El Gobierno lo nombra pero no lo puede cesar. Es un cargo del Poder Judicial pero lo elige el Ejecutivo. Es designado a dedo por el presidente del Gobierno, pero independiente en sus decisiones. La naturaleza del cargo de fiscal general del Estado lo hace un puesto delicado, a medio camino entre dos poderes que deben estar separados. Esa distancia a veces se ha estrechado: en ocasiones por el propio origen de los fiscales, salidos de las mismas filas de los partidos; en ocasiones por sus decisiones, a veces guiadas más por la política que por el derecho.

El revuelo regenerado por la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado para el puesto de fiscal general del Estado se suma a una larga lista de polémicas que la institución arrastra desde hace cuatro décadas. Durante la Transición se definieron los parámetros que rigen en la actualidad un cargo nacido hacia 1870. Con el primer Gobierno del PSOE llegaron los roces, las injerencias, las rebeldías. Con periodos intercalados de calma, la polémica nunca ha abandonado a la cúspide del Ministerio Público.

Delgado será la decimosexta fiscal de la democracia. Es la que más rechazo ha suscitado en el Consejo General del Poder Judicial, un organismo que debe limitarse a validar la legalidad de su nombramiento, pero en el caso de la exministra siete vocales conservadores han entrado a cuestionar también su imparcialidad y han alertado de que puede estar sometida a los intereses del Ejecutivo al que antes perteneció.

Delgado va a sustituir a María José Segarra, a quien ella misma propuso para que el Gobierno de Sánchez la designase tras las moción de censura, pero que no va a ser renovada ahora. El Ejecutivo tiene la potestad de nombrar al fiscal general del Estado pero no lo puede cesar, salvo incompatibilidad o incumplimiento grave de sus funciones. Su cargo tiene una duración de cuatro años y está ligado al Gobierno: si este cesa, cae también el fiscal general. Por eso ahora el Gobierno de Pedro Sánchez debía escoger entre renovar a Segarra o buscar a un sustituto.

Delgado y Segarra son amigas personales: ambas recorrieron cientos de kilómetros por España antes de las elecciones al Consejo Fiscal que dio a su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la mayor representación que ha tenido nunca. El Gobierno eligió a Segarra tras la moción de censura y ya entonces surgieron algunas voces críticas, que ponían el foco en esa amistad y en la pertenencia de ambas a la misma asociación. Eso sí, en aquella ocasión el CGPJ, que tiene que votar su idoneidad aunque el resultado no es vinculante, la avaló por unanimidad y se limitó a constatar que cumplía los requisitos exigidos por la ley.

Segarra llegó desde la Fiscalía de Sevilla en el punto álgido del proceso judicial contra el procés. Su nombramiento se vio como una oportunidad para poner algo de calma en los fiscales del Supremo, dispuestos a acusar de rebelión a los imputados por el 1-O. Hubo quien dio por hecho ese cambio en la calificación; ella, en su primer encuentro con la prensa, pidió tiempo para repasar toda la documentación del caso. Personas de su entorno aseguraban que no veía la rebelión para acusar por rebelión. El resultado de ese análisis fue que Segarra avaló la tesis de los fiscales del Supremo: presentaron un escrito de acusación por un delito de rebelión que fue finalmente descartado por el tribunal.

Las voces que veían en ella un instrumento al servicio de Gobierno para rebajar la tensión en Catalunya se apagaron. Surgieron entonces otras críticas, que apuntaban a su falta de autoridad y su incapacidad de meter en cintura a los fiscales del Supremo, que ocupan el escalafón más alto de la carrera.

Su corto mandato dio para una polémica más, aunque en esta ocasión protagonizada por quien ahora la sucederá en el cargo. Delgado presentó un proyecto para que, cuando Segarra abandonará el puesto, saltase directamente a ser fiscal de Sala del Supremo y no tuviese que volver a la Fiscalía de Sevilla. El Consejo General del Poder Judicial se opuso y advirtió de que no había encaje legal para esa propuesta.

El mandato de Segarra se produjo después de los años convulsos del los fiscales nombrados por el PP, que tuvo cuatro en los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy. Al poco de ser investido con mayoría absoluta, el Ejecutivo de Rajoy nombró a Eduardo Torres Dulce para esa responsabilidad en un momento especialmente delicado, cuando el caso Gürtel empezaba a cobrarse cargos del PP.

Torres Dulce, un reputado jurista, llegó entre halagos de sus compañeros fiscales pero pronto se enfangó con la investigación del 11-M. Basándose únicamente en una noticia periodística, dio alas a la teoría de la conspiración que había alimentado el PP pero que habían descartado los jueces y fiscales encargados de investigar los atentados. Solo unos días más tarde tuvo que rectificar obligado por las evidencias: dijo que la sentencia era “incontestable” y que el 11-M era “caso cerrado”.

Bajo su mandato también protagonizó una polémica con el caso Faisán -ordenó acusar por colaboración con ETA a los autores del chivatazo cuando los fiscales de la causa lo habían hecho solo por revelación de secretos-, se opuso a que la infanta Cristina fuese investigada en Nóos y fue acusado de cierta tibieza en casos como las tarjetas Black, que tenían entre sus imputados a representantes de la élite política y económica del país.

Sin embargo, acabó dimitiendo enfrentado al Gobierno que lo había nombrado. En un comunicado, Torres Dulce resumió en un educado “razones personales” lo que en realidad eran unas duras desavenencias con los políticos que lo habían elegido pero no lo podían destituir. Los dos ministros de Justicia con los que lidió, Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá, hicieron nombramientos sin consultarle y nunca le dieron los medios que había reclamado.

Además, en aquel momento se habló de una “dimisión inducida” por Catalá, descontento desde el ministerio que presidía por su poca intervención en casos como Gürtel y los papeles de Bárcenas, y con quien había tenido fuertes diferencias por cómo afrontar la acción penal contra los responsables de la consulta del 9N en Catalunya.

El Gobierno optó entonces por Consuelo Madrigal, la primera mujer en convertirse en fiscal general del Estado, que fue también recibida con buenas palabras por parte de todas las asociaciones. No duró ni dos años. El Gobierno decidió no confirmarla en su cargo cuando tuvo que hacerlo tras las elecciones de 2016. Según publicó El Mundo, Madrigal se había negado a tragar con algunos nombramientos que quería imponerle Rafael Catalá. Su sustituto fue José Manuel Maza, un magistrado procedente del Supremo que inauguró una de las etapas más convulsas de la institución.

Maza accedió a los cambios que no habían acometido sus predecesores en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Anticorrupción. En este última colocó a Manuel Moix pese a las advertencias de otros fiscales, que alertaron de que aparecía en unas conversaciones grabadas por la policía al expresidente madrileño Ignacio González, que le señalaba como su favorito para acabar con sus problemas judiciales. En esos pinchazos telefónicos algunos imputados del PP señalaban la importancia de que Maza accediera a la Fiscalía General.

Moix tuvo que dimitir a los cuatro meses, cuando se publicó que tenía una sociedad familiar afincada en Panamá, pero le dio tiempo a intentar frenar parte de la investigación del caso Lezo. Maza también tuvo que lidiar con la investigación de Púnica, donde dos fiscales se rebelaron ante su criterio y acabaron desautorizadas públicamente por el ministro de Justicia. El resultado fue un hecho inédito en democracia: por primera vez el Congreso reprobó al fiscal general del Estado y Moix, entonces fefe de Anticorrupción.

A pesar de ello, el asunto que marcó el mandato de Maza no fue la corrupción, sino Catalunya. Convocó a los periodistas a un acto público para anunciar la querella por rebelión contra los líderes del procés. La prensa conservadora llevaba semanas preparando el terreno para que no sonase del todo extraño aplicar un delito pensado para castigar los golpes de Estado armados a los convocantes de una consulta independentista.

Maza se convirtió en el ariete del Gobierno contra Catalunya, pero su sintonía no era total. El Gobierno acabó descontento con su gestión del caso: la Fiscalía pidió que Junqueras y los consellers imputados fueran a prisión, mientras el Ejecutivo era contrario a que fueran a la cárcel, conscientes de que eso agravaría el conflicto con Catalunya. Unos días después de aquella decisión, y en plena ebullición de la causa del 1-O, Maza falleció durante un viaje a Argentina. Su puesto lo ocupó Julián Sánchez Melgar, un fiscal que tuvo un mandato discreto y continuista con la línea de Maza.

Moscoso, el precedente de ministro metido a fiscal

Estos días se ha vuelto a escuchar con insistencia el nombre de Javier Moscoso, el otro caso de fiscal que antes había sido ministro. Su caso tiene algunas diferencias con el de Dolores Delgado: ocupó la cartera de Presidencia, no la de Justicia, y pasó un periodo como diputado entre un cargo y otro.

De hecho, en los primeros años de la democracia no era raro que los fiscales generales hubiesen tenido antes afiliación política, ni siquiera que saltaran directamente desde el Congreso de los Diputados.

Fue el caso de los dos primeros fiscales generales de la democracia, Juan Manuel Fanjul y José María Gil-Albert, juristas pero con carrera política. Con el tercero, con un currículum únicamente judicial, llegó el primer mandato polémico. El entonces ministro de Justicia del PSOE, Fernando Ledesma, nombró para el cargo a un amigo suyo, el magistrado Antonio Burón Barba, en 1982.

Esa amistad, sin embargo, no impidió que tomase algunas decisiones que molestaron al Ejecutivo de Felipe González, como la querella contra Jordi Pujol y los otros directivos de Banca Catalana. Contrario a conjugar los intereses judiciales de la Fiscalía con las preferencias políticas que Gobierno que le había nombrado, dimitió solo tres años más tarde de ser elegido.

La polémica con Burón Barba fue la primera de una etapa agitada en la Fiscalía con los gobiernos socialistas, que sumaron cinco fiscales en 14 años. Moscoso ejerció entre el 86 y el 90 sin demasiados sobresaltos, pero con la nueva década llegaron los casos de corrupción de los socialistas y los roces de los fiscales bien con sus superiores, bien con sus subordinados.

Entre 90 y 92 fue fiscal general Leopoldo Torres, que había presidido el PSOE de Castilla-La Mancha, y que comenzó entre críticas por su sometimiento al Gobierno -presentó una querella contra El Mundo por las informaciones sobre el 'caso Guerra' que el juez archivó- pero acabó dimitiendo en un enfrentamiento abierto con el Ejecutivo socialista por sus denuncias, que eran las de todos los fiscales, por la falta de medios para ejercer su trabajo.

Su sucesor tampoco duró mucho. Eligio Hernández no cumplía los requisitos legales para el puesto -15 años de experiencia como jurista; él solo tenía la mitad- y había desempeñado varios cargos en la administración socialista. Durante su mandato trató de frenar la investigación del caso Filesa y ordenó a sus subordinados que pidiesen cárcel para los jóvenes que no querían hacer el servicio militar. Dimitió en 1994, poco antes de que el Supremo declarase ilegal su nombramiento.

