultades en nuestro país. Por desgracia, el Estado francés siempre nos ha impuesto un censo colonial. En múltiples ocasiones hemos intentado hacer comprender al Gobierno francés que no queremos desaparecer como pueblo. Quizás seamos un pueblo pequeño, pero tenemos nuestra historia, nuestra civilización. Con los dos acuerdos con el Gobierno francés, encontramos la forma de ir hacia algo mejor [en referencia a los acuerdos de paz de Matignon (1988) y el de Numea (1998), que previeron tres referéndums de independencia. Los dos primeros arrojaron un resultado contrario, pero el tercero, celebrado en 2021, fue boicoteado por los independentistas, que querían esperar al fin de la pandemia de COVID-19].

Con un censo electoral definitivo para definir el futuro del país. Pero a medida que hemos ido avanzando hacia el final de ese proceso, nos hemos ido dando cuenta que el Gobierno francés lo que cedía con una mano lo quitaba con la otra.

Francia no sabe descolonizar, no tiene palabra, especialmente el Gobierno actual. [Ahora] estamos en un proceso a marchas forzadas en el que el Estado francés ha hecho trampas, con un calendario letal que no lleva a la tranquilidad, que no pacifica y causa tensión en la población. Estamos preocupados, porque el año pasado vivimos sucesos difíciles, y no queremos que vuelvan a empezar.

¿Podrían repetirse los disturbios?

El proceso al que nos lleva el Estado francés nos va a conducir a dificultades, desgraciadamente. En el pueblo canaco todo el mundo está politizado, todos son militantes. Si sienten que su historia está en peligro, se levantarán, necesariamente.

¿Proponen un nuevo referéndum?

Ha habido tres. En los dos primeros se vio el apoyo creciente al independentismo. El tercero fue impuesto por la fuerza por el señor [Sébastien] Lecornu [entonces ministro de Ultramar, hoy primer ministro].

¿No se fían de él?

No nos tranquilizan ni él, ni su jefe, Emmanuel Macron, ni el señor [Gérald] Darmanin [antiguo Ministro de Interior, hoy de Justicia]. Todos ellos decidieron que el asunto de Nueva Caledonia se tratase en el seno de la República. Eso es lo que figura en el inmundo acuerdo de Bougival [de julio], en el que no queremos participar.

En el pueblo canaco todo el mundo está politizado, todos son militantes. Si sienten que su historia está en peligro, se levantarán, necesariamente

¿Qué pasó ahí? Las informaciones de la prensa francesa señalaron entonces que ustedes se habían sumado inicialmente, pero que después se retiraron.

El FLNKS envió una delegación, pero su misión era que, al terminar, regresasen para examinar los cambios planteados y cómo se trataban los elementos de la soberanía. Pero el Estado presionó para sacarnos por la fuerza del marco de Numea. Lo que era un proyecto de acuerdo que después se debía someter a las bases, el Estado, de forma absurda, lo consideró como un acuerdo pleno y puso en marcha toda su maquinaria. No fueron unas discusiones leales y honestas, y lo rechazamos. También influyó el sesgo del exministro de Ultramar, Manuel Valls.

La relación con él tampoco es buena.

Me acusó de mentir, dijo que había estado en Bougival. Sí, pero nunca acepté que se firmara ese acuerdo. Y eso que en una primera etapa [de las negociaciones] sí estuvimos dentro. Tampoco era nuevo, incluía la idea del Estado libre asociado que ya se contemplaba en 1985. Pero solo era una base desde la que discutir. Decidió escuchar simplemente a los antindependentistas, y las correas de transmisión del Estado se limitaron a esa única vía. Pero el FLNKS es el que representa las reivindicaciones del pueblo canaco.

La cuestión del censo es la más importante para ustedes. Temen que los residentes no originarios los acaben superando en número.

El censo se cerró en su día con la idea de que no se alterase. Pero ahora el Estado francés dice que se acabó, que ya se votaron los referéndums y que ahora se vuelve a discutir todo desde el principio. El censo es el elemento central [...] Aunque vemos que subyacen cuestiones geopolíticas del Pacífico, entre el Estado francés, los chinos, los estadounidenses.

Nueva Caledonia es rica en níquel. China es una potencia muy fuerte hoy en día, ¿les parece que representa un peligro? Es complicado manejarse entre las potencias.

Los chinos llevan prácticamente 30 años comprando el mineral bruto. Y nunca han colonizado. Tienen acuerdos con Vanuatu o con las Islas Salomón, de acuerdo, pero nunca han colonizado la Melanesia. Y además, los precios que ofrecen son mucho más interesantes que los de otros, como los australianos. También están los estadounidenses...

El comercio de mercancías por el Pacífico va a ser una cuestión de interés geopolítico. Y vemos que lo que está detrás del plan Bougival de Francia es el níquel, y así lo va diciendo Macron a los países de Europa, que Francia tiene recursos ahí. Pero la competencia sobre el desarrollo económico es de Nueva Caledonia.

Los chinos llevan prácticamente 30 años comprando el mineral bruto. Y nunca han colonizado

¿La presión para cambiar el statu quo se debe a esto, entonces?

[Macron] quiere construir una gran fábrica de tratamiento de níquel en Burdeos. Forma parte de una estrategia amplia, vistas las dificultades por las que atraviesa Francia con los países africanos y otros de donde extraía recursos. No queremos ser nosotros los que paguemos el costo de la pérdida de terreno de Francia en la geopolítica internacional. También hay gas, petróleo y todos los bancos atuneros, de los que se nutren Japón y muchos otros países.

Nueva Caledonia es muy estratégica. Y desestabilizarla, cuando es el país que más cerca está de la independencia, sirve para decirle a otras comunidades en vías de descolonización, como la Polinesia, las Antillas (Guadalupe, Martinica) o Reunión, que no vale la pena seguir avanzando en ese sentido.

Volviendo a 2024, ¿qué fue lo que causó que la situación se desbordase? Usted mismo sigue encausado por aquellos hechos.

La gota que colmó el vaso fue, de nuevo, el asunto del censo electoral [que Macron propuso descongelar con una reforma constitucional en enero de ese año]. Todo el proceso ha buscado la desestabilización. Pero a nosotros no nos interesaba que sucediese lo que sucedió. En todas las movilizaciones que llevamos a cabo durante casi dos años, jamás le dijimos a la gente que había que llevar el país al precipicio.

A todos los jueces les he dicho —en el primer interrogatorio, de 14 horas, y en el segundo, que fueron prácticamente seis— que soy un preso político, que lucho por la dignidad de mi pueblo, pero con respeto. Jamás tendría la idea de que habría que quitarle la vida a alguien o dañar los bienes económicos y sociales de mi país. Y los jueces de París vieron el sumario con distintos ojos que los de Nueva Caledonia. Los cargos que se me achacaban eran muy duros. Homicidio, tentativa de homicidio, asociación ilícita... En condiciones normales, con esas acusaciones, nunca me habrían soltado. [Tein fue puesto en libertad condicional en mayo, pero hasta octubre no recibió el permiso para regresar a Nueva Caledonia].

Era la primera vez que estaba en la Francia metropolitana.

Me había prometido que solo iría Francia cuando mi país fuese independiente, pero el señor Darmanin decidió que mejor fuese cuanto antes y esposado. He dado una vuelta por Francia y me he encontrado con gente agradable. También me reuní con gente del Frente Nacional [antiguo nombre del partido de la ultraderechista Marine Le Pen].

¿De verdad?

Sí. Les dije a sus parlamentarios si les parecía normal que, cuando ellos no quieren inmigración, se les permita a ellos emigrar a nuestro hogar. Y me dijeron: “Pues tienes razón”. Se da la paradoja de que vamos a necesitar a sus diputados para detener la maquinaria de Bougival.

De nada sirve ir a la carrera, se van a reproducir los mismos esquemas que llevaron a [los disturbios del] 13 de mayo [de 2024]. Se lo dije también a la comisión parlamentaria de la cámara de diputados: vamos de tensión en tensión, no es bueno para el país. Lo único que hacemos es lanzar la alerta; sabemos que no podemos rivalizar con el Estado francés, se lo digo siempre a nuestra gente. Los medios que desplegaron durante el periodo del 13 de mayo son los que se reservan para intervenir en el extranjero, como los paracaidistas.

A estas cosas me refiero cuando digo que el Estado no sabe descolonizar, que no tiene palabra. Es una lástima haber llevado al país a esta situación, porque nunca ha sido nuestra idea llegar aquí. Nuestra lucha es progresiva y dentro de las instituciones. Nuestros resultados [en las elecciones locales] no dejan de mejorar (...). No nos interesa salir a derribarlas.

En Francia he descubierto un país aún más caótico que el mío

¿Esta aceleración de la represión emprendida por Macron que denuncia le parece una cuestión personal o sería común a cualquier mandatario francés?

