En marzo de 1956, muy cerca de Central Park, en pleno corazón de Nueva York, fue visto por última vez el alavés Jesús de Galíndez, de 41 años. Era profesor en Columbia y, oficialmente, este militante del PNV desde adolescente ocupaba desde 1949 el simbólico puesto de delegado del Gobierno de Euzkadi (en el exilio por la dictadura franquista) en Estados Unidos. Extraoficialmente, además, era espía para el FBI y la CIA. Galíndez fue secuestrado, torturado y asesinado. La versión más consolidada es que fue una orden del dictador Leónidas Trujillo, de República Dominicana, donde había residido de 1939 a 1946. Sin embargo, mucha de la información del caso, que ha atraído por igual a novelistas y a historiadores, sigue en una nebulosa setenta años después.

Galíndez nació en Madrid, pero se crió en la localidad alavesa de Amurrio. En la Guerra Civil, el PNV accedió por vez primera al Gobierno de España. El navarro Manuel de Irujo fue ministro de Justicia de la república y un veinteañero licenciado en Derecho ejerció letrado en la Dirección General de Prisiones. Con la derrota de la legalidad, como buena parte de la dirigencia del PNV, pasó al exilio. Su destino fue República Dominicana. Entre otras actividades, fue profesor del hijo del tirano, Ramfis. En 1946, pasó a Estados Unidos, donde lideró la delegación vasca.

En la Guerra Civil, el Gobierno autonómico que tuvo al frente a José Antonio de Aguirre creó el Servicio Vasco de Información, una agencia de espionaje. En el caso de Estados Unidos, el propio lehendakari se puso al frente del acercamiento a la CIA (nacida en esos años como OSS) y al FBI. Esto está perfectamente documentado en los archivos desclasificados por ambos organismos. En el caso del Reino Unido, la relación con la agencia conocida como SOE la capitaneó el que luego sería lehendakari en el exilio a la muerte de Aguirre, Jesús María de Leizaola.

El SVI, que buscaba ganarse la confianza de Estados Unidos para intentar un derrocamiento del franquismo en España que nunca llegó, colaboró con CIA y FBI en casi todos los países de habla hispana de América, incluida República Dominicana. Y también realizó operaciones internas en Estados Unidos desde su base era el 30 de la Quinta Avenida, la oficina de la Delegación. Galíndez era primero el agente DR-10 estando en Santo Domingo, donde aparentemente inició sus actividades en 1944, cuando la ciudad se llamaba Ciudad Trujillo. Y luego, ya en Nueva York, era el NY-507-s.

En Columbia, a finales de febrero de 1956, el Galíndez profesor había presentado una tesis crítica con el régimen dominicano. El Gobierno de España tiene publicado que “testimonios confidenciales recogidos posteriormente permiten establecer que fue sacado de su apartamento por personas de su confianza, drogado y trasladado en avioneta a la República Dominicana, donde se habría encontrado con el dictador antes de pasar a manos de sus torturadores”. Añade esta misma publicación que “los sicarios de Trujillo le sacaron, presuntamente, los ojos, le cortaron la lengua, le arrancaron las uñas y le machacaron los huesos lentamente con un mazo”. “Luego quemaron el cadáver y lo echaron a los tiburones”, se apunta. La historia completa se puede consultar aquí.

El asunto no es un detalle más en la historia del exilio vasco. Acaparó portadas y titulares en la prensa estadounidense. Manuel Vázquez Montalbán lo convirtió en novela en 1990. Recibió el premio nacional de narrativa y el premio europeo de literatura. En 2003, se convirtió en película con Eduard Fernández en la piel de Galíndez y Harvey Keitel como agente de la CIA.

En la historia del SVI emerge otra figura muy relevante, la de Antón de Irala, secretario del PNV y del lehendakari Aguirre. Él también estuvo en nómina de la OSS. Fue el predecesor de Galíndez al frente de la Delegación estadounidense. El archivo de la Universidad de Navarra, donde la familia Irala depositó el legado del exdiplomático vasco y que ha sido consultado por este periódico, conserva cartas entre Irala y Galíndez e incluso una reprimenda del lehendakari Aguirre porque operaban al margen de sus directrices. “Estás recibiendo copias cartas que me escribe Galíndez. Y eso no me parece bien. Es una cuestión de orden y más necesario de evitar en estos momentos en los que no veo con claridad vuestra actuación”, le afeó el lehendakari a Irala en 1950 estando ya en París.

Con la desaparición de Galíndez se esfumaron muchos archivos del SVI, la agencia de espionaje vasca creada en la Guerra Civil y que, en la II Guerra Mundial, se puso al servicio de las agencias estadounidenses. En 1962, 'The Washington Post' contaba bajo el título 'Operations in Spain' que después del secuestro de “Prof. Jesus de Galindez” la CIA había empezado a revisar sus “papeles”. “La CIA había entregado 1.016.000 dólares a Galíndez para operar una red vasca en España. Los vascos odian a Franco, por lo que esta red solamente podía estar operando contra Franco, quien ha cedido bases militares a Estados Unidos. El Departamento de Estado no sabía nada de esto”, contaba la crónica del rotativo de la capital.

Constan movimientos posteriores a la desaparición de Galíndez en los que Irala regresó a Nueva York a intentar recuperar esos archivos. Y tuvo un encontronazo con las autoridades. Les explicó que los papeles no eran del delegado, sino de la institución, y que entregárselos al viejo padre del desaparecido sería un error mayúsculo, porque acabarían en poder de las autoridades españolas. Para entonces, Estados Unidos había normalizado ya sus relaciones con la España franquista y no mantenía relación alguna con el espionaje vasco.

El veterano del PNV Iñaki Anasagasti cuenta que, durante la presidencia de Bill Clinton, Xabier Arzalluz recibió una invitación del entonces embajador en España, Richard Gardner. En una cena en Bilbao, les expuso que en 1956, siendo un joven abogado, fue comisionado para encontrar la documentación perdida de Galíndez, sin que la labor diera sus frutos.

Anasagasti promovió también en 1986, hace ahora cuarenta años, un homenaje a Galíndez en su Amurrio natal. Y es que, en su testamento, había dejado la siguiente petición: “Me declaro cristiano y vasco. Como tal quiero ser enterrado en la fe y en la tierra de mis antepasados cuando esto sea posible. Y ruego a quien se haga cargo de mi cuerpo y bienes que mis restos sean llevados un día a Amurrio, en la provincia de Álava, Euzkadi, para ser enterrados allí. Quisiera que fuese en la finca que mi padre tiene cerca de Zaraobe, en la parte alta donde se divisan las montañas de mi Patria”. El Archivo de Álava conserva una colección de 22 fotografías de ese momento.

En Vitoria, la capital de Álava, pasa completamente inadvertida una gran escultura de “Homenaje a Galíndez” en una rotonda entre Telefónica y el hospital de Txagorritxu. Fue instalada en 1999 con una gran grúa y es de Jorge Oteiza. En 2025 se encargó su restauración. En Bilbao, tiene también una avenida con su nombre. También tiene una calle en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y en Bahía Blanca, en Argentina, hay un paseo marítimo en su memoria.

“Salvó a personas de las 'checas' madrileñas. Luchó con las milicias vascas en la defensa de Madrid. Escribió obras de referencia sobre el derecho público vasco y contra la dictadura de Trujillo. Delegado del Gobierno Vasco en Nueva York, estaba preparando la lucha legal para impedir el reconocimiento del régimen franquista en Naciones Unidas cuando fue secuestrado. Jelkide eredugarria, harro egoteko modukoa”, escribió en X, el 12 de marzo, el presidente del PNV, Aitor Esteban.

Apunta el diccionario 'Elhuyar' que, en euskera', 'turuta' significa corneta o clarín. Pero Txomin Letamendi era más bien trompetista, aunque empleó el apodo de Turuta en sus misiones como espía del Servicio Vasco de Información. El SVI fue la agencia creada durante la Guerra Civil por el Gobierno autonómico de lo que entonces se conocía como Euzkadi y que, en la II Guerra Mundial, se puso al servicio de la CIA y del FBI de Estados Unidos y de otras potencias aliadas contra los nazis y fascistas. A Letamendi, uno de esos agentes vascos al servicio de la CIA (conocida en la época por las siglas OSS), el propio lehendakari José Antonio de Aguirre le pidió en persona regresar a España en 1942 confiado en que el régimen franquista iba a caer. Pero no lo hizo. Y Turuta fue detenido. Y torturado. Y encarcelado. Falleció por esta causa en 1950. Sus herederos, a punto de cumplirse 75 años de la muerte del espía, presentaron en 2024 una querella contra dos agentes de la Policía franquista. Una magistrada archivó la causa. Pero la Fiscalía recurrió y ha abierto la puerta a que los Letamendi logren de la Justicia española una “declaración de hechos pasados”, es decir, una resolución que, aunque no tenga consecuencias, ponga negro sobre blanco que Turuta fue un héroe y no un peligroso faccioso.

La historia de Turuta aparece de refilón en la memoria de la Fiscalía vasca de 2024, un documento puramente administrativo hecho público a comienzos de septiembre. Detrás de las anodinas cifras de una de las muchas diligencias mencionadas, las 53/2025, se esconde una vida de película. O de novela. Kirmen Uribe la recogió en 'La hora de despertarnos juntos'. Su esposa Karmele Urresti, pariente de Iñaki Anasagasti, el histórico dirigente del PNV nacido en el exilio de Venezuela, es una de las protagonistas.

El 20 de diciembre de 2024, al cumplirse 74 años de la muerte de Letamendi, trascendió que su familia había acudido a los tribunales. Presentaron una querella larga que tiene la misma cantidad de jurisprudencia y fundamentos legales que de historia de Euskadi, de España, de Europa y del mundo. Se explica que Letamendi nació en Bilbao en 1901. Se detalla su singladura como 'gudari' del PNV en la Guerra Civil, tanto en el frente de Bilbao como en la zona de Vitoria y Arrasate-Mondragón.

Pero los franquistas, auxiliados por alemanes e italianos, conquistaron todo el territorio vasco ya en el verano de 1937. Turuta pasó al exilio. Primero fue a París, al conocido palacio del 11 de la avenida de Marceau que ahora ha recuperado el PNV. “Es allí donde se puso a las órdenes del lehendakari” como un agente del SVI. Pero los nazis llegaron también a Francia. Su siguiente parada fue ya en América. En concreto, acabó en Venezuela. El SVI, en cambio, estableció su cuartel general en Nueva York. Allí trabó acuerdos de colaboración con la OSS (actual CIA), el FBI y también con el SOE británico. Todo esto está documentado en papeles secretos desclasificados ya tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido. En España eso aún no es posible a falta de la reforma de la ley de secretos oficiales.

Un informe de la CIA titulado “Mission Letamendi” explica el regreso a España del espía. Fue a finales de 1942. Aparentemente, Aguirre le invitó a volver al interior. Necesitaba agentes sobre el terreno ante lo que intuía (equivocadamente) como la caída del franquismo en paralelo a las derrotas de Alemania e Italia. El lehendakari, como también describió la CIA, llegó a pedir armas a Estados Unidos para su plan para derrocar al régimen. El propio viaje, en el buque Buena Esperanza, fue una misión confidencial para la CIA ya que en él iba también el getxoztarra José Antonio de Sangróniz, embajador español en Venezuela. La tapadera de músico permitía al espía hacerse pasar como un inocente vasco apolítico que recorría el mundo y que era amigo de las hijas del diplomático.

En 1945 acabó la II Guerra Mundial y, con ello, la luna de miel del SVI con Estados Unidos. Este país reinició sus relaciones diplomáticas con una España que ya no se estaba mostrando al mundo como amiga de las derrotadas Alemania e Italia. Letamendi fue arrestado en agosto de 1946 “con motivo de haber descubierto la Policía gubernativa de San Sebastián una valija con documentación clandestina con destino a Francia que puso de relieve la existencia de una amplia conspiración”. Según el franquismo, “todos los partidos políticos de izquierdas” -si bien el PNV era una formación católica y conservadora siempre operó del lado de los republicanos- estaban actuando subrepticiamente en el territorio nacional bajo instrucciones de autoridades en el exilio “para el derrocamiento del régimen establecido en España después de su guerra de liberación”.

Explica la familia que sufrió “graves torturas en comisaría”. Estuvo en prisión sin condena hasta mayo de 1947, es decir, nueve meses. Turuta optó por desplazarse a Barcelona, donde siguió trabajando como agente del SVI con los apodos de “Damián Landa” o “Darío Landa”. Pero fue arrestado nuevamente en septiembre de ese mismo año por la Brigada Político-Social. Otra vez más le decomisaron documentación interna de la oposición. Aquí se sabe que fue torturado por los agentes José Nogués Recoo y Fernando Escudero Arcocha. Son los dos nombres que aportó la familia a la Justicia. Hay más, pero no se han investigado. Lo dejaron “marcado” tanto física como psicológicamente. “No pudo revertir las secuelas”, abundan.

Fue procesado en 1948 y la Fiscalía militar pidió para él diez años de cárcel por delitos de espionaje. En febrero de 1950 llegó la sentencia condenatoria contra él tras un proceso sin garantías. Finalmente, le cayeron cinco años de reclusión por ser responsable de una “conspiración para la rebelión”. Estuvo preso en la propia Barcelona, pero también en Madrid y Guadalajara, según su expediente penitenciario. “Su estancia en prisión fue durísima” y llegó a dejar de comer. “Los muertos no comen”, contó otro reo sobre la delicada situación del torturado. En octubre le concedieron un indulto por su estado de salud. Estaba al “límite” cuando se reunió con su familia. El 20 de diciembre de 1950, estando en casa de un hermano en Madrid, falleció.