Tomó el testigo Carlo Granados, que también duró apenas dos años, tiempo suficiente para protagonizar encontronazos con líderes socialistas que pedían su cabeza por las decisiones en el caso Cesid y en el GAL, que en aquel momento se empezaba a investigar.

Cardenal y Conde Pumpido, los más longevos

Hay dos fiscales generales que destacan en la línea temporal por su longevidad en el cargo. El primero es Jesús Cardenal, que fue nombrado por el Gobierno de José María Aznar después de que su apuesta para ese cargo, Juan Ortiz Úrculo, fuese incapaz de aplacar una rebelión de fiscales de la Audiencia Nacional sancionados por prácticas irregulares. Ortiz Úrculo llegó a acusar al Gobierno de haberle abandonado, poco antes de dimitir antes de completar un año en el cargo.

El Gobierno eligió entonces a Cardenal, un fiscal al que no alcanzaba a definir la etiqueta habitual de “conservador”. Tan es así que el propio CGPJ alertó de que algunas de sus manifestaciones encajaban mal “con algunos principios básicos de la Constitución española”. Y es que Cardenal, miembro del Opus Dei, se había pronunciando contra el aborto, el divorcio, la homosexualidad y hasta los métodos anticonceptivos. Llegó a criticar “el clima de pluralismo” que había en la sociedad porque en su opinión beneficiaba “a los extremos viciosos”.

Cardenal acometió cambios en la fiscalía de la Audiencia Nacional en contra del Consejo Fiscal nada más llegar al cargo y pidió a las asociaciones judiciales que se abstuvieran de criticar al Gobierno. Su actuación más polémica fue con el caso Ercros, que afectaba al entonces ministro del PP Josep Piqué. Cardenal apartó al fiscal del caso que quería imputar a Piqué y le sustituyó por otro opuesto a investigar al ministro. Con la llegada de Zapatero cesó en su cargo, pero lo hizo también con polémica al querer perseguir penalmente a los manifestantes que se concentraron en la sede del PP durante la jornada de reflexión de las elecciones de 2004.

A Cardenal le siguió el otro fiscal longevo, Cándido Conde Pumpido, elegido por el PSOE y que estuvo en el cargo durante todo el mandato de Zapatero. Durante su etapa impulso los procesos de ilegalización contra las marcas de Batasuna pero fue muy criticado por su apoyo a la política antiterrorista del Gobierno durante las treguas con ETA.

Su mayor polémica surgió a raíz de la publicación de los cables norteamericanos obtenidos por Wikileaks. En una de esas comunicaciones se aseguraba que Conde Pumpido había prometido hacer lo que pudiera para archivar la causa por el asesinato del cámara de Telecinco José Couso en Irak por tropas de EEUU. Tras la publicación de esa información, el fiscal negó haber intervenido en la causa.

Si hacemos caso a los muchos expertos que se han pronunciado en este sentido, este juicio nunca habría debido de celebrarse en el Tribunal Supremo, sino en el Superior de Justicia de Cataluña. Según esas mismas fuentes, este organismo no habría decretado, y mantenido durante más de un año, la prisión provisional para la mayoría de los encausados. El tribunal de Schleswig Holstein no vio delito de rebelión. Se han denunciado varias irregularidades en la instrucción del juez Llarena. Para tapar todo eso el magistrado Marchena se ha hecho el encantador durante la vista oral. Pero al final le ha asomado el pelo de la dehesa. ¿Será una sentencia terrible el remate de toda esa infamia?

¿Cuántos, catalanes y no catalanes, se consolarían con que dentro de unos años los tribunales europeos cuestionaran esos procedimientos y hasta anularan el juicio? ¿De qué valdría eso si antes, en el mes de octubre, una sentencia condenatoria sin paliativos hubiera roto cualquier posibilidad de distensión entre el independentismo y la política española?

Una democracia no puede permitir que unos jueces, algunos de ellos de trayectoria cuando menos discutible, dicten la suerte de todo un país en función de su particular interpretación de unas leyes. La voluntad popular vale más que esa capacidad de decisión. Que dejen de mirar para otro lado quienes dicen que lo que está ocurriendo entra dentro de la normalidad institucional, de la separación de poderes. Que se vulnere el derecho de Oriol Junqueras a recoger su acta de diputado está fuera de cualquier normalidad. Javier Pérez Royo ha escrito que es un acto de prevaricación. En términos más llanos es un abuso que ningún demócrata puede tolerar.

¿A quién miran esos jueces cuando toman decisiones tan nefastas? ¿A la mayoría que espera de ellos que hagan justicia y que contribuyan a la convivencia entre españoles y a la estabilidad? ¿O a la minoría fanática que pretende erradicar el independentismo por la vía que sea y que además quiere limpiar con una sentencia cruel e injusta los muchos errores por ella cometidos en la gestión del problema?

Porque el juicio del procés nace de la inanidad y del fracaso de Mariano Rajoy y los suyos a la hora de canalizar dentro de los cauces democráticos la demanda independentista que se manifestó con fuerza a partir de 2012 y que fue creciendo imparable justamente como respuesta a la incapacidad el gobierno del PP para gestionar ese problema, para negociar soluciones que lo paliaran.

Cuando la presión independentista era ya muy fuerte pero aún controlable, Artur Mas quiso negociar con Rajoy un pacto fiscal que recogía algunas de sus demandas. Le cerraron la puerta en las narices. Antes el PP había interpuesto un recurso contra el Estatut de Autonomía, aprobado en referéndum por los catalanes. Y entre una y otra cosa y más adelante, Madrid sólo transmitió a Barcelona mensajes de intolerancia, de dureza y de incomprensión.

Presionado por la ultraderecha de su partido, por Aznar, Rajoy, confirmando su mediocridad política proverbial, fue incapaz de hacer algo distinto de lo que decían los columnistas más obtusos y fanáticos. Y permitió que las cosas llegaran al punto en que lo hicieron a principios de 2017. A que el independentismo, enfervorizado por su éxito popular que nunca creyeron que podía llegar tan alto, decidiera jugar sus cartas extremas. Seguramente con el fin primordial de doblar por la vía de la tremenda la rodilla a Madrid. No tanto con el objetivo de caminar, al menos en 2017, hacia una independencia real de Cataluña.

Rajoy volvió a equivocarse creyendo que los independentistas no iban a llegar a tanto. Y él, su ministro del Interior y sus personas de confianza en la policía, la Guardia Civil y los servicios secretos remataron ese camino de errores con el ridículo de la operación destinada a desmantelar los preparativos del referéndum. Hubo papeletas, hubo urnas, hubo colegios electorales y hubo una participación masiva el 1 de octubre.

Rajoy nunca había quedado en tan mal lugar. Y su delegado policial anti-referéndum, el teniente coronel Pérez de los Cobos, tampoco. La represión de los independistas congregados a la puerta de los colegios electorales pudo nacer de esa frustración, de la rabia que provoca un fracaso tan flagrante. Lo que está claro es que Pérez de los Cobos no olvidó esa afrenta. Porque hizo cuanto pudo para hundir a los procesados cuanto le tocó testificar en el juicio.

Rajoy nunca dio la cara tan expresamente. Pero sin tardar mucho encargó al fiscal general José Manuel Maza, un duro donde los hubiera, que redactara una querella para que los líderes del procés no volvieran a levantar la cabeza. Fue su manera de borrar la ignominia del 1-O. Cuando en España el ambiente político general, azuzado por unos medios desencadenados, no estaba para actitudes comprensivas hacia el independentismo. La jueza Carmen Lamela dictó la prisión provisional para la mayoría de los encausados y el juez Llarena siguió el camino que Maza le había trazado, cosechando los fracasos internacionales que se conocen.

En definitiva, que la sentencia que se va a redactar en los meses que vienen nace de algo parecido a una venganza en la que distintos exponentes del poder judicial han participado sin reparos. ¿Atenderá más Manuel Marchena a preservar su prestigio, reafirmando sus tesis, o se atreverá a salirse de ese rumbo infame, a valorar el asunto con frialdad profesional, teniendo además en cuenta que el ambiente social ha cambiado respecto del conflicto catalán, en España y en Cataluña también? Lo ocurrido este viernes no anima al optimismo.

Corría el año 2003, el entonces magistrado del juzgado de lo Penal número 3 de Castellón, Manuel Altava, se encontraba en fase de separación de su hasta entonces pareja y vivían en domicilios diferentes. El 15 de agosto, día festivo, Altava irrumpió por la fuerza en la que había sido la casa común de ambos y en la que entonces solo residía la ex pareja con los hijos (había cambiado las cerraduras). El juez, ahora senador y futuro vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, quería recuperar lo que consideraba que eran objetos de su propiedad. Esta irrupción la hizo con cerrajeros, policías vestidos de paisano y transportistas, sirviéndose de su condición de magistrado, según denunció su ex mujer.

Esta entrada tuvo lugar cuando la mujer no se encontraba en el domicilio, pero fue alertada por una vecina y cuando volvió se produjo la discusión entre ambos. Los hechos acabaron en la justicia con una acusación de “delito de realización arbitraria del derecho propio”, es decir, no pedir permiso o las llaves para acceder en una casa en la que ya no vives.

Lo que se llevó Altava eran sus enseres personales como libros, ropa, cuadros o muebles, pero el todavía senador también entró en el despacho profesional de su compañera, situado en la planta baja del inmueble, donde registró y desordenó expedientes.

Con estos hechos el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón abrió un proceso hasta llegar a abrirle juicio oral en 2006, pero no se señaló fecha. Dos años después, en marzo de 2008, se celebraron elecciones y Manuel Altava dejó la judicatura para pasar a la política al presentarse por el PP al Senado, acta que consiguió y con ella el aforamiento.

Esta nueva condición de aforado supuso que, tres meses después, el juzgado de instrucción castellonense elevara el caso al Tribunal Supremo. La sala de lo Penal se declaró competente en febrero de 2009 para asumir el procedimiento, contando también con la aprobación de la Fiscalía para que continuara el proceso ya en Madrid.

En el Supremo la instrucción del caso pasó a las manos del entonces juez José Manuel Maza, quien en 2016 sería designado Fiscal General por el gobierno del PP de Mariano Rajoy. Maza finalmente archivó el caso en abril de 2010 al no encontrar delito alguno en los hechos.

En en los razonamientos del auto, Maza afirmaba que Altava “no había renunciado de forma expresa en ningún momento a sus derechos de tenencia y uso del inmueble”, por lo que “la salida se produjo pues sin el carácter de abandono definitivo de la vivienda, en la que, al menos en principio, aún se esperaba su retorno, pasando a poderse considerar el abandono como definitivo, por su propia voluntad y aún sin previa resolución judicial al respecto, precisamente cuando toma la decisión de recoger sus efectos personales y la ejecuta”.