El acuerdo de Bougival ya lo tenían preparado en un cajón. Tenían decidido que el acuerdo de Numea decayese fuese cual fuese el resultado, incluso si hubiésemos ganado el tercer referéndum. Sería de esperar que la Francia del siglo XXI respetase su palabra. Pero el caos en que se encuentra Francia hoy en día tampoco permite confiar en ella. He descubierto un país aún más caótico que el mío. Queremos que los medios, en España, en Europa, trasladen el sufrimiento de nuestro pueblo.

En la guerra de Gaza entre Israel y Palestina también existentes elementos de descolonización. ¿Cómo se ve el conflicto desde su perspectiva?

Siempre hemos apoyado al pueblo palestino, ya desde los tiempos de Jean Marie Tjibaou y Yasser Arafat. Pero lo que está pasando ahora está a otro nivel, es verdaderamente un genocidio. Macron, que reconoció al pueblo palestino en Naciones Unidas —y eso ha estado bien— tiene delante un pueblo, el canaco, que lleva 71 años llamando a la puerta.

Se lo pregunto porque usted apela mucho al derecho internacional, pero en el mundo actual apenas es tenido en cuenta. No sé si eso le provoca cierto pesimismo.

Me preocupan las decisiones que está tomando Donald Trump. Es preocupante que las reglas que se intentaron establecer para que todos nos pudiésemos comunicar sean puestas en cuestión por las grandes naciones. Al presidente francés le diría que las reglas que intenta hacer valer en el orden internacional se las aplique también a sus colonias.

En política, como en la vida, las relaciones estables no acaban de la noche a la mañana. Las inestables, sí. Lo que existía entre Junts y el PSOE nunca fue un compromiso sincero, sino pura conveniencia. Una UTE (Unión Temporal de Empresas) de esas que se juntan para hacer las grandes construcciones de obra pública por pura conveniencia para obtener un beneficio. En ocasiones, había gestos de acercamiento y en ocasiones, de distanciamiento. Igual que en esas parejas cuyo nexo está lleno de sobresaltos, el vínculo entre junteros y socialistas siempre tuvo más turbulencias que armonía. Tú me prestas tus 7 diputados y yo te concedo la amnistía. Lo demás, ya lo saben: un tira y afloja primero con las lenguas oficiales, luego con las competencias en inmigración y ahora con la multirreincidencia o la okupación, siempre con la infrafinanciación de música de fondo. 

El caso es que Carles Puigdemont -que para algo es el jefe supremo- ha decidido, con el aval unánime de la dirección de su partido, poner fin a la convivencia nunca pacífica con los de Sánchez y cortar por lo sano. Ni negociaciones en Suiza -19 reuniones en 22 meses- ni tampoco en el Congreso. El ex molt honorable anuncia solemnemente que pasa a la oposición, como si alguna vez hubiera sido Gobierno, pero advierte que votará a favor en el Parlamento solo de las iniciativas que le convengan. Es decir, lo que ha hecho siempre, ya que los junteros nunca fueron socios estables y mucho menos leales. De hecho, han votado con el bloque de la derecha en contra del impuesto a las eléctricas, la reducción de la jornada laboral o el tope a los alquileres. Siempre insistieron, además, en que nunca cerraron un acuerdo de legislatura, sino para la investidura de Sánchez. Así que, pese a la escenificación de lo que llaman ruptura para conquistar los titulares del día, no parece que vaya a haber grandes cambios en el horizonte cercano, más allá de que la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno será desde ahora más evidente y ruidosa. 

La última treta del de Waterloo tiene más que ver con el partido de Sílvia Orriols que con el de Pedro Sánchez y con el tacticismo electoral que con los supuestos incumplimientos del Gobierno, aunque razón no le falte en que los tiempos del presidente el Gobierno no son los suyos propios y en ocasiones haya pretendido gobernar como si tuviera la mayoría absoluta de la que carece.

“Pedro Sánchez podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar, podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno”, ha subrayado Puigdemont en el final de una intervención en la que no ha admitido preguntas de los periodistas y de la que en ningún momento se ha desprendido que Junts pretenda descabalgar al Gobierno de Sánchez con una moción de censura impulsada por PP y Vox. 

Ni Junts está por la labor de hermanarse con un partido que busca su ilegalización ni Vox quiere saber del independentismo contra el que nació. Romper para no componer algo diferente es permanecer en la misma pantalla donde se estaba, ya que Puigdemont se ha abstenido de pedir siquiera un adelanto electoral para sumarse a la cantinela de los de Feijóo y los de Abascal.

¿Será esa la siguiente pantalla? A saber. De momento, en el Gobierno y en el PSOE han reaccionado con aparente serenidad y convencidos de que la penúltima performance de Puigdemont no supone el final de nada, sino solo un bache más en una relación que siempre tuvo altibajos y que los de Sánchez no quieren dar, en absoluto, por acabada. Todo lo contrario, ya que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha reiterado la disposición al entendimiento y defendido la “mano tendida” y el “diálogo con todas las formaciones políticas” que, pese a las discrepancias, ha permitido encontrar “puntos de unión” y avanzar “en beneficio del conjunto de la ciudadanía”. 

No parece que por la cabeza de los socialistas sobrevuele siquiera aplicar la estrategia del contacto cero para cortar toda comunicación con el causante de la quiebra. Unos lo llaman perversión y otros, conveniencia que, en definitiva, es la única motivación por la que empezó esta agónica historia. Continuará…

Aliança Catalana, la formación de nuevo cuño que ha enarbolado el ideario de la extrema derecha internacional desde posiciones independentistas, se estrenó en el Parlament hace poco más de un año, en septiembre pasado. Lo hizo con una pregunta sobre un violador reincidente, a la que siguió otra sobre el tratamiento que los medios públicos daban a su propia formación. La tercera tuvo por objeto preguntar sobre el gasto que suponían unos menores inmigrantes alojados de emergencia por la Generalitat.

Estos primeros compases del partido en la Cámara catalana ya suponían una muestra bastante representativa de lo que sería su actividad el siguiente año. Seguridad, inmigración y asuntos que les afectan a ellos mismos como partido han monopolizado hasta la mitad de la actividad de las dos diputadas de Aliança.

Por contra, la cuestión independentista apenas ocupa su tiempo, con menos del 8% de intervenciones dedicadas a esta materia, lo que la coloca como la sexta prioridad. Las dos diputadas de Aliança han destacado también por su baja actividad: han presentado solo tres propuestas de resolución fuera de debates monográficos y han faltado al 88% de las comisiones.

Este diario ha analizado una por una el conjunto de actuaciones del grupo que dejan registro en el Parlament de Catalunya. Son poco más de un centenar, contando las intervenciones en el pleno, las preguntas orales y por escrito, las mociones, las peticiones de comparecencia y las propuestas de resolución. De esta contabilidad se han excluido los plenos monográficos, donde solo caben propuestas sobre la temática específica de la sesión, pero no así los dos debates de política general, donde cada partido elige libremente los temas a tratar.

El resultado de este análisis es que la inmigración es el tema predilecto de Aliança Catalana, con cerca de un tercio de las intervenciones y resoluciones dedicadas a este asunto. A diferencia de lo que ocurre con otras formaciones de extrema derecha en Europa, que tienen un abanico más amplio de temas, el partido que gobierna en la localidad de Ripoll ha hecho de la cuestión de los extranjeros su gran fetiche.

Orriols, que ha llegado a definirse como “islamófoba”, registra la mayoría de intervenciones orales en pleno relacionadas con la inmigración de religión musulmana. De hecho, las dos únicas mociones presentadas en todo el año tenían por objeto el velo islámico y los procesos de radicalización en mezquitas.

Aliança considera que Catalunya está cerca de convertirse en parte de un “califato con sede en Madrid” y propone crear un “registro de arraigo territorial”, a través del cual priorizar a las personas que llevan más años en un municipio a la hora de acceder a derechos como la vivienda. Además, hacen reclamaciones como una “moratoria en la entrada de la inmigración para proteger el catalán, reducir el paro y garantizar una integración real”.

La abultada atención que Orriols y los suyos prestan a la inmigración contrasta con las pocas intervenciones dedicadas a la independencia, la cuestión nacional o incluso la lengua catalana. “El tema del independentismo es el punto uno para nosotros. Se da por sentado y por supuesto que Aliança quiere hacer valer el 1-O y la DUI y no hace falta ir planteándolo en cada momento”, explican a este diario fuentes del partido.

Desde la formación además justifican que el tema migratorio sea el más frecuente porque “la inmigración ilegal es la que genera más controversia y más problemas”. Esas mismas fuentes puntualizan que lo que Aliança rechaza es “la inmigración ilegal que llega sin papeles, agrede y ocupa”, no así la de “nuestros abuelos que vinieron de Andalucía o Murcia y forma parte de Catalunya hable o no catalán”.