Según explican fuentes judiciales, la magistrada de Donostia Silvia Villanueva admitió a trámite la querella -que insiste en la inaplicabilidad de la amnistía de 1977 porque los delitos contra la humanidad no prescriben- y pidió a la Policía Nacional un informe sobre los dos nombres facilitados por la familia. El cuerpo le dijo que uno de ellos no constaba en sus bases de datos y que otro, Escudero, había fallecido ya. Aunque no hace tanto, en 2013. La instructora interpretó que no había responsabilidad penal posible en esas circunstancias y cerró el expediente. Pero, en abril de este año, la Fiscalía solicitó que se pudiera utilizar la posibilidad de realizar esa “declaración de hechos pasados”. Es lo último que se conoce del recorrido judicial de Letamendi, pero al menos es una puerta abierta a su reconocimiento. La ley vasca de víctimas de violencia policial, por ejemplo, no atiende casos de esa época, aunque sí del tardofranquismo y la transición.

El FBI dice tener pistas, imágenes, sobre el tirador que asesinó al influencer ultra Charlie Kirk este miércoles en la universidad de Utah. Incluso el posible rifle del asesinato. El anuncio, este jueves, se produce después de haber retenido el miércoles por la tarde a “dos personas de interés” en el asesinato que fueron dejadas en libertad horas después de ser retenidas.

“Contamos con buenas imágenes de video de este individuo”, ha dicho Beau Mason a primera hora, Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah en una comparecencia este jueves: “Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo. Confiamos en nuestra capacidad y queremos avanzar de forma que este proceso avance adecuadamente”.

Tres horas después, el FBI difundía las imágenes y llamaba a la colaboración ciudadana.

Robert Bohls, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Salt Lake City (Utah) ha explicado en la misma rueda de prensa: “Tras el trágico tiroteo de ayer contra Charlie Kirk, los agentes del FBI han estado trabajando incansablemente en coordinación con nuestros compañeros en las fuerzas de seguridad. Trabajamos y seguiremos trabajando sin descanso hasta encontrar a la persona que cometió este atroz crimen y averiguar por qué lo hizo. Esta mañana, les informo que hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de alta potencia. Este rifle se recuperó en una zona boscosa a donde el tirador había huido. El laboratorio del FBI analizará esta arma. Los investigadores también han recogido huellas de calzado, palma de la mano y antebrazo para su análisis”.

Según un informe interno preliminar que circuló dentro de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), funcionarios federales y locales recuperaron munición junto al rifle que parecía tener grabadas declaraciones que expresaban una ideología transgénero y antifascista.

Sin embargo, informa The New York Times, un alto mando policial con conocimiento directo de la investigación advirtió de que el informe no había sido verificado por los analistas de la ATF, no coincidía con otros resúmenes de las pruebas y podría haber sido malinterpretado. En las investigaciones con un ritmo acelerado, estos informes de situación no se hacen públicos porque a menudo contienen información confusa e imprecisa.

“Se están investigando todas las pistas”

Mason también ha dado algún detalle más sobre la persona que consideran sospechosa: “Anoche logramos algunos avances. Logramos rastrear los movimientos del tirador. A partir de las 11.52 a.m., el sujeto llegó al campus. Hemos rastreado sus movimientos dentro del campus, a través de las escaleras, subiendo a la azotea y cruzando la azotea hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía al otro lado del edificio, saltaba y huía del campus hacia un barrio. Nuestros investigadores han trabajado en esos vecindarios, contactando a todos los que han podido, con cámaras de las casas, testigos y han investigado exhaustivamente esas comunidades para encontrar pistas”.

“Les aseguro que todas las pistas, consejos y sugerencias se están investigando a fondo”, ha añadido Mason: “Hasta esta mañana, hemos recibido más de 130 avisos. El FBI ha puesto a su disposición todos los recursos a su alcance y seguiremos haciéndolo durante toda la investigación. La misión del FBI es proteger al pueblo estadounidense. Es defender la Constitución de los Estados Unidos. Cualquier ataque a la Primera Enmienda es un ataque a los cimientos mismos de nuestra democracia. Por eso, investigaremos incansablemente este caso y al tirador hasta encontrarlo. Si tienen algún vídeo o imágenes del tiroteo, les pedimos que no los envíen”.

Según los investigadores, se trató de “un ataque selectivo”, por lo que descartan “que la comunidad esté en riesgo. Estamos agotando todos los recursos para encontrarlo, y lo haremos”.

El agente del FBI Bohls ha evitado dar más detalles. ¿Han visto el rostro del sospechoso? ¿Creen que era de esta universidad? ¿Cuán lejos creen que pudo haber ido? “No puedo comentar sobre su rostro ni ningún otro detalle, ya que sigue siendo parte de la investigación. Tenemos imágenes del sospechoso y no estamos divulgando ningún detalle en este momento. Estamos agotando todos nuestros recursos para poder recopilarlos”.

¿Han podido rastrear al propietario del arma? “Estamos trabajando en eso, pero, repito, es parte de la investigación que no puedo comentar en absoluto”.

Los avisos se acumulaban en las mesas de los despachos, mientras los agentes trataban de atender casos que les quedaban grandes por falta de información rápida. Los retratos robot apenas servían y los archivos se perdían en pilas de papeles. La presión aumentaba cuando se escapaban delincuentes con historial de violencia, y la sensación de ir un paso por detrás se volvía insoportable.

En ese clima de frustración, la posibilidad de contar con la colaboración de la ciudadanía empezó a verse como una vía imprescindible para mejorar resultados y evitar que los fugitivos se convirtieran en sombras inalcanzables.

El primer aviso oficial contra un fugitivo nació en 1919 con el caso de William N. Bishop

El germen de esa idea se remonta a 1919, cuando el entonces Buró de Investigación emitió su primer aviso formal para localizar a un prófugo. Se trataba del soldado William N. Bishop, de 23 años, que había huido del arresto militar en lo que hoy es Fort Belvoir, en Virginia.

La alerta, firmada por el asistente del director Frank Burke, incluía una descripción física minuciosa, con referencias a marcas corporales y un retrato fotográfico. Bishop fue arrestado en abril de 1920, y a partir de entonces los boletines de Órdenes de Identificación se convirtieron en un procedimiento habitual para seguir el rastro de criminales buscados en todo el país.

Décadas más tarde, bajo el liderazgo de J. Edgar Hoover, el FBI amplió sus operaciones y alcanzó una presencia sin precedentes en la persecución de delincuentes. En 1949, un reportero del International News Service solicitó una lista de los fugitivos más peligrosos que el director deseaba capturar. El artículo resultante tuvo tal impacto público que, en marzo de 1950, Hoover institucionalizó la idea con el lanzamiento oficial del programa Los Diez Fugitivos Más Buscados.

El primer nombre fue Thomas James Holden, condenado por robo a mano armada y acusado de asesinar a tres familiares. Su inclusión en la lista derivó en su captura un año después. En menos de dos semanas, nueve fugitivos más se sumaron, y al cierre de 1950 siete ya habían sido localizados. Incluso casos más prolongados, como el de Henry Randolph Mitchell, que permaneció ocho años en la lista por un atraco bancario, marcaron precedentes sobre cómo el tiempo podía influir en los procesos judiciales.

El programa logró una tasa de éxito del 93% con miles de detenciones gracias a avisos

Con el paso de los años, el FBI afinó la estrategia para decidir quién aparecía en el listado. La selección depende de que el fugitivo represente una amenaza grave y de que la difusión nacional pueda facilitar su arresto. Además, se ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares, ampliable en casos concretos, para quien aporte información que conduzca directamente a la detención. Este incentivo, junto a la exposición mediática, ha sido determinante en numerosas capturas.

La tasa de éxito del programa ronda el 93 %, con 496 fugitivos localizados desde 1950 hasta la actualidad, 163 de ellos gracias a datos aportados por ciudadanos. Entre los arrestos más rápidos destaca el de Billie Austin Bryant, hallado en un desván apenas dos horas después de aparecer en la lista en 1969.

La experiencia llevó al FBI a replicar el formato en otras áreas, como la lista de Terroristas Más Buscados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, además de registros de personas desaparecidas o víctimas de secuestros parentales.

La difusión ha evolucionado desde carteles en comisarías y publicaciones en prensa hasta programas de televisión y redes sociales. Espacios como America’s Most Wanted o boletines radiales han ayudado a mantener el interés público, mientras que internet y las plataformas digitales permiten actualizaciones inmediatas sobre cualquier nuevo caso. La integración de canales tradicionales y modernos refuerza la visibilidad de los fugitivos y multiplica las posibilidades de recibir pistas útiles.

Cindy Rodríguez Singh es la última en aparecer por el asesinato de su hijo de seis años

En julio de 2025, la lista sumó su caso número 537 con la incorporación de Cindy Rodríguez Singh, acusada del asesinato de su hijo de seis años, Noel Álvarez, desaparecido en octubre de 2022. La sospechosa viajó con su familia a la India en marzo de 2023 poco después de que la policía acudiera a su domicilio para comprobar el bienestar del menor. La investigación sigue abierta, y la esperanza del FBI es que la misma herramienta que nació por una casualidad periodística contribuya ahora a localizarla.

La organización FACUA-Consumidores en Acción ha ampliado este martes su denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra la agencia de viajes fantasma anunciada por Vito Quiles porque sostienen que la imagen incrustada en la página web de UtopiaViajes donde se asegura que ha sido “incautada por el FBI” es falsa.

Así, la asociación solicita ahora a la Fiscalía que, además de investigar si los hechos cometidos por el responsable de la empresa son constitutivos de delito de estafa, valore si la simulación de que la web ha sido intervenida por el FBI, el Departamento de Justicia de EEUU y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) encaja en el tipo delictivo de la falsedad documental.

FACUA asegura que ha verificado que la imagen que aparece en la web con los logotipos de los citados organismos “ha sido en realidad robada de una de las numerosas páginas que realmente interviene el FBI e incorporada directamente al servidor donde está alojada utopiaviajes.com, propiedad de un proveedor de hosting de Islandia”, han explicado en un comunicado. Por contra, cuando la Oficina Federal de Investigación estadounidense incauta un dominio de internet, lo redirecciona a sus propios servidores.

FACUA también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un documento elaborado por el abogado de Vito Quiles el pasado 6 de agosto y, según afirma, enviado a UtopiaViajes. El documento fue remitido por Quiles este lunes al programa Mañaneros 360 de TVE con la intención de justificar que no había mantenido una actitud pasiva al conocer que la supuesta agencia se había quedado con el dinero de sus clientes sin prestarles los servicios contratados.

En el texto que Quiles asegura haber remitido al domicilio social en Londres de UtopiaViajes dice que llevaba “meses” siendo conocedor de “múltiples quejas” y “denuncias públicas” contra la empresa por “presuntas prácticas comerciales ilícitas o fraudulentas”. En el citado mensaje, el abogado de Quiles afirma que este “mantuvo una colaboración con su empresa [UtopiaViajes LTD] en calidad de imagen pública y apoyo promocional, en virtud de un acuerdo por el cual cedía temporalmente sus derechos de imagen para su utilización en campañas publicitarias y contenidos promocionales”. El anuncio protagonizado por el ultraderechista se emitió en Instagram el 7 de julio, pese a que en su escrito pone de manifiesto que en esa fecha ya conocía la existencia de quejas y denuncias contra el negocio.

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Corrección:

Una primera versión de esta noticia informaba de la clausura la web de la supuesta agencia de viajes anunciada por Vito Quiles con el texto de un teletipo de Europa Press que se hacía eco de un comunicado de Facua. Se ha modificado el texto tras la corrección de Facua.

El FBI se ha puesto al frente de una gran investigación internacional por el caso Omegapro, una de las mayores estafas piramidales de la historia en cuyos actos promocionales participaron conocidos futbolistas de la Liga, en activo y retirados, como Vinícius Jr., Luis Figo, Iker Casillas o Carles Puyol. Los investigadores estadounidenses calculan que el fraude a los inversores supera los 650 millones de dólares.

A través de decenas de testimonios y documentos legales, elDiario.es explicó en octubre de 2024 un escándalo financiero que había tenido eco en todo el mundo, pero no había aparecido en la prensa española. El caso Omegapro reabre el debate sobre la responsabilidad de los famosos que participan en los actos de promoción de fraudes financieros advertidos por los reguladores.

La relevancia mundial de esta estafa vuelve a ponerse de manifiesto con la entrada y liderazgo en las pesquisas del FBI. Según un comunicado del departamento de Justicia de los EEUU, la acusación se dirige contra dos ciudadanos estadounidenses: Michael Shannon, fundador y promotor de OmegaPro, y Juan Carlos Reynoso, detenido en 2023 y director de las operaciones de la empresa en América Latina y parte de los Estados Unidos, además de Puerto Rico.

Ambos acusados se enfrentan a posibles penas de 20 años de cárcel por los delitos recogidos en el Código Penal de EEUU de conspiración para cometer fraude y blanqueo de dinero. Hace un año, dos de los fundadores de la empresa fueron detenidos en Estambul: el holandés Robert Velghe y el sueco Andreas Szakacs, que residía en Turquía tras haberse cambiado el nombre.

“Los acusados se aprovecharon de personas vulnerables en Estados Unidos y en el extranjero y les defraudaron más de 650 millones de dólares con falsas promesas de ganancias sustanciales y de que su dinero estaba seguro”, declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la división penal del departamento de Justicia de los EEUU, el equivalente a la Fiscalía española.