Además Maza calificó la irrupción como “mero cambio de cerradura” de su “propio domicilio” y que “en ningún momento pretendía realizar un derecho propio contra la voluntad de su ex pareja”.

Tras el archivo tanto la ex pareja de Altava como la Fiscalía lo recurrieron, pero finalmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaba el archivo en febrero de 2011.

“No abrir ni una sola vía judicial más” es uno de los ejes de la estrategia del presidente del Gobierno para hacer frente a la crisis constitucional que afecta principalmente al ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya, pero que se proyecta sobre el sistema político español en su totalidad. Estas fueron sus palabras textuales tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes.

Está bien que así sea. Pero no es suficiente. No basta con no abrir vías judiciales nuevas. Es imprescindible que se revisen las vías judiciales abiertas y en especial que se revise la vía judicial que decidió abrir el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra el expresidente del Govern y varios consellers así como contra la expresidenta del Parlament y varios miembros por el delito de rebelión.

El hecho de que el fiscal José Manuel Maza falleciera en Argentina en acto de servicio, no puede hacernos olvidar que había sido reprobado por el Congreso de los Diputados por una mayoría absoluta muy amplia y que fue en su condición de fiscal general reprobado como activó la querella.

El instituto de la reprobación parlamentaria supone que el único órgano constitucional a través del cual se proyecta la “soberanía nacional que reside en el pueblo español” (art. 1.2 en relación con el 66.1 CE), considera que el titular del órgano reprobado se ha inhabilitado con su conducta para el ejercicio de la función para la que había sido nombrado. Únicamente el Congreso de los Diputados puede legitimar democráticamente al presidente del Gobierno mediante la investidura. Y únicamente el presidente del Gobierno puede legitimar democráticamente al fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno puede retirarle esa legitimidad en cualquier momento sin necesidad de dar ningún tipo de explicación. El Congreso de los Diputados únicamente puede hacerlo mediante la aprobación de una moción de reprobación, en la que sí se tienen que dar todo tipo de explicaciones acerca de los motivos por los que tal reprobación se produce. Un fiscal general reprobado carece de legitimidad democrática para el ejercicio de la función que le ha sido encomendada. La decisión del Congreso de los Diputados es una decisión firme no susceptible de ser recurrido ante nadie.

Un “respeto decente” a la soberanía nacional debería haber conducido al fiscal José Manuel Maza a presentar su dimisión. Un mínimo de decencia política debería haber conducido al Presidente del Gobierno a cesarlo si él no lo hacía. Faltó ese respeto por partida doble al principio de legitimidad democrática y acabó pasando lo que paso. Un fiscal reprobado por el Congreso de los Diputados y, por tanto, “democráticamente indigno”, aprovechó la suspensión del Govern y la disolución del Parlament por el Gobierno de la nación en aplicación del artículo 155 CE, para activar querellas por el delito de rebelión contra los exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament con la solicitud de las medidas cautelares más duras de todas las posibles.

Dicha querella por rebelión y las medidas cautelares adoptadas viciaron las elecciones autonómicas en Catalunya del 21 de diciembre de 2017, el proceso de investidura subsiguiente y continúa viciando las relaciones entre Catalunya y el Estado, afectando, además, de manera no menor a la Jefatura del Estado. Y no solamente en Catalunya, como los incidentes de este pasado viernes en Palma de Mallorca, con ocasión de la recepción que la Casa Real tradicionalmente organiza en esta fecha, pusieron de manifiesto.

Con políticos presos por un delito que el Tribunal Supremo no ha sido capaz de argumentar persuasivamente ante los tribunales de Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza, y que no es, además, considerada una calificación jurídica acertada por la mayoría, me atrevería a decir, por la inmensa mayoría, de la opinión jurídica solvente de nuestro propio país, no es posible que se pueda entablar una negociación que permita salir del círculo vicioso en que nos encontramos.

La decisión de “abrir la vía judicial” no fue una decisión jurídica, sino política. Fue una decisión de un fiscal general del Estado en íntima conexión con un Gobierno, cuyo presidente ha sido el primero de la democracia al que se le ha aplicado una moción de censura. El principio de legitimidad democrática no solo justifica, sino que exige al nuevo presidente del Gobierno y a la nueva Fiscal General del Estado la revisión de lo actuado.

Son ellos los que tienen que decidir la política que se tiene que seguir y, en función de esa decisión política, la adopción de la estrategia política apropiada.

En una misma semana hemos asistido a la justificación de los autores de unos hechos y a la detención jaleada de los de otros similares, sin despeinarnos, y con la única diferencia de la tendencia ideológica que movía a cada uno de los actuantes. Esta situación no es nueva en España, lo que nos habla de una tendencia. Una tendencia peligrosa. Una tendencia ante la que hay que reaccionar. La doble moral que recorre nuestra opinión pública no es tal sino una prevalencia clara de una tendencia ideológica y política sobre otra, de un discurso político sobre otro, de un relato que se quiere supremacista sobre los demás. Los españoles ya no son iguales ante la ley según lo que piensen y cómo lo piensen. Tampoco la moral, cuyos límites no son los del Código Penal, es la misma según a quién se juzgue. Unos repugnan y son laminados y otros... otros son justificados y tolerados. La única diferencia es la tendencia ideológica en la que manifiestan su ignominia.

Voy a hablarles de seres por igual reprochables desde lo moral, y puede que desde lo penal, pero que han obtenido de sus acciones reacciones muy distintas. Unos era servidores públicos y en un grupo de chat de 200 personas no sólo desearon la muerte de la alcaldesa Carmena, mostrándose además xenófobos, racistas y nazis, sino que amenazaron gravemente al compañero policía que les afeó la conducta y que finalmente les denunció. Otro era un chaval independentista de 20 años que festejó en su modesta cuenta de Twitter la muerte de Maza y dicen que amenazó con unas puñaladas al delegado del Gobierno en Cataluña, Millo. A los primeros salieron a defenderlos los sindicatos policiales y docenas de abnegados comentaristas que han estado dispuestos a tragar con el anzuelo de una supuesta privacidad del foro sin tener que contener las arcadas. Al segundo le ha dedicado hasta un tuit el propio ministro del Interior, orgulloso porque una detención haya acabado con el historial de este peligroso individuo. Les juro que hay intelectos dispuestos en este país a defender que las acciones no son iguales y los resultados no son distintos pero yo no escribo para ellos.

Es un ejemplo perfecto por su proximidad en el tiempo, su enorme semejanza y su ampliamente diferente acogida por parte de la opinión pública y de los gobernantes. Nadie ha detenido a los policías fascistas y xenófobos, se ha preferido poner escolta al amenazado. No se ha dudado en aplaudir una detención del joven nacionalista que dudosamente se hubiera podido acercar a un escoltado delegado gubernamental. Ambos casos igualmente repulsivos humanamente hablando.

La utilización espuria e ideológica de los denominados delitos de odio, de los delitos apologéticos y, en general, de toda esa carga penal sobre la opinión y su expresión que ya pesa en España está cobrando niveles no sólo inaceptables sino directamente inasumibles. Estamos tocando fondo y no respecto al odio sino respecto a la intolerancia de la libertad de expresión. Peligroso. Inaceptable. Perturbador. Hablan de odio pero es un odio de vía única. Odian los independentistas y los izquierdistas radicales. Odian los titiriteros terroristas y aquellos que no aman a algunas policías y a lo que representan. Odian los rojos de mierda. Mientras, utilizan su libertad de expresión para mostrar su diferencia los xenófobos, los fascistas, los franquistas, los de la aporofobia. Esta es la España que ha construido el Partido Popular con sus reformas penales y con su estilo de gobernar. Unos titiriteros acaban siendo terroristas a la par que descojonarse de los que aún tienen a sus víctimas de la injusticia del fascismo en frías fosas comunes, no es sino una crítica política.

Los discursos del odio están de moda. Odio. Odias. A la trena con él porque me critica o me insulta. Me está odiando. Los discursos del odio son perfectos para poner a prueba el músculo de un sistema democrático y de la libertad de expresión que rige en el mismo. La forma en que se producen, la acogida social que tienen o las barreras que se instalen para la libertad de expresión, hablan claramente de las convicciones de fondo que fundamentan el sistema y permiten realizar una diagnosis sobre la calidad de la democracia en cuyo seno se producen.

Sobre los hate speech -expresión originaria de este concepto- los teóricos han explicado muy bien cómo las democracias liberales se dividen en dos clases en función del tipo de respuesta que articulen frente a ellos. Por un lado, hablan de las democracias tolerantes, cuyo mayor ejemplo sería la norteamericana, en las cuáles la fuerza de la libertad de expresión es máxima. En líneas generales, la Primera Enmienda de los Estados Unidos es de tal fortaleza que predomina siempre que no se trate de una llamada directa por la palabra para la comisión de un delito concreto. Un país en el que se permite quemar la bandera o manifestarse a un grupo nazi en un barrio judío en aras a la sacrosanta libertad de expresión.

Un país que condenó al secretario del Partido Comunista por conspiración aunque respaldando la fórmula por la cual los tribunales “deberían preguntarse siempre hasta qué punto la gravedad del mal justificaba coartar la libertad de expresión hasta lo necesario para evitar que aquel llegara a producirse, pero sólo tras haber considerado si la producción de los efectos dañinos es plausible” (United States contra Dennis, 1951) Y aquí cabría preguntarse ¿era posible la independencia catalana? ¿fue alguna vez plausible?

Por otra parte, se constata la existencia de una democracias intransigentes, en el más puro estilo europeo, en los que se tiende a restringir la libertad de expresión de las ideas que podrían socavar los propios principios de la democracia. Robert Post, uno de los más destacados defensores de la desregulación de los discursos del odio, considera que la gran tragedia europea del siglo XX puede estar en el origen de esta diferencia aunque, en el caso español, no parece ser la causa de una tendencia a tolerar lo que asoma que huele a nazismo, franquismo y fascismo y a reprimir a sus antagónicas. La expresión discursos del odio es, como poco, equívoca, imprecisa y maleable y según Vives puede que pretenda cubrir la falta de legitimidad para castigar unas expresiones que no nos gustan pero que deberían quedar amparadas por la libertad de expresión.

La situación se agrava cada día más. Hay humoristas encausados y tuiteros a los que se piden años de cárcel en la Audiencia Nacional. Miles de ciudadanos se mesan los cabellos al descubrir que hay gente que se alegra de la muerte de otros en el país en el que no había labriego que no se ciscara en todos los muertos del de enfrente por un quítame allí esas pajas. Me cagüen TTM ha sido casi un grito de guerra rural. Polvo, sudor y hierro, la Inquisición cabalga.

