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Junqueras y los exconsellers de ERC alegan que están cesados por el 155 para reclamar su salida de prisión

El recurso contra la prisión incondicional asegura que la Declaración Unilateral de Independencia tuvo un valor "estrictamente político" y que no se ha ejecutado por el 155

Creen que la prisión incondicional afecta a su derecho de participación política ante la posibilidad de que sean candidatos el 21D

"El valor de la dignidad personal de cada uno de los encausados debe ser reconocido, más allá de discrepancias ideológicas", pide el letrado Andreu Van den Eynde

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Junqueras, antes de entrar en la Audiencia Nacional

Oriol Junqueras y los cuatro exconsellers de ERC, en prisión desde hace cinco días, han pedido a la Audiencia Nacional salir de la cárcel. Entre otros motivos, porque su cese en aplicación del artículo 155 de la Constitución les impide ejecutar nuevas acciones en favor de la independencia de Catalunya, una de las razones  por las que están encarcelados.

Los exconsellers también consideran que la magistrada no ha valorado su condición de actores políticos para decretar su entrada en prisión. Así, sostienen que, de no estar arrestados, "tendrían una participación muy activa" en la campaña electoral del 21D, por lo que su encarcelamiento "lesiona irremediablemente" su derecho a la participación política, así como el derecho de la ciudadanía a escoger libremente a sus representantes.

Este lunes la defensa de Junqueras y los exconsellers, representados por el letrado Andreu Van den Eynde, ha registrado dos recursos ante la Audiencia Nacional: uno contra la admisión de la querella por rebelión de la Fiscalía y la fianza de 6,2 millones, y otro contra la prisión incondicional decretada por la magistrada Carmen Lamela, que ven "desproporcionada".

La defensa de Junqueras y los exconsellers, para lograr su salida de prisión, confronta el relato delictivo de la Fiscalía, aunque es consciente de que el fiscal Maza ve como delitos algo que los políticos consideran puntos legítimos de su programa electoral que no merecen castigo penal.

En este sentido, la defensa argumenta que el cese de todo el Govern debido al 155 impide la reiteración delictiva –uno de los motivos que la magistrada apreció para enviarles a prisión. "Los investigados no ostentan cargo ejecutivo alguno", remarca la defensa. En consecuencia, "no parece existir ningún escenario por el que los investigados puedan ejecutar acciones de reiteración", añade, en favor de la independencia de Catalunya.

Recuerda el recurso que el Govern no se ha reunido desde el día de su cese, el mismo viernes 27, y que no se han adoptado acuerdos ni publicado resoluciones en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) "que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del 27 de octubre" en la que se declaró unilateralmente la independencia de Catalunya. Una declaración que el recurso considera que "tiene un valor estrictamente político".

Críticas al encarcelamiento y al fiscal

En su escrito, el letrado Andreu Van den Eynde, considera que no hay ni riesgo de fuga, ni peligro de reiteración delictiva ni de destrucción de pruebas, y lamenta que la magistrada no hiciera un examen exhaustivo del arraigo de los exconsellers y de la proporcionalidad de la prisión incondicional antes de decretarla.

De hecho, considera que la magistrada ha ordenado el encierro de los exconsellers en base a un "prejuicio", y considera que el riesgo de fuga observado por Lamela "se presupone pero no se demuestra". "Hay indicios claros de que el arraigo de los investigados es enorme", abunda el recurso, que remarca la "actitud institucional plenamente colaborativa" con la Justicia de Junqueras y los exconsellers.

"El valor de la dignidad personal de cada uno de los encausados debe ser reconocido, más allá de discrepancias ideológicas", pide el letrado Van den Eynde.

El abogado critica asimismo la querella que la Fiscalía, que a su juicio no es más que una "curiosa interpretación novelada de lo sucedido en Catalunya en los dos últimos años", en referencia al proceso soberanista. Afea al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que intente "sin éxito" vincular las ideas políticas independentistas de los acusados a hechos "de signo violento o coactivo, mediante alambicadas interpretaciones".

LexNet y la suspensión de la vista

Otro de los puntos en los que se detiene Van den Eynde en su recurso es la suspensión de la vista en la Audiencia Nacional del pasado 2 de noviembre que pidió para poder asistir en el Tribunal Supremo a Carme Forcadell, a quien también defiende y que estaba citada el mismo día.

La magistrada Lamela, en el auto por el que envió a prisión a Junqueras aseguró que los escritos pidiendo el aplazamiento llegaron cuando ya había iniciado las declaraciones el pasado jueves 2 de noviembre y que ninguno de los abogados lo pidió oralmente antes de comenzar el interrogatorio.

Van den Eynde rebate a la magistrada y asegura que presentó una petición para suspender las declaraciones el día 1 de noviembre a las 21:01 horas a través de la plataforma digital de Justicia LexNet, escrito que fue "aceptado en el sistema" el día 2 a las 9:09.

Además, el mismo día 2, asegura Van den Eynde, mientras él se encontraba con Forcadell en el Supremo por ser un tribunal preferente a la Audiencia Nacional, autorizó a dos letrados para presentar ante Lamela la petición formulada el día antes por LexNet.

No obstante, según la versión del abogado, "las tramitadoras procesales del juzgado [de Lamela] rechazaron su admisión a trámite pese a ser advertidas del contenido del escrito y su relevancia para los actos procesales que habían de comenzar [el interrogatorio de los exconsellers], alegando que sólo se podía presentar por LexNet, como así se había hecho".

Añade el letrado que era "evidente" que  no pudo solicitar oralmente la suspensión de la vista el día 2 porque cuando empezaron los interrogatorios él estaba en el Supremo con Forcadell. "La instructora conocía que faltaba un letrado y que estaba en un señalamiento preferente", añade, por lo que resulta "irrelevante" que hubiera o no un documento pidiendo la suspensión de la vista. "La indefensión se producía por la falta de asistencia letrada [de abogado] de los investigados", zanja.

Van den Eynde cree que Lamela "tenía obligación de suspender incluso de oficio" los interrogatorios porque "constantemente" los abogados de todos los consellers hicieron referencia a la indefensión que causaba en sus políticos el hecho de haberlos citado en 24 horas sin tener tiempo suficiente para estudiar la querella del fiscal, decisión que sí tomó el Tribunal Supremo.

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