En palabras de Guy Ficco, jefe de la división de investigación criminal de la Agencia Tributaria estadounidense, el caso Omegapro “expone la despiadada realidad de los delitos financieros modernos”. La empresa, agregó el investigador, “prometió libertad financiera, pero trajo la ruina financiera”. El Departamento de Justicia incluso ha habilitado una web para buscar a más afectados.

El mecanismo del fraude que la investigación estadounidense ha conseguido detallar consistió en la promesa de rentabilidades de hasta un 300% en 16 meses por invertir en criptomonedas. Se convencía a los inversores gracias a una agresiva campaña de marketing en la que participaron celebridades en grandes eventos por todo el mundo, además de la publicidad que se hacían los propios promotores en redes sociales.

La investigación pilotada por el FBI también cuenta con la colaboración de otros departamentos de la administración estadounidense y sus delegaciones en el extranjero, además de la Fiscalía colombiana (uno de los países en los que Omegapro causó más estragos) y las autoridades de Australia, Canadá, Reino Unido y Países Bajos.

“El FBI no se quedará de brazos cruzados mientras la población estadounidense es estafada”, zanjó Joe Perez, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, quien mostró su objetivo de que los responsables del fraude se sienten como acusados ante un tribunal.

Tanto las víctimas de esta estafa como antiguos empleados de este esquema piramidal con los que habló elDiario.es admitieron que los actos de la empresa y la participación de celebridades en ellos les hicieron confiar en el proyecto.

Si bien el comunicado del FBI no menciona directamente a los futbolistas, los investigadores sí destacan los “ostentosos eventos promocionales y capacitaciones” que OmegaPro organizó en todo el mundo como parte fundamental del fraude. Resalta el FBI que estos eventos buscaban “convencer” a los inversores que Omegapro “era una empresa legítima que ofrecía un camino hacia la riqueza y un estilo de vida lujoso”.

Entre esos eventos figuró la proyección del logotipo de OmegaPro sobre el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, en un evento en Dubai. Otra de las vías para perpetrar la estafa que el FBI fueron los vídeos y publicaciones de Sims, Reynoso “y sus cómplices” en las redes sociales para mostrar vacaciones y coches de lujo, ropa y relojes de alta gama.

“¿Cómo iba a ser un timo?”, se preguntaba una de las afectadas de Montcada i Reixac (Barcelona) en conversación con este diario. “¡Si estaban metidos los futbolistas y el logo de la empresa se proyectó en el rascacielos ese de Dubai!”.

Jugadores y exjugadores como Vinícius, Ronaldinho, Figo, Hierro, Roberto Carlos, Casillas o Puyol, entre otros, participaron en actos de promoción de este fraude internacional. Algunos de ellos incluso lo llegaron a publicitar en sus redes sociales.

Los eventos se celebraron en 2022, cuando casi media docena de reguladores internacionales (Francia, Bélgica, Colombia, Perú, España…) ya habían advertido del fraude. En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo había incluido en enero de 2020 a su listado de chiringuitos financieros.

El director del FBI, Kash Patel, ha anunciado este viernes en una publicación en X la detención de la jueza Hannah Dugan a las afueras de Milwaukee (Wisconsin, EEUU) por los “cargos de obstruir” la detención de una persona migrante la semana pasada. En la publicación, que Patel ya ha borrado, aseguraba: “Creemos que la jueza Dugan desvió intencionadamente a los agentes federales”. Se refería a los efectivos que acudieron al tribunal donde el hombre tenía una audiencia con la magistrada. 

“Afortunadamente, nuestros agentes persiguieron al agresor a pie y ha permanecido detenido desde entonces”, escribió Patel en el mensaje eliminado. El individuo es Eduardo Flores-Ruiz, un mexicano sobre el que pesan tres acusaciones menores por agresión, según el Milwaukee Journal Sentinel. 

El director del FBI también aseguraba en el mensaje que “pronto” compartiría más información y felicitaba a la oficina de Milwaukee por su trabajo “excelente”. La razón por la que Patel ha borrado el tuit aún no se conoce, y ni el FBI ni Justicia se han pronunciado sobre los hechos. La fiscal general, Pam Bondi, sí ha confirmado el arresto en otra publicación en X donde acusa a Dugan de “haber ayudado a un inmigrante ilegal a evitar una detención” y añade: “Nadie está por encima de la ley”.  

La acusación presentada por un agente del FBI contra la magistrada de Wisconsin describe una confrontación entre Dugan y los agentes que se personaron para detener a Flores-Ruiz. Según cita el New York Times, el documento describe a la jueza como “visiblemente molesta y que tenía una actitud beligerante y enfadada” con los trabajadores del FBI y la DEA (las siglas de la Administración de Control de Drogas) que irrumpieron en la sala.  

La denuncia afirma que la juez se enfrentó a los agentes. “A pesar de estar informada de la orden administrativa para la detención de Flores-Ruiz, la jueza Duga escoltó a Flores-Ruiz y su abogado fuera de la sala a través de la 'puerta del jurado', que lleva a una zona no pública del juzgado”, dice el documento.

El anuncio de la detención se produce después de que muchos jueces hayan criticado las prácticas de los agentes de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) al detener a migrantes en sus audiencias judiciales. De hecho, el arresto del activista palestino Mohsen Mahdawi siguió un modus operandi similar: Mahdawi, que tiene estatus legal en el país, fue detenido por los agentes del ICE en la oficina de inmigración de Colchester (Vermont) cuando se presentó a una cita que supuestamente era para conseguir el pasaporte estadounidense. 

La detención de la jueza Dugan es un nuevo peldaño de la campaña de coacción e intimidación contra jueces y abogados en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. El mismo presidente no solo ha pedido la revocación de jueces que considera díscolos por obstruir sus órdenes ejecutivas, sino que también ha lanzado una campaña de presión contra los principales bufetes de abogados para que no acepten representar demandas judiciales que puedan convertirse en un freno para sus planes. 

Los temores sobre los nuevos responsables del FBI se han avivado después de que Donald Trump anunciara su elegido para el puesto de subdirector: Dan Bongino, un podcastero de extrema derecha que nunca ha trabajado para la agencia.

Expolicía de Nueva York y exagente del Servicio Secreto durante los mandatos de George W Bush y Barack Obama [el Servicio Secreto de EEUU vela por la seguridad de los presidentes], Bongino es conocido por ser uno de los opinadores conservadores que defienden públicamente la mentira del supuesto pucherazo durante las elecciones presidenciales que Trump perdió en 2020.

En los 117 años de historia del FBI, esta es la primera vez que el puesto de subdirector no lo ocupa un agente sénior. La confirmación de Kash Patel como director por parte del Senado ya había hecho temer por el posible uso del FBI para la persecución de enemigos políticos. El nombramiento de Bongino ha intensificado aun más esas preocupaciones.

“Donald Trump acaba de nombrar como subdirector del FBI al podcastero MAGA [Make America Great Again, lema de los partidarios trumpistas] de extrema derecha Dan Bongino, un conocido difusor de teorías de la conspiración que hizo circular la mentira del 'pucherazo' en las elecciones de 2020, que Dios nos ayude a todos”, publicó en la red social X el grupo 'Republicans Against Trump', formado por miembros del Partido Republicano que se oponen al presidente.

El republicano Gregg Nunziata, que fue asesor del actual secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Bongino es aun más radical que Patel, quien ha descrito al FBI como un brazo del “estado profundo” dedicado a pejudicar a Trump y ha prometido transformar a la sede de Washington en un museo.

“Kash Patel debería haber sido la línea roja; Bongino es lo que pasa cuando los senadores republicanos no cumplen con su trabajo de decir no a Patel”, escribió Nunziata, que añadió: “La Administración Trump está entregando las agencias policiales federales a esbirros partidistas sin cualificación y sin principios, esto es algo inaceptable y los conservadores tienen que decirlo”.

“Trump ha puesto a timadores a dirigir el FBI”, escribió el senador por Connecticut del Partido Demócrata Chris Murphy. “Todo el programa de Dan Bongino se basa en decirle a sus oyentes que el mundo se acaba para que así le compren las docenas de productos de supervivencia que él vende; sé que esto parece un mal sueño, pero no lo es”, criticó.

Trump anunció el nombramiento de Bongino a última hora del domingo en su red social Truth. “¡Gran noticia para las Fuerzas del Orden y la Justicia de Estados Unidos!”, escribió.

Bongino se había presentado sin éxito en tres ocasiones como candidato del Partido Republicano a las elecciones legislativas de Maryland y de Florida. Trump lo presentó como “un hombre de un amor y una pasión por nuestro país increíbles”. El presidente también dijo que Bongino renunciaba a su puesto como “uno de los podcasteros más exitosos” para ponerse al servicio del país.

El subdirector es el cargo que se suele ocupar del funcionamiento policial cotidiano de la oficina, y las cualificaciones de Bongino para ocuparlo ya se habían puesto en cuestión. Antes del nombramiento, la Asociación de Agentes del FBI escribió a sus muchos afiliados para informar de que habían conseguido de Patel un acuerdo para que el puesto de subdirector siguiera ocupándolo “un agente especial en activo, como ha sido el caso durante 117 años, por muchas razones de peso, entre ellas la experiencia y los conocimientos operativos, así como la confianza de nuestros agentes especiales”.

Bongino, que también ha sido presentador de la cadena Fox News, ha escrito libros para defender la existencia de una conspiración contra Trump desde el “estado profundo” (su nuevo jefe, Patel, también lo ha hecho). “Toda mi vida en este momento se centra en someter a los progres ['owning the libs'], dijo Bongino en 2018.

El nombramiento de Bongino fue recibido con júbilo por los seguidores de Trump. “¡¡¡Es una noticia increíble!!! Gracias @dbongino por el sacrificio. Sé que es para ponerte al servicio de nuestro país. EEUU acaba de recibir una mejora enorme”, publicó Charlie Kirk, provocador de derechas y fundador de la organización Turning Point USA.

La toma de posesión de Bongino también genera incertidumbre por el destino de Brian Driscoll y Robert Kissane, los agentes de alto rango del FBI que venían ocupando los cargos de director y de subdirector en funciones mientras Patel esperaba a que el Senado lo confirmara.

Ni Driscoll ni Kissane se avinieron a cumplir con la exigencia de la Administración Trump de que revelasen el nombre de los miles de agentes que trabajaron en la investigación por la insurrección del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores violentos de Trump atacó el Capitolio con la intención de anular el resultado de las elecciones.

Dos personas han sido detenidas en Asturias y Sevilla por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusados de su presunta autoría en un centenar de ciberataques contra administraciones públicas y empresas privadas, nacionales e internacionales, llevados a cabo desde octubre de 2022, en empresas y administraciones públicas y privadas de España, México, Argentina y Perú.

En esta operación policial, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Grado (Asturias), han colaborado la Fiscalía de Criminalidad Informática, el Centro Criptológico Nacional y el FBI de EEUU.

Los agentes imputan a los arrestados los ataques perpetrados, entre otros, en la empresa pública de las ITV en Asturias (ITVASA), en varios ayuntamientos y diputaciones, en la Universidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de Salud de Perú, el Ministerio de Cultura de Argentina y el Poder Judicial del estado mexicano de Txascala.

La operación, denominada Oceansx, comenzó tras relacionar una serie de ciberataques con la información recabada en investigaciones anteriores que condujeron hasta un canal de Telegram en el que se mostraban accesos fraudulentos a varias administraciones públicas.

Los seudónimos utilizados en los ciberataques

Los agentes investigaron a uno de los principales responsables de estos accesos que actuaba ocultando su identidad bajo varios seudónimos, entre los que figuraban “GUARDIACIVILX”, “9bands”, “banz9”, “TheLich”, “Crystal_MSF”, “OUJA”, “unlawz” o “teamfs0ciety”.

El primer seudónimo, “GUARDIACIVILX”, se publicitaba como vendedor de correos electrónicos corporativos y credenciales de acceso a servicios remotos, concretamente a un portal de consultas de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la ITVASA.

La Guardia Civil asegura en un comunicado oficial que este ciberdelincuente pretendió sin éxito vender ese paquete información por cerca de 13.000 dólares, así como otra base de datos con información acerca de más de 200.000 personas.

Durante la investigación también se rastrearon diferentes cuentas de criptodivisas vinculadas a esta persona que constataron que se dirigían o provenían de distintas casas de cambio de criptomonedas, conocidas como “exchangers” y desde las cuales se habían materializado los pagos de la venta de varios paquetes con estas credenciales de acceso obtenidas de forma ilegal.

Una vez localizado, el operativo policial se centró en la identificación de otras cuentas e identidades que supuestamente utilizaba. A continuación reproducimos el vídeo facilitado por la Guardia Civil con imágenes de la actuación desarrollada para localizar el material intervenido a los 'hackers'.

Un operativo en colaboración con el FBI

Los agentes contactaron posteriormente con el FBI estadounidense una vez que comprobaron que el ahora detenido también había llevado a cabo presuntamente ciberataques a instituciones del continente americano, especialmente en países de habla hispana.

Aunque el operativo policial se ha hecho público este viernes, las detenciones de estas dos personas en Asturias y Sevilla se llevaron a cabo el pasado otoño, según ha confirmado la Guardia Civil.