Menos de una semana después de la muerte de José Manuel Maza, el Gobierno ya tiene nombre para renovar el liderazgo en la Fiscalía General del Estado. El elegido es Julián Sánchez Melgar, cuya propuesta para el cargo será aprobada hoy por el Consejo de Ministros.

Sánchez Melgar es un magistrado de perfil conservador. Fue el ponente y principal defensor de la doctrina Parot, pensada para imponer el cumplimiento íntegro de las penas a etarras y otros condenados por delitos graves. La doctrina Parot sería anulada posteriormente por el Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo.

Nacido en Palencia en 1955, Melgar fue aupado al Supremo con el apoyo de Ángel Acebes, que después ocuparía el Ministerio de Justicia. Acebes era alcalde de Ávila en el tiempo en el que Melgar presidía la Audiencia provincial en esa ciudad.

El nuevo fiscal general tiene experiencia en manejo de información de Estado. Hasta la fecha era uno de los magistrados del Supremo dedicados al control del CNI: autorizando las intervenciones y al tanto de las informaciones procedentes del espionaje en operaciones como la lucha contra el terrorismo internacional.

El candidato a la Fiscalía General fue uno de los cinco magistrados que votaron a favor de admitir a trámite la querella presentada por Maza contra la Mesa del Parlament. Firmó el auto de admisión que abría la puerta a rebajar el delito de rebelión a uno de conspiración y que apuntaba a que la causa podría ser juzgada solo en el Supremo.

Muy bien valorado en todos los ámbitos ideológicos del mundo judicial, Melgar llevaba más de 15 años en la Sala de lo Penal del Supremo.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Barcelona por un presunto delito de incitación al odio y otro de injurias. El arrestado celebró el fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y amenazó con apuñalar al delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, a través de las redes sociales, según ha anunciado en Twitter el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

En un comunicado, la Policía ha asegurado que el arrestado sería el presunto autor de los delitos de amenazas, incitación al odio e injurias. El hombre de 19 años de edad, que fue detenido el pasado martes en las inmediaciones de su domicilio en Barcelona, lanzó “numerosas publicaciones y comentarios en las redes sociales” en las que incitaba al odio y a la discriminación. No tiene antecedentes y quedó en libertad con cargos por incitación al odio, injurias y amenazas.

Entre otros mensajes, el arrestado, bajo el perfil '@henrikitus', consideró que se tendría que “quemar” el barco donde se alojaban policías nacionales y guardias civiles destinados a Catalunya por el dispositivo contra el referéndum y poner una bomba en la sede del PP. También publicó un comentario afirmando que era “feliz” cuando veía arder a un guardia civil, además de alegrarse de la muerte de Maza y afirmar: “Al hijo de puta de Millo un día lo apuñalaré por la calle”.

La Policía ha informado que el hombre llegó a amenazar con apuñalar al delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y se alegró del fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Asimismo, también amenazó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegadas en Catalunya desde mediados de septiembre.

La colaboración ciudadana, a través de las denuncias que alertaron de las publicaciones en las redes sociales, permitió a los agentes comenzar la investigación. Tras identificar al usuario, los policías constataron que tenía diferentes perfiles en las redes que cerraba una vez realizaba las publicaciones para no dejar rastro de su actividad.

La Fiscalía Provincial de Barcelona abrió este miércoles diligencias de investigación por los tuits que algunos usuarios publicaron tras el fallecimiento el pasado sábado del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. La investigación se ciñe a seis tuits muy ofensivos para el fiscal general fallecido y para la institución.

Finalmente el ministerio público descartó que los mensajes de perfiles políticos, como la organización juvenil de la izquierda independentistas Arran o de un dirigente de Podem, fueran delictivos “pese a su carácter desagradable o de poco respeto”.

La Fiscalía ha limitado a seis los tuits sobre la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y no ha visto delito en los mensajes de la organización juvenil de la izquierda independentista Arran y el miembro de la Comisión de Garantías de Podemos en Catalunya, Cristian Fernández, que celebraron el fallecimiento del fiscal.

La Fiscalía Provincial de Barcelona abrió este miércoles diligencias de investigación  por los tuits que algunos usuarios publicaron tras el fallecimiento el pasado sábado del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Fuentes fiscales han indicado su investigación se ciñe a seis tuits “muy ofensivos” para el fiscal general fallecido y para la institución por un presunto delito de injurias contra una institución del Estado. Sobre los mensajes de perfiles políticos, han indicado que se han descartado de la investigación porque “pese a su carácter desagradable o de poco respeto, no se ha considerado que sean delictivos”.

La investigación empezó de oficio por los Mossos d'Esquadra, que presentaron directamente atestado al fiscal coordinador y ahora se investiga quiénes son los autores de los seis comentarios de Twitter bajo sospecha.

El sábado cuando saltó la noticia de la muerte de Maza, el miembro de la comisión de garantías de Podem Cristian Fernández publicó un 'tuit' haciéndose eco en su cuenta de Twitter y acompañó el apunte con una fotografía en la que aparecían dos copas de cava brindando. La publicación de este comentario generó muchas críticas y Podem Catalunya abrió al dirigente un expediente disciplinario de expulsión.

Otro comentario polémico en esta red social fue uno de Arran con una foto de Maza al revés y el comentario 'Hasta nunca, Maza' y varios emoticonos con una mano diciendo adiós.

El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, advirtió el pasado sábado, colgando una captura de los tuits de un usuario que se reía de la muerte de Maza, de que “no hay impunidad para los insultos y el odio en las redes sociales”.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto este miércoles diligencias de investigación por la presunta comisión de un delito de odio por los tuits que algunos usuarios publicaron tras el fallecimiento el pasado sábado del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, según han informado fuentes fiscales.

El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, advirtió el pasado sábado, colgando una captura de los tuits de un usuario que se reía de la muerte de Maza, de que “no hay impunidad para los insultos y el odio en las redes sociales”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también advirtió a los usuarios de Twitter que los mensajes ofensivos sobre la muerte del fiscal general del Estado serían investigados y, en caso de ser constitutivos de delitos, se podrían presentar la oportunas querellas.

“Se van a investigar estos hechos y si se considera que son constitutivos de delito, por supuesto que se presentará una querella”, afirmó el titular de Justicia que recordó que, con la última reforma del Código Penal, se incorporó “una mejora del tipo de los delitos de odio y del uso de las redes sociales o de los sistemas telemáticos para la comisión de delitos de infamias, de injurias y de calumnias”.

José Manuel Maza falleció este sábado en una clínica de Buenos Aires (Argentina), donde permanecía ingresado por un proceso infeccioso.

La fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha solicitado a las fuerzas de seguridad que le remitan un informe con los tuits ofensivos publicados tras la muerte del fiscal general del Estado José Manuel Maza, para analizar si algunos de ellos incurren en un delito de injurias, infamias y calumnias.

Fuentes fiscales han asegurado a Efe que el primer paso dado por Tejada ha sido abrir diligencias informativas, es decir, pedir a las fuerzas de seguridad que, en fuentes abiertas, recopilen los mensajes vertidos en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, tras la muerte de Maza el pasado sábado en Buenos Aires.

Una vez la fiscal estudie esos comentarios evaluará la posibilidad de emprender alguna actuación penal, que podría ser de oficio si alguno de esos mensajes se consideran constitutivos de delitos de injurias, infamias o calumnias contra Maza, al ser el representante de una alta institución del Estado como es la Fiscalía General.

Tras el fallecimiento de Maza, las redes sociales se han salpicado de mensajes de condolencia por su muerte, pero también de otros insultantes e, incluso, de celebración.

Tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como el de Interior, Juan Ignacio Zoido, han asegurado que se perseguirá a los responsables de estos mensajes y que si son constitutivos de un delito, se presentara una querella.

Entre los mensajes que han suscitado más críticas destacan los del dirigente de Podemos en Cataluña Cristian Fernández, quien incluyó una imagen de dos copas de champán brindando junto con una noticia de la muerte de Maza.

Poco después, envió este otro tuit: “Muere un represor y no podemos hacer sátira. Volvemos a tiempos oscuros”, si bien su perfil ya no es visible para los usuarios de la red.

Otros mensajes contra los que precisamente Zoido ha advertido en su tuit son los del que fuera asesor del diputado de ERC Gabriel Rufián, Bernat Castro, que en la red se da a conocer como @Berlustinho.

“El Fiscal Maza es baja para el Mundial de Rusia 2018” o “Descanse en paz, Fiscal Maza, piense que el cielo es como la cárcel de Estremera, a más de uno ya le gustaría tener esos privilegios” son algunos de sus tuits.

Mientras, la organización juvenil independentista Arran publicó en su perfil de twitter un mensaje con el lema “Fins mai, Maza” (“Hasta nunca, Maza”) junto a una foto cabeza abajo del fiscal general fallecido.

En España se hacen, por lo general, buenos obituarios. Buenos de bondad, de benevolencia, de consideración con el finado. Sobre todo si es ilustre. Muy a menudo, convertimos los obituarios en elegías incluso con fallecidos que pocas horas antes de serlo resultaban polémicos o estaban siendo muy cuestionados por su desempeño público. Otras culturas políticas y periodísticas no son tan bondadosas y consideradas con sus muertos famosos. Hace unos años, el Times de Londres anunció que en sus necrológicas pintaría al muerto como lo que realmente había sido en vida: si un santo, como un santo; si un canalla, como un canalla. Y la revista italiana Panorama tituló: “Dios perdona, el Times no”.

Tras la inesperada muerte el sábado pasado del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lo primero es darle las condolencias a la familia y a sus amigos y colegas más cercanos. Lo segundo, abominar de los incivilizados que se han alegrado y han brindado en público por su fallecimiento y le han faltado al respeto más elemental. Lo tercero, sorprendernos de los desmesurados elogios profesionales que se le están haciendo a Maza desde la misma oposición política que hace pocos meses le convirtieron en el primer fiscal general del Estado de nuestra historia reprobado por el Congreso de los Diputados y desde el mismo Gobierno que hace pocos días nos decía en privado que a Maza le faltaba cintura política, que se le había ido la mano de la dureza y que estaba cayendo en el tema catalán en algunos excesos que dificultaban sobremanera la salida a todo el embrollo político, institucional y judicial de Cataluña. No digo que unos y otros de estos últimos deberían ahora criticar a Maza duramente en público, pero sí digo que mejor estarían callados.