Otro de los temas frecuentes de los de Orriols es la seguridad, que ocupa el cuarto lugar en sus preocupaciones. Una materia que de forma sistemática mezclan con la inmigración, hasta tal punto que la mayoría de cuestiones relativas a la seguridad acaban en sus intervenciones relacionadas con la extranjería. En una propuesta presentada el mes pasado sobre la seguridad en las prisiones, Aliança señalaba a la población reclusa migrante, destacando incluso el porcentaje de marroquíes, como detonante del aumento de agresiones a los funcionarios.

En otra de sus resoluciones, en este caso una de las primeras que registraron en el Parlament, dejaban claro que para ellos migración y seguridad son prácticamente el mismo tema cuando escribieron: “La inmigración ilegal supone un desafío para el orden público, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad de los servicios públicos”.

La carpeta que tiene que ver con la cohesión territorial es otra de interés para la formación. En ella se agrupan cuestiones diversas como los peajes en las autopistas o las zonas de bajas emisiones, dos políticas a las que se oponen frontalmente. Además, todo lo relacionado con el sector primario es de gran importancia para un partido que, si bien nació en una comarca con gran tradición industrial como el Ripollès, interpela a una Catalunya donde la actividad agraria y ganadera tiene mucho peso.

Otra temática en la que la extrema derecha independentista se ha empleado a fondo son las iniciativas autorreferenciales, donde preguntan por cuestiones que les afectan a ellos mismos. Por ejemplo, Orriols dedicó algunas de sus primeras intervenciones en el pleno y preguntas en la sesión de control a Salvador Illa a cuestionar el cordón sanitario que los partidos de izquierdas habían pactado hacía ella y también hacia Vox.

También utilizan el Parlament para preguntar por cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento de Ripoll, donde Orriols es alcaldesa, o para criticar la entidad Teixim Ripoll, una plataforma antirracista de su municipio.

Siguiendo con las cuestiones autorreferenciales, Orriols también presentó preguntas parlamentarias sobre el tratamiento a su partido en los medios públicos y llegó a plantear una resolución contra un podcast independiente en el que hablaron de ella. La obsesión de Aliança con los medios, públicos y privados, queda patente en la asistencia a las comisiones: de las 37 veces que han acudido en total, cuatro han sido a la comisión que controla 3Cat.

La asistencia a las actividades del Parlament es una de las asignaturas pendientes para Orriols. Cuando los grupos son muy pequeños, como es su caso, es habitual no acudir a una parte de las comisiones. Pero Aliança destaca con una presencialidad mucho más baja de la habitual para su tamaño: de 299 sesiones celebradas hasta el mes pasado, solo han estado en 37. Algunas comisiones, como Cultura, Igualdad y Feminismo, Juventud, Transición Ecológica o Acción Exterior ni siquiera las han pisado aún.

A las que más dedicación les han puesto son la de Seguridad, Salud, Derechos sociales y la que controla los medios públicos catalanes, a las que han acudido entre 5 y 4 veces. Orriols, de hecho, solo ha asistido a 8 sesiones en todo un año.

Preguntados por esta cuestión, fuentes del partido aseguran que Orriols prioriza el trabajo en el Ayuntamiento de Ripoll, pese a que, cuando debió elegir entre el sueldo de una de las dos instituciones que compatibiliza, la líder de Aliança prefirió cobrar el más abultado salario de diputada, en su caso 57.821 euros según consta en los registros del Parlament.

Desde la formación además consideran que las comisiones son poco útiles y más aún cuando ellos están sometidos a un cordón sanitario que, aseguran, es lo que impide que salgan adelante sus resoluciones y mociones.

En el ala oeste de la Moncloa no hay señales de inquietud, ni de fin de ciclo, ni de adelanto electoral. Y si las hay, no las emiten. El último regate de Junts para someter al parecer de sus bases la continuidad del apoyo al Gobierno es una casilla más en el complicado laberinto de Puigdemont, pero no es el final. Ni tampoco el prólogo de la disolución de las Cortes Generales. En el gabinete presidencial dicen mantener la serenidad, más allá de que el lunes, cuando Puigdemont reúna a la dirección de su partido en Perpignan, se da por descontada la representación de lo que auguran será un “un aquelarre”. 

¿Romper el qué?, se preguntan en el Gobierno, donde recuerdan que “el Ejecutivo de coalición lo integran solo PSOE y Sumar mientras que el resto de partidos del bloque de investidura han sido aliados circunstanciales, que han votado a favor de lo que les interesa y en contra de lo que consideran desde que arrancó la legislatura, y así seguirá siendo”. 

Los socialistas no avistan en el horizonte ni una moción de censura en la que Junts vaya de la mano de Vox, ni tampoco una desaprobación instrumental con un candidato independiente y la posterior convocatoria de elecciones generales, el último sueño húmedo de algunos sectores de la derecha. “Ni Feijóo va a facilitar un esperpento como el que ya se vivió en el Congreso con Ramón Tamames como candidato ni los de Puigdemont se prestarán a pactar un aspirante del agrado de la ultraderecha”, sostiene un ministro de Sánchez. “No es que no seamos respetuosos con sus decisiones, es que nos limitamos a hacer un análisis de la realidad. ¿En qué benefician las generales a Junts en un momento de claro retroceso para sus siglas? ¿Para perder diputados en Madrid? ¿Para facilitar un gobierno de las derechas?”, apostilla otro miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El presidente, eso sí, trata de buscar salidas al laberinto de los independentistas, que ya anunciaron un otoño en el que pasarían cosas que hasta ahora no habían pasado. Y, de momento, ha logrado vencer la resistencia de Alemania para aceptar el uso de catalán, gallego y euskera en la UE. Sánchez se descolgó el viernes, unas horas después de que Junts anunciara la consulta a sus bases para determinar si retira el apoyo al Gobierno, con un comunicado conjunto en el que ambos Ejecutivos dan cuenta del inicio de una negociación para resolver el asunto que, pese a los esfuerzos de la diplomacia española, llevaba meses encallado. 

“La incorporación de dichas lenguas constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España. Por ello, hemos decidido conjuntamente iniciar conversaciones bilaterales a partir de las cuales España presentará un texto para debate y decisión de los 27 Estados miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales. Este diálogo bilateral comenzará a la mayor brevedad a cargo de nuestros respectivos Ministerios de Exteriores”, decía la declaración. Alemania había sido hasta ahora uno de los principales obstáculos para aprobar la iniciativa a la que Sánchez se comprometió con los de Puigdemont, junto con la aprobación de la amnistía, a cambio de que facilitaran su investidura. 

No parece que el compromiso hispano-alemán vaya a ser suficiente para que Junts eche el freno a su decisión de romper relaciones con Sánchez, pero sí demuestra tal y como recordó el presidente el jueves desde Bruselas que el Gobierno cumple con lo acordado y que la ventanilla para los reproches no está en la Moncloa, sino en Bruselas –para el caso de las lenguas oficiales– y en el Poder Judicial, que es donde están las resistencias a cumplir con la ley de amnistía aprobada por las Cortes y validada por el Tribunal Constitucional. En todo caso, la última treta de los junteros tiene más de táctica electoral ante el auge de Aliança Catalana que de cualquier otra cosa. Puigdemont necesita desmarcarse de Sánchez ante el nuevo ciclo electoral y el temor de sus alcaldes a perder el único poder institucional que ostenta en este momento la vieja convergencia, pero en la Moncloa prefieren mantener la prudencia hasta la reunión del lunes en Perpiñán porque “Puigdemont es impredecible”. 

Entretanto, el resto de partidos se miran de reojo a la espera de conocer el alcance de la decisión de Junts mientras activan el modo electoral por lo que pueda pasar. Feijóo ha abierto de par en par la puerta de Génova a Puigdemont y fantasea con que el de Waterloo pudiera apoyar una moción de censura. Pero de momento se prepara ya para un tiovivo de elecciones autonómicas que, probablemente, comiencen con las de Extremadura antes de las Navidades, seguidas de las de Castilla y León en marzo y las de Andalucía en junio. El líder del PP busca desesperadamente una victoria electoral en los territorios con la que reforzar su liderato interno y no parece que lo vaya a tener mal, puesto que las perspectivas de la izquierda en las tres comunidades no son especialmente halagüeñas. Eso sí, en todas ellas probablemente tendrá que pactar con Vox, en claro avance en todo el territorio nacional, lo que le condenaría a lo ídem en el caso de una victoria en generales como ocurrió en 2023.