En un comunicado, sostiene que el material intervenido, tanto informático como documental, ha permitido lograr las “evidencias necesarias” para vincular otros ciberataques a entidades tanto públicas como privadas, entre otros las ITVASA de Asturias, los Ayuntamientos de León, Salamanca, Vitoria, Bermeo y Basauri, las diputaciones de Jaén y Málaga y el Servicio Cántabro de Salud.

También se les atribuyen los ataques cometidos al otro lado del Atlántico, como los sufridos por el Ministerio de Cultura de Argentina, el Ministerio de Salud de Perú, el Poder Judicial de Tlaxcala, en México, o el hondureño Banco Atlántida, entre muchas otras.

También actuaron contra empresas privadas y estaban principalmente interesados en robar información de redes de farmacias.

La Guardia Civil ha destacado el alto grado de sofisticación desplegado por los detenidos, que actuaban de manera coordinada, de forma que sus ataques eran “cada vez más dañinos y complejos”.

“Hemos hackeado a los hackers”, celebraba esta semana el responsable de la operación internacional liderada por el FBI y la Agencia contra el Crimen británica (NCA) que consiguió tumbar a “LockBit, el grupo cibercriminal más dañino del mundo”. Las fuerzas de seguridad habían utilizado su propia táctica contra ellos: encontraron una brecha de seguridad en sus sistemas, se colaron por ella, extrajeron todos los datos que pudieron y tumbaron su infraestructura digital.

La gran multinacional de los ciberataques de ransomaware, conocida por el alto grado de profesionalización de sus miembros y su estructura interna, parecía quedar así desarticulada. Su caída daba a su vez una ventana a las miles de víctimas de la organización en todo el mundo, ya que las fuerzas de seguridad consiguieron hacerse con un considerable número de códigos para descifrar los archivos secuestrados por los que los hackers esperaban cobrar un rescate.

“Hemos tomado el control de su infraestructura, confiscado su código fuente y obtenido claves que ayudarán a las víctimas a descifrar sus sistemas”, aseveraba el jefe de la operación internacional, en la que también participaron Francia, Japón, Suiza, Canadá, Australia, Suecia, Países Bajos, Finlandia y Alemania. “A día de hoy, LockBit está bloqueado”.

Sin embargo, apenas unas horas después el propio grupo de cibercrimen organizado ponía toda la operación en duda. Una serie de mensajes en su grupo oficial de Telegram avisaba que los daños a sus archivos habían sido mínimos y que volverían a la actividad muy pronto.

Los ciberdelincuentes han cumplido su amenaza en la madrugada de este domingo. Un nuevo portal oficial en la web oscura anuncia nuevas víctimas y las emplaza a negociar los rescates por sus archivos. Además, anuncian su apoyo a Donald Trump y aseguran que la operación del FBI contra ellos es una respuesta al robo de información confidencial sobre sus procesos legales.

“Los documentos robados contienen cosas interesantes sobre los casos judiciales de Donald Trump que podrían afectar las próximas elecciones en EEUU”, afirma LockBit. “La situación en la frontera con México es una pesadilla. Biden debería retirarse, es un títere. Si no fuera por el ataque del FBI, los documentos se habrían publicado el mismo día”, continúan en un extenso comunicado.

La organización también se burla de la operación contra ellos y reta a las fuerzas de seguridad a demostrar que su ataque fue realmente exitoso. “Afirman tener 1.000 códigos de descifrado, aunque había casi 20.000 descifradores en el servidor, la mayoría de los cuales estaban protegidos y no pueden ser utilizados por el FBI”, manifiestan.

Los expertos consultados por elDiario.es dan credibilidad al anuncio de la vuelta a la actividad del grupo. “Total y absoluta”, dice Rafael López, experto en ciberseguridad de la firma Perception Point. “Los enlaces están operativos al 100%, puedes navegar y ver todos los leaks [información robada] que han restaurado”.

“En el sector siempre se ha tomado con cautela esto y nos parecía que había sido 'demasiado fácil' desmontar a Lockbit”, continúa este especialista, que destaca que la operación contra ellos ha derivado en “su primer posicionamiento político”: “Dicen abiertamente que quieren que gane Trump”.

Daute Delgado, instructor de la escuela Ironhack y analista del centro de ciberseguridad de Naciones Unidas, confirma que el nivel de actividad que ha reanudado LockBit confirma que “han sobrevivido”. No obstante, avisa que no hay que fiarse de las palabras de los ciberdelincuentes, ya que “sí podría haberles debilitado”.

“Habrá que esperar a las próximas semanas para saber en qué quedan sus amenazas al FBI”, apunta sobre el grupo cibercriminal que se ha convertido en una amenaza internacional tras cuatro años de incesantes ataques de secuestro de archivos.

Hace un par de semanas escribimos un artículo expresando nuestra sorpresa por la decisión del FBI de afirmar, sin aportar evidencia alguna, que “los inicios de la pandemia COVID-19 probablemente se originaron a partir de un incidente de laboratorio en Wuhan, China”. Tanto algunos de los comentarios que recibimos (y las fuentes que éstos aportaban) como otros artículos que han defendido esa hipótesis, en medios de comunicación y redes sociales, siguen coincidiendo en un aspecto: tan solo proporcionan argumentos de oportunidad, aderezados con falacias de autoridad y de hombre de paja, que siguen sin proporcionar evidencia que soporte dicha hipótesis.

¿Qué deben hacer frente a afirmaciones así quienes deseen valorar de forma crítica qué opciones son más probables y cuáles resulta razonable descartar? Evidentemente lo más inmediato es evaluar la evidencia que apoya unas y otras, reuniendo, si es necesario, información adicional cuando ésta requiera un nivel de conocimiento del que aún no dispongan. Y, en este caso concreto, preguntarse por qué tanto el FBI como quienes han defendido, antes y después, la hipótesis de un escape del laboratorio militar de Wuhan, no han sido capaces de aportar ninguna evidencia sólida que la respalde.

Eso no quiere decir que la hipótesis de un escape de laboratorio fuera descartable desde el principio, ni que deba ser desechada a priori cuando se examine cualquier evidencia adicional que vaya apareciendo. Tanto el sistema de generación y evaluación de evidencia que caracteriza la investigación científica, como el de inquisición basada en datos, que debe caracterizar el periodismo honesto y veraz, tienen la obligación de considerar de forma equilibrada y transparente todas las hipótesis que sean razonablemente posibles. Ahora bien, cuando se ha acumulado una gran cantidad de evidencia que apunta a una transmisión del virus SARS-CoV-2 de animal silvestre a humano en el mercado de Wuhan, y ninguna que apoye un escape de laboratorio, resulta francamente deshonesto seguir aportando argumentos de oportunidad para defender esta última, sin aportar la evidencia extraordinaria necesaria que es imprescindible para promover ese cambio de opinión.

La defensa de esta hipótesis que más repercusión mediática ha tenido recientemente ha sido probablemente el testimonio de Jeffrey Sachs, un economista y escritor que presidió la Comisión sobre COVID-19 organizada por el grupo editorial The Lancet, ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad del Congreso de los EEUU. Este testimonio presenta un compendio de los argumentos de oportunidad mencionados. Sachs razona que el virus que desencadenó la COVID-19 tuvo un origen artificial mediado por un escape del laboratorio de Wuhan sobre las siguientes cuatro bases:

(1) Una parte clave del genoma del SARS-CoV-2 podría haber sido creada mediante manipulación genética. En concreto, Sachs argumenta que el “Furin Cleavage Site” (FCS, sitio de corte de la furina) situado en la famosa proteína Spike, “aumenta dramáticamente su transmisibilidad y patogenicidad”. Con ello, se refiere a que hay ciertas mutaciones en esa zona del gen que hace que la enzima furina, presente de forma normal en las células del hospedador, corte la proteína S de forma más eficiente que en otras especies de virus. Sin embargo, las mutaciones en esa región han sido diversas en dos años de evolución del virus en las poblaciones humanas (ej: P681H en la variante Alpha y en la Omicron, P681R en la variante Delta, e incluso la eliminación del aminoácido P681 en la variante india; ver aquí) y Sachs no concreta mucho más sobre el asunto. Para empezar, llama la atención escuchar a un economista discutir las potencialidades evolutivas de los virus, en regiones tan específicas de sus genomas. Sachs argumenta que los FCS están “ausentes en el resto de los cientos de virus tipo SARS” (que son un tipo particular de coronavirus) y que “desde 2006, tras la emergencia de SARS, [...] han sido sujeto de manipulaciones de laboratorio, incluyendo su inserción en proteínas Spike de coronavirus”. Sin embargo, olvida mencionar que las conclusiones de la Comisión Lancet, que él mismo presidió y firma como primer autor, indican que las “FCSs aparecen naturalmente en casi todas las familias de coronavirus” y que “la presencia del FCS en SARS-CoV-2 no identifica, por sí misma, que el origen proximal del virus sea natural o de laboratorio”. Y lo que es peor, no menciona ni aporta evidencia alguna que justifique su drástico cambio de opinión. Tampoco se entiende la insistencia con la región FCS, cuando hay otras regiones de corte en la proteína Spike que han sido sometidas al efecto de la selección natural. De hecho, podríamos argumentar que el FCS al que se refiere repetidamente Jeffrey Sachs no resulta siquiera esencial para la infección de una célula.

(2) Laboratorios chinos y americanos han desarrollado una investigación sobre coronavirus, que ha sido financiada en parte con dinero del Gobierno de los EEUU (a través del NIH). De hecho, una colaboración entre la Universidad de North Carolina y el Wuhan Institute of Virology (en la EcoHealth Alliance), solicitó financiación a DARPA (la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa, de EEUU) en 2018, que fue rechazada. Sachs denuncia, sin embargo, que “posiblemente se desarrolló con otros recursos”; una afirmación que ha sido contestada públicamente por la EcoHealth Alliance, que ha indicado que “han trabajado casi exclusivamente con secuencias genéticas de muestras de murciélagos, no con coronavirus vivos” y que “los escasos coronavirus SARS que tienen en cultivo eran ya públicos en la literatura científica antes de la pandemia”. Presentar una solicitud de financiación a una agencia militar dependiente de la seguridad nacional de EEUU resulta un método sorprendente de realizar una investigación a la que se acusa de secretismo; sobre todo porque la propia solicitud proporcionaría información sobre el proceso seguido para “producir el virus”. Además, es importante destacar que tanto la colaboración internacional como el tipo de estudio que se menciona no solo es habitual, sino también deseable, en la investigación de un grupo de virus que ya había demostrado varias veces su capacidad de desencadenar brotes epidémicos de gran peligro tras adquirir mutaciones que permiten el salto de animales a humanos.

(3) Como la evidencia de investigación en “ganancia de función” (esto es, en producir una mutación que resulta en una mejora funcional de la proteína producida, la adquisición de una nueva función o un nuevo patrón de expresión génica) de coronavirus tipo SARS previas a la pandemia es tenue o inexistente, Sachs desliza que investigaciones “muy recientes” desarrolladas “en la Universidad de Boston” han “rediseñado genéticamente la variante Omicron para hacerla más patógena”. En realidad, con objeto de identificar los elementos que confieren mayor escape del sistema inmune pero menor patogenicidad, los investigadores han obtenido quimeras recombinantes con el gen Spike de Omicron y el resto del genoma de una variante ancestral de SARS-CoV-2. Estas quimeras demostraron ser más patógenas que Omicron, pero menos que las variantes clásicas de origen. Sachs interpreta esta investigación como “ganancia de función” que debería haber contado con supervisión y permiso federal. En primer lugar, una lectura del artículo permite comprobar que ésta investigación se realizó con todas las precauciones y permisos necesarios en un laboratorio de bioseguridad (aunque estos últimos fueran estatales, no federales). Y que sería imposible haberla desarrollado sin el detallado conocimiento que hemos ganado en estos tres años sobre el virus, sus características biológicas y bioquímicas, y su rápida evolución en una población de millones de (re)infectados. En segundo lugar, esta investigación es imprescindible para conocer mejor, y por tanto prevenir, futuras variantes mucho más peligrosas del virus —particularmente en un momento en el que las mutaciones que no afectan a la proteína Spike cada vez tienen más influencia en el éxito de las nuevas variantes, como XBB.1.16, que ha causado una gran ola en la India recientemente, o XBC.1.6, la recombinante Delta y Omicron que ha causado una ola de casos y hospitalizaciones en Australia. En tercer lugar, resulta curioso que se considere como ganancia de función una combinación de variantes ya preexistentes que además presenta menor patogenicidad que la variante clásica de origen. Y, sobre todo, es difícil encontrar el hilo causal que vincula investigación desarrollada en EEUU con el escape de SARS-CoV-2 en China: si laboratorios de EEUU han estado o están produciendo “virus mejorados” mediante investigación en “ganancia de función”, el riesgo de escape estaría en EEUU, no en China.