Maza llegó a la Fiscalía General por sorpresa y por descarte previo. Cuando a finales de octubre de 2016 Mariano Rajoy logró su segunda investidura y le encargó al refrendado ministro de Justicia, Rafael Catalá, que le buscara un fiscal general, la primera opción fue que siguiera la entonces titular del cargo, Consuelo Madrigal. Esta había sido nombrada 22 meses antes tras dimitir su antecesor, Eduardo Torres-Dulce, por varios encontronazos con el Gobierno de Rajoy. El propio Catalá le insinuó a Madrigal que ella seguiría en el puesto, pero al poco surgieron entre ellos algunas discrepancias insalvables. La principal, el desacuerdo sobre las personas idóneas para dos delicados nombramientos en puestos clave de la Fiscalía que había que afrontar de inmediato: la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción y la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Lo que más preocupaba en aquel momento al Gobierno no era Cataluña, sino los muchos sumarios relevantes de corrupción, sobre todo del PP, que se estaban instruyendo en distintas instancias judiciales y que amenazaban con salpicar incluso al presidente del Gobierno. Para el Ejecutivo y para el Partido Popular, era fundamental en aquel momento frenar y someter a los que llamaban “fiscales rebeldes”, que impulsaban esas causas como si fueran libres, con fe ciega en la acción de la Justicia. Como Madrigal hizo un ejercicio de independencia y no admitió los nombres para fiscales jefes que Catalá le sugería, el ministro y el presidente buscaron otro fiscal general. Así llegaron a José Manuel Maza. Su principal valedor fue Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y consejero áulico de Rajoy para temas de Justicia.

El nombramiento como fiscal general de Maza y como fiscal anticorrupción de Manuel Moix –el nombre que no quería Consuelo Madrigal y sí quería desde meses antes el ya por entonces investigado por corrupción Ignacio González- eran parte de una estrategia del Gobierno que incluía otros movimientos y ajustes favorables a sus posiciones: la llegada de la magistrada muy afín al PP Concepción Espejel a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la del también magistrado muy afín al PP Enrique López a la Sala de Apelaciones, el facilitarle la salida a Eloy Velasco del juzgado donde investigaba Púnica y Lezo, etc.

Lo de Moix acabó mal para él y para sus mentores, especialmente para Maza, que quedó bastante tocado. Mientras las polémicas fueron sobre si trataba de frenar las investigaciones en el caso Lezo (el de su mentor Ignacio González) o en el caso Auditorio de Murcia, Moix aguantó el tipo, con el apoyo público de Maza, de Catalá y del mismísimo Rajoy. Pero cayó cuando se supo que tenía una sociedad offshore en Panamá. ¡Un fiscal anticorrupción sospechoso de corrupción o al menos de corruptelas! Era insostenible.

Cataluña, el segundo gran asunto tras los nombramiento de la gestión de Maza en sus doce meses de fiscal general, está aún vivo, y el balance es muy diferente según quién lo haga. Las maneras de mirar modifican lo que se ve. Para los independentistas, Maza ha sido una de las principales armas, si no la principal, de la “represión” de “Madrid” contra el procés. Para parte de los constitucionalistas, el jurista que le ha hecho a Rajoy en los tribunales el trabajo duro que suple el que el Ejecutivo no ha querido o no ha sabido hacer en la política. Para otros constitucionalistas –e incluso recientemente para algunos miembros del Gobierno y en privado-, el elefante que ha entrado en una cacharrería con poco cuidado y sin ningún cálculo sobre lo que rompía a su paso: ordenando varias semanas antes del 1-0 “la detención y presentación en Fiscalía” de 712 alcaldes sospechosos de que iban a ceder instalaciones municipales para el referéndum; amagando desde muy temprano con la detención de Puigdemont; teledirigiendo la querella contra el Govern en la Audiencia Nacional al juzgado de la “talibán” Lamela… Durante todo septiembre y parte de octubre, en el Gobierno se insistía en que las reacciones a todos los pasos que dieran los independentistas se harían con criterios de “prudencia y proporcionalidad”. Maza fue quizás proporcional, pero no del todo prudente. Él mismo era consciente, hace muy pocos días, “de que quizás iba a una velocidad superior a la del propio Gobierno”, según cuenta un jurista con el que intercambió impresiones.

¿Qué perfil para fiscal general buscará ahora el Gobierno?, he preguntado en distintas instancias. “Un Maza que tenga cintura política”, comenta un veterano abogado. “En tiempos agitados como estos, debería ser alguien fuera de toda sospecha partidista y que le dé a la Justicia un efecto legitimador. Si va en esa línea, entre los magistrados del Supremo tiene el Gobierno seis o siete que serían buenos candidatos”, dice un jurista de larga trayectoria y con altas responsabilidades en el pasado. “Se me hace difícil encontrar en el mundo conservador alguien que, además de próximo al Gobierno, sea magnífico jurista con conocimiento de derecho penal, con buenas relaciones con los medios y bien visto en la carrera fiscal y que quiera quemarse para sólo tres años que va a durar en el cargo, que no es renovable”, opina una personalidad del mundo del Derecho muy próxima al PSOE. “¿Perfil para el nuevo fiscal general? El que Marchena le diga a Rajoy”, remata otro experto consultado.

Varios medios relataban este lunes que el Gobierno quiere esta vez como fiscal general a un jurista “de amplia experiencia y reconocido prestigio” y que está dispuesto a consensuar el nombre “incluso con el PSOE”. Pero en el PSOE aseguran no saber nada de tal propuesta. Por ahora.

El repentino fallecimiento del Fiscal General del Estado José Manuel Maza en Argentina ha dejado vacante una institución clave en el peor momento posible: con dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo contra los líderes independentistas y con candidatos a unas elecciones autonómicas metidos en la cárcel y pidiendo salir de ella para hacer campaña.

Y todo ello con la Fiscalía sumida en una grave crisis de credibilidad que llevó al Congreso a reprobar al propio Maza la primavera pasada y que hizo dimitir a su hombre en Anticorrupción, Manuel Moix, por ser parte de una sociedad en Panama. Mientras tanto siguen saliendo grabaciones de dirigentes del PP imputados en graves casos de corrupción, como Ignacio González, maniobrando para colocar a sus fiscales favoritos en puestos claves del ministerio público. Y acertando con sus pronósticos. 

A corto plazo no habrá vacío en la Fiscalía General. El procedimiento de sustitución está previsto en el artículo 17 del estatuto de la carrera: será el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo “quien sustituya al Fiscal General del Estado en caso de ausencia, imposibilidad o vacante”. Luis Navajas será el sustituto provisional hasta que se cubran los trámites para la designación del próximo Fiscal General.

Los trámites también están reglados. Formalmente lo nombra el Rey pero la propuesta compete al Gobierno que debe escuchar al Consejo General del Poder Judicial, que en estos momentos mantiene una mayoría conservadora. El papel del Congreso de los Diputados es testimonial: se comunica a la comisión de Justicia que no vota sobre el candidato. Según las fuentes consultadas, el procedimiento puede durar un mes. 

Y los tiempos son claves porque en ese plazo el Tribunal Supremo va a decidir si asume la investigación de los miembros del Govern encarcelados y los líderes de las entidades independencistas Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, los Jordis, y une ese procedimiento al que ya sigue contra diputados del Parlament, incluida su presidenta, Carme Forcadell. Cualquier recurso que presenten los imputados también deberá contar con el posicionamiento de la Fiscalía en el Supremo y en la Audiencia Nacional.

Así que se trata de un nombramiento clave en un momento muy complicado. Durante su año escaso de mandato, Maza, el magistrado del Supremo que el Gobierno eligió para colocar al frente de los fiscales en su legislatura más delicada, se alineó siempre con las tesis del Ejecutivo. Pero en el último mes, sus declaraciones sobre Catalunya, en las que Maza había ido anticipando en la prensa los delitos que se iban a imputar en las querellas contra los dirigentes independentistas y optó por los delitos más graves,  incomodaron al Consejo de Ministros.

El Fiscal General también supo -y lo comentó a su entorno- que la decisión de pedir prisión para Oriol Junqueras y otros siete resto de miembros del Govern que se negaron a declarar en la Audiencia Nacional, no había sentado bien en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero Maza mantuvo su criterio de que o los dirigentes independentistas renunciaban a la independencia y asumían la Constitución y el artículo 155 o el ministerio público pediría que fuesen a prisión, como finalmente sucedió. Para Maza ese distanciamiento -y el problema político que se abría a Rajoy que veía como los líderes de partidos que ya se habían comprometido a participar en las elecciones acababan en la cárcel- era un síntoma de independencia. 

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional Ángel Carballo, que defendió la medida de mandar a la cárcel a los exconsellers de Puigdemont, declaró ayer que con la muerte de Maza se ha perdido al Fiscal General “más independiente” de la historia.

El Gobierno deberá buscar ahora otro perfil en un momento en que la credibilidad de la institución está por los suelos. De la grave crisis que vive el ministerio público da prueba un dato: será el cuarto fiscal general que asume el cargo desde 2011. El primero de ellos, Eduardo Torres Dulce, cayó precisamente por no seguir las tesis del Gobierno tras la consulta independentista del 9-N y su sustituta, Consuelo Madrigal, se fue sin  hacer mucho ruido tras no aceptar los nombramientos que el Gobierno propuso como jefe de Anticorrupción, el polémico Manuel Moix, y en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. La muerte de Maza, que no llegó a cumplir un año al frente de la institución, obliga a encontrar a una cuarta persona.

Habrá que ver si el Gobierno persiste en su idea de colocar a un juez al frente de la Fiscalía o si intenta hacer un gesto con la carrera, muy revuelta tras el último año. Aparte de algunas decisiones que tomó por su cuenta en el asunto catalán, la política de nombramientos de Maza sí contentaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Hasta el punto de que el propio presidente llegó a elogiar al Fiscal Jefe de Anticorrupción en la tribuna del Congreso, en un gesto absolutamente inusual y cuando las cosas pintaban peor para Manuel Moix, que acabó dimitiendo. 

Como consecuencia del escándalo, también fue reprobado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que avaló primero a Maza y después a Moix.

Por si fuera poco, el sumario de la Operación Lezo, que mandó a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, sigue desvelando sonrojantes conversaciones entre el propio González y su amigo el exministro Eduardo Zaplana, en los que ambos hablaban de colocar fiscales amigos en puestos clave para resolver sus problemas judiciales. González y Zaplana que en un momento de las charlas aseguran que siguen consejos del expresidente José María Aznar, sostienen que debe ser Moix y Jesús Alonso, los que vayan a Anticorrupción y a la Audiencia Nacional. Ambos clavaron sus pronósticos. Y Maza sabía de la existencia de las grabaciones porque él mismo fue alertado por miembros de la Unión Progresista de Fiscales días antes de ascender a Moix.

La sucesión de escándalos en el ministerio público propició que todas las asociaciones de fiscales pidiesen el pasado mayo cambiar el procedimiento para designar al Fiscal General y que su nombramiento no dependiese del Gobierno. No ha sucedido y de momento el sucesor de Maza lo elegirá el Gobierno. Será el cuarto Fiscal General de la era Rajoy.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los ministros y los líderes de los principales partidos de la oposición han expresado sus condolencias por el repentino fallecimiento este sábado del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras ser hospitalizado en Buenos Aires por una infección. Sus restos mortales llegarán a España en la madrugada del martes, según han confirmado a Efe fuentes de la Oficina de Información Diplomática, en vuelo regular.