Por su parte, desde el PNV ven muy complicado que la legislatura llegue a término si no es posible aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha dicho el propio presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, que no descarta ningún escenario, tampoco el de que las elecciones pudieran celebrarse el próximo año. Esteban es de los que creen que a Podemos le interesa una convocatoria electoral cuanto antes para confrontar con Sumar y añade que quizá “con una mayoría PP y Vox se sientan más cómodos porque en contra se vive mejor”. Todo, en su opinión, depende de la demoscopia y de si el PSOE coge fuerza frente al auge de Vox y un PP a la baja.

Opiniones aparte, la semana que arranca se presenta incierta para Pedro Sánchez, y no solo por la decisión que salga el lunes tras la reunión de la cúpula de Junts. El miércoles, tras la sesión de control en el Congreso para su habitual cara a cara con Feijóo, el presidente acudirá en València al funeral de Estado por las víctimas de la dana. Y en la Moncloa son conscientes de que Mazón no saldrá bien parado, pero que el presidente ha de estar preparado para recibir, como ya es habitual, abucheos a su llegada. Esto será la tarde anterior a su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre la trama Koldo/Ábalos/Cerdán. Una cita en la que su gabinete lleva trabajando semanas, consciente que Sánchez acude a un territorio hostil donde el PP cuenta con mayoría absoluta y donde la distribución de los tiempos es muy diferente a las sesiones del Congreso, donde el presidente abre y cierra siempre los debates. Aun así, el presidente tratará de confrontar relatos frente a datos y “demostrar que los informes de la UCO o los autos judiciales no dicen lo que dicen la derecha y sus replicantes que dicen”. 

Con todo, dan por hecho que el PP convertirá la sesión en una especie de olla a presión donde mezcle la trama de corrupción que operaba en el Ministerio de Transportes, la investigación del magistrado Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez y hasta la apertura de juicio oral al hermano de Pedro Sánchez por haber ocupado una plaza de personal de dirección en la diputación de Badajoz. Saben que tras un funeral del que la derecha tratará de sacar munición política, irán al día siguiente a un Vietnam del que está aún por ver cómo saldrá el presidente.

Cada vez que en el Congreso habla la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, el eco de sus palabras retumba entre las paredes del hemiciclo. Unas veces porque sus expresiones son demasiado explícitas (ha llegado a pedir a Pedro Sánchez que “mueva el culo”). Otras, porque maneja con demasiada soltura el insulto (“mentirosos, manipuladores, indecentes, gandules”). Y en alguna ocasión porque lo que dice suena a amenaza. Nunca un juego de palabras había dado para tanto chascarrillo: “Habría que hablar menos del cambio de hora y más de la hora del cambio”, le espetó al presidente del Gobierno este miércoles.

La derecha salivaba ante la posibilidad de que esta vez -y van ya unas cuantas- la conminación fuera en serio y no un simple amago. La izquierda trataba de relativizar el asunto y los junteros insistían en que o el Gobierno cambia su forma de hacer política o cambiarán las cosas. Cambiar, cambiar, lo que ha cambiado ya es la preferencia de muchos catalanes que votaron a los de Puigdemont, y ahora se están yendo a Alianza Catalana y el temor de los alcaldes de Junts a ser devorados por la extrema derecha catalana de Silvia Orriols.

Los incumplimientos que reprocha Junts a Sánchez ya no dependen de la voluntad del Gobierno. La amnistía se aprobó, pero su aplicación es ahora cosa de los jueces. Al uso de las lenguas oficiales en Europa se oponen Alemania, Suecia, Finlandia, Austria, Italia y Hungría, entre otros, pese a los esfuerzos de la diplomacia española. Y en el Parlamento no existe mayoría con la que aprobar la delegación de competencias en materia de inmigración. “Junts sabe que estamos cumpliendo con todos los acuerdos de Bruselas”, ha respondido Sánchez a la intimidación de Nogueras. 

Los de Puigdemont compiten ahora con la extrema derecha catalana y por eso su retórica en Madrid se parece cada vez más a la de Abascal y a la del propio Feijóo. Mantener el apoyo a Sánchez no es la mejor estrategia para sus intereses electorales en Catalunya y parece que se acerca el momento de la ruptura definitiva. 

El tic-tac-tac ha empezado a sonar ya, pero el problema para los independentistas no es tanto que retiren el apoyo al Gobierno de coalición que hizo posible la amnistía como decidir si están dispuestos o no a elegir como nuevos compañeros de viaje a PP y a Vox para apoyar una moción de censura. En Waterloo no están por la labor, al menos, hasta que Puigdemont pueda regresar a España. Hasta entonces, lo único que buscan los junteros es desmarcarse del bloque de investidura para proyectar la imagen de un partido de oposición a Pedro Sánchez, cuyo ciclo creen que ha terminado. 

Ya lo advirtió Puigdemont en verano: en otoño pasarán cosas que hasta ahora no habían pasado. Pues el otoño ya ha entrado con la amenaza de Nogueras. No para una moción de censura, sino para escenificar la ruptura, marcar distancias y empezar a recorrer desde la oposición un camino ante el nuevo ciclo electoral que sitúe a los junteros donde siempre estuvieron, en el bloque de la derecha para tratar de taponar la sangría de votos que se les están yendo a Alianza Catalana. Pura táctica que por mucho que lo celebre la derecha política y mediática no supondrá, a tenor de lo que emiten desde La Moncloa, el final de la legislatura, aunque la formación dice estar dispuesto a someter la decisión final a una consulta entre su militancia.

Con Junts o sin Junts, Sánchez quiere seguir jugando la partida. Así que, de serlo, esto será solo un cambio relativo con el que redecorar el nuevo relato de la vieja convergencia a golpe de iniciativas sobre inmigración, multirreincidencia, okupación, expolio fiscal y todo aquello que llevan incorporado en el ADN la ultraderecha española y la catalana.

La función se representará el lunes, en Perpiñán, en el sur de Francia, donde Puigdemont reunirá a la dirección de su partido para el último ensayo antes de la interpretación final de una obra cuya trama y reparto son ya archiconocidos por el gran público.

Es un fenómeno europeo e incluso global, está ocurriendo en la mayoría de las democracias occidentales. Las formaciones de extrema derecha se comen el electorado de las derechas tradicionales de cada país. Catalunya no es una excepción, pero la irrupción de este tipo de partidos hasta ahora solo había sucedido con Vox, por la banda españolista. Pero en los últimos meses el seismo ha sido registrado también en el extremo contrario, el independentista, donde el auge del discurso xenófobo de Aliança Catalana está captando a votantes de Junts y, también, aunque en menor medida, de ERC.

Esta presión ha hecho que los dos partidos tradicionales del independentismo vuelvan a chocar. El crecimiento de la extrema derecha independentista, que hasta hace poco se veía como estrafalaria en las direcciones de los partidos, ha hecho que ahora suenen todas las alarmas. Pero mientras Junts ha optado por radicalizar su discurso, ERC prefiere el acento en las diferencias económicas y, de paso, carga contra Junts por entrar en una deriva que entienden que tontea con la xenofobia.

El líder republicano Oriol Junqueras ofreció este martes una conferencia en la que, además de postularse como candidato a la presidencia de la Generalitat, fijó la posición de su partido en relación con la extrema derecha y la inmigración. Según explicó, “el miedo y la desesperanza no derivan de la inmigración”, sino de los problemas sociales que tienen que ver en su mayoría con la pobreza y la desigualdad. Por tanto, el líder de ERC recetó acción en materia económica y social y obvió hablar de la mayoría de los temas que Aliança pone sobre la mesa.

La estrategia del partido de Carles Puigdemont hasta sido, hasta el momento, prácticamente la contraria. Para evitar una sangría electoral, Junts ha apostado por un endurecimiento del discurso en materia tanto migratoria como de seguridad. Sobre la cuestión de la extranjería, Junts puso toda la carne en el asador de la negociación con el PSOE para obtener una delegación de competencias para la Generalitat que acabó naufragando en el Congreso.

Pero, durante la defensa de esta proposición de ley, la diputada de Junts Míriam Nogueras dió muestras de hasta qué punto el campo semántico del partido para hablar sobre la inmigración ha virado en los últimos cinco años. Según Nogueras, la inmigración genera “problemas” que el Gobierno “no ha sido capaz de resolver”. La administración del Estado, además “no ha querido o no ha podido controlar este fenómeno”, dijo. Y remató todo esto con la idea de que la supervivencia de Catalunya como nación no está garantizada debido, entre otras cosas, a las migraciones.

“A nadie se le escapa por qué la derecha catalana está pidiendo esto”, aseguró Rufián sobre la delegación de las competencias en inmigración. Una intervención en la que llegó a sugerir que Nogueras había hecho una defensa racista de la medida. “Están alimentando un monstruo que se los comerá”, aseguró el portavoz de Esquerra entonces.