(4) Varios líderes del NIH (Collins y Fauci) encubrieron, según Sachs, los hechos anteriores al publicar, junto a “Jeremy Farrar [...] y un grupo de investigadores ligados al NIH”, este artículo científico en el que se concluía que la evidencia disponible permitía descartar un origen artificial y hacía improbable un escape en laboratorio. Sachs argumenta que éste artículo “distrajo la atención de la posibilidad de un origen de laboratorio” y “promovió la falsa afirmación de que dicho origen podía descartarse”. (La afirmación exacta en el artículo era: “Aunque la evidencia muestra que SARS-CoV-2 no es un virus manipulado artificialmente, es imposible actualmente probar o refutar otras teorías sobre su origen. Sin embargo, dado que observamos sus características más notables [...] en coronavirus relacionados de origen natural, no creemos que ningún tipo de escenario basado en [un escape de] laboratorio sea plausible”). No sólo resulta sorprendente la importante imprecisión de atribuir a Collins, Fauci y Farrar la autoría de un artículo en el que no aparecen como autores, aderezada por el “despiste” de no incluir el vínculo al artículo original en la transcripción del testimonio (como sí hace con los otros artículos que cita). Sobre todo, resulta ridículo buscar motivos ulteriores tan graves como la ocultación de datos en un artículo publicado en una revista de prestigio evaluada por pares, que probablemente representa el procedimiento más transparente posible de presentar y discutir la evidencia disponible en ese momento. Incluso alguien procedente de la disciplina económica, donde los artículos suelen estar tan fuertemente condicionados por el marco ideológico que éste prima a menudo sobre la evidencia empírica, debe saber que todos los artículos están sometidos a crítica previa y posterior a su publicación, y no se entiende que publicarlos pueda en modo alguno equipararse a ocultar datos (por ejemplo, nadie acusó a Reinhart-Rogoff de hacer algo así cuando se descubrió el “error de excel” que invalidaba su famoso artículo sobre deuda y crecimiento económico). Es precisamente lo contrario: los artículos inician conversaciones argumentadas con evidencia, no las obstaculizan (valga como ejemplo este artículo, que discute y matiza el de Andersen un año después). Dado que Sachs proviene del mundo académico, resulta muy difícil creer que este error haya sido por desconocimiento o sea inocente.

Consideremos ahora la posibilidad de un origen del virus “relacionado con la investigación”, para el que el informe de The Lancet presenta tres posibles escenarios: que un investigador se infectara tomando muestras en la naturaleza, que un investigador se infectara en el laboratorio analizando virus recogidos en un hábitat natural, o que un investigador se infectara estudiando virus que habían sido manipulados genéticamente. Desde el origen de la pandemia, estas tres hipótesis representan las posibles alternativas a la transmisión de animal a humano (y luego de humano a humano) durante la manipulación de fauna silvestre para consumo humano en el Mercado de Huanan en Wuhan (o su entorno directo), donde muchos de los pacientes iniciales de COVID-19 trabajaban, y donde se vendían animales silvestres de muchas especies, incluyendo algunas capaces de hospedar virus SARS.

Aunque estas tres hipótesis son posibles y se han valorado extensivamente, las tres contradicen las evidencias que aportan la composición genética del virus, sus patrones evolutivos iniciales y los patrones epidemiológicos (espaciales y poblacionales) del brote inicial. Probablemente, el resumen más completo y detallado de esta evidencia es el proporcionado por Michael Worobey, un especialista en genómica de virus de la Universidad de Arizona, en un artículo publicado en LA Times. Worobey considera la hipótesis del escape de laboratorio con la seriedad que merece y explica todas las líneas de evidencia que persiguió, sin éxito, para intentar demostrarla.

Las sospechas de un contagio mediado por un laboratorio de investigación se centraron inicialmente en el Wuhan Institute of Virology, donde el grupo de Shi Zhengli estudiaba coronavirus tipo SARS en murciélagos de herradura, el reservorio natural tanto del virus SARS original como de SARS-CoV-2. Worobey investigó las secuencias de los virus con los que había trabajado Zhengli, pero ninguna era lo suficientemente cercana para representar un progenitor de SARS-CoV-2.

Para ser compatible con el clúster inicial de casos de COVID-19 centrado en el Mercado de Wuhan, la hipótesis de un escape de laboratorio necesita explicar por qué no se detectaron casos previos centrados en los investigadores infectados, o en sus contactos cercanos; y cómo esos casos crípticos (asintomáticos o no detectados) llegaron al Mercado de Huanan y, a diferencia de lo ocurrido con sus contactos anteriores, provocaron allí un evento de super-dispersión mediado exclusivamente por contagios humano-a-humano.

¿Pudo ocurrir que los primeros casos se detectaran en el Mercado porque éste tenía un sistema más eficiente de vigilancia sanitaria (previa al brote) o porque los primeros casos hicieran que se centrara allí la búsqueda epidemiológica inicial? Worobey estudió esta posibilidad, y se vió obligado a rechazarla. Los mercados de animales vivos de Wuhan no tenían vigilancia epidemiológica previa al inicio de la pandemia, y los primeros casos diagnosticados estaban ya fuertemente asociados al Mercado de Huanan (más de la mitad tenían un vínculo claro con el Mercado, una cantidad enorme para un mercado cuyos empleados representan menos del 0,014% de la población de la ciudad) antes de que el vínculo con éste fuera establecido. Además, los dos linajes iniciales de SARS-CoV-2 (denominados A y B) estaban vinculados geográficamente al área del Mercado. Y la mayoría de los casos sintomáticos provenían de la sección occidental del Mercado, donde estaban enjaulados los mapaches (una especie identificada como portadora de virus SARS en 2003), lo que apuntaba claramente al origen de los primeros contagios.

El artículo científico donde Worobey publicó esta evidencia muestra un mapa en el que se aprecia claramente cómo los casos tempranos de COVID-19 están fuertemente agrupados alrededor del Mercado de Huanan, pero claramente alejados de los dos campus del Wuhan Institute of Virology (que están al otro lado del río Yangtze, a 12 y 20 km del Mercado, respectivamente). Es probable que la mayoría de los lectores no se hayan hecho a la idea de las distancias involucradas: la hipótesis del escape propone que el escape de uno de los dos laboratorios de Wuhan provocó una agrupación de centenares de casos a una distancia similar al diámetro de Madrid o Barcelona (p.ej., de La Paz a Entrevías, o de Cornellà a Poble Nou), sin que hubiera prácticamente ningún caso en el espacio intermedio.

El análisis espacial de las localidades de residencia de los primeros pacientes de COVID-19, realizado por Worobey y Andersen a partir de datos de la OMS, mostró además que éstos vivían más cerca del Mercado de Huanan de lo que sería esperable por azar —incluso aquellos casos que ni trabajaban ni compraban ni tenían familiares/amigos en la vecindad de dicho mercado. Esta evidencia es crucial para descartar un origen anterior en otro sitio (como un laboratorio) seguido de un evento super-dispersor en el Mercado, que hubiera resultado necesariamente en una mayor dispersión de los casos tempranos por toda la ciudad (o, más bien, una agrupación inicial centrada en el laboratorio donde sucedió el escape).

Otra línea de evidencia proviene de los virus de SARS-CoV-2 aislados en las diferentes superficies del Mercado, inmediatamente tras el cierre del Mercado (el 1/1/2020). Estos virus habían aparecido con mayor probabilidad en los establos y jaulas donde se vendían animales vivos. El análisis de las secuencias genómicas de estas muestras, junto con el de cerca de 700 muestras más obtenidas en pacientes tempranos de COVID-19, fue utilizado para reconstruir la evolución temprana del virus. Combinado con información epidemiológica, este análisis representa una poderosa herramienta para reconstruir qué ocurrió en los primeros momentos de la pandemia, incluso antes de que se detectaran los primeros pacientes. Este análisis mostró que los ancestros de los dos linajes iniciales (A y B) “saltaron” a la población humana por separado y que compartieron un ancestro previo (con un hospedante animal) hacia mediados de diciembre 2019, lo que corrobora la evidencia epidemiológica y geográfica de que el brote estaba restringido al Mercado de Huanan en ese momento.

El análisis de datos de movilidad basados en localizaciones (anonimizadas) de teléfonos móviles también mostró que la presencia del primer clúster de casos de COVID-19 en el Mercado de Huanan es extremadamente improbable, salvo que fuera allí donde esta enfermedad emergió. Un hipotético escape de laboratorio habría iniciado necesariamente la transmisión entre humanos en miles de otros sitios que tenían un tráfico humano entre miles y cientos de miles de veces superior al Mercado de Huanan, como bares, restaurantes, colegios o centros comerciales. Una agrupación alrededor del mercado de los primeros casos de COVID-19 es ya extremadamente improbable para uno de los dos linajes iniciales. Si añadimos la evidencia de que los dos linajes iniciales aparecieron allí por primera vez, el vínculo con la venta de animales silvestres resulta ineludible.

Por desgracia, la ausencia de muestras de animales vivos, tomadas en el momento de cierre del mercado por los responsables de éste, representa una laguna realmente cuestionable que ha impedido zanjar por completo la polémica. Sin embargo, como ya mencionamos en nuestro artículo previo (y ya avanzamos en otro artículo tras la aparición de los primeros estudios), el análisis metagenómico de muestras ambientales procedentes del Mercado de Huanan mostró, recientemente, que junto al ARN del virus también había ADN de perros mapache —precisamente en el mismo rincón del Mercado donde se detectaron los primeros casos humanos y donde se apuntó inicialmente a esta especie como potencial origen del salto a humanos.

Volviendo a nuestra pregunta inicial, toda la evidencia disponible apunta a que la pandemia se produjo en una serie de saltos de animal a humano que tuvieron lugar en el Mercado de Huanan. Frente a esta evidencia, la única “evidencia” que apoya un escape de laboratorio es un argumento de oportunidad: la presencia de un laboratorio que estudiaba virus similares en la misma ciudad donde comenzó la pandemia. Una ciudad de 11 millones de habitantes, el mismo tamaño que la conurbación de Paris (la mayor ciudad de la UE) y el doble que Madrid (la tercera mayor).

La pregunta adicional que deben hacerse quienes aún defienden esta teoría es: ¿es esta coincidencia realmente tan improbable como creen? Como argumenta Worobey, dado que la emergencia de una pandemia de éstas características solo era probable en una gran ciudad (en áreas rurales con escasa población, una enfermedad emergente de estas características tenía un 99% de probabilidades de extinguirse sin causar un brote) y que la práctica totalidad de las grandes ciudades de China tienen laboratorios de este tipo (en Pekín, por ejemplo, hay al menos cuatro), este argumento de oportunidad era tan previsible que no explica nada.

Sobre todo, dado que la emergencia de este tipo de hipótesis ha sido común en muchas de las pandemias que hemos vivido recientemente: desde el VIH/SIDA (cuyo origen se atribuyó a partidas de vacunas de la viruela, de la polio o de la hepatitis, y a un origen premeditado en el laboratorio militar de Fort Derrick, en EEUU), hasta el ébola (cuyo origen se atribuyó al desarrollo de armas biológicas por EEUU y a industrias farmacéuticas interesadas en vender la vacuna), pasando por la viruela del mono (cuyo origen ha sido atribuido a un efecto inesperado de las vacunas contra la COVID, y a la creación y liberación deliberada por laboratorios de EEUU) o por la gripe aviar (que algunos han considerado ficticia, o producto de la manipulación genética como arma biológica, o causada por el 5G). Y lo más grave es que, como ha ocurrido con la COVID-19, la creencia en este tipo de conspiraciones tiene consecuencias devastadoras sobre la prevención de estas enfermedades.

Tras la susceptibilidad a este tipo de argumentos subyace, en buena parte, una confusión generalizada sobre cómo funciona el método científico de avance del conocimiento. El lenguaje científico rehúye casi siempre las afirmaciones taxativas, al tener siempre presente que una hipótesis nunca puede aceptarse al 100% porque siempre puede aparecer nueva evidencia que la rechace; sin embargo, eso no puede decir que debamos dar la misma credibilidad a hipótesis que están soportadas por cargas de evidencia muy inferiores. Hacerlo de forma mecánica, como es frecuente en muchos medios de comunicación, solo demuestra ignorancia sobre la materia tratada. Para funcionar diariamente, definimos muchísimos aspectos de la realidad conforme al mejor conocimiento disponible. Y esa es también la tarea que ejecutan a diario jueces y jurados (con un criterio necesariamente más personal que el de una comunidad de miles de investigadores) cuando toman una decisión que, en ausencia de evidencia excepcional, se considera ya inapelable.

Lo que hace extremadamente sorprendentes las afirmaciones que insisten ahora sobre un origen “de laboratorio” de SARS-CoV-2 es, precisamente, que no aportan ninguna evidencia nueva, pero aun así nos piden que ignoremos la abundante y sólida evidencia sobre el origen zoonótico de la COVID-19 aportada por científicos muy diferentes de muchas partes del mundo.

La Policía Nacional, en colaboración con el FBI, US Marshals y la OCN INTERPOL Madrid, han detenido a uno de los criminales incluidos en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, Michael James Pratt.

Se trata de un neozelandés que está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de pornografía infantil, explotación sexual, agresión sexual y ganancias ilícitas de más de 17 millones de dólares.

Se dedicaba a la producción audiovisual de pornografía y reclutaba mediante engaños a menores y mujeres de corta edad procedentes de Estados Unidos y Canadá. Publicaba anuncios en Internet en los que se ofrecían supuestos trabajos de modelo que finalmente resultaban ser grabaciones pornográficas. También usaba a otras mujeres a las que pagaba y utilizaba como “cebo” para convencer a las víctimas de que el material nunca sería publicado, además de retenerlas y obligarlas a realizar prácticas sexuales a las que ellas se habían negado de manera expresa.

Según testimonios de las propias víctimas, en ocasiones eran retenidas en contra de su voluntad en los lugares de grabación, y no se les permitía abandonarlo hasta que hubiesen cumplido las pretensiones exigidas por la productora propiedad del prófugo.

Se trata de la primera detención en España de uno de los delincuentes incluidos en la lista Ten Most Wanted Fugitives del FBI. Hasta el momento, más allá de las fronteras de los Estados Unidos tan solo se ha capturado a 57 de estos prófugos.