“Mi reconocimiento y agradecimiento por una vida de trabajo al servicio del Estado. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”, ha manifestado Mariano Rajoy. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha calificado a Maza de “excelente jurista y servidor público, gran conversador, una persona entrañable”. “Se ha ido un hombre bueno”, ha escrito a través de Twitter.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha lamentado la muerte de “un extraordinario jurista y servidor público”: “Descanse en paz José Manuel Maza. Un extraordinario jurista y servidor público. La justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales”. Por su parte, el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, lo ha calificado de “gran jurista”. “Descanse en paz José Manuel Maza, un gran jurista. Todo mi cariño y solidaridad para su familia, compañeros y amigos”, ha escrito el ministro en su perfil de Twitter.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha unido a las condolencias a la “familia y amigos” de Maza. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado “conmovido” con la terrible noticia“ y ha expresado su ”apoyo“ a su familia y compañeros en la Fiscalía. En la misma línea se ha expresado el coordinador general de Izquierda Unida y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que “por muchas que hayan sido” las críticas de la formación a José Manuel Maza “sentimos su muerte y respetamos su inteligencia”. “Nuestro más sentido pésame a sus colegas, amigos y familiares”, finaliza.

En términos contrarios se ha expresado Arran, una de las organizaciones juveniles de la izquierda independentista catalana, que ha reaccionado al fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dando la vuelta a su fotografía en las redes sociales. “¡Hasta nunca, Maza!”, han añadido.

Minutos después, el exdiputado de la CUP David Fernàndez se ha posicionado en sentido contrario y ha afirmado desde su cuenta de Twitter: “En la escuela pública catalana, hoy perseguida, me enseñaron a no menospreciar nunca y a respetar siempre el dolor ajeno”.

Las asociaciones de fiscales: “Era un hombre bueno”

La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han destacado “en estos momentos de pesar” la “valía” de Maza como jurista y han afirmado que se trataba además de “un hombre bueno”. “Un hombre que ha entregado a la Justicia lo mejor de sí mismo”, han asegurado en un comunicado conjunto.

“Dirigió en uno de los momentos más difíciles de la democracia la Institución con una extraordinaria dignidad, firmeza en la aplicación de la legalidad y con constante apoyo a los fiscales que en estos tiempos convulsos más lo necesitaban”, afirman.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha agradecido los mensajes de condolencia recibidos y la “humanidad” mostrada ante la pérdida de “un gran fiscal general independiente”.

Sus restos llegarán a España el martes

Los restos mortales del Fiscal General del Estado español, José Manuel Maza, fallecido el sábado en Buenos Aires por una infección renal, llegarán a Madrid en la madrugada del martes, según informa EFE tras la llegada de su hijo a Argentina para decidir sobre los detalles de la repatriación.

Aunque todavía se perfilan todos los trámites legales, se prevé que el cuerpo sea trasladado en la tarde del lunes en un vuelo regular directo de una aerolínea comercial, que tarda unas once horas en realizar el trayecto entre las dos capitales.

“De momento no tenemos todos los trámites hechos, pero creemos que eso es lo que es posible y previsible”, explicó el embajador español en Argentina, Javier Sandomingo, en declaraciones a la prensa en su residencia oficial, poco después de que en Madrid, fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID) confirmasen que los restos llegarán a España en la madrugada del martes.

“Respecte les decisions judicials, encara que cada cas és diferent, ja que no és el mateix els que són a Espanya que els que són a l'estranger, perquè no hi ha risc de reiteració delictiva”. Així s'ha referit el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, a la situació de Carles Puigdemont i els seus quatre exconsellers que es troben a Brussel·les des de fa una setmana.

A preguntes dels periodistes per la llibertat amb mesures cautelars de l'expresident i els seus quatre exconsellers, Maza ha insistit que la situació és diferent respecte als membres del Govern cessats que romanen a Espanya i que es troben a la presó.

Així mateix, ha assegurat que els fiscals destinats a Catalunya estan patint moltes pressions, sobretot “els seus familiars”. Per aquest motiu, ha revelat que aquestes actituds, que ha vinculat amb l'entorn independentista, “s'estan comprovant i controlant”. Els fiscals “estan patint escarnis en la porta de les seues seus”, ha reiterat en la seua posterior conferència.

Maza ha manifestat que no pot anticipar si també demanarà penes de presó per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres de la Taula. “Els delictes que podrien haver comès són els que s'arrepleguen en la querella inicial”, ha dit.

Sobre la polèmica reflexió que va aparèixer en el correu de la Fiscalia de “més dura serà la caiguda”, ha tornat a demanar disculpes i ha justificat que es deu a un arxiu anterior que té a veure amb una cançó del grup espanyol Gabinete Caligari.

“Respeto las decisiones judiciales, aunque cada caso es distinto, ya que no es lo mismo los que están en España que los que están en el extranjero, porque no hay riesgo de reiteración delictiva”. Así se ha referido el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a la situación de Carles Puigdemont y sus cuatro exconsellers que se encuentran en Bruselas desde hace una semana.

A preguntas de los periodistas por la libertad con medidas cautelares del expresident y sus cuatro exconsellers, Maza ha insistido en que la situación es diferente respecto a los miembros del Govern cesados que permanecen en España y que se encuentran en prisión.

Así mismo, ha asegurado que los fiscales destinados en Catalunya están sufriendo muchas presiones, sobre todo “sus familiares”. Por este motivo, ha revelado que estas actitudes, que ha vinculado con el entorno independentista, “se están comprobando y controlando”. Los fiscales “están sufriendo escraches en la puerta de sus sedes”, ha reiterado en su posterior conferencia.

Maza ha manifestado que no puede anticipar si también pedirá penas de prisión para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa. “Los delitos que podrían haber cometido son los que se recogen en la querella inicial”, ha dicho.

Sobre la polémica reflexión que apareció en el correo de la Fiscalía de “más dura será la caída”, ha vuelto a pedir disculpas y ha justificado que se debe a un archivo anterior que tiene que ver con una canción del grupo español Gabinete Caligari.

El Gobierno que preside Mariano Rajoy había mandado señales durante la última semana al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de que la entrada en prisión de los ocho exconsellers del Govern constituiría en este momento un problema político. En el Consejo de Ministros se había instalado la idea de que la huida a Bélgica del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y las brechas que empezaban a abrirse en el bloque independentista habían contribuido a apaciguar la calle y el procés para abrir un nuevo tiempo de precampaña electoral.

Pese a ello, la Fiscalía de Maza quien decidió firmar la querella personalmente solicitó este jueves en la Audiencia Nacional prisión incondicional para todo el equipo de Puigdemont (salvo Santi Vila, que dimitió horas antes de la declaración de independencia) después de que ocho de ellos, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, compareciesen ante la juez Carmen Lamela.

El criterio que había fijado Maza antes de la comparencia con los fiscales de la Audiencia Nacional para evitar la cárcel a los exmiembros del Govern pasaba por que estos asumiesen ante la juez el artículo 155 de la Constitución, su destitución por el Consejo de Ministros y sobre todo el compromiso de no seguir adelante con la defensa de la república catalana. Eso no se produjo porque los comparecientes decidieron no responder las preguntas de la acusación.

Lo explicó el propio Maza durante una entrevista en Hora 25 el mismo jueves cuando los consellers ya estaban cada uno en su celda: “¿Cómo va la fiscalía a dejar a unos ciudadanos que se niegan a responder al fiscal? Preguntábamos si aceptaban la vigencia del Constitución española en Catalunya y la aplicación del 155, y si dijeran que sí aceptaban la Constitución y que iban a dejar de estar en la línea de la comisión delictiva, como Oriol Junqueras que firma artículos [en el New York Times] como vicepresidente de la Generalitat, pues igual otra cosa hubiera cambiado, hubiéramos tenido que fijar en el riesgo de fuga o en otros elementos, pero no en el que para nosotros es básico. Cómo van a volver a su casa tras declarar que van a seguir insistiendo en el delito. Así lo ve la juez, que dice que en el caso de Vila no existe la idea que vuelva a su casa y a reiterar en el delito”.

El entorno de Maza defiende la actuación de los fiscales en la Audiencia Nacional aunque sabe del malestar que las imágenes del último Govern de la Generalitat entrando en prisión han causado en el seno del Gobierno que ve ahora como el independentismo recobra unidad y fuerza en las calles. “El fiscal general no es tonto y había visto señales a través de la prensa, y de terceros, de que la prisión no era lo que más convenía al Gobierno y a los partidos, pero él ha actuado de forma autónoma. Y también sabe que la prisión no ha sentado bien al presidente y los ministros”, aseguran desde el entorno de Maza.

Sin embargo estas mismas personas niegan que haya recibido instrucciones directas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre cómo actuar en esta causa. “El ministro y Maza se ven muchas veces para hablar de asuntos relacionados con los medios en la justicia pero no hablan sobre procedimientos”, repiten fuentes de la Fiscalía General.

Un portavoz oficial del Ministerio de Justicia también descarta que en esas citas el ministro haya tratado con Maza el asunto de Catalunya: “En esas reuniones nunca se tratan cuestiones procesales, nunca, estén presentes o no lo estén el fiscal general del Estado o el ministro de Justicia. La Fiscalía actúa con total y absoluta autonomía”.

Ya fuese directamente o a través de intermediarios, el Gobierno sí ha hecho llegar al fiscal general su diagnóstico político de la situación de Catalunya y la necesidad de rebajar tensión en vísperas de unas elecciones autonómicas que todos, incluidos los partidos independentistas, habían asumido tras la aplicación del 155 y la destitución del Govern. Ese era el escenario el miércoles cuando la coalición de Junts pel Si parecía rota y algunos de sus integrantes desmoralizados por las desventuras de Puigdemont y el resto de miembros de su equipo por tierras belgas.

La entrada en prisión de ocho de sus consellers ha reactivado las protestas callejeras en Catalunya y ejercido de pegamento entre las formaciones independentistas que ya negocian la unidad de acción e incluso podrían sumar al entorno de los comunes, indignados con la orden de prisión incondicional para Junqueras y el resto de consellers.

Fuentes cercanas al Gobierno sostienen que su disconformidad con la gestión que el fiscal general está haciendo del tema catalán venía de lejos. De aquellos días en los que Maza se paseaba por los medios de comunicación para avisar de los delitos que se iba a imputar a los independentistas si seguían adelante con el procés. “Han intentado frenar sus declaraciones invitándole a comportarse con más prudencia y con sentido político pero Maza ha hecho oídos sordos”, señalan las mismas fuentes.

En su última entrevista en la cadena Ser, Maza volvió a dejar titulares polémicos. “Bastante paciencia ha tenido el sistema y el estado de Derecho” con Catalunya, dijo el jueves por la noche.