Los alcaldes de Junts enfocan el padrón y la seguridad

El control de los flujos migratorios, que es una bandera de Aliança que Junts ha tratado de disputar sin éxito, se ha sumado otra de las políticas estrella de los xenófobos: la obstaculización del padrón a las personas nacidas en el extranjero.

Después de que la líder de AC, Sílvia Orriols, llevara a cabo estas prácticas en al ayuntamiento de Ripoll, este verano ha sido el mayor municipio gobernado por los independentistas, Sant Cugat, quien ha hecho del padrón un arma contra los inmigrates. En concreto, el consistorio gobernado en coalición por Junts y ERC ha dado de baja 4.000 registros del padrón en un solo año y asegura revisarlo “caso por caso” para evitar que sea “un colador”.

Esta retórica hostil en materia migratoria y de gestión de padrón se adoba con una óptica de brocha cada vez más gorda sobre la delincuencia. En la primavera pasada, cuando Junts celebró la convención municipalista, los temas que el partido quiso poner bajo el foco fueron la llamada “multirreincidencia”, es decir, el fenómeno de los delincuentes con un historial delictivo extenso pero no lo suficientemente grave como para cumplir penas de prisión, y las ocupaciones de inmuebles. Diversos alcaldes de Junts, precisamente, ya habían llevado al Congreso diversas propuestas para endurecer el Código Penal, algunas de ellas aprobadas y actualmente en vigor.

En Junts, la retórica cada vez más cercana a Aliança ha sido una postura alentada desde algunas de sus alcaldías principales. La semana pasada, primeros ediles como Albert Castells (Vic), Agustí Arbós (Olot), Arnau Rovira (Manlleu), Marc Buch (Calella) u Òscar Fernàndez (Cabrera) se reunieron con el secretario general de Junts, Jordi Turull, para compartir sus preocupaciones y reclamar que el partido se centre en hablar de inmigración y multirreincidencia.

Algunos de los alcaldes anteriores han manifestado posiciones como que el crecimiento de su municipio es inasumible por lo que debe ser limitado, en el caso de Arbós en Olot, o han defendido impedir a trabajadores regulares y con contratos legales empadronarse en su municipio por el hecho de ser extranjeros, en el caso de Buch en Calella.

El independentismo no renuncia a mantener el pulso en las calles, aunque su capacidad de movilización por la Diada es la más débil desde el arranque del procés. Este 11 de septiembre, condicionado inicialmente por la lluvia, la manifestación soberanista ha reunido a unas 40.000 personas. En Barcelona han sido 28.000, según la Guardia Urbana, mientras que en Girona han acudido 12.000 y poco más de un millar en Tortosa, en la provincia de Tarragona.

Lejos de las grandes cifras de los años dorados del procés, cuando se superaba el millón de manifestantes, pero también por debajo de la última Diada, con 75.000 asistentes, los organizadores de la manifestación han buscado mantener viva la reivindicación apelando a la defensa del catalán. Las referencias a la sentencia del miércoles que tumba un decreto sobre la escuela en catalán han sido constantes.

Al grito de “independencia”, la marcha ha arrancado a las 17:14 horas, como es habitual, y ha transcurrido entre Pla de Palau y lala Rambla, dejando un Passeig de Colom lleno de esteladas. Tras la pancarta con el lema 'Más razones que nunca', los organizadores, con la ANC y Òmnium Cultural, han encabezado una protesta en la que se han escuchado reivindicaciones de Carles Puigdemont y en las que abundaban pancartas en defensa del catalán o de la amnistía.

Llegada junto a su pareja y amigos desde Sabadell, Cristina comentaba: “Es verdad que no estamos en nuestro mejor momento, pero somos un pueblo que viene de muy lejos y no vamos a desfallecer”, señalaba, convencida de que ellos seguirán asistiendo a la convocatoria de ANC y Òmnium mientras sigan con fuerzas.

Guillem, de 26 años y de Barcelona, cargaba contra la clase política catalana, a la que acusa de haber “traicionado” el espíritu del referéndum de 2017. Estelada al cuello y enfundado en una camiseta del Barça, justificaba su presencia esta Diada: “El Estado no va a parar hasta destruir la nación catalana, lo hemos visto ahora con la lengua, así que nosotros no podemos parar de salir a la calle”, argumentaba. 

Sin un horizonte claro en cuanto al proceso de independencia, y con un Govern en manos del PSC de Salvador Illa, esta vez las entidades han convocado una protesta centrada en denunciar el déficit fiscal, la “desnacionalización” que aseguran que sufre Catalunya y para garantizar el futuro del catalán. La defensa de la lengua ha marcado las últimas horas de la Diada. 

Desobedecer las sentencias del catalán

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha condicionado tanto los actos institucionales de ofrenda floral a Rafael Casanova como los últimos llamamientos independentistas a acudir a la protesta. También el discurso del presidente de la ANC, Lluís Llach. “Si el Estado y sus tribunales quieren imponernos esta sentencia, desobedezcamos, en las aulas, en las calles y en las instituciones”, ha proclamado entre aplausos. “Ningún juez nos puede decir en qué lengua debemos hablar ni qué escuela debemos tener”, ha exclamado.

Al margen de las reclamaciones habituales, el manifiesto conjunto ha recogido un compendio de lo que consideran los principales agravios del Estado hacia Catalunya. Desde el mal estado el estado de Rodalies o la sentencia que obliga a trasladar las obras de Sijena del MNAC. También Llach se han mostrado contundente contra las instituciones catalanas. “Siempre obligadas a obedecer los intereses de Madrid antes que los de nuestro pueblo”, ha referido. 

Pero si ha insistido en algo ha sido en su llamamiento a defender la lengua catalana. “Pongámonos de pie de una vez, pero ahora con el puño cerrado, porque el catalán es la lengua nacional de Catalunya, tan sencillo como esto”, ha expresado.

Además del revés a la inmersión, otra polémica que ha rodeado la convocatoria ha sido la participación de Aliança Catalana y de su líder, Sílvia Orriols, que desde que es alcaldesa de Ripoll nunca había participado en la movilización en la capital catalana. Esta vez aseguró que iba a acudir como respuesta a unas declaraciones de Llach, presidente de la ANC, que daba a entender que su partido no era bienvenido porque vulnera derechos humanos.

Los simpatizantes de Aliança Catalana se han concentrado finalmente junto con Orriols en el cruce entre Via Laietana y Passeig Colom. Han visto pasar la manifestación principal separados por una línea de Mossos d'Esquadra y sin incidentes destacables. Más adelante, el cordón policial se ha abierto y han podido avanzar entre gritos de otros manifestantes que les han tachado de “fascistas” y que gritaban “Catalunya antifascista” a su paso. 

En cuanto a la manifestación de Girona, ha salido de la plaza Catalunya y ha discurrido hasta los jardines de la Devesa, donde estaba el escenario del acto final, situado en la zona de La Copa. Los manifestantes han llegado a través de un recorrido que les ha conducido por la plaza Hospital, Gran Via Jaume I y, finalmente, a La Copa. Según la Policía Municipal, 12.000 personas han participado en la movilización.

En el caso de Tortosa, los manifestantes, 1.700 según los Mossos d'Esquadra, han salido de la plaza de Gerard Vergés y desde allí se han dirigido a la confluencia entre la avenida de Catalunya y el paseo del Ebro, pasando por la calle Montcada, por la plaza Montserrat, por la calle Bonaire, la avenida Cristòfol Colom y por la calle Castelló.

El mensaje institucional que Salvador Illa ha dirigido a los catalanes con motivo de la Diada ha sido de preocupación. El president de la Generalitat ha hablado de “mundo incierto”, con “alarmantes síntomas de deshumanización” e “intolerancia”. En este marco, ha querido dedicar parte de su discurso a condenar el “genocidio que sufre el pueblo palestino a manos del gobierno de Israel”.

No es la primera vez que Illa usa la palabra “genocidio”, pero nunca antes se había mostrado tan contundente. Siguiendo la línea marcada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que Catalunya no quiere ni puede callar. También ha puesto sobre la mesa el deber de Europa de “desplegar políticas más decididas, a la altura de los valores fundacionales y de acuerdo con la potencia demográfica de la Unión Europea”.

El president ha asegurado que en este nuevo tablero geopolítico, es necesario fortalecer y proteger Catalunya. Lo primero que hay que salvaguardar, según Illa, es la convivencia. En este punto de su discurso, ha hecho un guiño a la “normalidad institucional” que, en diversas ocasiones, ha asegurado que ha avanzado con su llegada a la presidencia después de años de Governs independentistas.

“La nación catalana se construye con bríos de futuro y con el consenso renovado de toda la ciudadanía. Porque la inmensa mayoría de nosotros queremos mirar hacia adelante. Queremos una Catalunya de todos y para todos, dentro del marco legal e institucional que nos hemos otorgado”, ha apuntado.