La búsqueda internacional de Michael James Pratt comenzó con su fuga de los Estados Unidos de América tras ser condenado a cadena perpetua. El proceso judicial se centró en hechos relativos a la realización de producciones audiovisuales de contenido pornográfico entre los años 2012 y 2019.

El 12 de marzo del 2019, el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió una petición de colaboración por parte del FBI en la que solicitaba una entrega controlada de 150.000 euros, en el marco de una operación contra una organización dedicada al blanqueo de capitales en varios países, entre ellos España. Al día siguiente, la Fiscalía Especial Antidroga incoó diligencias de investigación penal y autorizó la entrega controlada del dinero. Ese mismo día, el blanqueador acudió al establecimiento '100 montaditos' de la avenida de las Cortes Valencianas de la capital del Turia donde se reunió con un agente encubierto que recibió 124.500 euros, divididos en fajos de 20 y 50 euros.

El blanqueador, que desde 2008 no ejercía actividad laboral alguna, ha pactado con la Fiscalía una pena de un año y 11 meses de prisión, además de una multa de 90.000 euros como autor de un delito de blanqueo de capitales, además de la entrega al Estado de una motocicleta y de varios relojes de lujo intervenidos en los registros de su vivienda. El letrado de la defensa y la representante del Ministerio Público alcanzaron el pacto de conformidad antes del juicio oral ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha dictado una sentencia que impone las costas al blanqueador, que no entrará en prisión al ser una condena inferior a los dos años de cárcel y no tener antecedentes penales.

La Audiencia Provincial de Valencia ha acordado el comiso y adjudicación al Estado (concretamente al Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional Antidrogas) una motocicleta y varios teléfonos, además de relojes de lujo intervenidos durante la operación de la UCO, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia y desarrollada a petición del FBI norteamericano.

El condenado, según el apartado de hechos probados de la sentencia, adquirió junto a su cónyuge un préstamo hipotecario por 154.998,90 euros en Caixabank a pesar de no ejercer actividad laboral alguna desde 2008. Con el “propósito de ocultar la procedencia”, el blanqueador “efectuó importantes ingresos en efectivo y de origen desconocido en distintas cuentas corrientes de su titularidad” en Bankia y BBVA entre 2015 y 2019.

El blanqueador tuvo, durante ese periodo, unos ingresos justificados de 30.007,24 euros. Sin embargo, efectuó en esos mismos cuatro años ingresos en efectivo en las dos cuentas corrientes de su titularidad por un importe de 86.559 euros y obtuvo un incremento patrimonial de 73.242,95 euros. El hombre, de 42 años, abonaba el pago de su vivienda y de otro inmueble, ambos en Bétera (Valencia), mediante ingresos en efectivo, de origen desconocido. En 2017, el blanqueador destinó parte de sus ingresos justificados (1.100 euros) a una aportación como socio de la empresa Empire of Music Latino SL.

A pesar de sus escuetos ingresos justificados, pagó en cuatro años 60.475 euros en concepto de arrendamiento, siempre con ingresos en efectivo en la cuenta de la propietaria de la vivienda. Además, también adquirió una vivienda en Chiva junto con su cónyuge.

El 10 de septiembre del 2020, un año y medio después de la entrega controlada del dinero, los agentes de la UCO registraron los dos inmuebles del condenado en Bétera, donde intervinieron 8.595 euros en metálico, un Audi modelo A3, una motocicleta Yamaha modelo XP500, siete teléfonos Samsung y otro marca Apple, además de dos relojes imitación de la marca Rolex (con un valor de apenas 75 euros por cabeza), uno original modelo GMT Master II por valor de 14.000 euros, y dos Hublot (ambos modelo Big Bang, uno de ellos de edición limitada) por un valor total de 23.000 euros. 

Multa de 90.000 euros

El Audi figuraba a nombre de una tercera persona y la Yamaha era propiedad de la mercantil Auty Nails SL, pero “la titularidad real de ambos vehículos” era del condenado que los “utilizaba habitualmente”. Sin embargo, el vehículo no se incluye en los bienes decomisados para el Plan Nacional Antidrogas, a diferencia de la motocicleta, de los teléfonos y de los relojes.

Tras alcanzar un pacto de conformidad con el Ministerio Público, la defensa del blanqueador solicitó la suspensión de la pena de prisión, una petición a la que la fiscal no se opuso al carecer el acusado de antecedentes penales. Así, la Audiencia Provincial de Valencia acordó la suspensión de la pena, de un año y 11 meses de prisión, a condición de que no delinca en cuatro años y de que esté a disposición del tribunal, que también impone al blanqueador una multa de 90.000 euros.

El FBI encontró durante su registro en la casa que el expresidente Donald Trump tiene en Florida un documento que describe las defensas militares de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares, publica este miércoles The Washington Post.

El documento se encontró en el registro de la residencia y el club privado del expresidente republicano de Mar-a-Lago, en Palm Beach, en el centro de la costa atlántica de Florida, el pasado mes de agosto, señala el diario, que cita como fuentes a personas familiarizadas con el asunto.

Para el rotativo, este hallazgo viene a confirmar las preocupaciones que existen en el servicio de inteligencia de Estados Unidos sobre el material clasificado que supuestamente estaba escondido en la propiedad de Trump.

Algunos de los documentos incautados detallan operaciones ultrasecretas de Estados Unidos tan estrechamente protegidas que muchos altos funcionarios de seguridad nacional ni siquiera las conocen, precisa The Washington Post. Solo el presidente, algunos miembros de su gabinete o un funcionario cercano a este órgano podrían autorizar a otros funcionarios gubernamentales acceder a los detalles de estos programas secretos, según personas familiarizadas con el registro, que hablaron bajo condición de anonimato.

Los documentos sobre operaciones tan altamente secretas requieren autorizaciones especiales para acceder a ellos. A algunos solo tienen acceso un grupo de personas y se guardan bajo llave, casi siempre en una instalación de información compartimentada segura y con un oficial de control designado para vigilar cuidadosamente su ubicación.

Pero dichos documentos estuvieron almacenados en Mar-a-Lago, “con una seguridad incierta más de 18 meses” después de que Trump dejara la Casa Blanca, subraya The Washington Post.

Tras meses de intentos, según documentos judiciales del gobierno, el FBI recuperó más de 300 documentos clasificados de Mar-a-Lago este año: 184 en un conjunto de 15 cajas enviadas a la Administración Nacional de Archivos y Registros en enero, 38 más entregados por un abogado de Trump a los investigadores en junio, y más de 100 documentos adicionales descubiertos en una búsqueda aprobada por un tribunal el 8 de agosto pasado. Fue en este último lote de secretos gubernamentales recuperados, según las fuentes del periódico, donde se encontró la información sobre la preparación de defensa nuclear de un gobierno extranjero.

Las fuentes no identificaron al gobierno extranjero en cuestión, no dijeron dónde se encontró el documento en Mar-a-Lago ni ofrecieron detalles adicionales sobre una de las investigaciones de seguridad nacional considerada de las más delicadas que ha ejecutado el Departamento de Justicia.

“Es un engaño”

The Washington Post recuerda que había informado anteriormente de que los agentes del FBI que registraron la casa de Trump buscaban, en parte, documentos clasificados relacionados con armas nucleares.

Después de que se publicara la información, Trump la comparó en las redes sociales con una serie de investigaciones gubernamentales anteriores sobre su conducta.

“El tema de las armas nucleares es un engaño, al igual que Rusia, Rusia, Rusia fue un engaño, los dos juicios políticos fueron un engaño, la investigación de Mueller fue un engaño y mucho más. Las mismas personas sórdidas involucradas”, escribió, y luego sugirió que los agentes del FBI podrían haber dejado pruebas en su contra.

El Gobierno estadounidense había requerido de forma reiterada a Trump que si se había llevado de la Casa Blanca documentos clasificados los entregase, pero el entorno del expresidente respondió con evasivas. 

La justicia estadounidense ha aceptado este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente Donald Trump en el complejo Mar-a-Lago, en el estado de Florida, durante el registro del pasado 8 de agosto, en el que encontraron documentos clasificados y secretos que presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

La magistrada Aileen Cannon, del distrito del sur de Florida, ha ordenado que esa persona se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio ejecutivo invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes.

La petición de un perito independiente había sido solicitada por los abogados defensores de Trump, que el pasado jueves alegaron que su designación brindaría “confianza” a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el expresidente en su mansión de Florida.

El último viernes se hizo pública la lista detallada del inventario de los materiales incautados por el FBI. Dentro de lo recuperado había decenas de carpetas vacías marcadas como clasificadas, 48 en total, y carpetas etiquetadas como “devolver al secretario de personal/asistente militar”, más de 40, según el inventario, lo que plantea dudas sobre si sigue faltando algún documento o se han recuperado por completo.

La agencia federal se incautó de decenas de materiales altamente sensibles con marca de material clasificado en la oficina de Trump y el trastero, incluidos 18 documentos marcados como 'Top Secret', según la lista, así como cientos de revistas y recortes de prensa de 2015 a 2020, y otros documentos gubernamentales no clasificados.

Durante la búsqueda, el FBI se incautó de 33 cajas, contenedores o elementos de evidencia tanto del trastero como de la oficina de Trump. Aunque el inventario no describe ninguno de los documentos, muestra hasta qué punto la información clasificada estaba guardada en cajas y contenedores y mezclada entre periódicos, revistas, ropa y otros artículos, como libros.

Este viernes se ha hecho pública la lista detallada del inventario de los materiales incautados por el FBI en el complejo Mar-a-Lago, la mansión del expresidente estadounidense Donald Trump en Florida, durante el registro del pasado 8 de agosto, en el que encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

Entre los materiales que el FBI recuperó había decenas de carpetas vacías marcadas como clasificadas, 48 en total, y carpetas etiquetadas como “devolver al secretario de personal/asistente militar”, más de 40, según el inventario, lo que plantea dudas sobre si sigue faltando algún documento o se han recuperado por completo.

La agencia federal se incautó de decenas de materiales altamente sensibles con marca de material clasificado en la oficina de Trump y el trastero, incluidos 18 documentos marcados como 'Top Secret', según la lista, así como cientos de revistas y recortes de prensa de 2015 a 2020, y otros documentos gubernamentales no clasificados.

Durante la búsqueda, el FBI se incautó de 33 cajas, contenedores o elementos de evidencia tanto del trastero como de la oficina de Trump. Aunque el inventario no describe ninguno de los documentos, muestra hasta qué punto la información clasificada estaba guardada en cajas y contenedores y mezclada entre periódicos, revistas, ropa y otros artículos, como libros.

En un documento entregado ante la jueza que lleva el caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo este martes que “probablemente” se “escondieron o cambiado de lugar” documentos como parte de un intento para “obstruir” la investigación del FBI sobre el posible mal tratamiento de materiales clasificados por parte de Trump.

Una línea en el inventario de los documentos requisados por el FBI en la mansión de Donald Trump ha llamado especialmente la atención en Francia. Etiquetado por los investigadores como “1A - Info re: President of France”, uno de los lotes recuperados en Mar-a-Lago contiene información sobre Emmanuel Macron. De momento, nadie en el Palacio del Elíseo ha querido pronunciarse sobre la naturaleza de esa posible información que Trump conservaba en el sótano de su mansión y club de golf y que supone un episodio más en la complicada relación entre el presidente francés y el que fue su homólogo en la Casa Blanca durante cuatro años.

Un periodo marcado por provocaciones, desaires y múltiples intentos de reconciliar dos visiones opuestas de la política internacional: el liberalismo y multilateralismo del presidente francés, contra el nacionalismo económico del norteamericano (resumido en la fórmula 'America first').

Las tensiones aparecieron desde su primer encuentro en mayo de 2017, durante una cumbre de la OTAN en Bruselas, con ambos jefes de Estado en sus primeros meses de mandato. Un primer saludo marcado por un apretón de manos crispado y por las primeras disensiones, después de que Trump acusase a los países europeos de no contribuir económicamente a la alianza.

En la orientación que Macron ha dado a las relaciones franco-americanas, hay una síntesis de la acción de sus predecesores en el cargo. “Siguiendo la tradición gaullista y después mitterrandiana, ampliada entre otros por Jacques Chirac, Emmanuel Macron parece haber apostado desde el principio por una liberalización ilustrada”, dice Frédéric Charillon, profesor de política y relaciones internacionales de la Universidad de Clermont-Auvergne. “Una forma de seguir el camino del universalismo de De Gaulle, que rechazaba la lógica de bloques, del credo proeuropeo de Mitterrand (del que se ha retenido el famoso 'el nacionalismo es la guerra') y del compromiso de Chirac con el clima”, describe.

Un mes después del primer encuentro en Bruselas, emergió un desacuerdo importante cuando el presidente estadounidense anunció su intención de retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de 2015, justificando que fue elegido para “representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no a los París”. Macron respondió en un vídeo en francés e inglés, transformando el célebre eslogan de campaña de Trump en “Make our planet great again”, e invitando a los climatólogos estadounidenses a que fueran a continuar sus investigaciones en Francia. “Los imperativos de comunicación actuales transforman el compromiso en diplomacia pública; dirigiéndose directamente a las poblaciones y audiencias, por encima de sus dirigentes”, apunta Charillon.

El desfile del 14 de julio de ese año en la capital francesa dio la oportunidad al presidente galo de calmar las relaciones. Emmanuel y Brigitte Macron cenaron con Donald y Melania Trump en el restaurante Jules Verne, en la Torre Eiffel. Con la excepción de unos comentarios inapropiados sobre la “buena forma” de la primera dama francesa, el balance del viaje fue positivo: Trump calificó entonces a Francia como “el primer y más antiguo aliado de Estados Unidos” y los dos presidentes encontraron terreno común especialmente en lo relativo a los ataques aéreos contra los laboratorios químicos de Siria.