La imagen de furgones de la Guardia Civil, de noche, conduciendo a la cárcel a miembros de un Gobierno elegido democráticamente dio la perfecta dimensión de dónde nos encontramos. Sin juicio y sin condena, solamente por la acusación, y decretando prisión incondicional sin fianza. No por esperada, fue menos impactante. Hubo oportunidad de soluciones menos drásticas, pero se optó por la confrontación. Enseguida -y porque el periodismo funciona, la justicia tiene unas normas, y hay ciudadanos responsables-, nos enteramos de preocupantes entresijos. Quienes se molesten en buscarlos, porque los medios oficiales en general han operado en dirección contraria. Apostando por la Cruzada y ocultando información. Dura contienda por la verdad, de temibles consecuencias que ya vamos viendo.

Fue el (reprobado) fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quién nos mostró en toda su crudeza en qué manos estamos en sus respuestas a Hora 25 de la Cadena SER. El vengativo “Más dura será la caída”, con el que tituló el archivo de la querella contra los independentistas, era la tónica mental de Maza, no un desliz. Así que fue desgranando que “bastante paciencia ha tenido el Estado de derecho”. Paciencias, en la justicia. O usó criterios morales como medio de decidir algún alivio de condena: “A lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”.

Lo más demoledor, sin embargo, fue esta afirmación: “Los que han criticado que planteemos la rebelión deben recordar que una querella no es un escrito de acusación. No se hila tan fino. Incluye todos los posibles delitos. No afirmamos que haya rebelión sino que es posible”. Es decir, se echa a la bolsa todo lo que quepa y luego el juez decide. En armoniosa coincidencia con Maza, la de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. No así el titular del Supremo. Todo esto y más lo analiza Íñigo Sáenz de Ugarte en este imprescindible artículo. “Lamela les está diciendo a los imputados: vais a pagar por lo que habéis hecho y por el viaje de Puigdemont a Bruselas”, escribe el subdirector de eldiario.es sobre la postura de la jueza. Venganza, por justicia.

Que se trata de un “Derecho Penal de autor”, como lo define Ignacio Escolar, se evidencia en varios datos más. Se ha vulnerado “el derecho al juez natural”, recogido en la Declaración de los Derechos Humanos y también en nuestra Constitución. “Es el derecho de cualquier acusado a que le juzgue el juez que le toque por ley, no el que le convenga al Gobierno o al fiscal”, explica el director de eldiario.es. Y todavía se han detectado más irregularidades.

Frente a hechos que deberían ser del dominio público y sin contaminar con la presunta obligación de decir “algo malo del otro”, nos encontramos con una auténtica campaña visceral, no exenta de elementos más prosaicos e inconfesables como los beneficios de poder y económicos. Marhuenda, tiznada voz del PP, condena, sin juicio, en La Razón: “Prisión por rebelión”. Precisamente por la cuestionada acusación de rebelión que Maza metió en el saco con calzador, por más que se llenen de ella los medios. Se creía que la jueza no lo incluiría en la petición de búsqueda y captura para Puigdemont y sus cuatro consejeros que se encuentran fuera de España, pero finalmente ha optado por pedir para ellos todo el paquete que manejan. Rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, todo.

La ofensiva viene de la tecla y de la pluma, de las voces y los gestos. De la más absoluta y rotunda intransigencia. Portadas como las de ABC, aunque ya indistinguibles de las restantes en papel, con esa levadura ultraderechista que les comentaba se les ha colado en el suflé a los españolistas. Un importante número de notables arenga a las masas decididas a ser muchedumbre o plaga justiciera. Sin que quepa otorgarles el mínimo atenuante dado que cada cual es dueño de sus actos. Dan miedo. Seres nacidos humanos acudiendo a insultar a estaciones de tren y aeropuertos a políticos llamados a declarar. Televisiones marcando la cuenta atrás de las comparecencias en un cronometro real expuesto en recuadro, que en definitiva marca los ingresos por audiencia exaltada. Aterra tanta sinrazón, tal inmadurez. Cómo se está imponiendo la ignorancia bruta. Linchamientos que no se depararon a delincuentes de peso, atracadores de lo público. Linchamientos virtuales, de momento. Da pavor.

Aparecen de buena mañana en radios y televisiones como si hubieran sido motivados por el oficial de tropa para la batalla. Ofreciendo las edificantes declaraciones de políticos en campaña: mano dura y cargo, cargo y yo no fui, estoy por encima del bien y del mal y me lo permiten. No es difícil tampoco imaginar, a tenor de lo que publican, las salas de terapia de algunas redacciones distribuyendo el alivio a las obsesiones compulsivas. Titulares y artículos delirantes. ¿Pueden imaginar al jefe de opinión de un diario que fue esencial insultando al colaborador londinense de prestigio al que censuró y expulsó? Está pasando.

La sociedad, los medios… y los políticos. Estamos llegando a niveles de desfachatez tan insultantes para la inteligencia como quejarse del ingreso en prisión de miembros del Govern depuesto, tras haber impulsado esa medida. Algunas personas muy sesudas y adultas todavía no entienden al parecer que los actos acarrean consecuencias. Pero ahí siguen, contribuyendo a la causa.

El partido conservador PPCs, bicéfalo ya, opera al unísono con García Albiol y Arrimadas, en el ala ultraderecha, ofreciendo a la implacable líder de Ciudadanos en Catalunya la presidencia de la Generalitat en un hipotético futuro de triunfos soñados. Con el PSOE y el PSC, e Iceta deslizándose por el alambre, un político valioso al que esta sin razón está quemando. Gumersindo Lafuente nos contaba los problemas de esa operación que ya fue ensayada para sofocar el nacionalismo vasco. La inyección al independentismo que se está dando podría desbaratarles la jugada. Albiol ya ha aportado la solución: “Si ganan, otro 155”. Esto se está sustentando. Y crecen los rumores sobre ilegalizacion de partidos que ya anticipara Pablo Casado.

Dan miedo. Cuantos se dedican a perturbar la convivencia que cabe esperar en un estado democrático. Y es un bloque decisivo. Soy de quienes creen que Rajoy no es Erdogan y España no es Turquía porque no ha pasado el tiempo suficiente. El líder turco también comenzó más pausado. Las leyes mordaza, el nombramiento de tribunales muy precisos, el mantener en puestos decisivos a profesionales con tan poco crédito como Maza o Catalá y el resto de los reprobados, evidencia inclinaciones peligrosas. Y algunas se están confirmando.

Partidos y políticos que apoyan sin pudor este tinglado son altamente responsables de cuanto ocurre. Sí, el Govern depuesto cometió errores, todo pudo ser diferente y la mayoría la pifió, pero eso no justifica el alarmante retroceso en derechos y libertades que lleva camino de instalarse. Algunos jamás podrán reconducir la imagen que se han forjado. El problema es hasta dónde piensan llegar.

E igual y en nivel similar cabe situar a los medios embarcados en la misma operación de conveniencias. El Banco de España anuncia cataclismos económicos, dicen. Por el procés. La violencia de las cargas policiales que dieron la vuelta al mundo, la intervención de la autonomía catalana y el encarcelamiento de sus miembros electos no debe influir. Raro, si eran las “soluciones”. Por no hablar del fomento de la huida de las empresas que, en efecto, va a afectar a toda España. Pero son así de inconscientes.

Y la sociedad como elemento esencial. Apoyando castigos impropios del siglo XXI por acciones políticas, mientras amparan la involución democrática, la corrupción y los recortes para su vida y la de sus hijos. La sociedad del “a por ellos”, de los insultos, del embestir y no razonar. La que ha descubierto en sus vísceras un fondo de violencia y xenofobia. Hay una ciudadanía, seguramente más numerosa y más positiva para el conjunto pero se retrae. No completamente consciente del peligro que nos acecha a todos.

Tiene una cierta lógica, humana. Los agitadores y maniobreros dan miedo. Porque es lo que buscan. No solo miedo, preocupación, tristeza, desconfianza, espanto… vergüenza. Nos levantamos y nos acostamos con esa losa, cuando sabemos que hay gente que sigue luchando por futuros más limpios y razonables. La pugna existe pero no es la que más se ve, y no deja de crecer. Copan el escenario. Y dan miedo, angustia, desaliento. Y, por encima de todo, francamente, dan asco.

La reprobación por el Congreso de los Diputados es el equivalente de la sentencia firme en el proceso penal. La primera destruye la presunción de legitimidad. La segunda la presunción de inocencia. La primera es dictada por el único órgano del Estado que tiene legitimación democrática directa y, por ello, es portador en régimen de monopolio de la soberanía nacional/popular. La segunda por el poder judicial que administra justicia con base en el principio de exclusividad. Ambas exigen un proceso público y contradictorio en el que se ejerce el derecho a la defensa con todas las garantías constitucionales. En la primera a través de dicho proceso se acredita que el titular del poder público lo ha ejercido de manera desviada, inhabilitándose con su conducta para seguir ejerciéndolo. En la segunda se acredita que el ciudadano ha sido protagonista de una conducta tipificada como delito y es condenado, en consecuencia, con el castigo previsto en el Código Penal.

A diferencia de lo que ocurre en el proceso penal, en el que no puede haber condena firme sin que hayan intervenido dos instancias, en la reprobación parlamentaria todo se produce en una sola instancia. La razón de que así sea es muy sencilla. El poder judicial se ejerce a título individual, incluso cuando se forma parte de un órgano colegiado y, en todo caso, en un proceso penal el número de jueces que intervienen es una fracción minúscula de todos los jueces y magistrados que integran el PODER Judicial. Dado que cada juez es independiente en la interpretación de la ley, resulta inexcusable que el justiciable tenga derecho a una segunda instancia, a fin de no quedar al albur de la individualidad del juez que haya conocido de su conducta en primera instancia. Sin segunda instancia no hay derecho a la tutela judicial efectiva en el proceso penal.

Los diputados que integran el Congreso no son titulares de poder alguno a título individual. El poder del Congreso de los Diputados en el ejercicio de todas las funciones parlamentarias, legislativa, presupuestaria y de control de la acción de gobierno, que es en la que se encaja el instituto de la reprobación, se ejerce siempre de manera colegiada. Participan en cada una de ellas todos los parlamentarios que integran el órgano. Y además de manera simultánea. Su decisión es, por tanto, global, única e inapelable.

La decisión del Congreso de los Diputados es la máxima expresión de la legitimidad democrática que cabe en el Estado Constitucional. Su autoridad es superior incluso a la del poder judicial, dada su proximidad al principio de legitimación democrática. En consecuencia, la reprobación de un Ministro o de un Fiscal General del Estado aprobada por el Congreso de los Diputados tiene que ser ejecutada de manera inmediata.