Ahora bien, Illa también ha querido dejar claro que esta nueva etapa debe contar con la “participación plena de todos los actores políticos escogidos por los catalanes y catalanas”, en una referencia clara a Carles Puigdemont, que sigue en Bélgica a la espera de que se haga efectiva su amnistía. De hecho, el mismo Illa, después de encontrarse con él por primera vez, afirmó que la plena normalidad no llegaría hasta que el líder de Junts “pueda ejercer plenamente sus derechos”.

Una Catalunya con más competencias

Illa ha apostado en su discurso por fortalecer el autogobierno y seguir desplegando plenamente las competencias de la Generalitat. El president también se ha referido a la financiación singular, reclamando “los recursos que pertocan”, pero dejando claro que son para mejorar la vida de los catalanes y para “contribuir a la prosperidad compartida con el resto de España”.

El president tampoco ha querido dejar de lado la lengua catalana y ha deseado que “siga siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país”. Lo ha dicho pocas horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado parcialmente el decreto de la inmersión lingüística en las escuelas. “El reto es grande, pero lo conseguiremos”, ha zanjado.

Para ello, asegura, es imprescindible que “Catalunya se haga escuchar”. Eso sólo se puede lograr con “la máxima unidad de todas las fuerzas catalanas”, ha apuntado el president, que sigue pendiente de los votos necesarios para aprobar los presupuestos y evitar así encadenar la tercera prórroga de las cuentas.

Con todo, dice, es el momento de “centrar Catalunya”. Para ello ha apelado a un territorio que busca “crear prosperidad, garantizar el acceso a la vivienda, en la seguridad y en el apoyo a las familias”. También ha querido mencionar a los investigadores, al tejido empresarial y al sector agroalimentario como ejes estratégicos de esta Catalunya centrada a la que ha dedicado su segundo mensaje institucional de la Diada como president de la Generalitat.

Decenas de miles de personas, 35.000 según fuentes municipales, han participado este sábado a la manifestación organizada en Bilbao por la plataforma soberanista Gure Esku (antes Gure Esku Dago) a favor del derecho a decidir de la nación vasca. Las ikurriñas y los gritos de “independentzia” al paso de la pancarta han sido protagonistas en la calle de Autonomía. “Hoy en las calles de Bilbao estamos reivindicando la necesidad de un pueblo libre y soberano”, ha dicho el portavoz de la plataforma ciudadana, Josu Etxaburu. Finalmente, han acudido dirigentes del PNV aunque el partido como tal no lo apoyaba, a diferencia de EH Bildu.

Un grupo de 'joaldunak' y el sonido del cuerno han precedido, entre aplausos, a “una ikurriña gigante con los nombres de todos los municipios de Euskal Herria”, según la organización, y la pancarta que encabezada la marcha, en la que se podía leer el lema escogido para la jornada de hoy, 'Herri libre bat. Euskal Herriak erabaki'. En castellano, 'Un país libre, que Euskal Herria decida'.

Por parte de EH Bildu se han sumado, entre otros, el el líder parlamentario, Pello Otxandiano, y la portavoz en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, quien, previo al inicio de la marcha, se ha dirigido a los periodistas y ha apuntado que “este pueblo tiene que tener el derecho para gobernar su futuro”. “Trabajamos cada día para tener herramientas para llevar a cabo nuestras políticas públicas, pero aún nos faltan muchas, por lo que queremos tener otro tipo de relación con los Estados”, ha asegurado.

Participación del PNV

Asimismo, han participado en la marcha los dirigentes del PNV Miren Martiarena y Markel Olano. Los 'jeltzales' no han acudido como partido a la convocatoria de Gure Esku, a diferencia de en eventos de años anteriores. Afirman fuentes del partido de Aitor Esteban que es “porque no ha existido una coordinación previa a esta convocatoria entre la parte organizadora” y su formación, pero inciden en que han dado “libertad a sus afiliados a acudir a esta llamada si así lo consideran”, según han precisado fuentes del Euzkadi Buru Batzar. También ha estado EGI, las juventudes del PNV, al igual que Ernai, el equivalente en la izquierda abertzale. También se han unido a la marcha representantes de los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y EHNE; el movimiento Etxalde, Bilgune Feminista, Euskalgintzaren Kontseilua, el movimiento de pensionistas, las organizaciones juveniles de Ikama.

En palabras de Etxaburu, la capital vizcaína ha reunido hoy a “miles y miles de vascos que piensan distinto pero que están al favor del derecho a decidir”. “Hoy en las calles de Bilbao estamos reivindicando la necesidad de un pueblo libre y soberano”, ha señalado. En este sentido ha explicado que lo que quieren transmitir a través de esta convocatoria es que “a la sociedad vasca le interesa la soberanía”. “Es más, la sociedad vasca quiere y necesita la soberanía. ¿Para qué? Básicamente para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y también porque necesitamos nuevas herramientas para responder de manera eficaz a los retos que tenemos entre manos”, ha agregado.

Los portavoces de Gure Esku Esku, el propio Etxaburu e Irantzu Perello, han leído el manifiesto, en el que han celebrado la jornada como un “impulso fundamental al trabajo en favor de la soberanía”. “Gracias al coraje reunido hoy, y a la voluntad ciudadana expresada hoy, será más fácil dar pasos firmes hacia la soberanía. La meta la tenemos clara: un pueblo libre, un pueblo soberano que decida su futuro. Estamos en el camino. Estamos avanzando en ese camino”, han proseguido. Tras un breve acto cultural de clausura, en el que han participado el bertsolari Jon Maia y el grupo de música palestino Sol Band, la movilización ha terminado con el canto del “Imajinatu Libre”.

La ley de amnistía ha cumplido su primer año en vigor con más de 300 beneficiadas y un detalle clave para el futuro de la ley: el borrador de sentencia que estudiará en los próximos meses el Tribunal Constitucional apuesta por avalar, con pocos matices, la norma de perdón del procés independentista catalán. Si esa ponencia sale adelante, la decisión del tribunal de garantías no contestará a todas las preguntas que hay sobre la ley de amnistía: si abarca el delito de malversación que mantiene a Carles Puigdemont en búsqueda y captura. Ese matiz de máxima importancia judicial y política tendrá que esperar a los recursos que los propios políticos catalanes han presentado contra sus casos concretos o, incluso, a una futura sentencia de los tribunales europeos.

El Congreso de los Diputados dio luz verde a la amnistía a finales de mayo del año pasado y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) menos de dos semanas después. Se abrió entonces un plazo de dos meses para que los jueces aplicaran el perdón a todas las causas sentenciadas o bajo investigación relacionadas con el procés. Así, el periodo va desde 2011 hasta 2023, abarcando el referéndum de 2017 y sus preparativos pero también la consulta de 2014 o los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo.

La ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán avala la mayor parte de la norma y estima parcialmente el recurso del Partido Popular –el primero que será sentenciado de las dos decenas de impugnaciones interpuestas– para detalles sin apenas incidencia. La ley no ampara los delitos consumados después de noviembre de 2023 y debería obligar a escuchar a la Fiscalía y las entidades públicas afectadas por el procés desde el punto de vista contable, por ejemplo a la Generalitat de Catalunya.

Este borrador que maneja el Constitucional, en caso de ser aprobado y convertirse en una sentencia, establecerá que la ley de amnistía es constitucional, pero no marcará la interpretación que hagan los jueces sobre a qué casos se aplica y a cuáles no. En particular a uno de los supuestos de mayor relevancia penal y política, el delito de malversación de caudales públicos por el que fueron condenados líderes políticos independentistas como Oriol Junqueras y por el que todavía están buscados otros como Carles Puigdemont.

Un aval general del tribunal de garantías a la ley de amnistía, en la práctica, sella su aplicación en la inmensa mayoría de los casos en los que no ha habido polémica judicial y en los que el criterio del Tribunal Supremo no ha sido discutido. Más de 100 policías investigados por las cargas del 1-O y también los manifestantes o activistas encausados por disturbios, así como algunos cargos públicos condenados, por ejemplo, por poner escolta a Puigdemont mientras estaba en Bélgica. La polémica que no soluciona la futura sentencia es qué pasa con los casos que el Supremo ha rechazado amnistiar.

Esos casos específicos deben esperar a que el Constitucional resuelva sus recursos concretos. Es, por ejemplo, el supuesto de Oriol Junqueras. En su caso, los indultos y la reforma de la sedición borraron su condena de cárcel y el líder de ERC siguió con la pelea para que la amnistía eliminara también la inhabilitación, que a día de hoy le impide ocupar un puesto público hasta 2031. Sus reclamaciones contra la negativa del Supremo a amnistiar la malversación ya fueron admitidas a trámite por el Constitucional.