La ruptura con Irán

Sin embargo, los desacuerdos de fondo acabaron por poner fin a este periodo de complicidad. Un año más tarde, Macron criticaba en un discurso ante el Congreso estadounidense la política del “aislacionismo, el repliegue y el nacionalismo”. Y en mayo de ese mismo 2018, se hace patente otro de los grandes puntos de divergencia cuando Trump confirmó su salida del acuerdo nuclear que la Administración Obama había firmado con Irán. Las semanas previas, Macron había intentado defender en público y en privado la “importancia de preservar el acuerdo nuclear y la necesidad de que todas las partes respeten sus compromisos”, sin que sus argumentos convenciesen a Trump.

La cuestión de Irán volvería al primer plano en agosto de 2019, cuando el presidente francés ejerció de anfitrión durante la reunión del G7 en Biarritz. En un contexto de guerra comercial con China y tensiones económicas y políticas con la UE, Macron quiso además utilizar la cumbre para relanzar las relaciones EEUU-Irán, invitando por sorpresa al ministro de exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif. Expresó entonces su ambición de crear “las condiciones para una reunión” posterior entre Donald Trump y su homólogo iraní, Hassan Rohani.

Y según relata John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional, en su libro The Room Where It Happened estuvo cerca de conseguirlo. El 24 de agosto Macron convenció a Trump durante un desayuno en el Hôtel du Palais de Biarritz para reunirse con Zarif, e incluso permitir a los fotógrafos captar un apretón de manos entre ambos. Bolton, junto con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el jefe de gabinete, Mick Mulvaney, hicieron todo lo posible por disuadir a Trump, que hasta el último momento expresó su voluntad de seguir adelante con la reunión. Sin embargo, el encuentro finalmente no sucedió sin que Bolton sepa exactamente a qué se debió ese último y repentino cambio de opinión del presidente.

La “estupidez” de Macron

Un nuevo desencuentro entre los dos presidentes llegaría en 2020, cuando Trump denunció “la estupidez de Macron” en relación al impuesto a los gigantes digitales. “El problema es que Macron tiene un índice de popularidad muy bajo en Francia, del 26%, y una tasa de paro de casi el 10%”, opinó Trump en Twitter.

No obstante, la última mención pública que el expresidente estadounidense ha hecho sobre el francés ha sido (relativamente) positiva. Ocurrió en un mitin en Michigan en octubre de 2020, cuando Trump esgrimió la retirada del Acuerdo de París como argumento de campaña: “¿Sabéis qué otra cosa he conseguido parar? El acuerdo medioambiental de París. Me cae muy bien el primer ministro Macron [sic] y le he preguntado qué tal va el acuerdo: no están avanzando”.

Donald Trump “tiene” que anunciar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 en las próximas dos semanas si quiere evitar ser acusado bajo la Ley de Espionaje tras el registro del FBI en Mar-a-Lago la semana pasada, según dice una destacada fuente cercana al expresidente.

En conversaciones a las que ha tenido acceso The Guardian, la fuente explica que Trump tiene que anunciar su candidatura porque, políticamente, para el Departamento de Justicia de EEUU sería más difícil procesar a un candidato que a un expresidente que no participa en la carrera electoral.

Otra fuente sugiere que Ron DeSantis, actual gobernador de Florida y uno de los posibles aspirantes en las primarias republicanas, no presentaría su candidatura para 2024 si Trump decidiera entrar en la carrera. “Puede esperar”, dijo la fuente en referencia al único competidor serio de Trump ahora en las encuestas de los republicanos.

Un antiguo miembro de la Casa Blanca defiende la tesis contraria y señala que Trump podría decidir no presentarse todavía por temor a que una acusación formal le obligue a abandonar la carrera electoral, haciéndole perder el control del partido y su papel como poder en la sombra.

Según la orden de registro publicada el viernes, el FBI incautó en la mansión de Florida cinco grupos de documentos clasificados como “alto secreto”; tres con la clasificación de “secreto”; y otros tres con la clasificación de “confidencial”, entre otros. Algunos de los documentos incautados eran sobre armas nucleares, según el Washington Post. Trump lo ha negado.

La orden de registro también reveló que Trump está siendo investigado por posibles violaciones a la Ley de Espionaje de 1917, que se ha usado para perseguir a personas que han revelado secretos oficiales. Si Trump es acusado y termina condenado, podría afrontar una pena de hasta 20 años de cárcel federal y la prohibición de presentarse a las elecciones (sobre este último punto hay un debate jurídico).

Riesgos legales

Trump niega haber hecho nada incorrecto, y alega que tenía autoridad para levantar el secreto oficial y que el FBI requisó documentos protegidos por el secreto profesional entre los abogados y sus clientes y por el privilegio ejecutivo del presidente de Estados Unidos.

En cualquier caso, los problemas con la justicia de Trump van más allá.

El Departamento de Justicia y la comisión de la Cámara de Representantes sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 aún investigan a Trump por los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020 que perdió y por incitar el letal ataque contra los legisladores que refrendaron la victoria de Joe Biden en un acto ceremonial. En Nueva York también el expresidente está siendo investigado por sus negocios y posible fraude fiscal; y en Georgia, por las presiones contra representantes electorales en sus intentos de cambiar el resultado.

Este lunes se confirmó que Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y abogado personal de Trump, está bajo investigación criminal en Georgia por su papel en el intento de interferir en las elecciones. También el lunes un juez dictaminó que el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, aliado de Trump, tendrá que testificar en la investigación de Georgia.

“Espero que se presente”

Después de mucho tiempo insinuando que volvería a presentarse a las elecciones presidenciales, Trump aprovechó el registro que hizo el FBI de Mar-a-Lago para recaudar fondos. Lo presentó como una acción nunca vista y una maniobra de sus adversarios políticos para hacerle daño. Varios altos cargos del Partido Republicano se hicieron eco de sus afirmaciones, lo que parece demostrar que Trump sigue manteniendo el control del partido.

La semana pasada, la abogada de Trump Alina Habba dijo que los problemas legales podrían terminar si el expresidente anunciaba que no presentaría su candidatura para 2024. “Me he sentado con él y cada vez que se frustra, le digo 'señor presidente, si quiere que le resuelva todos sus litigios, debería anunciar que no se presenta a las elecciones y todo esto se detendrá'. Eso es lo que quieren”, dijo Habba al canal online de extrema derecha Real America's Voice. “Espero que se presente. Le dije: 'esto va a aumentar el apoyo de sus bases'. A veces, el Partido Demócrata no deja de boicotearse”.

Traducción de Francisco de Zárate

La noticia del registro por parte del FBI de la mansión de Donald Trump en Florida provocó una gran conmoción en Estados Unidos y el expresidente republicano y sus aliados han amenazado con tomar represalias tras un movimiento dramático y sin precedentes. 

El caso ha despertado llamadas entre sus oponentes para que el ex presidente rinda cuentas y ha generado debates sobre las implicaciones que tiene esta acción del FBI para los planes de Trump de presentarse como candidato en las elecciones de 2024, ya que algunas voces han indicado que Trump podría anunciar su candidatura antes de las consecuentes elecciones legislativas de noviembre.

El registro del FBI, que contaba con autorización judicial, parece guardar relación con una laboriosa investigación sobre cómo gestionó el presidente saliente documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021 (tras perder las elecciones en noviembre de 2020). 

En las horas posteriores a que Trump anunciara el lunes por la noche que su “hermosa mansión Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente bajo asedio, allanada y ocupada por un numeroso grupo de agentes del FBI”, los republicanos más destacados salieron en su defensa. La política estadounidense, muy polarizada desde hace tiempo, ha ido reaccionando a esta noticia. 

Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, amenazó con investigar al Departamento de Justicia de Estados Unidos si su partido se hace con el control de la Cámara tras las elecciones legislativas de mitad de mandato; algo que, según los pronósticos, es probable. “Ya basta”, dijo el republicano de California en un comunicado. “El Departamento de Justicia ha llegado a un estado intolerable de politización armada”, ha indicado.

Fue más allá, insinuando que, en caso de tener el control el próximo año, los republicanos de la Cámara de Representantes abrirían una investigación en el Congreso sobre el fiscal general, Merrick Garland. “Fiscal General Garland, guarde sus documentos y despeje su calendario”, dijo.

“Un precedente horrible”

Los demócratas, que han presionado al Departamento de Justicia para que presente cargos penales contra el expresidente por el papel que desempeñó en el asalto contra el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, han aplaudido que el FBI haya entrado en la mansión de Trump para registrarla.

“Es un precedente horrible que el Departamento de Justicia investigue a un expresidente de Estados Unidos. La única opción peor sería que el Departamento de Justicia no lo investigara por tratarse de un expresidente. Nadie está por encima de la ley”, dijo el congresista demócrata Ted Lieu, representante de California, y que fue uno de los gestores del segundo proceso de destitución de Trump.

Los demócratas han tachado a los republicanos de hipócritas, ya que durante años pidieron que se investigara a Hillary Clinton por usar un email personal cuando era secretaria de Estado (el FBI lo investigó en 2015 y 2016 y llegó a la conclusión de que no había indicio de delito). Trump trató de sacar provecho de esa investigación y alentó los cánticos de “enciérrenla” en sus mítines de la campaña presidencial de 2016.

“Este hombre (Kevin McCarthy) y sus compañeros pelotas se escondían bajo tierra en lugar de responder cada vez que Donald Trump pedía que se persiguiera, se investigara, se encarcelara o se ejerciera violencia contra sus oponentes políticos”, aseguró el congresista Don Beyer, demócrata de Virginia. “Ahora, estas mismas personas hablan de Trump como si estuviera por encima de la ley. No está por encima de la ley”, dijo.

La presencia del FBI en la mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, el lunes, está relacionada con su investigación sobre si Trump se llevó ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca a su residencia de Florida en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales. Algunos demócratas han señalado con regocijo que una posible, aunque poco probable, sanción por el mal manejo de documentos sensibles del Gobierno puede llevar a la inhabilitación para ocupar futuros cargos públicos (en realidad, hay un debate académico sobre el tema y esto abriría una larga batalla legal).

No está claro qué buscaba exactamente el FBI. Sí se sabe que para obtener la orden de registro (que tenían, según confirmó la abogada de Trump), los investigadores tienen que haber demostrado a un juez que tenían motivos sólidos para creer que el expresidente ha cometido un delito y que en la mansión de Mar-a-Lago encontrarían pruebas de ello. Trump dijo, en un comunicado iracundo, que los investigadores entraron en su casa y abrieron una caja fuerte.

El registro en una residencia de un expresidente, algo inédito hasta ahora, tiene implicaciones políticas al más alto nivel, por lo que los expertos legales especulan con que los investigadores probablemente pidieron autorización a las más altas instancias del Departamento de Justicia. Trump debe tener una copia de la orden de registro, pero ha optado por no hacer pública esa información.

Candidato a presidente en 2024

En una entrevista en Fox News el lunes por la noche, Eric Trump, uno de los hijos del expresidente, dijo que el registro se produjo porque “los Archivos Nacionales querían corroborar si Donald Trump tenía algunos documentos en su poder”.

Eric Trump arremetió contra el FBI y dijo que creía que el registro era un intento de evitar que su padre se presentara de nuevo a las elecciones de 2024.

“Sinceramente, espero -y lo digo por primera vez- que se presente y vuelva a ganar a estos tipos porque, sinceramente, este país no puede sobrevivir a este sinsentido”, aseguró. “No puede”, insistió.

Todo parece indicar que Trump quiere volverse a presentar y muchos han especulado con que este registro en una de sus residencias le puede beneficiar políticamente. Otros han indicado que, con esta acción del FBI, se alimenta la desconfianza de sus partidarios hacia los agentes de la ley federal, a los que Trump y sus aliados llevan mucho tiempo despreciando por considerarlos corruptos y tendenciosos y parte de una conspiración en contra de Trump a la que llaman el “Deep State” (literalmente, el “Estado profundo”, algo así como “las cloacas del Estado”).

Todo ello a pesar de que Steve Bannon, uno de los principales asesores de Trump durante la campaña y su mandato, reconoció que el “Estado profundo” no existía. También ha servido para que los aliados del expresidente y otros políticos republicanos que podrían ser potenciales candidatos en las presidenciales de 2024 cierren filas en torno a Trump. 

Ron DeSantis, gobernador de Florida y considerado como posible aspirante republicano a presidente en 2024, dijo que el registro de la mansión de Trump junto a la playa era “otra escalada en la militarización de las agencias federales contra los opositores políticos del régimen”.

A pesar de que los republicanos han insinuado que el presidente Joe Biden está detrás de los registros, la Casa Blanca ha asegurado que no estaba informado de los mismos antes de que se produjera.

“El presidente y la Casa Blanca se enteraron de este registro del FBI por la información publicada en los medios”, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “No nos avisaron con antelación”, aseguró. Asimismo indicó que como presidente, Biden prometió restablecer la independencia del Departamento de Justicia después de años de esfuerzos de Trump para presionar a sus fiscales generales para avanzar su agenda.

Más problemas legales

El registro de su mansión en Florida no es ni mucho menos el único problema legal al que se enfrenta el expresidente. Aunque Trump ha tachado todos los casos como ejemplos de que hay una caza de brujas contra él. 