Una vez que el Congreso de los Diputados ha acordado que un ministro o un fiscal general, que inició su mandato con la legitimidad de origen que le transmitió el presidente del Gobierno, que a su vez la recibió del Congreso de los Diputados a través de la investidura, ha perdido dicha legitimidad como consecuencia de un uso desviado del poder, ni el ministro ni el fiscal pueden permanecer ni un minuto en su puesto. Es una exigencia del principio de legitimidad democrática, que no admite excepción de ningún tipo.

Un ministro reprobado o un fiscal general reprobado son delincuentes políticos, son personas que con su conducta se han hecho indignos de ocupar el puesto para el que habían sido designados. Una vez que ha sido acordado por el Congreso de los Diputados, no hay nada que discutir. Se ejecuta la decisión y punto.

Esta es la razón por la que en los gobiernos de las democracias no hay ministros ni fiscales generales reprobados. Como dijo el Tribunal Constitucional en la STC 6/1981, el principio de legitimidad democrática “es la base de TODA nuestra ordenación jurídico-política”. No hay ninguna manifestación de ejercicio del poder público que pueda escapar la vigencia de este principio.

En España, por el contrario sí los hay. Los ministros de Justicia y Hacienda y el fiscal general del Estado han sido reprobados por el Congreso de los Diputados y, además, lo han sido por mayorías aplastantes, lo que, jurídicamente no es relevante, pero políticamente sí. El hecho de que fueran diputados de diversos grupos parlamentarios los que integraran dicha mayoría no es irrelevante.

La confirmación por el presidente del Gobierno de los ministros y del fiscal reprobados supone un desprecio al principio de soberanía nacional/popular. Se trata de un desprecio grave y más en el momento que estamos viviendo. ¿Con qué credibilidad puede argumentar Mariano Rajoy que no se puede pactar la celebración de un referéndum en Cataluña porque afecta a la soberanía nacional, cuando él mantiene a dos ministros y a un fiscal general que han sido reprobados por el órgano portador de dicha soberanía nacional?

Los dos ministros y el fiscal general del Estado van a ser piezas decisivas en la aplicación del artículo 155 CE. Si los tres han hecho un uso desviado del poder en el pasado y en circunstancias menos difíciles, ¿cómo se puede confiar en que no lo harán en el futuro en circunstancias mucho más complicadas?

Es la propia legitimidad de presidente del Gobierno la que está en entredicho por la confirmación de personas reprobadas. En el momento en que es necesario que no existan dudas acerca de la legitimidad del Gobierno de la Nación, la presencia de esos tres delincuentes políticos no hace más que acrecentarlas.

En el caso de los señores Catalá y Maza hay algo más que decir. Su presencia al frente del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General contamina el proceso de administración de justicia en todo lo relativo al contencioso catalán. La apariencia de justicia es un elemento constitutivo del derecho a la tutela judicial efectiva. La justicia no solamente tiene que hacerse, sino que tiene además que parecer que se hace. Esta apariencia se resiente inevitablemente con la presencia de estos señores. Sin dicha presencia es difícil explicar las actuaciones que han conducido al ingreso en prisión de los presidentes de ANC y Òmnium. La falta de apariencia de justicia ha sido clamorosa.

Esto no los convierte en “presos políticos”, pero deja en muy mal lugar a España como Estado de Derecho.

Es, además, un muy mal indicador para los tiempos tan difíciles que se avecinan.

El funcionamiento de la Fiscalía Digital acorrala al fiscal general del Estado José Manuel Maza. Con una implantación pionera en Valladolid que se extendió el pasado verano a Badajoz y en septiembre a Cuenca, el sistema se revela altamente ineficaz.

Ese es el mensaje que se trasladó a Maza en una reunión del Consejo Fiscal el pasado 26 de septiembre en la que estaban presentes además de los vocales, los fiscales jefes de Valladolid y Badajoz así como el subdirector de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia. Los vocales de las asociaciones tanto progresistas como conservadoras coincidieron en pedir a Maza que sea firme con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que se niegue a seguir adelante con la Fiscalía Digital.

A la implantación de “papel cero” que arrancó con el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón y el sistema Lexnet, con reparaciones continuas, caídas y agujeros de seguridad, le ha seguido una Fiscalía Digital en la que los fiscales llegan a manejar hasta cuatro aplicaciones distintas que no están interconectadas y que ralentizan notablemente su trabajo, según explicó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández.

Durante el consejo que se convocó exclusivamente para tratar los problemas de la Fiscalía Digital, el representante de Justicia tuvo que ver dos vídeos en los que un fiscal demostraba que lo que en papel se hacía en un minuto, en digital tardaba 10 en el mejor de los casos. Su respuesta ante la evidencia fue, según Fernández, que se resolverían los problemas.

Lo cierto es que el proyecto digital había nació con taras. Una de las primeras aplicaciones que empezaron a usar los fiscales hace 14 años es Fortuny que, en teoría, permitía agilizar la tramitación de procedimientos, causas o asuntos judiciales en el ámbito del Ministerio Fiscal, tanto con origen en la propia Fiscalía, como con origen en los órganos judiciales que están bajo la jurisdicción de la Fiscalía. Su función no es procesal, sirve para localizar asuntos pero no para acceder a expedientes. Tampoco sirve como herramienta estadística.

El primer problema con el que se encuentra el Ministerio, es que para suprimir el papel, los expedientes deben digitalizarse y guardar en un servidor. Sin embargo hay un escollo que superar, y es el de las Comunidades Autonómas con la competencia de Justicia transferida, que tienen sus propios sistemas y las 9 que siguen perteneciendo a ‘territorio Ministerio’. Entre todas ellas hay que abordar la interconexión. El Ministerio idea entonces el sistema de comunicación Lexnet para sustituir las notificaciones por mensajes de correo electrónico. Para Fernández existe un problema de concepción con Lexnet: un abogado puede recibir tres  o cuatro notificaciones en un día, pero una Fiscalía puede recibir en un día 500 ó 600. Pero sin abrirlas es imposible saber qué contienen, puesto que van denominadas con números. De esta manera, hay que abrir una por una y adjudicarla al fiscal correspondiente en su buzón.

Fortuny, que nació como una aplicación estadística, cambió para que los fiscales pudiesen trabajar desde ella y los expedientes digitalizados fuesen localizables. Pero la experiencia digital siguió complicándose. El cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligó a que las declaraciones se realizasen en soporte lógico y tuvo que crearse otra aplicación para acceder a las grabaciones, Arconte/eFidelius. Para acceder, el fiscal usa otra aplicación más, llamada Visor.

De esta forma, cuando un fiscal enciende su ordenador se encuentra con cuatro programas con los que debe trabajar, Fortuny, Lexnet, Arconte/eFidelius y Visor, además del portafirmas digital, cada uno de ellos con un usuario y una contraseña diferente. “Un expediente judicial que existe en papel es como si fuese una novela o un libro, está todo ahí, tenga 20 folios o 20.000, ves todo y haces el dictamen que tengas que hacer. Pero con la Fiscalía Digital el fiscal tiene que ir al Visor a ver si le sale algo en el juzgado. De ahí a Lexnet para ver lo que el juzgado requiere al fiscal, y si hay alguna declaración o vista,  hay que pasar a Arconte”. Todo un peregrinaje por la red con un problema añadido: según Fernández “nunca existe la garantía de que esté todo” y eso es porque a veces no todo está digitalizado. La falta o no de documentos no puede conocerse, porque el Visor carece de índice y presenta una serie archivos pdf numerados.

Las dificultades no acaban ahí. Con las declaraciones grabadas de imputados, acusados o testigos, se pierde más tiempo que si estuviesen en papel, donde se puede leer rápidamente y localizar la parte determinante en cuestión de minutos aunque la declaración hubiese durado una hora. Si está grabada, hay que ver la hora entera. En un caso con un imputado, 20 testigos, varios peritos…la visualización puede ser eterna y eso suponiendo que la grabación sea correcta y no haya que repetirla por problemas de sonido, algo relativamente frecuente que ha provocado incluso la anulación de juicios.

En cuanto al trabajo que tanto jueces como fiscales realizan en casa también se complica. Antes metían la causa en una cartera y ahora esa posibilidad ha desaparecido, por la digitalización. Sin embargo, desde domicilios particulares ni jueces ni fiscales pueden entrar en el sistema, de manera que tienen que imprimirlo en dependencias judiciales. “Del papel cero hemos pasado al papel multiplicado por cuatro, porque antes imprimías lo necesario saltando documentos sin importancia (cambios de abogado, corrección de erratas, cambios de fechas de citación) y ahora al carecer de índice, se acaba por imprimir todo y eso lo hace el fiscal, lo hace el juez y lo hace cada uno de los abogados”, lamenta el presidente de la UPF.

El trabajo en la sala de vistas también se complica. Antes del “papel cero” el fiscal se llevaba una carpeta con la causa. En ella marcaba los documentos que le interesaban para el interrogatorio, por ejemplo. Ahora se encuentran con un ordenador que no les sirve porque no hay wifi en los edificios judiciales, ni un cable que permita la conexión al programa informático. Nuevamente, se ven abocados a llevar el caso impreso.

Lo que ha encendido los ánimos de todas las asociaciones de fiscales es que se ha avisado de los problemas desde principio, desde que la Fiscalía Digital se implante en Valladolid. “Se avisó de que no funcionaba y el Ministerio no hace caso porque hay un mensaje de triunfalismo”, asegura Fernández.  La solución del Ministerio es buscar una Fiscalía adicional, en este caso la de Badajoz, que traslada exactamente el mismo mensaje que su antecesora, que es todo “un desastre”.

¿Quién controla el sistema informático?

Pero hay otro asunto que preocupa a los fiscales: el sistema informático de la Justicia Digital está bajo el control del Ministerio, lo que supone que pueden acceder a todos los expedientes judiciales. La Agencia de Protección de Datos o el Congreso de los Diputados serían órganos más apropiados que el propio Gobierno, según Fernández. Una investigación secreta contra un alto cargo del Gobierno por ejemplo, estaría en riesgo con el sistema actual, el propio Gobierno podría acceder a ella, y todo porque la Fiscalía General del Estado, independiente del Ministerio, deja manos de este toda una ‘biblioteca’ de casos.

El Consejo del pasado mes de septiembre acabó con la exigencia de todas las asociaciones de fiscales, progresistas y conservadoras, de que Maza se plante y pida que se paralice el calendario establecido para extender la Fiscalía Digital hasta que se hayan resuelto todos los problemas tanto de funcionamiento como de seguridad y confidencialidad. La siguiente reunión iba a tener lugar el pasado 10 de octubre, pero la situación de Catalunya provocó que se anulase y siga sin fecha.

De momento, los fiscales de Valladolid, Badajoz y recientemente los de Cuenca, tienen que vérselas con un sistema digital que no les ofrece garantías y que se mejora a base de inyecciones de millones, como ocurre con Lexnet sin que haya datos globales sobre su coste.