La malversación de Puigdemont

El caso de Carles Puigdemont es diferente. En Bélgica desde 2017, ha sido imputado y procesado en varias causas relacionadas con el procés y en la actualidad está pendiente de una sola, la acusación por malversación en las diligencias principales del procés que, ocho años después, sigue llevando el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. Y hasta el momento ni el instructor ni la Sala de lo Penal han accedido a amnistiar la malversación del expresident o, entre otros, sus antiguos compañeros de gabinete, lo que tiene una consecuencia práctica: sigue imputado por ese delito y, salvo que protagonice una nueva fuga como cuando apareció brevemente en Barcelona en 2024, será detenido si entra en España.

Estos recursos individuales servirán para saber si los argumentos del Supremo superan el filtro del Constitucional. La ley de amnistía establece como excepción la malversación que haya terminado en un enriquecimiento personal del acusado y en la Sala de lo Penal entienden que eso se ajusta al caso de Puigdemont, Junqueras y otros políticos que llevaron la batuta del procés desde las instituciones públicas catalanas. Usar recursos públicos para organizar el referéndum de 2017 les libró de poner el dinero de su bolsillo y, además, todo el desafío separatista pudo afectar potencialmente a los intereses económicos de la Unión Europea, según la sala que presidía entonces Manuel Marchena.

Esos autos en los que el Supremo aprovechaba para ir más allá que en su sentencia del caso y definir el procés como un “golpe de Estado”, serán los que aproveche el Constitucional para establecer si la malversación del procés queda o no amparada por la ley de amnistía. La Fiscalía considera que el Supremo se ha equivocado al interpretar una norma que, según dijo la teniente fiscal en una de las vistas más recientes, es “clara” en su contenido y sus intenciones.

Este criterio del Supremo se ha encontrado con discrepancias dentro de la magistratura. Una jueza de Barcelona, por ejemplo, optó por perdonar la malversación atribuida al exsecretario de Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, porque actuó “con la intención de procurar la independencia de Catalunya, sin que conste enriquecimiento personal”. Según la imputación que pesaba sobre él, destinó fondos públicos como buzoneo y papeletas del referéndum de 2017.

Otros frentes judiciales internacionales se suman a los recursos pendientes de decisión en España. Son las cuestiones prejudiciales que tribunales como la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y cuya resolución también será clave. De esas impugnaciones dependen otros casos relevantes relacionados con el procés: los 12 procesados por terrorismo en la causa contra los Comités de Defensa de la República (CDR) o las causas contables en las que se decide si los responsables del procés pagan con su patrimonio el dinero público invertido.

La intención del Tribunal Constitucional es dictar su sentencia principal sobre la amnistía antes del verano, tal y como explicó su presidente Cándido Conde-Pumpido en un coloquio en el Ateneo de Madrid hace unas semanas. La ponencia de Montalbán ha sido puesta recientemente a disposición del resto de magistrados y el debate todavía no tiene fecha, aunque diversas fuentes apuntan al mes de junio.

Con permiso de grabaciones, filtraciones, supuestos informes de la UCO, delitos de fraude fiscal y una hiperventilada conversación pública que traspasa los límites de lo aceptable entre adversarios políticos, la ley de amnistía regresará en las próximas horas a las escaletas de los informativos y las portadas de los diarios. Cuando se cumple un año de su promulgación, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tendrán a mediodía de este lunes a su disposición la ponencia de la sentencia sobre la norma que ha redactado su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, con la asesoría de seis letrados del órgano de garantías. 

Cinco meses de trabajo han dado como resultado un texto que, según ha podido confirmar elDiario.es, estima parcialmente el recurso que el PP presentó el pasado septiembre, pero avala el grueso de la norma al declararla plenamente constitucional más del 95% de su contenido. El texto que empezarán a debatir los magistrados establece que la ley de amnistía no vulnera el principio de separación de poderes, y tampoco traspasa los límites de la Carta Magna. Así figura en el borrador que se somete ahora a la deliberación de los magistrados del tribunal de garantías. “El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, reza en el texto.

Se anula, eso sí, la vigencia temporal prevista en el artículo 1 para los delitos continuados, es decir aquellos que en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 hubieran sido realizados más allá de la fecha en que se registró la proposición de ley en el Congreso de los Diputados. La decisión carece en todo caso de consecuencias prácticas porque ninguno de los condenados por su participación en el proceso independentista ha cometido con posterioridad delito alguno.

La ponencia amplía, por otra parte, el ámbito objetivo de la ley al considerar amnistiables no sólo los delitos promovidos por los independentistas que se enumeran en el texto, sino también los de aquellos que se pudieran haber cometido por los servidores de la ley en aquel momento contra o para frenar el procés. El TC considera amnistiables, sin distinción de quién los cometiera, tal y como estableció el legislador, todos los delitos enumerados para ambos, fueran partidarios o detractores del procés.

Asimismo, Montalbán hace una “interpretación conforme” –fórmula que significa que el artículo en cuestión es constitucional, pero debe interpretarse de acuerdo a unas pautas dictadas por el tribunal– al artículo 13 sobre el procedimiento en el ámbito contable y la aplicación de la amnistía por el Tribunal Constitucional. La observación es para que en los casos que se encuentren en fase de primera instancia o apelación se puedan personar, además de los órganos competentes de dicho Tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas, otros afectados más allá de las entidades públicas.

Sin mención a la malversación

La ponente desestima por lo demás la argumentación del PP sobre la falta de encaje constitucional de la amnistía y rechaza de plano que la norma vulnere el principio de igualdad o de separación de poderes. Asimismo, se evita, de acuerdo a la jurisprudencia, entrar en las motivaciones políticas que, según el recurso de los populares, llevaron a la redacción de la ley y que no eran otros más que favorecer la investidura de Pedro Sánchez. Inmaculada Montalbán entiende que los objetivos políticos esgrimidos por la derecha no son materia de examen de los magistrados, cuya labor es velar estrictamente por el encaje constitucional. La ponente defiende, según anticipan fuentes del TC, que la ley no persigue cuestión distinta a la que se establece en su amplio preámbulo.

El escrito redactado por Montalbán no se pronuncia sobre el delito de malversación porque en su recurso el PP no hizo referencia a ello de forma expresa, por lo que habrá que esperar a los recursos de amparo de los propios líderes independentistas para que el TC se pronuncie sobre este extremo, si bien este punto es nuclear por cuanto la interpretación que hizo el Supremo del delito de malversación y de la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE en el procés es lo que ha impedido aplicar plenamente la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont y al que fuera su 'número dos', Oriol Junqueras.

A partir de hoy lunes, los magistrados del Constitucional tendrán tres semanas para estudiar la ponencia hasta que sea debatida en un pleno que se celebrará la última semana de junio, si bien las deliberaciones sobre la misma comenzarán el próximo 10 de junio. Precisamente ese día, serán rechazadas las peticiones del PP y del Senado –idénticas a la que ya cursaron los tres magistrados conservadores César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo y fueron rechazas por el presidente, Cándido Conde Pumpido a través de un procedimiento interno– para que se paralice el debate sobre la amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una instancia esta última a la que el Supremo y otros tribunales han trasladado sus dudas sobre la vulneración del derecho comunitario de la Ley de Amnistía en lo que el sector progresista del Tribunal Constitucional entiende como una nueva maniobra con la que dilatar la aplicación de la norma.

Las mismas fuentes sostienen de un lado que el debate sobre el derecho de la unión es ajeno al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP y de otro, que la petición del Senado es extemporánea, ya que registró alegaciones en el momento procesal oportuno. Será la propia Inmaculada Montalbán quien el día 10 defienda, previa exposición sobre la ponencia, una resolución contraria a sendas peticiones. E idéntica suerte correrá la solicitud del PP para que Conde Pumpido se abstenga en la votación de la sentencia con el argumento de que su esposa, Clara Martínez de Careaga, participó en la elaboración de un informe sobre la ley en su etapa de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Tribunal Constitucional ya rechazó, por 7 votos a 1, además de por “por su manifiesta carencia de fundamento”, la recusación de su presidente presentada también por el PP en octubre de 2024.

El órgano de garantías cuenta desde enero de 2023 con una mayoría progresista, que sucedió a una anterior con predominio conservador. En ambos casos la proporción era de siete votos a cinco, pero de signo opuesto. Para las deliberaciones sobre la ley de amnistía, el Tribunal Constitucional quedará en todo caso constituido por solamente 10 magistrados, en lugar de los 12 que componen el pleno, después de la renuncia del ex magistrado y exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo y la recusación del conservador José María Macías. El primero se apartó él mismo de la deliberación tras haber dictaminado que una amnistía sería inconstitucional cuando impulsó desde el Gobierno los indultos a los líderes del procés y el segundo fue recusado por sus contundentes pronunciamientos contra la legalidad del perdón a los líderes del procés cuando era vocal del CGPJ.