El Departamento de Justicia también está investigando el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y todos los esfuerzos que se hicieron para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 ( que dieron la victoria a Joe Biden). Trump afirmó infundadamente que los comicios fueron amañados. No está claro si está siendo investigado por estos hechos.

Un fiscal de Atlanta está investigando una llamada telefónica que Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, en la que le presionó para que “encontrara” los votos suficientes para revertir la victoria de Biden en 2020 en el estado. Y en Nueva York, la fiscal general del estado, Letitia James, lidera una investigación sobre los negocios de la familia de Trump. Este miércoles Trump acudió a declarar en el caso, pero se negó a contestar a las preguntas de la fiscal.

En otro golpe, el tribunal de apelaciones de la ciudad de Washington dictaminó el martes que la comisión presupuestaria de la Cámara de Representantes puede obtener las declaraciones de impuestos de Trump de Hacienda, una decisión que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, saludó como una “victoria para el estado de derecho”.

Partidarios de Trump

Mientras las noticias sobre el registro de Mar-a-Lago resonaban en todo el país, una multitud se agolpaba en el exterior del lujoso club turístico y residencia privada de Trump, donde sus partidarios ondeaban banderas estadounidenses y algunos mostraban carteles de campaña con el nombre de Mike Pence tachado.

En Internet, los partidarios de Trump de extrema derecha mostraban su furia contra el registro del FBI en Mar-a-Lago. En las horas posteriores a que Trump diera a conocer esta acción del FBI, las referencias a la “guerra civil” se dispararon en Twitter, mientras que los foros de Maga (las siglas del eslogan de Trump) y QAnon (la red de bulos y fabulaciones) se encendieron con una retórica violenta y amenazas de disturbios civiles, alarmantemente similares al tipo de actividad observada en estas plataformas en el período previo a la insurrección del 6 de enero. El comentario más destacado en un tablón de mensajes pro-Trump fue “Lock and load” (una orden militar para cargar un arma).

Traducción de Emma Reverter

El 8 de agosto tiene un valor simbólico en la historia de la presidencia de Estados Unidos. La fecha elegida por los agentes del FBI para registrar la mansión de Donald Trump de Mar-a-Lago, en Florida, en busca de material clasificado sustraído por el expresidente, coincidió este lunes con el aniversario de la dimisión de Richard Nixon. 

El 8 de agosto de 1974, Nixon renunció a su cargo después de una larga batalla para no entregar las cintas que él mismo grabó de sus conversaciones en la Casa Blanca y que le incriminaban en la operación para encubrir el asalto a la oficina del partido demócrata en el edificio Watergate de Washington, entre una larga lista de abusos de poder. Cuatro años después, el Congreso aprobó la ley sobre documentos y registros presidenciales, el Presidential Records Act, que dejó claro que todo el material producido durante una presidencia, en forma de cartas, notas, grabaciones o cualquier otro tipo de soporte, pertenece al Estado y no al presidente de turno. La legislación obliga a la entrega inmediata del material, que debe ser clasificado y puesto a disposición de la opinión pública y de las posibles investigaciones del Congreso. La ley es parte de las reformas de transparencia, control de la Casa Blanca, regulación del FBI y la CIA y nuevos estándares para las agencias públicas que salieron del escándalo del Watergate. 

Las reformas por el Watergate

“El Watergate es una historia esperanzadora. Es una historia sobre cómo funciona nuestro gobierno y nuestra democracia, sobre cómo nos enfrentamos a un presidente corrupto y que abusaba del poder, lo sacamos de su cargo y lo llevamos ante la Justicia. Y al mismo tiempo llevó a un increíble período de reforma de la democracia”, explicaba Garrett Graff, autor del libro más completo sobre el escándalo y sus consecuencias, Watergate: A New History (Simon & Schuster, 2022), en una entrevista con elDiario.es este junio. “Hasta ahora. Una de las cosas que me preocupan ahora es que todavía no estamos viendo el mismo apetito de abordar los abusos de poder de Donald Trump”.

El lunes por la noche, Trump mencionó en un comunicado el Watergate en sus quejas sobre el registro del FBI autorizado por un juez dentro de la investigación sobre la posible sustracción de información clasificada y que pertenece a los archivos nacionales, según la ley y según recordó el encargado de la institución federal en una carta en febrero dirigida a la presidenta de la comisión del Congreso encargada del control presidencial y que revelaba que el expresidente se había llevado a Mar-a-Lago al menos 15 cajas de documentos presidenciales que no debía. Según Trump, el registro oficial se parece al fallido asalto a la oficina demócrata de un grupo de exagentes y chapuzas a sueldo de la campaña de Nixon en 1972. 

Como historiador experto en el escándalo de Nixon, Graff explicó este lunes que el asalto al Watergate no se parece en nada al registro del FBI, autorizado por un juez después de haber justificado que hay indicios de delito y que puede haber pruebas de ello en la mansión de Florida. La operación no fue a hurtadillas y se hizo después de informar al servicio secreto que todavía protege al expresidente. Un periodista local, de un medio especializado en política de Florida, fue el que dio la exclusiva del registro poco después de que concluyera.

En cualquier caso, Graff dice que “esta es una de las acciones más significativas, sensibles y políticamente explosivas que hayan tomado nunca el Departamento de Justicia y el FBI: una de las poquísimas veces que ha investigado a un presidente. Conclusión: el FBI y el Departamento de Justicia deben saber que ahí hay tomate”. 

El director del FBI, Christopher Wray, fue nombrado por Trump y ha continuado su labor durante la Administración Biden. La continuidad es lo habitual: los presidentes no cambian al líder de la agencia de investigación nacional, a diferencia de lo que hizo Trump, que en 2017 despidió al director del FBI anterior, James Comey, por resistirse a sus presiones en la investigación del apoyo ruso que el republicano recibió en la campaña presidencial de 2016.

Trocitos de papel en el retrete

El hábito de Trump de destruir, llevarse o no preservar documentación está ampliamente documentado desde el inicio de su presidencia. Incluso el borrado de tuits puede entrar en la clasificación de destrucción de información que pertenece a los archivos nacionales y no al presidente. Politico reveló en 2018 la destrucción de notas y otra documentación clave –en algunos casos, el personal de la Casa Blanca intentaba pegar los papeles para guardarlos– y sus asesores han contado tanto a medios como a investigaciones del Congreso que Trump rompía papeles de manera habitual. 

Unas horas antes del registro del FBI de la mansión de Mar-a-Lago, la periodista del New York Times Maggie Haberman publicó las fotos de retretes con trocitos de papel con la letra de Trump que coinciden con el relato que le han hecho varios antiguos empleados de la Casa Blanca a la reportera y que recoge en su nuevo libro sobre Trump, que se publicará en octubre en EEUU. El expresidente ha negado haber destruido así documentación pese a los testimonios del personal de la Casa Blanca de atascos de retretes con papeles. 

Además de la destrucción de documentación en el momento, los trabajadores de los archivos nacionales encargados de clasificar la información se dieron cuenta de que habían desaparecido cajas de documentos que seguían existiendo. Después de varios intentos durante 2021, los trabajadores de Archivos Nacionales lograron recuperar 15 cajas que Trump se había llevado a Mar-a-Lago y que contenían desde servilletas con anotaciones hasta el carteo con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Entre los materiales recuperados, había “elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional”, según la carta de febrero firmada por el archivero jefe, el bibliotecario David S. Ferreiro. 

A principios de este año, el personal de los archivos nacionales seguía haciendo el inventario de documentos, por lo que no podía aclarar si había más documentos que no se hubieran localizado y pudieran estar en manos de Trump, y seguía en contacto con el expresidente y su círculo para recuperar materiales que no se habían depositado correctamente o se habían eliminado (en particular mensajes entre el personal de la Casa Blanca y mensajes borrados en redes sociales). 

En la carta, Ferreiro hace referencia a los papeles que, según la revelación de 2018, el entonces presidente rompía y que algunos de sus asesores pegaban después para que pudieran ser guardados en cumplimiento de la ley. En algunos casos, a los archivos llegaron trocitos de papeles rotos.

“Tras el final de la Administración Trump, NARA (Administración de Archivos y Registros Nacionales, según sus siglas en inglés) supo que había más material escrito que el expresidente Trump rompió y que fue incluido en la documentación que nos mandaron. Aunque el personal de la Casa Blanca durante la Administración Trump recuperó y pegó algunos de los documentos rotos, otros de los que hemos recibido no fueron reconstruidos por la Casa Blanca”. 

Trump tiene varias investigaciones abiertas tanto en el Congreso como en los tribunales –entre otras cosas, por incitar al asalto al Capitolio, presionar a representantes públicos en Georgia para cambiar el resultado de las elecciones de 2020 y tratar de manipular la votación final de los estados con electores falsos–, pero el registro del FBI del lunes se debe a la posible ocultación y destrucción de material público, según el Washington Post.

“Los agentes estaban haciendo un registro autorizado por un tribunal como parte de la larga investigación sobre si hubo documentos –algunos de ellos clasificados como ”alto secreto“– que fueron llevados a la residencia y club de golf del expresidente en lugar de enviados a los Archivos Nacionales”, según las fuentes del Post. 

Los investigadores ya hicieron una visita más informal a la mansión de Trump a principios de junio y estuvieron con el expresidente y sus abogados, según la CNN. En esa visita, los abogados les dieron una vuelta por el sótano de Trump y los agentes observaron documentos en cajas con marcas de información clasificada. Días después, los investigadores mandaron una petición formal a los abogados de Trump para que el sótano fuera cerrado con más seguridad. El FBI, según la cadena, también entrevistó en marzo y abril a varios asesores del expresidente.

Christina Bobb, abogada de Trump, confirmó la visita en junio de los investigadores y que el registro de este lunes se hizo con autorización judicial. Contó que los agentes se llevaron ahora una docena de cajas del sótano.

Los castigos según el código penal

La ley de 1978 no especifica los castigos en caso de que un presidente u otra autoridad pública no cumpla con sus deberes de documentación y transparencia, pero el código penal de Estados Unidos sí ha desarrollado un sistema de sanciones que incluye la inhabilitación para ejercer un cargo público. 

El texto clave ahora es la sección 2071 del Título 18 del Código de Estados Unidos sobre los documentos gubernamentales y la gestión de funcionarios y cargos públicos. 

“Cualquiera que deliberada e ilícitamente oculte, sustraiga, mutile, borre o destruya o intente hacerlo o, con la intención de hacerlo, sustraiga y se lleve cualquier registro, procedimiento, mapa, libro, papel, documento u otro formato archivado… será multado bajo este título o encarcelado por no más de tres años, o ambos”, dice el texto en referencia a cualquier destrucción de material gubernamental. Además, cualquiera que “tenga la custodia” de esos documentos no solo podrá ser condenado a multa o cárcel, sino que también “perderá su cargo y será inhabilitado para ocupar cualquier cargo en los Estados Unidos”.

Debate constitucional

Este apartado del código penal ya ha sido utilizado para castigar a cargos públicos que sustrajeron o destruyeron documentos públicos en el pasado, como el exconsejero de seguridad nacional de Bill Clinton y el director de la CIA en los 90, John Deutch. Pero nunca se ha condenado a un expresidente o candidato presidencial.

En 2015, el Departamento de Justicia investigó a Hillary Clinton por tener un email privado durante sus años como secretaria de Estado. Aunque la investigación no encontró prueba de delito, el debate sobre los emails de Clinton marcó la campaña presidencial de 2016 y también se debatió la posibilidad de que la demócrata, si era condenada, pudiera ser inhabilitada para un cargo público y, por lo tanto, no pudiera presentarse a la Casa Blanca. 

El debate sigue sin estar resuelto, pero varios académicos dijeron entonces que en el caso de un presidente o candidato a la presidencia las condiciones las marca la Constitución de EEUU, con lo que una condena que impidiera presentarse a un político a la Casa Blanca por la gestión de documentos públicos probablemente derivaría en una complicada batalla legal. 

Efectos para otras investigaciones

Más allá del caso de los archivos públicos, esta investigación puede sacar a la luz comunicaciones de Trump y su círculo sobre su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y los intentos de revertir el resultado de las elecciones de noviembre de 2020 que ganó el actual presidente, Joe Biden. 

La comisión de investigación de la Cámara de Representantes sigue indagando el asalto y los intentos de alterar el resultado de las elecciones, pero corresponde al Departamento de Justicia, que también tiene abierta una investigación, presentar cargos contra Trump. El expresidente podría ser acusado incluso de “conspiración sediciosa” por un intento de derribar el Gobierno de EEUU. 

Liz Cheney, republicana y vicepresidenta de la comisión de investigación, dice que el panel del Congreso podría derivar al Departamento de Justicia múltiples acusaciones de delitos contra Trump, aunque los tribunales no tienen por qué esperar a que el trabajo de los congresistas concluya. 

La política del Departamento de Justicia arraigada en el precedente de Richard Nixon es que los presidentes en activo no son procesados, sino que deben ser sometidos por un proceso de destitución política –como los dos que pasó Trump–, pero no hay ninguna norma escrita o no contra el procesamiento de expresidentes o candidatos a la presidencia. 

La regla genérica que intenta aplicar el Departamento de Justicia es no tomar ninguna acción que pueda interferir en unas elecciones en los últimos tres meses antes de una votación (en 2016, el director del FBI reabrió la investigación sobre los emails de Hillary Clinton cuando faltaban 11 días para los comicios presidenciales y la cerró sin encontrar indicios de delito dos días antes). Este lunes faltaban exactamente tres meses para las elecciones de medio mandato al Congreso.