El camino hasta llegar a la ponencia que hoy recibirán los magistrados no ha sido fácil ni ha estado exento de polémica. De hecho, su presidente, Cándido Conde Pumpido, denunció que el garante de la Carta Magna se enfrentaba a “fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole que tiene interés en mantener una norma o en que se declare inconstitucional otra porque afecta a sus intereses de una forma u otra”. Un enfrentamiento que, a su juicio, solo podía superarse con un respeto institucional que, “lamentablemente echamos de menos en demasiadas ocasiones”. Todo apunta que así seguirá cuando se conozca la sentencia porque la derecha no perderá ocasión de cuestionar, como ha hecho hasta ahora, la labor del tribunal, de su presidente o de su composición como si todo ello no fuera objetar también de la Constitución o del sistema democrático.

La sentencia marcará, sin duda, un antes y un después en la historia del Constitucional por su trascendencia política y social, como lo marcó también el que precedió a la sentencia del Estatut de junio de 2010, una decisión que cayó como una losa entre las fuerzas políticas y la sociedad civil de Catalunya y desencadenó el mayor conflicto político e institucional que España ha vivido en democracia.

Solo el 22,2% de los vascos estaría a favor de la independencia, frente al 43,2% que se muestra en contra, aunque un 38,5% votaría a favor de un Estado vasco si se celebrara un referéndum oficial y reconocido y un 66% se muestra favorable al derecho a decidir, según los datos que ofrece la encuesta Naziometroa, realizada en Euskadi, Navarra e Iparralde (País Vasco-francés) por Telesforo Monzon eLAB y el grupo de investigación Parte Hartuz. Además, el 57% cree que las actitudes reaccionarias o de pesimismo han aumentado en su entorno y casi la mitad considera “esencial” el papel de la migración en el futuro de la sociedad vasca.

La séptima oleada de Naziometroa se ha presentado en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de la vicerrectora del Campus de Bizkaia y de Comunicación de UPV/EHU, Estitxu Garai; la investigadora de Telesforo Monzon eLab, Malen Domínguez; el investigador de Parte Hartuz, Arkaitz Fullaondo y el responsable de innovación del área de investigación e innovación del Aztiker Soziologia Ikergunea, Asier Etxenike, quien ha presentado los datos, según recoge Europa Press

El informe, ha explicado Etxenike, se ha dividido en tres ejes temáticos, uno fijo, que ha formado parte de todos los Naziometroa referente a la opinión sobre el modelo de gobernanza y posicionamiento respecto al estado vasco, y dos ejes elaborados para la ocasión, uno sobre las actitudes reaccionarias en Euskal Herria y otro sobre la migración. Respecto al planteamiento de 'Estado vasco', el 43,2% estaría en contra de la independencia, un dato que se mantiene estable desde la segunda oleada de Naziometroa en 2021, mientras un 22,2% de los encuestados estaría de acuerdo en independizarse, el segundo resultado histórico más bajo. Crece un 5,1% quienes se muestran indiferentes con respecto al año pasado (23,9%).

Aún así, el 43,7% de los encuestados cree que sus respectivas comunidades deberían tener más competencias, y un 37,2% que en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde debería haber más relación entre sus administraciones, principalmente en servicios de salud, educación y economía. Ante la hipótesis de que los partidos políticos en Euskadi, la Comunidad Foral de Navarra y la región vascofrancesa, así como Madrid y París hubieran aceptado la celebración de un referéndum oficial y reconocido, el 38,5% votaría a favor de un Estado vasco, frente a un 26,5% que estaría en contra. Un 35% no tiene todavía una opinión formada o se abstendría.

Para un procedimiento de cambio de estatus político, el 52,5% de los encuestados cree que la decisión debería tomarse por referéndum, y, ante la hipótesis de que hubiera un consenso vasco para su celebración, el 62,7% cree que los estados español y francés deberían aceptarlo (8,8 puntos más que el año pasado), frente al 13,5% que cree que deberían prohibirlo (6,6 puntos menos). El 66,3% están de acuerdo en el derecho a decidir su futuro político.

Dos tercios de la población vasca cree que las actitudes reaccionarias han aumentado, y un 57% las percibe en su entorno personal. Más del 80% de los encuestados creen que en Europa en “gran medida” o “cierta medida” han aumentado las actitudes reaccionarias. Las mayores oposiciones se observan en lo relativo a la migración y la diversidad cultural (61,2%) y en contra del feminismo y la igualdad de género (33,4%). En tercer y cuarto lugar se encuentran las oposiciones contra el cambio climático y las políticas verdes, y la igualdad social y los derechos civiles.

Al cruzar las variables, en cuanto a la ideología política los resultados “muestran claramente la polarización, especialmente entre quienes se sitúan muy a la derecha o muy a la izquierda”. El porcentaje de quienes consideran las reivindicaciones de los derechos migratorios como “excesivas” sube del 15,3% para quienes están “muy a la izquierda” al 56,7% para quienes se sitúan en la ideología opuesta. La tendencia es similar en cuanto a las reivindicaciones de género y feminismo: un 9,4% de las personas muy de izquierdas las consideran excesivas, frente al 47,7% de personas muy de derechas.

Por sexos, casi el 50% de los hombres considera excesiva la reivindicación de los derechos de las personas migrantes, frente al 25% de las mujeres encuestadas. En cuanto al feminismo, un 32,7% de hombres y un 19,5% de mujeres cree que las revindicaciones son excesivas, y alrededor del 40% en ambos sexos las creen adecuadas. Entre los partidarios y contrarios al 'Estado vasco', la posición a favor “guarda estrecha relación con el grado de tolerancia a las reivindicaciones sociales”, según señala el informe. El 53,1% de los partidarios del 'Estado vasco' las considera adecuadas, y entre los contrarios, un 42,4% las considera excesivas.

El 47,8% de los encuestados creen que los migrantes deben ocupar, en el futuro, un papel esencial en la sociedad, el 26,2% señala que deberían tener unos límites o controles y el 6,3% impediría su llegada. El 46,6% cree que los gobiernos locales deberían tener las competencias migratorias, y el 30,4% que las competencias recaigan sobre el estado. Para que una persona migrante sea considerada vasca, un 59,8% de los encuestados cree suficiente vivir y trabajar, frente al 21,1% que cree que es necesario haber nacido en el lugar. “Aparecer en la sociedad de forma activa” está valorado con un 7,1 sobre 10 para su “integración de forma adecuada”.

El informe también relaciona datos sobre el reconocimiento de la población migrante como vasca y la ideología de los encuestados. Entre las personas que se identifican como “de izquierdas o muy de izquierdas”, 8 de cada 10 creen que vivir y trabajar en el lugar es suficiente para considerar vasca a una persona migrante, y alrededor del 40% de las personas de “derechas o muy de derechas” lo creen así. Los datos cruzados “apuntan a actitudes más positivas hacia la migración en la extrema izquierda y en colectivos más soberanistas”, resume el informe, mientras que las actitudes conservadoras y contrarias al soberanismo “ponen más límites a los derechos de los migrantes y a su integración”.

En cuanto a la franja de edad, más de 6 de cada 10 personas mayores de 45 años creen que vivir y trabajar en el lugar es suficiente para ser vasco, mientras que entre la población de 18 a 29 años, un 33,9% lo cree así. Los investigadores destacan que entre las personas de 18 a 29 años un 48,1% cree que se debe haber nacido vasco para serlo, mientras que a partir de los 30 años, los que consideran el nacimiento como requisito fundamental no superan el 18%.

Respecto a la migración y el euskera y cultura local, casi 6 de cada 10 opinan que se quedará igual, y un 21,7% que la migración reforzará el euskera. Entre los principales obstáculos que señalan para aprender euskera que identifican los encuestados, el 52,2% señalan la dificultad del idioma, el 45,3% la falta de motivación y un 30% que los migrantes no lo aprenden porque no lo necesitan. Además, de entre los factores que hacen disminuir el uso del euskera, el 36,4% señala como causa principal que los euskaldunes no lo utilizan, un 24% culpa a la globalización del ocio, un 23,5% a la migración extranjera y un 21,1% apunta a la falta de una política lingüística sólida.

La transmisión del euskera y los procesos de euskaldunización ayudan a eliminar el racismo y las actitudes reaccionarias para el 52,2%, y un 60% cree que ayuda “mucho o algo” a cohesionar la sociedad. Para la elaboración el 'Naziometroa', se han realizado 1.335 encuestas telefónicas y 'online' entre Euskadi (636 encuestas), Navarra (393) y en Iparralde (306). El trabajo de campo se realizó durante el mes de marzo de 2025.